Que la corrupción de la monarquía no corrompa la democracia.

Por Gerardo Pisarello

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Según un viejo aforismo inglés, en la Monarquía parlamentaria británica el Rey no puede hacer el mal (the King can do not wrong). Este principio puede parecer un ingenuo y peligroso canto a la arbitrariedad. Sin embargo, para que sea admisible, debe complementarse con otro conforme al cual el Rey no puede actuar por su cuenta (the King can not act alone) a espaldas de la sociedad, sino que debe hacerlo con el visto bueno -el refrendo- de los ministros del Gobierno y bajo el escrutinio crítico de la opinión pública.

Si esto es así, resulta evidente que los turbios negocios de Juan Carlos I de Borbón en esta última década han estado claramente reñidos con lo que, en términos constitucionales, debería haber sido una Monarquía realmente parlamentaria. Pero no se trata solo de él. Se trata, como se está viendo, de un cúmulo de actuaciones que implican a diversos miembros de la Familia Real. De ahí que no se esté, como se ha dicho, ante la corrupción de una persona, sino ante la corrupción creciente de una institución. Una institución que ha funcionado sin controles, rodeada de privilegios, y que amenaza con golpear, una vez más, a la democracia y al Estado de derecho.

Un rey que actuaba (que delinquía) sin referendo

En su reciente anuncio de que abandona España por la “repercusión pública” de unos acontecimientos de su “vida privada”, el propio Rey Emérito ha venido a confirmar esta impresión. Ninguna de las expresiones que utilizó es inocua. No lo es la alusión a la “repercusión pública”, que en realidad es un eufemismo para referirse a las noticias, los procedimientos judiciales y las peticiones de investigación de sus actuaciones, tanto en España como en Europa. Solo eso, hace que la marcha sea leída directamente como huida, esto es, como una forma de eludir esas investigaciones, más que de contribuir a que se produzcan (algo que se vería confirmado si el destino es un país de otro continente como República Dominicana).

Tampoco es inocua la alusión a acontecimientos de su “vida privada”. Porque si los cobros de comisiones, los blanqueos de capitales y los fraudes fiscales que se le imputan eran actos privados, ajenos a su función constitucional, hay buenas razones para sostener que no se encontraba amparado por la inviolabilidad contemplada en el artículo 56.3 de la Constitución.

Si el Rey emérito, en efecto, actuaba por su cuenta, como reconoce en la carta, en beneficio privado y de manera reiterada, quiere decir que no contaba con el refrendo de nadie. Por lo tanto, los artículos que deben aplicársele son el 9.2 y el 14 de la Constitución, que someten a todos los ciudadanos a la ley y al ordenamiento jurídico, sin distingos arbitrarios. Pero no el 56.3, porque la función de dicho precepto no es otorgar carta blanca para delinquir. Ni mucho menos para hacerlo de manera reiterada, burlando a la Hacienda Pública y comprometiendo la estabilidad y la reputación del Estado.

Por el contrario, el sentido de la inviolabilidad del Rey es protegerlo frente a maniobras arteras que pudieran poner en peligro su función constitucional. Esto ocurriría, por ejemplo, si alguien lo obligara a no sancionar y promulgar una ley aprobada por las Cortes, a no firmar un Tratado de Derechos Humanos consentido por el Gobierno y el Parlamento con la amenaza de sancionarlo jurídicamente. Pero nada indica que sea el caso. Que cuando el Emérito actuaba como presunto comisionista, fraguando desde la Zarzuela una “estructura para ocultar dinero a Hacienda”, lo hiciera coaccionado por terceros.  Como él mismo admite, no actuaba en cumplimiento de su función constitucional. Actuaba como persona privada, no pública, y al hacerlo así, no podía, ni contar con el refrendo previsto, porque no existía o era directamente imposible, ni pretender no ser investigado y juzgado por dichos actos.

Un rey que actuaba solo (o no tanto)

Que el Emérito actuara “solo” en términos constitucionales, es decir, sin poder descargar su responsabilidad en otros actores, no significa que operara sin el conocimiento de otras personas. Algunas de ellas (como su ex amiga Corinna Larsen, el abogado suizo Dante Canónica, o el gestor de fortunas Arturo Fasana) ya han declarado de hecho como investigadas ante el Fiscal de Ginebra, Yves Bertossa.

Sin embargo, hay otra cuestión relevante: ¿conocía la propia Familia Real sus opacas operaciones financieras? Y de manera más directa: ¿las conocía su heredero en el trono, el Rey Felipe VI?

A comienzos de marzo de 2020, un día después de la declaración del Estado de Alarma por el Covid-19, la Casa Real decidió emitir un comunicado inédito e impactante. En él reconocía que un año atrás, Felipe VI había tenido conocimiento por un despacho de abogados británicos de su designación como beneficiario de la Fundación panameña Lucum, a través de la cual Juan Carlos I presuntamente blanqueaba comisiones recibidas del Rey de Arabia Saudita. En el mismo comunicado, se afirmaba que Felipe VI lo había informado de inmediato a las “autoridades competentes” y que un mes después había informado a su padre que no recibiría ningún beneficio de la misma, renunciando a su herencia personal.

La declaración fue un auténtico terremoto. Y aunque su objetivo evidente era construir la figura de un Rey “ejemplar y transparente”, acabó generando lo contrario. Primero, por el momento en que se escogió para hacerla pública, el día después de la declaración de un Estado de Alarma. Segundo, porque en ella no se explicaba por qué Felipe VI había tardado tanto en dar a conocer unos hechos que, como mínimo, conocía desde hace un año. Tercero, porque la supuesta pretensión de renunciar a una herencia con su padre vivo, no tenía más valor que un gesto pour la galerie, que ningún notario podía aceptar, como explicaron varios especialistas en Derecho Civil. Cuarto, porque entre las “autoridades competentes” a las que había informado no figuraba la Fiscalía Anticorrupción, sin duda una de las primeras interesadas.

Todo esto deja abierto muchos interrogantes. La propia Fundación Lucum había sido creada en 2008, días antes que Juan Carlos recibiera un presunto “regalo” de 65 millones de euros del entonces rey saudí Abdullah, y disuelta en 2012, después de que Corinna Larsen recibiera una donación por esa cantidad. Durante esos 4 años, pues, se produjeron muchas de las operaciones que hoy son objeto de investigación judicial. Por ese entonces, Felipe VI no era un niño o un ingenuo adolescente. Era un hombre hecho y derecho, de más de 40 años, que sabía que sería Rey y que supuestamente había sido preparado para ello. Nada, pues, indica que un inminente Jefe de Estado no conociera estas operaciones de su padre, muchas de las cuales se gestaban en la misma Zarzuela. Y mucho menos parece creíble que no accediera a toda la información sobre ellas tras su proclamación como Rey en 2014, hace ahora 6 años.

Por eso, precisamente, la respuesta del Jefe del Estado a la última carta de su padre suena tan poco transparente. Porque su objetivo no parece ser informar sino ocultar información. Limitarse a expresar “agradecimiento” por la decisión del Emérito, pero sin informar sobre las razones de su marcha en plena investigación judicial. Destacar su “legado” y su “obra política y institucional de servicio a España y a la democracia”, pero sin hacer mención alguna a los graves hechos de los que se le acusa y sin exigir siquiera que se haga justicia y que se respete el principio de igualdad ante la ley.

Una dinastía nada “respetable” y nada “ejemplar”

Todo esto vuelve más inexplicable e injustificable el comunicado de Moncloa mostrando “respeto” a la decisión del Emérito y valorando la “ejemplaridad” de Felipe VI. Porque ni la decisión de Juan Carlos de Borbón es “respetable”, ya que parece pensada para sortear la justicia antes que para favorecer su tarea, ni la conducta del Rey actual ha sido la de un Jefe de Estado “ejemplar”, comprometido con la justicia y con lucha contra la corrupción, sino más bien la de un hijo -la de un heredero- que busca proteger a su padre.

Por eso no estamos hablando de la corrupción de un individuo. Estamos hablando de la corrupción de una Familia (recordemos el caso Noos y tantos precedentes) y de una institución que ha actuado sin controles, rodeada de privilegios y sin aceptar el suficiente escrutinio público. Y el peligro, ahora, sería que la corrupción de la Monarquía corrompa, una vez más, a la propia democracia, forzándola una vez más a mirar hacia otro lado y a consentir esferas de opacidad y de impunidad impropias de un Estado de Derecho.

Nada de esto puede tolerarse. Y muchos menos en un contexto en el que desde el Gobierno se está exigiendo a familias, gente trabajadora, pequeñas y medianas empresas que subordinen sus intereses privados a la salud y al bienestar general, que cumplan con la legalidad, y que contribuyan en función de sus recursos a financiar las arcas públicas.

Por eso es fundamental que, más allá del propio Gobierno, sea Felipe VI, como Jefe de Estado y miembro preeminente de la Casa Real, quien informe sobre el paradero y las condiciones de vida de su padre, así como sobre las razones de su salida del país. Al mismo tiempo, es esencial, y propio de una Monarquía que se define constitucionalmente como parlamentaria, que el Rey comparezca ante las Cortes Generales, principal sede de la soberanía popular, para expresar su compromiso con la transparencia, con la investigación de los hechos y con la tarea de la justicia.

Mientras tanto, y dada la gravedad de las actuaciones que se imputan al Emérito, y que la propia Casa Real ha admitido, hay una serie de medidas elementales que deberían adoptarse cuanto antes. La primera, retirar a Juan Carlos I su condición Rey, facilitando así la actuación de los tribunales. La segunda, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y aprobar una Ley de regulación de la abdicación (constitucionalmente prevista) con el objetivo de limitar el alcance de la inviolabilidad regia y de dejar claro que esta no supone una carta blanca para defraudar y delinquir. La tercera, acabar con la abusiva criminalización de las críticas a la Monarquía, que a lo largo de estos años solo ha servido para crear un clima de impunidad, censura e intimidación, así como una conculcación reiterada de la libertad ideológica y de expresión. Finalmente, trabajar junto a la sociedad civil organizada para que, cuatro décadas después del referéndum sobre la Constitución de 1978, la ciudadanía, y sobre todo las generaciones más jóvenes, sean consultadas de forma soberana, democrática y libre, sobre la continuidad o no de la Monarquía.

Ciertamente, un mero cambio en la Jefatura del Estado no implicaría por si solo un progreso en todos los ámbitos de la vida social. Pero si algo facilitaría la forma de gobierno republicana y democrática es poner todos los poderes políticos a disposición de los ciudadanos. Mostrar que las instituciones son creaciones humanas que deben rendir cuentas ante la propia sociedad, y educar a sus miembros en el amor por la libertad, por la igualdad, y en el rechazo del privilegio y de los abusos de los poderosos.

LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DE LA MONARQUÍA, LA HISTORIA RECURRENTE DE ESPAÑA

La impunidad de la Corona como freno al avance democrático. Un placer debatirlo con Javier Pérez Royo, Pura Sánchez y lo mejor del republicanismo y del feminismo andaluz. Mi agradecimiento al Ateneo Republicano de Andalucía por su invitación ¡Se necesitan más actos así!

https://www.facebook.com/ateneorepublicanoandalucia/

Comparto una buena crónica de Olivia Carballar (@ocarballar) para Lamarea.com

“¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?”

Bajo el título “¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?” participé en el segundo episodio del ciclo de entrevistas organizado por el Instituto Democracia y el Circuito Cultural JJ.

“Mi impresión es que sin los gobiernos progresistas populares esto hubiera sido un auténtico desastre. Uno tiene las pruebas porque hay gobiernos neoliberales y neofascistas que están actuando con un total desprecio por la vida humana. Sobre todo, por la vida humana de las clases populares, de la gente de mayor situación de vulnerabilidad a la que han enviado a la muerte de manera directa. Si uno observa la cifra de gente muerta en Brasil o en Estados Unidos, y además estudia eso desde una perspectiva de clase, verá que lo que ha habido es un elitismo despiadado y una absoluta indiferencia por la vida de la gente más humilde, por parte de esos gobiernos.”

🎥 Comparto la entrevista que me realizaron Andrea Vallejos y Ulises Bosia.

Diversas intervenciones en el Grupo de Trabajo de la UE, de la Comisión de Reconstrucción

Hoy en el Congreso han tenido lugar varias comparecencias ante el Grupo de trabajo UE, de la Comisión de Reconstrucción.

Más allá del nuevo escenario geopolítico peligrosamente en movimiento con personajes irresponsables como Trump y la voluntad política de las fuerzas progresistas del Sur de Europa para que esta crisis no repita los errores de la anterior, con medidas “austericidas”, he querido recordar a los que más sufren: las personas que cruzan el Mediterráneo en búsqueda de una vida digna y que esa Europa, a la que se le llena la boca de derechos y bienestar, les da la espalda.

También he querido solidarizarme con la población estadounidense que se ha levantado, con rabia, contra la violencia policial, racista, en ese abismo de desigualdades que les golpea a diario.

Defendiendo el republicanismo de las cosas concretas, el republicanismo ilustrado, que se contrapone al egoísmo de las élites y sus defensores a ultranza, que no aceptaron una salida a la crisis social y ambientalmente justa.

Republicanismo desde los balcones

Publicado en Público 14/4/20

Al menos desde el siglo XIX, todos los procesos de democratización que España ha experimentado como Estado monárquico y colonial han tenido, de una u otra manera, una impronta republicana. Este impulso siempre tuvo en la batalla contra el privilegio y las desigualdades uno de sus principales desvelos. Y siempre se topó con parecidos obstáculos: contextos internacionales adversos, una reacción pugnaz de las elites políticas y económicas de la época y las propias desavenencias y titubeos de las fuerzas republicanas.

Hoy, miles de personas evocarán desde sus balcones, y en medio de una dolorosa pandemia, la mañana del 14 de abril que trajo la República en ciudades como Éibar, Valencia o Barcelona. Al hacerlo, el republicanismo de la calle y el de las instituciones recuperará muchas tareas pendientes y se impondrá otras nuevas. Deberá hacerlo con memoria, pero también con imaginación, coraje, y con sentido de la inédita emergencia social que tiene por delante.

El republicanismo y la defensa del buen gobierno

La historia del republicanismo peninsular es la historia de una larga lucha por la regeneración y la democratización política y social. Nació para defender libertades básicas y bienes comunes frente a los regímenes caciquistas y corruptos surgidos al amparo de la Monarquía borbónica.

Las primeras figuras del panteón republicano, de hecho, están vinculadas a esa batalla contra el mal gobierno. Aquí brillan, todavía hoy, desde el asturiano Rafael de Riego –no en vano la marcha de sus tropas se convertiría en himno no oficial de la II República– a la granadina Mariana Pineda, ambos mártires en la lucha contra el régimen “felón y canalla” de Fernando VII de Borbón.

Lo mismo puede decirse de los miles de republicanos y republicanas anónimas que se enfrentaron a la Monarquía y a las oligarquías de su tiempo para expandir esas libertades. Personalidades como la obrera textil catalana, Teresa Claramunt, anarquista e impulsora de la primera Sociedad Feminista española. O la abogada Clara Campoamor, pertinaz defensora en las Cortes constituyentes de 1931 del derecho al divorcio, a la no discriminación  por razón de sexo y al sufragio femenino.

La lucha republicana por las condiciones materiales de la libertad

El republicanismo democrático, en realidad, siempre entendió que la defensa de la libertad exigía la garantía igualitaria, a todas las personas, de las condiciones materiales de existencia.

Por eso, no solo se preocupó por ampliar el derecho de voto o la libertad de cultos, sino de garantizar, además, los elementos básicos del derecho a la existencia: el acceso a educación, sanidad y vivienda adecuadas, la garantía de un ingreso básico y de condiciones de trabajo decentes.

Hoy sorprende –pero no debería olvidarse–, que en su momento más avanzado el movimiento republicano hizo Ministro de Industria a un trabajador del vidrio, cooperativista, que había aprendido a leer a los veintidós años, como Joan Peiró. O que llevó al Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales a la primera ministra mujer en España, la anarquista Federica Montseny.

Muchas de estas batallas por la ampliación de derechos, todavía vigentes, se vieron frustradas o quedaron inconclusas. Pero hicieron evidente que la defensa de lo público, de lo común, no era posible sin la imposición de límites a la acumulación indiscriminada de riquezas.

Por eso, el republicanismo más igualitario del siglo XIX tuvo claro que la democracia económica exigía justicia fiscal y distribución equitativa de bienes, y que los usos especulativos o abiertamente abusivos de la gran propiedad privada no podían tolerarse.

El artículo 128 de la Constitución de 1978, que con razón se cita en estos tiempos de pandemia para exigir un mayor control público sobre clínicas y laboratorios privados, para evitar la especulación en materia de alquileres, alimentos, o residencias de personas mayores, tiene su antecedente en el artículo 44 de la Constitución republicana de 1931. Aquel artículo no solo establecía que “la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía”. También permitía –al igual que las Constituciones republicanas de México y de Weimar– socializar la propiedad e incluso realizar expropiaciones forzosas mediante adecuada indemnización, “a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes”.

La resistencia oligárquica al republicanismo democrático

Uno de los dramas del republicanismo fue tener que aplicar estos programas de reconstrucción en tiempos de crisis internacionales, así como en medio de una pugnaz resistencia de las oligarquías políticas y económicas de turno, comenzando por el bloque de los grandes rentistas (el gran “partido” agrario, en el siglo XIX, el poderoso “partido” inmobiliario-financiero, desde el siglo XX hasta ahora).

La I República llegó tras la derrota de la Comuna de París y en medio de la Gran Depresión de 1873. La II tuvo que batallar en medio del crack del año 30. Los movimientos republicanos que se enfrentaron el franquismo llegaron a gobernar ciudades importantes en los años 80. Pero tuvieron que hacerlo en el marco de la crisis del petróleo desatada unos años antes. Y lo mismo ocurrió con los movimientos municipalistas republicanos, nacidos del 15-M, que tuvieron que gestionar sobre la herencia dejada por otra crisis capitalistas mundial, la de 2008.

La mejor de la tradición republicana entendió que solo había una manera de vencer estos obstáculos y de ampliar la democracia política y económica: analizar con rigor la realidad y fortalecer la organización y participación popular, social, para conseguir que los cambios llegaran lo más lejos posible.

El municipalismo como principio republicano

Esa convicción de eficacia democrática llevó al republicanismo peninsular a asumir de manera extendida el municipalismo. El ámbito local, justamente, aparecía como el más idóneo para impulsar, sobre todo en tiempos de crisis, experiencias cooperativas, de autoorganización, que luego podían proyectarse a otras escalas más amplias.

La vida municipal republicana dio personalidades admirables e inspiradoras. Como la de Fermín Salvochea, alcalde del “Cantón de Cádiz” en 1873 y lector voraz de Tom Paine y de Piotr Kropotkin. O como la de maestra Natividad Yarza Planas, nacida en Valladolid y elegida primera alcaldesa por sufragio universal en una candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya en 1934. O como la del fino pensador galleguista, Ànxel Casal, editor de la Revista ‘Nos’ y alcalde de Santiago de Compostela hasta su asesinato por las fuerzas golpistas en 1936.

Ciertamente, en España hubo siempre un republicanismo unitarista o uniformista. Pero la mejor tradición republicana hispana fue la que de manera más clara entendió que la batalla por la democracia política y social era inescindible de la lucha por la democracia territorial y por el  reconocimiento de la pluralidad nacional y regional interna.

Un republicanismo plural, federal y confederal

La defensa de un republicanismo anticentralista, federal o confederal, comenzó a circular en la segunda mitad del siglo XIX de la mano de figuras como Joan Bautista Guardiola –”España no forma una sola nación, sino un haz de Naciones”– o como el Francesc Pi i Margall, autor de obras de una gran influencia en su tiempo como La reacción y la revolución, de 1854, o Las Nacionalidades, de 1882.

En realidad, basta con echar un vistazo a la historia de los siglos XIX y  XX, y a la breve del siglo XXI, para advertir que la tradición republicana democrática ibérica está atravesada por diversos republicanismos nacionales y regionales, con elementos singulares y comunes, todos ellos partidarios de fórmulas de articulación federales y confederales.

Esto puede advertirse en el republicanismo castellano, inspirado en la experiencia comunera de 1521 y con tener defensores tan relevantes como Anselmo Carretero, vinculado al PSOE. También es riquísima la historia del republicanismo andaluz, con expresiones notables como la Constitución de Antequera de 1883 o el pensamiento de Blas Infante. O la del republicanismo democrático vasco de la segunda mitad del siglo XIX, federal y fuerista, lleno de obreras y obreros que cantaban la Internacional junto al Guernikako Arbola. O la del republicanismo gallego, encarnado en artistas y pensadores universalistas y pacifistas, como Castelao. Y lo mismo podría decirse del poco conocido republicanismo mallorquí de un Francesc de Sales Aguiló, o de las diferentes tradiciones del republicanismo catalán como las que encarnaron Francesc Macià, Andreu Nin, Neus Català, Joan Lluhí i Vallescà o Lluís Companys (quien en 1934 llamaba a resistir conjuntamente a la extrema derecha y al fascismo desde “el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República federal libre y magnífica”)

Conocer, poner a dialogar y hacer crecer esta mirada municipalista, plurinacional, partidaria de articulaciones institucionales federales y confederales, es uno de los grandes retos del republicanismo de nuestro tiempo. Un republicanismo que debe estar atento para que la necesaria colaboración y coordinación que exige la actual emergencia socio-sanitaria no impida federar y compartir decisiones y no se resuelva en una recentralización que lesione el pluralismo y el principio democrático de autogobierno.

Un republicanismo no colonial, antirracista y antibelicista

De la misma manera, el republicanismo debería tomar nota de la necesidad de estrechar los lazos fraternales con los pueblos que también luchan por una mayor democracia política y económica.

Ya a comienzos del siglo XIX, el republicanismo peninsular estableció un estrecho vínculo de exilios y cooperación que se desplegó más allá de la península, sobre todo en los territorios del antiguo imperio. A partir de las revoluciones norteamericana y francesa y de la temprana revolución que en 1804 dio lugar a la República negra de Haití, el avance del republicanismo y de su impronta democratizadora en España y en Iberoamérica se retroalimentaron. Un Riego, un Pi Maragall, no solo luchaban por democratizar su tierra. También batallaban, indirectamente, por una nueva América. Del mismo modo que Bolívar, San Martín, y sus tropas de indígenas, criollos y mestizos, favorecían la irrupción de una nueva España, que rompiera con su herencia monárquica e imperial.

Desde entonces, este iberoamericanismo no colonial, fraternal, ha estado presente en algunas tradiciones republicanas peninsulares. El poeta republicano portugués Antero de Quental, por ejemplo, sostuvo en 1871 que la causa de la decadencia de los pueblos peninsulares eran la monarquía, la confrarreforma católica y la expansión ultramarina. Y como alternativa a ello, propuso un republicanismo ibérico municipalista, federal y anticolonial.

Estas ideas se han mantenido vivas, de un modo otro, con las diferentes corrientes de solidaridad que en América recibieron a exiliados del franquismo y de la dictadura de Salazar, o que más tarde, recibieron a perseguidas o víctimas de las dictaduras latinoamericanas de finales del siglo XX. Son las mismas redes republicanas que hoy siguen denunciando los desmanes belicistas de Donald Trump o los vínculos de Jair Bolsonaro, Iván Duque o Sebastián Piñera con las derechas neocoloniales españolas.

En realidad, el internacionalismo, el antirracismo y el anticolonialismo deberán ser principios irrenunciables del republicanismo democrático en este tiempo de pandemias. Para denunciar, una y otra vez, la falsedad y los privilegios mezquinos que esconden los discursos nacionalistas racistas, xenófobos y belicistas (el artículo 6 de la Constitución republicana de 1931 renunciaba a la guerra como instrumento de política exterior). Y también para mostrar que solo la cooperación internacional y el intercambio de saberes, información y recursos, pueden evitar la desaparición de la humanidad a causa de nuevos virus, de una emergencia climática irreversible o del uso de armas de destrucción cada vez más letales.

Recordar para construir un republicanismo del siglo XXI

Nada de esto puede darse por descontado. Hoy como ayer, el republicanismo democrático sigue teniendo al frente poderosos adversarios. Defender lo público, lo común; acabar con las prebendas fiscales de las grandes fortunas; garantizar ingresos básicos a todas las personas; avanzar en justicia social y ambiental; asumir sin retórica las exigencias del movimiento feminista; reforzar el municipalismo y el pluralismo nacional. Todo eso exige remover privilegios arraigados que no se ceden de la noche al día. Ni siquiera en tiempos de pandemia.

La falta de aliados internacionales, la respuesta mezquina de las élites europeas, siguen siendo obstáculos formidables. Y también la cerril oposición interna, que incluye a las empresas del IBEX, a los grandes rentistas y a derechas cerriles, capaces de contemporizar, aun hoy, con el pasado absolutista e imperial, o con la dictadura franquista.

Esta es la trama –en la que la Monarquía borbónica sigue siendo una pieza central– que las fuerzas republicanas deben deshacer. Con sentido de la responsabilidad y renunciando a un sectarismo que pondría las cosas fáciles a los nuevos heraldos del odio y del privilegio. Pero también con audacia, con valentía, con sentido autocrítico, conscientes de que no hacer lo suficiente, o llegar demasiado tarde, sería el camino directo a la propia tumba.

Que este 14 de abril sirva para aprender de los errores. Que sirva también para levantar, aunque sea en los balcones, los anhelos plurales del republicanismo democrático, del pasado y del futuro. Y que sirva –¡cómo no! – para recordar a los más jóvenes, como pedía Max Aub, que aquellas republicanas y republicanos que nos precedieron en su lucha “rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados en escapar”, eran lo mejor del género humano.

Libros

Autor de diversos libros sobre constitucionalismo, derechos humanos y derecho a la ciudad:

Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática. Trotta Editorial, 2014.

Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Trotta Editorial, 2011.

Los derechos sociales y sus garantías. Trotta Editorial, 2007.

Vivienda para todos. Un derecho en (de)construcción. Icaria Editorial, 2003.

Coautor de:

Pedrol, X.; Pisarello, G. La Constitució europea i els seus mites. Una crítica al Tractat Constitucional i arguments per a una altra Europa. En La Constitució europea i els seus mites. Una crítica al Tractat Constitucional i arguments per a una altra Europa.. Icaria editorial. 2005.

Asens, Jaume; Pisarello, Gerardo. No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis. Icaria Editorial, 2011.

Pisarello, G; Asens, Jaume. La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta. Los Libros de la Catarata, 2014.

Varoufakis, Yanis; Pisarello, Gerardo. Un plan para Europa. Editorial: Icaria Editorial, 2016. Colección: Más Madera.