El republicanismo fraternal de Lluís Companys

A 82 años de su infame fusilamiento, el abogado defensor de los derechos de los trabajadores, el republicano federalista y el presidente mártir de Catalunya, esperan reparación. Quizás una parte de esa reparación llegue con la nueva Ley de memoria democrática, a pesar de sus límites innegables

Lluís Companys, president de la Generalitat, con Roc Boronat a su derecha, iza la bandera catalana en el balcón de la sede del Sindicat de Cecs.
Lluís Companys, president de la Generalitat, con Roc Boronat a su derecha, iza la bandera catalana en el balcón de la sede del Sindicat de Cecs. Gabriel Casas i Galobardes/ Archivo de la Generalitat de Catalunya

Por Gerardo Pisarello

14 de octubre de 2022 El Diario.es

Un 15 de octubre de 1940, por decisión directa de Francisco Franco, era fusilado en Barcelona, en el castillo de Montjuïc, Lluís Companys, president de Catalunya y ex ministro de la República española. El proceso que condujo a su muerte fue una versión extrema, infame, de lo que hoy se conoce como lawfare: una pantomima llena de calumnias sobre la vida pública y privada del acusado, con una sentencia dictada de antemano. Pero el ensañamiento de las derechas radicalizadas con Companys, que hoy pervive en Vox y en el ayusismo que predomina en el Partido Popular, no es casual. Por su catalanismo, por sus convicciones federales, y por el republicanismo que encarnó, siempre solidario y fraternal con los pueblos y gentes trabajadoras de todo el Estado.

El Companys mártir de la dictadura franquista, en efecto, no se explica sin el vehemente abogado catalanista que, en los años previos, se forjó como activista en la lucha por una España republicana, democrática y federal. Desde sus primeros pasos en política, destacó por su compromiso con las clases trabajadores. Fue abogado de sindicalistas y obreros. Como buen conocedor de la vida rural, también contribuyó de manera decisiva a la organización del campesinado, creando para ello la Unió de Rabassaires. Y todo ello, en el marco de una oposición decidida a la monarquía borbónica, cómplice vergonzosa de la dictadura de Primo de Rivera.

En los convulsos años de la Barcelona de la primera posguerra, Companys arriesgó su vida en defensa de los trabajadores y contra la violencia de los sectores más recalcitrantes de la patronal. Esa violencia del poder privado le arrebató dos íntimos amigos: el abogado Francesc Layret, fundador junto a él del Partido Republicano Catalán, y Salvador Seguí, prestigioso líder anarcosindicalista partidario de la creación de un partido político que representara a la clase obrera catalana.

Hasta el advenimiento de la Segunda República, Companys fue, ante todo, un impulsor de la causa republicana. Por ello fue detenido varias veces y encarcelado. Y a ello dedicó su infatigable trabajo como abogado, periodista, concejal del Ayuntamiento de Barcelona o diputado en el Congreso. La victoria republicana en las elecciones de 1931 significó el salto de activista al gobernante. En poco tiempo, fue diputado en las Cortes Constituyentes de 1931, ministro de Marina en el gobierno de Manuel Azaña y, a la muerte de Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya.

Ya en este cargo, Companys impulsó una reforma de los arrendamientos agrícolas favorable a los trabajadores que fue férreamente resistida por la derecha catalana y por los terratenientes y propietarios rurales del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Poco más tarde, le tocó asumir algunas decisiones políticas clave que todavía hoy son discutidas.

Una de ellas fue su participación en la proclamación republicana y federal de octubre de 1934. El contexto era enormemente complejo. Las derechas nazis y fascistas crecían en Europa y utilizaban la violencia y la intimidación para abrirse paso en las instituciones democráticas y minarlas desde dentro. Cuando en España se anunció que las derechas locales que simpatizaban con estos sectores ultras entrarían en el Gobierno, se produjo una reacción instintiva entre las clases populares. La revolución asturiana de 1934, protagonizada por trabajadoras y trabajadores socialistas, anarquistas y comunistas, fue eso: un intento de detener preventivamente lo que se percibía, con fundadas razones, como un movimiento antirrepublicano y golpista.

Desde Catalunya, Companys decidió secundar esta llamada a resistir a las “fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar la República”. El 6 de octubre proclamó el Estado catalán dentro de la República federal española. Y lo hizo apelando a la “Cataluña liberal, democrática y republicana que no puede estar ausente ni silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que en las tierras hispanas luchan hasta la muerte por la libertad y el derecho”.

Por esta decisión, Companys y otros consejeros de su gobierno recibieron una condena de 30 años de prisión. La acusación de sus juzgadores era la de haber querido imponer “por la violencia aquel régimen federal que la soberanía constituyente rechazara”. Cinco de los veintiún vocales del tribunal, sin embargo, se pronunciaron a favor de la absolución. Su argumento fue que los acusados, lejos de haber atentado contra las instituciones republicanas, habían intentado preservarlas frente una regresión golpista de ultraderecha (que efectivamente se consumaría con la sublevación franquista).

Años después, ya restituido en la presidencia de la Generalitat como consecuencia del concluyente triunfo electoral de los frentes de izquierdas, Companys tuvo que volver a afrontar un contexto de similar complejidad. De lo que se trataba, esta vez, era de lidiar con la nueva revolución popular que se había desatado en julio de 1936 tras la victoriosa respuesta al alzamiento fascista en Barcelona. En aquella ocasión, Companys puso todo su empeño en intentar minimizar la violencia en la retaguardia republicana. Se pudo equivocar algunas veces. Pero siempre fue consecuente en su defensa del autogobierno de Catalunya, de la fraternidad republicana y de la libertad.

A 82 años de su infame fusilamiento, el abogado defensor de los derechos de los trabajadores, el republicano federalista y el presidente mártir de Catalunya, esperan reparación. Quizás una parte de esa reparación llegue con la nueva Ley de memoria democrática, a pesar de sus límites innegables. Pero no será suficiente. Y no lo será porque las derechas radicalizadas que lo calumniaron y lo asesinaron junto a Miguel Hernández, las Trece Rosas, Joan Peiró o Julián Zugazagoitia, vuelven a campar por sus anchas, tanto en España como en Europa.

Costaría, en efecto, encontrar hoy entre las derechas españolas gente como el conservador liberal madrileño Ángel Ossorio y Gallardo, que no solo llegó a ser abogado defensor de Companys, sino que le dedicó una biografía que todavía hoy emociona. Claro que para llegar hasta aquí, el propio Ossorio entendió que ni la monarquía, ni las exaltadas derechas que la acompañaban, podían garantizar las libertades que para él resultaban irrenunciables. La ausencia de gente como él hace que todo sea más difícil. Encontrarla, convencerla, es el gran reto de un antifascismo republicano, democrático, amplio, en condiciones de parar una nueva ola barbarie que la humanidad no puede permitirse.  

El 12 de octubre de las ultraderechas

Una cosa es reconocer el plural y rico legado europeo e hispano en América y otra muy diferente negar los desmanes que se cometieron durante la conquista y que han dejado una herida colonial que perdura hasta hoy.

12/10/2022 CTXT

Las derechas radicalizadas llevan años utilizando el 12 de octubre como una plataforma para exhibir una idea de España que conecta con los tópicos más esperpénticos del franquismo. Lo hizo el Partido Popular el año pasado y lo ha hecho Vox este año. De manera desacomplejada, virulenta, cuando no rayana en el ridículo. La operación no es ingenua. Es una ofensiva cultural dirigida a apuntalar un proyecto “hispanoamericano” de neoliberalismo furioso, neocolonial, en tiempos de guerra y de crisis energética. Sus protagonistas, fundamentalmente, son las viejas élites extractivistas, rentistas, de uno y otro lado del océano. Que en un contexto belicista, y en un mundo cada vez más multipolar, querrían encontrar un ámbito geopolítico de influencia, y de supervivencia, compatible con los designios estadounidenses en el continente.

Los conquistadores de pecho abombado

En estos últimos años, la ultraderecha ha intentado presentar su proyecto como una rebelión frente a lo que despectivamente llaman el “consenso progre” y “el globalismo” (léase, los derechos humanos reconocidos en decenas de tratados y cartas internacionales). Con este trasfondo, ha decidido invertir la mirada crítica clásica y presentar el 12 de octubre como una fecha de reparación de todos los “ofendidos” por los agravios del “multiculturalismo”, “los separatismos” o “el populismo”.

Partiendo de esta mirada, los sectores más duros de las derechas patrias se revolvieron iracundos cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió a Felipe VI que pidiera perdón por los crímenes amparados por la Corona en tierras americanas. La petición, sin embargo, no era extemporánea. El rey Leopoldo de Bélgica y la propia Isabel II del Reino Unido lo habían hecho sin que sus reinados se desmoronaran por ello. Y en el caso español no había menos razones para hacerlo. No solo por las andanzas de Hernán Cortés en el pasado, sino por la manera en que algunas empresas como Iberdrola o Naturgy estaban intentando reeditar en México algunas prácticas propias de los viejos encomenderos.  

En un acto de respuesta a la supuesta afrenta anti-española, personajes como Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar o Santiago Abascal, decidieron cargar contra el gobierno de López Obrador, contra los pueblos indígenas, e incluso contra el propio Papa Francisco –que había formulado unas palabras de disculpa similares a las del cardenal Joseph Ratzinger unos años atrás–, acusándolos de ser promotores de una nueva forma de “comunismo”. Para hacerlo, sacaron a relucir, con el pecho abombado, todo un catálogo de rudos e insobornables conquistadores, desde Don Pelayo al Cid Campeador (que no tuvo empacho, llegado el momento, en cobrar de Al-Muqtadir, rey morisco de Zaragoza).

Este año, Vox ha llevado al paroxismo estas iniciativas patrióticas. En una llamativa fiesta organizada en Madrid bajo el nombre “Viva 22”, los de Abascal dedicaron a Isabel la Católica y a Hernán Cortés carpas temáticas rodeadas de banderas españolas en las que se ensalzaba su ardor guerrero. Abascal, de hecho, pronunció su discurso central rodeado de quijotes que luchaban contra aerogeneradores y de figurantes vestidos de monjes, reyes y toreros.

En una llamativa fiesta, los de Abascal dedicaron a Hernán Cortés carpas temáticas rodeadas de banderas españolas en las que se ensalzaba su ardor guerrero

Díaz Ayuso no se ha quedado atrás. En la víspera del 12 de octubre, retuiteó con un orgulloso “Me too”, en inglés, un video en defensa del catolicismo y la monarquía promocionado por Jaime Mayor Oreja (“Mayor Oreja, menor cerebro”, rezaban algunos grafitis maliciosos hace años). El vídeo en cuestión, planteado una vez más como un festivo llamado a la rebelión frente a las prohibiciones y las pasiones tristes de las izquierdas, convocaba a la juventud a asumirse como “facha” con la misma convicción con la que se podía defender la españolidad “de la tortilla de patata, con o sin cebolla”. 

No es difícil reconocer en estas y otras iniciativas similares un intento de la ultraderecha de subir los decibeles en sus bravuconadas sexistas, racistas o clasistas. Ahí están, como ejemplo, los lamentables cánticos machistas proferidos por un seguidor de Vox desde las ventanas del Colegio Mayor para ricos, Elías Ahuja, de Madrid (“Putas, salid de vuestras madrigueras, conejas… sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!”). Y ahí está, también, la deliberada decisión de la ultraderecha de convocar en la capital del Reino, justo antes del 12 de octubre, la Segunda Cumbre de lo que ellos llaman la Iberoesfera.

Estas cumbres, cada vez más frecuentes, se plantean como el embrión de una Internacional reaccionaria decidida a expandirse en diferentes países de habla hispana, y a hacer frente a espacios de izquierdas o progresistas como el Foro de São Paulo, fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990, o el informal Grupo Pueblo, de creación más reciente. Entre sus miembros más asiduos suelen estar muchos firmantes de la llamada Carta de Madrid, promovida por Vox en octubre de 2020 con el fin, una vez más, de combatir el “consenso progre”, “la Agenda 2030” y el “comunismo global”.

Estas convocatorias suelen reunir a las expresiones más delirantes de la extrema derecha internacional. Desde personajes como Eduardo Bolsonaro, admirador, como su padre, del golpe de Estado de 1964 contra João Goulart, a los ultras argentinos Javier Miley y José Luis Espert, nostálgicos, también, de la dictadura de Videla; pasando por el exministro golpista de Bolivia, Arturo Murillo, hoy detenido en una cárcel de Miami; o la presidenta del partido Hermanos de Italia –Fratelli di Italia–, Giorgia Meloni.

Aunque Vox y el Partido Popular de Aznar y Ayuso se reparten áreas de incidencias y pueden variar en el tono, comparten muchas amistades, aliados, y medidas programáticas. Este año, por ejemplo, la Cumbre de la Iberoesfera ha contado con invitados especiales como el chileno José Antonio Kast, hijo de nazis alemanes, amigo del marqués de Vargas Llosa y conocido admirador de Pinochet, o la senadora colombiana María Fernanda Cabal, seguidora de Álvaro Uribe. También ha recibido saludos entusiastas del propio Donald Trump, que ha dejado claro el padrinazgo de la ultraderecha estadounidense a un “hispanoamericanismo” que consideran aliados de sus intereses en América Latina.

Un nuevo partido de encomenderos e inquisidores

Sería un error pensar, en todo caso, que estas ofensivas de la derecha radical y de la ultraderecha persiguen dar la batalla cultural por un pasado ya muerto. Su propósito, por el contrario, es reforzar culturalmente, de una manera que habría alertado a Antonio Gramsci, un proyecto de acumulación y de despojo económico que lleva décadas produciéndose.

Al igual que ocurrió durante la conquista de finales del siglo XVI, los nuevos conquistadores patrocinados por las derechas radicalizadas van acompañados de nuevos encomenderos y de nuevos inquisidores. Unos, especialmente interesados en hacerse con recursos energéticos clave como el petróleo, el litio, el carbón y otros minerales existentes en sus antiguas colonias de África o América. Otros, siempre dispuestos a dar cobertura ideológica, con la Biblia o con la espada, a empresas cuyo carácter predatorio apenas queda disimulado tras los millones invertidos en publicidad.

Este proyecto neoliberal y neocolonial ha visto en este 12 de octubre marcado por la guerra, la inflación y una batalla internacional por la apropiación de recursos energéticos escasos, una oportunidad de oro para una nueva ofensiva. Los ataques a los movimientos indígenas y campesinos que protegen selvas, bosques y tierras de las grandes transnacionales; las violentas diatribas contra el feminismo y los movimientos LGTBIQ+ que ponen en cuestión las formas patriarcales de organizar la familia y la economía; las proclamas racistas y clasistas contra colectivos empobrecidos o contra las organizaciones sindicales, son parte de este ataque. Las fake news, los golpes, la utilización de las cloacas del Estado y las operaciones de lawfare, de persecución judicial arbitraria contra activistas sociales y gobiernos populares o progresistas, también.

Para llevarlas adelante, las derechas radicalizadas y las ultraderechas cuentan con jueces, fiscales, policías y parapolicías, medios de comunicación y de propaganda propios e incluso con iglesias –evangélicas, pentecostales o de grupos cristianos reaccionarios– dispuestas a actuar coordinadas con un objetivo común: presentar cualquier intento de limitar sus ambiciones económicas, por moderado que sea, como la encarnación de un nuevo Satanás y como una amenaza a la familia tradicional o a la propiedad privada de todos.

La necesidad de alternativas republicanas fraternales y no coloniales

El avance de este nuevo partido de conquistadores, encomenderos e inquisidores, apoyado por organizaciones como Atlas Network y financiados por grandes petroleras norteamericanas o por plutócratas como Charles Koch, es patente. No obstante, tras su irrupción repentina en el ámbito electoral con operaciones de manipulación de datos como las de Cambridge Analytica, ha ido perdiendo su capacidad de sorpresa –que no de causar daño– y ha comenzado a generar resistencias.

Muchas de esas resistencias parten, como no podía ser de otra manera, del reconocimiento de la importancia del legado hispano o europeo en la configuración sociológica del continente americano. Lo que ocurre es que ese legado es mucho más plural de lo que las derechas radicales estarían dispuestas a aceptar cuando invocan un 12 de octubre que parece salido de algún capítulo del Nodo franquista. Y es que ese legado, contra lo que sugieren los nuevos conquistadores de pecho inflado, incluye, por supuesto, tradiciones cristianas, católicas y no católicas. Pero también judías, árabes, que han convivido o se han mezclado con formas de religiosidad afro o vinculadas a los pueblos originarios. Y a esas herencias hay que sumar otras: liberales, anarquistas, conservadoras, socialistas y tantas más, que han ido configurando sociedades culturalmente ricas e irreversiblemente mestizas.

El avance de este nuevo partido de conquistadores, encomenderos e inquisidores es patente

Lo que las derechas radicalizadas no entienden es que una cosa es reconocer el plural y rico legado europeo e hispano en América y otra muy diferente negar los desmanes que se cometieron durante la conquista y que han dejado una herida colonial que perdura hasta hoy. A partir de fenómenos como el de Black Lives Matter o el de las reivindicaciones del 12 de octubre como día de la resistencia indígena, son cada vez más las voces que denuncian un viejo proyecto capitalista racista, clasista y ecocida, que ha mutado en algunas de sus formas, pero que subsiste todavía en nuestro tiempo, como han mostrado Andy Robinson y otros periodistas.

Algunas de estas voces, encarnadas en movimientos cristianos de base y en redes de solidaridad con el Sur Global, recuerdan a la del fraile sevillano Bartolomé de las Casas o a la del castellano Antonio de Montesinos, cuando, con la misma valentía solitaria exhibida hoy por el Papa Francisco, denunciaban las vejaciones y expolios que el sistema encomendero había producido en América.

Ese hilo anticolonial se ha mantenido a través de la historia. No solo entre los descendientes de Tupac Amaru, el cacique Lautaro o Bartolina Sisa, sino también entre quienes, desde la propia Península, leyeron a Las Casas y dieron continuidad a sus ideas. Desde el barcelonés Francisco Pi y Margall, presidente de la Primera República española de 1873, hasta la extremeña Carolina Coronado, una de las figuras más destacadas del movimiento antiesclavista de su tiempo.

Pi y Margall no dudó, en pleno siglo XIX, en cuestionar la bondad de las llamadas Leyes de Indias todavía hoy rescatadas por Vox y el PP, recordando, como Las Casas, que a través de ellas “se torturaba el espíritu de los indios” y “con el pretexto de fortificarlos en la doctrina de Cristo, los entregaban a merced de unos que llamaban encomenderos, que los trataban poco menos que como esclavos […] y los enviaban por cientos a la muerte”.

Pi y Margall no dudó, en pleno siglo XIX, en cuestionar la bondad de las llamadas Leyes de Indias todavía hoy rescatadas por Vox y el PP

Con esa misma contundencia, Pi admitía que Hernán Cortés había sido el más culto de los conquistadores españoles. Y que ese refinamiento, sin embargo, no le había impedido actuar con inusitada crueldad, ahorcando a dirigentes indígenas de quienes se fingió respetuoso amigo, mutilando a prisioneros o pasando a cuchillo a miles de hombres y mujeres indefensos.

Obviamente aquellas críticas de Pi a todo tipo de colonialismo –no solo a español, sino también al británico, en muchos aspectos más feroz que aquel– no se limitaban a lo ocurrido en el siglo XVI. Suponían una oposición frontal radical al esclavismo y al colonialismo de su tiempo, que incluía la perpetración de brutalidades en Cuba o Filipinas, como la ejecución vil, a manos de Millán Astray, del patriota filipino José Rizal.

Es el ejemplo de gente como Las Casas, como Tupac Amaru, como Pi y Margall y Carolina Coronado, el que debería llevar a las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierdas, a pensar una alternativa al internacionalismo de ultraderecha, neoliberal y neocolonial, que hoy pretende imponerse. Esa alternativa ya está presente en las resistencias de miles de víctimas de estos proyectos neoliberales y neocoloniales, desde Chico Mendes a Berta Cáceres o Marielle Franco. También en las iniciativas latinoamericanistas, e incluso iberoamericanistas, de figuras como Ignacio Lula da Silva o Gustavo Petro, o en las prácticas solidarias llevadas a cabo por sindicatos y movimientos feministas, antirracistas o ecologistas que, por evidentes razones culturales, mantienen vínculos estrechos de uno y otro lado del océano.

Esas iniciativas sociales y políticas ibero y trans-americanas, tan alentadas por pensadores como José Saramago, deberían ser conscientes de la necesidad urgente de articular respuestas comunes a la brutalidad de la ultraderecha mundial. Ello exige desplegar iniciativas culturales, mediáticas y organizativas conjuntas, basadas en el mutuo reconocimiento y en la traducción de las diferentes luchas que se están produciendo contra los ataques racistas, sexistas y clasistas que el neofascismo neoliberal de nuestro tiempo ampara sin ruborizarse.

Que Vox, de hecho, haya elegido el 12 de octubre para convocar a las extremas derechas de América, Europa y Estados Unidos, y lo haya hecho publicitando una patética canción que pide “Volver a 1936”, no parece del todo fortuito. Y es que fue un 12 de octubre de 1936 cuando el fascista José Millán-Astray, enconado defensor del “macizo de la raza”, amenazó en la Universidad de Salamanca a un Miguel de Unamuno que aparecería misteriosamente muerto tiempo después.

Unamuno, como Pi y Margall, había mostrado su admiración por Rizal y por los patriotas de las colonias que no querían seguir siendo súbditos de la Corona sino ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Unamuno, igual que Pi, había entendido, después de leer a su admirado Simón Bolívar, que la única alternativa a la degradación del imperio hispano era la construcción de nuevos lazos iberoamericanos entre pueblos libres e iguales. Y Unamuno, como Pi, había llegado a la conclusión de que ese proyecto era inviable bajo los Borbones, por lo que era menester poner en pie alternativas republicanas, fraternales y no coloniales, que le ayudaran a abrirse camino. Que así sea.

Gerardo Pisarello

Diputado de En Comú Podem. Profesor de Derecho Constitucional de la UB.

La democracia en disputa

Por Instituto Democracia. Dossier – Dic 2020 (Aquí)

Te invitamos a leer las reflexiones de Manuela D’Ávila, Enrique Dussel, Gerardo Pisarello y Juan Carlos Monedero, a partir de las entrevistas realizadas en el marco del ciclo de charlas «La democracia en disputa», organizadas junto a JJ – Circuito Cultural.

Que la corrupción de la monarquía no corrompa la democracia.

Por Gerardo Pisarello

Leer en @publico.es

Según un viejo aforismo inglés, en la Monarquía parlamentaria británica el Rey no puede hacer el mal (the King can do not wrong). Este principio puede parecer un ingenuo y peligroso canto a la arbitrariedad. Sin embargo, para que sea admisible, debe complementarse con otro conforme al cual el Rey no puede actuar por su cuenta (the King can not act alone) a espaldas de la sociedad, sino que debe hacerlo con el visto bueno -el refrendo- de los ministros del Gobierno y bajo el escrutinio crítico de la opinión pública.

Si esto es así, resulta evidente que los turbios negocios de Juan Carlos I de Borbón en esta última década han estado claramente reñidos con lo que, en términos constitucionales, debería haber sido una Monarquía realmente parlamentaria. Pero no se trata solo de él. Se trata, como se está viendo, de un cúmulo de actuaciones que implican a diversos miembros de la Familia Real. De ahí que no se esté, como se ha dicho, ante la corrupción de una persona, sino ante la corrupción creciente de una institución. Una institución que ha funcionado sin controles, rodeada de privilegios, y que amenaza con golpear, una vez más, a la democracia y al Estado de derecho.

Un rey que actuaba (que delinquía) sin referendo

En su reciente anuncio de que abandona España por la «repercusión pública» de unos acontecimientos de su «vida privada», el propio Rey Emérito ha venido a confirmar esta impresión. Ninguna de las expresiones que utilizó es inocua. No lo es la alusión a la «repercusión pública», que en realidad es un eufemismo para referirse a las noticias, los procedimientos judiciales y las peticiones de investigación de sus actuaciones, tanto en España como en Europa. Solo eso, hace que la marcha sea leída directamente como huida, esto es, como una forma de eludir esas investigaciones, más que de contribuir a que se produzcan (algo que se vería confirmado si el destino es un país de otro continente como República Dominicana).

Tampoco es inocua la alusión a acontecimientos de su «vida privada». Porque si los cobros de comisiones, los blanqueos de capitales y los fraudes fiscales que se le imputan eran actos privados, ajenos a su función constitucional, hay buenas razones para sostener que no se encontraba amparado por la inviolabilidad contemplada en el artículo 56.3 de la Constitución.

Si el Rey emérito, en efecto, actuaba por su cuenta, como reconoce en la carta, en beneficio privado y de manera reiterada, quiere decir que no contaba con el refrendo de nadie. Por lo tanto, los artículos que deben aplicársele son el 9.2 y el 14 de la Constitución, que someten a todos los ciudadanos a la ley y al ordenamiento jurídico, sin distingos arbitrarios. Pero no el 56.3, porque la función de dicho precepto no es otorgar carta blanca para delinquir. Ni mucho menos para hacerlo de manera reiterada, burlando a la Hacienda Pública y comprometiendo la estabilidad y la reputación del Estado.

Por el contrario, el sentido de la inviolabilidad del Rey es protegerlo frente a maniobras arteras que pudieran poner en peligro su función constitucional. Esto ocurriría, por ejemplo, si alguien lo obligara a no sancionar y promulgar una ley aprobada por las Cortes, a no firmar un Tratado de Derechos Humanos consentido por el Gobierno y el Parlamento con la amenaza de sancionarlo jurídicamente. Pero nada indica que sea el caso. Que cuando el Emérito actuaba como presunto comisionista, fraguando desde la Zarzuela una «estructura para ocultar dinero a Hacienda», lo hiciera coaccionado por terceros.  Como él mismo admite, no actuaba en cumplimiento de su función constitucional. Actuaba como persona privada, no pública, y al hacerlo así, no podía, ni contar con el refrendo previsto, porque no existía o era directamente imposible, ni pretender no ser investigado y juzgado por dichos actos.

Un rey que actuaba solo (o no tanto)

Que el Emérito actuara «solo» en términos constitucionales, es decir, sin poder descargar su responsabilidad en otros actores, no significa que operara sin el conocimiento de otras personas. Algunas de ellas (como su ex amiga Corinna Larsen, el abogado suizo Dante Canónica, o el gestor de fortunas Arturo Fasana) ya han declarado de hecho como investigadas ante el Fiscal de Ginebra, Yves Bertossa.

Sin embargo, hay otra cuestión relevante: ¿conocía la propia Familia Real sus opacas operaciones financieras? Y de manera más directa: ¿las conocía su heredero en el trono, el Rey Felipe VI?

A comienzos de marzo de 2020, un día después de la declaración del Estado de Alarma por el Covid-19, la Casa Real decidió emitir un comunicado inédito e impactante. En él reconocía que un año atrás, Felipe VI había tenido conocimiento por un despacho de abogados británicos de su designación como beneficiario de la Fundación panameña Lucum, a través de la cual Juan Carlos I presuntamente blanqueaba comisiones recibidas del Rey de Arabia Saudita. En el mismo comunicado, se afirmaba que Felipe VI lo había informado de inmediato a las «autoridades competentes» y que un mes después había informado a su padre que no recibiría ningún beneficio de la misma, renunciando a su herencia personal.

La declaración fue un auténtico terremoto. Y aunque su objetivo evidente era construir la figura de un Rey «ejemplar y transparente», acabó generando lo contrario. Primero, por el momento en que se escogió para hacerla pública, el día después de la declaración de un Estado de Alarma. Segundo, porque en ella no se explicaba por qué Felipe VI había tardado tanto en dar a conocer unos hechos que, como mínimo, conocía desde hace un año. Tercero, porque la supuesta pretensión de renunciar a una herencia con su padre vivo, no tenía más valor que un gesto pour la galerie, que ningún notario podía aceptar, como explicaron varios especialistas en Derecho Civil. Cuarto, porque entre las «autoridades competentes» a las que había informado no figuraba la Fiscalía Anticorrupción, sin duda una de las primeras interesadas.

Todo esto deja abierto muchos interrogantes. La propia Fundación Lucum había sido creada en 2008, días antes que Juan Carlos recibiera un presunto «regalo» de 65 millones de euros del entonces rey saudí Abdullah, y disuelta en 2012, después de que Corinna Larsen recibiera una donación por esa cantidad. Durante esos 4 años, pues, se produjeron muchas de las operaciones que hoy son objeto de investigación judicial. Por ese entonces, Felipe VI no era un niño o un ingenuo adolescente. Era un hombre hecho y derecho, de más de 40 años, que sabía que sería Rey y que supuestamente había sido preparado para ello. Nada, pues, indica que un inminente Jefe de Estado no conociera estas operaciones de su padre, muchas de las cuales se gestaban en la misma Zarzuela. Y mucho menos parece creíble que no accediera a toda la información sobre ellas tras su proclamación como Rey en 2014, hace ahora 6 años.

Por eso, precisamente, la respuesta del Jefe del Estado a la última carta de su padre suena tan poco transparente. Porque su objetivo no parece ser informar sino ocultar información. Limitarse a expresar «agradecimiento» por la decisión del Emérito, pero sin informar sobre las razones de su marcha en plena investigación judicial. Destacar su «legado» y su «obra política y institucional de servicio a España y a la democracia», pero sin hacer mención alguna a los graves hechos de los que se le acusa y sin exigir siquiera que se haga justicia y que se respete el principio de igualdad ante la ley.

Una dinastía nada «respetable» y nada «ejemplar»

Todo esto vuelve más inexplicable e injustificable el comunicado de Moncloa mostrando «respeto» a la decisión del Emérito y valorando la «ejemplaridad» de Felipe VI. Porque ni la decisión de Juan Carlos de Borbón es «respetable», ya que parece pensada para sortear la justicia antes que para favorecer su tarea, ni la conducta del Rey actual ha sido la de un Jefe de Estado «ejemplar», comprometido con la justicia y con lucha contra la corrupción, sino más bien la de un hijo -la de un heredero- que busca proteger a su padre.

Por eso no estamos hablando de la corrupción de un individuo. Estamos hablando de la corrupción de una Familia (recordemos el caso Noos y tantos precedentes) y de una institución que ha actuado sin controles, rodeada de privilegios y sin aceptar el suficiente escrutinio público. Y el peligro, ahora, sería que la corrupción de la Monarquía corrompa, una vez más, a la propia democracia, forzándola una vez más a mirar hacia otro lado y a consentir esferas de opacidad y de impunidad impropias de un Estado de Derecho.

Nada de esto puede tolerarse. Y muchos menos en un contexto en el que desde el Gobierno se está exigiendo a familias, gente trabajadora, pequeñas y medianas empresas que subordinen sus intereses privados a la salud y al bienestar general, que cumplan con la legalidad, y que contribuyan en función de sus recursos a financiar las arcas públicas.

Por eso es fundamental que, más allá del propio Gobierno, sea Felipe VI, como Jefe de Estado y miembro preeminente de la Casa Real, quien informe sobre el paradero y las condiciones de vida de su padre, así como sobre las razones de su salida del país. Al mismo tiempo, es esencial, y propio de una Monarquía que se define constitucionalmente como parlamentaria, que el Rey comparezca ante las Cortes Generales, principal sede de la soberanía popular, para expresar su compromiso con la transparencia, con la investigación de los hechos y con la tarea de la justicia.

Mientras tanto, y dada la gravedad de las actuaciones que se imputan al Emérito, y que la propia Casa Real ha admitido, hay una serie de medidas elementales que deberían adoptarse cuanto antes. La primera, retirar a Juan Carlos I su condición Rey, facilitando así la actuación de los tribunales. La segunda, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y aprobar una Ley de regulación de la abdicación (constitucionalmente prevista) con el objetivo de limitar el alcance de la inviolabilidad regia y de dejar claro que esta no supone una carta blanca para defraudar y delinquir. La tercera, acabar con la abusiva criminalización de las críticas a la Monarquía, que a lo largo de estos años solo ha servido para crear un clima de impunidad, censura e intimidación, así como una conculcación reiterada de la libertad ideológica y de expresión. Finalmente, trabajar junto a la sociedad civil organizada para que, cuatro décadas después del referéndum sobre la Constitución de 1978, la ciudadanía, y sobre todo las generaciones más jóvenes, sean consultadas de forma soberana, democrática y libre, sobre la continuidad o no de la Monarquía.

Ciertamente, un mero cambio en la Jefatura del Estado no implicaría por si solo un progreso en todos los ámbitos de la vida social. Pero si algo facilitaría la forma de gobierno republicana y democrática es poner todos los poderes políticos a disposición de los ciudadanos. Mostrar que las instituciones son creaciones humanas que deben rendir cuentas ante la propia sociedad, y educar a sus miembros en el amor por la libertad, por la igualdad, y en el rechazo del privilegio y de los abusos de los poderosos.

LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DE LA MONARQUÍA, LA HISTORIA RECURRENTE DE ESPAÑA

La impunidad de la Corona como freno al avance democrático. Un placer debatirlo con Javier Pérez Royo, Pura Sánchez y lo mejor del republicanismo y del feminismo andaluz. Mi agradecimiento al Ateneo Republicano de Andalucía por su invitación ¡Se necesitan más actos así!

https://www.facebook.com/ateneorepublicanoandalucia/

Comparto una buena crónica de Olivia Carballar (@ocarballar) para Lamarea.com

«¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?»

Bajo el título «¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?» participé en el segundo episodio del ciclo de entrevistas organizado por el Instituto Democracia y el Circuito Cultural JJ.

“Mi impresión es que sin los gobiernos progresistas populares esto hubiera sido un auténtico desastre. Uno tiene las pruebas porque hay gobiernos neoliberales y neofascistas que están actuando con un total desprecio por la vida humana. Sobre todo, por la vida humana de las clases populares, de la gente de mayor situación de vulnerabilidad a la que han enviado a la muerte de manera directa. Si uno observa la cifra de gente muerta en Brasil o en Estados Unidos, y además estudia eso desde una perspectiva de clase, verá que lo que ha habido es un elitismo despiadado y una absoluta indiferencia por la vida de la gente más humilde, por parte de esos gobiernos.”

🎥 Comparto la entrevista que me realizaron Andrea Vallejos y Ulises Bosia.

Diversas intervenciones en el Grupo de Trabajo de la UE, de la Comisión de Reconstrucción

Hoy en el Congreso han tenido lugar varias comparecencias ante el Grupo de trabajo UE, de la Comisión de Reconstrucción.

Más allá del nuevo escenario geopolítico peligrosamente en movimiento con personajes irresponsables como Trump y la voluntad política de las fuerzas progresistas del Sur de Europa para que esta crisis no repita los errores de la anterior, con medidas «austericidas», he querido recordar a los que más sufren: las personas que cruzan el Mediterráneo en búsqueda de una vida digna y que esa Europa, a la que se le llena la boca de derechos y bienestar, les da la espalda.

También he querido solidarizarme con la población estadounidense que se ha levantado, con rabia, contra la violencia policial, racista, en ese abismo de desigualdades que les golpea a diario.

Defendiendo el republicanismo de las cosas concretas, el republicanismo ilustrado, que se contrapone al egoísmo de las élites y sus defensores a ultranza, que no aceptaron una salida a la crisis social y ambientalmente justa.

Republicanismo desde los balcones

Publicado en Público 14/4/20

Al menos desde el siglo XIX, todos los procesos de democratización que España ha experimentado como Estado monárquico y colonial han tenido, de una u otra manera, una impronta republicana. Este impulso siempre tuvo en la batalla contra el privilegio y las desigualdades uno de sus principales desvelos. Y siempre se topó con parecidos obstáculos: contextos internacionales adversos, una reacción pugnaz de las elites políticas y económicas de la época y las propias desavenencias y titubeos de las fuerzas republicanas.

Hoy, miles de personas evocarán desde sus balcones, y en medio de una dolorosa pandemia, la mañana del 14 de abril que trajo la República en ciudades como Éibar, Valencia o Barcelona. Al hacerlo, el republicanismo de la calle y el de las instituciones recuperará muchas tareas pendientes y se impondrá otras nuevas. Deberá hacerlo con memoria, pero también con imaginación, coraje, y con sentido de la inédita emergencia social que tiene por delante.

El republicanismo y la defensa del buen gobierno

La historia del republicanismo peninsular es la historia de una larga lucha por la regeneración y la democratización política y social. Nació para defender libertades básicas y bienes comunes frente a los regímenes caciquistas y corruptos surgidos al amparo de la Monarquía borbónica.

Las primeras figuras del panteón republicano, de hecho, están vinculadas a esa batalla contra el mal gobierno. Aquí brillan, todavía hoy, desde el asturiano Rafael de Riego –no en vano la marcha de sus tropas se convertiría en himno no oficial de la II República– a la granadina Mariana Pineda, ambos mártires en la lucha contra el régimen «felón y canalla» de Fernando VII de Borbón.

Lo mismo puede decirse de los miles de republicanos y republicanas anónimas que se enfrentaron a la Monarquía y a las oligarquías de su tiempo para expandir esas libertades. Personalidades como la obrera textil catalana, Teresa Claramunt, anarquista e impulsora de la primera Sociedad Feminista española. O la abogada Clara Campoamor, pertinaz defensora en las Cortes constituyentes de 1931 del derecho al divorcio, a la no discriminación  por razón de sexo y al sufragio femenino.

La lucha republicana por las condiciones materiales de la libertad

El republicanismo democrático, en realidad, siempre entendió que la defensa de la libertad exigía la garantía igualitaria, a todas las personas, de las condiciones materiales de existencia.

Por eso, no solo se preocupó por ampliar el derecho de voto o la libertad de cultos, sino de garantizar, además, los elementos básicos del derecho a la existencia: el acceso a educación, sanidad y vivienda adecuadas, la garantía de un ingreso básico y de condiciones de trabajo decentes.

Hoy sorprende –pero no debería olvidarse–, que en su momento más avanzado el movimiento republicano hizo Ministro de Industria a un trabajador del vidrio, cooperativista, que había aprendido a leer a los veintidós años, como Joan Peiró. O que llevó al Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales a la primera ministra mujer en España, la anarquista Federica Montseny.

Muchas de estas batallas por la ampliación de derechos, todavía vigentes, se vieron frustradas o quedaron inconclusas. Pero hicieron evidente que la defensa de lo público, de lo común, no era posible sin la imposición de límites a la acumulación indiscriminada de riquezas.

Por eso, el republicanismo más igualitario del siglo XIX tuvo claro que la democracia económica exigía justicia fiscal y distribución equitativa de bienes, y que los usos especulativos o abiertamente abusivos de la gran propiedad privada no podían tolerarse.

El artículo 128 de la Constitución de 1978, que con razón se cita en estos tiempos de pandemia para exigir un mayor control público sobre clínicas y laboratorios privados, para evitar la especulación en materia de alquileres, alimentos, o residencias de personas mayores, tiene su antecedente en el artículo 44 de la Constitución republicana de 1931. Aquel artículo no solo establecía que «la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía». También permitía –al igual que las Constituciones republicanas de México y de Weimar– socializar la propiedad e incluso realizar expropiaciones forzosas mediante adecuada indemnización, «a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes».

La resistencia oligárquica al republicanismo democrático

Uno de los dramas del republicanismo fue tener que aplicar estos programas de reconstrucción en tiempos de crisis internacionales, así como en medio de una pugnaz resistencia de las oligarquías políticas y económicas de turno, comenzando por el bloque de los grandes rentistas (el gran «partido» agrario, en el siglo XIX, el poderoso «partido» inmobiliario-financiero, desde el siglo XX hasta ahora).

La I República llegó tras la derrota de la Comuna de París y en medio de la Gran Depresión de 1873. La II tuvo que batallar en medio del crack del año 30. Los movimientos republicanos que se enfrentaron el franquismo llegaron a gobernar ciudades importantes en los años 80. Pero tuvieron que hacerlo en el marco de la crisis del petróleo desatada unos años antes. Y lo mismo ocurrió con los movimientos municipalistas republicanos, nacidos del 15-M, que tuvieron que gestionar sobre la herencia dejada por otra crisis capitalistas mundial, la de 2008.

La mejor de la tradición republicana entendió que solo había una manera de vencer estos obstáculos y de ampliar la democracia política y económica: analizar con rigor la realidad y fortalecer la organización y participación popular, social, para conseguir que los cambios llegaran lo más lejos posible.

El municipalismo como principio republicano

Esa convicción de eficacia democrática llevó al republicanismo peninsular a asumir de manera extendida el municipalismo. El ámbito local, justamente, aparecía como el más idóneo para impulsar, sobre todo en tiempos de crisis, experiencias cooperativas, de autoorganización, que luego podían proyectarse a otras escalas más amplias.

La vida municipal republicana dio personalidades admirables e inspiradoras. Como la de Fermín Salvochea, alcalde del «Cantón de Cádiz» en 1873 y lector voraz de Tom Paine y de Piotr Kropotkin. O como la de maestra Natividad Yarza Planas, nacida en Valladolid y elegida primera alcaldesa por sufragio universal en una candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya en 1934. O como la del fino pensador galleguista, Ànxel Casal, editor de la Revista ‘Nos’ y alcalde de Santiago de Compostela hasta su asesinato por las fuerzas golpistas en 1936.

Ciertamente, en España hubo siempre un republicanismo unitarista o uniformista. Pero la mejor tradición republicana hispana fue la que de manera más clara entendió que la batalla por la democracia política y social era inescindible de la lucha por la democracia territorial y por el  reconocimiento de la pluralidad nacional y regional interna.

Un republicanismo plural, federal y confederal

La defensa de un republicanismo anticentralista, federal o confederal, comenzó a circular en la segunda mitad del siglo XIX de la mano de figuras como Joan Bautista Guardiola –»España no forma una sola nación, sino un haz de Naciones»– o como el Francesc Pi i Margall, autor de obras de una gran influencia en su tiempo como La reacción y la revolución, de 1854, o Las Nacionalidades, de 1882.

En realidad, basta con echar un vistazo a la historia de los siglos XIX y  XX, y a la breve del siglo XXI, para advertir que la tradición republicana democrática ibérica está atravesada por diversos republicanismos nacionales y regionales, con elementos singulares y comunes, todos ellos partidarios de fórmulas de articulación federales y confederales.

Esto puede advertirse en el republicanismo castellano, inspirado en la experiencia comunera de 1521 y con tener defensores tan relevantes como Anselmo Carretero, vinculado al PSOE. También es riquísima la historia del republicanismo andaluz, con expresiones notables como la Constitución de Antequera de 1883 o el pensamiento de Blas Infante. O la del republicanismo democrático vasco de la segunda mitad del siglo XIX, federal y fuerista, lleno de obreras y obreros que cantaban la Internacional junto al Guernikako Arbola. O la del republicanismo gallego, encarnado en artistas y pensadores universalistas y pacifistas, como Castelao. Y lo mismo podría decirse del poco conocido republicanismo mallorquí de un Francesc de Sales Aguiló, o de las diferentes tradiciones del republicanismo catalán como las que encarnaron Francesc Macià, Andreu Nin, Neus Català, Joan Lluhí i Vallescà o Lluís Companys (quien en 1934 llamaba a resistir conjuntamente a la extrema derecha y al fascismo desde «el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República federal libre y magnífica»)

Conocer, poner a dialogar y hacer crecer esta mirada municipalista, plurinacional, partidaria de articulaciones institucionales federales y confederales, es uno de los grandes retos del republicanismo de nuestro tiempo. Un republicanismo que debe estar atento para que la necesaria colaboración y coordinación que exige la actual emergencia socio-sanitaria no impida federar y compartir decisiones y no se resuelva en una recentralización que lesione el pluralismo y el principio democrático de autogobierno.

Un republicanismo no colonial, antirracista y antibelicista

De la misma manera, el republicanismo debería tomar nota de la necesidad de estrechar los lazos fraternales con los pueblos que también luchan por una mayor democracia política y económica.

Ya a comienzos del siglo XIX, el republicanismo peninsular estableció un estrecho vínculo de exilios y cooperación que se desplegó más allá de la península, sobre todo en los territorios del antiguo imperio. A partir de las revoluciones norteamericana y francesa y de la temprana revolución que en 1804 dio lugar a la República negra de Haití, el avance del republicanismo y de su impronta democratizadora en España y en Iberoamérica se retroalimentaron. Un Riego, un Pi Maragall, no solo luchaban por democratizar su tierra. También batallaban, indirectamente, por una nueva América. Del mismo modo que Bolívar, San Martín, y sus tropas de indígenas, criollos y mestizos, favorecían la irrupción de una nueva España, que rompiera con su herencia monárquica e imperial.

Desde entonces, este iberoamericanismo no colonial, fraternal, ha estado presente en algunas tradiciones republicanas peninsulares. El poeta republicano portugués Antero de Quental, por ejemplo, sostuvo en 1871 que la causa de la decadencia de los pueblos peninsulares eran la monarquía, la confrarreforma católica y la expansión ultramarina. Y como alternativa a ello, propuso un republicanismo ibérico municipalista, federal y anticolonial.

Estas ideas se han mantenido vivas, de un modo otro, con las diferentes corrientes de solidaridad que en América recibieron a exiliados del franquismo y de la dictadura de Salazar, o que más tarde, recibieron a perseguidas o víctimas de las dictaduras latinoamericanas de finales del siglo XX. Son las mismas redes republicanas que hoy siguen denunciando los desmanes belicistas de Donald Trump o los vínculos de Jair Bolsonaro, Iván Duque o Sebastián Piñera con las derechas neocoloniales españolas.

En realidad, el internacionalismo, el antirracismo y el anticolonialismo deberán ser principios irrenunciables del republicanismo democrático en este tiempo de pandemias. Para denunciar, una y otra vez, la falsedad y los privilegios mezquinos que esconden los discursos nacionalistas racistas, xenófobos y belicistas (el artículo 6 de la Constitución republicana de 1931 renunciaba a la guerra como instrumento de política exterior). Y también para mostrar que solo la cooperación internacional y el intercambio de saberes, información y recursos, pueden evitar la desaparición de la humanidad a causa de nuevos virus, de una emergencia climática irreversible o del uso de armas de destrucción cada vez más letales.

Recordar para construir un republicanismo del siglo XXI

Nada de esto puede darse por descontado. Hoy como ayer, el republicanismo democrático sigue teniendo al frente poderosos adversarios. Defender lo público, lo común; acabar con las prebendas fiscales de las grandes fortunas; garantizar ingresos básicos a todas las personas; avanzar en justicia social y ambiental; asumir sin retórica las exigencias del movimiento feminista; reforzar el municipalismo y el pluralismo nacional. Todo eso exige remover privilegios arraigados que no se ceden de la noche al día. Ni siquiera en tiempos de pandemia.

La falta de aliados internacionales, la respuesta mezquina de las élites europeas, siguen siendo obstáculos formidables. Y también la cerril oposición interna, que incluye a las empresas del IBEX, a los grandes rentistas y a derechas cerriles, capaces de contemporizar, aun hoy, con el pasado absolutista e imperial, o con la dictadura franquista.

Esta es la trama –en la que la Monarquía borbónica sigue siendo una pieza central– que las fuerzas republicanas deben deshacer. Con sentido de la responsabilidad y renunciando a un sectarismo que pondría las cosas fáciles a los nuevos heraldos del odio y del privilegio. Pero también con audacia, con valentía, con sentido autocrítico, conscientes de que no hacer lo suficiente, o llegar demasiado tarde, sería el camino directo a la propia tumba.

Que este 14 de abril sirva para aprender de los errores. Que sirva también para levantar, aunque sea en los balcones, los anhelos plurales del republicanismo democrático, del pasado y del futuro. Y que sirva –¡cómo no! – para recordar a los más jóvenes, como pedía Max Aub, que aquellas republicanas y republicanos que nos precedieron en su lucha «rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados en escapar», eran lo mejor del género humano.

Libros

Autor de diversos libros sobre constitucionalismo, derechos humanos y derecho a la ciudad:

Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática. Trotta Editorial, 2014.

Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Trotta Editorial, 2011.

Los derechos sociales y sus garantías. Trotta Editorial, 2007.

Vivienda para todos. Un derecho en (de)construcción. Icaria Editorial, 2003.

Coautor de:

Pedrol, X.; Pisarello, G. La Constitució europea i els seus mites. Una crítica al Tractat Constitucional i arguments per a una altra Europa. En La Constitució europea i els seus mites. Una crítica al Tractat Constitucional i arguments per a una altra Europa.. Icaria editorial. 2005.

Asens, Jaume; Pisarello, Gerardo. No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis. Icaria Editorial, 2011.

Pisarello, G; Asens, Jaume. La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta. Los Libros de la Catarata, 2014.

Varoufakis, Yanis; Pisarello, Gerardo. Un plan para Europa. Editorial: Icaria Editorial, 2016. Colección: Más Madera.