GERARDO PISARELLO: “LA MONARQUÍA ES UN IMPEDIMENTO PARA DISCUTIR LA CUESTIÓN PLURINACIONAL”

por Eloi Gummà, Jaume Montés y Roc Solà, para Debats per Demà

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Entrevistamos a Gerardo Pisarello, actualmente Diputado al Congreso y miembro de la mesa. Recientemente, ha publicado Dejar de ser súbditos. El final de la restauración borbónica, un libro donde explora el papel de la monarquía en la articulación del poder en el Estado. La entrevista fue realizada entre el calor esperable de la última semana de julio y una hospitalidad digna de Mariana Pineda.

Bloque 1. Coyuntura: Régimen

¿Cómo ves al régimen del 78? ¿Le ves una mala salud de hierro o estamos ante un polvorín?

Mi impresión es que, después del crac de 2008 y de sus efectos concretos, aparecieron un conjunto de reacciones y revueltas democráticas y republicanizantes contra el régimen que nos hicieron pensar que se podía abrir un escenario de procesos constituyentes y cierta ruptura democrática. Sin embargo, creo que lo que hemos constatado es que estos diferentes embates contra el régimen no tuvieron la fuerza suficiente para alterar las estructuras socioeconómicas sobre las cuales se sostenía, a pesar de que lo dejaron tocado desde un punto de vista político-cultural (fin del bipartidismo, etc.). Lo que pasa es que ahora estamos viendo una reacción, que es global, contra estos intentos de democratización y que se están expresando con la irrupción de fuerzas que, en el caso español, son pre-régimen, es decir, que nos devuelven a los lenguajes y obsesiones del franquismo y que se sitúan en un lugar anterior a los acuerdos que el antifranquismo impuso. Por lo tanto, estamos en una situación en que el régimen continúa cuestionado —no puede legitimarse como tal—, pero las salidas democratizadoras tienen un problema para abrirse camino, puesto que ha aparecido una extrema derecha enormemente violenta que no solo intenta frenarlas desde un punto de vista discursivo, sino que está dispuesta a todo, incluso a usar el poder judicial y parte de los aparatos coactivos del Estado —no sabemos hasta qué punto— para defender sus posiciones.

Hace unos meses se puso en marcha el nuevo gobierno de la Generalitat, en que, por primera vez desde 1931, ERC ha quedado por delante de la derecha. ¿Qué horizontes ves para las izquierdas en Cataluña?

Que ERC haya quedado por delante en el gobierno después de la coyuntura de los años treinta del siglo XX tiene un valor simbólico muy alto. Lo que pasa es que la impresión que se tiene es que este avance del republicanismo de izquierda y centro-izquierda, en sus diferentes variantes —estoy pensando en ERC, pero también en Comuns, la CUP, etc.—, no ha tenido tampoco la fuerza que hubiéramos querido. Por lo tanto, volvemos a la reflexión de fondo de antes: estamos ante una crisis de régimen, de una crisis del sistema económico sobre el cual funciona este régimen —un modelo de capitalismo financiarizado, neoliberal, que está agotado en términos energéticos y en sus características extractivistas—, pero las fuerzas políticas que podrían plantear un desafío serio que permitiera superar estas estructuras no tienen, de momento, la fuerza suficiente. Y a esto le tenemos que añadir, además, que todos estos avances republicanos se producen en un contexto en que la movilización social está suspendida como consecuencia de la pandemia. Así pues, son cambios que se están produciendo en el ámbito institucional, tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado, pero que no tienen un reflejo, aparente cuanto menos, en la autoorganización y la movilización popular fuera de las instituciones, que siempre son la clave de los avances republicanos.

Hablas de las diferentes crisis y, sobre el tema de la monarquía, a menudo nos preguntamos si hay diferencias entre la crisis de la monarquía de 2014 que llevó a la abdicación de Juan Carlos I y la crisis actual de Felipe VI.

Lo que pasa es que yo creo que, en el imaginario social mayoritario, en 2014 todavía se estaban discutiendo sobre la caza en Botsuana, el elefante, etc. Lo que estamos discutiendo a partir de la nota de la casa real del 15 de marzo de 2020 es un terremoto mucho más contundente. Es la idea de que lo que se denominaba el juancarlismo era una forma de operar ilegal, con negocios muy oscuros que tenían que ver con algunas de las debilidades de la matriz productiva y económica en España, es decir, negocios vinculados a la dependencia del petróleo, tráfico de armas con dictaduras muy opacas, etc. Esto ha hecho estallar de manera irreversible el juancarlismo y amenaza con dejar tocado a Felipe VI. De hecho, ahora hay una operación en marcha por parte de los sectores monárquicos para establecer un cortafuego que pueda preservar a Felipe VI de todo lo que ha hecho su padre. Por lo tanto, la crisis del actual rey no es todavía tan evidente a pesar de que también sobre él planea una pregunta inevitable: si efectivamente él desconocía o era ajeno a todas estas actuaciones que se atribuyen a su padre. Y una respuesta negativa es muy poco verosímil de cara a la opinión pública.

Subtitulas el libro “El fin de la restauración borbónica”. ¿Crees que estamos a las puertas del final de la monarquía de Felipe VI?

El título tenía un sentido que deliberadamente jugaba con los dos sentidos que significan el fin de algo: el sentido que tiene algo o la culminación de una determinada etapa. A mí me interesaba mostrar sobre todo cuál es el fin que la monarquía borbónica ha tenido en la historia española y cómo de alguna manera ha sido la cola de un régimen político oligárquico, bastante centralizador y que básicamente ha amparado este modelo económico de capitalismo rentista y extractivista que ha dificultado enormemente una mínima modernización y democratización de la economía. Esta ha sido fundamentalmente la finalidad que ha tenido la monarquía borbónica y ahora es una situación muy extraña. Porque la corona atraviesa una crisis muy fuerte como consecuencia de investigaciones extranjeras, de la apertura de investigaciones judiciales en Suiza, etc. y se hace patente esta idea de que el rey va desnudo de una manera que no había pasado nunca desde la transición, pero es un momento donde curiosamente las fuerzas democráticas y republicanas que podrían plantear un cuestionamiento de fondo, en parte, su presencia en la calle y su capacidad impugnadora ha estado muy limitada por la pandemia, por un lado, y, de la otro, de una extrema derecha que ha salido a mostrar que para defender la monarquía y para evitar que el régimen pueda colapsar, es capaz de perseguir adversarios, de calumniar, de difamar, de espiar y de usar todas las cloacas del Estado para obtener sus objetivos.

¿Cómo ves la relación entre la PSOE y la monarquía en la construcción del régimen del 78 y en el presente? ¿Crees que la PSOE puede estar cometiendo un error con esta defensa a ultranza de la monarquía teniendo en cuenta su crisis de legitimidad?

El PSOE, como siempre, es muchas cosas a la vez. No deja de ser, por un lado, el partido de Prieto o Julián Besteiro, que hicieron todo lo posible para llevar a Alfonso XIII ante una comisión de investigación a raíz del caso de Annual. Después, siendo consciente de esta historia y de lo que piensan buena parte de sus bases, en la Transición amaga con una enmienda republicana en los debates constituyentes con la ponencia de Gómez Llorente que Pedro Sánchez recordaba hace poco. Pero a la vez, también es un partido que ha sido un puntal básico del régimen, al que le da mucho miedo sacar el tapón de la monarquía porque considera que sin la protección de la monarquía la derecha podría hacer valer su fuerza destituyente para poner fin al gobierno actual. Por lo tanto, en el PSOE ves muchas dudas en relación a esto; mi impresión es que están haciendo todo lo posible para que Juan Carlos I no tenga que sentarse en una comisión de investigación en el Congreso y para que no acabe sentado ante un tribunal. Creo que mucha gente del PSOE esperaría que muriera en el exilio y que se cierre por lo tanto la etapa del juancarlismo, consiguiendo que el felipismo sea capaz de acompañar gobiernos del PSOE.

El PSOE está ante una duda hamletiana

Lo que pasa es que hacer esto tiene un precio demasiado alto, porque si para que la monarquía te proteja lo que tienes que hacer es consentir su impunidad, tu propio proyecto político se acaba degradando. Se degrada de cara a las bases y aparte de tus votantes. Por lo tanto, el PSOE está ante una duda hamletiana en que tiene que decidir qué hacer con esta figura y creo que no saben cómo resolverlo pero que la obligación de las fuerzas republicanas es presionar y mostrar esta contradicción. La contradicción de tratar la monarquía, ya ni tan solo como una monarquía parlamentaria, sino como una institución con licencia para delinquir, no sujeta a controles básicos en elementos claves como la transparencia.

Si lo miramos desde la perspectiva de la monarquía es realmente impresionante que no se hayan tomado medidas de reforma o modernización. En el libro, pones el ejemplo de Olaf Palme en Suecia y los cambios constitucionales que introdujo para despojar a la monarquía de todos sus poderes como el vínculo del monarca con las fuerzas armadas. ¿Cómo puede ser que no hayan empujado ningún proceso de cambio más allá de la abdicación en 2014?

De hecho, la Constitución tiene un artículo, el 57, que prevé la posibilidad de una ley de la corona, para resolver dudas ante abdicaciones o situaciones que generen dudas sobre el estatus jurídico que pueda tener la corona. A partir de ahí se podrían hacer muchas cosas, pero no se hacen porque separar la monarquía de las fuerzas armadas aquí supondría cuestionar el modelo de la restauración franquista, que consiste en mantener muy viva la idea del rey soldado, que es precisamente lo que puede, en situaciones de crisis, disponer de las fuerzas armadas para proteger la unidad de España, los intereses económicos a los que la monarquía está vinculada. Por lo tanto, cuestionar esto implicaría cuestionar elementos de fondo del régimen, y esto explica que Felipe VI haya intentado actuar como rey soldado el 3 de octubre de 2017, o que sea un rey que, al igual que su padre, nunca ha condenado el franquismo. Porque, no nos engañemos: el hilo con el franquismo es muy claro, y por tanto plantear cualquier reforma que toque este vínculo sería en realidad abrir un debate materialmente constituyente sobre un cambio de régimen. La monarquía se ha convertido en una especie de vampiro que ya no tolera exposiciones a luz abierta porque eso implicaría discutir el papel real -económico, político- que ha jugado durante todos estos años y que está muy alejado de la idea de que el rey reina, pero no gobierna, como figura meramente simbólica.

Si miramos los últimos sondeos, podemos ver como el creciente número de gente en contra de la monarquía no se acaba de reflejar del todo a nivel electoral, provocando el hecho de que gente en contra de la monarquía pueda acabar votando partidos monárquicos (principalmente el PSOE). ¿Cómo crees que deberíamos activar políticamente este potencial? ¿Crees que, después de que ésta no fuera una de las cuestiones principales de la última década, ha llegado el momento de hacerlo?

 Aquí hay una idea, que ha existido mucho en la tradición del PSOE, que es mostrar que tú puedes tener una monarquía y, a pesar de que no tengas una forma de Estado preferente, en el marco de esta monarquía se pueden conseguir algunos avances desde el punto de vista social y cultural. Este fue el marco sobre el que se sostuvo el felipismo durante muchos años. Hoy hay una parte del PSOE que está intentando reeditar esto buscando que la derecha acepte acuerdos sociales y políticos de mínimos entorno a una monarquía relativamente limitada. Pero nada indica que la derecha lo acepte mientras no tenga el poder.

Tenemos que ir hacia un horizonte que la propia monarquía no tolera

Delante de esto, creo que el objetivo de las fuerzas republicanas es precisamente mostrar que, en un contexto de crisis económica tan profunda, con un crecimiento brutal de la precariedad y las desigualdades, no basta con estos cambios sociales de mínimos que no resuelven los problemas de fondo. Y para que esto no sea así, para lograr cambios de alcance más profundo -una política fiscal progresiva real, una reestructuración del modelo productivo en clave ecológica, blindaje de los servicios público, etc.- es muy difícil que lo puedas hacer mientras exista una monarquía que tiene como aliados fundamentales en todos estos sectores rentistas y extractivista que están en contra de que se produzcan estos acuerdos. Por lo tanto, creo que la pedagogía republicana también debe ir por aquí, para mostrar que hablar de monarquía no es dejar de hablar de los problemas sociales o económicos que la gente tiene en la cabeza. Que precisamente, si en un escenario de post-vacunación no queremos volver a la vieja normalidad y hacer cambios de fondo, tenemos que ir hacia un horizonte que la propia monarquía no tolera ni contempla.

Recientemente, hemos visto a AENA, en el caso del aeropuerto, y los grandes oligopolios eléctricos activarse para impedir que esta transición socio-ecológica …

Exactamente, y nunca veremos al Rey enviando mensajes explícitos o implícitos que cuestionen estas actuaciones. La Casa Real puede enviar a Leonor a plantar un árbol en el Hayedo de Montejo, en Madrid, pero nunca la veremos mover un dedo para detener la destrucción de la Ricarda o por cuestionar un proyecto, como la ampliación, que básicamente llenará el bolsillo de Blackrock y otros fondos de inversiones que integran el accionariado de AENA. Y lo mismo puede pasar en un tema clave como el de la luz. Iberdrola, que se dedica a vaciar embalses de Zamora y Cáceres para beneficiarse aún más de la subida del precio de la luz, fue una de las primeras empresas en saludar la llegada de Felipe VI. Y no es casualidad, porque en realidad se trata de grandes corporaciones que siempre han visto en la monarquía una pieza institucional y cultural clave por sus intereses extractivista.

Bloque 2. Sobre Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbònica

Leyendo tu libro y como reseguir todos los “momentos republicanos”, tanto el francés como el inglés y también en nuestro país, uno tiene la sensación de que la figura de la monarquía siempre implica algo más de lo constitucionalmente recogido. En el caso inglés, uno siente que la monarquía permite una alianza de clases con las aristocracias para mantener una distribución de poder muy clara. En el caso francés, a partir de la reacción thermidoriana y la restauración borbónica, la figura del monarca representa un bloqueo a las voluntades de participación y soberanía popular. Hoy, ¿qué es ese algo más que implica la monarquía borbónica en España?

Yo creo que la diferencia con los casos británico y francés es que vivieron diferentes revoluciones republicanas que disciplinar claramente la monarquía en términos sociales e incluso económicos. Es decir, después de la revolución republicana de la década de 1640 en el caso inglés, la monarquía nunca volvió a ser lo que era. Pero aquella revolución republicana pone en cuestión también una forma de redistribución de la tierra, abre las posibilidades, de que haya una ciertamodernización y democratización de la economia. A la monarquía, sometida a importantes limitaciones, no le queda más que acompañar estos procesos renunciando a buena parte de la capacidad de influencia política y económica.

En el caso de Francia pasa lo mismo, y de una forma aún más radical. En el caso español no. Ninguna de las revueltas peninsulares tuvo la fuerza de la revolución francesa o inglesa. Y cuando aparecieron líderes republicanos valientes y honestos como Rafael de Riego y muchos otros, ninguno de ellos quiso o se atrevió a actuar como Oliver Cromwell o Robespierre. Por lo tanto, los Borbones lo que han hecho es rodearse de una corte que ha tenido en su corazón estas clases rentistas y terratenientes que fueron un freno para cualquier tipo de proceso de democratización social o económica ni tampoco mínimamente de modernización. Este me parece que es el papel fundamental que han tenido los Borbones. Hay algunas figuras políticas del siglo XIX, como el propio Prim, que ven esto claramente. Por eso Prim, que no por casualidad era catalán y estaba ligado a otros sectores económicos, termina pronunciando el Congreso el discurso de los tres “jamases” – “¡jamás, jamás, jamás los Borbones!” – viendo que no sólo había un problema con la monarquía sino también dinástico, que es real y continúa hasta hoy.

Si le damos la vuelta a la pregunta. Todos -o casi todos- los momentos de restauración han sido reacciones contra situaciones constituyentes. Sabemos también que tú has trabajado bastante el tema de los procesos constituyentes. ¿Dirías que hay elementos que se repiten en los momentos constituyentes de la historia catalana y española de los últimos 2 siglos? ¿Cuáles serían?

Yo creo que ha habido grandes revueltas republicanas, muy plurales, en diferentes momentos. Sin duda Cádiz es un buen ejemplo, lo que significó el trienio liberal contra Fernando VII, las primeras movilizaciones que explícitamente se autoconsideran ya democráticas y republicanas a partir de la segunda mitad del XIX, la Primera y la Segunda República, etc. Estos procesos nunca han dejado de producir y a veces han tenido aspiraciones constituyentes, como la prolamación de la república catalana por parte de Baldomer Lostau de un Estado catalán republicano en 1873. El problema es que nunca tuvieron la fuerza suficiente para dar la vuelta de una manera sustancial estas relaciones económicas sobre los que se mantenía la monarquía. Por eso hemos tenido mucho republicanismo cotidiano, persistente, pero pocas repúblicas. Es más, muchas veces estas transformaciones vinieron por otras vías, como en el caso de la desamortización de Mendizábal, que es un burgués revolucionario del siglo XIX que desde su perspectiva adopta estos cambios que el republicanismo popular no consiguió sacar adelante con fuerzas. Y, por tanto, lo que ha pasado es que muchas veces la caída de la monarquía se produce en un contexto donde cae el rey o envía un Borbón en el exilio, pero continúan conspirando desde el ejército, las estructuras institucionales, los poderes económicos, las fuerzas contrarias a estos procesos de democratización. Esto es clarísimo en el caso de las dos repúblicas y es lo que podría pasar hoy, por eso es importante entender el vínculo que existe entre la corona y todo este entramado de poder. Y muchas veces esta conspiración reaccionaria se da desde fuera: los Cien Mil Hijos de San Luís, la Rusia autocrática del siglo XIX, los Estados Unidos en el siglo XX, que impiden que en la península estas revueltas republicanas puedan tener éxito.

Muchas veces cuando cae un rey o se envía al Borbón al exilio, pero las fuerzas monárquicas continúan conspirando

Y cuando hablamos de procesos constituyentes, es importante distinguir. Hay procesos formales, que rompen jurídicamente con el marco existente y aprueban nuevas constituciones. Pero aprobar una nueva Constitución no implica que desde el punto de vista material puedas construir nuevas relaciones de poder. Por lo tanto siempre ha habido una distancia importante entre las nuevas Constituciones o marcos legales que intentaban imponer y el funcionamiento del aparato administrativo, económico, etc. que continuaba arrastrando las inercias del pasado. Y una de las experiencias que tuve como cargo público del Ayuntamiento fue sentir este peso de la herencia del aparato administrativo que no cambia simplemente como consecuencia de una revuelta republicana, sino que impone buena parte de sus inercias. Una de las experiencias que tuve como cargo público en el Ayuntamiento fue sentir ese pero de la herencia del aparato administrativo, de los poderes económicos y mediáticos que llevan años incrustados en la estructura institucional y que no desparecen simplemente como consecuencia de una revuelta republicana en las urnas sino que hacen todo lo posible por mantener su presencia.

Hemos visto en los años recientes, una serie de publicaciones de voces escuchadas y leídas en las izquierdas en todo el Estado en relación a la identidad nacional. Alba Rico, con el libro España, José Luis Villacañas con Imperiofilia y el populismo nacional-católico o Xavi Domènech con Un haz de naciones. ¿Crees que la cuestión monárquica que tú tratas a tu libro tiene que ver con esta discusión?

 Yo creo que sí. Santiago Alba Rico y Xavi Domènech lo han mostrado de manera magistral, aunque sus planteamientos presentan diferencias claras también. Tiene que ver con todo esto y sobre todo con las diferentes concepciones de la nación que están en disputa. Por ejemplo, Fernando VII e Isabel II todavía son reyes de “las Españas” en plural, y ya Alfonso XII es rey de España, sin más. Es decir que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se ha ido consolidando un modelo que viene de antes pero que ya es una monarquía centralizadora y uniformista con elementos más liberales o más conservadores. Este es un problema que viene de lejos para que la configuración de la monarquía en España nunca logra dar un encaje claro a lo que eran los antiguos reinos, y por tanto a la pluralidad lingüística y territorial que existía en el conjunto de la península. Esto Marx lo ve de una manera muy clara en sus escritos sobre España al Daily Tribune en 1854. Por lo tanto, esta es una razón decisiva para pensar que la cuestión de la plurinacionalidad peninsular, indiscutible en el siglo XX y XXI, nunca podrá ser resuelta de manera clara y limpia mientras haya monarquía. Se pueden producir algunos avances parciales, pero una solución de fondo, basada en la libre decisión, será imposible mientras haya monarquía, y mientras haya una dinastía que no ha roto con el franquismo. De hecho creo, este es uno de los límites de sectores monárquicos de derecha, como el que representa un Herrero de Miñón, que han teorizado que los Borbones podrían tener un papel similar a los Habsburgo, tutelando ciertas diferencias nacionales, lingüísticas, etc.

Ferran VII i Isabel II aún son reyes de “las españas” en plural, y ya Alfonso XII es rey d’España

De hecho en el libro recuerdo como hasta el útimo momento Artur Mas creía que podía haber un Estado catalán amparado por la monarquía, porque desde su perspectiva conservadora sería fundamental para que este Estado en términos socioeconómicos no plantee ningún cambio de fondo que haga peligrar el status quo. Yo en esto pienso lo que pensaba Antoni Domènech en esto; que para que los pueblos peninsulares puedan decidir libremente su destino, la monarquía es uno de los principales obstáculos. Y de hecho, cada vez que hay una restauración borbónica aparece el mito de que este rey sí podrá acometer las tareas modernizadoras, plurinacionales, etc. Y siempre acaba funcionando mal.

Bloque 3. Debates y mañana del republicanismo

Se ha dicho que es más fácil que en Cataluña exista el republicanismo porque la derecha no es monárquica, mientras que si se mira el conjunto del Estado sería más complicado si no aparece una derecha republicana. ¿Le ves sentido a este razonamiento?

Hay una parte, sí, de la derecha catalana que ha dado un paso hacia el republicanismo. Pero en muchos casos porque no han encontrado el rey que se esperaban. No nos olvidemos que Jordi Pujol fue uno de los principales defensores de Juan Carlos I. Y algunos de sus herederos confiaron hasta el último momento en que Felipe VI intercediera para defender ciertos intereses económicos en Cataluña. El discurso de los 3 de octubre los levantó abruptamente de esta ilusión. Habrá que ver si esta frustración implica la asunción de principios y planteamientos republicanos democráticos o si se diluye en posiciones nacionalistas anti-republicanas.

En el resto del Estado, sin embargo, es mucho más complicado. Tenemos, evidentemente, el caso del PNV, que al estar ligado a intereses económicos no tan rentistas y especulativos, podría convertirse en una fuerza republicana más conservadora, pero claramente anti-franquista y consciente de que la monarquía es un impedimento incluso para una cierta modernización del sistema económico. En el resto del Estado, repito, me cuesta más de ver, pero cuando lees ciertas encuestas, ves que hay sectores económicos ligados a lo que queda de Ciudadanos o al PSOE que eran tradicionalmente monárquicos y que ahora ya empiezan a confiar más, como el Ortega de “El error Berenguer” en que la monarquía está agotada.

Después está el caso curioso de la derecha dura que siempre ha sido crítica con Juan Carlos I, pero no por no ser monárquica, sino porque lo veían un rey demasiado amable con los socialistas. De ahí es de donde sale el mito del republicanismo del primer gobierno de Aznar, que se expresa en cosas que llaman la atención como la reedición de obras de Azaña o de Joaquín Costa pero reconvertidos en un sentido funcional para al PP. Pero todo esto dura muy poco. Con Felipe VI, de hecho, buena parte de estos sectores de la derecha dura y de la extrema derecha ven que sí pueden tener un rey cercano a sus intereses, que Felipe VI no hará nada para cuestionar el franquismo o por distanciarse de manera abierta de las obsesiones de la derecha radical y que no reirá las gracias de un gobierno donde hay una fuerza política explícitamente republicana. Todo ello, sin embargo, es un problema por el propio PSOE, que a veces sueña con poder reeditar el viejo acuerdo entre Juan Carlos y Felipe González. Hace poco asistí al Congreso a un homenaje a Azaña. Una auténtica vergüenza. Porque era un homenaje, no al Azaña jacobino, republicano, que pronunció la ejecutoria contra el Borbón Alfonso XIII a las Cortes, sino a un Azaña derrotado, el de “paz, piedad y perdón”, que había perdido toda su fuerza republicana. Esto fue fortísimo. Van desnaturalizado por completo la figura de Azaña para escenificar una supuesta química entre el PSOE y Felipe VI. No aplaudimos ninguna intervención y nos fuimos inmediatamente.

Recientemente en la UPEC, Sánchez Cuenca decía que “no puede haber un referéndum sobre monarquía o república en España, no porque teman perderlo sino por las divisiones territoriales que hay”. ¿Estás de acuerdo?

Yo no creo que la monarquía esté en condiciones de ganar un referéndum. No es casualidad que llevamos 5 años sin que el CIS pregunte sobre el tema. A todos nos viene a la cabeza la imagen de Adolfo Suárez cuando le dice a Victoria Prego que no podían convocar el referéndum porque el perdían, seguramente si hoy le preguntas a Tezanos o alguien del CIS porque no preguntan sobre la monarquía podrían hacer lo mismo. La monarquía es un impedimento para discutir de manera limpia y clara la cuestión plurinacional Por tanto, en el marco de una campaña sobre la cuestión de la monarquía, no tengo nada claro que tuvieran asegurada una victoria. Evidentemente, en Cataluña, en el País Vasco la oposición sería más fuerte. Pero habría que ver los resultados en ciudades con fuerte tradición republicana: Cádiz, Coruña, Valencia, Gijón, etc .. Creo que nos sorprenderíamos. Por eso creo que las fuerzas republicanas, federalistas, confederalistas e independentistas deben poder trabajar coordinadamente para superar la monarquía, porque esto abriría muchos debates sobre la falta de democracia política y económica que hoy están bloqueados.

Decía Xavi Domènech al podcast turolense Moliendo Gordo, que en un lapso de una década tendremos que ver un proceso constituyente para una incapacidad de reforma muy profunda, que una constitución que no se reforma acaba implosión. ¿Cómo lo ves? Chile está teniendo (incluso disfrutando) ahora de su asamblea constituyente que marcará un punto y final a la constitución de Pinochet… 

Aquí sí que estoy de acuerdo con Sánchez Cuenca cuando dice que la Constitución no es reforma para intentarlo supondría abrir el debate sobre la forma de Estado. Las dos Constituciones que más han durado en la historia de España son la de la segunda restauración de 1876 y la actual de 1978. Ahora mismo estamos en un momento de bloqueo constituyente, lo que pasa es que la imposibilidad de una reforma constitucional real se está utilizando como excusa para impedir que se produzcan otros cambios. ¿Por qué no tenemos una ley de la corona o no se puede hacer un referéndum? Porque debería reformarse la Constitución. Y en este sentido la reforma hoy se está utilizando, no sólo por parte de la derecha sino también de sectores del PSOE, para impedir que a través de leyes orgánicas se puedan sacar adelante reformas en más profundidad.

Chile es un buen ejemplo de cómo los procesos constituyentes y republicanos llegan por vías inesperadas no previstas

Yo creo que tarde o temprano esto debería producirse un momento constituyente, que yo no me imagino que llegue por vías jurídicas previstas, sino que saldrá de manera imprevisible como en el caso de Chile, donde la Constitución de Pinochet estaba llena de candados y no admitía una reforma estructural y, de repente, el aumento de precios del transporte público es la chispa que hace estallar una gran rebelión ciudadana que parecía imposible: el compromiso del régimen para hacer un referéndum no previsto sobre una nueva constitución y una asamblea constituyente. Y Chile, en este sentido, es un buen ejemplo de cómo los procesos constituyentes y republicanos llegan por vías inesperadas no previstas. De todos modos, insisto en la idea de que abrir un proceso constituyente es importante, pero es igualmente importante alterar las correlaciones de fuerzas mediáticas, económicas y políticas, porque sin esto una nueva Constitución puede terminar siendo poco más que una hoja de papel.

Gabriel Rufián decía recientemente que “el paradigma ha cambiado, los gobiernos de los últimos 40 años siempre habían pactado con el nacionalismo de derechas vasco y catalán y ahora están obligados a pactar con el independentismo de izquierdas catalán, vasco y, a veces, gallego. Y creo que incluso se debería oficializar. Nos deberíamos poder presentar diferentes fuerzas políticas independentistas de izquierdas, me imagino al independentismo de izquierdas gallego, vasco y catalán presentándose —y no hablo de una lista electoral conjunta— bajo un paraguas discursivo, de intencionalidad política conjuntamente en unas elecciones españolas para sumar, para multiplicar los diputados y diputadas y para compartir causas también evidentemente con la gente de Adelante Andalucía, con la gente del SAT, con la gente del Bloque en Valencia, etc. Creo que es positivo y hay un campo allí interesante. A mi me parece interesante”. ¿Qué te parece?

Me parece muy interesante también, y por utilizar un símil republicano, puede ser importante para avanzar hacia un nuevo Pacto de Donosti como el de 1930. Aquí Rufián piensa más en fuerzas que sean declaradamente independentistas, pero creo que hay espacio para sumar más. Creo que en este arrecife de coral hay espacio para más alianzas, que a veces pueden ser acuerdos programáticos, orgánicos, más en el ámbito municipal, etc. Creo que el municipalismo es un gran laboratorio de experimentación democrática, donde las fronteras son más flexibles que en el ámbito estatal. Pero me parece que esta actitud es la correcta. Creo que, en el Congreso en Madrid, tenemos que avanzar en este sentido sin obsesionarnos por la forma orgánica que adopte esto. Pero el solo hecho de tener la predisposición para que los relojes estén acompasados ​​es enormemente importante, porque parte de la debilidad del republicanismo peninsular, muy bien aprovechada por los sectores conservadores y monárquicos en momentos clave, ha sido esta desconexión o falta de conocimiento mutuo que hacía que cuando se producía un impulso republicano a un lugar no pasaba nada a otros lugares del Estado.

Parte de la debilidad del republicanismo peninsular, muy bien aprovechada por los sectores conservadores y monárquicos en momentos clave, ha sido esta desconexión o falta de conocimiento mutuo

Debemos aprender estas lecciones, y aquí no puedo evitar que me salga mi visión de diputado de ultramar, también debemos aprender de experiencias que vienen del sur. A la hora de pensar qué tipo de organización necesitamos para frenar la extrema derecha, yo pienso en la gente de Bolivia, Colombia o Chile, donde han tenido que inventar y crear formas nuevas de enfrentarse a una derecha enormemente violenta.

En una entrevista reciente a eldiario.es, decías que te interesaba la idea de Jorge Reichmann, en relación al tipo de partido político para las fuerzas transformadoras, que “tenía que parecerse más a un arrecife de coral”. ¿Ha pensado más en que implica esta perspectiva de la organización partidaria?

 Esta es una reflexión que viene a raíz de que tanto el 15M y las mareas como el movimiento soberanista produjeron cambios muy importantes pero no tuvieron la fuerza que nos imaginamos que no habían sido capaces de dar lugar a nuevas formas de organización, con penetración y capilaridad territorial. Y cuando tú quieres ser una fuerza transformadora que quiere revisar de manera profunda las relaciones de poder en muchos ámbitos y no tienes la fuerza de los medios o el poder económico lo único que tienes es la organización. Por lo tanto yo creo que es una de las principales tareas de nuestra época, más que obsesionarnos principalmente por las encuestas y los escaños, debemos pensar cómo construir instrumentos políticos que contribuyan a la autoorganización democrática de la gente común para poder incidir en el cambio de estas relaciones.

Y desde este punto de vista me parece que el partido tradicional no es una buena herramienta, y una buena intuición del 15M y otros movimientos era precisamente que esto tenía que cambiar, y esta es una promesa incumplida aún hoy. Por lo tanto, pienso que para poder hacer frente a la extrema derecha, que sí está dando esta batalla política y cultural en las redes y los medios, que sí está intentando tener capilaridad, que están escribiendo libros, necesitaríamos un tipo de organización que fuera permeable y capaz de acoger suficiente pluralidad y diversidad para estar a la altura de este reto. Y desde este punto de vista, esta idea de Jorge Reichmann que habla del arrecife de coral me parece una metáfora interesante para nuestro contexto, donde un repliegue identitario desde una concepción jerarquizada sería lo peor que se podría hacer; sería un tapón imperdonable para un movimiento republicano que tiene condiciones para poder crecer en los años que vienen impulsado por las generaciones más jóvenes, el feminismo y otras cuestiones que la extrema derecha no podrá frenar.

Finalmente, una pregunta que se aleja un poco del tema. En la presentación de tu libro que se hizo en la Plaza Felipe Neri el martes 29 de junio, dijiste una frase que me gustó tanto estética como políticamente. Dijiste “no se lucha por esperanza, porque si se luchara por esperanza, cuando ésta no está, entonces no se lucha”. Entonces, ¿desde dónde seguimos luchando?

En realidad estaba reproduciendo una frase de uno de mis grandes referentes republicanos: Xosé Manuel Beiras. Me parece interesante como reflexión para que la esperanza es uno de los grandes motores de cambio sobre todo cuando la tienen los que no tienen nada. Pero quizás a veces nos toca luchar también sin tener esperanza, y Beiras decía que siempre ha luchado sin esperanza, y precisamente por eso sabía que no se rendiría jamás.

Hoy hay gente frustrada por el 15M o por el movimiento soberanista, y en este contexto me gusta la idea de que a veces tenemos que luchar por dignidad, porque toca, porque no podríamos hacerlo de otro modo

Hoy hay gente frustrada por el 15M o por el movimiento soberanista, y en este contexto me gusta la idea de que a veces tenemos que luchar por dignidad, porque toca, porque no podríamos hacerlo de otro modo. Para que la conquista de la propia libertad y de la libertad ajena es suficiente como para dar la batalla y resistir incluso si no ves un resultado concreto en el horizonte inmediato. No es un argumento en contra de la esperanza, que yo creo que es revolucionaria, pero sí puede servir para recordar que incluso en aquellos momentos donde la esperanza no está a niveles máximos siempre hay razones para seguir luchando.

Bloque 4. Rueda de reconocimiento republicana

Bartolomé de Las Casas

Fue uno de los grandes inspiradores de la concepción moderna de los derechos humanos e inspirador de las grandes revoluciones europeas, de la inglesa, de la francesa, de las revueltas americanas. Es hijo del hecho más importante de su época, y que es muy decisivo en la historia hispana, que es lo que llamó “la historia de la destrucción de las Indias”. Es un personaje horrorizado por ello y cómo reacciona a todo esto (él era un “encomendero” de origen), rompe con su propia biografía y pone las piedras fundamentales para pensar una alternativa basada en la idea de dignidad, en la idea de los derechos humanos y también en una idea de República.

Fue un gran obsesionado para republicanizar una monarquía imperial como la que le estaba tocando vivir y pensó que el primer requisito para poder republicanizar aquella monarquía imperial era acabar con la “encomienda”. Es decir, acabar con el régimen económico que hacía posible la monarquía imperial. En segundo lugar, que cualquier rey debía ser directamente elegido por la gente, y que por tanto, la monarquía hereditaria era absolutamente incompatible con cualquier régimen republicano. Creo que estas ideas tienen todavía mucha fuerza hoy.

Mariana Pineda

Una mujer fascinante. Es un ejemplo de cómo, en un contexto de lucha contra el absolutismo monárquico, el crecimiento del republicanismo democrático puede romper incluso los límites del espacio doméstico. Si Mariana Pineda es una joven viuda granadina que desde la autonomía que le daba la posibilidad de ser viuda y tener un cierto control sobre su domus, digamos, se convierte en una persona que impulsa tertulias republicanas, que acoge a casa a muchos de los activistas liberales (en el sentido español de la palabra) que se estaban enfrentando a Fernando VII, que era acusada de anarquista por los realistas de su época y que paga con su vida este impulso vital.

En el caso de Mariana Pineda, conviene recordar a García Lorca, su compromiso no nace de una formación doctrinaria. No es que Mariana Pineda fuera lectora de autores republicanos, sino que su republicanismo nace de un amor por la libertad y de una inclinación a levantarse contra el abuso, que a mí me parece que es el principal elemento de cualquier actitud republicana en la vida.

José Maria Orense

Otra biografía curiosa. Un cántabro desconocido o poco conocido. Pero que precisamente se formó políticamente en la batalla contra el absolutismo durante el trienio liberal. Fue de los que junto a Riego decidió plantar cara como nadie lo había hecho en unos de los más crueles reyes borbones, Fernando VII. Como todos los que intentaron hacerlo terminó exiliado, terminó marchando a Inglaterra. Después volvió con unas ideas más moderadas pero nunca abandonó este hilo republicano que le llevó a convertirse en 1873 en el personaje que acaba proclamando la República Federal, siendo ya muy grande, y que compartía muchos de los sentimientos que forman parte del núcleo del republicanismo hispano: la separación iglesia-estado, la necesidad de una reforma agraria, la necesidad de la defensa de la ciencia y el pensamiento crítico.

Otra cosa que es menos considerada, pero que para mí es muy importante y es objeto de mis intereses es el iberismo. Es decir, la idea de que para romper la configuración hispánica, monárquica y centralista era muy importante abrir este debate, el debate ibérico. Era una manera también de que el Sur de Europa pudiera hablarle de tú a tú a los “Cien mil hijos de San Luis”, es decir, a las presiones de Francia y de otras potencias. Me parece que es un proyecto sobre el que vale la pena darle vueltas.

Fernando Garrido

Junto a Pi y Margall, uno de los dos grandes personajes del federalismo republicano socialista del siglo XIX. Un cartagenero. Aquí aparecen las grandes ciudades del republicanismo: Barcelona, ​​Cartagena, Cádiz, Coruña. Un personaje enormemente fascinante, interesante, un gran publicista y de una enorme actualidad. Defensor de una idea de federalismo que también yo creo que hay que revisar, que es este federalismo muy pimargalliano, claramente sinalagmático, de abajo hacia arriba, siempre de libre adhesión. Yo creo que después de la experiencia de lo que ha sido el Proceso en Cataluña, son ideas que se necesitan recuperar. Hay que volver a revisar un poco más lo que pensaba realmente Pi en los diferentes momentos de su vida o lo que pensaba personajes como el Fernando Garrido, para encontrar algunas de las respuestas. Esto que decíamos antes, la idea de que todos los republicanismos peninsulares deben tener todos los relojes acompasados ​​para pensar en algún tipo de embate o superación del Régimen monárquico, centralista y cada vez más oligárquico.

Pi Margall

Uno de los más grandes de la tradición republicana democrática ibérica. Los temas de interés que tenía en su cabeza y con los que se compromete son inagotables. Critica los crímenes coloniales, como Las Casas; defiende a los patriotas soberanistas cubanos, como José Martí; elogia a los comuneros parisinos de 1871. Su republicanismo combinaba de manera muy creativa el federalismo, el confederalismo y las diferentes tradiciones socialistas y libertarias. Fue admirado por Engels y Federica Montseny. Se convirtió en presidente de la I República, y aunque no compartía las tomas de una parte del republicanismo popular, se negó a reprimir estos movimientos y presentó la dimisión por enfrentarse inmediatamente al republicanismo diestro que terminó representante Castelar. Es un personaje que sobre todo los jóvenes deberían conocer mejor. Hace poco he leído una historia de América de Pi, donde empieza a hablar de los pueblos indígenas, de cómo estaban organizados: los aztecas, los incas… es de una curiosidad extraordinaria y de una honestidad intelectual y personal abrumadora.

Manuel Azaña

Un republicano español, liberal e intelectualmente burgués, como el mismo decía, pero a la vez muy brillante. Hay un primer Azaña, que la derecha actual y una parte del PSOE se empeñan en olvidar, claramente jacobino y antimonárquico, con momento memorables en el Ateneo de Madrid. Es el mismo Azaña que, en la línea de Pi y Margall, cree que el problema de la organización del Estado se origina ya con Carlos V y la represión de los comuneros de Castilla. Y es el mismo, también, que llega a defender el derecho del pueblo de Cataluña a navegar por sí solos, si así lo deciden libremente, aunque después adopta posiciones más centralistas. Quizás confió demasiado en el papel que la pequeña burguesía ilustrada podía tener en el proceso republicano de su tiempo, despreciando la potencialidad de la autoorganización obrera y campesina, pero sin duda es uno de los exponentes más lúcidos de un republicanismo español progresista que sigue siendo necesario para producir transformaciones más amplias en el conjunto del Estado.

Margarita Nelken

Era, si no estoy equivocado, de familia de judíos alemanes, una mujer enormemente culta. Creo que se le atribuyó una traducción de la Metamorfosis de Kafka. Fue diputada por las Cortes y curiosamente fue contraria al sufragio femenino. Compartía esta idea con Victoria Kent, consideraba que si las mujeres votaban, como aún eran mujeres que estaban demasiado inscritas en ese escenario que Lorca describe tan bien en La Casa de Bernada Alba, un espacio doméstico cerrado, patriarcal, jerarquizado, ganarían las derechas. Otros, como Clara Campoamor entendían que el sufragio femenino era algo que no se podía aplazar. Pero bueno, una mujer con una biografía muy interesante, que pasa del partido socialista a los comunistas, que fue expulsada del Partido Comunista, y que era muy respetada por republicanos como Jiménez de Asúa. Una de las tareas pendientes del republicanismo actual es recuperar estas mujeres, que desde diferentes clases sociales, ya veces lejanas a la tradición estrictamente republicana, como es el caso de la gran Emilia Pardo Bazán, o de muchas mujeres anónimas de clase popular, han sido demasiado invisibilizadas. Es imposible pensar el republicanismo del futuro sin tenerlas presente.

Joaquín Maurín

Seguramente uno de los marxistas hispánicos más originales y creativos del siglo XX. Siempre he sido muy maurinista en este sentido. Incluso cuando exagera -y lo hace muy a menudo- Maurín deslumbra y lo hace de una manera muy personal. En sus escritos aparecen muchas de las tareas democratizadoras que el republicanismo tenía por delante en su época y que aún en tiene hoy: la separación iglesia-estado, la reforma agraria (hoy podríamos añadir la cuestión urbana), la igualdad de las mujeres , la autodeterminación de las naciones del estado… muchos de los elementos de un programa democratizador a la altura del siglo XXI en el estado, en parte ya están en Maurín. Es fascinante por su creatividad y por la importancia que le da a la propia historia hispánica. Es decir, muchas veces en la tradición marxista ha habido idea de que basta leer Lenin, Gramsci, etc. para hacerte una idea de las grandes tareas emancipatorias. Y ya, eso está muy bien, son autores clásicos, pero también se ha de leer el XIX catalán, el XIX español, las tradiciones republicanas gallegas, andaluzas, vascas. Esto Maurín lo tenía presente y su capacidad para establecer conexiones entre fenómenos políticos es realmente admirable.

Josep Fontana

Un gran maestro para toda una generación. A mí, como latinoamericano de origen, me fascinó desde un primer momento la mirada periférica de Josep, que creo le venía también de su catalanidad. En mi biografía hay un hecho curioso: como “castigo político”, mi padre, que era maestro y un abogado modesto, fue nombrado embajador de Argentina en Tanzania en 1963. Escogió ese país precisamente porque su generación veía con mucha esperanza los procesos anticoloniales y socialistas africanos de la época. Pues bien, buena parte de lo que he aprendido sobre estos temas, siendo ya mayor, me viene de textos de Fontana, que era un historiador que no sólo miraba el mundo desde el centro, sino desde África, América, teniendo presente lo que ocurría con la agricultura y otras clases y grupos marginados. Fue capaz de tocar muchos temas que en la historiografía marxista convencional (incluso grandes historiadores como Hobsbawm) no tenían el mismo peso. A través de Fontana, me reencontré con libros que habían sobrevivido en mi casa, después de la dictadura, sobre Amílcar Cabral o Patrice Lumumba. Era increíble ver este señor que te encontrabas en el Raval, caminando en sus últimos años siempre con una pila de libros bajo el brazo. Tenía su cabeza desde allí, en el Raval, en África, en las grandes luchas emancipatorias de las periferias. En uno de sus últimos artículos, a raíz del centenario de la revolución rusa, defendió el confederalismo kurdo como una posible alternativa de organización democrática radical. Un referente absoluto.

Antoni Domènech

Una de las personas que más me ha influido intelectualmente y políticamente. Una mente brillante, que nos mostró que muchas de las convicciones emancipadoras y transformadas que teníamos se podían inscribir en una tradición republicana, democrática, que empezaba en la Antigua Grecia, con Pericles, Aspasia de Mileto, etc. y llegaba hasta la fecha. Y que en esta gran tradición había muchísima gente. Desde los campesinos que impulsaron la Carta del Bosque en la Inglaterra del siglo XIII, hasta los irmandiños gallegos, pasando por Marx y Rosa Luxemburgo, por Thomas Paine, Federica Montseny, Manuel Azaña o Joan Peiró. Toni era otro intelectual de una creatividad enorme. Tenía sus animosidades, había gente a la que detestaba y cuando debía ser crítico no mostraba ningún tipo de auto-contención. Pero al mismo tiempo era muy plural en sus elogios. Le gustaba decir que se consideraba un “socialista sin partido”, y eso lo convertía en un pensador absolutamente antidogmático. Desde un punto de vista histórico, tú podías estar con Azaña y con Maurín mismo tiempo, aunque ellos tuvieran visiones contrapuestas en muchos temas. Y esto es algo que a mí me ha servido mucho y creo que es un buen elemento también para construir lo que necesitamos hoy. No hay que estar de acuerdo en todo para compartir un proyecto republicano democrático con otros. No es necesario tener una única línea correcta de la historia. Nos hemos vuelto de manera razonable mucho más laicos, hay tanta incertidumbre de cara al futuro, que nadie puede aspirar a bajar línea debiendo estar interpretando el sentido secreto que la historia tiene allí. Toni, en eso, era un personaje extraordinario en su curiosidad, rigor, y sobre todo en su pasión republicana. Tú lees un artículo de Toni y te sientes movido, te has de levantar de la silla, porque no estás simplemente leyendo. Hay alguien que te está permitiendo entender el mundo pero que también te está llamando a la acción. La elocuencia republicana era una de sus grandes virtudes.

Arcadi Oliveres

Bueno, otro Bartolomé de las Casas catalán. Al igual que el Pere Casaldàliga y tantos otros. El mejor republicanismo cristiano, de un independentista catalán profundamente solidario e internacionalista. Antes hablábamos de que si había que tener esperanza para luchar. No sé qué es lo que tenía Arcadi, pero él veía algo muy especial porque su republicanismo era de los más infatigables que yo he conocido. De los más comprometidos. Tenía una predisposición constante a ponerse al servicio de los demás, a denunciar los abusos de poder. A poder levantarse y coger un coche destartalado para ir a donde sea de Cataluña, de Extremadura. También ir a Colombia o donde fuera. Seguramente, esto estaba movido por algunas creencias profundas que no están a mi alcance, que a mí se me escapan. Pero que eran profundamente admirables y despertaban una ternura y una firmeza a la vez que son otro de los materiales imprescindibles para nutrir nuestros anhelos libertarios, igualitarios y fraternales.

Juan Carlos I: un año de exilio radioactivo

Por Gerardo Pisarello

Olvidarse de la evasión fiscal y del blanqueo de capitales que se atribuyen al rey emérito no ayudará a conquistar la progresividad tributaria necesaria para financiar derechos sociales robustos para el conjunto de las gentes trabajadoras

 Aquí en CTXT 3/08/2021

Hace exactamente un año, Juan Carlos de Borbón abandonaba abruptamente España y se trasladaba a una villa de lujo en Abu Dhabi. Lo hacía pocos meses después de que la propia Casa Real, en una nota firmada por su hijo Felipe VI, lo señalara como posible autor de graves delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales. Aún hoy no está claro si se trató de un autodestierro o de un exilio forzado. Lo cierto es que sus efectos han sido inequívocamente radioactivos. Para el rey emérito y para el conjunto de la Familia Real. Como consecuencia de ello, el juancarlismo, entendido como una forma de consenso en torno a la legitimidad de la monarquía, se ha desmoronado como un edificio en ruinas. Y se ha convertido, de paso, en un lastre para la monarquía reinstaurada por Francisco Franco y caracterizada como parlamentaria en la Constitución de 1978.

 El exilio: una respuesta española a la degradación de la monarquía

Con su súbita huida a la mansión que le facilitó el jeque Bin Zayed Al Nahayan en la isla de Nurai, Juan Carlos I repetía la historia de muchos Borbones que le precedieron. Tras las revueltas de 1840, María Cristina se vio obligada, siendo reina regente, a zarpar a Marsella y acabó sus días en el exilio francés. Su hija, Isabel II, también tuvo que huir a París tras la Revolución Gloriosa de 1868, y allí moriría con 73 años. Su nieto Alfonso, abuelo del actual emérito, también se vio forzado a exiliarse en Roma, tras la llegada de la II República.

En realidad, el exilio ha sido una manera española de responder a la degradación de la monarquía y, de manera más específica, de la monarquía borbónica. Casi siempre ha sido el resultado de revueltas producidas por escándalos de corrupción o por las inclinaciones reaccionarias de los monarcas de turno. A diferencia de lo que ocurrió con la Revolución inglesa del siglo XVII o con la francesa del XVIII, en España los reyes disolutos no han acabado en el cadalso. Ni siquiera han tenido que sentarse ante un tribunal o ante una comisión parlamentaria. Simplemente, se les ha facilitado el exilio o se los ha forzado a emprenderlo.

Un regreso cada vez más improbable

Comparado con las respuestas de algunas revoluciones modernas, el exilio, al igual que el ostracismo griego, aparece como una medida humanitaria, carente de la crueldad de otras alternativas más drásticas. Eso sí, casi siempre los reyes exiliados han conspirado para regresar, e incluso para vengarse de quienes forzaron su salida. María Cristina no dudó en intrigar desde París contra los progresistas y los demócratas que se levantaron contra ella. Isabel II fue algo más cauta. Alfonso XIII de Borbón, en cambio, no dudó en utilizar su exilio para conspirar junto a Mussolini contra la II República.

Hasta que las encuestas le comenzaron a ser claramente adversas, Juan Carlos I no pensó nunca que tendría que abdicar. Mucho menos que podría acabar sus días fuera de España contra su voluntad. La elección de Abu Dhabi, sin embargo, terminó siendo una forma, acaso inconsciente, de vetarse un posible retorno.

Para un rey acusado de cobrar comisiones por venta de armas, de petróleo, o por la construcción de infraestructuras como el AVE a la Meca, trasladarse a una isla de lujo invitado por un autócrata de los Emiratos Árabes es como regresar a la escena de un crimen. Como reconocer que la fortuna acuñada al margen de sus funciones constitucionales se forjó con el tipo de amistades que ahora le ofrecen refugio. Protegido durante meses por jeques de Oriente Medio, todos los negocios irregulares atribuidos a Juan Carlos de Borbón desde antes de que fuera rey han ganado verosimilitud. Despojado del férreo blindaje mediático del que se benefició en sus días de gloria, las investigaciones que lo vinculan al cobro de favores al margen de la ley adquieren un halo de credibilidad incontestable. Desde las millonarias transacciones con diferentes reyes de Arabia Saudita a los opacos servicios prestados a sus “hermanos”, el emir Yaber III, de Kuwait, o los reyes de Marruecos Hassan II y Mohamed VI.

No sorprende, por eso, que el retorno del Rey exiliado sea una hipótesis que se antoja cada vez más lejana. Especialmente, cuando el propio exmonarca ha intentado regularizar desesperadamente su fortuna, asumiendo así la condición de evasor de la que se le acusaba. El “regreso del rey” salió tímidamente a colación en las últimas navidades, pero pronto se disolvió como un azucarillo. Hubo algunos sectores de la derecha que, con el pecho henchido, pero con la boca pequeña, declararon que el “rey puede volver cuando le venga en gana”. Pero ni los sectores monárquicos más influyentes ni el propio Felipe VI mostraron entusiasmo alguno sobre esa operación retorno. Es más, conscientes de que cualquier contacto directo con el exrey abrasaría a la institución y al monarca actual, han tendido a pensar que el único favor que el emérito estaría en condiciones de prestar a la institución es acabar sus días en la lejana villa de Nurai.

Exilio forzoso a cambio de impunidad interna

El exilio en Abu Dhabi, en todo caso, no solo puede entenderse como un castigo de lujo. Es la condición para una contrapartida interna: que ciertos actores políticos, económicos y judiciales se comprometan con denuedo a trabajar en España para la impunidad del exmonarca.

Desde que Juan Carlos de Borbón, en efecto, anunció que gozaba de los favores de Bin Zayed Al Nahyan, se registraron en el Congreso quince peticiones de comisiones de investigación. Su objetivo no era controlar al emérito. Era obligarlo a informar ante la sede institucional por excelencia de la soberanía popular de lo que sabía sobre los hechos que se le atribuían. Todas fueron vetadas con por la postura contraria de  Vox, PP y PSOE. 

A pesar de las graves acusaciones en su contra y de la confesión que sus intentos de regularización fiscal “voluntaria” suponen, Juan Carlos I sigue sin estar imputado ante el Tribunal Supremo. Las actuaciones de la Fiscalía están siendo lentas y no han dado todavía ningún resultado tangible. Tampoco ha sido diligente la actuación de Hacienda. Sus propios sindicatos de técnicos han denunciado la impúdica pasividad mostrada en el caso del rey emérito, sobre todo si se compara con otros casos en los que se hubieran detectado incumplimientos fiscales similares.

A decir verdad, las principales esperanzas de que Juan Carlos I responda ante un tribunal están hoy depositadas en la actuación de jurisdicciones extranjeras. Por un lado, en lo que pueda hacer el valiente fiscal suizo Yves Bertossa. Ya en el verano de 2018, Bertossa descubrió una cuenta de la fundación panameña Lucum, en el banco Mirabaud. En ella se ocultaban 65 millones de euros que Juan Carlos I recibió en 2008 del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Habrá que ver qué sale de allí.

La otra vía abierta es la que pueda derivarse de la demanda civil, recientemente presentada por Corinna Larsen, ante un tribunal inglés contra su expareja. Su acusación de acoso, seguimiento y difamación, involucra al emérito y a los propios servicios de inteligencia españoles. En este último caso, podría ocurrir que si el exmonarca invocara su condición de ex Jefe de Estado, se le podría aplicar la doctrina utilizada en el caso Pinochet en 1999. En aquella ocasión, el comité judicial de la Cámara de los Lores falló contra la inmunidad del dictador y facilitó su extradición a España.

Una onda radioactiva de alcances imprevistos

A pesar de todos las precauciones adoptadas en el ámbito interno para que Juan Carlos I no comparezca ante el Congreso ni se siente ante un tribunal, la constante catarata de acusaciones en su contra no deja de emitir material altamente radioactivo. Ese material está corroyendo todos los muros que se intentan levantar entre el exmonarca y Felipe VI. El rey actual tiene así un doble problema. Cada vez que un nuevo escándalo sacude a su antecesor, debe dedicar tiempo a encubrirlo o a simular que nada ocurre. Pero ese silencio, lejos de alejarlo de su padre, lo acerca irremisiblemente a él. Sobre todo, porque es poco verosímil que Felipe de Borbón no supiera nada sobre operaciones financieras de su progenitor, acordadas cuando él era un adulto que llevaba tiempo preparándose para ser rey.

Sus propios sindicatos de técnicos han denunciado la impúdica pasividad mostrada en el caso del rey emérito, sobre todo si se compara con otros casos

Esta dificultad de Felipe VI para deshacerse de la pegadiza sombra de su padre es una razón de peso para que no tenga interés alguno en que este abandone Abu Dhabi. Sin embargo, algunos sectores monárquicos comienzan a pensar que es insuficiente. Que la radiación emitida por Juan Carlos I está afectando a su hijo y que quizás haya que activar con premura un plan B. Ello explicaría las ansiosas y torpes campañas por acelerar la llegada al trono de Leonor, presentada como la cara joven de una monarquía por fin moderna, libre de las hipotecas de su abuelo y de su propio padre.

En un contexto así, las fuerzas republicanas, democráticas, no pueden consentir que la vía de la impunidad se consolide. Su prioridad, en estos tiempos de pandemia, debe ser sin duda priorizar las medidas materiales que la economía y las mayorías sociales precarizadas necesitan de forma urgente. Pero ello no puede hacerse a costa de callar sobre la monarquía. Por el contrario, olvidarse de la evasión fiscal y del blanqueo de capitales que se atribuyen al rey emérito y a otros personajes que se beneficiaron de sus favores, no ayudará a conquistar la progresividad tributaria necesaria para financiar derechos sociales robustos para el conjunto de las gentes trabajadoras. Tampoco se defenderán mejor la educación, la vivienda o la sanidad públicas si no se denuncia el saqueo privado generado por un capitalismo de amiguetes y de comisionistas al que la monarquía ha estado obscenamente vinculada.

Tras reconocer que los escándalos del emérito eran “perturbadores e inquietantes”, Pedro Sánchez se mostró convencido, a finales de 2020, de que Felipe VI daría pasos hacia “la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad”. Desde entonces, no se ha visto ninguno. La monarquía sigue gozando de espacios intolerables de inmunidad y opacidad, y sigue resultándole a la ciudadanía mucho más costosa de lo que los presupuestos de la Casa Real reflejan. Es un deber cívico elemental, pues, impulsar medidas de higiene democrática que pongan coto ya a esos privilegios odiosos. Acometerlas no implica renunciar a ningún horizonte republicano. Por el contrario, implica seguir bregando por ellos con persistencia, recordando, como dejó dicho Galdós, que a veces la paciencia es una forma de heroísmo disuelto en el tiempo. 

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42 años de Constitución. Por un nuevo republicanismo

Hoy 6 de Diciembre, con motivo del 42 aniversario de la Constitución, se ha publicado en El País un reportaje en el que he participado junto a otros integrantes de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y en el que analizamos la Constitución y sus posibles reformas.

Aquí el reportaje publicado en El País.

Comparto mis respuestas al cuestionario.

  • LA FORMA POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 1. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

PREGUNTA: ¿Es partidario de modificar este artículo para abrir la puerta a una forma de Estado republicana?

Tener una Jefatura de Estado hereditaria en pleno siglo XXI es de por sí injustificable. Sumado a eso, la Casa Borbón, de Fernando VII a Juan Carlos I, se ha beneficiado de privilegios y atributos impensables en monarquías realmente parlamentarias como la británica o la noruega. La sociedad actual no entiende que la Corona actúe sin controles en tantos ámbitos. O que se hurte a la ciudadanía la posibilidad de decidir si prefiere una monarquía o una república democrática. En Italia se hizo, ¿Por qué en España no?

  • LA SOBERANÍA Y LA UNIDAD DE ESPAÑA

Artículo 1. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

PREGUNTA: ¿Es partidario de modificar alguno de estos dos artículos para cambiar el sujeto de soberanía o eliminar la referencia a la unidad de España?

El artículo 2 es uno de los más tortuosos de la Constitución, ya que su versión final fue impuesta por sectores del Ejército ligados al franquismo. Un proyecto republicano y plurinacional en común, como el que defendemos, exigiría pensar la soberanía democrática también en plural. Y asegurar que esta pueda compartirse, sin imposiciones, por la libre decisión de los diferentes pueblos y gentes que conviven en el Estado.

  • LAS LENGUAS

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

PREGUNTA: ¿Es partidario de fijar en la Constitución que todas las lenguas oficiales deben ser consideradas lenguas docentes en la escuela en sus respectivos territorios?

Igual que se promueve el castellano, hace falta un reconocimiento mayor del resto de lenguas peninsulares discriminadas y minorizadas ya desde el franquismo, como el catalán, el euskera, el gallego, e incluso otras como el asturiano. Lo lógico sería que se puedan oír más en los medios de comunicación y en las propias instituciones, comenzando por las Cortes Generales. Eso y reconocer de una vez que modelos de inmersión lingüística como el de Cataluña no solo han sido legales, sino un éxito en términos de integración y de igualación de oportunidades.

  • LA SANIDAD PÚBLICA

Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

PREGUNTA: ¿Es partidario de trasladar este artículo, que ahora está en el capítulo de Derechos y Deberes de los ciudadanos, al capítulo de los Derechos Fundamentales, para dotar de una mayor protección constitucional a la sanidad pública?

El derecho a la sanidad pública, a una vivienda digna o a un medio ambiente saludable son tan fundamentales como el derecho a la educación o a la libertad de expresión y deberían tener la misma protección. Una manera de hacerlo, prevista por la Constitución, es que se financien a través políticas fiscales progresivas. Por eso subleva que haya quienes, presumiendo de constitucionalistas, defiendan la competencia fiscal a la baja para beneficiar a los más ricos.

  • LA CORONA

Artículo 56.3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

PREGUNTA: ¿Es partidario de modificar este artículo para eliminar la inviolabilidad del Rey o aclarar los límites de esa inviolabilidad?

En ningún país democrático es concebible que un jefe de Estado tenga carta blanca para delinquir impunemente, ya sea por cobrar comisiones irregulares o por otros delitos. El Rey solo es inviolable cuando sus actos son refrendados por los ministros o el Presidente de Gobierno. Pero si asesina o comete delitos que nada tienen que ver con su función constitucional, no puede ampararse en la inviolabilidad, y debería rendir cuentas ante los tribunales y ante el propio Parlamento.  

Artículo 57. 1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

PREGUNTA: ¿Es partidario de eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona?

Somos un espacio de convicciones feministas, y por lo tanto rechazamos estas prevalencias. El problema es que la monarquía actual se construyó, desde su instauración por Franco, como un espacio especialmente impregnado de machismo. Una alternativa republicana debería ser capaz de erradicar estas prácticas, en la Jefatura del Estado y en el conjunto de la sociedad.

  • EL MECANISMO DE LA INVESTIDURA

Artículo 99.5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

PREGUNTA: ¿Es partidario de modificar este artículo para facilitar que, en caso de no alcanzarse la mayoría absoluta, gobierne la lista más votada y se evite la repetición electoral?

Hoy, si no se alcanza la mayoría absoluta, ya se prevé la posibilidad de investir un candidato con mayoría simple del Congreso. En un sistema de partidos como el nuestro, no esta mal tener que buscar alianzas que reflejen diferentes sensibilidades políticas y territoriales. Que la lista más votada gobierne automáticamente podría ir en detrimento de esos equilibrios.

  • EL ESTADO DE ALARMA

Artículo 116.2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

PREGUNTA: ¿Es partidario de fijar en la Constitución los casos en los que el Gobierno podrá hacer uso del estado de alarma? ¿Y de modificar las condiciones de su aprobación?

En estos meses hemos visto que el estado de alarma vinculado a una pandemia no solo exigía limitar derechos como la libertad de circulación, sino reforzar otros, como el derecho a la salud pública o a no ser desahuciado sin alternativa habitacional. Estaría bien precisar muchas de estas cuestiones. Pero podría hacerse en la ley orgánica ya existente. No todo debe estar en la Constitución.

  •  EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO

Artículo 135

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

PREGUNTA: ¿Es partidario de eliminar de la Constitución el compromiso con la “estabilidad presupuestaria” y la prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otro gasto?

Somos partidarios de derogar aquellas disposiciones que facilitaron las políticas de austeridad y de recortes, desnaturalizando los contenidos más sociales de la Constitución. La obligación de priorizar el pago de la deuda a los grandes acreedores, que no por casualidad se aprobó de manera furtiva, es una de ellas. La Ley Montoro, que asfixió a los ayuntamientos, es otra. Con la pandemia, los aspectos más lesivos de estas normas han quedado suspendidos. Pero deberían revisarse de manera definitiva.

  • LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Artículos 148, 149 y 150. Competencias del Estado y las autonomías.

PREGUNTA: ¿Es partidario de fijar definitivamente en la Constitución las competencias exclusivas del Estado y las de las autonomías, cerrando la puerta a la posibilidad de delegación de materias de titularidad estatal (150?2)? ¿Es partidario de alterar la actual lista de competencias del Estado y de las autonomías?

La Constitución de 1978 configuró un modelo autonómico abierto y flexible. Con el Gobierno de Aznar y con la sentencia del Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, se produjo un cierre abrupto. Ahora hay quienes querrían regresar a un modelo centralizado pre y anticonstitucional. Para nosotros el reto es otro: revertir las lecturas restrictivas y avanzar hacia un modelo homologable al de otras realidades federales y plurinacionales europeas.

La batalla de Chile, nuestra batalla

Por Gerardo Pisarello en Público.es

“Un niño jugará en una alameda, y cantará con
sus amigos nuevos; y ese canto será el canto de
un pueblo, a una vida segada en La Moneda”
Yo pisaré las calles nuevamente, Pablo Milanés

El 10 de septiembre de 1973 por la noche, en su residencia de Tomás Moro, Salvador Allende reunía a sus colaboradores más estrechos para comunicarles una decisión sobre la que llevaba tiempo cavilando. Había decidido convocar un referéndum para dotar a Chile de una nueva Constitución. Una Constitución que permitiera hacer algunos cambios estructurales inviables en el marco legal hasta entonces vigente. Pensaba hacer el anuncio en la Universidad Técnica de Santiago, al día siguiente, y acompañarlo de medidas de democratización económica, de reforma de la gran propiedad. No llegó a tiempo. A las 6:30 de la madrugada del 11 de septiembre, la Marina se sublevó en Valparaíso y se puso en marcha un Golpe de Estado que acabaría con la vida de Allende y aplastaría por medio del crimen sus planes constituyentes.

Casi medio siglo después, sobreponiéndose a la represión y a la pandemia, el pueblo chileno decidió reconstituir el proyecto truncado del presidente socialista. Por abrumadora mayoría, hizo saltar en referéndum los cerrojos de la Carta otorgada por el dictador Augusto Pinochet en 1980. Ahora se apresta a escribir una nueva Constitución para Chile. Y lo hará en la primera Convención Constituyente de la historia con paridad mujeres-hombres y representación de los pueblos originarios. La batalla por un proceso constituyente realmente soberano no estará exenta de obstáculos. Pero su sola conquista heroica en calles y plazas ya ha lanzado al mundo un mensaje de una inconmensurable potencia democrática: que lo que a veces se considera imposible, solo es algo que tarda un poco más en llegar.

Franco y Pinochet: una historia común de sabotaje de la legalidad republicana

Desde 2008, el capitalismo global vive su mayor crisis sistémica desde inicios del siglo XX. Esta crisis –social, económica, ambiental– se ha agravado notablemente con el estallido de la pandemia. Las principales respuestas que se le oponen, al menos en Europa y América, oscilan entre un neoliberalismo con tintes neofascistas y apelaciones a algún tipo de regulación social, democratizadora, como la que puso en marcha F.D. Roosevelt con el New Deal a partir de 1933.

La República de Chile fue pionera en este tipo de iniciativas. La mayoría fue aplicada en el marco de la Constitución de 1925, aprobada tras la reincorporación a la presidencia de Arturo Alessandri y vigente hasta el Golpe de 1973. Se trataba de un texto avanzado para su época. Y no era del todo sorprendente si se tiene en cuenta que Chile había conquistado el voto masculino, universal y secreto en 1874, con anterioridad a otros como Bélgica, Dinamarca, Noruega o Francia. Y no solo eso. En 1932 llegó a proclamar una efímera República socialista y seis años más tarde, en 1938, vio surgir un gobierno de Frente Popular presidido por el radical Pedro Aguirre Cerda y con el joven médico Salvador Allende como Ministro de Salud.

En realidad, ese constitucionalismo social chileno de inicios del siglo XX coincidió con el puesto en marcha en la II República española con la Constitución de 1931. La diferencia está en que la incipiente institucionalidad republicana española fue liquidada entre 1936 y 1939, con la inestimable intervención de Alemania e Italia, dando lugar a la oprobiosa dictadura de Francisco Franco. La chilena, en cambio, aguantó hasta 1973 y fue depuesta con la intervención deliberada de la Administración de Richard Nixon, que movilizó para su causa a la CIA, a la ITT, y aliados de todo tipo en Europa y América Latina.

Franco y Pinochet no solo compartieron una historia común de sabotaje de la legalidad republicana. También se profesaron mutua admiración. El 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del Golpe, Pinochet envió una carta a Franco para comunicarle el relevo del embajador de Chile en España y transmitirle su admiración: “Os ruego que aceptéis –le decía– los sinceros votos que formulamos por el bienestar de Vuestra Excelencia y por la grandeza de España”. Poco después, Emilio Villaescusa, un veterano franquista que había participado en la invasión nazi a la Unión Soviética, le devolvía el favor e imponía a Pinochet, en Santiago de Chile, la condecoración de la Gran Cruz al Mérito Militar, concedida por el propio Franco.

Los elogios recíprocos se mantendrían hasta los últimos días de vida del dictador de Ferrol. Una vez muerto este, la admiración se prolongó en la figura de su sucesor en la Jefatura del Estado, Juan Carlos I de Borbón. De hecho, cuando Pinochet se desplazó a Madrid, en 1975, a rendir homenaje “a un caudillo que nos ha mostrado el camino a seguir en la lucha contra el comunismo”, quien lo recibió entusiasmado y con abrazos a Pinochet en la escalerilla del avión fue el mismísimo Juan Carlos, quien unos meses antes le había reconocido que si por él fuera “viajaría a Chile de inmediato”.

La transición española como modelo para la transición chilena

Cuando la dictadura se hizo insoportable, la España y el Chile que se habían levantado contra la legalidad republicana buscaron compartir un “relato” que facilitara una transición democrática “moderada y sin revanchas”.

En el espejo chileno, la transición española y su Constitución de 1978 aparecieron durante mucho tiempo como modelo de lo que debía ser una democracia tutelada. A diferencia del Reino de España, Chile no contaba con una Monarquía encargada garantizar la “permanencia del Estado” y de moderar los “excesos democráticos”. Aún así, la Constitución pinochetista de 1980 intentó imitar algunos rasgos de la Constitución española de 1978. Era una Constitución rígida, que facilitaba una cierta transición democrática pero que hacía difícil, por no decir imposible, la introducción de reformas estructurales. Era, asimismo, una Constitución que aseguraba a los sectores vinculados al Antiguo Régimen un papel importante en órganos clave como el Poder Judicial, el Ejército o el propio Parlamento.

Había, sin embargo, una diferencia importante. En España, la Jefatura de Estado de Juan Carlos de Borbón había conseguido legitimarse parcialmente colándose en el referéndum que sometió a consulta la Constitución como un todo en diciembre de 1978. En Chile, Pinochet convocó un plebiscito con el único objetivo de someter a la consideración pública su continuidad en el poder. Contra pronóstico, sufrió una derrota categórica. Un 55,5% votó en contra.

El plebiscito de 1988 marcó el principio del fin de Pinochet. Diez años más tarde, el dictador viajó a Londres siendo senador vitalicio para someterse a una operación de columna. Convencido de que tenía inmunidad diplomática, no  dio crédito cuando recibió una orden de detención dictada por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón. Las acusaciones también lo dejaron atónito: presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas en Chile durante la dictadura militar. El arresto duró 503 días, y aunque el Reino Unido finalmente no autorizó el traslado a España, el caso marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad. Cuando Pinochet regresó a Chile, la justicia aprobó su desafuero como senador vitalicio y pudo ser investigado y procesado. Y a pesar de que tanto la llamada Comisión Valech como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile habían registrado más de 40.000 víctimas de sus crímenes, al final fue sobreseído por supuestas dolencias mentales.

De una democracia restringida a un proceso constituyente

La orden de arresto de Pinochet por parte de la justicia española no solo fue un golpe para el régimen heredado de la Constitución chilena de 1980. También sacudió las bases del régimen en el que había cristalizado la Constitución española de 1978, incapaz, entre otras cosas, de juzgar los crímenes del franquismo.

Esta percepción crítica de la Constitución, o mejor, del régimen constitucional, se vio agravada durante el segundo mandato de José María Aznar. Ya en plena crisis, en 2011, se profundizó con la reforma subrepticia, alevosa, del artículo 135, que en plena crisis convirtió el pago de la deuda a los grandes bancos como un objetivo constitucional prioritario. Esta (contra)reforma, en realidad, desactivó los aspectos más sociales y garantistas de la Constitución de 1978, acercándola, en cierto modo, al espíritu neoliberal que Jaime Guzmán y los llamados Chicago Boys habían impreso a la Constitución pinochetista de 1980.

Como reacción a esta realidad, mareas ciudadanas, nuevos colectivos republicanos, generaciones jóvenes ligadas al 15-M, e incluso diferentes propuestas soberanistas catalanas, vascas o gallegas, asumieron la consigna del proceso constituyente -en singular o en plural- como una alternativa a la crisis económica, social y territorial que se había desatado. Una y otra vez, sin embargo, se encontraron, al igual que en Chile, bien con los límites de sus propias fuerzas, bien con la férrea oposición del Tribunal Constitucional y otras instituciones del Estado. Para estos, el único horizonte de cambio admisible pasaba por la reforma constitucional que, de uno y otro lado del océano, era prácticamente imposible cuando se trataba de abordar cambios estructurales.

En este escenario de crisis constitucional, el estallido social chileno de octubre de 2019 inauguraría una nueva etapa. El detonante del levantamiento fue el alza abusiva del precio del transporte público. E involucró a miles de estudiantes a lo largo de todo el país. Pero las razones de fondo de las protestas apuntaban mucho más alto. Por un lado, implicaban una crítica descarnada, no exenta de cólera, contra el supuesto “milagro chileno”, que tras décadas en vigor, había aumentado la obscenamente la exclusión y las desigualdades, haciendo inaccesibles fármacos básicos y tratamientos de salud elementales, privatizando el sistema de pensiones o forzando a sectores amplios de la sociedad a endeudarse para poder estudiar. Por otra parte, expresaban una impugnación, también rabiosa, de la clase política, tanto en las derechas como en las izquierdas, a las que a menudo se veían demasiado implicada en componendas con aquellas.

La reacción del presidente Sebastián Piñera –un empresario millonario y conservador– fue combustible lanzado al fuego. En lugar de reconocer algunas de las razones que había detrás los disturbios, dijo que el país estaba “en guerra ante un enemigo poderoso” y anunció duras medidas represivas para combatirlo. Su mujer, Cecilia Morel, directamente comparó las protestas con “una invasión alienígena”, aunque luego rectificó y admitió que lo que hacía falta era “trabajar por disminuir la desigualdad” y “por disminuir nuestros privilegios”.

La actitud del Gobierno no hizo sino escalar el conflicto. Centenares de manifestaciones inundaron diferentes ciudades y pueblos del país. En muchas de ellas se produjeron enfrentamientos con la policía que se saldaron con muertes, heridos y centenares de manifestantes que perdieron la vista como consecuencia de los perdigones lanzados por la policía. Junto a los bloqueos, marchas y protestas convencionales, se organizaron ollas populares y “cabildos abiertos” para discutir los problemas de la ciudadanía.  A medida que las movilizaciones fueron madurando, crecieron reivindicaciones como las del colectivo feminista de Valparaíso, Las Tesis, que lanzaron una performance participativa de protesta –”Un violador en tu camino”- que dio la vuelta al mundo. Igualmente, la represión del Estado hizo que la bandera oficial chilena se viera desplazada u obligada a convivir con símbolos mapuches, que pasaron a ocupar un lugar central en marchas y concentraciones.

La masividad de las manifestaciones y la desmedida represión utilizada contra ellas hundió la aceptación de Piñera. En un momento determinado, esta llegó a caer unos 15 puntos porcentuales por semana, mientras que la desaprobación se disparó a casi el 80%. La persistencia ciudadana, popular, se tradujo por su parte en actos multitudinarios como el del 25 de octubre de 2019, que reunió a casi un millón y medio de personas en Plaza Baquedano, rebautizada como “Plaza de la Dignidad”.

Finalmente, el Gobierno se vio obligado a mover ficha. Primero, prometió una “Nueva Agenda Social”, con medidas de mejora en materia de pensiones, salud, salarios, energía, o fiscales. Luego, aceptó lo que parecía imposible: una reforma de la Constitución que dejaba en manos del pueblo chileno la redacción de una nueva Carta Magna en reemplazo de la Pinochet. No se trataba, pues, de debatir cambios concretos en base a los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución de 1980. Lo que la movilización social había conquistado era algo mucho más ambicioso: una reforma constitucional que habilitara un nuevo proceso constituyente.

Ciertamente, los sectores conservadores cedieron, pero solo a medias. Se vieron obligados a aceptar un hecho inédito en el derecho constitucional comparado: que la eventual Convención Constituyente observara en su composición la paridad absoluta entre mujeres y hombres. Igualmente, se comprometieron a dar representación y voz en ella a los pueblos indígenas originarios. Sin embargo, para evitar que el cambio llegara demasiado lejos, también adoptaron sus resguardos. Obligaron al resto de fuerzas políticas a aceptar un quorum de 2/3 para el funcionamiento de la Convención encargada de redactar la nueva Carta Magna. De este modo, se reservaban un poder veto, de bloqueo, cuya activación exigía una simple minoría de 1/3. Asimismo, se aseguraron que los nuevos contenidos constitucionales no afectaran a “tratados internacionales vigentes”, una cláusula que rápidamente se interpretó como destinada a proteger los tratados de libre comercio y los derechos de los grandes inversores.

Se pasaba, en definitiva, de una democracia restringida, condicionada, a un proceso constituyente. Pero con un riesgo: que el propio proceso constituyente naciera maniatado, para evitar justamente que alcanzara a áreas económicas “delicadas”, como el control de las inversiones extranjeras, o que produjera “excesos” democráticos indeseables. Los sectores conservadores admitían el fin de la Constitución de Pinochet. Pero desplegaban toda su fuerza para que ninguna Constitución nueva supusiera el quebranto de ciertos pilares políticos y económicos que consideraban irrenunciables.

El voto del 25 de octubre: primera victoria constituyente

Todos estos intereses contrapuestos entraron en disputa durante el plebiscito del pasado 25 de octubre. Y a pesar del cansancio, de la represión, de la emergencia social y económica, del miedo a la pandemia, la respuesta popular fue admirable. Con una participación superior a la de las últimas elecciones previas al Covid-19, un aplastante 78,2 % de los votantes se pronunció a favor de acabar con la Constitución de Pinochet mediante una Convención Constituyente paritaria. Apenas un exiguo 21,7% rechazó esta posibilidad, atrincherándose en el pasado.

Obviamente, tanto el voto del “rechazo”, como una parte del voto del “apruebo”, expresan a sectores conservadores que harán lo imposible para que la nueva Constitución sea un texto de mínimos, sin ambición ni capacidad transformadora. Para ello, intentarán que la calle se enfríe y que la pasión constituyente se desactive o se canalice exclusivamente a través de los partidos convencionales y la clase política de siempre. Igualmente, pondrán todo su esfuerzo en que entre los 155 miembros de la Convención que se elegirá en abril haya, al menos, una minoría con fuerza suficiente como para bloquear cualquier medida “excesiva”, “populista”, tanto en el orden político como en el económico.

La única forma de evitar que esto ocurra es que los movimientos sociales, populares, entiendan que el 25 de octubre solo se ha ganado una primera batalla constituyente. Pero que aún quedan muchas otras, que solo podrán materializarse en la medida en que la autoorganización y la autoilustración ciudadana mantengan viva la llama y la encomiable creatividad constituyente de estos meses. Desde luego, enfrentarse a poderes fácticos arraigados no es nada fácil, y menos en un contexto de pandemia. Pero si algo ha mostrado tener la gente, el pueblo chileno en toda su pluralidad, ha sido un coraje y una imaginación increíbles, capaces de sortear los obstáculos más férreos. Que la Convención Constituyente nazca sin mordazas, soberana, no dependerá de compromisos institucionales previos o de cuestiones técnicas. Dependerá de la fuerza constituyente que la preceda. En la calle y en las urnas. Así fue en Bolivia, el 18 de octubre. Así acaba de ser en Chile, el 25. Así ha sido en la historia reciente de la humanidad.

Sea como fuere, pase lo que pase del otro lado del océano, el impacto que tendrá en la península será enorme. Tanto Chile como el Reino de España tienen constituciones que se elaboraron bajo la vigilancia severa de viejas dictaduras. Ambas facilitaron una cierta transición democrática. Ambas están atravesadas de candados que impiden ciertos cambios constitucionales de fondo.

Este domingo 25 de octubre Chile ha demostrado que una voluntad constituyente, popular, organizada y decidida, puede hacer saltar por los aires los antiguos cerrojos jurídicos y dar paso a reglas nuevas. O sea que no es imposible. No hay un destino escrito. Hay alternativas. Y si las grandes alamedas se han abierto en Chile, como quería Allende, bien podrían abrirse también entre nosotros. Por eso la batalla y los sueños de Chile son, más que nunca, nuestra batalla, nuestros sueños.

Una Monarquia Patrimonial

Per Gerardo Pisarello

Publicat a l’Ara.cat

Al començament del segle XX, sota el títol Economia i societat, van veure la llum de manera pòstuma alguns dels escrits més penetrants del sociòleg alemany Max Weber. Weber hi distingia diferents formes de dominació en l’exercici del poder: la tradicional, la carismàtica, la burocràtica. Dins de la primera, n’evocava una a la qual no sempre s’ha parat esment: la patrimonial. El mateix Weber la vinculava a algunes formes d’estat, com la monarquia, i resulta molt actual en relació amb els actes de corrupció atribuïts a Joan Carles de Borbó.

Segons Weber, el poder patrimonial es caracteritzava per l’àmplia esfera d’arbitrarietat que s’atribuïa a qui l’exercia. L’abast d’aquest poder depenia almenys de dos factors. D’una banda, de la força i el “temor militar” que el monarca fos capaç de generar. De l’altra, de l’aparell administratiu que tingués darrere. Però hi havia alguna cosa més. Per a Weber, la dominació patrimonial del rei es basava en la seva autoritat domèstica. És a dir, era, a més de patrimonial, patriarcal. La funció de la família del monarca era donar cobertura organitzada a les seves necessitats sexuals i econòmiques per facilitar-ne la dominació. El rei, així, podia exigir la complaença de la seva pròpia família. Però també dels seus súbdits, la resta de membres lliures de la societat que, sense pertànyer a la seva família, estaven sota el seu domini polític. Amb una advertència. Només podia esperar la seva conformitat en “circumstàncies socialment favorables”.

Fins aquí, Weber. Aquests textos són d’inicis del segle XX. Però ressonen amb força indiscutible si s’analitza la realitat de la monarquia borbònica avui. Pensem en Joan Carles I, el paper del qual és indestriable de la força i del “temor militar” a què pot apel·lar. Investit pel dictador Francisco Franco, reconegut com a cap de les forces armades per la Constitució i reforçat com a màxima referència militar després del cop del 23-F de 1981, està lluny de ser un simple símbol sense capacitat d’actuació.

La concepció patrimonialista de la monarquia contradiu obertament la idea de monarquia parlamentària consagrada a la Constitució

Ben al contrari, aquest poder reafirmat després de la seva ascensió com a “salvador de la democràcia” és al cap i a la fi el que li va permetre utilitzar la institució en benefici propi. I, sobretot, el que li va permetre fer-ho envoltat de privilegis, al marge, sovint, de la ratificació dels representants de la voluntat popular, i a recer de l’escrutini públic.

És així com Joan Carles I es va acostumar a actuar com el cap d’una monarquia que deixava un marge ampli per als seus capricis i negocis privats. Aquesta concepció patrimonialista de la monarquia contradiu obertament la idea de monarquia parlamentària consagrada a la Constitució espanyola. I implica no sols el rei, sinó el conjunt de la família reial.

Una aproximació patrimonialista i patriarcal a l’anomenat joancarlisme ajuda a entendre millor els escàndols que van involucrar Iñaki Undargarin, gendre del rei, i la seva pròpia filla, Cristina de Borbó. O la increïble proximitat física a la Zarzuela de la mateixa Corinna Larsen, companya sentimental i de negocis de l’exmonarca durant més d’una dècada.

Moltes d’aquestes actuacions de la Casa del Rei van ser acceptades o tolerades mentre va haver-hi “circumstàncies socials favorables”, com advertia Weber. Tanmateix, l’aprofundiment de la crisi, amb els seus greus efectes econòmics, les ha tornat inacceptables per a la majoria de la població. Per molt que sàpiga greu a alguns, serà cada cop més difícil que la societat accepti les sancions desmesurades que el Codi Penal imposa a les crítiques a la Corona. O que s’admeti que la inviolabilitat del Rei s’utilitzi com a excusa per no investigar delictes greus que perjudiquen tercers. O simplement que es presenti com una mena de llicència per enriquir-se, valent-se d’informació privilegiada i dels avantatges socials que el càrrec comporta.

I el que resulta inacceptable tractant-se de Joan Carles I, també ho serà en relació amb Felip VI. El rei actual ja va començar malament intentant generar el seu propi “temor militar” amb el discurs del 3 d’octubre del 2017. Potser aquella intervenció li va permetre guanyar-se l’aplaudiment dels sectors més recalcitrants del nacionalisme espanyol. En canvi, li va alienar, de forma tal vegada irreversible, el suport d’una part considerable de la ciutadania a Catalunya, però també de fora de Catalunya. I no sols això. És ingenu pensar que el comunicat de la Casa del Rei reconeixent l’existència de negocis opacs de Joan Carles de Borbó eximeixi de sospites el rei actual. Els assumptes denunciats per la mateixa Zarzuela són tan greus que és impossible no preguntar-se si Felip VI estava al cas del que passava. Sobretot tenint en compte que els fets investigats es van produir quan l’actual monarca era un home madur, conscient que heretaria el tron, i no pas un jove que rondava pels passadissos del palau.

La pretensió de girar full amb l’argument que el tema genera “inestabilitat” tampoc no sembla realista. Davant una emergència econòmica i social sense precedents, el que seria veritablement desestabilitzador és no aclarir els fets ni adoptar mesures inequívoques perquè no tornin a passar. Consentir la impunitat no només suposaria normalitzar actes greus de corrupció comesos des de les més altes esferes de l’Estat. Seria avalar una concepció patrimonial de la monarquia que el mateix Weber, en bona lògica, situava més a prop de l’exercici despòtic del poder que de les monarquies considerades parlamentàries. Una raó suficient perquè, quaranta anys més tard, la ciutadania pugui pronunciar-se sobre la seva continuïtat.

¿Un nuevo Pacto de San Sebastián por la Tercera República? por Diego Díaz

Participo en el reportaje del historiador Diego Díaz (@DiegoDazAlonso1)para El Salto sobre el Pacto de San Sebastián.

Han transcurrido 90 años de aquel 17 de agosto de 1930, de ese encuentro informal que supuso una “alianza transversal” del republicanismo español, en todos sus acentos ideologicos, coincidiendo con el republicanismo gallego y catalán, configurando, lo que podriamos denominar el primer intento de un modelo de estado republicano democrático y plurinacional y el final del reinado de Alfonso XIII.

Junto con Xavi Domenech y el politólogo asturiano Xabel Vegas, reflexionamos acerca de este hecho histórico y sobre el actual contexto político.

Leer en El Salto Aquí

¿Un nuevo Pacto de San Sebastián por la Tercera República?

Se cumplen 90 años de la alianza entre partidos republicanos españoles, catalanes y gallegos que posibilitó el final del reinado de Alfonso XIII.

El verano transcurría plácido en San Sebastián, la ciudad más elegante y chic de la costa cantábrica, para quienes vivían al margen de la crisis terminal de la Restauración borbónica impuesta en 1874 tras el golpe militar del general Martínez Campos, y que la dictadura de Primo de Rivera había tratado de alargar con poca fortuna en una huida hacia delante que llegaría a su fin con el cambio de la década de los 20 a los 30. En enero de 1930, en mitad de una grave crisis económica, una nueva devaluación de la peseta, y con el ruido de fondo del crecimiento de la oposición a la Monarquía y la dictadura, Primo de Rivera, el “cirujano de hierro” que había regido durante siete años los destinos del país, presentaba su dimisión al rey Alfonso XIII.

El monarca encargaría a otro general, Damaso Berenguer, formar gobierno y pilotar una transición tranquila que condujera al restablecimiento del régimen constitucional suprimido en 1923 por el dictador con el apoyo del bisabuelo de Felipe VI. Ya era demasiado tarde. Lejos de satisfacer a los críticos con el régimen, el cambio de estrategia de Alfonso XIII para buscar la supervivencia de la Monarquía envalentonaría a la oposición, convencida de que la apuesta constitucional era una muestra de su debilidad.

Así, mientras los veraneantes disfrutaban de los baños y los paseos por la playa de la Concha, en el local de la Unión Republicana de San Sebastián, en una reunión presidida por el presidente del Círculo Republicano local, Fernando Sasiaín, posterior alcalde de la ciudad, el 17 de agosto de 1930 se escribía de manera colectiva, entre las principales corrientes del republicanismo, un capitulo fundamental en la historia contemporánea de España.

Al cónclave donostiarra asistirían tanto históricos líderes del republicanismo español y españolista, como Alejandro Lerroux, como nuevos valores emergentes entre los que se encontraba Manuel Azaña, fundador del Grupo de Acción Republicana, y recién llegados, Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora, cuya trayectoria política hasta la fundación de Derecha Liberal Republicana había estado ligada a la Monarquía y los partidos dinásticos.

No faltarían tampoco a la conspiración otros nuevos acentos políticos. Los del republicanismo gallego, representado por Santiago Casares Quiroga, que defendía además de la República el establecimiento de un estatuto de autonomía para Galicia y, sobre todo, los del separatismo catalán, representados por Estat Catalá. La confluencia del republicanismo catalán, el separatismo y el movimiento obrero había hecho de Catalunya el principal foco de oposición a la dictadura y al monarca.

El 17 de agosto de 1930 se escribía de manera colectiva, entre las principales corrientes del republicanismo, un capitulo fundamental en la historia contemporánea de España

Dentro de este magma diverso, las acciones armadas de Estat Catalá habían dado una enorme popularidad a este grupo nacionalista capitaneado por el exmilitar Francesc Maciá. Su presencia en San Sebastián representaba la voluntad de los separatistas catalanes de coordinarse con el republicanismo español si este garantizaba una futura República federal en la que Catalunya viera reconocida su soberanía.

El historiador Xavier Domènech señala en su último libro, Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017) que “la cuestión catalana fue central para llegar al pacto republicano”. Si bien no se levantaron actas de aquella histórica reunión, dando lugar después a todo clase de interpretaciones sobre lo que verdaderamente se acordó en Donostia, los delegados catalanes, en una nota publicada posteriormente en el diario La Publicitat, y consensuada con el resto de los asistentes, informaban que los republicanos españoles habían asumido en la reunión el “principio de autodeterminación, concretado en el proyecto de estatuto o constitución autónoma propuesto libremente por el pueblo de Cataluña”.

El partido socialista, dividido ante la situación política que vivía el país, sería el gran ausente del pacto. Acudiría sin embargo a titulo individual uno de sus dirigentes más perspicaces, Indalecio Prieto. Convencido de que el PSOE y la UGT no podían quedar al margen del movimiento republicano en marcha, Prieto lograría vencer las resistencias del ala derecha del partido, encabezada por Julián Besteiro, y sentar en octubre a los socialistas en la misma mesa que los partidos republicanos. Si bien los planes de los conspiradores de derrocar a Alfonso XIII con una combinación de huelga general y levantamiento armado fracasarían en la chapucera y descoordinada Sublevación de Jaca del 12 de diciembre de 1930, tanto el Pacto de San Sebastián como la ejecución de los militares republicanos sublevados, Fermín Galán y Ángel García, prepararían el terreno para la formación de las victoriosas candidaturas comunes de republicanos y socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.

Pese a lo informal de una reunión, el imaginario del Pacto de San Sebastián rebrota en España con cada crisis de régimen. Su sombra planeó por momentos en la Transición, y nuevamente volvió a hablarse de él con motivo de la moción de censura que condujo a la presidencia de Pedro Sánchez. El jurista y diputado de Catalunya en Comú-Podem Gerardo Pisarello señala que el momento político hoy es muy diferente, marcado por la combinación de una crisis de la monarquía sin precedentes y la situación inédita de un gobierno de coalición compuesto por un partido socialista que apoya la Monarquía y un socio minoritario que es abiertamente republicano. “No hay ahora mismo un Indalecio Prieto en las filas del PSOE”, señala Pisarello.

No obstante, en los últimos días se han escuchado algunas voces republicanas en el socialismo periférico. Dos mujeres, la presidenta navarra, María Chivite, y la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, han abierto el debate, también un intento de sintonizar con unos votantes socialistas cada vez menos monárquicos. En una carta abierta a eldiario.es, la socialista valenciana ha pedido al PSOE modificar su postura: “Realineemos las ideas con las circunstancias, porque las circunstancias han cambiado. Porque [la monarquía] ni es necesaria, ni es esencial y cuarenta años después probablemente ya no sea útil”.

Si la posición oficial del PSOE es a día de hoy una de las grandes debilidades del republicanismo, la otra es la inexistencia de una derecha republicana como la que pudieron representar algunos sectores presentes en el Pacto de San Sebastián

¿Podría crecer esta corriente republicana dentro del PSOE en un contexto de auge del republicanismo? Para Xavier Domènech el PSOE “está condenado a elegir entre pactar con el PP o con los partidos republicanos y por tanto a aceptar que como más defensor de la monarquía sea, menos alternativa de gobierno real será. No parece que vayan a volver ni las grandes mayorías absolutas, ni que Ciudadanos vaya a ser una posibilidad solida con la que poder gobernar”.

Si la posición oficial del PSOE es a día de hoy una de las grandes debilidades del republicanismo, la otra es la inexistencia de una derecha republicana como la que pudieron representar algunos sectores presentes en el Pacto de San Sebastián. Al contrario que en sus años de esplendor, hoy el apoyo a la Monarquía ha dejado de ser transversal para escorarse claramente hacia la derecha, con los votantes del PP liderando el ranking de la identificación con la Casa Real.

El Pacto de San Sebastián

Para el polítólogo asturiano Xabel Vegas, “cualquier movimiento republicano serio y con una hoja de ruta a medio o largo plazo tiene la complicada tarea de seducir a personas significativas del centro-derecha español”. En su opinión, “hacen falta liderazgos plurales, que sean capaces de construir referentes políticos republicanos que vayan más allá de la tradición izquierdista”. Pisarello señala que aún no se ha producido una deserción masiva de “juancarlistas arrepentidos”, si bien considera que las críticas de Iñaki Gabilondo a la monarquía le han parecido de una honestidad brutal y una suerte de “arrepentimiento generacional” del que no existían precedentes.

El ex teniente de alcalde de Barcelona considera que el ensanchamiento del republicanismo, más allá de la izquierdas, puede empezar antes por partidos como el PNV o Junts per Catalunya, que vean en la República una oportunidad para lograr mejores encajes de sus respectivos territorios. No obstante, para Pisarello, “el reto es articular una coalición anticentralista” por la reforma del Estado, que no solo incluya a los distintos soberanistas, federalistas y confederalistas, sino también a los defensores de la España vaciada. Para él, la monarquía no es una cuestión ornamental, sino la clave de bóveda de un sistema estructuralmente corrupto de concentración del poder económico y territorial: “Cuando Juan Carlos I se dedicaba a cobrar comisiones Felipe no era un niño que correteaba por los pasillos de Zarzuela sino un señor hecho y derecho de 40 años”.

¿Se pueden lograr armonizar intereses y realidades tan distintos en un mismo movimiento republicano? ¿Aunar en una coalición común movimientos de la España interior empobrecida y despoblada con movimientos de las comunidades más prósperas y que aspiran a gestionar más impuestos recaudados en sus territorios? ¿Es compatible un republicanismo español moderado con unas izquierdas para las que República implica cambio social y con la exigencia del derecho a la autodeterminación de los soberanistas catalanes, vascos y gallegos, que precisamente emergen en aquellos territorios en los que el apoyo a la Monarquía es más débil?

Para el politólogo asturiano Xabel Vegas, “cualquier movimiento republicano serio y con una hoja de ruta a medio o largo plazo tiene la complicada tarea de seducir a personas significativas del centro-derecha español”

La excepcionalidad histórica del Pacto de San Sebastián fue lograr de algún modo juntar en torno a unos mínimos comunes a antiguos monárquicos de derechas, socialistas, republicanos de muy variado pelaje, autonomistas gallegos y separatistas catalanes. En fechas mucho más recientes, el Procés ha logrado aunar voluntades muy diversas y heterogéneas, cada vez más a medida que este iba creciendo y confrontando con el Estado. Desde independentistas de toda la vida a nuevos independentistas castellanoparlantes con raíces en Castilla, Murcia o Andalucía, y desde declarados neoliberales europeistas a sectores anticapitalistas partidarios de una República catalana fuera de la UE y de la OTAN.

¿Podría ser la exigencia de un referéndum y de un juicio a Juan Carlos I ese mínimo común denominador para levantar un nuevo movimiento republicano en España? En opinión de Pisarello, aún es pronto para hablar de “sincronizar los relojes” entre actores políticos diversos, pero ya se está dando una situación en la que “todo el mundo está mirando de reojo lo que marca el reloj del otro”.

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Entrevista en Clarín

“La monarquía borbónica ha contado con una super protección penal”

Gerardo Pisarello

Por Marina Artusa. Clarín.com (Aquí)

“Lo que puede poner en riesgo la estabilidad del gobierno de España y la propia calidad de la democracia es que los políticos elegidos por la ciudadanía aparezcan como cómplices de la situación de privilegio de la monarquía que es cuestionada por la mayoría de los ciudadanos.”

Lo dice Gerardo Pisarello, el tucumano que hoy es diputado y secretario de la Mesa del Congreso español y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores.

El argentino, jurista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, reflexiona sobre las diferencias entre los socios del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ante las investigaciones sobre supuestos manejos fraudulentos de dinero del rey emérito Juan Carlos de Borbón y su inquietante cambio de domicilio fuera de España.

El lunes 3 de agosto la Casa Real hizo pública una carta de Juan Carlos al rey Felipe VI, en el trono desde hace seis años cuando su padre abdicó, en la que le informaba que pensaba abandonar España. Sin revelar cuál sería la sede de su destierro, se especuló toda la semana sobre posibles moradas para el rey emérito. Ni la Casa Real ni el gobierno revelaron dónde estaba hasta que circuló una foto de Juan Carlos con barbijo y bajando de un avión privado en un aeropuerto de Abu Dhabi.

Hijo de Angel Pisarello, un abogado defensor de presos políticos que fue secuestrado y asesinado en el ’76, y nieto de republicanos andaluces que emigraron a Argentina, Pisarello lleva más de dos décadas en España, donde se doctoró en Derecho y, apañado por el ala catalana del partido de Pablo Iglesias, fue vicealcalde de Barcelona entre 2015 y 2019.

“Como hijo de desaparecido, no puedo olvidar que Juan Carlos I fue el primer jefe de Estado en visitar la dictadura de Videla en Argentina y la de Pinochet en Chile -dice Pisarello a Clarín-. Desde 1978 demostró que los objetivos comerciales y económicos tenían prioridad sobre cualquier otra consideración en materia de respeto por los derechos humanos.”

El jurista Gerardo Pisarello, nacido en la Argentina y ahora diputado en el Congreso de España. /EFE

Respecto de la Corona española, el argentino es tajante: “La Constitución española dice que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria y la monarquía restaurada después de 1978, en la práctica, no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”, dice Pisarello.

-¿Por qué?

-Porque no ha estado sometida al principio democrático, a principios elementales de transparencia y se le han ido reconociendo privilegios que han ido corrompiendo la propia institución. La monarquía borbónica ha contado con una súper protección penal que ha impedido que sea objeto de suficiente escrutinio público.

La de España “no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”.

-¿Cómo se llegó a eso?

-Se han censurado libros, periodistas, hay gente que ha terminado en la prisión por escribir canciones o artículos referidos a la monarquía y eso ha impedido que exista un control público y social suficiente sobre el rey. Por eso hizo falta un procedimiento en el extranjero, en Suiza, y que sea la prensa internacional la que denunciara algo que en España, a pesar de que era conocido, era imposible denunciar.

-Según el presidente Pedro Sánchez, la monarquía no está siendo cuestionada porque “se juzgan personas y no instituciones”. Para usted, si se comprobaran las presunciones, ¿estaríamos ante la corrupción de una persona o de la Corona?

-“y eso no sólo afecta a Juan Carlos. La gran pregunta es si el propio Felipe VI tenía conocimiento o estaba implicado en todo ese tipo de actuaciones. Hoy no lo sabemos. Se están conociendo actuaciones presuntamente delictivas de Juan Carlos y muchas tienen su origen en 2008. Felipe VI tenía 40 años. No era un niño que correteaba por el Palacio de la Zarzuela sin saber lo que ocurría. El principio de inviolabilidad del rey se utiliza en realidad como una carta blanca para delinquir incluso a través de actos privados en los que el rey no está cumpliendo ningún tipo de función pública.

“No es sólo la corrupción de Juan Carlos sino de toda una institución rodeada de privilegios y opacidad”.

-Si cometió delitos, ¿el rey emérito debería poder ser juzgado?

-Creo que el rey no sólo debe poder ser juzgado en los tribunales sino que debe poder ser investigado por las Cortes Generales. Me parece fundamental. Si es una monarquía parlamentaria, quiere decir que la monarquía es un elemento puramente simbólico y que el peso de la vida política debe estar en la sede principal de la soberana popular que es el Congreso. Si eso es así, que es lo que dice la Constitución, el rey emérito debería poder ser investigado por el Congreso. Y el rey actual, su hijo, Felipe VI, debería poder explicar en el Congreso todo lo que sabe sobre su padre.

-Desde lo penal, ¿se podría procesar a Juan Carlos a partir de 2014 es que cuándo deja de ser rey y pierde la inviolabilidad?

-La figura de la inviolabilidad penal tiene como objetivo garantizar la independencia de la institución. Los parlamentarios somos inviolables por declaraciones que hacemos en la Cámara para proteger nuestra libertad de expresión e ideológica. Si cualquier diputado cometiera un acto de corrupción, podría ser juzgado. Lo que hace presumir que, en el caso de la monarquía, el principio de inviolabilidad que figura en la Constitución funciona de manera similar. Es imposible pensar que la inviolabilidad sirve para cubrir delitos del rey en los que no cumple ninguna función institucional. Después de la abdicación, está clarísimo que eso no es más así. El debate es antes…

-¿Cuál es su postura?

-Cada vez hay más juristas que están diciendo que antes del 2014 el rey sólo es inviolable por actos que ejercía en funciones de rey, cumpliendo funciones instituciones, pero no por aquellos actos privados. Si al rey se le presenta un demanda de paternidad, por ejemplo, se le podría plantear. Si se le presenta una demanda por delitos que no tengan que ver con su actuación pública tiene que poder ser juzgado. Esa es mi posición. Por eso digo que hay una anomalía.

-¿Qué desafío presenta el debate sobre la monarquía para el gobierno de coalición, donde el PSOE se muestra más negociador y Podemos ve la oportunidad para plantear qué hacer con la Corona?

-Creo que después de la Transición en España hubo mucha gente republicana vinculada al Partido Socialista que aceptó la monarquía en la vida política porque consideraba que era el precio a pagar por la paz social y porque pensaba que el rey iba a cumplir un papel ejemplar y simbólico. Y creo que esa generación hoy se siente traicionada. El PSOE en este momento lo que está intentado plantear es que las investigaciones sobre Juan Carlos I han de producirse en el ámbito judicial y no en el propio Congreso. Para nosotros es un error. Y luego está intentando separar la figura de Juan Carlos de la de Felipe VI, pero yo creo que es un objetivo que difícilmente pueda prosperar. Aquí es donde el PSOE no está siendo, a mi juicio, lo suficientemente valiente y se equivoca.

-¿Este tema afecta la credibilidad del gobierno?

-El gobierno de coalición que existe ahora es importante para que en un momento de crisis haya una respuesta que permita proteger a la familia trabajadora, a las pequeñas y medianas empresas. Ese es el objetivo de un gobierno progresista, pero para que esos objetivos sociales sean posibles, no podemos lanzar a la ciudadanía un mensaje de que en cambio, mientras las ciudadanos de a pie tienen que pagar sus impuestos, hay una institución que es la monarquía que está blindada frente a eso y ni siquiera se la puede investigar cuando hay acusaciones tan grandes. Me parece que éste es un reto compartido con el Partido Socialista.

-¿Qué costo político puede tener este debate? ¿Puede poner en riesgo la Legislatura actual?

-Lo que genera más inestabilidad es pretender barrer debajo de la alfombra unas actuaciones por parte del rey emérito que tratándose en otras monarquías parlamentarias o en otros jefes de Estado serían absolutamente intolerables.

-¿Un referéndum sería el próximo paso?

-El problema de la monarquía es que es una institución sin legitimidad de origen. No ha sido votada, es hereditaria y tiene que construir su legitimidad. Normalmente la construyen con la ejemplaridad pública. Cuando no hay ejemplaridad, la crisis de legitimidad vuelve abrirse y, en un sistema democrático, debería resolverse a través de un referéndum.

-¿Qué sucederá con las investigaciones?

-No tengo muchas esperanzas respecto de la actuación del Tribunal Supremo. Tengo dudas de que vaya a hacer valer la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, incluso el ciudadano Juan Carlos de Borbón. Si las Cortes Generales no pueden investigar, estaríamos ante un intento fraudulento de desconocer la Constitución que establece la subordinación del principio monárquico al principio democrático.

-Hubo sin embargo intentos de crear comisiones en el Parlamento y no prosperaron…

-Diferentes fuerza políticas republicanas presentamos peticiones de investigación que hasta el momento fueron denegadas por la propia mesa del Congreso con argumentos jurídicamente poco fundados. Ahora mismo presentamos un recurso contra la denegación para que se abra una comisión de investigación sobre algo tan sencillo como las relaciones comerciales y diplomáticos que existían entre Arabia Saudita y el Reino de España.

LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DE LA MONARQUÍA, LA HISTORIA RECURRENTE DE ESPAÑA

La impunidad de la Corona como freno al avance democrático. Un placer debatirlo con Javier Pérez Royo, Pura Sánchez y lo mejor del republicanismo y del feminismo andaluz. Mi agradecimiento al Ateneo Republicano de Andalucía por su invitación ¡Se necesitan más actos así!

https://www.facebook.com/ateneorepublicanoandalucia/

Comparto una buena crónica de Olivia Carballar (@ocarballar) para Lamarea.com

Republicanismo democrático y procesos constituyentes, con Juan Pablo Sanhueza Tortella.

La Fundación Chile Movilizado me invitó el pasado 24 de mayo, al episodio #momentopopulista sobre republicanismo democrático y procesos constituyentes. Ha sido una hora larga de conversación con Juan Pablo Sanhueza Tortella, con el que he compartido ideas y reflexiones, con mucha complicidad en lo común y un gran afecto.