gerardopisarello

Repúblicas de abril

Cuando lo que se tiene enfrente es una pandemia que amenaza y enferma, es importante apelar a la alegría que solo proporcionan las empresas colectivas en defensa de lo que nos es común

Publicado en CTXT 30/4/2020

Abril es para el sur de Europa un mes republicano. En abril se proclamó, en decenas de ciudades y pueblos, la II República española. En abril fue liberada Roma del fascismo, abriendo paso al referéndum que poco después reduciría la monarquía a un fantasma del pasado. Y en abril, también, se desató la Revolución de los claveles portuguesa, mostrando que el oprobioso régimen levantado por Salazar era todo menos eterno.

Estas primaveras republicanas condensan un sinfín de imágenes de mundos alternativos –cooperativos, libertarios, de justicia social y de amistad cívica– que poco antes de ellas parecían imposibles. Algunas de estas visiones se hicieron realidad y otras se frustraron. Pero todavía hoy, desde los balcones, siguen enviando señales clave para pensar con ánimo transformador estos tiempos de pandemia.

El republicanismo de abril no nació de la casualidad ni obedeció a un diseño previo elaborado en un momento de calma histórica. Fue hijo del dolor, de injusticias flagrantes y de contextos internacionales convulsos. Se construyó con esos materiales, en condiciones de gran fragilidad. Y a pesar de eso, intentó levantar la mirada y plantear nuevos horizontes de futuro.

El joven republicanismo de abril se implicó a fondo en llevar equipamientos sanitarios, viviendas, escuelas, bibliotecas, a zonas urbanas y rurales que nunca habían tenido acceso a ellos. Mejoró la regulación de los contratos de trabajo y amplió la participación política. También se dotó de constituciones que preveían herramientas de control público, democrático, de la economía, necesarias para hacer frente a las emergencias sociales de entonces y también a las de hoy.

Por eso el republicanismo suscitó odios y concitó adhesiones que pasaron de generación en generación. Demócratas progresistas, revolucionarios, e incluso conservadores, vieron razonable que la Constitución española de 1931, la italiana de 1948 o la portuguesa de 1976, contemplaran la posibilidad de socializar la propiedad por causa de utilidad social, de intervenir industrias y empresas, de aplicar políticas fiscales progresivas, de nacionalizar servicios públicos y, en general, de subordinar la riqueza al interés general. Muchas de estas medidas no consiguieron materializarse, o lo hicieron de forma tardía e insuficiente. Pero la sola perspectiva de democratización económica que abrían las jóvenes repúblicas soliviantó contra ellas a rentistas y plutócratas de todo tipo.

A pesar de eso, los adversarios del republicanismo de abril no consiguieron borrar la huella de aquellos compromisos con la democracia política y económica. Tras décadas de dictaduras y de neoliberalismo rampante, las constituciones republicanas italiana y portuguesa siguen apareciendo como un escudo social para los más vulnerables y como un cortafuegos para las políticas de austeridad y privatizadoras más agresivas. Incluso la monárquica y menguante Constitución española de 1978 contiene en su texto incrustaciones republicanas, sociales, que los movimientos vecinales, obreros y antifranquistas consiguieron salvar del naufragio.

Los anhelos republicanos de aquellos meses de abril deberían inspirar una mejor protección de la vida y la salud común hoy. Consagrando los cuidados sanitarios y los servicios farmacéuticos, no como simples mercancías objeto de especulación, sino como bienes públicos accesibles a todas las personas. O recuperando lo mejor de la agenda social república: el impulso de la reforma agraria y urbana, la garantía del derecho material a la existencia, la imposición de límites a la acumulación de riqueza, o el impulso de la educación, la ciencia y el pensamiento crítico.

Hoy más que ayer, este mensaje debería proyectarse a otras escalas. A la propia Europa, que no puede permitirse volver a fallar a las poblaciones del sur para congraciarse con las grandes oligarquías financieras, como ya hiciera con Grecia. Y también a Naciones Unidas, que debería ser reformada y fortalecida en clave republicana, y no debilitada como pretende Trump, con un objetivo preciso: garantizar la protección de la salud, la soberanía alimentaria, la transición energética y el respeto por la biodiversidad, en el conjunto del planeta y no solo en un país o continente privilegiados.

Si algo dejaron claro los movimientos republicanos de abril es que la peor de las pandemias es la pandemia del miedo, de la desconfianza civil y de la inhibición egoísta ante los asuntos públicos. Y que la única forma de superarlas es a través de la unión fraternal entre quienes se resisten a depender de un poderoso para vivir con dignidad. Precisamente por eso, aquellos movimientos democráticos de abril se trenzaron en lugares de encuentro: en comunidades campesinas, en barrios, en fábricas, en plazas. Y por eso, también, alumbraron grandes momentos de fraternidad y de sororidad.

El 14 de abril, las calles de Eibar, de Barcelona, de Madrid, de Valencia, se llenaron de mujeres de todas las edades que defendían causas hasta entonces impensables: el derecho al divorcio, a condiciones de trabajo dignas, a votar, a ocupar cargos públicos que les estaban vedados.

Igualmente impresionante fue el papel de las mujeres en la resistencia antifascista italiana. Las hubo de toda clase: obreras, campesinas, intelectuales. Todas partisanas, armadas y desarmadas, no creyentes e incluso católicas, como Tina Anselmi. Y lo mismo ocurrió en Portugal, donde a partir del gesto de Celeste Martins Caseiro –la camarera que entregó un clavel a un soldado– fueron centenares las que se plantaron delante de los fusiles y los tanques, mientras otras tantas ocupaban fábricas y tierras improductivas en diferentes zonas del país.

Cuando lo que se tiene enfrente es una pandemia que amenaza y enferma, es importante apelar a la alegría que solo proporcionan las empresas colectivas en defensa de lo que nos es común. Los aplausos desde los balcones a médicas, enfermeros, trabajadoras de la limpieza, cajeras de supermercados, expresan ese entusiasmo. Pero también la música y los cantos con los que se ha evocado al republicanismo de abril: desde el Grândola Vila Morena en todas sus versiones –la clásica de Zeca Alfonso o la punk de Reincidentes– hasta el Bella Ciao partisano, cantado en centenares de ciudades al son de palmas, acordeones, guitarras y violines.

Esta fuerza afectiva generada en el encierro está marcada por experiencias angustiantes. Pero también por otras que anuncian formas más sanas de producir, de consumir, de relacionarnos. A lo largo de estos meses, hemos vislumbrado lo que significaría salir del “progresismo fósil” y tener ciudades más respirables, ríos menos contaminados y bosques más biodiversos. También hemos constatado cómo, incluso en la peor de las emergencias, somos capaces de valiosos gestos altruistas: de cooperar para coser mascarillas, para distribuir alimentos a personas mayores, para ofrecer conciertos telemáticos gratuitos, para repartirnos los cuidados, para impulsar proyectos de ciencia abierta, compartida, o para construir respiradores en fábricas donde hasta hace dos días se montaban coches de lujo.

Hay quien querría, en un contexto como el actual, reducir la condición humana al egoísmo desenfrenado, solo domesticable por vías autoritarias. Sin embargo, en miles de ciudades y pueblos de todo el mundo están teniendo lugar experiencias colaborativas, de ayuda mutua, que no pueden menospreciarse. Entre otras razones, porque prefiguran, de manera acaso imperfecta, lo que el poeta y activista ecosocialista Jorge Riechmann describe bellamente como una “república de la que formen parte plantas y animales (…) una república con bóvedas de tiempo y de silencio, acogedora con la mano, con el ala, con la garra, con la naranja y la menta; una república perfumada con la agilidad del trabajo y con el sudor de los amantes”.

Que esta visión, como la que nos ha legado el republicanismo de abril, forme parte del futuro, depende en gran medida de nosotros. De nuestra capacidad para salir de esta crisis con más consciencia de nuestra vulnerabilidad e interdependencia. Pero también con la voluntad decidida de hacer de este mundo un sitio más amable, menos cruel, para todos y cada uno de los que en él habitamos.

«Lo utópico sería pensar que volveremos a lo que había antes o que podemos adentrarnos en un mundo de desigualdad, violencia e inseguridad sin que eso nos alcance a todos.»

Intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores, el 23/04/2020

Hoy volvemos a encontrarnos en una situación inesperada, grave, que no puede equipararse a ninguna que hayamos vivido en este siglo, al menos en las zonas más privilegiadas del planeta.

El tsunami sanitario, social, económico, en el que nos encontramos es nuevo, pero no es casual. Es el producto de unas políticas privatizadoras y extractivistas que nos han traído hasta aquí.

Si tenemos una emergencia sanitaria sin precedentes es porque hemos devastado el medioambiente hasta límites indecibles y hemos roto las cadenas alimentarias.

Si tenemos una grave emergencia sanitaria es porque se consintió la mercantilización de la sanidad y porque no ser reforzó suficientemente la malla pública que tanto logró construir tras el fin del franquismo.

Si tenemos una grave emergencia social y económica es porque el Covid-19 está castigando con especial intensidad a quienes ya venían siendo castigados por las crisis anteriores.

Las familias trabajadoras, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, las personas migrantes y refugiadas, las mujeres, en muchos casos sobreexpuestas al virus, a la precariedad y a la violencia de género.

Estamos por lo tanto ante un aviso de incendio, ante una alarma, ante el anuncio de una catástrofe que nos obliga a actuar y hacerlo ya.

Con sentido de la urgencia pero también con mirada larga, sabiendo que solo podemos evitar el abismo si impulsamos un cambio de paradigma que nos permita reiniciar y repensar profundamente nuestras formas de producir, de consumir y de relacionarnos, en la esfera interna y en la internacional.

Hoy tenemos muchas más razones de las que teníamos en su primera comparecencia para reforzar un multilateralismo comprometido con al menos tres objetivos: revertir las abismales desigualdades globales, frenar la emergencia climática y evitar que proliferen la carrera nuclear y las guerras por recursos.

Obviamente, ese multilateralismo con sentido social, ecológico, comprometido con la paz, tendrá aliados y tendrá adversarios.

Son muchas las voces, por ejemplo, que están abogando por un New Deal como el de Roosevelt y por un nuevo Plan Marshall como el que contribuyó a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial (por cierto condonando parte de la deuda de Alemania)

El problema es que del otro lado del Atlántico no tenemos hoy ni a Lincoln, ni a Roosevelt, ni a Marshall, y no se los espera.

Lo que hay es un presidente negacionista, cuya primera reacción ante el avance del Covid-19 fue negar la gravedad de la pandemia y a intoxicar el debate público con afirmaciones conspirativas y xenófobas como la del “virus chino”.

Lo que hay es un presidente que ante los pésimos resultados de su gestión interna decidió retirar su apoyo a la OMS por traerle malas noticias, algo que el director de la prestigiosa revista médica The Lancet ha calificado como crimen contra la humanidad.

Lo que hay es un presidente que por razones electorales, ha desoído la exigencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha decidido recrudecer el acceso de alimentos y medicinas a terceros países, ha anunciado un recrudecimiento del bloqueo a Cuba e incluso ha anunciado maniobras militares en Venezuela que obviamente no ayudarían en nada a resolver el conflicto existente en la región.

Si hubiera rectificaciones, bienvenidas sean. Pero mientras tanto, salvo entre nuestra extrema derecha, son cada vez menos las voces que esperan en Europa alguna solución de la Administración Trump.

Sí tenemos, en cambio, un gran reto en Europa, que sí tiene ante sí la obligación de actuar de manera muy diferente a cómo actuó en la crisis 2008.

Europa no puede volver a consentir políticas de austeridad como las que se impusieron al pueblo griego, para que años más tarde salga un presidente de la Comisión a reconocer que esto sea había hecho con mentiras y humillaciones.

Veremos que ocurre hoy, pero no faltan las razones para la preocupación.

En estos días hemos visto, también, un conflicto desatado, explícito y cortoplacista, que ha impedido a gobiernos de derechas como los de Alemania, Países Bajos o Austria, entender, aunque sea por interés propio, que si la periferia europea cae, es todo el proyecto el que caerá con él.

Hoy Europa se juega su futuro: o da un salto constituyente hacia una refundación más social y democrática, o por el contrario, corre el riesgo de colapsar como proyecto (sobre todo después del Brexit)

Hay que celebrar que los gobiernos progresistas de España, Italia y Portugal hayan puesto sobre la mesa una agenda que apunta en la primera dirección: 1) que haya inversión suficiente, 2) que esta se produzca a través de transferencias ante que de créditos, y 3) que se evite, en caso de endeudamiento, que los beneficiados sean los grandes especuladores.

Avanzar por este camino no sería sino reivindicar el legado de uno de los más grandes economistas del siglo XX: John Maynard Keynes.

Durante Bretton Woods, Keynes sugirió la creación de una Banca Central Mundial que emitiese una moneda internacional para financiar la reconstrucción.

Y agregó otra cuestión básica, lo que él llamaba la eutanasia del rentista, esto es, la completa sumisión del capital financiero al capital productivo y la liquidación, por vía fiscal, de los grandes evasores y de los especuladores.

Hoy los países del sur de Europa –España, Italia, Portugal, Grecia, la propia Francia– deben unir fuerzas para impulsar un programa de este tipo.

A muchas derechas europeas les interesa más subordinarse a Trump que apostar por este proyecto, como ya hicieron en la cumbre de las Azores.

Sin embargo, quienes nos sentimos vinculados a otro europeísmo, al que este sábado 25 de abril recordará la liberación de Roma del fascismo y la revolución de los claveles en Portugal, estamos obligados a buscar otro camino.

Exigir a Europa un cambio de rumbo, exigir para nosotros condiciones dignas de salida de esta emergencia sanitaria, social y económica nos obligan a favorecerla también para los países del Sur y del Este empobrecidos.

Para sus refugiados y migrantes, que están luchando contra el virus, contra el racismo y contra condiciones inhumanas de salubridad en campamentos como los de Lesbos.

Para los países de África y de América Latina, que están afrontando la pandemia de manera tardía, pero que lo hacen con sistemas de salud muy debilitados y teniendo que afrontar simultáneamente grandes desigualdades y otras enfermedades.

Esa precariedad en los países del Sur tiene muchas explicaciones. Pero hay una fundamental que son las políticas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por unos Acuerdos comerciales a menudo desfavorables para sus poblaciones.

Por eso creemos que deberíamos huir de una política de cooperación paternalista con los países del Sur.

También estos países necesitan que sus deudas sean condonadas y que los fondos a los que accedan no impliquen ni condicionamientos neoliberales, ni nuevo endeudamiento, algo que la propia directora general del FMI, Cristalina Georguieva, ha reconocido.

Y estos países también necesitan una política exterior que no normalice ni permanezca indiferente a situaciones derivadas de golpes de Estado como los que se produjeron en Bolivia o de peligrosas involuciones autoritarias como las que estamos viendo en Brasil, Chile o Colombia.

Esta política de cooperación, de solidaridad internacional, debería servirnos para entender que la solución no puede ser el repliegue estatal. Que solos no podemos y que ningún país puede.

Obviamente eso exige reinventar la gobernanza global y adaptarla a los retos del siglo XXI. Pero no podemos permitir que el destino de las Naciones Unidas sea el de la muerte lánguida que acabó con la Sociedad de las Naciones.

Hoy más que nunca necesitamos una voz clara que diga que el acceso a medicamentos vitales, antibióticos, antivirales y vacunas, deben ser protegidos, no como mercancías, sino como derechos humanos universales accesibles a todas las personas.

Y esa voz, aquí y ahora, sigue siendo la de la Declaración de Derechos de 1948. No es una voz utópica.

Lo utópico sería pensar que volveremos a lo que había antes o que podemos adentrarnos en un mundo de desigualdad, violencia e inseguridad sin que eso nos alcance a todos.

Lo otro –actualizar el mandato de 1948- es una forma realista, posible, de asegurarnos que la “familiar humana” no se autodestruya y que pueda en cambio sobrevivir unida, en común, bajo esta innegociable bandera.

“La gran cuestión es quién paga esto: si la gente trabajadora o los que más tienen”.

Declaraciones en el programa Siempre es Hoy de Cítrica Radio con Daniel Tognetti @TognettiDaniel y Raúl Dellatorre @DellatorreRaul

Republicanismo desde los balcones

Publicado en Público 14/4/20

Al menos desde el siglo XIX, todos los procesos de democratización que España ha experimentado como Estado monárquico y colonial han tenido, de una u otra manera, una impronta republicana. Este impulso siempre tuvo en la batalla contra el privilegio y las desigualdades uno de sus principales desvelos. Y siempre se topó con parecidos obstáculos: contextos internacionales adversos, una reacción pugnaz de las elites políticas y económicas de la época y las propias desavenencias y titubeos de las fuerzas republicanas.

Hoy, miles de personas evocarán desde sus balcones, y en medio de una dolorosa pandemia, la mañana del 14 de abril que trajo la República en ciudades como Éibar, Valencia o Barcelona. Al hacerlo, el republicanismo de la calle y el de las instituciones recuperará muchas tareas pendientes y se impondrá otras nuevas. Deberá hacerlo con memoria, pero también con imaginación, coraje, y con sentido de la inédita emergencia social que tiene por delante.

El republicanismo y la defensa del buen gobierno

La historia del republicanismo peninsular es la historia de una larga lucha por la regeneración y la democratización política y social. Nació para defender libertades básicas y bienes comunes frente a los regímenes caciquistas y corruptos surgidos al amparo de la Monarquía borbónica.

Las primeras figuras del panteón republicano, de hecho, están vinculadas a esa batalla contra el mal gobierno. Aquí brillan, todavía hoy, desde el asturiano Rafael de Riego –no en vano la marcha de sus tropas se convertiría en himno no oficial de la II República– a la granadina Mariana Pineda, ambos mártires en la lucha contra el régimen «felón y canalla» de Fernando VII de Borbón.

Lo mismo puede decirse de los miles de republicanos y republicanas anónimas que se enfrentaron a la Monarquía y a las oligarquías de su tiempo para expandir esas libertades. Personalidades como la obrera textil catalana, Teresa Claramunt, anarquista e impulsora de la primera Sociedad Feminista española. O la abogada Clara Campoamor, pertinaz defensora en las Cortes constituyentes de 1931 del derecho al divorcio, a la no discriminación por razón de sexo y al sufragio femenino.

La lucha republicana por las condiciones materiales de la libertad

El republicanismo democrático, en realidad, siempre entendió que la defensa de la libertad exigía la garantía igualitaria, a todas las personas, de las condiciones materiales de existencia.

Por eso, no solo se preocupó por ampliar el derecho de voto o la libertad de cultos, sino de garantizar, además, los elementos básicos del derecho a la existencia: el acceso a educación, sanidad y vivienda adecuadas, la garantía de un ingreso básico y de condiciones de trabajo decentes.

Hoy sorprende –pero no debería olvidarse–, que en su momento más avanzado el movimiento republicano hizo Ministro de Industria a un trabajador del vidrio, cooperativista, que había aprendido a leer a los veintidós años, como Joan Peiró. O que llevó al Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales a la primera ministra mujer en España, la anarquista Federica Montseny.

Muchas de estas batallas por la ampliación de derechos, todavía vigentes, se vieron frustradas o quedaron inconclusas. Pero hicieron evidente que la defensa de lo público, de lo común, no era posible sin la imposición de límites a la acumulación indiscriminada de riquezas.

Por eso, el republicanismo más igualitario del siglo XIX tuvo claro que la democracia económica exigía justicia fiscal y distribución equitativa de bienes, y que los usos especulativos o abiertamente abusivos de la gran propiedad privada no podían tolerarse.

El artículo 128 de la Constitución de 1978, que con razón se cita en estos tiempos de pandemia para exigir un mayor control público sobre clínicas y laboratorios privados, para evitar la especulación en materia de alquileres, alimentos, o residencias de personas mayores, tiene su antecedente en el artículo 44 de la Constitución republicana de 1931. Aquel artículo no solo establecía que «la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía». También permitía –al igual que las Constituciones republicanas de México y de Weimar– socializar la propiedad e incluso realizar expropiaciones forzosas mediante adecuada indemnización, «a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes».

La resistencia oligárquica al republicanismo democrático

Uno de los dramas del republicanismo fue tener que aplicar estos programas de reconstrucción en tiempos de crisis internacionales, así como en medio de una pugnaz resistencia de las oligarquías políticas y económicas de turno, comenzando por el bloque de los grandes rentistas (el gran «partido» agrario, en el siglo XIX, el poderoso «partido» inmobiliario-financiero, desde el siglo XX hasta ahora).

La I República llegó tras la derrota de la Comuna de París y en medio de la Gran Depresión de 1873. La II tuvo que batallar en medio del crack del año 30. Los movimientos republicanos que se enfrentaron el franquismo llegaron a gobernar ciudades importantes en los años 80. Pero tuvieron que hacerlo en el marco de la crisis del petróleo desatada unos años antes. Y lo mismo ocurrió con los movimientos municipalistas republicanos, nacidos del 15-M, que tuvieron que gestionar sobre la herencia dejada por otra crisis capitalistas mundial, la de 2008.

La mejor de la tradición republicana entendió que solo había una manera de vencer estos obstáculos y de ampliar la democracia política y económica: analizar con rigor la realidad y fortalecer la organización y participación popular, social, para conseguir que los cambios llegaran lo más lejos posible.

El municipalismo como principio republicano

Esa convicción de eficacia democrática llevó al republicanismo peninsular a asumir de manera extendida el municipalismo. El ámbito local, justamente, aparecía como el más idóneo para impulsar, sobre todo en tiempos de crisis, experiencias cooperativas, de autoorganización, que luego podían proyectarse a otras escalas más amplias.

La vida municipal republicana dio personalidades admirables e inspiradoras. Como la de Fermín Salvochea, alcalde del «Cantón de Cádiz» en 1873 y lector voraz de Tom Paine y de Piotr Kropotkin. O como la de maestra Natividad Yarza Planas, nacida en Valladolid y elegida primera alcaldesa por sufragio universal en una candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya en 1934. O como la del fino pensador galleguista, Ànxel Casal, editor de la Revista ‘Nos’ y alcalde de Santiago de Compostela hasta su asesinato por las fuerzas golpistas en 1936.

Ciertamente, en España hubo siempre un republicanismo unitarista o uniformista. Pero la mejor tradición republicana hispana fue la que de manera más clara entendió que la batalla por la democracia política y social era inescindible de la lucha por la democracia territorial y por el reconocimiento de la pluralidad nacional y regional interna.

Un republicanismo plural, federal y confederal

La defensa de un republicanismo anticentralista, federal o confederal, comenzó a circular en la segunda mitad del siglo XIX de la mano de figuras como Joan Bautista Guardiola –»España no forma una sola nación, sino un haz de Naciones»– o como el Francesc Pi i Margall, autor de obras de una gran influencia en su tiempo como La reacción y la revolución, de 1854, o Las Nacionalidades, de 1882.

En realidad, basta con echar un vistazo a la historia de los siglos XIX y XX, y a la breve del siglo XXI, para advertir que la tradición republicana democrática ibérica está atravesada por diversos republicanismos nacionales y regionales, con elementos singulares y comunes, todos ellos partidarios de fórmulas de articulación federales y confederales.

Esto puede advertirse en el republicanismo castellano, inspirado en la experiencia comunera de 1521 y con tener defensores tan relevantes como Anselmo Carretero, vinculado al PSOE. También es riquísima la historia del republicanismo andaluz, con expresiones notables como la Constitución de Antequera de 1883 o el pensamiento de Blas Infante. O la del republicanismo democrático vasco de la segunda mitad del siglo XIX, federal y fuerista, lleno de obreras y obreros que cantaban la Internacional junto al Guernikako Arbola. O la del republicanismo gallego, encarnado en artistas y pensadores universalistas y pacifistas, como Castelao. Y lo mismo podría decirse del poco conocido republicanismo mallorquí de un Francesc de Sales Aguiló, o de las diferentes tradiciones del republicanismo catalán como las que encarnaron Francesc Macià, Andreu Nin, Neus Català, Joan Lluhí i Vallescà o Lluís Companys (quien en 1934 llamaba a resistir conjuntamente a la extrema derecha y al fascismo desde «el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República federal libre y magnífica»)

Conocer, poner a dialogar y hacer crecer esta mirada municipalista, plurinacional, partidaria de articulaciones institucionales federales y confederales, es uno de los grandes retos del republicanismo de nuestro tiempo. Un republicanismo que debe estar atento para que la necesaria colaboración y coordinación que exige la actual emergencia socio-sanitaria no impida federar y compartir decisiones y no se resuelva en una recentralización que lesione el pluralismo y el principio democrático de autogobierno.

Un republicanismo no colonial, antirracista y antibelicista

De la misma manera, el republicanismo debería tomar nota de la necesidad de estrechar los lazos fraternales con los pueblos que también luchan por una mayor democracia política y económica.

Ya a comienzos del siglo XIX, el republicanismo peninsular estableció un estrecho vínculo de exilios y cooperación que se desplegó más allá de la península, sobre todo en los territorios del antiguo imperio. A partir de las revoluciones norteamericana y francesa y de la temprana revolución que en 1804 dio lugar a la República negra de Haití, el avance del republicanismo y de su impronta democratizadora en España y en Iberoamérica se retroalimentaron. Un Riego, un Pi Maragall, no solo luchaban por democratizar su tierra. También batallaban, indirectamente, por una nueva América. Del mismo modo que Bolívar, San Martín, y sus tropas de indígenas, criollos y mestizos, favorecían la irrupción de una nueva España, que rompiera con su herencia monárquica e imperial.

Desde entonces, este iberoamericanismo no colonial, fraternal, ha estado presente en algunas tradiciones republicanas peninsulares. El poeta republicano portugués Antero de Quental, por ejemplo, sostuvo en 1871 que la causa de la decadencia de los pueblos peninsulares eran la monarquía, la confrarreforma católica y la expansión ultramarina. Y como alternativa a ello, propuso un republicanismo ibérico municipalista, federal y anticolonial.

Estas ideas se han mantenido vivas, de un modo otro, con las diferentes corrientes de solidaridad que en América recibieron a exiliados del franquismo y de la dictadura de Salazar, o que más tarde, recibieron a perseguidas o víctimas de las dictaduras latinoamericanas de finales del siglo XX. Son las mismas redes republicanas que hoy siguen denunciando los desmanes belicistas de Donald Trump o los vínculos de Jair Bolsonaro, Iván Duque o Sebastián Piñera con las derechas neocoloniales españolas.

En realidad, el internacionalismo, el antirracismo y el anticolonialismo deberán ser principios irrenunciables del republicanismo democrático en este tiempo de pandemias. Para denunciar, una y otra vez, la falsedad y los privilegios mezquinos que esconden los discursos nacionalistas racistas, xenófobos y belicistas (el artículo 6 de la Constitución republicana de 1931 renunciaba a la guerra como instrumento de política exterior). Y también para mostrar que solo la cooperación internacional y el intercambio de saberes, información y recursos, pueden evitar la desaparición de la humanidad a causa de nuevos virus, de una emergencia climática irreversible o del uso de armas de destrucción cada vez más letales.

Recordar para construir un republicanismo del siglo XXI

Nada de esto puede darse por descontado. Hoy como ayer, el republicanismo democrático sigue teniendo al frente poderosos adversarios. Defender lo público, lo común; acabar con las prebendas fiscales de las grandes fortunas; garantizar ingresos básicos a todas las personas; avanzar en justicia social y ambiental; asumir sin retórica las exigencias del movimiento feminista; reforzar el municipalismo y el pluralismo nacional. Todo eso exige remover privilegios arraigados que no se ceden de la noche al día. Ni siquiera en tiempos de pandemia.

La falta de aliados internacionales, la respuesta mezquina de las élites europeas, siguen siendo obstáculos formidables. Y también la cerril oposición interna, que incluye a las empresas del IBEX, a los grandes rentistas y a derechas cerriles, capaces de contemporizar, aun hoy, con el pasado absolutista e imperial, o con la dictadura franquista.

Esta es la trama –en la que la Monarquía borbónica sigue siendo una pieza central– que las fuerzas republicanas deben deshacer. Con sentido de la responsabilidad y renunciando a un sectarismo que pondría las cosas fáciles a los nuevos heraldos del odio y del privilegio. Pero también con audacia, con valentía, con sentido autocrítico, conscientes de que no hacer lo suficiente, o llegar demasiado tarde, sería el camino directo a la propia tumba.

Que este 14 de abril sirva para aprender de los errores. Que sirva también para levantar, aunque sea en los balcones, los anhelos plurales del republicanismo democrático, del pasado y del futuro. Y que sirva –¡cómo no! – para recordar a los más jóvenes, como pedía Max Aub, que aquellas republicanas y republicanos que nos precedieron en su lucha «rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados en escapar», eran lo mejor del género humano.

El mundo que resultará de todo esto

Nueve retos para un tiempo de pandemias

Publicado en CTXT 9/04/2020

Los últimos datos de países como China, Italia o España, parecen anunciar una cierta estabilización de los índices de contagio de Covid-19. Mientras no haya una vacuna, estas tendencias no pueden considerarse irreversibles. Pero permiten vislumbrar una fase caracterizada por una mayor flexibilización de los confinamientos domiciliarios y una mayor reactivación de la actividad económica.

Este panorama está generando un debate inédito, propiciado por las redes sociales, sobre el mundo que resultará de las decisiones que se adopten hoy. Si será más igualitario o irremediablemente desigual. Si más libre o más autoritario. Si más o menos cooperativo. El objetivo de estas líneas es plantear nueve desafíos –nueve: el signo de la persistencia, la empatía y el sentido humanitario– que este nuevo tiempo de pandemias impone.

1) Reconstruir la economía para cuidar la vida

Si algo está poniendo de manifiesto el Covid-19 es la necesidad de una profunda revisión de las políticas de precarización, de recortes sociales y de crecimiento insostenible practicadas en las últimas décadas. Esto supone reconstruir la economía para preservar la salud y asegurar una vida digna. Y distinguir, para ello, las actividades económicas esenciales que deberían ser potenciadas, de aquellas que deberían reorganizarse o simplemente refrenarse.

Una de las primeras consecuencias de esta reflexión es la necesidad de priorizar las actividades productivas sostenibles sobre las depredadoras y especulativas. En poco tiempo, en efecto, se ha tomado conciencia del enorme error que ha supuesto el desmantelamiento y deslocalización de sectores industriales enteros y la importancia de su utilización para construir hospitales, para fabricar respiradores o para producir material de desinfección e incluso equipamientos de protección cuya escasez está dando lugar a fraudes y a subastas especulativas en el mercado internacional.

Nada de esto supone una evocación nostálgica de las chimeneas humeantes y contaminantes. Pero sí aceptar las ventajas que ofrece la digitalización –intercambio de prototipos en tiempo real, impresión 3D– para devolver a la industria un papel central en el despliegue de sectores clave para una mejora de la salud pública, desde la agroecología a la rehabilitación urbana.

La vida en el confinamiento, en efecto, está permitiendo comprobar lo que significaría vivir con menos contaminación y un aire más respirable. No es descartable que esta experiencia ayude a que la batalla contra la recesión provocada por la pandemia no se traduzca en un regreso al productivismo ciego y desbocado de los últimos años, sino en la construcción de una economía diferente: reindustrializada, pero orientada a sectores con alto impacto ecológico, como la reforestación, la fabricación de transporte público no contaminante o el despliegue de infraestructuras para energías renovables.

Mucho de esto tiene que ver con el despliegue de actividades y servicios vinculados a lo que el feminismo y el ecologismo denominan una economía que cuide la vida. De pronto, el confinamiento forzoso ha llevado a mucha gente –sobre todo hombres– a constatar la importancia del asistir y alimentar niños pequeños, personas mayores y familiares enfermos. Y lo mismo ha ocurrido con ciertos trabajos básicos –a menudo realizados personas pobres o migrantes en severas condiciones de precariedad- que suelen quedar fuera de las grandes reflexiones económicas: desde la recogida de fruta en el campo hasta la limpieza de las ciudades o la recolección y reciclaje de residuos.

Esta toma de conciencia respecto de lo que es esencial también afectará la percepción de lo que puede no serlo. El parón económico ha obligado a vivir sin casas de apuestas y sin fábricas de armamento, sin que hayan aparecido razones de peso para echarlo de menos. Igualmente, el confinamiento ha permitido descubrir que parte del trabajo o de los estudios –sobre todo en la educación superior– que hoy exigen grandes desplazamientos podrían realizarse telemáticamente con un impacto energético menor. Este mundo teleconectado se intensificará en el futuro. Pero si no quiere dejar nadie atrás, es crucial que venga acompañado de condiciones habitacionales dignas, programas de alfabetización digital y del acceso igualitario y energéticamente sostenible a dispositivos tecnológicos y a conexión de calidad.

Naturalmente, el encierro en las casas también ha servido para valorar actividades esenciales que no pueden satisfacerse entre cuatro paredes de manera virtual. Y que una vida sin escuelas donde los más pequeños convivan y se toquen, sin huertos comunitarios, sin espacios verdes para caminar o practicar deportes, sin librerías y teatros de barrio, sin ríos en los que poder bañarse, sin cafés, sin centros cívicos, sin conciertos y salas de baile, puede ser una vida lóbrega y amarga.

2) Revalorizar lo público, lo común.

La revalorización de lo esencial propiciada por la pandemia está trayendo consigo una revalorización de lo público, de lo que no es común. La conmoción provocada por la entrada súbita y extendida de la muerte en nuestras vidas, por ejemplo, ha mostrado que bienes básicos como la atención sanitaria no pueden quedar al albur del mercado. Y que es inadmisible que los poderes públicos permitan que se especule con otros como los servicios funerarios, la alimentación o las residencias de atención a personas mayores.

Bajo ese ánimo de época, gobiernos de diferente signo político como el de Irlanda o Noruega, y grandes ciudades como Nueva York, han colocado bajo control público hospitales, hoteles, fábricas, y otros espacios de titularidad privada para hacer frente a la crisis socio-sanitaria.

Estas decisiones se han vinculado a la excepcionalidad de la pandemia. Pero bien podrían dar pie a fórmulas estables de economía mixta similares a las que tuvieron lugar durante la reconstrucción de posguerra del siglo pasado. No estamos hablando solo de un regreso a lo público estatal, sino de fórmulas de titularidad y gestión muy diversas, que permitan asegurar con eficacia la alimentación de proximidad, la suficiencia energética o la soberanía tecnológica: desde nuevas empresas públicas regionales o municipales, hasta iniciativas económicas público-cooperativas o público-comunitarias.

3) Garantizar el derecho a la existencia

La perspectiva de un mundo expuesto a nuevas pandemias también está planteando de manera radical la cuestión de la supervivencia material de la especie. A estas alturas, en efecto, nada parece justificar que el derecho a la existencia, a una seguridad material mínima para satisfacer las necesidades y desarrollar los propios planes de vida, no tenga un estatus similar al del derecho de voto o a la educación básica.

Durante la pandemia, gobiernos de distinto signo están adoptando medidas sociales para intentar asegurarlo: desde la garantía de la totalidad o de parte del salario a trabajadoras y trabajadores confinados, hasta ayudas para personas desocupadas, para pequeñas y medianas empresas o para el pago de alquileres o suministros.

El problema de muchas de estas ayudas es que suelen ser temporales, fragmentarias, y a menudo están condicionadas a rigurosas pruebas de falta de recursos. Esto pone entredicho su eficacia e incluso su capacidad para llegar sus destinatarios con la urgencia que la situación requiere. De ahí que en diferentes países del mundo se haya reabierto el debate sobre la necesidad de medidas más simples y menos burocráticas, como un ingreso mínimo garantizado a todas las personas que carezcan de uno o como una renta básica directamente universal.

Estas propuestas, en efecto, no son nuevas y existen en torno a ellas importantes debates: sobre su carácter incondicional o no, sobre su financiación, sobre la compatibilidad entre renta monetaria e ingresos en especie, o entre la garantía de ingresos y otras medidas imprescindibles, como la inversión en servicios públicos o la distribución del trabajo social y ambientalmente necesario.

En todo caso, distan de ser utopías lejanas. Hong Kong, por ejemplo, acaba de anunciar la concesión durante 2020 de un pago único de unos 1145 euros a todos los mayores de 18 años. El propio Trump dijo a finales de marzo que aprobaría una renta de emergencia de 1200 dólares a cada estadounidense, y en un sentido similar se pronunció el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Habrá que ver en qué acaban estas propuestas. Pero lo cierto es que en un horizonte de recesión, esta garantía de ingresos básicos está apareciendo no solo como una forma de asegurar el derecho a la existencia sino de sostener la propia economía.

4) Sortear las trampas de la deuda

Naturalmente, la clave de estas medidas sociales e incluso de la apelación a nuevos Planes Marshall o a un New Deal similar al propuesto por Roosevelt en su tiempo, tiene que ver con su financiación. Abrir líneas de ayuda a cooperativas o a empresas innovadoras que apuesten por la reconversión energética, realizar expropiaciones de suelo para construir vivienda asequible, invertir en ciencia y alfabetización tecnológica, poner en marcha ayudas al alquiler o tarjetas de alimentos. Todo tiene un precio. Y exige saber quién lo asumirá.

En un contexto como el actual, una flexibilización razonable del déficit resulta indispensable para afrontar las ingentes inversiones que una economía dañada por una pandemia requiere. Sin embargo, esta herramienta no está igualmente disponible para aquellos países y territorios con soberanía monetaria –pensemos en el papel de la Reserva Federal en los Estados Unidos– que para quienes dependen en gran parte de los precios del mercado.

Es obvio, por ejemplo, que un endeudamiento sometido a intereses abusivos o condicionado a planes de austeridad como los impuestos a Grecia o a tantos países de América Latina, Asia y África, puede agravar aún más los problemas derivados de la emergencia sanitaria, social y económica. De ahí la necesidad de evitar las trampas de la deuda. Por ejemplo, a partir de la financiación directa por parte de los bancos centrales o de la mutualización de deudas, como están defendiendo algunas voces en Europa, con la férrea resistencia de los gobiernos de Holanda o Alemania.

Pero esto no es suficiente. En un momento en el que el volumen de deuda mundial triplica el PIB global, es fundamental plantear algún tipo de jubileo: moratorias, quitas y condonaciones de deudas, sobre todo a los países que más necesitan ese dinero para hacer frente a una emergencia social y económica que viene de lejos y que la pandemia no ha hecho sino agravar.

5) Impulsar una fiscalidad social y ambientalmente progresiva

Obviamente, resulta muy difícil pensar en una reconstrucción social y ambientalmente justa de la economía si el debate sobre la emisión de dinero o sobre la flexibilización del déficit no viene acompañado de un debate sobre una política fiscal alternativa.

Ya en 2019, el historiador y economista holandés Rutger Bregman recordó en Davos que la reactivación económica exigía hablar, no de filantropía de los millonarios, sino de impuestos progresivos. Y que ello suponía varias medidas impostergables: desde una batalla decidida contra la corrupción, la evasión y los paraísos fiscales, hasta el despliegue de medidas fiscales que no ahoguen a las clases populares y medias y que sean incisivas, en cambio, con las rentas más altas, las empresas tecnológicas, los fondos de inversión, los grandes tenedores de vivienda y, en general, el bloque de los grandes rentistas y especuladores.

En contra de lo que podría pensarse, estas propuestas de justicia fiscal están siendo impulsadas no solo por economistas progresistas como Thomas Piketty, sino por medios conservadores como el Financial Times, e incluso por millonarios como Georges Soros o William Buffet. Y no en vano algunos políticos de alta responsabilidad, como el presidente de Portugal, están recordando que los bancos deberían devolver a la sociedad el dinero con el que fueron rescatados tras la crisis financiera de 2008.

6) Federar y democratizar las decisiones

La necesidad de tomar decisiones económicas y médicas urgentes durante la pandemia también ha venido justificando una concentración de funciones en los poderes ejecutivos de los estados. Esta concentración se ha presentado como una condición indispensable para la eficacia de las medidas adoptadas. Es innegable que este principio tiene algún sentido en un contexto de emergencia sanitaria. Sin embargo, existen múltiples razones para matizarlo.

La principal es que en situaciones de gran complejidad como las que implica una pandemia, la eficacia de una decisión está muy vinculada a la información de que se disponga. Es decir, a la posibilidad de contar con elementos suficientes para poder anticipar consecuencias sociales, económicas y políticas no previstas a simple vista.

Nada de esto puede ser realizado por un planificador central único. Por el contrario, oír opiniones disímiles y voces críticas, federar las decisiones y el intercambio de información con otras instancias gubernamentales –regionales, municipales, supraestatales– así como con diferentes actores sociales –gente del mundo de la ciencia, sindicatos, economistas, organizaciones de base– son básicos para minimizar errores.La democratización de los medios y la batalla contra las noticias deliberadamente falsas en las redes será fundamental en el mundo poscoronavirus

Se ha dicho –con razón– que el avance brutal del virus en el Brasil de Bolsonaro y en los Estados Unidos de Trump es la consecuencia del negacionismo abierto de estos gobiernos. Y que incluso algunas de las medidas drásticas adoptadas por China, tienen que ver con el intento inicial del gobierno de tapar el problema y de no oír las advertencias provenientes de las autoridades locales. Por eso, muchas de las críticas que reciben los poderes públicos pueden ser exageradas o inmerecidas, pero es mejor que existan y que se produzcan en un marco de auténtico pluralismo.

La democratización de los medios y la batalla contra las noticias deliberadamente falsas en las redes será fundamental en el mundo poscoronavirus. Para fiscalizar a los políticos, pero también para controlar y limitar a grandes monopolios y oligopolios privados que a menudo tienen más poder que los propios gobiernos y que se aseguran de que las únicas opiniones que circulen sean las que cuentan con la fuerza del dinero.

7) Preservar las libertades y la privacidad digital

Lo que vale para la libertad de expresión y de crítica debería valer para otras libertades personales.

Es lógico que la irrupción de una pandemia suponga limitaciones a la libertad de movimiento. De hecho, en el caso del Covid-19, estas restricciones han asumido con frecuencia la forma de autolimitaciones que el grueso de la ciudadanía ha llevado adelante de manera ejemplar y responsable. Precisamente por eso, será central luchar para que las emergencias sanitarias no se utilicen para militarizar la vida cotidiana, para normalizar abusos y detenciones arbitrarias o para imponer sanciones económicas desproporcionadas.

Salvo en situaciones de riesgo extremo, en efecto, el confinamiento debería admitir variantes flexibles y sostenibles en el tiempo, como ha ocurrido en Suecia y otros países. Impedir un mínimo de actividad física al aire libre, obligar a una mujer que padece violencia sexista a convivir con su agresor, o prohibir que los niños o personas con autismo puedan caminar y airearse, puede ser más dañino para la salud física y mental que una epidemia vírica.

Es verdad que en una pandemia, la ausencia de vacuna obliga a combinar la flexibilización del confinamiento domiciliario con otras medidas de contención del contagio.

Además de aquellas de seguridad personal, como el uso de mascarillas o la higiene, y de la disposición de residencias y centros sanitarios de calidad, esto supone evaluar otras fórmulas como la geolocalización digital y el control público de datos personales. Pero debe hacerse con precaución, sobre todo en un tiempo donde los gigantes privados como Google o Facebook ya se han hecho con muchos de ellos, con nuestra propia aquiescencia. Es verdad que en países como Corea o Singapur la utilización del Big Data, debidamente anonimizado, ha permitido un equilibrio razonable entre la detección de infecciones y el respeto a la intimidad y a las libertades personales. Pero esto no debería ser un argumento para bajar la guardia o para aceptar brazaletes biométricos las 24 horas del día. Por el contrario, el uso de datos personales para objetivos de salud pública no debería justificar injerencias abusivas en la intimidad y en libertades personales que, cuando se resignan, difícilmente vuelven a recobrarse.

8) Afianzar el municipalismo y la solidaridad internacional

El miedo generado por el Covid-19 pandemia también está facilitando la aparición de discursos favorables al repliegue en un Estado fuerte. Sin embargo, en un momento en que la pandemia ha pulverizado nociones como la seguridad nacional, parece más realista y deseable pensar en fórmulas federales y confederales de toma de decisiones, que permitan combinar diferentes escalas, comenzando por las más pequeñas.

No es casual que en diferentes rincones del mundo se haya valorado de manera positiva el papel de las instituciones locales en la gestión de la emergencia. La actuación de ciudades como Nueva York, Barcelona, Cádiz, Bilbao, Ciudad de México o Valparaíso, han demostrado que los gobiernos locales suelen detectar con más eficacia problemas concretos, cotidianos, que las instancias más altas no advierten o tardan en procesar.

Un municipalismo robusto, económicamente bien dotado, sería una herramienta fundamental de democratización política y económica y un elemento de prevención y reacción

En muchos casos, esta posición privilegiada del mundo local para acometer situaciones de estas características contrasta con la falta de competencias y de financiación (en España, por ejemplo, la financiación del mundo local sigue siendo la misma que en el tardofranquismo). Sin embargo, un municipalismo robusto, económicamente bien dotado, sería una herramienta fundamental de democratización política y económica y un elemento de prevención y reacción eficaz frente a epidemias y otras emergencias similares.

Las redes municipales, en cualquier caso, no tienen por qué ser incompatibles con el desarrollo de otras escalas de coordinación más amplias. Por el contrario, partiendo del principio de subsidiariedad, pueden facilitar formas de articulación de abajo hacia arriba e insuflar nueva fuerza a redes estatales, regionales o internacionales ya existentes o que se están gestando.

Si algo está enseñando la crisis del Covid-19 es que médicas, científicas, sindicalistas, cooperativistas, gente del mundo de la empresa, agricultores de diferentes rincones del mundo, tienen mucho que aprender unos de otros. Que del mismo modo que después de la segundo guerra mundial se nacionalizaron industrias clave, hoy podrían universalizarse otras para compartir medicinas, prototipos replicables de equipamientos esenciales, programas agroecológicos y de gestión energética sostenible, y otros proyectos comunes.

9) Articular redes que nos transformen y que cambien el mundo

Obviamente, los argumentos favorables a un mayor internacionalismo no acabarán por si solos con las desigualdades, el calentamiento global o los golpes y guerras por el control del petróleo, del litio o del cobre. Nada impide de hecho, que una pandemia como la que atravesamos no sea aprovechada por alternativas reaccionarias, autoritarias y excluyentes. Pero la historia está abierta. Como en otros momentos, lo decisivo será la movilización de todos aquellos que han entendido que el virus no es un agente exógeno que viene a invadirnos, sino el resultado interno de un capitalismo colonial, voraz, que hace tiempo se ha convertido en una amenaza para la biodiversidad en el planeta.

Si bien la reclusión en nuestras casas nos ha aislado temporalmente, también nos ha permitido construir redes nuevas, impensables hasta hace muy poco. Esas redes desafían fronteras físicas que la propia noción de pandemia ha tornado artificiales e inútiles y podrían permitir organizarnos mejor. Habría que aprovechar esta tregua para tomar conciencia del enorme reto que tenemos por delante. Eso y asumir que los cambios que estamos experimentando en nuestras vidas podrían ser el motor de una transformación más amplia, en común, hacia un mundo más igualitario, libre y cooperativo.

«Reflexiones para vivir el encierro: Economía ante la pandemia».

Conversatorio con Alfonso Ramirez Cuellar, presidente del MORENA (Mex) e Itai Hagman, diputado nacional de Frente de Todos (Arg) en directo «Reflexiones para vivir el encierro: Economía ante la pandemia».

Debemos permanecer unidos, organizados y esperanzados frente esta crisis sanitaria y tejer con más fuerza las alianzas fraternales de la alternativa para superar la destructiva lógica neoliberal que nos ha conducido hasta aquí.

¿Con qué economía salimos del coronavirus?

«Hay que aprovechar esta inédita situación de vulnerabilidad compartida para construir colectivamente una economía que cuide, que proteja y que salve la vida.»

Publicado en ElDiario.es 28/03/2020

El agravamiento de la crisis del COVID-19 está mostrando de manera cruda que no hay una única manera de resolver el dilema entre confinar y mantener la actividad económica. Sin embargo, algo va quedando claro: la responsabilidad y la determinación con la que se afronte decidirán la vida de muchísima gente, así como la posibilidad de salir de esta pandemia con maneras de relacionarnos muy diferentes a las que nos han traído hasta aquí.

Los negacionistas de la emergencia

Los negacionistas de la gravedad del virus, como Bolsonaro o Trump, están siendo los más reticentes en asumir el confinamiento como forma de frenar el contagio y de no saturar a los sistemas sanitarios. Y para justificarlo están apelando, precisamente, a la necesidad de «salvar la economía». No parece, empero, que su preocupación sea la situación económica de la mayoría. Bolsonaro no ha tenido problemas en pedir el abandono la cuarentena argumentando que los brasileños no debían temer al contagio porque son gente «que bucea en una alcantarilla y no les pasa nada». Se puede encontrar una colección de citas de Trump en la misma dirección. Y las consecuencias están a la vista. En pocos días, las muertes en Brasil se están disparando y los Estados Unidos se han convertido en el país con más personas infectadas del mundo –unas 81.000–, lo cual es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que en su privatizado sistema sanitario un tratamiento por COVID-19 puede costar unos 35.000 dólares.

Los negacionistas de la emergencia

En algunos casos, esto ha llevado a iniciativas de nacionalización o de control público de sectores privados que el neoliberalismo consideraba anatema hasta hace dos días. En España, la emergencia sanitaria reveló a muchos que existía un artículo de la Constitución, el 128, que subordina la riqueza, «sea cual fuere su titularidad», al interés general, y que tiene por delante un campo importante de aplicación. En Irlanda, de hecho, el primer ministro democristiano Leo Varadkar ya ha nacionalizado temporalmente 2000 camas, nueve laboratorios y miles de empleados para incorporarlos al sistema de salud estatal para luchar contra el COVID-19.

Deslindar lo esencial de lo que no lo es

Algunos países, como Italia, Nueva Zelanda y ahora España, están dando un paso más allá y están detallando qué actividades deberían cerrar temporalmente y cuáles deberían mantenerse. Italia ha redactado un decreto donde el funcionamiento temporal de la economía se ciñe a ámbitos concretos. Sin embargo, esto dista de suponer un cierre brusco o una paralización extendida del sistema productivo. El decreto aprobado por el gobierno de Giuseppe Conte mantiene como esenciales… ¡unos 80 sectores de la economía! Esto incluye industrias auxiliares, estratégicas, sin las cuales el propio sistema sanitario quedaría en entredicho: químicas, farmacéuticas, aluminio, goma, sector alimentario, ópticas, empresas de recolección y tratamiento de residuos, reparación de industrias básicas, distribución de agua y gas, y un largo etcétera.

Esto muestra que en todos estos países, en realidad, lo que se está imponiendo es un equilibrio de fondo: poder enviar a casa a un número importante de trabajadoras y trabajadores para contener el contagio, pero sin abandonar por ello la realización de actividades esenciales, estratégicas, sin las cuales la triple emergencia sanitaria, social y económica, se agravaría aún más.

Reorientar la economía para proteger la vida

En un contexto así, no hay solución perfecta. Pero el desafío es claro: maximizar el aislamiento durante la cuarentena mientras se establecen las bases de una economía orientada a la proteger la vida de manera sostenible en el tiempo. Algo para lo que hace falta atender las urgencias actuales, pero también mantener la mirada en el ecosistema productivo, comercial, energético, del día después.

Es aquí donde, al igual que en el crack de 2008, vuelve a constatarse que la economía necesaria para afrontar estas pandemias no puede ser la economía capitalista que nos ha traído hasta aquí: precarizadora del trabajo, destructora de los servicios públicos, especulativa y depredadora en sus impactos sobre la naturaleza. Por lo tanto, ya no se trata, como de manera tan altisonante como hipócrita proclamó Nicolás Sarkozy hace una década, de «refundar el capitalismo». Se trata más bien de escuchar lo que están planteando movimientos como el feminismo o el ecologismo y de aprovechar la crisis para poner los cimientos de una economía distinta: más cooperativa, que priorice lo público, lo común, y que se plantee la reversión urgente del calentamiento global, de la desigualdad social y de la proliferación de los recursos de destrucción masiva.

Cuidar a la gente confinada y a quienes trabajan fuera

En el plazo inmediato, esto exige proteger tanto a las personas confinadas como a las que deben trabajar fuera de casa. Por más importantes que sean los confinamientos para evitar la saturación de servicios médicos, es difícil obligar a todo el mundo a recluirse cuando el punto de partida es una desigualdad social estructural en la que no todos están en iguales condiciones de hacerlo. Basta con mirar a grandes países como la India o México, pero también ciudades Lesbos y otras de Europa, para advertir la dimensión de la tragedia.

Si se tiene vivienda digna e ingresos asegurados, un confinamiento largo puede ser difícil pero llevadero. Si se vive en condiciones de hacinamiento o no se tiene empleo, confinarse puede implicar exponer a los propios a otras enfermedades, no poder pagar un alquiler o sencillamente no poder alimentar a los hijos. Por eso es urgente que se refuercen los servicios de atención domiciliaria –algo a lo que ciudades como Barcelona, Cádiz, Valencia o Bilbao están volcando ingentes recursos– o que se introduzcan rentas básicas de emergencia, como la que la oposición acaba de arrancar a Bolsonaro en Brasil. Y por eso urge, también, que se pongan límites claros a los despidos, como está planteando el gobierno PSOE-UP, o que se suspenda el pago de hipotecas y alquileres para familias vulnerables y comercios, algo que obliga a asumir el conflicto con la banca y los grandes tenedores.

Y lo mismo ocurre en la economía que sigue funcionando fuera de las casas. Una economía sana dispuesta a velar por quienes se confinan, no puede dejar desprotegidas a sus pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, al mundo de la cultura, a las residencias de ancianos, y desde luego, a quienes realizan trabajos esenciales en términos socio-sanitarios. De poco sirve aplaudir a limpiadoras, médicas, enfermeras, cajeras de supermercado, o cuidadoras de personas mayores, si luego no se protegen, con la misma determinación, sus derechos laborales, sus turnos de trabajo y su salud.

La cuestión de fondo: ¿y esto quién lo paga?

Claro que esto tiene un coste, y la obligación de los poderes públicos –de todos ellos– es que no lo paguen los de siempre. En Europa, la propia Unión se está jugando su credibilidad y su supervivencia en ello. Es todo un síntoma que –a diferencia de lo que ocurrió con la crisis griega- Portugal, España e Italia estén cuestionando juntos las mezquinas resistencias de Holanda y Alemania a emitir coronabonos y a

facilitar a los países del Sur un financiamiento no condicionado por especuladores y buitres. Y es todo un síntoma, también, que una parte creciente de la ciudadanía comience a preguntarse por qué sus gobiernos no son fiscalmente más exigentes con las grandes fortunas y con los grandes rentistas que fueron rescatados en innumerables ocasiones y no han devuelto aquel esfuerzo a la sociedad.

Obviamente, que la crisis no sirva para apuntalar aún más la economía de casino que se ha impuesto en las últimas décadas, también depende de la capacidad de organización de la ciudadanía y de la gente que vive de su trabajo. Esto no es sencillo en un contexto de aislamiento, pero el desafío es ineludible: organizarse, crear espacios de ayuda mutua, enredarse más allá de las fronteras físicas, para que los anhelos que hoy resuenan en los balcones se abran camino a pesar de la pandemia. La lucha contra el COVID-19 no puede concebirse como una empresa belicista. Lo que hace falta no es matar a nadie ni militarizar la vida cotidiana, sino aprovechar esta inédita situación de vulnerabilidad compartida para construir colectivamente una economía que cuide, que proteja y que salve la vida.

Páginas: 12

Con Manuela D’Avila

Ella en Porto Alegre, yo en Barcelona, y a pesar de esa distancia, nos descubrimos en nuestras grandes coincidencias.

Esta crisis sanitaria nos está sirviendo para visibilizar a las personas que cuidan y que ahora aparecen como algo central en nuestras vidas. Muchas cosas deberán cambiar, y por supuesto, exigir unas políticas públicas diferentes. Ahora debemos estar juntas y sin soltarnos la mano, es importante seguir hablando, fraternalmente, para estar preparados y preparadas, colectivamente, para encarar el día después y seguir luchando por un mundo mejor.

¿Qué esconde el rey emérito?

Si se sigue vedando al Parlamento el debate político de estos hechos, la exigencia de transparencia no hará sino crecer, y el cuestionamiento de Juan Carlos bien podría alcanzar, más temprano que tarde, al propio Felipe VI

Publicado en CTXT 9/03/2020

No lo ocultaré. Soy republicano. Mi abuelo Antonio, nacido en Granada, llevaba con orgullo en Argentina su carnet de republicano en el exilio, firmado por José Giral. También aprendí, de mi maestro Toni Domènech, que el republicanismo democrático es una filosofía política de la libertad, y que nadie es libre si tiene que pedir permiso a unos pocos privilegiados para subsistir dignamente. En ese rechazo del privilegio, de las prebendas odiosas, se fundamentan mis convicciones antimonárquicas. Unas convicciones que se han afirmado, en los últimos días, con las noticias publicadas por la prensa internacional sobre las presuntas comisiones ilegales al rey emérito Juan Carlos de Borbón.

En otras monarquías parlamentarias el debate sobre los gravísimos hechos atribuidos al ex monarca habría transcurrido de manera diferente. Pero no es el caso del Reino de España, en el que la dinastía borbónica ha gozado históricamente de inmunidades y privilegios que le han permitido ocultar desmanes varios e innumerables casos de corrupción. No haber pasado por revoluciones antiabsolutistas, como la inglesa de 1648 o la francesa de 1789, se nota. Y deber la propia restauración a un régimen como el franquista, cuya pesada sombra se proyecta en parte de la Constitución e incluso en el poder legislativo y judicial, también.

No cuesta imaginar el terremoto que hubiera supuesto en otros países la noticia de que un rey emérito habría recibido 100 millones de euros a cambios de favores de una dictadura

No cuesta, en efecto, imaginar el terremoto que hubiera supuesto en Suecia, en Noruega o en el propio Reino Unido la noticia de que un rey emérito habría recibido 100 millones de euros a cambios de favores de una dictadura acusada de violar derechos humanos de manera sistemática. Tampoco es difícil conjeturar el escándalo que habría suscitado saber que ese dinero podría haberse destinado a operaciones de blanqueo, fiscalmente fraudulentas, o que podría haberse donado a una señora que ha denunciado ante la justicia británica amenazas y coacciones que podrían implicar al mismísimo Centro Nacional de Inteligencia.

But Spain is different. Y aquí el debate, por increíble que parezca, versa sobre la posibilidad de crear o no una Comisión parlamentaria para evaluar estas acusaciones con luces y taquígrafos y para que la opinión pública tenga información veraz sobre las mismas. El origen de este dislate tiene que ver con los propios privilegios jurídicos con los que se configuró la monarquía borbónica durante la Transición. El principal, una interpretación a todas luces desmedida de la inviolabilidad real establecida en el artículo 56.3 de la Constitución.

En estos días, este precepto ha sido invocado como una jaculatoria para sostener que aunque los hechos que se imputan a Juan Carlos de Borbón sean ciertos, no podría ser juzgado ni investigado por ellos. Lo impediría la inviolabilidad regia, que se prolongaría en el tiempo como una regla inalterable.

Ocurre, sin embargo, que esta interpretación no resiste un mínimo sentido común. De entrada, porque en una monarquía realmente parlamentaria, informada por el principio democrático y por la sujeción de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico, la inviolabilidad del rey solo puede aceptarse bajo una condición: que la responsabilidad política de sus actos como Jefe de Estado se traslade a quienes los refrendan, esto es, a los ministros o al propio Presidente de Gobierno.

Esta condición no es ociosa. Tiene –como bien han señalado los juristas José Antonio Martín Pallín y José Luis Martí– dos consecuencias. La primera, que el refrendo o la cobertura política, por así decirlo, de los actos del rey solo se pueden atribuir a aquellos directa o indirectamente vinculados al ejercicio de sus funciones. Solo tiene sentido, en efecto, trasladar la responsabilidad regia a otros representantes públicos cuando se esté ante actos en los que el rey representa al Estado, pero no así en caso de actos ajenos a esas funciones, mucho menos si son susceptibles de constituir delitos. Sería absurdo –ni siquiera el propio Tribunal Constitucional se ha atrevido a decirlo así– que si el rey roba dinero, agrede sexualmente a una mujer, o como es el caso, se ve implicado en cobros de comisiones o en operaciones de fraude fiscal, se presuma su irresponsabilidad y sus actos queden totalmente impunes.

Por otro lado, la inviolabilidad tampoco es eterna. Si el rey abdica, no hay razón alguna para no atribuirle los efectos de los actos que realiza, aun cuando estos hubieran comenzando en el momento en el que todavía era monarca. Esto es especialmente relevante en el supuesto de probables delitos fiscales como los denunciados por la prensa internacional. Si el rey blanqueó dinero o defraudó a Hacienda, aquellos actos que se iniciaron en el pasado siguen teniendo efectos en el presente y deberían poder ser investigados.

Que existe un claro interés público en que estas actuaciones del rey emérito sean conocidas y discutidas en sede parlamentaria puede parecer obvio. Pero debe ser explicado precisamente porque el propio sistema ha hecho lo posible para dificultarlo. Otro jurista, Javier Pérez Royo, señalaba hace unos días que cuanto más se levanta el secretismo en torno a ciertas conductas de Juan Carlos de Borbón, mejor se entienden muchas cosas: por qué abdicó, la manera en que lo hizo y la obsesión por intentar prolongar en el tiempo su inviolabilidad material, confiando su custodia al Tribunal Supremo.

Sin embargo, que se haya atribuido al Tribunal Supremo el juzgamiento de actos que afecten al ex monarca no debería excluir, en ningún caso, la investigación política, parlamentaria, de dichos actos. Que el rey sea penalmente inviolable no quiere decir que no sea criticable. Por el contrario, el propio Tribunal de Estrasburgo ha amonestado en más de una ocasión al Reino de España por utilizar los delitos de injurias contra la Corona para cercenar la crítica a una institución que, al igual que otras, no puede quedar exenta del escrutinio público.

Cuanto más se levanta el secretismo en torno a ciertas conductas de Juan Carlos mejor se entienden por qué abdicó, la manera en que lo hizo y la obsesión por intentar prolongar en el tiempo su inviolabilidad material

Si esto es así, también resulta evidente que la única manera de que la crítica pueda ejercerse con conocimiento de causa es que sea informada. Eso quiere decir que aunque Juan Carlos I no fuera encontrado culpable penalmente, pongamos por caso, en Suiza o en el Reino Unido, eso no le daría derecho a mantener sus actos en un ámbito puramente privado. Primero, porque la ciudadanía tiene derecho a saber lo que hacen sus representantes, comenzando por los que, no habiendo sido elegidos democráticamente, cuentan con una protección penal que resultaría inadmisible tratándose de otros cargos públicos. Segundo, porque estas acusaciones de enriquecimiento ilícito podrían no ser las únicas, si se tiene en cuenta las numerosas publicaciones –como la revista Forbes– que han atribuido al monarca una cuantiosa fortuna con la que no contaba al acceder al trono.

De momento, los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados han informado negativamente todas las iniciativas parlamentarias destinadas a pedir información sobre la Casa Real o sobre actuaciones de la monarquía. Algunas de estas negativas han suscitado recursos frente al Tribunal Constitucional, que tampoco se ha atrevido a cerrar todas las vías de investigación, sobre todo tratándose del rey Emérito. Si las noticias que aparecen en los medios de comunicación se van confirmando y las causas sobre corrupción de Juan Carlos de Borbón se abren camino en otros países, no se entenderá que en España se sigan poniendo obstáculos a la investigación parlamentaria.

Exigir a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones legales, comenzando por las tributarias, y negarse a examinar la evidencia sobre graves acusaciones de corrupción que afectan a las magistraturas más altas, implicaría un serio debilitamiento de la democracia y de la legalidad que ninguna razón de Estado podría justificar.

En 2011, mientras salían a la luz los delitos por los que fue condenado su yerno, Iñaki Urdangarín, fue el propio Juan Carlos de Borbón quien en un discurso de Navidad exigió ejemplaridad a todos los representantes públicos, incluido él mismo. Hoy esta ejemplaridad, como ya ocurrió con otros miembros de la dinastía borbónica a lo largo del siglo XIX y XX, está severamente puesta en duda. Si se persiste en la ley del silencio, si se sigue vedando al Parlamento el debate político de estos hechos, la exigencia de transparencia no hará sino crecer, y el cuestionamiento del rey emérito bien podría alcanzar, más temprano que tarde, al propio Felipe VI.

Ustedes tienen de «constitucionalistas» lo que yo de escandinavo

Intervención en Pleno del Congreso (26/2/2020) sobre la financiación y las balanzas fiscales. Estoy cada vez más convencido que forma parte de un debate más amplio en la historia de España, marcado por una vieja tensión entre centralismo y descentralización, por un lado, y por solidaridad e insolidaridad por otro.

Está claro que el problema de fondo vuelve a ser que estamos ante unas derechas que levantan el dedo para acusar de insolidario al primero que pasa cuando la visión centralista, unitarista que defienden ha sido la máxima expresión histórica del egoísmo fiscal y del extractivismo económico.

Ese centralismo no es nuevo. Es un centralismo que entronca con la primera restauración borbónica y con la dictadura de Primo de Rivera, que entronca con el franquismo y que buena parte de la derecha viene predicando desde el segundo mandato de José María Aznar. Es esa, y no otra, la visión que hoy habla de insolidaridad, pero que con la excusa de la crisis y con el señor Montoro al frente, consintió el ahogo, no solo de Cataluña, sino del conjunto de las comunidades de España.

Es esa la visión que acusa de insolidaridad a diestra y siniestra pero que con la excusa de la crisis rescató a los bancos sin contrapartida alguna, maltrató a la pequeña y mediana empresa, y ahogó al municipalismo.