ENTREVISTA: “El antifascismo crece y asistiremos a la irrupción de nuevos frentes amplios, plurales”

El secretario primero de la Mesa del Congreso mantiene que la “revolución democrática” que anunciaron los ‘comuns’  “continúa viva y en marcha”, pero señala que “la nueva política no ha conseguido construir organización sólida fuera de las instituciones”.

Por Marià de Delàs @mdelasm

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En Público 16/10/2020

Se dio a conocer entre la ciudadanía como teniente de alcalde de la ciudad de Barcelona. Gerardo Pisarello, (Tucumán, 1970) trabajó como número dos del equipo de Gobierno de Ada Colau, pero el año pasado dio el paso a la política estatal, fue elegido diputado en las listas de En Comú-Podem y es el secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados. Asegura sin embargo que él es “municipalista por convicción” y mantiene que “los grandes cambios solo se pueden producir si empiezan en el ámbito local”.

Dice este jurista barcelonés, nacido en Argentina, que ahora tiene “más tiempo para pensar y para escribir”. “En Madrid ejerzo de republicano catalán”, explica. “Ejerzo como nieto de republicanos andaluces y como algo que no hacía antes, que es ser diputado de ultramar, como los viejos diputados americanos que venían a exigirle a Fernando VII una relación entre iguales, una relación federal, o acabarían volviéndose independientes. Y la historia fue como fue”.

Reconoce que vive la pandemia “con un punto de angustia vital”, por sí mismo y por la gente que le rodea, pero “también con sensaciones de incertidumbre, y a la vez con la conciencia de que tendría que ser un punto clave para emprender cambios no solo desde el punto de vista personal sino sobre nuestra manera de estar en el mundo, cambios económicos, políticos, en las relaciones sociales”. “Creo que nos marcará generacionalmente. Marcará a nuestros hijos”, explica en larga conversación con Públic: “Siento que hemos pasado por una primera etapa excesivamente buenista, sobre lo que era la pandemia, en la que pensamos que solo aplaudiendo desde los balcones conseguiríamos transformaciones importantes y ahora nos estamos dando cuenta de que existen muchas resistencias para que eso ocurra y que los cambios de sistema necesarios exigirán mucha batalla y enfrentarse a poderes que tienen mucho  arraigo”.

La covid representa un problema sanitario enorme, pero también comporta problemas económicos descomunales. Las personas que tenemos garantizado cada día el plato en la mesa tenemos tendencia a prestar más atención a las medidas sanitarias, ¿verdad? En estos momentos de cambio, ¿qué le parece que exige más atención?

Las desigualdades crecen de manera exponencial. La mayoría empobrecida del planeta crece y sabe que puede morir como consecuencia de la covid, del hambre, de la brutalidad y la violencia policial. En este contexto de covid se practica la violencia sobre la gente más vulnerable y los sectores que tienen una vivienda más o menos confortable en la que confinarse tienden a menospreciar esa situación. Es un contexto muy preocupante en el que la crisis sanitaria se cobra las principales víctimas entre las clases populares de todo el mundo, y a la vez, la caída y el hundimiento de la economía que se está produciendo también es especialmente dura para estos sectores. La pandemia entiende de clases sociales, de diferencias sociales. La humanidad entera está en peligro, pero esta crisis múltiple, económica, sanitaria, social, ecológica, afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables.

La fuerza política que usted representa hace cierto tiempo que dejó de hablar de la inminencia de una revolución democrática, de procesos constituyentes, de la casta que había que expulsar de las instituciones. No hay que rescatar esos conceptos?

Creo que muchas de estas cosas se han conseguido. Echar, por ejemplo, a una parte importante de las castas que habían cuajado con el régimen del 78. La nueva política, el 15M, las mareas… consiguieron jubilar a Felipe González, echar a toda una generación corrupta del Partido Popular, producir un auténtico terremoto dentro del Partido Socialista, abrir un horizonte republicano en unos términos en los que no se hablaba desde la misma Transición, dar voz al municipalismo como no la había tenido quizás desde los tiempos del primer antifranquismo… Es decir que se han conseguido muchos cambios y creo que desde este punto de vista la revolución democrática continúa en marcha.”El soberanismo se está moviendo hacia la izquierda y con mucha mayor conexión con las clases populares del resto del Estado”

El propio soberanismo, a pesar de la implacable ofensiva judicial y política, no ha sido derrotado. La nueva política ha ayudado también a que el soberanismo se reinvente en clave de izquierdas. Nunca había habido tanta presencia soberanista en las Cortes, por ejemplo. Y este soberanismo se está moviendo hacia la izquierda y con mucha mayor conexión con las clases populares del resto del Estado. Yo cuando oigo hablar a Mertxe Aizpurua, de Bildu; o a la estimada Maria Dantas, diputada por ERC y gran luchadora en defensa de las personas migrantes, me siento plenamente identificado. Es decir que a pesar de todo, la revolución democrática continúa viva y en marcha.

“Se han levantado los peores fantasmas del franquismo, de las tradiciones más autoritarias de las derechas españolas”

Lo  que pasa es que ha habido un movimiento contrarrevolucionario muy fuerte. Se han levantado los peores fantasmas del franquismo, de las tradiciones más autoritarias de las derechas españolas, pero esto también es una prueba de que la presencia en centenares de ayuntamientos, en sus gobiernos, en ciudades como Cádiz, València, Barcelona, la presencia en el Congreso, en el Senado… les ha hecho daño. Eran cortijos que consideraban como lugares inexpugnables y allí se han introducido agendas de cambio. Yo con solo pensar en lo que sería una situación como la actual si en vez de tener los gobiernos que tenemos, o la presencia institucional derivada de estos movimientos de cambio, tuviéramos los Bolsonaros, los Trump, todos los aliados internacionales de VOX, creo que sería una auténtica tragedia.

¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que no se ha conseguido con la nueva política? No ha conseguido construir organización sólida fuera de las instituciones, no ha conseguido entrar con bastante fuerza en los barrios, en las asociaciones de vecinos, en los centros de trabajo. Eso se ha conseguido solo parcialmente, en el ámbito local y lo están consiguiendo algunas fuerzas soberanistas, pero la batalla no es definitiva. El antifascismo crece y estoy seguro de que asistiremos a la irrupción de nuevos frentes amplios, plurales, internamente diversos, que tendrán muy claro que la tarea antifascista de nuestro tiempo es impulsar grandes transformaciones democráticas en el ámbito político y también en el económico.

Dice que el soberanismo no ha sido derrotado, pero las movilizaciones vividas durante diez años han desaparecido. Acaban de inhabilitar a otro presidente de la Generalitat y no ha pasado nada

Hay que diferenciar. Existen fracasos y derrotas. Los fracasos son imputables a los propios errores, y aquí se han cometido errores, evidentemente, por parte de la nueva política, por parte del soberanismo. Seguramente, el menosprecio de la fuerza de los adversarios y sobreestimar la propia en un momento dado, no ser capaces de generar alianzas más transversales para sacar hacia adelante los proyectos que se defendían, no conectar suficientemente con muchos sectores de las clases populares que no se han sentido interpelados … Pero la derrota que se ha producido ha sido como consecuencia de una represión brutal. Las derrotas que ha sufrido el soberanismo, que ha sufrido el movimiento sindical, la que sufre ahora mismo Unidas Podemos y otras muchas fuerzas políticas también es consecuencia de una ofensiva brutal por parte de estos sectores reaccionarios que controlan parte del poder judicial, del policial, del mediático, una parte importante del poder financiero. Pero eso no es culpa de estos movimientos ni implica que estos objetivos se hayan perdido. Yo no me imagino una solución mínimamente estable para la gobernabilidad progresista del Estado si palabras como ‘amnistía’, como ‘indultos’, como ‘derogación de los delitos de sedición’ no se ponen encima de la mesa de manera urgente. No me imagino una gobernabilidad progresista mínimamente creíble sin una mínima redistribución de la riqueza, si la protección de la vivienda pública, de la sanidad pública, de la educación pública no están en el orden del día.

“Existe una agenda republicana de transformaciones que todavía está viva y que se puede activar en cualquier momento”

La propia articulación federal o confederal de los diferentes pueblos del Estado no se podrá realizar por imposición. Habrá que hacerlo a partir de la libre decisión de los pueblos. Otra cosa son los ‘tempos’ de estas reformas, las alianzas necesarias para que se puedan hacer, pero cuando yo veo en Madrid el discurso de Vox, el del PP o Ciudadanos entiendo que en parte se ha producido esa derrota por represión, en buena medida, pero también cuando veo al Partido Nacionalista Vasco, a Esquerra Republicana, Bildu, Más País, Unidas Podemos, al propio Partido Socialista defendiendo según qué cosas, pienso que existe una agenda republicana de transformaciones que todavía está viva y que se puede activar en cualquier momento.

¿Qué le parece el plan para la recuperación expuesto la semana pasada por el Gobierno español?

Toda esta inversión de dinero que se está haciendo ahora se habría podido hacer en otras crisis, para estimular la reconversión ecológica de la industria, para proteger a la gente trabajadora, blindar los derechos sociales… Por lo tanto mi primera sensación es que en estas últimas décadas hemos vivido una estafa ideológica, porque nos decían que no se podían tomar determinadas medidas económicas por razones técnicas cuando en realidad eran razones puramente ideológicas que tenían como objetivo beneficiar a unos sectores privilegiados muy concretos.”Me preocupa que la salida de la crisis se esté financiando casi de manera exclusiva con deuda”

Dicho esto, me preocupa que la salida de la crisis se esté financiando casi de manera exclusiva con deuda, porque en algún momento habrá que discutir sobre quién paga esta deuda y por tanto sí que me preocupan las enormes dificultades que hay, no solo en el caso español sino en el mundo entero, para impulsar políticas redistributivas de tipo fiscal más incisivas. Si la crisis solo se financia con deuda, sin que se produzcan políticas de progresividad fiscal, será una mala señal de cara al futuro.

Hace cinco años nos habló sobre la necesidad de combatir el riesgo de que con el asalto a las instituciones se produjera una separación con lo que pasa en la calle, con la autoorganización de la ciudadanía. ¿Cómo  ahora este peligro?

Estamos viviendo en una fase muy violenta del capitalismo global, un neoliberalismo que genera expresiones monstruosas de extrema derecha en todas partes, con una violencia inusitada, que no nos esperábamos que pudiera adquirir esas formas, una violencia claramente sexista, clasista, racista, que tiene expresiones grotescas en todo el mundo. Es Trump, Bolsonaro, Vox…”Necesitamos una autoorganización y una resistencia ciudadana más fuertes que nunca, y la gran paradoja es que, en este momento, la calle parece ser de esta extrema derecha”.

Necesitaríamos una autoorganización y una resistencia ciudadana más fuerte que nunca, y la gran paradoja es que, en este momento, la calle parece ser de esta extrema derecha, que se manifiesta en los barrios ricos de todo el planeta, diciendo que la covid es un gran engaño, que las políticas de confinamiento forman parte de un plan dictatorial del progresismo global, y exigiendo sobre todo que la gente trabajadora salga de casa para poder ser explotada trabajando en supermercados, en fábricas, como temporeros en el campo y en el mundo de la agricultura. Es decir que parece que es la extrema derecha global la que está ocupando las calles y que en cambio los sectores más progresistas de izquierdas y los movimientos sociales se sienten muchas veces inhibidos por la existencia de la pandemia y ante un dilema trágico. Si se movilizan en la calle pueden poner en riesgo la salud de sus vecinos y vecinas pero no se pueden dejar matar, que es lo que estamos viendo por ejemplo en Estados Unidos. Decenas de miles de personas de la comunidad afroamericana, de los movimientos antirracistas, son conscientes que estamos en medio de una pandemia, que sufren con un presidente absolutamente enloquecido cómo es Trump, pero que no están dispuestas a dejarse matar. Yo creo que este es un poco el dilema. ¿Qué pasará en la calle a medida que esta crisis se agudice?

Usted fue víctima de un ataque xenófobo, verbal pero furibundo, en nombre de una organización, Vox. Más allá del alboroto mediático, ¿cómo cree que hay que interpretar este hecho?

Tenemos que entender que la función de estas derechas radicalizadas, a nivel global, tiene un componente económico muy claro, y es evitar, por todos los medios posibles, con actuaciones intimidatorias, que pueda haber una salida de esta crisis con un mínimo de redistribución de la riqueza. Esta es su función. Evitar que se discuta la posibilidad de políticas fiscales redistributivas, la protección de lo que es público, la limitación de las gran fortunas, la posibilidad de detener la actividad de los capitales más especulativos y rentistas…”Esta gente no dudará, llegado el momento, en animar la violencia física en la calle si lo considera necesario”

En el caso de Vox, hablamos de una fuerza que representa a los sectores más atrasados de la economía, el mismo 1% privilegiado del franquismo. No me preocupa por mí, que por razones biográficas no me sorprende, pero sí por muchísima gente, a la que sí están mordiendo en el día a día. Son las personas migrantes, las refugiadas, las trans, las familias desahuciadas, en Vallecas, en Badalona o a Triana, eso sí que me preocupa, porque creo que esta gente que está utilizando el poder judicial, que ha puesto mucho dinero para hacer tecnopolítica y para controlar las redes, no dudará, llegado el momento, en animar la violencia física en la calle si lo considera necesario para evitar que se produzcan determinados cambios.

Vox le atacó por una crítica que hizo usted sobre el rey, [por la llamada que hizo el monarca al presidente del CGPJ, para manifestar su disgusto por no haber podido presidir un acto del poder judicial en la capital catalana]. Después de eso, Felipe VI  acabó viajando a Barcelona, en compañía de Pedro Sánchez. ¿Cómo hay que interpretar esa visita?

Primero creo que Vox leyó una cosa con lucidez y es que la crítica a la monarquía no es solo a una figura simbólica, sino a una figura que en la historia de España ha apoyado determinado tipo de relaciones económicas, a una manera de hacer negocios, y a una manera que cierta oligarquía económica encontraba para proteger sus intereses. Cuando Vox ataca a los republicanos que critican a la monarquía también lo hace porque está defendiendo estos privilegios económicos, Mi crítica a Felipe VI o a Juan Carlos I no tiene nada de personal. Históricamente los Borbones han sido una dinastía nefasta para España. Desde el siglo XIX, todos los Borbones, que entraron como “los deseados” acabaron como “los detestados”, precisamente porque jugaron un papel muy claro de impulso de un régimen político y económico marcado por la corrupción, por el cobro de comisiones ilegítimas, por el apoyo a sectores especulativos, lo que podríamos llamar el partido inmobiliario financiero… Esta ha sido la historia de Borbones, y por eso de una manera u otra la mayoría de ellos acabaron expulsados del trono por la ciudadanía o directamente exiliados. Fue la historia de Fernando VII, de Isabel II, de Alfonso XIII y estoy bastando convencido que será el final no solo de Juan Carlos I sino también del propio Felipe VI.

¿Por qué cree que acabó viniendo a Barcelona?

Porque hay un intento por parte de algunos sectores del PSOE de separar la suerte de Felipe VI de la de su padre Juan Carlos I. Es la última operación de diferentes sectores monárquicos, pero honestamente creo que es muy difícil que esto pueda salir bien, por muchas razones. Felipe VI no era un adolescente de 13 años que correteaba por los pasillos de palacio sin enterarse de lo que hacía su padre. Es un rey que está mucho más marcado que su padre por sus vínculos con la derecha y la extrema derecha. Esto es así, en términos biográficos muy concretos, y salvo que sea capaz de alejarse de una manera clara de estos sectores y de la manera de hacer negocios que han defendido siempre los Borbones, creo que tiene el tiempo relativamente contado.

El apoyo del PSOE a la Corona provoca problemas dentro del actual Gobierno de coalición. ¿Se pueden agravar?

Mi impresión desde Madrid es que se está produciendo un movimiento de placas tectónicas en todas partes e incluso dentro del propio Partido Socialista. Para mí, una de las cosas conseguidas por la nueva política fue romper con la manera como el bipartidismo había cuajado con el régimen del 78 y jubilar a personajes como Felipe González, con lo que representaba. Hoy en el PSOE ves que hay una generación nueva que no tiene que ver con la vieja, lo ves con diputados normales, que están sentados allá en las Cortes y ves que el viejo republicanismo del PSOE del siglo XIX o de comienzos del siglo XX, está volviendo a aparecer también entre las generaciones más jóvenes. Ves que hay una generación de abuelos del PSOE que en la Transición aceptaron volverse juancarlistas y que hoy se sienten estafados y que transmiten esa sensación de estafa a sus propios nietos. Por lo tanto, el Partido Socialista se encuentra en una situación en la cual por un lado quiere mantener de alguna manera la monarquía parlamentaria, porque sabe que es muy difícil dar un salto inmediato a un régimen diferente, que exigiría una reconfiguración de fuerzas económicas, un nuevo tipo de empresariado, de fuerzas sociales, etc., pero que a la vez siente claramente la presión de sus bases.

En Madrid hablas con diputados socialistas de Asturias, de Castilla La Mancha, de Andalucía y a los diez minutos de conversación, en muchos casos, no digo en todos, aparecen historias de abuelos asesinados, bisabuelos a las cunetas… y creo que esto se tiene que tener presente.

La Corona es un tema, pero quizás uno de los problemas políticos más serios del Estado es la intervención de la Fiscalía y del poder judicial en la vida política, que es cada vez más evidente, como si fuera un actor político más. Como jurista, ¿qué camino cree que existe para resolver este problema?

La derecha ha entendido que una manera de parar cualquier tipo de proyecto político mínimamente progresista, y que no lo pueda hacer en las urnas, es a través del poder judicial y con una campaña de acoso durísimo en términos mediáticos. La derecha se ha dedicado en muchos países y bajo formas diferentes a controlar el poder judicial para perseguir a adversarios políticos, y controlar los medios de comunicación, para llenarlos de noticias directamente falsas. En el caso español el PP lleva mucho de tiempo haciéndolo y la verdad es que cuando ves la manera escandalosa como se montó, con el caso kitchen, todo el aparato parapolicial, mediático, que tenía como objetivo entre otras cosas controlar piezas clave del poder judicial, pues ves que si no se consigue deshacer a tiempo este asalto conservador, reaccionario, sobre el poder judicial, la propia democracia no podrá prosperar.”Si no se deshace a tiempo este asalto conservador sobre el poder judicial, la propia democracia no podrá prosperar”

¿Qué es lo que hace falta para hacerlo? Hay cosas que dependen, como todo, de la fuerza que se tenga. En algunos aspectos básicos, es la que se encuentra en la posibilidad de aprobar leyes orgánicas para producir estos cambios. Muchas veces se habla de la Constitución y se dice: “Esto no se puede hacer porque la Constitución no lo permite”,  “no se puede limitar la inviolabilidad del rey o no se pueden detenr las políticas de austeridad o democratizar el poder judicial porque la Constitución no lo permite”. Esto es una excusa inmovilista, porque la mayor parte de estos cambios se podrían hacer mediante leyes orgánicas que exigen una mayoría absoluta que existe, que es la mayoría de la investidura del nuevo Gobierno de coalición. El gran reto es ser valientes a la hora de usar esta mayoría para deshacer lo que el Partido Popular y la derecha han construido de manera ilegal y fraudulenta usando los aparatos del Estado.

Pero sociológicamente los jueces tienen tendencia, por ejemplo, a aceptar normalmente como pruebas fehacientes lo que digan policías y guardias civiles

Sí, sí, evidentemente, esto no es solo una cosa que haya creado el Partido Popular durante el mandato de Mariano Rajoy. Esto está íntimamente ligado con las dificultades que después de la Transición hubo para desmantelar piezas fundamentales del aparato judicial franquista. El antifranquismo consiguió conquistar espacios institucionales en los ayuntamientos, en los parlamentos autonómicos, en el Congreso, en el Senado, pero se tiene que reconocer que en el caso del poder judicial los adelantos fueron limitados. Se consiguió que entraran juezas y jueces garantistas vinculados a Jueces por la Democracia, pero el núcleo de la resistencia conservadora y reaccionaria, en algunos casos directamente relacionada con el franquismo, sigue en el poder judicial y sobre todo en sus altas instancias. Hoy mismo el juez Marchena, que tiene un currículum que conocemos bastante bien, es una persona de la cual pueden depender la suerte de Pablo Iglesias, los casos de corrupción del Partido Popular, las condenas de dirigentes independentistas, y esto para una democracia digna de este nombre es un peligro enorme.

[En relación a la represión sobre el independentismo] ¿Usted defiende la amnistía o la reforma del código penal?

Son dos cosas que se han de mantener simultáneamente. Seguramente sin una amnistía es imposible resolver la situación injusta, infame jurídicamente, como dice Pérez Royo, de centenares de personas encausadas solo por movilizarse, por querer ejercer el derecho a votar, pero, mientras se pide esto, simultáneamente, se tiene que hacer todo lo posible para que los dirigentes independentistas que están en prisión puedan salir y para que la política pueda salir de los tribunales y de las instrumentalizaciones por parte de fiscales que participan en guerras judiciales sucias, para volver a las calles y volver a las instituciones. Por lo tanto, se pueden hacer todas estas cosas sin renunciar a ninguna de ellas.

A propósito de policías y poder judicial, con cierta frecuencia se oyen voces que reclaman más presencia policial por motivos de seguridad. En Espacio Público, en un debate relativamente reciente, se habló del menosprecio u olvido de dirigentes de la izquierda de un tema que preocupa mucha gente: la seguridad ciudadana. Se dijo que esta puede ser una de las causas de la involución vivida en la América Latina

Yo creo que no solo en la América Latina. Es verdad que desde las izquierdas siempre se ha tenido, y con buenas razones, desconfianza sobre la utilización de los aparatos coactivos del Estado por parte de las élites políticas y económicas de turno, porque normalmente lo han hecho para reprimir el derecho de huelga, la protesta ciudadana que quiere conquistar derechos… Esto explica que las tradiciones de izquierdas hayan sido siempre fuertemente antimilitaristas. Pero es verdad que así como pueden existir países sin ejércitos no hay ninguno que no tenga policías, y por lo tanto la reflexión sobre la democratización de las policías es fundamental.

Recuerdo que cuando me tocó tener responsabilidades ejecutivas en el Ayuntamiento de Barcelona esta era una de mis obsesiones, es decir, como conseguir que la policía municipal entendiera que garantizar la seguridad en el espacio público consistía no solo en evitar los pequeños hurtos cometidos por personas en situación de marginalidad social, sino intervenir también, por ejemplo, cuando los grandes especuladores quieren echar a la gente de los barrios, y reconozco que en estos casos vi que era una batalla que se tenía que dar, porque a pesar de que no era la respuesta automática de unos cuerpos que no habían sido formados para eso, encontrabas gente que entendía estas exigencias ciudadanas y que llegó a colaborar con el propio Gobierno para evitar que estos procesos especulativos se pudieran producir. No digo que sea sencillo, pero la democratización de los cuerpos de seguridad y tomar seriamente la idea de la seguridad ciudadana creo que es un reto muy importante. Para la gente, seguridad significa que no te echen de tu casa, poder tener un ingreso a final de mes para poder comprar la comida de tus hijos, pero también tener la seguridad de que en la calle no serás víctima de abusos, de violaciones si eres mujer, y que no serás objeto de robos, sobre todo si eres una persona de condición humilde. Y creo que aquí si hay un reto importantísimo para las izquierdas para dar respuesta también a esto.

El problema de la justicia es muy evidente también a países como Brasil o Colombia

Yo creo que América Latina es un continente marcado por luchas gloriosas, ejemplares, que han deslumbrado el mundo en muchos momentos, y en estas últimas décadas fue la prueba de que era posible plantear alternativas a las políticas neoliberales, por diferentes vías y bajo diferentes formas, y esto ha sido castigado de una manera brutal por parte de las oligarquías internas pero también por parte de Estados Unidos, que sobre todo a partir de la Administración Trump decidió que esto no podía volver a pasar e impulsa directamente estrategias represivas y golpistas que se parecen mucho a las dictaduras de los años 70 y 80. Lo que está pasando en Brasil, con Bolsonaro, que reivindica el golpe de estado de 1964 contra Joao Goulart, lo que está pasando en Chile donde el mismo Sebastián Piñera reivindica la figura de Pinochet, el que ocurre en Colombia donde se mata a activistas sociales por centenares, campesinos, mujeres activistas…, es una prueba de la ferocidad de estas oligarquías y de la propia Administración norteamericana, pero también de la persistencia y la tenacidad de los movimientos sociales y populares. Con toda la violencia que se está produciendo en América Latina me emociona y me cuestiona mucho cuando veo lo que está haciendo el movimiento feminista en Chile, que ha sido la vanguardia en la denuncia de la brutalidad cometida contra las mujeres; lo que ha hecho el movimiento popular en Brasil, que a pesar de toda la agresión ha conseguido que Lula salga de prisión; lo que ha hecho el movimiento popular en Colombia, que consiguió que Gustavo Petro obtuviera más de ocho millones de votos, que no pudo avanzar más como consecuencia del fraude… Creo que América Latina es un laboratorio de una represión brutal hoy, pero sigue siendo un continente de esperanza en el cual la resistencia de la gente es realmente encomiable.

Personalidades como Dilma Roussef, Pepe Mujica o Rafael Correa han remarcado la oportunidad que representa el plebiscito convocado por el próximo día 25 en Chile ¿Cree que puede tener impacto en otros países de América Latina?

Es un plebiscito que ya nos habría gustado poder tenerlo nosotros. En Chile lo que se está discutiendo es la posibilidad de romper con la Constitución pinochetista de 1980 y de poner en marcha un nuevo proceso constituyente, que era lo que nosotros veníamos defendiendo en el caso de España, la posibilidad de que se abrieran procesos constituyentes que dieran lugar a nuevas reglas del juego y ahora, de momento, lo que estamos defendiendo es que las derechas radicalizadas muestren capacidad de cumplir con la Constitución que dicen defender. Nosotros hemos hecho aquí un retroceso y en Chile, en cambio, los movimientos sociales y populares han conseguido que haya un plebiscito para poder acabar con la Constitución pinochetista. 

Obviamente esto no será fácil. El otro día vimos imágenes escalofriantes de un joven de 16 años a quien la policía lanzaba desde un puente, como manera de intimidar para que estos cambios no se puedan producir, pero yo creo que esto es imparable y que el ejemplo de Chile acabará teniendo influencia en Bolivia, donde a pesar de la dictadura de Jeanine Añez hay muchas posibilidades de restaurar la democracia, donde mi amiga Manuela D’Ávila puede ser la próxima alcaldesa de Porto Alegre [Brasil] por una coalición ciudadana muy amplia de izquierdas, que tendría una valor simbólico enorme, porque Porto Alegre fue la ciudad donde empezaron los foros sociales, el ciclo de las críticas de las políticas neoliberales… Es decir que yo, en relación a América Latina y al mundo en general, respeto mucho esta idea del ex-vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, cuando dice que las revoluciones, las grandes reformas sociales, nunca se producen en un solo día. Son un producto de oleadas, en las cuales hay adelantos y retrocesos y de lo que se trata siempre es de luchar, vencer, caer, volver a levantarse, volver a luchar y esto no tiene fin. Y me parece que es importante, porque significa tomar conciencia de que no hay victorias definitivas, nunca, pero tampoco hay derrotas definitivas, y que por lo tanto la lucha para conseguir más ámbitos de igualdad y libertad es continua.

Entrevista: “El mito de la Transición forjado por las élites se ha desplomado”

El diputado Gerardo Pisarello, de En Comú Podem, alerta de nuevos peligros que amenazan a la democracia tras la radicalización mundial de la derecha.

Por: Alberto Surio

Galde 30, udazkena/2020/otoño.

Gerardo Pisarello (Tucumán, Argentina 1970), es diputado de los Comunes y una de las voces más claras de la izquierda catalana. Fue primer teniente de alcalde de Barcelona y estrecho colaborador de Ada Colau y es hijo de un abogado ‘desaparecido’ y asesinado por la dictadura de Videla. Secretario primero del Congreso en la actualidad, analiza el momento político sin perder la curiosidad por la velocidad de los cambios e inquieto por los nuevos riesgos que amenazan a la democracia.

¿Cree que la causa de la jueza Servini contra Martín Villa tiene recorrido?
GERARDO PISARELLO. Soy de los que creen que la jurisdicción universal y el reconocimiento de que hay delitos como las torturas y las desapariciones forzadas que ofenden a toda la humanidad son una conquista civilizatoria. En América Latina hubo dictaduras terribles en el marco de lo que se conoce como ‘Operación Cóndor’ y, en muchos casos, se aprobaron leyes de impunidad, de punto final, para que esos delitos no pudieran ser juzgados. La única manera de superar las barreras que impedían que se juzgaran aquellos delitos equiparables a los del nazismo o del fascismo fueron la movilización ciudadana o la intervención de jurisdicciones externas. Recuerdo por ejemplo el papel determinante del fiscal Carlos Castresana para que en Argentina se abriera una pequeña grieta que permitiera hacer justicia en casos que estaban bloqueados. Yo mismo soy hijo de un abogado asesinado durante la dictadura y el primer juez que oyó a mi madre fue Baltasar Garzón en Madrid.

¿Confías en la Justicia universal?
G. P. Yo confío en la justicia universal sobre todo cuando en la local hay un bloqueo insuperable como consecuencia de la existencia de un patrón continuado de impunidad. El caso Martín Villa solo se explica por la ley de silencio de los crímenes del franquismo que se impuso durante la Transición. Si en España se hubieran juzgado como es debido los crímenes del franquismo seguramente Martín Villa no tendría la centralidad que tiene.

Hay quienes sostienen que pensar que en la Transición hubo delitos de genocidio es distorsionar la historia… y es no entender que el propio Martín Villa se implicó en el proceso hacia la democratización…
G. P. Es evidente que el genocidio que produjo el franquismo se desplegó a lo largo de 40 años y no de manera más intensa durante la Transición que en otros momentos históricos. Lo que sí hubo en la Transición es un plan deliberado para intentar encubrir ese genocidio, para minimizarlo y para que no se juzgara a sus principales responsables, y en esta segunda cuestión Martín Villa sí que tuvo un papel importante. No solo tuvo responsabilidades directas en la matanza de obreros en Vitoria, en los Sanfermines posteriores, en la condecoración del torturador Billy el Niño, sino que formó parte de esa clase política que decidió que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo no tenían que ser investigados. Desde ese punto de vista su responsabilidad es innegable.

Privilegios económicos

¿Qué te dice que los expresidentes González, Aznar, Zapatero o Rajoy le defiendan?
G. P. Martín Villa, después de la Transición, desempeñó un papel no solo de hacedor de consensos políticos sino de ciertos consensos económicos. Fue un personaje económicamente importante. Fue un importante responsable de Endesa en Chile, en un momento en que esta empresa fue acusada de graves delitos contra las comunidades mapuches con él al frente; formó parte de un modelo económico que se fraguó después de la Transición y que impedía revisar muchos de los privilegios económicos generados durante el franquismo. La política exterior de España en relación con grandes empresas que son privatizadas y que pasan a operar en América Latina funciona en esas coordenadas. Y cuando aparecen expresidentes y exsindicalistas que salen a defender su papel lo que desgraciadamente están defendiendo es un modelo económico en el que de manera directa o indirecta participaron. Diría que defienden más a ese Martín Villa ligado al establishment económico que al que fue gobernador civil o al que tuvo responsabilidades en casos sonados de represión.

Hay una revisión de la Transición en todo caso…
G. P. Ya lo dijo Vázquez Montalbán, la Transición fue sobre todo el fruto de una correlación de debilidades. Muchas de las libertades que tenemos hoy serían impensables sin las luchas del movimiento antifranquista, del movimiento obrero y vecinal durante la Transición. Para ese movimiento antifranquista la amnistía de presas y presos políticos era central; pero obviamente no querían que eso se pagara con el silencio y el olvido respecto de los crímenes de la dictadura.

¿Fue un fraude la Ley de Amnistía?
G. P. La Ley de Amnistía tenía dos caras. Fue un paso importante para evitar que se continuara criminalizando a las víctimas del franquismo pero su otra cara fue evitar que crímenes de lesa humanidad imprescriptibles pudieran ser investigados por la propia Justicia española, que es lo que tendría que haber ocurrido. La historia siempre debe revisarse porque suelen ser los vencedores quienes la escriben, por eso conviene pasar, como decía Walter Benjamin, el cepillo a contrapelo de la historia, para rescatar alternativas que existían en momentos determinados y a las que se les cerró una puerta. Si hoy Martín Villa ha acabado sentado ante una jueza para declarar sobre sus responsabilidades en el tardofranquismo también es gracias a las entidades de memoria, a los colectivos de familiares de víctimas, que sin acompañamiento institucional nunca dejaron de pelear para que haya justicia, verdad y reparación. El mito de la Transición forjado por ciertas élites políticas y económicas se ha desplomado.

Memoria democrática

En este contexto el Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
G. P. Sí, y su aprobación no se entendería toda la gente que en estas décadas no dejó de luchar contra la impunidad, de los familiares de víctimas que no dejaron de buscar a los suyos en las cunetas. Hay que recuperar las historias de esa gente que no se resignó a que se estableciera una ley de punto final con el argumento de que eso permitía asegurar la democracia, porque lo que ocurrió de hecho fue lo contrario: se consiguió una democracia débil, limitada, de baja intensidad.

¿Una ley que llega tarde?
G. P. Para muchas familias sí, pero llega, y ayudará a romper con el silencio impuesto por el franquismo. Las generaciones más jóvenes tienen que saber que el franquismo carga a sus espaldas con el número de desapariciones forzadas más alto del mundo después de Camboya, que en ningún país de Europa existe una fundación Benito Mussolini o Adolfo Hitler, y que aquí sin embargo llevamos tiempo con una Fundación Francisco Franco a la que habrá que cerrar de una vez. Y es importante que esos jóvenes entiendan que el franquismo no fue solo un régimen dirigido a eliminar a los adversarios y disidentes políticos sino también un régimen de expolio económico que permitió concentrar mucho poder económico en pequeñas minorías que después de la Transición, a veces con los mismos apellidos, han seguido manteniendo puestos clave de poder. Yo creo que esta ley, con las enmiendas que hagan falta, puede ayudar a poner luz sobre estas cuestiones. No será el último paso en la lucha contra la impunidad, pero es un paso muy importante.

Después de la Segunda Guerra Mundial, grandes grupos empresarios alemanes que fueron cómplices del nazismo como los Krupp y los Tyssen tuvieron que sentarse en Nüremberg a responder por sus vínculos con el régimen, y más tarde el Estado determinó que muchas empresas que se beneficiaron de la dictadura nazi debían compensar a la ciudadanía. El hecho de que la nueva ley de memoria prevea un censo y una auditoría sobre las condiciones en las que se produjo el expolio franquista, y permita identificar a actores económicos que se beneficiaron de él, ayudará a que se abra ese debate. El problema aquí sigue siendo que Franco murió con la gente movilizada en la calle, pero en la cama. Por eso, a diferencia de Italia o Alemania, donde el fascismo y el nazismo fueron derrotados militarmente, ha costado tanto avanzar. Ahora, de hecho, la extrema derecha negacionista y neofranquista está utilizando mucho dinero para que no se reabra el debate sobre la memoria democrática. Algo que por cierto ocurre también en Argentina, en Chile, y en otros países, donde están utilizando los medios y las redes sociales para intentar difundir un discurso negacionista en el que todos los gatos son pardos y en el que se pretende igualar opciones republicanas, democráticas, con dictaduras sanguinarias que supusieron la aniquilación de sectores amplios de población.

¿En ese contexto cómo ves el papel de Felipe VI?
G. P. Cada vez hay más conciencia de que la Monarquía borbónica no es asimilable a la Monarquía parlamentaria sueca o a la británica, que decapitó a un Rey mucho menos cruel y felón que Fernando VII. Los Borbones, en realidad, han tenido un papel bastante nefasto en la historia española, y su función nunca fue puramente simbólica. Ya desde el siglo XIX, fueron una pieza clave de un régimen político y económico oligárquico, de una forma de hacer negocios básicamente rentista y especuladora, que operaba a través de la concentración de tierras o del negocio financiero inmobiliario. Algo de eso está saliendo a la luz ahora, y vemos que el rey emérito Juan Carlos I, cuyo vínculo con el franquismo se intentó limpiar con el 23F, imitó a muchos de sus antecesores que ya actuaban como comisionistas dentro de un modelo económico rentista. Esto, en medio de una crisis tan grave como la actual, puede resultar especialmente ofensivo. Yo veo a las generaciones más jóvenes cada vez menos dispuestas a aceptar una Monarquía como la borbónica, con privilegios y condiciones de opacidad que no se le reconocerían a ninguna otra institución. No creo que tengamos una República mañana, por arte de magia, pero sí veo cada vez más gente que hasta hace dos días se consideraba juancarlista o monárquica a secas preguntarse por la utilidad social de una institución tan viciada. Y también, tengo que decirlo, veo crecer un republicanismo basado en la necesidad de proteger como ‘res pública’ la educación, la sanidad, la cultura, pero también de erradicar la existencia de instituciones tan obscenamente vinculadas al privilegio como es el caso de la Monarquía borbónica. No se trata de algo totalmente nuevo. Las tradiciones republicanas peninsulares, de hecho, son ricas y plurales. Su reto, como siempre, es coordinarse mejor, mostrar que el republicanismo no es una opción nostálgica, que puede haber un republicanismo del siglo XXI capaz de traer modernidad, mejoras materiales, culturales, para las las mayorías sociales, y que la Monarquía y su Corte son un obstáculo para conseguirlo.

La experiencia de la coalición

Vamos al papel de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición. ¿Realmente ‘sí se puede’?
G. P. Depende del día. Hay días que te levantas y piensas que querrías llegar mucho más lejos en muchas cosas porque la situación de emergencia es tremenda, pero que nos equivocamos, o que no tenemos la fuerza suficiente, o que no acabamos de solidificar la mayoría de la investidura, que es la que con más naturalidad afrontaría los grandes temas sociales, democráticos y territoriales que tenemos sobre la mesa. Hay días que piensas que se podría mucho más si hubiera más movilización democrática en la calle, y eso es muy difícil en el contexto de pandemia, y hay días que sientes simplemente que podríamos hacer más y mejor. Dicho esto, tengo clarísimo que si el PP, Vox, Ciudadanos, el trío de Colón, tuviera más resortes institucionales como en Andalucía o Madrid, el desastre estaría asegurado. La política son correlaciones de fuerzas y de debilidades. Cuando miro al mundo y miro a otros gobiernos progresistas, por ejemplo, en Argentina, México, Portugal, veo que las dificultades son enormes porque lo que llamamos neoliberalismo está perdiendo legitimidad a pasos agigantados pero está en una fase de una violencia enorme. Hoy la gente ya no cree en la cantinela de que las privatizaciones lo resolverían todo, tiene claro que hay que proteger la sanidad pública, la educación pública, pero precisamente porque no puede proteger sus privilegios de siempre con facilidad, el sistema está recurriendo a métodos cada vez más autoritarios.

¿Cuáles?
G. P. Uno de ellos es la radicalización de las derechas, que no dudan en utilizar la guerra judicial, la mentira mediática, la intimidación en las calles o estrategias golpistas, para preservar sus privilegios. Hay medidas que en un contexto de pandemia deberían gozar de un consenso amplio, incluso entre gente conservadora, pero veo a la derecha que tenemos en España más cerca de Bolsonaro o Trump. En mi opinión eso revela una cierta impotencia y debilidad de un sistema económico agotado, senil, pero que se resiste al cambio. Por eso necesitamos alianzas amplias para hacerlo posible. Alianzas que, en nuestro caso, tienen que tener una clara base republicana y y plurinacional.

El debate presupuestario apunta en esa dirección…
G. P. Hay algunos sectores del establishment que desearían que Ciudadanos entre ya en la sala de máquinas del gobierno y que desplace a las demás fuerzas de la investidura, en especial a Unidas Podemos. Pero no me parece una alternativa muy realista, sobre todo porque agravaría la mayor parte de los problemas que tenemos hoy sobre la mesa, desde los sociales hasta los territoriales. La mayoría de la investidura, en cambio, permitiría llegar a acuerdos básicos para modernizar la economía, para reforzar el escudo social, para proteger a la gente trabajadora, para apuntalar lo público, y al mismo tiempo para conseguir una salida razonable a la cuestión catalana, a la cuestión de la España vaciada o al desafío de la plurinacionalidad.

Se trata de surfear contradicciones todos los días…
G. P. En un contexto de emergencia social y económica tan dura toda la clase política está expuesta al desgaste, porque las necesidades son acuciantes y los tiempos de la política son lentos. Ahora bien, también es verdad que hay un intento de ciertos poderes privados de deslegitimar la política para ocultar su papel en la crisis, su tendencia a a vivir de las prebendas del Estado al que critican, de las exenciones fiscales, de unos impuestos bajos y de la precarización del trabajo. Lo importante es que la gente nos vea que no hemos venido a esto para acomodarnos en el confort institucional, que las mayorías sociales sientan que estamos defendiendo sus intereses. El juicio ciudadano en el día a día puede ser duro, pero el desafío es conseguir que la gente sepa que no vamos a dejar de batallar. Y para eso es importante mostrar, en nuestra conducta cotidiana, que no olvidamos quién nos ha puesto aquí. Cuando llegamos al gobierno del ayuntamiento de Barcelona, íbamos colgando carteles en los despachos que nos recordaran que no debíamos olvidarnos quiénes éramos ni de dónde veníamos. Eso sigue vigente. En un contexto como el actual, con una extrema derecha amenazante, estamos en las instituciones con sentido de la responsabilidad, pero con una pequeña nota de dimisión en el bolsillo. Cuando las condiciones hacen imposible impulsar un proyecto de cambio ético-político desde las instituciones representativas, hay que saber marcharse de ellas y continuar defendiéndolo como un ciudadano común desde otros espacios de la sociedad.

¿Cataluña va seguir siendo siendo la piedra angular de la legislatura?
G. P. Sin una cierta salida política para el País Vasco y para Cataluña, España es ingobernable, al menos desde una perspectiva mínimamente progresista. El franquismo intentó hacerlo por la fuerza, de manera despiadada, y no consiguió salirse con la suya. Si la herida catalana no se cierra, la gobernabilidad de España va a ser enormemente complicada. Es una herida política y socioeconómica, y no se puede resolver una sin resolver la otra. Quienes creen que la cuestión catalana se puede resolver con prisiones o jueces se equivoca. Si no se ponen sobre mesa con relativa urgencia algunos conceptos como amnistía, indultos o la reforma del Código Penal para revisar las disparatadas penas por sedición, no va haber una salida estable. Pero junto a eso tiene que cerrarse la herida social y económica que también ha crecido en Cataluña. Y eso exige que Cataluña pueda salir de la gesticulación permanente y contar con un gobierno que gobierne para las necesidades de la gente trabajadora, del entramado productivo innovador, de la pequeña y mediana empresa, de la gente de la ciencia y la cultural. El Gobierno de Junts y ERC se ha mostrado ineficaz para hacerlo, ha primado más la competencia interna que el gobierno cotidiano de la emergencia y la defensa de un proyecto atractivo de país. Para que esa herida socioeconómica se cierre, el papel del Gobierno central es importante, pero también hace falta un Ejecutivo catalán que no viva solo de los gestos, que tenga voluntad de gobierno, que sea ambicioso y realista al mismo tiempo. En mi opinión esto pasa por un cambio de ciclo político en sintonía con el cambio estatal, que sea claramente republicano, progresista, y que tenga en cuenta lo que Lluís Companys y muchos catalanistas entendían bien: Cataluña no puede avanzar en términos sociales, económicos, democráticos, si España no avanza, y España no puede avanzar si Cataluña no lo hace. Hoy necesitamos sinergias republicanas y progresistas entre Cataluña y España, y también entre Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía… ¡o Teruel!

¿La solución política pasa por el autonomismo?
G. P. El autonomismo está agotado, lo liquidó el propio Aznar, impulsando una recentralización enorme, preautonómica, en la que todavía estamos instalados. No se puede superar ese escenario con simples retoques. Hace falta un proyecto alternativo, que para ser viable solo puede ser plurinacional, municipalista, con elementos federales y confederales, solidario y republicano. Sin esa respuesta, no impuesta, sino libremente decidida por los diferentes pueblos y gentes que integran el Estado, no veo una salida limpia.

Pero ese cambio requeriría una reforma constitucional que no es posible sin el concurso de la derecha…
G. P. No veo la reforma constitucional como una alternativa realista. La Constitución española estuvo pensada para que fuera difícil de reformarse en aspectos clave. Pero esto no quiere que haya que la alternativa sea el inmovilismo. Se pueden realizar muchos avances para reconocer la diversidad cultural, lingüística, nacional, a través de leyes ordinarias u orgánicas, sin necesidad de tocar la Constitución. Yo creo que más temprano que tarde se tendrán que abrir nuevos procesos constituyentes, pero no acepto el argumento inmovilista, usado por el PP y a veces por el propio PSOE, de que sin una reforma constitucional no se puede conseguir nada. Incluso los que abogamos por cambios constitucionales de fondo, creemos que la Constitución se puede interpretar. Y la Constitución de Aznar o de Marchena no es la única posible.

¿Hará falta tiempo aún para cerrar la herida catalana?
G. P. Si, porque lo que se vivió en estos 2017 marcará un antes y un después y porque esta herida tiene mucha historia detrás. El Estado español, la Monarquía española, han sido reacios a reconocer la diversidad social, cultural y nacional. Las tradiciones republicanas, con Pi i Margall, con la Primera y la Segunda República, plantearon alternativas complejas pero en el fondo muchos más realistas que el centralismo autoritario. Por ese creo hoy la salida a la cuestión territorial debe fraguarse en el seno de la mayoría de la investidura, que tiene un carácter claramente anticentralista, plurinacional, y con un marcado peso del republicanismo.

También Torra jugó a ser inhabilitado por el Supremo.
G. P. La inhabilitación de tres presidentes de la Generalitat por causas arbitrarias es un dislate y una anomalía democrática. Dicho esto, es innegable que Quim Torra ha llevado la gesticulación a niveles absurdos, que han acabado dañando al autogobierno y a muchas reivindicaciones legítimas de Cataluña. En política, la gesticulación que no va acompañada de una estrategia mínimamente realista genera frustración y desconcierto. Hace tiempo que Torra debía haber convocado elecciones para dar paso a un nuevo gobierno que ayude a cerrar la herida política sin desatender la emergencia social cotidiana. Y si eso no llega pronto también existe el peligro de una regresión autoritaria, de una regresión primoriverista, de un trumpismo ibérico que supondría un retroceso de décadas. Por eso creo que las fuerzas republicanas, democráticas y progresistas tenemos el deber de priorizar ciertos acuerdos básicos por encima de nuestras diferencias.

¿Cuál es la salud de las izquierdas en España?
G. P. Las izquierdas tienen mucho que aprender en el mundo actual. El feminismo, la emergencia ecológica, la revolución digital, las migraciones, le están planteando retos enormes. En los comunes confluimos diversas sensibilidades, desde tradiciones libertarias, municipalistas, a tradiciones enraizadas en el movimiento obrero o en los movimientos sociales. El reto hoy es cómo, sin renunciar a esas tradiciones, conectar con sectores más amplios de la sociedad para hacer frente al problema más grave del momento actual, que es la radicalización clasista, machista, homófoba, racista, de la derecha a nivel global. Esa derecha violenta, como decía antes, está haciendo todo lo posible para que la crisis tremenda que tenemos ante nuestros ojos, no se resuelva con un mínimo de justicia social. Y eso nos coloca ante una encrucijada civilizatoria. O vamos a más democracia política, económica, hacia más justicia ecológica, de género, o nos podemos hundir en una barbarie que en parte ya está aquí, y que está poniendo en riesgo la vida del planeta y de nuestros hijos.

Te quedarías con ganas de un debate de todo esto con Cayetana Álvarez de Toledo …
G. P. No sé si un debate, pero reconozco que el personaje me interesa. Obviamente estamos en las antípodas en términos políticos, pero es un ejemplo llamativo de una forma de ser de derechas que no tiene fácil acomodo en la política española. Cuando escucho a Cayetana veo más a esas figuras altaneras de la derecha reaccionaria francesa del siglo XIX que a alguien que pueda entenderse con el PP de Teodoro García Egea, con Vox o con el arribismo de Ciudadanos. Me la imagino condenada a una incomodidad permanente en ese espacio

Tercer aniversari de l’1 d’octubre.

Entrevista Al Planta Baixa. TV3

“La intervenció policial de l’#1O va ser desproporcionada i brutal. Ara hem d’aconseguir que la política torni al carrer i les institucions i desjudicialitzar la política. És el millor homenatge que podem fer a tota la gent que va anar a votar.”

¿Un nuevo Pacto de San Sebastián por la Tercera República? por Diego Díaz

Participo en el reportaje del historiador Diego Díaz (@DiegoDazAlonso1)para El Salto sobre el Pacto de San Sebastián.

Han transcurrido 90 años de aquel 17 de agosto de 1930, de ese encuentro informal que supuso una “alianza transversal” del republicanismo español, en todos sus acentos ideologicos, coincidiendo con el republicanismo gallego y catalán, configurando, lo que podriamos denominar el primer intento de un modelo de estado republicano democrático y plurinacional y el final del reinado de Alfonso XIII.

Junto con Xavi Domenech y el politólogo asturiano Xabel Vegas, reflexionamos acerca de este hecho histórico y sobre el actual contexto político.

Leer en El Salto Aquí

¿Un nuevo Pacto de San Sebastián por la Tercera República?

Se cumplen 90 años de la alianza entre partidos republicanos españoles, catalanes y gallegos que posibilitó el final del reinado de Alfonso XIII.

El verano transcurría plácido en San Sebastián, la ciudad más elegante y chic de la costa cantábrica, para quienes vivían al margen de la crisis terminal de la Restauración borbónica impuesta en 1874 tras el golpe militar del general Martínez Campos, y que la dictadura de Primo de Rivera había tratado de alargar con poca fortuna en una huida hacia delante que llegaría a su fin con el cambio de la década de los 20 a los 30. En enero de 1930, en mitad de una grave crisis económica, una nueva devaluación de la peseta, y con el ruido de fondo del crecimiento de la oposición a la Monarquía y la dictadura, Primo de Rivera, el “cirujano de hierro” que había regido durante siete años los destinos del país, presentaba su dimisión al rey Alfonso XIII.

El monarca encargaría a otro general, Damaso Berenguer, formar gobierno y pilotar una transición tranquila que condujera al restablecimiento del régimen constitucional suprimido en 1923 por el dictador con el apoyo del bisabuelo de Felipe VI. Ya era demasiado tarde. Lejos de satisfacer a los críticos con el régimen, el cambio de estrategia de Alfonso XIII para buscar la supervivencia de la Monarquía envalentonaría a la oposición, convencida de que la apuesta constitucional era una muestra de su debilidad.

Así, mientras los veraneantes disfrutaban de los baños y los paseos por la playa de la Concha, en el local de la Unión Republicana de San Sebastián, en una reunión presidida por el presidente del Círculo Republicano local, Fernando Sasiaín, posterior alcalde de la ciudad, el 17 de agosto de 1930 se escribía de manera colectiva, entre las principales corrientes del republicanismo, un capitulo fundamental en la historia contemporánea de España.

Al cónclave donostiarra asistirían tanto históricos líderes del republicanismo español y españolista, como Alejandro Lerroux, como nuevos valores emergentes entre los que se encontraba Manuel Azaña, fundador del Grupo de Acción Republicana, y recién llegados, Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora, cuya trayectoria política hasta la fundación de Derecha Liberal Republicana había estado ligada a la Monarquía y los partidos dinásticos.

No faltarían tampoco a la conspiración otros nuevos acentos políticos. Los del republicanismo gallego, representado por Santiago Casares Quiroga, que defendía además de la República el establecimiento de un estatuto de autonomía para Galicia y, sobre todo, los del separatismo catalán, representados por Estat Catalá. La confluencia del republicanismo catalán, el separatismo y el movimiento obrero había hecho de Catalunya el principal foco de oposición a la dictadura y al monarca.

El 17 de agosto de 1930 se escribía de manera colectiva, entre las principales corrientes del republicanismo, un capitulo fundamental en la historia contemporánea de España

Dentro de este magma diverso, las acciones armadas de Estat Catalá habían dado una enorme popularidad a este grupo nacionalista capitaneado por el exmilitar Francesc Maciá. Su presencia en San Sebastián representaba la voluntad de los separatistas catalanes de coordinarse con el republicanismo español si este garantizaba una futura República federal en la que Catalunya viera reconocida su soberanía.

El historiador Xavier Domènech señala en su último libro, Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017) que “la cuestión catalana fue central para llegar al pacto republicano”. Si bien no se levantaron actas de aquella histórica reunión, dando lugar después a todo clase de interpretaciones sobre lo que verdaderamente se acordó en Donostia, los delegados catalanes, en una nota publicada posteriormente en el diario La Publicitat, y consensuada con el resto de los asistentes, informaban que los republicanos españoles habían asumido en la reunión el “principio de autodeterminación, concretado en el proyecto de estatuto o constitución autónoma propuesto libremente por el pueblo de Cataluña”.

El partido socialista, dividido ante la situación política que vivía el país, sería el gran ausente del pacto. Acudiría sin embargo a titulo individual uno de sus dirigentes más perspicaces, Indalecio Prieto. Convencido de que el PSOE y la UGT no podían quedar al margen del movimiento republicano en marcha, Prieto lograría vencer las resistencias del ala derecha del partido, encabezada por Julián Besteiro, y sentar en octubre a los socialistas en la misma mesa que los partidos republicanos. Si bien los planes de los conspiradores de derrocar a Alfonso XIII con una combinación de huelga general y levantamiento armado fracasarían en la chapucera y descoordinada Sublevación de Jaca del 12 de diciembre de 1930, tanto el Pacto de San Sebastián como la ejecución de los militares republicanos sublevados, Fermín Galán y Ángel García, prepararían el terreno para la formación de las victoriosas candidaturas comunes de republicanos y socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.

Pese a lo informal de una reunión, el imaginario del Pacto de San Sebastián rebrota en España con cada crisis de régimen. Su sombra planeó por momentos en la Transición, y nuevamente volvió a hablarse de él con motivo de la moción de censura que condujo a la presidencia de Pedro Sánchez. El jurista y diputado de Catalunya en Comú-Podem Gerardo Pisarello señala que el momento político hoy es muy diferente, marcado por la combinación de una crisis de la monarquía sin precedentes y la situación inédita de un gobierno de coalición compuesto por un partido socialista que apoya la Monarquía y un socio minoritario que es abiertamente republicano. “No hay ahora mismo un Indalecio Prieto en las filas del PSOE”, señala Pisarello.

No obstante, en los últimos días se han escuchado algunas voces republicanas en el socialismo periférico. Dos mujeres, la presidenta navarra, María Chivite, y la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, han abierto el debate, también un intento de sintonizar con unos votantes socialistas cada vez menos monárquicos. En una carta abierta a eldiario.es, la socialista valenciana ha pedido al PSOE modificar su postura: “Realineemos las ideas con las circunstancias, porque las circunstancias han cambiado. Porque [la monarquía] ni es necesaria, ni es esencial y cuarenta años después probablemente ya no sea útil”.

Si la posición oficial del PSOE es a día de hoy una de las grandes debilidades del republicanismo, la otra es la inexistencia de una derecha republicana como la que pudieron representar algunos sectores presentes en el Pacto de San Sebastián

¿Podría crecer esta corriente republicana dentro del PSOE en un contexto de auge del republicanismo? Para Xavier Domènech el PSOE “está condenado a elegir entre pactar con el PP o con los partidos republicanos y por tanto a aceptar que como más defensor de la monarquía sea, menos alternativa de gobierno real será. No parece que vayan a volver ni las grandes mayorías absolutas, ni que Ciudadanos vaya a ser una posibilidad solida con la que poder gobernar”.

Si la posición oficial del PSOE es a día de hoy una de las grandes debilidades del republicanismo, la otra es la inexistencia de una derecha republicana como la que pudieron representar algunos sectores presentes en el Pacto de San Sebastián. Al contrario que en sus años de esplendor, hoy el apoyo a la Monarquía ha dejado de ser transversal para escorarse claramente hacia la derecha, con los votantes del PP liderando el ranking de la identificación con la Casa Real.

El Pacto de San Sebastián

Para el polítólogo asturiano Xabel Vegas, “cualquier movimiento republicano serio y con una hoja de ruta a medio o largo plazo tiene la complicada tarea de seducir a personas significativas del centro-derecha español”. En su opinión, “hacen falta liderazgos plurales, que sean capaces de construir referentes políticos republicanos que vayan más allá de la tradición izquierdista”. Pisarello señala que aún no se ha producido una deserción masiva de “juancarlistas arrepentidos”, si bien considera que las críticas de Iñaki Gabilondo a la monarquía le han parecido de una honestidad brutal y una suerte de “arrepentimiento generacional” del que no existían precedentes.

El ex teniente de alcalde de Barcelona considera que el ensanchamiento del republicanismo, más allá de la izquierdas, puede empezar antes por partidos como el PNV o Junts per Catalunya, que vean en la República una oportunidad para lograr mejores encajes de sus respectivos territorios. No obstante, para Pisarello, “el reto es articular una coalición anticentralista” por la reforma del Estado, que no solo incluya a los distintos soberanistas, federalistas y confederalistas, sino también a los defensores de la España vaciada. Para él, la monarquía no es una cuestión ornamental, sino la clave de bóveda de un sistema estructuralmente corrupto de concentración del poder económico y territorial: “Cuando Juan Carlos I se dedicaba a cobrar comisiones Felipe no era un niño que correteaba por los pasillos de Zarzuela sino un señor hecho y derecho de 40 años”.

¿Se pueden lograr armonizar intereses y realidades tan distintos en un mismo movimiento republicano? ¿Aunar en una coalición común movimientos de la España interior empobrecida y despoblada con movimientos de las comunidades más prósperas y que aspiran a gestionar más impuestos recaudados en sus territorios? ¿Es compatible un republicanismo español moderado con unas izquierdas para las que República implica cambio social y con la exigencia del derecho a la autodeterminación de los soberanistas catalanes, vascos y gallegos, que precisamente emergen en aquellos territorios en los que el apoyo a la Monarquía es más débil?

Para el politólogo asturiano Xabel Vegas, “cualquier movimiento republicano serio y con una hoja de ruta a medio o largo plazo tiene la complicada tarea de seducir a personas significativas del centro-derecha español”

La excepcionalidad histórica del Pacto de San Sebastián fue lograr de algún modo juntar en torno a unos mínimos comunes a antiguos monárquicos de derechas, socialistas, republicanos de muy variado pelaje, autonomistas gallegos y separatistas catalanes. En fechas mucho más recientes, el Procés ha logrado aunar voluntades muy diversas y heterogéneas, cada vez más a medida que este iba creciendo y confrontando con el Estado. Desde independentistas de toda la vida a nuevos independentistas castellanoparlantes con raíces en Castilla, Murcia o Andalucía, y desde declarados neoliberales europeistas a sectores anticapitalistas partidarios de una República catalana fuera de la UE y de la OTAN.

¿Podría ser la exigencia de un referéndum y de un juicio a Juan Carlos I ese mínimo común denominador para levantar un nuevo movimiento republicano en España? En opinión de Pisarello, aún es pronto para hablar de “sincronizar los relojes” entre actores políticos diversos, pero ya se está dando una situación en la que “todo el mundo está mirando de reojo lo que marca el reloj del otro”.

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Entrevista en Clarín

“La monarquía borbónica ha contado con una super protección penal”

Gerardo Pisarello

Por Marina Artusa. Clarín.com (Aquí)

“Lo que puede poner en riesgo la estabilidad del gobierno de España y la propia calidad de la democracia es que los políticos elegidos por la ciudadanía aparezcan como cómplices de la situación de privilegio de la monarquía que es cuestionada por la mayoría de los ciudadanos.”

Lo dice Gerardo Pisarello, el tucumano que hoy es diputado y secretario de la Mesa del Congreso español y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores.

El argentino, jurista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, reflexiona sobre las diferencias entre los socios del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ante las investigaciones sobre supuestos manejos fraudulentos de dinero del rey emérito Juan Carlos de Borbón y su inquietante cambio de domicilio fuera de España.

El lunes 3 de agosto la Casa Real hizo pública una carta de Juan Carlos al rey Felipe VI, en el trono desde hace seis años cuando su padre abdicó, en la que le informaba que pensaba abandonar España. Sin revelar cuál sería la sede de su destierro, se especuló toda la semana sobre posibles moradas para el rey emérito. Ni la Casa Real ni el gobierno revelaron dónde estaba hasta que circuló una foto de Juan Carlos con barbijo y bajando de un avión privado en un aeropuerto de Abu Dhabi.

Hijo de Angel Pisarello, un abogado defensor de presos políticos que fue secuestrado y asesinado en el ’76, y nieto de republicanos andaluces que emigraron a Argentina, Pisarello lleva más de dos décadas en España, donde se doctoró en Derecho y, apañado por el ala catalana del partido de Pablo Iglesias, fue vicealcalde de Barcelona entre 2015 y 2019.

“Como hijo de desaparecido, no puedo olvidar que Juan Carlos I fue el primer jefe de Estado en visitar la dictadura de Videla en Argentina y la de Pinochet en Chile -dice Pisarello a Clarín-. Desde 1978 demostró que los objetivos comerciales y económicos tenían prioridad sobre cualquier otra consideración en materia de respeto por los derechos humanos.”

El jurista Gerardo Pisarello, nacido en la Argentina y ahora diputado en el Congreso de España. /EFE

Respecto de la Corona española, el argentino es tajante: “La Constitución española dice que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria y la monarquía restaurada después de 1978, en la práctica, no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”, dice Pisarello.

-¿Por qué?

-Porque no ha estado sometida al principio democrático, a principios elementales de transparencia y se le han ido reconociendo privilegios que han ido corrompiendo la propia institución. La monarquía borbónica ha contado con una súper protección penal que ha impedido que sea objeto de suficiente escrutinio público.

La de España “no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”.

-¿Cómo se llegó a eso?

-Se han censurado libros, periodistas, hay gente que ha terminado en la prisión por escribir canciones o artículos referidos a la monarquía y eso ha impedido que exista un control público y social suficiente sobre el rey. Por eso hizo falta un procedimiento en el extranjero, en Suiza, y que sea la prensa internacional la que denunciara algo que en España, a pesar de que era conocido, era imposible denunciar.

-Según el presidente Pedro Sánchez, la monarquía no está siendo cuestionada porque “se juzgan personas y no instituciones”. Para usted, si se comprobaran las presunciones, ¿estaríamos ante la corrupción de una persona o de la Corona?

-“y eso no sólo afecta a Juan Carlos. La gran pregunta es si el propio Felipe VI tenía conocimiento o estaba implicado en todo ese tipo de actuaciones. Hoy no lo sabemos. Se están conociendo actuaciones presuntamente delictivas de Juan Carlos y muchas tienen su origen en 2008. Felipe VI tenía 40 años. No era un niño que correteaba por el Palacio de la Zarzuela sin saber lo que ocurría. El principio de inviolabilidad del rey se utiliza en realidad como una carta blanca para delinquir incluso a través de actos privados en los que el rey no está cumpliendo ningún tipo de función pública.

“No es sólo la corrupción de Juan Carlos sino de toda una institución rodeada de privilegios y opacidad”.

-Si cometió delitos, ¿el rey emérito debería poder ser juzgado?

-Creo que el rey no sólo debe poder ser juzgado en los tribunales sino que debe poder ser investigado por las Cortes Generales. Me parece fundamental. Si es una monarquía parlamentaria, quiere decir que la monarquía es un elemento puramente simbólico y que el peso de la vida política debe estar en la sede principal de la soberana popular que es el Congreso. Si eso es así, que es lo que dice la Constitución, el rey emérito debería poder ser investigado por el Congreso. Y el rey actual, su hijo, Felipe VI, debería poder explicar en el Congreso todo lo que sabe sobre su padre.

-Desde lo penal, ¿se podría procesar a Juan Carlos a partir de 2014 es que cuándo deja de ser rey y pierde la inviolabilidad?

-La figura de la inviolabilidad penal tiene como objetivo garantizar la independencia de la institución. Los parlamentarios somos inviolables por declaraciones que hacemos en la Cámara para proteger nuestra libertad de expresión e ideológica. Si cualquier diputado cometiera un acto de corrupción, podría ser juzgado. Lo que hace presumir que, en el caso de la monarquía, el principio de inviolabilidad que figura en la Constitución funciona de manera similar. Es imposible pensar que la inviolabilidad sirve para cubrir delitos del rey en los que no cumple ninguna función institucional. Después de la abdicación, está clarísimo que eso no es más así. El debate es antes…

-¿Cuál es su postura?

-Cada vez hay más juristas que están diciendo que antes del 2014 el rey sólo es inviolable por actos que ejercía en funciones de rey, cumpliendo funciones instituciones, pero no por aquellos actos privados. Si al rey se le presenta un demanda de paternidad, por ejemplo, se le podría plantear. Si se le presenta una demanda por delitos que no tengan que ver con su actuación pública tiene que poder ser juzgado. Esa es mi posición. Por eso digo que hay una anomalía.

-¿Qué desafío presenta el debate sobre la monarquía para el gobierno de coalición, donde el PSOE se muestra más negociador y Podemos ve la oportunidad para plantear qué hacer con la Corona?

-Creo que después de la Transición en España hubo mucha gente republicana vinculada al Partido Socialista que aceptó la monarquía en la vida política porque consideraba que era el precio a pagar por la paz social y porque pensaba que el rey iba a cumplir un papel ejemplar y simbólico. Y creo que esa generación hoy se siente traicionada. El PSOE en este momento lo que está intentado plantear es que las investigaciones sobre Juan Carlos I han de producirse en el ámbito judicial y no en el propio Congreso. Para nosotros es un error. Y luego está intentando separar la figura de Juan Carlos de la de Felipe VI, pero yo creo que es un objetivo que difícilmente pueda prosperar. Aquí es donde el PSOE no está siendo, a mi juicio, lo suficientemente valiente y se equivoca.

-¿Este tema afecta la credibilidad del gobierno?

-El gobierno de coalición que existe ahora es importante para que en un momento de crisis haya una respuesta que permita proteger a la familia trabajadora, a las pequeñas y medianas empresas. Ese es el objetivo de un gobierno progresista, pero para que esos objetivos sociales sean posibles, no podemos lanzar a la ciudadanía un mensaje de que en cambio, mientras las ciudadanos de a pie tienen que pagar sus impuestos, hay una institución que es la monarquía que está blindada frente a eso y ni siquiera se la puede investigar cuando hay acusaciones tan grandes. Me parece que éste es un reto compartido con el Partido Socialista.

-¿Qué costo político puede tener este debate? ¿Puede poner en riesgo la Legislatura actual?

-Lo que genera más inestabilidad es pretender barrer debajo de la alfombra unas actuaciones por parte del rey emérito que tratándose en otras monarquías parlamentarias o en otros jefes de Estado serían absolutamente intolerables.

-¿Un referéndum sería el próximo paso?

-El problema de la monarquía es que es una institución sin legitimidad de origen. No ha sido votada, es hereditaria y tiene que construir su legitimidad. Normalmente la construyen con la ejemplaridad pública. Cuando no hay ejemplaridad, la crisis de legitimidad vuelve abrirse y, en un sistema democrático, debería resolverse a través de un referéndum.

-¿Qué sucederá con las investigaciones?

-No tengo muchas esperanzas respecto de la actuación del Tribunal Supremo. Tengo dudas de que vaya a hacer valer la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, incluso el ciudadano Juan Carlos de Borbón. Si las Cortes Generales no pueden investigar, estaríamos ante un intento fraudulento de desconocer la Constitución que establece la subordinación del principio monárquico al principio democrático.

-Hubo sin embargo intentos de crear comisiones en el Parlamento y no prosperaron…

-Diferentes fuerza políticas republicanas presentamos peticiones de investigación que hasta el momento fueron denegadas por la propia mesa del Congreso con argumentos jurídicamente poco fundados. Ahora mismo presentamos un recurso contra la denegación para que se abra una comisión de investigación sobre algo tan sencillo como las relaciones comerciales y diplomáticos que existían entre Arabia Saudita y el Reino de España.

Gerardo Pisarello: “Si no se mantiene este Gobierno podemos ir a salidas ‘primoriveristas”

Entrevista de Aitor Riveiro para el Diario.es 22 de junio de 2020

“La crisis que está padeciendo la institución monárquica es irrefrenable”, asegura en esta entrevista telemática con eldiario.es.

“Solo está sobreviviendo gracias a la falta de transparencia y a la falta de información que hay sobre ella”, asegura.

Gerardo Pisarello (Tucumán, Argentina, 1970) es el secretario primero de la Mesa del Congreso y uno de los perfiles más destacados de los comunes a nivel estatal. Desde su puesto en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, es uno de los diseñadores de la estrategia para intentar abrir una comisión de investigación sobre los negocios de Juan Carlos de Borbón con Arabia Saudí. PP, PSOE y Vox, amparados en un informe contrario de los letrados, la han rechazado. Pero este doctor en Derecho y profesor titular de Constitucional en la Universidad de Barcelona sostiene que el veto es “jurídicamente aberrante” y que no hace ningún favor a la institución monárquica.

Pisarello defiende la labor del Gobierno de coalición en estos seis primeros meses y subraya la necesidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y asegurar la continuidad del Ejecutivo ante “una derecha muy radicalizada que se ha negado a aceptar el veredicto de las urnas y que ha tenido una posición protogolpista desde el primer momento”. El diputado defiende que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común es imprescindible ahora mismo: “Si no se mantiene, podemos ir a salidas primoriveristas“, asegura.

El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se acerca a sus primeros seis meses de vida. ¿Qué balance hace de estos primeros meses de mandato?

En una situación de mucha excepcionalidad y teniendo en cuenta que no había un Gobierno de estas características desde la Segunda República, creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande por mantener una una mayoría parlamentaria con apoyo de fuerzas progresistas y plurinacionales que nos ha permitido que frente a una emergencia sanitaria tremenda, que se sobreponía a una emergencia social y económica preexistente, se haya minimizado los daños y se haya priorizado intentar que las familias más vulnerables no se vean tan afectadas por la situación.

Creo que la respuesta del Gobierno ha sido una respuesta similar a la que han dado otros países como Portugal e Italia, y en general otras fuerzas progresistas en el resto del mundo, en un contexto muy difícil. Veníamos de décadas de políticas neoliberales muy duras, de una arquitectura internacional que sigue siendo profundamente neoliberal y con una especificidad, digamos, muy española, que es la presencia de una derecha muy radicalizada que se ha negado a aceptar el veredicto de las urnas y que ha tenido una posición protogolpista desde el primer momento.

El Gobierno aprobó nada más llegar la subida al SMI, comenzó el desmontaje de la reforma laboral, se ha aprobado el ingreso mínimo vital. ¿Pensaban que podían avanzar tan rápido en estas cuestiones?

Se han conseguido muchas cosas importantes. Algunas, también ayudadas por el contexto que marcaba que marcaba la pandemia. Después de años de gobiernos del PP marcados por la corrupción, por la práctica descarada de un capitalismo de amiguetes, de pronto se comienza a hablar en España de la necesidad de recuperar la memoria histórica democrática y se pone sobre la mesa la necesidad de una reforma fiscal progresiva. Y, sobre todo, me parece muy importante que es un Gobierno que entiende que con otros gobiernos del sur de Europa, sobre todo con Italia y Portugal, tiene que plantear un cambio de rumbo profundo en la Unión Europea y ejercer toda la presión para que no se salga de esta crisis con unas políticas como las que se le aplicaron a Grecia después de la crisis del 2008.

Tampoco hubiera sido posible sin los apoyos de otras fuerzas, independentistas de izquierdas, fuerzas nacionalistas que han acompañado muchas de esas medidas y que sorprendentemente han sido posibles en un momento en que la propia movilización ciudadana estaba suspendida como consecuencia de la pandemia, lo que podría haber hecho más difícil que se consigan esos cambios.

Ahora el gran reto va a ser poder afianzarlos, que no sean un simple paréntesis durante estos meses de pandemia, que no exista la tentación de pensar que estaba justificado parar desahucios, que estaba justificado impedir despidos abusivos, que estaba justificado crear un escudo social solamente porque estábamos en la pandemia y en la medida en que eso pueda relajarse, pues aparezcan voces que quieran revertirlos.

Más allá de la gestión del coronavirus, que la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado, este Gobierno ya tenía entre sus retos previos y ahora muy probablemente acrecentado, aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Hablaba ahora del apoyo de las fuerzas como ERC, como el PNV o Compromís que han ido apoyando al Gobierno. ¿Cree que hay una mayoría estable en el Congreso puede garantizar que se aprueben esos presupuestos?

No diría que se trata de una mayoría estable. Diría que se trata de una mayoría, la de la moción de censura, que debe permanentemente reafirmarse a través del diálogo. Donde hay una diversidad de posiciones, discrepantes en algunos temas. Pero creo que hay una conciencia generalizada de que si esta coalición, en un sentido amplio, no sólo la de gobierno, sino la coalición progresista y plurinacional que permitió echar al Partido Popular no se mantiene, lo que vamos a tener es un retroceso de extrema derecha enormemente peligroso. Con todas las limitaciones que pueda haber, si no se mantiene este gobierno, podemos ir a salidas ‘primoriveristas’, autoritarias, nacionalistas.

¿Es suficiente pegamento el miedo a la derecha? Dos votaciones de prórroga del estado de alarma estuvieron a punto de perderse. El Gobierno optó por negociar por un lado con Bildu y por otro lado con Ciudadanos para amarrar sus apoyos.

No me parece suficiente y por eso insisto en que debe ser revalidada de manera permanente. Una situación de crisis, de emergencia sanitaria, social y económica, no puede ser una excusa para la recentralización, porque las comunidades autónomas y la ciudades necesitan fondos, necesitan recursos y competencias propias también, para poder enfrentar una crisis de estas características.

Un programa de reconstrucción social y económica a la altura del escenario que se va a abrir con una inminente caída de la economía requiere también que haya una parte de la derecha que sea capaz de no moverse al son de la música que marque Vox y los sectores más extremistas. Eso explica, a pesar de las enormes diferencias que uno pueda tener, si ve que en Ciudadanos en lugar de Marcos de Quinto está [Luis] Garicano y defiende el ingreso mínimo vital, pues es lógico que se intente, al menos en esa cuestión del escudo social, llegar a un acuerdo con Ciudadanos. De la misma manera, si Bildu plantea que hay algo que no tenemos que olvidar y es que cuando se relaje la emergencia sanitaria va a ser más necesario que nunca evitar que crezca la precariedad, proteger a la gente trabajadora y, por lo tanto, que el tema de la derogación de la reforma laboral no pase a un segundo plano, pues es importante también que ese acuerdo se busque.

La clave está en que esa geometría variable con esa mayoría progresista y plurinacional y, si fuera posible, con algún sector de la derecha que sea capaz de desengancharse de las políticas golpistas que impulsa Vox y, por momentos, el propio PP, se produzcan sobre una base programática. Si hay acuerdo en que de esta crisis tenemos que salir blindando derechos sociales, blindando servicios públicos, blindando todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, invirtiendo más en ciencia y reorientando la economía en un sentido reindustrializador, verde, con innovación digital, creo que hay que buscar todos los acuerdos.

¿Incluso con Ciudadanos? Su grupo político y Ciudadanos mantienen una actitud opuesta, especialmente en Cataluña.

La incompatibilidad programática con Ciudadanos hasta el momento ha sido absoluta. Pero ya digo, si en Ciudadanos desaparecen [Juan Carlos] Girauta, Marcos de Quinto, Albert Rivera y aparecen algunas voces sensatas, yo creo que la obligación del Gobierno, a partir de unos criterios programáticos muy claros, es sentarse a negociar. Y si eso no funciona, pues reforzar lo que a mi juicio es la coalición de gobernabilidad natural a un Gobierno de izquierdas de estas características, que es el apoyo de estas fuerzas progresistas y plurinacionales, desde el PNV y Bildu hasta ERC, Más País, Compromís, etcétera.

¿Cree que ese giro, ese intento de recuperar una imagen de moderación por parte de Ciudadanos, es real o estético?

Cuando Ciudadanos se suma al trío de Colón y deciden, con el PP, adoptar las mismas políticas que Vox, eso los ha ido conduciendo a la irrelevancia. Yo no sé si hay vuelta atrás de esa irrelevancia o no, pero me consta que hay un sector de la derecha, y de determinados sectores económicos que apoyan a la derecha, que lo que está buscando no es una salida autoritaria, violenta, protogolpista como la que defiende Vox, sino una salida diferente y quiere forzar a esa derecha a abrirse al pacto.

Esa derecha, esos sectores moderados que piden pacto, seguramente no quieren que se produzca la derogación de la reforma laboral y nosotros en eso tenemos que ser absolutamente inflexibles. Pero si nos podemos poner de acuerdo, como ocurrió con la votación del ingreso mínimo vital, aunque en nuestra opinión tendría que llegar más lejos, y hay sectores de esa derecha moderada que entienden que sin ese escudo social mínimo la actividad económica se va a derrumbar, me parece que eso hay que intentarlo. Sin falsas ilusiones, sabiendo lo que es la derecha peninsular y lo que ha sido en estos últimos tiempos.

Dice que parte del empresariado, de las élites económicas, quieren una derecha más moderada. La CEOE y los principales empresarios del país han salido en la última semana a marcar sus prioridades y su agenda de salida de la de la crisis. Han hablado precisamente de mantener la reforma laboral, de no subir impuestos a las rentas altas. ¿Temen que esa presión que hace la CEOE surta efecto en el Gobierno o en los partidos que tienen que apoyar los Presupuestos?mantener la reforma laboral, de no subir impuestos a las rentas altas

Corremos un riesgo de que el miedo a la caída de la economía acabe, digamos, despertando los peores fantasmas austeritarios de la vieja normalidad y de la nueva normalidad. Ese riesgo está. No solamente en España, sino en Europa. Que se pretenda salir de esta crisis simplemente con el endeudamiento masivo de las familias y las empresas, sin que se hagan grandes cambios ni en la estructura fiscal ni tampoco en la protección laboral, que ya estaba muy deteriorada en estos últimos años.

Nuestra misión como Gobierno va a ser insistir en todo momento para que esos elementos no se pierdan, porque estoy convencido que si fuéramos demasiado moderados y poco audaces a la hora de defender la necesidad de blindar los servicios públicos y los derechos sociales, de tener una fiscalidad más progresiva, no resolveríamos el escenario de caída económica que podemos tener y estaríamos preparando el camino para una salida más conservadora. Ahora, creo que tenemos también la obligación de convencer a una parte de los actores económicos de que eso es así. Si esos sectores van a responder o no, está por verse.

Yo diría que al comienzo de esta pandemia alguien como Antonio Garamendi [presidente de la CEOE] desempeñó el papel de ser la derecha moderada que no eran ni Ciudadanos, ni Vox, ni el PP. Y aceptó, por ejemplo, que se pudiera llegar a acuerdos para mantener los ERTE, que fueron fundamentales durante esta pandemia. En la fase que se abre ahora es importante que ese tipo de clima pueda mantenerse. Comenzamos esta pandemia recordando que había artículos de la Constitución como el 128, que permiten que la riqueza, cualquiera sea su titularidad, está subordinada al interés general. Hay que seguir hablando de eso. Recordando que hay artículos como el 31, que hablan de progresividad fiscal. Y confiando que va a haber una parte de los sectores económicos, sobre todo los que no están vinculados a la economía rentista, de la economía más productiva, con lo que yo creo que es posible llegar a acuerdos.

Hablaba antes de la mayoría de la moción de censura de 2018. Aquel Gobierno se fue al traste después de que JxC y Esquerra Republicana apoyaran una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, que decayeron por lo que se convocaran elecciones y entró Vox en el Congreso. ¿Temen que ERC vuelva a tumbar los Presupuestos y, con ello, al Gobierno?

El problema que tenemos ahora es que hay una herida abierta en Cataluña muy grande, una herida política muy grande, que dificulta la gobernabilidad en el conjunto de España. Para que esa herida pueda comenzar a restañarse, es muy importante salir de la excepcionalidad judicial en la que se vive en los últimos años, con personas independentistas presas de manera absolutamente desproporcionada y sin razón de ser.

Y que en Cataluña también pueda haber un gobierno de tipo progresista. Nosotros apostamos porque se produzca ese cambio de ciclo político, que haya un gobierno que entienda que frente a una crisis como la que estamos viviendo es necesario dar respuestas programáticas que sean avanzadas también desde el punto de vista social. Muchas veces hemos compartido ese tipo de preocupaciones con ERC. Pero lo que ERC tiene que hacer es dejar de mirar en el espejo retrovisor a Junts per Catalunya y atreverse a hacer una política realista, republicana y con un contenido social claro. Sin abandonar ninguno de sus otros principios en otros temas.

Hablaba antes del papel de la Unión Europea en la salida de la crisis. Usted forma parte del grupo de trabajo sobre la Unión Europea en la comisión parlamentaria de reconstrucción. Después de un mes de trabajos, ¿qué balance hace de la comisión?

Se han producido algunos debates interesantes, muy fructíferos. Sobre todo cuando han asistido a la comisión expertos y miembros de la sociedad civil, que han hecho aportaciones interesantes sobre algunos de los temas que comentábamos ahora, sobre la necesidad de reformas estructurales que permitan una reindustrialización verde y digital de la economía, la necesidad de proteger a las zonas rurales despobladas, la necesidad de que Europa también asuma una fiscalidad progresiva, por ejemplo, sobre los grandes plataformas digitales y sobre las grandes fortunas. Es decir, que la unión monetaria venga acompañada de una vez por una unidad fiscal.

Al comienzo de la pandemia vimos una respuesta en Europa marcada por los egoísmos nacionales, la poca predisposición para ayuda sanitaria entre países con Alemania negándole ayuda a Italia en material sanitario. Lo que me preocupa es que ahora que en Europa se comienzan a vislumbrar algunas salidas en clave de solidaridad europea, puedan llegar tarde y sean insuficientes. El viernes de la semana pasada Christine Lagarde anunció una línea de liquidez de 1,3 billones de euros a tres años para las entidades bancarias de los países a un -1% de interés. Y esto se parece mucho a la salida del 2008, con ayudas a la banca privada para endeudar de manera masiva a la ciudadanía, a las pequeñas y medianas empresas. Esto es lo que hay que evitar por todas las vías.

Es importante precisamente por la envergadura de la crisis que podemos enfrentar, sobre todo en este año 2020, que Europa hable menos y actúe más a la hora de priorizar las transferencias directas y no los créditos a los países que más los necesitan. Y a la hora de entender que si la salida de esta crisis vuelve a ser una salida autoritaria, eso dejaría herido de muerte al proyecto europeo. Hay que aprovechar esta pandemia para hacer los cambios que no se hicieron antes, para reformar la arquitectura institucional y financiera de la UE, para cambiar los estatutos del BCE, para establecer un pacto que no sea simplemente el Pacto de Estabilidad, que ahora está en suspenso, sino un pacto para la inversión en Europa, para la cohesión social en Europa. Me parece que si se llega demasiado tarde a esos cambios, el proyecto europeo puede quedar muy herido.

Acaba de salir una información de última hora. ERC va a votar ‘no’ al decreto de nueva normalidad y critica precisamente que el Gobierno haya buscado el apoyo de Ciudadanos. Le vuelvo a plantear el tema de los apoyos en los Presupuestos.el Gobierno haya buscado el apoyo de Ciudadanos

La historia de Ciudadanos justifica naturalmente todas las desconfianzas que se pueda tener en ellos. Pero si Ciudadanos es capaz de moverse hacia un programa que sea audaz en lo social y que acepte la necesidad de que exista un diálogo en Catalunya y abandone las políticas que han existido en los últimos tiempos, yo creo que hay que hay que escuchar esas propuestas. Ahora, si Ciudadanos no lo hace, me parece que efectivamente ese acuerdo no es posible.

Yo lo que veo últimamente es que en algunos temas Ciudadanos se está moviendo y el Gobierno en ningún momento ha abandonado la idea de que el diálogo en Catalunya tiene que producirse. Que la salida política con Catalunya tiene que producirse.

Dice que la UE tiene que ser valiente en las ayudas a los países que más han sufrido la crisis sanitaria, luego económica y social. Está en duda si esa ayuda va a estar condicionada o no a futuros recortes públicos. Si ocurre, ¿debería aceptar España esa ayuda? ¿Y qué harían Unidas Podemos y En Comú Podem?

Repito que sería un tremendo error que se pretenda actuar en esta crisis con los países de Europa del Sur de la misma manera que se actuó con Grecia para que luego venga el Jean-Claude Juncker de turno a pedir disculpas. No creo que Europa pueda sobrevivir a una respuesta de estas características.

Para mí es una buena noticia que en este contexto, por ejemplo, haya aparecido la idea de las transferencias directas. Europa ha aceptado que no todo se resuelve endeudando a los países receptores de ayuda, sino que tiene que haber transferencias directas por parte de las instituciones europeas. Se ha aceptado en parte eso que ahora se llama el ‘momento hamiltoniano’, que el endeudamiento no lo asuman los Estados, sino que lo pueda asumir Europa como tal. Lo que me preocupa es que sea en la cantidad suficiente y que lleguen a tiempo. Porque el cierre de las empresas, los posibles despidos, se van a producir este año y no estamos en condiciones de postergar mucho esa decisión.

Y, desde luego, dejar claro desde ahora mismo que la única condicionalidad que puede ser aceptable en un momento como el que estamos es la de proteger los servicios sociales, de blindar derechos sociales básicos, la apuesta por proyectos no especulativos, sino con innovación productiva, con valor agregado, etcétera. Pero una condicionalidad que implique recortes y que implique políticas de austeridad sería algo absolutamente suicida a lo que habría que oponerse con rotundidad.

La semana pasada, la Mesa del Congreso rechazó la comisión de investigación que había solicitado desde el grupo confederal sobre los negocios de Juan Carlos de Borbón tras su abdicación. Han pedido una reconsideración, ¿en qué basan el recurso? ¿Creen que hay margen en la Mesa para que se reconsidere la comisión de investigación?

El rechazo por parte de la Mesa de la petición de comisión de investigación no tenía ningún fundamento jurídico sólido. Nosotros pedíamos que el Congreso pudiera investigar las relaciones comerciales y diplomáticas entre Arabia Saudita y España y las irregularidades que aparentemente han marcado este tipo de relación. Y consideramos que en ese marco era posible que el rey emérito pudiera comparecer en esa comisión simplemente para informar de lo que él sabe. No lo estábamos planteando ningún tipo de control directo sobre la figura del rey emérito, ni exigirle ninguna responsabilidad política, sino que fuera transparente y que informara de todo lo que sabía sobre ese tipo de situaciones.Frente a eso no hay ningún tipo de argumento jurídico. Y la Mesa responde diciendo que el rey es inviolable a perpetuidad y que esa inviolabilidad tiene efectos jurídicos permanentes en el tiempo. Esto es un disparate absoluto desde el punto de vista jurídico.

Es algo que dicen los letrados.que dicen los letrados

Pero lo asume el acuerdo de la Mesa. Los letrados suelen ser muy profesionales y muy serios en la mayoría de temas que se tratan en la Mesa. Pero es como si existiera un mandato implícito de que cuando se toca el tema de la Monarquía, de actuar como escudo para impedir que eso pueda ocurrir. Es el único tema en la Mesa donde sorprende la actitud de los servicios jurídicos de la casa y la reacción de las fuerzas políticas mayoritarias para dificultar enormemente que se pueda preguntar, que se puedan poner luces y taquígrafos y que se pueda conocer la verdad.

En un contexto como el que estamos me parece que debilita enormemente a la Monarquía, sobre todo porque los ilícitos que están en disputa son ilícitos vinculados a delitos graves de corrupción. Y en un momento en que la situación económica es enormemente precaria para muchísima gente, donde hay muchísima gente que no se puede permitir no pagar impuestos, que no se puede permitir ocultar negocios oscuros, no se entiende bajo ningún punto de vista que esas denuncias sobre corrupción que están saliendo en la prensa internacional, que están dando lugar a la apertura de procesos judiciales en otros países, ni siquiera se pueda discutir en sede parlamentaria.

¿Cree que los letrados ha actuado de forma independiente en este caso?

No creo que sea una cuestión de independencia. Los letrados son muy rigurosos, pero me parece que con el tema de la Monarquía se activa una especie de inercia en virtud de la cual es una institución prácticamente intocable y sobreprotegida, tanto desde el punto de vista penal, como desde el judicial, como desde el punto de vista parlamentario. El tipo de sobreprotección que tiene la Monarquía borbónica en España no existe para la Jefatura de Estado de ninguna república europea ni tampoco de otras monarquías parlamentarias.

Desde el punto de vista penal hay una sobreprotección de la monarquía parlamentaria que ha acabado con tuiteros, con artistas, con cantantes, en prisión. En un caso donde lo que estaba en juego simplemente era la libertad de expresión. Pensemos que desde el punto de vista judicial, la ley de aforamiento ante el Tribunal Supremo con la que cuenta Juan Carlos primero es otra vergüenza que tenía como único objetivo evitar que un nuevo juez Castro, que fue el que investigó a Undargarín, pudiera investigar al rey emérito. Pero un rey emérito que ya no es rey y que por lo tanto no tiene inviolabilidad, no tiene por qué ser aforado. Esa ley, que la pactaron entre Rajoy y Rubalcaba, ni siquiera fue votada por el propio grupo socialista, que se abstuvo.

Y finalmente, desde el punto de vista parlamentario es una cosa muy llamativa, porque en el Congreso se pueden plantear preguntas y se pueden crear comisiones de investigación sobre todos los temas imaginables, menos sobre algo que pueda incidir incluso ya sobre un exrey. Aquí ha habido comisiones de investigación sobre Gürtel, sobre el funcionamiento del Banco de España, ha habido comisiones de investigación en la que se han sentado ministros y exministros. Sin embargo, es imposible que pueda sentarse un miembro de la Casa Real o, lo que es todavía peor, un exrey.

Recordaba ahora que Juan Carlos de Borbón está aforado ante el Tribunal Supremo. Precisamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una una incipiente investigación judicial pidiendo alguna documentación a Suiza, etcétera. ¿No cree que una comisión parlamentaria podría interferir en las actuaciones en esa vía judicial?la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una una incipiente investigación

Al contrario. Ha habido muchas situaciones en las que se produjeron comisiones de investigación mientras existían abiertos procesos judiciales. El objetivo de una comisión de investigación parlamentaria básicamente es recabar información y garantizar un mínimo de transparencia. Pensamos que Juan Carlos de Borbón podría aportar a una comisión parlamentaria información que podría ser relevante también desde el punto de vista judicial. No hay ningún problema con eso y la propia Fiscalía, al investigar en este caso, ya está admitiendo que el Rey no es inviolable por la vía judicial. Pero por la vía parlamentaria podría aportar información que refuerce los casos judiciales que están abiertos.

A mí me parece que las comisiones de investigación parlamentaria activan también pánicos históricos en las élites. En el año 1923, aproximadamente, Indalecio Prieto, socialista, impulsó una comisión parlamentaria sobre el llamado Expediente Picasso donde, como consecuencia de un desastre militar, se establecía que el máximo responsable podía ser el rey Alfonso XIII, el abuelo de Juan Carlos I. Esa comisión parlamentaria fue bloqueada permanentemente por las fuerzas conservadoras y fue una de las razones de la caída de la Monarquía. La primera Restauración Borbónica acaba con la con la caída del rey producida como consecuencia de la comisión parlamentaria. Y por eso me parece que también hay una una reticencia enorme a que aquel Congreso no pueda investigar este tipo de situaciones.

La consecuencia de eso es inaceptable desde el punto de vista social, que la Monarquía acaba convirtiéndose, a los ojos de la opinión pública, en un freno constante a la democracia, a la transparencia y a la información. Y si eso es así, se podrá impedir que haya una comisión de investigación parlamentaria, pero no se podrá impedir que crezca la condena social. En un caso como éste cada vez hay un porcentaje más alto de la población que entiende que esos delitos de blanqueo de capitales, esos delitos de cuentas no declaradas, esos delitos de fraude que se atribuyen a Juan Carlos I no solamente son reales, sino que incluso pueden salpicar al propio Felipe VI, que ha reconocido que tenía información sobre muchos de esos casos.

Precisamente este fin de semana hemos conocido que la luna de miel de los actuales reyes fue costeada por Juan Carlos de Borbón y que la mitad la pagó un empresario amigo de la familia. ¿Qué les parece?la pagó un empresario amigo de la familia

Es una constatación de que el vínculo entre la Monarquía borbónica y la corrupción es un vínculo bastante estructural, que viene de hace muchísimo tiempo y que no pudo salir a la luz antes porque no se abrieron los casos judiciales que se están abriendo en otros países de Europa. Finalmente se está comenzando a levantar esa esa ley del silencio.

Hay una operación en marcha que querría resolver esto a través del exilio de Juan Carlos de Borbón en República Dominicana e intentando desligar su papel del de Felipe VI. Pero esto es cada vez más complicado porque las revelaciones sobre esta boda demuestran que Felipe VI tenía información sobre muchas de estas cuestiones que estaban ocurriendo. Y la Casa Real emite el primer comunicado sobre estas comisiones y estas cuentas en paraísos fiscales una vez que comienzan las investigaciones internacionales. La pregunta es por qué la Casa Real nunca dio explicaciones antes.

Lo que está ocurriendo ahora muestra ese vínculo de la Monarquía borbónica con la corrupción de la que forma parte una trama de empresas y de actores políticos que también se benefician y que, a nuestro juicio, debe ser investigado porque son posibles casos de corrupción que se producen en las instituciones más altas del Estado, mientras la mayoría de la población padece situaciones de precariedad, mientras las pequeñas y medianas empresas tienen que cerrar mientras siguen pagando impuestos. Esa falta de ejemplaridad resulta intolerable.

Se dice que en una monarquía parlamentaria, que yo creo que la española no lo es, el rey no tiene ‘potestas’ pero tiene ‘auctoritas’. Y la ‘auctoritas’ se pierde como consecuencia de la opacidad respecto de malas prácticas. Me parece que toda la institución entra en una crisis irrefrenable.

A cuenta de esta crisis en la que dice que ha entrado la monarquía española escribía usted hasta hace poco un artículo titulado “Delenda est Monarchia (razones de una consigna)”. ¿Cree realmente que pueda haber o que hay en marcha un proceso en el corto o el medio plazo hacia una república?“Delenda est Monarchia (razones de una consigna)”

Sería ingenuo, siendo yo profundamente republicano, decir que veo una salida republicana a la vuelta de la esquina. Pero creo que la crisis que está padeciendo la institución monárquica es irrefrenable que tiene que ver con una crisis histórica de la dinastía borbónica en España. Los Borbones a menudo entraron a la jefatura del Estado como los deseados, como ocurrió con Fernando VII o Isabel II, y luego, precisamente por actuar como una institución conseguidora de negocios, comisionista, etcétera, acabaron en el exilio o repudiados como felones por la mayoría de la población.

En un contexto de crisis tan tremendo en la que, como digo, la precariedad social es tan grande, lo que hasta hace un tiempo parecía una monarquía campechana y una monarquía moderada de pronto aparece como una institución con fuertes vínculos con una corrupción que se niega. Solo está sobreviviendo gracias a la falta de transparencia y a la falta de información que hay sobre ella.

Cuando se produjo esa crisis de la monarquía en el siglo pasado, en la primera Restauración Borbónica, las derechas intentaron una salida dictatorial. Primo de Rivera dio un golpe de Estado utilizando al Rey para apuntalar esa salida autoritaria. ¿Eso podría pasar ahora? Forma parte del imaginario de la extrema derecha, pero creo que otra vez esto hace un flaco favor a la Monarquía porque la conecta con sus orígenes franquistas. Me parece que nos encontramos frente a una situación de bloqueo muy complicada, donde la Monarquía es un tapón para la democratización. En España no va a haber reforma constitucional profunda mientras tengamos la institución monárquica.

Esto no quiere decir que haya una salida republicana a la vuelta de la esquina. Lo que sí veo es que las encuestas que se están haciendo las críticas más duras crecen sobre todo en aquellas zonas de España que tradicionalmente tuvieron esa cultura y esa tradición republicana. A Coruña, partes importantes de Aragón, del País Vasco o de Catalunya. Alcoy, Alicante. Una parte importante de Andalucía y algunos sitios de Castilla. Hay una tradición republicana que puede no estar activada, pero que en un momento de crisis tan profunda podría activarse y expresarse de la manera menos pensable. No nos olvidemos que la II República llegó a través de unas elecciones municipales en las que no estaba en juego el debate sobre monarquía.

El PSOE se ha posicionado históricamente en contra de investigar parlamentariamente al rey. Siempre se acogen a los informes de los letrados, que de momento dicen que esa investigación no tendría cabida en el ordenamiento jurídico español. ¿Se puede generar un conflicto dentro del Gobierno de coalición?

En este tema hay autonomía de posiciones. Por eso hace un momento recordaba el papel de Indalecio Prieto. El PSOE tiene buena parte de sus bases que son republicanas. Estoy seguro que desaprueban lo que está ocurriendo con la Casa Real y que al menos quieren que allí se introduzca transparencia. No me parece que el PSOE esté en este momento en contra de la vía judicial. De hecho, vuelvo a recordar, a pesar de que Rubalcaba y Rajoy pactaron la ley de aforamiento del emérito ante el Tribunal Supremo, el Grupo Socialista en el Congreso se abstuvo en esa votación y la propia Meritxell Batet, que hoy es presidenta del Congreso de los Diputados, fue crítica por la forma en que se había tomado esa decisión.

Yo creo que hoy el PSOE está de acuerdo que eso se investigue en sede judicial, pero me parece que ahora hace falta que dé otro paso, que es asumir que una comisión de investigación en el Congreso no tendría como objetivo controlar necesariamente al Rey, pero sí aportar información y transparencia, que es lo que estamos defendiendo. Si no se entiende eso, me parece que sería como reconocer una sumisión del principio democrático frente al principio monárquico, que eso significa reconocer que tenemos una democracia de bajísima calidad.

Otro posible asunto que puede provocar fricción en la Mesa del Congreso con el PSOE es la comisión de investigación por las revelaciones de Felipe González en el terrorismo de Estado en los años 80, en la fundación y del GAL, qué nivel de conocimiento tenía, etcétera. Ustedes dijeron al principio que no veían nada nuevo en esos esos papeles de la CIA desclasificados hace ya unos años, pero al final han decidido apoyarla. ¿Por qué han cambiado de criterio?

Lo primero que vimos fue que la supuesta noticia, que no era tal, sobre la desclasificación de los papeles de la CIA venía de La Razón. Nos parecía sospechoso. Pero evidentemente en ningún momento estuvo en duda nuestra posición sobre la necesidad de investigar estos hechos.

Muchas de las cuestiones vinculadas a los GAL no han sido suficientemente investigadas. De 65 asesinatos que se cometieron, solo 24 fueron juzgados. Las víctimas no han sido debidamente reparadas. Sólo por eso ya estaría justificada una comisión de estas características. En segundo lugar porque los GAL son sinónimo de muchas cosas. Me parece que son sinónimos de terrorismo de Estado, son sinónimo de cloacas y son sinónimos de abusos policiales. De cloacas que no solamente existieron desde el momento en que Felipe González, con el visto bueno de Fraga, decide impulsar los GAL, sino que ya existían durante el Franquismo y se mantuvieron durante la Transición. Y son algunas cloacas que incluso existen hoy y que se están utilizando contra el propio Gobierno de coalición, como estamos viendo en muchos movimientos que se están produciendo incluso dentro del ámbito de la seguridad del Estado o del Ministerio del Interior, o como vimos con el caso de Pérez de los Cobos.

Si hubo un elemento de operativo por parte de La Razón o de oportunismo electoral, teniendo en cuenta que hay elecciones en el País Vasco, no es óbice para que sobre estas cuestiones haya que investigar y también, naturalmente, para saber cuál ha sido el papel de Felipe González en todo esto.

¿Cree que el objetivo de esa publicación, que dicen que no entendía muy bien por qué La Razón publicaba esa noticia, era generar una fricción o una ruptura con el PSOE? ¿Han influido las crítica de Pilar Zabala, hermana de una de las víctimas del GAL, en plena precampaña?

No, fueron dos cosas. Advertir de que la información no era nueva. Y ver luego que se pedía una comisión de investigación sobre los GAL cuando sabemos que el tema fundamental de las cloacas sería discutir a fondo una ley de secretos que también viene desde la época del Franquismo. Que esa comisión se presentara ahora, en un momento de elecciones en el País Vasco, y no se hubiera presentado antes, cuando esta noticia, por ejemplo, en 2018 salió publicada en El Salto y otro tipo de medios. Era lógico que no pudiéramos evitar ver que había un elemento de operación política por parte de la derecha que se estaba intentando utilizar también aprovechando las elecciones vascas.

Pero ya digo, no hubo ninguna duda sobre la cuestión de fondo, porque el posicionamiento de Unidas Podemos y de todas las confluencias respecto del terrorismo de Estado, respecto de las cloacas, respecto de la implicación incluso de Felipe González, que ha sido tan denunciada en tantos medios y con tantos documentos diferentes, era un posicionamiento indudable. Escuchar a Pili Zabala fue un argumento más. Yo, en mi caso personal, que soy hijo de víctima del terrorismo de Estado, de la dictadura argentina, obviamente no me podría imaginar en ninguna situación impidiendo que se investigue sobre este tipo de cuestiones.

Hablábamos al principio sobre Catalunya. Quim Torra anunció unas elecciones que todavía no tienen fecha, pero que serán a lo largo de este 2020. ¿Con qué objetivo concurrirán los comunes a esas elecciones? ¿Cree que realmente se podría ir a una ruptura de los bloques que existen ahora mismo en el Parlament de Catalunya.

Sería un elemento que podría efectivamente ayudar a, como digo, restañar la enorme herida que existe en este momento en Catalunya y que no existe creo en los mismos términos en el País Vasco.

Con un programa claramente catalanista, claramente republicano, con un contenido social importante, muy contundente contra contra la corrupción y contra lo que fue el papel tanto de Convergència i Unió en su momento o como en algunos casos de sus herederos, podemos construir una coalición con una vocación federal y confederal.

Nosotros ya hace tiempo que hemos dicho que nos parece que el Gobierno de Catalunya actual es un Gobierno que está agotado. Somos una fuerza que siempre apostamos por las salidas políticas, que hemos criticado la judicialización de la política, que hemos criticado la situación de los presos independentistas, que hemos defendido la necesidad de tender puentes y la necesidad de implicarnos también en muchos cambios que se están produciendo en el conjunto del Estado.

Ada Colau ha cumplido el primer año de su segundo mandato en el Ayuntamiento de Barcelona. Ella lidera el espacio político de Catalunya en Comú y Barcelona en Comú. ¿Qué pasará en 2023? ¿Este debería ser el último mandato de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Se está preparando, buscando o planteando cómo se puede producir ese relevo?

El plan fundamental es reforzar el municipalismo y el papel central que tienen las ciudades como laboratorios de democracia. En el momento en que las últimas elecciones municipales en las que perdió el Gobierno de Madrid, de Coruña, muchos gobiernos municipales progresistas y avanzados, comenzó una especie de retroceso conservador en el que todavía nos estamos moviendo.

A lo largo de la historia de Cataluña y de la historia de España, los grandes cambios democráticos se produjeron cuando avanzó el municipalismo. Y los grandes retrocesos conservadores se produjeron cuando avanzó el caciquismo o cuando avanzó el centralismo que ahogaba al municipalismo. Somos una fuerza municipalista y esa es ahora nuestra principal preocupación, porque no vamos a tener suficiente con tener gobiernos progresistas en el ámbito estatal si el municipalismo no se reactiva desde abajo.

Me consta que es la prioridad de la alcaldesa, que siempre lo ha sido. Nosotros venimos de esos movimientos sociales locales, creo que está en el ADN de los ‘comunes’ y por lo tanto vamos a hacer todo lo posible para mantener vivo ese momento.

¿Y el papel de Ada Colau cuál cree que debería ser en este proceso cuando termine su mandato?

Eso es muy difícil decirlo. Ella es una dirigente carismática que ha demostrado capacidad, en condiciones muy complicadas, de gobernar una gran ciudad como Barcelona. Tiene un gran reconocimiento en Europa y en el mundo. Es una dirigente feminista y a mí personalmente me gustaría que en los ciclos políticos que se vayan abriendo tengamos más mujeres feministas en la primera línea. Eso sería bueno para Barcelona, para Catalunya, para España, para el mundo.

Ada Colau me parece que es un nombre importante dentro de eso. Igual que estamos viendo a Yolanda Díaz, a Irene Montero y a tantísimas mujeres del espacio progresista en primera línea, haciendo un gran papel.

“¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?”

Bajo el título “¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?” participé en el segundo episodio del ciclo de entrevistas organizado por el Instituto Democracia y el Circuito Cultural JJ.

“Mi impresión es que sin los gobiernos progresistas populares esto hubiera sido un auténtico desastre. Uno tiene las pruebas porque hay gobiernos neoliberales y neofascistas que están actuando con un total desprecio por la vida humana. Sobre todo, por la vida humana de las clases populares, de la gente de mayor situación de vulnerabilidad a la que han enviado a la muerte de manera directa. Si uno observa la cifra de gente muerta en Brasil o en Estados Unidos, y además estudia eso desde una perspectiva de clase, verá que lo que ha habido es un elitismo despiadado y una absoluta indiferencia por la vida de la gente más humilde, por parte de esos gobiernos.”

🎥 Comparto la entrevista que me realizaron Andrea Vallejos y Ulises Bosia.

Un cafè d’Idees amb Gemma Nierga

La Gemma Nierga m’ha convidat novament al seu espai “Un cafè d’idees” del Matí a Ràdio 4. Aquesta vegada l’entrevista ha hagut de ser telefònica.En una setmana que acaba, de molta activitat parlamentària, amb les dretes reaccionàries tensant la societat com mai en els darrers anys, sovintegen poques oportunitats per analitzar i reflexionar “amb una mirada llarga” la situació de l’actual crisi sanitària, econòmica i social. S’agraeix poder comentar l’actualitat política i fer-ho amb una de les grans professionals del periodisme del nostre país.

“La gran cuestión es quién paga esto: si la gente trabajadora o los que más tienen”.

Declaraciones en el programa Siempre es Hoy de Cítrica Radio con Daniel Tognetti @TognettiDaniel y Raúl Dellatorre @DellatorreRaul