El Azaña que regresa, 80 años después

En el homenaje recién celebrado en el Congreso se retrató a un político reformista y enemigo de la revolución. Costaba reconocer al crítico jacobino de la monarquía borbónica y de las oligarquías que parasitaban a su sombra

Publicado en CTXT

Gerardo Pisarello  4/11/2020

Vilipendiado, calumniado por sus detractores, hay un Manuel Azaña que aún habita el lóbrego exilio del franquismo en Montauban (Francia). Junto a él, existe otro. El que regresa, a veces clandestinamente, todavía maldito, al Madrid que lo supo escritor, ateneísta, orador elocuente, Ministro, presidente del Gobierno y de la República.

Asomó tímidamente con Felipe González. Aznar quiso recuperarlo, con escasa credibilidad, de la mano de Jiménez Losantos y de los recuerdos de su abuelo Manuel, a quien el propio Azaña tenía por fascista confeso. José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer presidente de la democracia en visitar su tumba. Mariano Rajoy citó varias veces sus llamadas a concordia. Y este martes 3 de noviembre el político republicano se hizo presente en el homenaje que le rindió el Congreso de los Diputados, con una mínima presencia a causa de la pandemia: miembros de la Mesa, algún familiar, portavoces de los grupos parlamentarios  y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se notaba en el ambiente el esfuerzo por conseguir que quien regresa sea el Azaña “de todos”. Vox vetó el acto, por considerarlo un ataque indirecto a la monarquía. El Partido Popular lo aceptó a regañadientes, aunque propuso, sin suerte, que se homenajeara también al jefe de la Confederación Española de las Derechas Autónomas (CEDA), Joaquín María Gil Robles (un personaje singular que, aunque evolucionaría con el tiempo, en 1934 admiraba al dictador austríaco Engelbert Dollfuss y multiplicaba sus apariciones con estética y gestos fascistoides: “¡Jefe!, ¡jefe!”)

No obstante, o precisamente por eso, el video protocolario, preparado por los propios servicios de la casa, intentó no levantar ampollas: Azaña y Las Veladas en Benicarló. Azaña y El jardín de los frailes. Azaña orador. Azaña impulsor de la Ley de Defensa de la República (una de las leyes menos ejemplares, en realidad, del primer bienio republicano). Azaña melancólico, en plena guerra, recordando que “todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo” y pidiendo, al borde de la derrota, “paz, piedad, perdón”, algo que nunca llegó.

Sería injusto afirmar que el Azaña que sobrevoló el acto sea totalmente ajeno al Azaña histórico. Pero el reduccionismo y los énfasis eran evidentes

Dos veces, a lo largo del acto, se recordó que Juan Carlos de Borbón, siendo rey, se entrevistó en México con Dolores Rivas Cherif, viuda de Azaña. Y que esta, a sus 84 años, le habría dicho: “Cuánto le hubiera gustado a don Manuel Azaña vivir este día, porque él quería la reconciliación de todos los españoles”.

Sería injusto afirmar que el Azaña que sobrevoló el acto sea totalmente ajeno al Azaña histórico. Pero el reduccionismo y los énfasis eran evidentes. Ni siquiera el busto labrado en piedra por el escultor Evaristo Belloti, cedido por los herederos del que fue su partido, Izquierda Republicana, parecía sentirse interpelado, reconocido, en lo que con tanto tacto, con tanta intención de recrear un consenso ilusorio, se mostró y se escuchó.

Homenaje a Manuel Azaña en el Congreso el pasado 3 de noviembre (Fuente: Congreso de los diputados)

Se habló, buscando no inquietar, de un Azaña reformista, defensor de los cambios evolutivos, tranquilos, y enemigo de la revolución. Sin embargo, costaba reconocer en ese retrato al crítico jacobino, penetrante, de la monarquía borbónica y de las oligarquías que parasitaban a su sombra. O al dirigente realista que, en su breve pero esencial Caciquismo y democracia, iba a la raíz del problema y señalaba que “a los pies del cacique hay siempre un grupo de hombres sin libertad [a los que] no se les redimirá con una simple reforma de la ley electoral”. Ese mismo Azaña era el que, sin ninguna ilusión puramente parlamentarista, reconocía que “el combate serio contra el caciquismo lo sostienen hoy las organizaciones de braceros y de pequeños labradores”, esos “gérmenes de la democracia campesina” que “pugnando por la emancipación económica y el perfeccionamiento social […] destruyen el artificio de las banderías políticas y desenmascaran a los aliados del cacique” ¿Cómo puede, quien así habla, ser presentado, previa anestesia, como un político “de todos”, incluso de aquellos que apuntalan la desigualdad y el privilegio?

Lo mismo puede decirse de la anécdota del abrazo entre Juan Carlos I y la viuda de Azaña, en 1978. ¿Cuál sería su sentido? ¿Presentar a Azaña como alguien que, en nombre de la reconciliación, habría aceptado la impunidad de unos crímenes de Estado que en su crueldad llegaron mucho más lejos de lo que humanamente podía imaginar? ¿Mostrarlo dispuesto a aceptar componendas con quienes niegan, una y otra vez, que la justicia, la verdad y la reparación sean posibles? ¿Reconciliarlo con la propia monarquía, a la que enfrentó sin reservas?

Cualquiera de estos intentos se antojaba endeble ¿Cómo hubiera reaccionado Azaña a la noticia, publicada el mismo día de su homenaje, de que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando los gastos de varias tarjetas opacas de crédito que usaban el propio Juan Carlos de Borbón, la Reina Sofía y varios de sus familiares más directos? ¿No hubiera visto, en ello, una confirmación más de la necesaria contraposición entre la venalidad monárquica y la austeridad y la honestidad republicanas? ¿No hubiera pedido la investigación hasta el final, en el propio Congreso, de esas actuaciones? Difícil no evocar, junto a tantas otras, las opinión que vertió al respecto en Mi rebelión en Barcelona, de 1935: “Cuando un régimen se hunde como se hundió y por lo que se hundió el régimen monárquico en España, que fue por su descrédito moral, tiene que hundirse el anverso y el reverso, porque un régimen es todo un ambiente político, es toda una escuela política en la que se educan los que lo sostienen y los que lo combaten”.

Azaña se fue apagando políticamente y murió, poco después de terminar la guerra, en un modesto hotel francés de provincias

Contenido, austero, casi aséptico, el recuerdo de Azaña se cerró con la interpretación al piano de Suspiros de España, de Antonio Álvarez Alonso, por parte de Samuel Martín, alumno del Conservatorio Superior de Música de Madrid. El pasodoble, compuesto en 1902, con letra añadida en 1938, simbolizó para muchos exiliados la nostalgia y la tristeza del país perdido.

El último Azaña, es verdad, había perdido la ilusión y muchas de sus esperanzas políticas. En 1934, ante la amenaza de un retroceso reaccionario, se sumó decidido al comité revolucionario de Asturias. Pero en 1936, a pesar de la victoria del Frente Popular, no se vio ya en condiciones de afrontar una batalla que exigía ir más allá de la revolución parlamentaria que intentó impulsar en 1931. Tampoco confió en las fuerzas de un pueblo que, abandonado a su suerte por la Tercera República Francesa y por la monarquía parlamentaria británica, asombró al mundo defendiendo, casi en solitario, a su “República de trabajadores” –como decía la Constitución de 1931–, contra las fuerzas sublevadas de Franco, contra los tanques y los buques de guerra de Mussolini, y contra la aviación y la asistencia técnica de Hitler.

Ese pueblo trabajador, que sí había creído en las escuelas, las bibliotecas, la asistencia médica, los tímidos repartos de tierras puestos en pie por la República, conmovió al mundo por su resistencia tenaz durante tres años. Azaña no lo vio, como no vio la naturaleza especialmente cruel del régimen que se avecinaba. Se fue apagando políticamente y murió, poco después de terminar la guerra, en un modesto hotel francés de provincias, solo protegido por la Embajada de la República de México, que, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, fue la única en apoyar a la II República hasta el final.

En la ceremonia del Congreso, compareció, a pesar de su “fondo castícismo de indiferencia estoica”, quien con el buen Sancho terminó repitiéndose: “Tanto me da vivir en un palacio como en una aldea. Todo lo que soy lo llevo conmigo […] desnudo nací, desnudo me hallo; ni pierdo ni gano”. Pero no es ese el único Azaña que pugnaba por volver. Junto al perseguido, al derrotado, se podía sentir, palpitante, al ateneísta fogoso, impenitente, al regeneracionista audaz, al erasmista ilustrado, al insobornable hijo de la Revolución francesa que mucho tiene para decirnos, aún hoy, sobre las grandes tareas republicanas de nuestro tiempo.   

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Bolivia: la revuelta de la esperanza.

Por Gerardo Pisarello y Lucía Muñoz*

Publicado en Cuartopoder 25/10/2020

“Llegamos al país unos días antes de las elecciones. Veníamos como invitados por el Tribunal Supremo Electoral”

“Ahí comenzamos a entender que el voto, para amplios sectores de las capas populares indígenas y campesinas había adquirido una dimensión existencial”

“El pueblo boliviano salvaba la memoria del Che y nos devolvía a Madrid sanos, salvos y llenos de esperanzas en la gran revuelta democrática que acababa de producirse”

Llegamos al país unos días antes de las elecciones. Veníamos como invitados por el Tribunal Supremo Electoral. Aterrizamos en La Paz-El Alto y vinieron a recogernos en una camioneta para observadores. Julio, el chófer, nos advirtió que había algunas patrullas militares en la zona y problemas en el suministro de combustibles. En el descenso al hotel, con el Illimani de fondo, notamos que no había prácticamente pintadas en las paredes. Algunas leyendas, uno que otro cartel, pero poca cosa más. Como si las elecciones se hubieran producido ya, en un tiempo lejano del que apenas quedaba rastro. O como si se tratara de algo de lo que no convenía hablar demasiado. Esa fue la impresión más evidente: la del silencio. Un silencio denso, extraño, vigilado, que no hacía presagiar nada bueno. Mucho menos la revuelta democrática que nos tocaría vivir el domingo.

Murillo y la extrema derecha española

Nos alojaron en un hotel del centro donde se realizarían las formaciones del propio Tribunal Supremo Electoral. No habíamos terminado de deshacer las maletas cuando el ministro de Gobernación, Arturo Murillo, decidió recibirnos con un tuit de bienvenida. El mensaje distinguía entre observadores y “agitadores […] que vienen a buscar violencia”. Los primeros eran formalmente bienvenidos. A los segundos solo les podían esperar dos destinos: o “un avión o entre rejas”.

La noticia no invitaba a la tranquilidad. Murillo había sido responsable directo de la represión contra movimientos sociales e incluso de masacres como las de Senkata y Sacaba. En ellas, una veintena de civiles resultaron muertos y unos doscientos heridos de gravedad. Ese mismo hombre que buscaba intimidarnos se había reunido en enero con los diputados de Vox, Hermman Tertsch y Víctor González Coello de Portugal. Este último acababa de ser condenado por el Tribunal Supremo por “irregularidades contables graves” en la empresa Marmolería Leonesa. Pero ni él ni Tertsch tuvieron empacho en mostrar ya desde el comienzo del golpe de Jeanine Añez su “solidaridad con el gran cambio hacia la democracia en Bolivia”.

La noticia de nuestra presencia en Bolivia activó las viejas amistades. No había caído la noche cuando por orden evidente de Murillo, la Dirección de Migraciones cedió las fotos que nos habían tomado en los controles de Santa Cruz al “periodista” de OK Diario, Alejandro Entrambasaguas. Hijo de un ingeniero que había llegado a trabajar con el Gobierno de Evo Morales, Entrambasaguas había puesto sus malas artes al servicio del gobierno de Añez, casi desde su constitución. Con el respaldo de sus vínculos en la península, se dedicó a difundir noticias falsas en medios ultraderechistas bolivianos, a realizar declaraciones racistas contras aymaras y quechuas e incluso a montar agresiones contra simpatizantes o exministros del Movimiento Al Socialismo (MAS). Nuestra llegada también le resultó inspiradora. Entre el jueves y el sábado su pasquín digital publicó notas con las fotos cedidas ilegalmente –las nuestras y las de nuestros compañeros Fran Pérez y Maite Mola, de Izquierda Unida–. La ristra de mentiras era notable. Decía que habíamos mentido en aduana, haciéndonos pasar por turistas, cuando ya estábamos acreditados por el Tribunal Supremo Electoral. Aseguraba que habíamos decidido alojarnos en un hotel de lujo, cuando en realidad se trataba del hotel escogido por el propio Tribunal Electoral (75 dólares la noche, pagados por nosotros). El propósito de fondo, sin embargo, estaba claro. Abonar la tesis de los “alborotadores violentos” de Murillo y crear un clima público hostil e intimidador. En poco tiempo, nuestras fotos circulaban por televisiones y prensa escrita boliviana, se distribuían en grupos de whatsapp e incluso en la propia calle. Representantes de Naciones Unidas nos aseguraron que velarían por nuestra seguridad y mucha gente comenzó a solidarse en las redes. Nosotros estábamos tranquilos, pero conociendo los antecedentes del Gobierno de facto, éramos conscientes de que no se podía descartar nada. El viernes por la noche, de hecho, unos 60 policías intentaron detener “por órdenes superiores” al diputado argentino Federico Fagioli, que primero fue aislado en una dependencia del aeropuerto de El Alto y luego arrastrado a un automóvil sin identificación. Las grabaciones de los forcejeos con la policía y la intervención del propio presidente argentino, Alberto Fernández, permitieron que Fagioli fuera dejado en libertad. Pero la situación era clara: si el Gobierno de facto pretendía intimidar con estos métodos a diputados y observadores internacionales, no había que ser muy agudos para imaginar lo que estaba haciendo con la gente sencilla, de a pie, que discrepaba con el Gobierno y que estaba llamada a ejercer su derecho de voto.

Las elecciones del 18 de octubre: un voto existencial

El propio domingo amaneció cargado con esa tensión. En la sesión de apertura formal de los comicios convocada por el Tribunal Supremo Electoral, nos tocó sentarnos a unos pocos metros de Murillo y de la propia Añez. Ambos habían entrado escoltados por militares, pero no intervinieron en el acto. El único orador fue el propio presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero, que habló rodeado de miembros de embajadas y de organismos internacionales. La soledad institucional de la presidenta de facto no pasó inadvertida a nadie. Era un indicio fuerte de un desgaste y un  desprestigio profundos, que no tardarían en corroborarse.

Contra los pronósticos más agoreros, las votaciones se produjeron de manera ejemplar. Prácticamente no se registró ningún incidente y la asistencia a las urnas fue masiva. La misma tarde del domingo, un señor aymara de edad mediana nos había confesado, con una mezcla rara de serenidad y angustia, que llevaba meses “con un nudo, con una fuerte presión en el pecho”. Y que votar lo había “aligerado”, que le había quitado un gran peso de encima.

Ahí comenzamos a entender que el voto, para amplios sectores de las capas populares indígenas y campesinas, así como para sectores medios importantes, había adquirido una dimensión existencial, casi de vida o muerte. Que tras las movilizaciones y cortes de carretera del mes de agosto, se había convertido en el último recurso para hacer valer una voluntad atropellada, maltratada. La cuestión clave era dónde iría a parar esa exigencia de paz después de tantos meses de agresiones, de corrupción, y de una pésima gestión de la pandemia. Todas las encuestas colocaban en primer lugar a la fórmula integrada por Luis Arce y David Choquehuanca. Sin embargo, notamos que en cenáculos influyentes -embajadas, organismos internacionales, editoriales televisivas, círculos económicos- no se perdía la esperanza de que el ganador, al menos en segunda vuelta, fuera Carlos Mesa.

Para buena parte de los sectores biempensantes locales e internacionales, Mesa aparecía como el garante de una continuidad amable, elegante, del régimen facto, y como el mejor antídoto contra el Masismo. Era la encarnación paceña de esa suerte de Macronismo global por el que suspiran tantas élites. Un intelectual capaz de hablar su lenguaje, de aplacar cualquier tentación “populista” y de permitir, bajo una retórica socialiberal, mantener el business as usual.

Tanto desde Estados Unidos como desde Europa se hizo mucho para que ocurriera: se amparó el papel fraudulento de la OEA en las elecciones de 2019, se toleraron o minimizaron gravísimas violaciones de derechos humanos por parte del régimen de facto, se dejó las manos libres a la extrema derecha para que actuara contra las bases masistas. Todo ello con la convicción de que Mesa irrumpiría entre el humo y los escombros como el gran pacificador, como el voto útil de un nuevo orden “culto”, liberal, moderno, capaz de convertir al MAS en un paréntesis pintoresco de la historia andina.

A medida que avanzaba la tarde, hubo algunas señales de que las cosas no irían por este camino. En una decisión algo extraña, pero celebrada por nosotros, el Tribunal Supremo Electoral había dejado caer, un día antes de las elecciones, el Sistema de Conteo Preliminar que tantos problemas había ocasionado en 2019. Con ello, el momento clave de la noche electoral se trasladaba a las encuestas a boca de urna encargadas a empresas privadas claramente dominadas por sectores anti-masistas. Se calculaba que a partir de las ocho publicarían sus resultados. Esto tenía un riesgo cierto, puesto que marcaría una tendencia que podía no coincidir con los datos oficiales finales. El fantasma de los enfrentamientos por los resultados volvía a sobrevolar el ambiente.

Cuando eran casi las nueve, las televisiones bolivianas comenzaron a anunciar que la publicación de los resultados sería “inminente”. Sin embargo, el subtitulado que informaba en rojo las aparición de las primeras cifras permaneció largamente congelado en la pantalla. Los temores de una retención deliberada y de un posible fraude contra el MAS se apoderaron de muchos de nosotros, así como de compañeras y compañeros pertenecientes a las delegaciones del Parlasur, de la Internacional Progresista o de la Copppal, encabezada por el derrocado presidente paraguayo Fernando Lugo. El nerviosismo fue creciendo. Era difícil no pensar qué ocurriría con miles de bolivianos –y con nosotros mismos– si se desataba una nueva ola represiva.

Y de pronto, lo increíble. Esos momentos únicos, que condensan y condicionan una época. Tras horas de demoras injustificadas, los resultados a boca de urna revelaban lo que nadie había previsto: el MAS se imponía en primera vuelta, con más de veinte puntos de diferencia, sobre su inmediato seguidor. Un nudo nos ganó la garganta. La propia Jeanine Añez salía a reconocer que la fórmula Arce-Choquehuanca había sido escogida para gobernar el país. La sorpresa era inmensa. La alegría, también.

El voto como bofetada contra el abuso de poder

Lo ocurrido desbordaba las expectativas más optimistas. Entrada la madrugada, comenzaron a circular en los móviles las declaraciones de un sindicalista de la Central Obrera Boliviana -la célebre COB- que ayudaba a entender algunas cosas. “Les hemos dado un sopapo, un revés”, decía, mientras mascaba unas hojas de coca. “Hoy la gente ha votado contra la discriminación, contra la prepotencia. Han lastimado lo más profundo de los bolivianos. La pollera, la whipala, la Pachamama. Nuestras tradiciones ancestrales, milenarias. Se han despreocupado por el sector productivo de Bolivia. No les ha importado más que hacer corrupción, humillar al pueblo boliviano, discriminar ¿Cuántas armas han caminado hoy día por Bolivia? Esto va a quedar para la historia. Y el mundo lo ha visto: ¿cómo en un día de fiesta democrática pueden sacar armas a la calle?”

En un escenario de guerra civil asimétrica, de agresión militar, pero también de agresión social y económica, el voto resultaba una última oportunidad no violenta de proteger la vida. O se conseguía con el voto, o tendría que conseguirse en las calles, a través de la movilización, y al precio que fuera necesario. Y pasó lo inesperado. El MAS volvía y lo hacía con millones de votos, confirmando la profecía atribuida al caudillo aymara Tupac Katari, antes de ser asesinado por los corregidores españoles, en 1781. Y no solo eso. Volvía evitando las provocaciones, sorteando las patrullas militares y las amenazas del ya menguante Ministro Murillo. Para una amplia mayoría de la población, el voto se había convertido en la herramienta más eficaz para limitar el abuso de poder. Y no se había ejercido de cualquier manera. Había tenido un carácter inequívocamente pacífico, y sobre todo, había sido masivo. Esa masividad fue tan contundente que pronto quedó claro que no podría ser neutralizada por ninguna de las vías coercitivas utilizadas durante el golpe de 2019. Ni la intimidación, ni el fraude, ni la intromisión ilegítima de ningún actor internacional. El desprestigio del régimen y los veinte puntos de diferencia entre Arce y Mesa dejaron sin opciones a las alternativas golpistas. Ni el Secretario de Estado, Mike Pompeo, ni el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ni los grupos de choque de Luis Camacho, en Santa Cruz, pudieron maquinar para impedir una salida democrática.

Mesa o el fraude del Leviatán liberal

Pero no solo Pompeo o Almagro habían sido derrotados. También la opción Mesa había naufragado de manera inapelable. Sus promotores fueron los primeros en recibir el “sopapo” tan expresivamente descrito por el trabajador de la COB. Los más de veinte puntos que separaron a Arce de Mesa reflejaban un desprecio y un desconocimiento insultantes por parte de ciertas élites de una Bolivia indígena, campesina, popular, siempre subestimada en sus análisis sociológicos o tratada como una masa infantil, manipulable, sin autonomía propia. Pero había algo más profundo. La propia aspiración a un Leviatán liberal encabezado por Mesa se revelaba como un fracaso. Como un concepto fraudulento que se asentaba en una contradicción notoria: la de un liberalismo que había consentido todo tipo de tropelías contra las libertades más elementales. La de una promesa de orden, de estabilidad, que se había dejado arrastrar sin tapujos por desorden, por el caos represivo y por las corruptelas de la extrema derecha. En realidad no era algo nuevo. Contemplado a través del cristal boliviano, el propio siglo veinte aparecía repleto de refinados liberales à la Mesa que prestaron sus servicios al matonismo “antipopulista” de extrema derecha, con la esperanza de poder desembarazarse de un adversario incómodo en su camino a la gloria. Lo cierto, sin embargo, es que el grueso de ellos obtuvo lo mismo que el 18 de octubre había deparado al profesor boliviano: un triste lugar en el panteón de los políticos fracasados.

Luis Arce y la gestión la esperanza   

Quien sí había recogido los frutos de esa exigencia existencial de paz y de seguridad social económica había sido el binomio integrado por Luis Arce y David Choquehuanca. A medida que avanzaba el escrutinio, todo adquiría claridad retrospectiva. El impresionante despliegue territorial del MAS y de sus diferentes núcleos comunitarios, que en pocos meses habían recuperado mística y capacidad organizativa espoleados por la represión. El papel carismático de Evo Morales, quien en medio de los embates más duros había resistido y agudizado el olfato del viejo dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba. Las propias figuras de Arce y Choquehuanca, con quienes nos habíamos reunido dos días antes en la modestísima sede del MAS, aparecían ahora más nítidas, bajo una luz nueva. Arce, como el hombre tranquilo que encarnaba con solvencia un modelo económico inteligente, que había garantizado crecimiento, inclusión, distribución de la riqueza, y que había mejorado la vida concreta de millones de bolivianos y bolivianas. Choquehuanca, como garante de la revisión de errores del pasado y como vínculo autorizado con los pueblos indígenas y campesinos. Y tras ellos, una nueva generación de dirigentes que prometía aportar savia nueva al proceso de democratización del país: Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado más joven de la historia de Bolivia, con solo 29 años; la valiente Eva Copa, presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional; el carismático Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero y vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba.

Los retos, en un contexto de pandemia y de un horizonte económico difícil, eran enormes. Estabilizar el país, reparar los daños a los bienes públicos, comunes, revertir desigualdades sangrantes, facilitar la articulación comunitaria generada durante la resistencia al golpe. Combinar de forma sabia las exigencias de justicia, de reparación de los crímenes del interregno Añez, con las demandas de paz de una sociedad demasiado agotada por el clima de guerra civil como para que el MAS pudiera limitarse a “ser como ellos”. Un apoyo tan contundente, pero tan diversificado internamente, obligaba a una reconstrucción firme y cuidadosa de una república genuinamente plurinacional, capaz de corregir los errores de las gestiones anteriores, de afirmar los aciertos, y también de inventar, de ofrecer a la región y al mundo nuevas razones para la esperanza.

El lunes siguiente a las elecciones el país se levantó aliviado. Un sol intenso, amable, cubría La Paz y las calles recuperaban el color del pequeño comercio, de la venta ambulante. Las noticias traían una cascada de reconocimientos al nuevo Gobierno: Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, Sebastián Piñera y Pedro Sánchez. La sensación, en realidad, era que entre octubre del 2019 y octubre del 2020 algo se había movido. El eje de la incidencia internacional se había desplazado de la OEA y de Trump a la ONU y la Unión Europea. El francés Jean Arlaut, comisionado por António Guterres para buscar una salida pacífica en Bolivia, no tenía nada que ver con el fraudulento Luis Almagro. Y Josep Borrell estaba determinado a no actuar al ritmo de Pompeo.

Antes de abandonar la ciudad, tuvimos tiempos de abrazarnos –los contenidos abrazos de estos tiempos de pandemia– con viejas amigas y amigos de Bolivia, compañeras de lucha, de resistencia, de innumerables reuniones de Zoom durante la pandemia y durante la infausta de la dictadura añista. Muchos de ellos habían decidido regresar tras un exilio doloroso, arriesgando sus vidas, apostándolo todo a una victoria popular que había acabado por producirse. Cada quién, entre lágrimas, ensayaba el duelo de lo que habían sido aquellos meses de ruido y furia: las muertes de gente amiga, las amenazas a familiares, las persecuciones judiciales, el saqueo de bienes. Sin embargo, esta vez, la pena daba rápidamente paso a una sonrisa liberadora. El ajayu, el alma aymara, les volvía al cuerpo y con los ojos iluminados, todavía incrédulos, comenzaban a enumerar los desafíos y los signos de un tiempo nuevo. Y no solo para Bolivia. Para Chile, que había celebrado su propio 18 de octubre con una Plaza de la Dignidad repleta de banderas mapuche y de cantos que recordaban, con Quilapayún, que “el pueblo, unido, jamás será vencido”. Para Ecuador, cuya justicia había autorizado la inscripción de la pareja Andrés Arauz y Carlos Rabascall para las elecciones presidenciales de 2021. E incluso para los Estados Unidos, donde los resultados bolivianos suponían un nuevo dolor de cabeza para Donald Trump, pieza clave en la articulación de las extremas derechas ibero-latinoamericanas.

Llegamos al aeropuerto de La Paz-El Alto hacia la hora de comer. Pedimos algo de fruta, apuramos una última empanada, enviamos nuestras impresiones a nuestros compañeros del Congreso y a toda la gente que nos había seguido, preocupada, durante nuestro precipitado salto a Bolivia. Mientras nos acercábamos a los últimos controles de salida, nos vino a la cabeza el discurso pronunciado poco antes de las elecciones por el ministro de Defensa del Gobierno Añez, Luis López, a propósito de los 53 años del asesinato de Ernesto Guevara en La Higuera. En él, López había advertido con tono marcial que no permitirían que los extranjeros, cualquiera sea su nacionalidad, vinieran a “subvertir” el país, como había intentado el Che. Y había recordado con tono amenazante que aquellos “terroristas y aventureros” habían sido derrotados “no solo por el Ejército boliviano, sino también por el pueblo”, y que la historia se podía volver a repetir. Mientras comentábamos aquel discurso macabro, un militar boliviano, joven, nos reconoció detrás de las mascarillas “¿No son ustedes los observadores que aparecieron en la televisión estos días?” Nos miramos, tomamos aire, y asentimos con la cabeza. “Que sepan que serán siempre bienvenidos a Bolivia” agregó con una sonrisa. Es difícil saber qué hubiera ocurrido con unos resultados electorales más ajustados. Pero los obtenidos habían cerrado paso a la violencia desbocada y a la muerte. Con su coraje extraordinario, el pueblo boliviano salvaba la memoria del Che y nos devolvía a Madrid sanos, salvos y llenos de esperanzas en aquella gran revuelta democrática que acababa de producirse ante nuestros ojos sacudiendo al mundo.

* Diputados del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.

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ENTREVISTA: “El antifascismo crece y asistiremos a la irrupción de nuevos frentes amplios, plurales”

El secretario primero de la Mesa del Congreso mantiene que la “revolución democrática” que anunciaron los ‘comuns’  “continúa viva y en marcha”, pero señala que “la nueva política no ha conseguido construir organización sólida fuera de las instituciones”.

Por Marià de Delàs @mdelasm

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En Público 16/10/2020

Se dio a conocer entre la ciudadanía como teniente de alcalde de la ciudad de Barcelona. Gerardo Pisarello, (Tucumán, 1970) trabajó como número dos del equipo de Gobierno de Ada Colau, pero el año pasado dio el paso a la política estatal, fue elegido diputado en las listas de En Comú-Podem y es el secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados. Asegura sin embargo que él es “municipalista por convicción” y mantiene que “los grandes cambios solo se pueden producir si empiezan en el ámbito local”.

Dice este jurista barcelonés, nacido en Argentina, que ahora tiene “más tiempo para pensar y para escribir”. “En Madrid ejerzo de republicano catalán”, explica. “Ejerzo como nieto de republicanos andaluces y como algo que no hacía antes, que es ser diputado de ultramar, como los viejos diputados americanos que venían a exigirle a Fernando VII una relación entre iguales, una relación federal, o acabarían volviéndose independientes. Y la historia fue como fue”.

Reconoce que vive la pandemia “con un punto de angustia vital”, por sí mismo y por la gente que le rodea, pero “también con sensaciones de incertidumbre, y a la vez con la conciencia de que tendría que ser un punto clave para emprender cambios no solo desde el punto de vista personal sino sobre nuestra manera de estar en el mundo, cambios económicos, políticos, en las relaciones sociales”. “Creo que nos marcará generacionalmente. Marcará a nuestros hijos”, explica en larga conversación con Públic: “Siento que hemos pasado por una primera etapa excesivamente buenista, sobre lo que era la pandemia, en la que pensamos que solo aplaudiendo desde los balcones conseguiríamos transformaciones importantes y ahora nos estamos dando cuenta de que existen muchas resistencias para que eso ocurra y que los cambios de sistema necesarios exigirán mucha batalla y enfrentarse a poderes que tienen mucho  arraigo”.

La covid representa un problema sanitario enorme, pero también comporta problemas económicos descomunales. Las personas que tenemos garantizado cada día el plato en la mesa tenemos tendencia a prestar más atención a las medidas sanitarias, ¿verdad? En estos momentos de cambio, ¿qué le parece que exige más atención?

Las desigualdades crecen de manera exponencial. La mayoría empobrecida del planeta crece y sabe que puede morir como consecuencia de la covid, del hambre, de la brutalidad y la violencia policial. En este contexto de covid se practica la violencia sobre la gente más vulnerable y los sectores que tienen una vivienda más o menos confortable en la que confinarse tienden a menospreciar esa situación. Es un contexto muy preocupante en el que la crisis sanitaria se cobra las principales víctimas entre las clases populares de todo el mundo, y a la vez, la caída y el hundimiento de la economía que se está produciendo también es especialmente dura para estos sectores. La pandemia entiende de clases sociales, de diferencias sociales. La humanidad entera está en peligro, pero esta crisis múltiple, económica, sanitaria, social, ecológica, afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables.

La fuerza política que usted representa hace cierto tiempo que dejó de hablar de la inminencia de una revolución democrática, de procesos constituyentes, de la casta que había que expulsar de las instituciones. No hay que rescatar esos conceptos?

Creo que muchas de estas cosas se han conseguido. Echar, por ejemplo, a una parte importante de las castas que habían cuajado con el régimen del 78. La nueva política, el 15M, las mareas… consiguieron jubilar a Felipe González, echar a toda una generación corrupta del Partido Popular, producir un auténtico terremoto dentro del Partido Socialista, abrir un horizonte republicano en unos términos en los que no se hablaba desde la misma Transición, dar voz al municipalismo como no la había tenido quizás desde los tiempos del primer antifranquismo… Es decir que se han conseguido muchos cambios y creo que desde este punto de vista la revolución democrática continúa en marcha.”El soberanismo se está moviendo hacia la izquierda y con mucha mayor conexión con las clases populares del resto del Estado”

El propio soberanismo, a pesar de la implacable ofensiva judicial y política, no ha sido derrotado. La nueva política ha ayudado también a que el soberanismo se reinvente en clave de izquierdas. Nunca había habido tanta presencia soberanista en las Cortes, por ejemplo. Y este soberanismo se está moviendo hacia la izquierda y con mucha mayor conexión con las clases populares del resto del Estado. Yo cuando oigo hablar a Mertxe Aizpurua, de Bildu; o a la estimada Maria Dantas, diputada por ERC y gran luchadora en defensa de las personas migrantes, me siento plenamente identificado. Es decir que a pesar de todo, la revolución democrática continúa viva y en marcha.

“Se han levantado los peores fantasmas del franquismo, de las tradiciones más autoritarias de las derechas españolas”

Lo  que pasa es que ha habido un movimiento contrarrevolucionario muy fuerte. Se han levantado los peores fantasmas del franquismo, de las tradiciones más autoritarias de las derechas españolas, pero esto también es una prueba de que la presencia en centenares de ayuntamientos, en sus gobiernos, en ciudades como Cádiz, València, Barcelona, la presencia en el Congreso, en el Senado… les ha hecho daño. Eran cortijos que consideraban como lugares inexpugnables y allí se han introducido agendas de cambio. Yo con solo pensar en lo que sería una situación como la actual si en vez de tener los gobiernos que tenemos, o la presencia institucional derivada de estos movimientos de cambio, tuviéramos los Bolsonaros, los Trump, todos los aliados internacionales de VOX, creo que sería una auténtica tragedia.

¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que no se ha conseguido con la nueva política? No ha conseguido construir organización sólida fuera de las instituciones, no ha conseguido entrar con bastante fuerza en los barrios, en las asociaciones de vecinos, en los centros de trabajo. Eso se ha conseguido solo parcialmente, en el ámbito local y lo están consiguiendo algunas fuerzas soberanistas, pero la batalla no es definitiva. El antifascismo crece y estoy seguro de que asistiremos a la irrupción de nuevos frentes amplios, plurales, internamente diversos, que tendrán muy claro que la tarea antifascista de nuestro tiempo es impulsar grandes transformaciones democráticas en el ámbito político y también en el económico.

Dice que el soberanismo no ha sido derrotado, pero las movilizaciones vividas durante diez años han desaparecido. Acaban de inhabilitar a otro presidente de la Generalitat y no ha pasado nada

Hay que diferenciar. Existen fracasos y derrotas. Los fracasos son imputables a los propios errores, y aquí se han cometido errores, evidentemente, por parte de la nueva política, por parte del soberanismo. Seguramente, el menosprecio de la fuerza de los adversarios y sobreestimar la propia en un momento dado, no ser capaces de generar alianzas más transversales para sacar hacia adelante los proyectos que se defendían, no conectar suficientemente con muchos sectores de las clases populares que no se han sentido interpelados … Pero la derrota que se ha producido ha sido como consecuencia de una represión brutal. Las derrotas que ha sufrido el soberanismo, que ha sufrido el movimiento sindical, la que sufre ahora mismo Unidas Podemos y otras muchas fuerzas políticas también es consecuencia de una ofensiva brutal por parte de estos sectores reaccionarios que controlan parte del poder judicial, del policial, del mediático, una parte importante del poder financiero. Pero eso no es culpa de estos movimientos ni implica que estos objetivos se hayan perdido. Yo no me imagino una solución mínimamente estable para la gobernabilidad progresista del Estado si palabras como ‘amnistía’, como ‘indultos’, como ‘derogación de los delitos de sedición’ no se ponen encima de la mesa de manera urgente. No me imagino una gobernabilidad progresista mínimamente creíble sin una mínima redistribución de la riqueza, si la protección de la vivienda pública, de la sanidad pública, de la educación pública no están en el orden del día.

“Existe una agenda republicana de transformaciones que todavía está viva y que se puede activar en cualquier momento”

La propia articulación federal o confederal de los diferentes pueblos del Estado no se podrá realizar por imposición. Habrá que hacerlo a partir de la libre decisión de los pueblos. Otra cosa son los ‘tempos’ de estas reformas, las alianzas necesarias para que se puedan hacer, pero cuando yo veo en Madrid el discurso de Vox, el del PP o Ciudadanos entiendo que en parte se ha producido esa derrota por represión, en buena medida, pero también cuando veo al Partido Nacionalista Vasco, a Esquerra Republicana, Bildu, Más País, Unidas Podemos, al propio Partido Socialista defendiendo según qué cosas, pienso que existe una agenda republicana de transformaciones que todavía está viva y que se puede activar en cualquier momento.

¿Qué le parece el plan para la recuperación expuesto la semana pasada por el Gobierno español?

Toda esta inversión de dinero que se está haciendo ahora se habría podido hacer en otras crisis, para estimular la reconversión ecológica de la industria, para proteger a la gente trabajadora, blindar los derechos sociales… Por lo tanto mi primera sensación es que en estas últimas décadas hemos vivido una estafa ideológica, porque nos decían que no se podían tomar determinadas medidas económicas por razones técnicas cuando en realidad eran razones puramente ideológicas que tenían como objetivo beneficiar a unos sectores privilegiados muy concretos.”Me preocupa que la salida de la crisis se esté financiando casi de manera exclusiva con deuda”

Dicho esto, me preocupa que la salida de la crisis se esté financiando casi de manera exclusiva con deuda, porque en algún momento habrá que discutir sobre quién paga esta deuda y por tanto sí que me preocupan las enormes dificultades que hay, no solo en el caso español sino en el mundo entero, para impulsar políticas redistributivas de tipo fiscal más incisivas. Si la crisis solo se financia con deuda, sin que se produzcan políticas de progresividad fiscal, será una mala señal de cara al futuro.

Hace cinco años nos habló sobre la necesidad de combatir el riesgo de que con el asalto a las instituciones se produjera una separación con lo que pasa en la calle, con la autoorganización de la ciudadanía. ¿Cómo  ahora este peligro?

Estamos viviendo en una fase muy violenta del capitalismo global, un neoliberalismo que genera expresiones monstruosas de extrema derecha en todas partes, con una violencia inusitada, que no nos esperábamos que pudiera adquirir esas formas, una violencia claramente sexista, clasista, racista, que tiene expresiones grotescas en todo el mundo. Es Trump, Bolsonaro, Vox…”Necesitamos una autoorganización y una resistencia ciudadana más fuertes que nunca, y la gran paradoja es que, en este momento, la calle parece ser de esta extrema derecha”.

Necesitaríamos una autoorganización y una resistencia ciudadana más fuerte que nunca, y la gran paradoja es que, en este momento, la calle parece ser de esta extrema derecha, que se manifiesta en los barrios ricos de todo el planeta, diciendo que la covid es un gran engaño, que las políticas de confinamiento forman parte de un plan dictatorial del progresismo global, y exigiendo sobre todo que la gente trabajadora salga de casa para poder ser explotada trabajando en supermercados, en fábricas, como temporeros en el campo y en el mundo de la agricultura. Es decir que parece que es la extrema derecha global la que está ocupando las calles y que en cambio los sectores más progresistas de izquierdas y los movimientos sociales se sienten muchas veces inhibidos por la existencia de la pandemia y ante un dilema trágico. Si se movilizan en la calle pueden poner en riesgo la salud de sus vecinos y vecinas pero no se pueden dejar matar, que es lo que estamos viendo por ejemplo en Estados Unidos. Decenas de miles de personas de la comunidad afroamericana, de los movimientos antirracistas, son conscientes que estamos en medio de una pandemia, que sufren con un presidente absolutamente enloquecido cómo es Trump, pero que no están dispuestas a dejarse matar. Yo creo que este es un poco el dilema. ¿Qué pasará en la calle a medida que esta crisis se agudice?

Usted fue víctima de un ataque xenófobo, verbal pero furibundo, en nombre de una organización, Vox. Más allá del alboroto mediático, ¿cómo cree que hay que interpretar este hecho?

Tenemos que entender que la función de estas derechas radicalizadas, a nivel global, tiene un componente económico muy claro, y es evitar, por todos los medios posibles, con actuaciones intimidatorias, que pueda haber una salida de esta crisis con un mínimo de redistribución de la riqueza. Esta es su función. Evitar que se discuta la posibilidad de políticas fiscales redistributivas, la protección de lo que es público, la limitación de las gran fortunas, la posibilidad de detener la actividad de los capitales más especulativos y rentistas…”Esta gente no dudará, llegado el momento, en animar la violencia física en la calle si lo considera necesario”

En el caso de Vox, hablamos de una fuerza que representa a los sectores más atrasados de la economía, el mismo 1% privilegiado del franquismo. No me preocupa por mí, que por razones biográficas no me sorprende, pero sí por muchísima gente, a la que sí están mordiendo en el día a día. Son las personas migrantes, las refugiadas, las trans, las familias desahuciadas, en Vallecas, en Badalona o a Triana, eso sí que me preocupa, porque creo que esta gente que está utilizando el poder judicial, que ha puesto mucho dinero para hacer tecnopolítica y para controlar las redes, no dudará, llegado el momento, en animar la violencia física en la calle si lo considera necesario para evitar que se produzcan determinados cambios.

Vox le atacó por una crítica que hizo usted sobre el rey, [por la llamada que hizo el monarca al presidente del CGPJ, para manifestar su disgusto por no haber podido presidir un acto del poder judicial en la capital catalana]. Después de eso, Felipe VI  acabó viajando a Barcelona, en compañía de Pedro Sánchez. ¿Cómo hay que interpretar esa visita?

Primero creo que Vox leyó una cosa con lucidez y es que la crítica a la monarquía no es solo a una figura simbólica, sino a una figura que en la historia de España ha apoyado determinado tipo de relaciones económicas, a una manera de hacer negocios, y a una manera que cierta oligarquía económica encontraba para proteger sus intereses. Cuando Vox ataca a los republicanos que critican a la monarquía también lo hace porque está defendiendo estos privilegios económicos, Mi crítica a Felipe VI o a Juan Carlos I no tiene nada de personal. Históricamente los Borbones han sido una dinastía nefasta para España. Desde el siglo XIX, todos los Borbones, que entraron como “los deseados” acabaron como “los detestados”, precisamente porque jugaron un papel muy claro de impulso de un régimen político y económico marcado por la corrupción, por el cobro de comisiones ilegítimas, por el apoyo a sectores especulativos, lo que podríamos llamar el partido inmobiliario financiero… Esta ha sido la historia de Borbones, y por eso de una manera u otra la mayoría de ellos acabaron expulsados del trono por la ciudadanía o directamente exiliados. Fue la historia de Fernando VII, de Isabel II, de Alfonso XIII y estoy bastando convencido que será el final no solo de Juan Carlos I sino también del propio Felipe VI.

¿Por qué cree que acabó viniendo a Barcelona?

Porque hay un intento por parte de algunos sectores del PSOE de separar la suerte de Felipe VI de la de su padre Juan Carlos I. Es la última operación de diferentes sectores monárquicos, pero honestamente creo que es muy difícil que esto pueda salir bien, por muchas razones. Felipe VI no era un adolescente de 13 años que correteaba por los pasillos de palacio sin enterarse de lo que hacía su padre. Es un rey que está mucho más marcado que su padre por sus vínculos con la derecha y la extrema derecha. Esto es así, en términos biográficos muy concretos, y salvo que sea capaz de alejarse de una manera clara de estos sectores y de la manera de hacer negocios que han defendido siempre los Borbones, creo que tiene el tiempo relativamente contado.

El apoyo del PSOE a la Corona provoca problemas dentro del actual Gobierno de coalición. ¿Se pueden agravar?

Mi impresión desde Madrid es que se está produciendo un movimiento de placas tectónicas en todas partes e incluso dentro del propio Partido Socialista. Para mí, una de las cosas conseguidas por la nueva política fue romper con la manera como el bipartidismo había cuajado con el régimen del 78 y jubilar a personajes como Felipe González, con lo que representaba. Hoy en el PSOE ves que hay una generación nueva que no tiene que ver con la vieja, lo ves con diputados normales, que están sentados allá en las Cortes y ves que el viejo republicanismo del PSOE del siglo XIX o de comienzos del siglo XX, está volviendo a aparecer también entre las generaciones más jóvenes. Ves que hay una generación de abuelos del PSOE que en la Transición aceptaron volverse juancarlistas y que hoy se sienten estafados y que transmiten esa sensación de estafa a sus propios nietos. Por lo tanto, el Partido Socialista se encuentra en una situación en la cual por un lado quiere mantener de alguna manera la monarquía parlamentaria, porque sabe que es muy difícil dar un salto inmediato a un régimen diferente, que exigiría una reconfiguración de fuerzas económicas, un nuevo tipo de empresariado, de fuerzas sociales, etc., pero que a la vez siente claramente la presión de sus bases.

En Madrid hablas con diputados socialistas de Asturias, de Castilla La Mancha, de Andalucía y a los diez minutos de conversación, en muchos casos, no digo en todos, aparecen historias de abuelos asesinados, bisabuelos a las cunetas… y creo que esto se tiene que tener presente.

La Corona es un tema, pero quizás uno de los problemas políticos más serios del Estado es la intervención de la Fiscalía y del poder judicial en la vida política, que es cada vez más evidente, como si fuera un actor político más. Como jurista, ¿qué camino cree que existe para resolver este problema?

La derecha ha entendido que una manera de parar cualquier tipo de proyecto político mínimamente progresista, y que no lo pueda hacer en las urnas, es a través del poder judicial y con una campaña de acoso durísimo en términos mediáticos. La derecha se ha dedicado en muchos países y bajo formas diferentes a controlar el poder judicial para perseguir a adversarios políticos, y controlar los medios de comunicación, para llenarlos de noticias directamente falsas. En el caso español el PP lleva mucho de tiempo haciéndolo y la verdad es que cuando ves la manera escandalosa como se montó, con el caso kitchen, todo el aparato parapolicial, mediático, que tenía como objetivo entre otras cosas controlar piezas clave del poder judicial, pues ves que si no se consigue deshacer a tiempo este asalto conservador, reaccionario, sobre el poder judicial, la propia democracia no podrá prosperar.”Si no se deshace a tiempo este asalto conservador sobre el poder judicial, la propia democracia no podrá prosperar”

¿Qué es lo que hace falta para hacerlo? Hay cosas que dependen, como todo, de la fuerza que se tenga. En algunos aspectos básicos, es la que se encuentra en la posibilidad de aprobar leyes orgánicas para producir estos cambios. Muchas veces se habla de la Constitución y se dice: “Esto no se puede hacer porque la Constitución no lo permite”,  “no se puede limitar la inviolabilidad del rey o no se pueden detenr las políticas de austeridad o democratizar el poder judicial porque la Constitución no lo permite”. Esto es una excusa inmovilista, porque la mayor parte de estos cambios se podrían hacer mediante leyes orgánicas que exigen una mayoría absoluta que existe, que es la mayoría de la investidura del nuevo Gobierno de coalición. El gran reto es ser valientes a la hora de usar esta mayoría para deshacer lo que el Partido Popular y la derecha han construido de manera ilegal y fraudulenta usando los aparatos del Estado.

Pero sociológicamente los jueces tienen tendencia, por ejemplo, a aceptar normalmente como pruebas fehacientes lo que digan policías y guardias civiles

Sí, sí, evidentemente, esto no es solo una cosa que haya creado el Partido Popular durante el mandato de Mariano Rajoy. Esto está íntimamente ligado con las dificultades que después de la Transición hubo para desmantelar piezas fundamentales del aparato judicial franquista. El antifranquismo consiguió conquistar espacios institucionales en los ayuntamientos, en los parlamentos autonómicos, en el Congreso, en el Senado, pero se tiene que reconocer que en el caso del poder judicial los adelantos fueron limitados. Se consiguió que entraran juezas y jueces garantistas vinculados a Jueces por la Democracia, pero el núcleo de la resistencia conservadora y reaccionaria, en algunos casos directamente relacionada con el franquismo, sigue en el poder judicial y sobre todo en sus altas instancias. Hoy mismo el juez Marchena, que tiene un currículum que conocemos bastante bien, es una persona de la cual pueden depender la suerte de Pablo Iglesias, los casos de corrupción del Partido Popular, las condenas de dirigentes independentistas, y esto para una democracia digna de este nombre es un peligro enorme.

[En relación a la represión sobre el independentismo] ¿Usted defiende la amnistía o la reforma del código penal?

Son dos cosas que se han de mantener simultáneamente. Seguramente sin una amnistía es imposible resolver la situación injusta, infame jurídicamente, como dice Pérez Royo, de centenares de personas encausadas solo por movilizarse, por querer ejercer el derecho a votar, pero, mientras se pide esto, simultáneamente, se tiene que hacer todo lo posible para que los dirigentes independentistas que están en prisión puedan salir y para que la política pueda salir de los tribunales y de las instrumentalizaciones por parte de fiscales que participan en guerras judiciales sucias, para volver a las calles y volver a las instituciones. Por lo tanto, se pueden hacer todas estas cosas sin renunciar a ninguna de ellas.

A propósito de policías y poder judicial, con cierta frecuencia se oyen voces que reclaman más presencia policial por motivos de seguridad. En Espacio Público, en un debate relativamente reciente, se habló del menosprecio u olvido de dirigentes de la izquierda de un tema que preocupa mucha gente: la seguridad ciudadana. Se dijo que esta puede ser una de las causas de la involución vivida en la América Latina

Yo creo que no solo en la América Latina. Es verdad que desde las izquierdas siempre se ha tenido, y con buenas razones, desconfianza sobre la utilización de los aparatos coactivos del Estado por parte de las élites políticas y económicas de turno, porque normalmente lo han hecho para reprimir el derecho de huelga, la protesta ciudadana que quiere conquistar derechos… Esto explica que las tradiciones de izquierdas hayan sido siempre fuertemente antimilitaristas. Pero es verdad que así como pueden existir países sin ejércitos no hay ninguno que no tenga policías, y por lo tanto la reflexión sobre la democratización de las policías es fundamental.

Recuerdo que cuando me tocó tener responsabilidades ejecutivas en el Ayuntamiento de Barcelona esta era una de mis obsesiones, es decir, como conseguir que la policía municipal entendiera que garantizar la seguridad en el espacio público consistía no solo en evitar los pequeños hurtos cometidos por personas en situación de marginalidad social, sino intervenir también, por ejemplo, cuando los grandes especuladores quieren echar a la gente de los barrios, y reconozco que en estos casos vi que era una batalla que se tenía que dar, porque a pesar de que no era la respuesta automática de unos cuerpos que no habían sido formados para eso, encontrabas gente que entendía estas exigencias ciudadanas y que llegó a colaborar con el propio Gobierno para evitar que estos procesos especulativos se pudieran producir. No digo que sea sencillo, pero la democratización de los cuerpos de seguridad y tomar seriamente la idea de la seguridad ciudadana creo que es un reto muy importante. Para la gente, seguridad significa que no te echen de tu casa, poder tener un ingreso a final de mes para poder comprar la comida de tus hijos, pero también tener la seguridad de que en la calle no serás víctima de abusos, de violaciones si eres mujer, y que no serás objeto de robos, sobre todo si eres una persona de condición humilde. Y creo que aquí si hay un reto importantísimo para las izquierdas para dar respuesta también a esto.

El problema de la justicia es muy evidente también a países como Brasil o Colombia

Yo creo que América Latina es un continente marcado por luchas gloriosas, ejemplares, que han deslumbrado el mundo en muchos momentos, y en estas últimas décadas fue la prueba de que era posible plantear alternativas a las políticas neoliberales, por diferentes vías y bajo diferentes formas, y esto ha sido castigado de una manera brutal por parte de las oligarquías internas pero también por parte de Estados Unidos, que sobre todo a partir de la Administración Trump decidió que esto no podía volver a pasar e impulsa directamente estrategias represivas y golpistas que se parecen mucho a las dictaduras de los años 70 y 80. Lo que está pasando en Brasil, con Bolsonaro, que reivindica el golpe de estado de 1964 contra Joao Goulart, lo que está pasando en Chile donde el mismo Sebastián Piñera reivindica la figura de Pinochet, el que ocurre en Colombia donde se mata a activistas sociales por centenares, campesinos, mujeres activistas…, es una prueba de la ferocidad de estas oligarquías y de la propia Administración norteamericana, pero también de la persistencia y la tenacidad de los movimientos sociales y populares. Con toda la violencia que se está produciendo en América Latina me emociona y me cuestiona mucho cuando veo lo que está haciendo el movimiento feminista en Chile, que ha sido la vanguardia en la denuncia de la brutalidad cometida contra las mujeres; lo que ha hecho el movimiento popular en Brasil, que a pesar de toda la agresión ha conseguido que Lula salga de prisión; lo que ha hecho el movimiento popular en Colombia, que consiguió que Gustavo Petro obtuviera más de ocho millones de votos, que no pudo avanzar más como consecuencia del fraude… Creo que América Latina es un laboratorio de una represión brutal hoy, pero sigue siendo un continente de esperanza en el cual la resistencia de la gente es realmente encomiable.

Personalidades como Dilma Roussef, Pepe Mujica o Rafael Correa han remarcado la oportunidad que representa el plebiscito convocado por el próximo día 25 en Chile ¿Cree que puede tener impacto en otros países de América Latina?

Es un plebiscito que ya nos habría gustado poder tenerlo nosotros. En Chile lo que se está discutiendo es la posibilidad de romper con la Constitución pinochetista de 1980 y de poner en marcha un nuevo proceso constituyente, que era lo que nosotros veníamos defendiendo en el caso de España, la posibilidad de que se abrieran procesos constituyentes que dieran lugar a nuevas reglas del juego y ahora, de momento, lo que estamos defendiendo es que las derechas radicalizadas muestren capacidad de cumplir con la Constitución que dicen defender. Nosotros hemos hecho aquí un retroceso y en Chile, en cambio, los movimientos sociales y populares han conseguido que haya un plebiscito para poder acabar con la Constitución pinochetista. 

Obviamente esto no será fácil. El otro día vimos imágenes escalofriantes de un joven de 16 años a quien la policía lanzaba desde un puente, como manera de intimidar para que estos cambios no se puedan producir, pero yo creo que esto es imparable y que el ejemplo de Chile acabará teniendo influencia en Bolivia, donde a pesar de la dictadura de Jeanine Añez hay muchas posibilidades de restaurar la democracia, donde mi amiga Manuela D’Ávila puede ser la próxima alcaldesa de Porto Alegre [Brasil] por una coalición ciudadana muy amplia de izquierdas, que tendría una valor simbólico enorme, porque Porto Alegre fue la ciudad donde empezaron los foros sociales, el ciclo de las críticas de las políticas neoliberales… Es decir que yo, en relación a América Latina y al mundo en general, respeto mucho esta idea del ex-vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, cuando dice que las revoluciones, las grandes reformas sociales, nunca se producen en un solo día. Son un producto de oleadas, en las cuales hay adelantos y retrocesos y de lo que se trata siempre es de luchar, vencer, caer, volver a levantarse, volver a luchar y esto no tiene fin. Y me parece que es importante, porque significa tomar conciencia de que no hay victorias definitivas, nunca, pero tampoco hay derrotas definitivas, y que por lo tanto la lucha para conseguir más ámbitos de igualdad y libertad es continua.

Entrevista: “El mito de la Transición forjado por las élites se ha desplomado”

El diputado Gerardo Pisarello, de En Comú Podem, alerta de nuevos peligros que amenazan a la democracia tras la radicalización mundial de la derecha.

Por: Alberto Surio

Galde 30, udazkena/2020/otoño.

Gerardo Pisarello (Tucumán, Argentina 1970), es diputado de los Comunes y una de las voces más claras de la izquierda catalana. Fue primer teniente de alcalde de Barcelona y estrecho colaborador de Ada Colau y es hijo de un abogado ‘desaparecido’ y asesinado por la dictadura de Videla. Secretario primero del Congreso en la actualidad, analiza el momento político sin perder la curiosidad por la velocidad de los cambios e inquieto por los nuevos riesgos que amenazan a la democracia.

¿Cree que la causa de la jueza Servini contra Martín Villa tiene recorrido?
GERARDO PISARELLO. Soy de los que creen que la jurisdicción universal y el reconocimiento de que hay delitos como las torturas y las desapariciones forzadas que ofenden a toda la humanidad son una conquista civilizatoria. En América Latina hubo dictaduras terribles en el marco de lo que se conoce como ‘Operación Cóndor’ y, en muchos casos, se aprobaron leyes de impunidad, de punto final, para que esos delitos no pudieran ser juzgados. La única manera de superar las barreras que impedían que se juzgaran aquellos delitos equiparables a los del nazismo o del fascismo fueron la movilización ciudadana o la intervención de jurisdicciones externas. Recuerdo por ejemplo el papel determinante del fiscal Carlos Castresana para que en Argentina se abriera una pequeña grieta que permitiera hacer justicia en casos que estaban bloqueados. Yo mismo soy hijo de un abogado asesinado durante la dictadura y el primer juez que oyó a mi madre fue Baltasar Garzón en Madrid.

¿Confías en la Justicia universal?
G. P. Yo confío en la justicia universal sobre todo cuando en la local hay un bloqueo insuperable como consecuencia de la existencia de un patrón continuado de impunidad. El caso Martín Villa solo se explica por la ley de silencio de los crímenes del franquismo que se impuso durante la Transición. Si en España se hubieran juzgado como es debido los crímenes del franquismo seguramente Martín Villa no tendría la centralidad que tiene.

Hay quienes sostienen que pensar que en la Transición hubo delitos de genocidio es distorsionar la historia… y es no entender que el propio Martín Villa se implicó en el proceso hacia la democratización…
G. P. Es evidente que el genocidio que produjo el franquismo se desplegó a lo largo de 40 años y no de manera más intensa durante la Transición que en otros momentos históricos. Lo que sí hubo en la Transición es un plan deliberado para intentar encubrir ese genocidio, para minimizarlo y para que no se juzgara a sus principales responsables, y en esta segunda cuestión Martín Villa sí que tuvo un papel importante. No solo tuvo responsabilidades directas en la matanza de obreros en Vitoria, en los Sanfermines posteriores, en la condecoración del torturador Billy el Niño, sino que formó parte de esa clase política que decidió que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo no tenían que ser investigados. Desde ese punto de vista su responsabilidad es innegable.

Privilegios económicos

¿Qué te dice que los expresidentes González, Aznar, Zapatero o Rajoy le defiendan?
G. P. Martín Villa, después de la Transición, desempeñó un papel no solo de hacedor de consensos políticos sino de ciertos consensos económicos. Fue un personaje económicamente importante. Fue un importante responsable de Endesa en Chile, en un momento en que esta empresa fue acusada de graves delitos contra las comunidades mapuches con él al frente; formó parte de un modelo económico que se fraguó después de la Transición y que impedía revisar muchos de los privilegios económicos generados durante el franquismo. La política exterior de España en relación con grandes empresas que son privatizadas y que pasan a operar en América Latina funciona en esas coordenadas. Y cuando aparecen expresidentes y exsindicalistas que salen a defender su papel lo que desgraciadamente están defendiendo es un modelo económico en el que de manera directa o indirecta participaron. Diría que defienden más a ese Martín Villa ligado al establishment económico que al que fue gobernador civil o al que tuvo responsabilidades en casos sonados de represión.

Hay una revisión de la Transición en todo caso…
G. P. Ya lo dijo Vázquez Montalbán, la Transición fue sobre todo el fruto de una correlación de debilidades. Muchas de las libertades que tenemos hoy serían impensables sin las luchas del movimiento antifranquista, del movimiento obrero y vecinal durante la Transición. Para ese movimiento antifranquista la amnistía de presas y presos políticos era central; pero obviamente no querían que eso se pagara con el silencio y el olvido respecto de los crímenes de la dictadura.

¿Fue un fraude la Ley de Amnistía?
G. P. La Ley de Amnistía tenía dos caras. Fue un paso importante para evitar que se continuara criminalizando a las víctimas del franquismo pero su otra cara fue evitar que crímenes de lesa humanidad imprescriptibles pudieran ser investigados por la propia Justicia española, que es lo que tendría que haber ocurrido. La historia siempre debe revisarse porque suelen ser los vencedores quienes la escriben, por eso conviene pasar, como decía Walter Benjamin, el cepillo a contrapelo de la historia, para rescatar alternativas que existían en momentos determinados y a las que se les cerró una puerta. Si hoy Martín Villa ha acabado sentado ante una jueza para declarar sobre sus responsabilidades en el tardofranquismo también es gracias a las entidades de memoria, a los colectivos de familiares de víctimas, que sin acompañamiento institucional nunca dejaron de pelear para que haya justicia, verdad y reparación. El mito de la Transición forjado por ciertas élites políticas y económicas se ha desplomado.

Memoria democrática

En este contexto el Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
G. P. Sí, y su aprobación no se entendería toda la gente que en estas décadas no dejó de luchar contra la impunidad, de los familiares de víctimas que no dejaron de buscar a los suyos en las cunetas. Hay que recuperar las historias de esa gente que no se resignó a que se estableciera una ley de punto final con el argumento de que eso permitía asegurar la democracia, porque lo que ocurrió de hecho fue lo contrario: se consiguió una democracia débil, limitada, de baja intensidad.

¿Una ley que llega tarde?
G. P. Para muchas familias sí, pero llega, y ayudará a romper con el silencio impuesto por el franquismo. Las generaciones más jóvenes tienen que saber que el franquismo carga a sus espaldas con el número de desapariciones forzadas más alto del mundo después de Camboya, que en ningún país de Europa existe una fundación Benito Mussolini o Adolfo Hitler, y que aquí sin embargo llevamos tiempo con una Fundación Francisco Franco a la que habrá que cerrar de una vez. Y es importante que esos jóvenes entiendan que el franquismo no fue solo un régimen dirigido a eliminar a los adversarios y disidentes políticos sino también un régimen de expolio económico que permitió concentrar mucho poder económico en pequeñas minorías que después de la Transición, a veces con los mismos apellidos, han seguido manteniendo puestos clave de poder. Yo creo que esta ley, con las enmiendas que hagan falta, puede ayudar a poner luz sobre estas cuestiones. No será el último paso en la lucha contra la impunidad, pero es un paso muy importante.

Después de la Segunda Guerra Mundial, grandes grupos empresarios alemanes que fueron cómplices del nazismo como los Krupp y los Tyssen tuvieron que sentarse en Nüremberg a responder por sus vínculos con el régimen, y más tarde el Estado determinó que muchas empresas que se beneficiaron de la dictadura nazi debían compensar a la ciudadanía. El hecho de que la nueva ley de memoria prevea un censo y una auditoría sobre las condiciones en las que se produjo el expolio franquista, y permita identificar a actores económicos que se beneficiaron de él, ayudará a que se abra ese debate. El problema aquí sigue siendo que Franco murió con la gente movilizada en la calle, pero en la cama. Por eso, a diferencia de Italia o Alemania, donde el fascismo y el nazismo fueron derrotados militarmente, ha costado tanto avanzar. Ahora, de hecho, la extrema derecha negacionista y neofranquista está utilizando mucho dinero para que no se reabra el debate sobre la memoria democrática. Algo que por cierto ocurre también en Argentina, en Chile, y en otros países, donde están utilizando los medios y las redes sociales para intentar difundir un discurso negacionista en el que todos los gatos son pardos y en el que se pretende igualar opciones republicanas, democráticas, con dictaduras sanguinarias que supusieron la aniquilación de sectores amplios de población.

¿En ese contexto cómo ves el papel de Felipe VI?
G. P. Cada vez hay más conciencia de que la Monarquía borbónica no es asimilable a la Monarquía parlamentaria sueca o a la británica, que decapitó a un Rey mucho menos cruel y felón que Fernando VII. Los Borbones, en realidad, han tenido un papel bastante nefasto en la historia española, y su función nunca fue puramente simbólica. Ya desde el siglo XIX, fueron una pieza clave de un régimen político y económico oligárquico, de una forma de hacer negocios básicamente rentista y especuladora, que operaba a través de la concentración de tierras o del negocio financiero inmobiliario. Algo de eso está saliendo a la luz ahora, y vemos que el rey emérito Juan Carlos I, cuyo vínculo con el franquismo se intentó limpiar con el 23F, imitó a muchos de sus antecesores que ya actuaban como comisionistas dentro de un modelo económico rentista. Esto, en medio de una crisis tan grave como la actual, puede resultar especialmente ofensivo. Yo veo a las generaciones más jóvenes cada vez menos dispuestas a aceptar una Monarquía como la borbónica, con privilegios y condiciones de opacidad que no se le reconocerían a ninguna otra institución. No creo que tengamos una República mañana, por arte de magia, pero sí veo cada vez más gente que hasta hace dos días se consideraba juancarlista o monárquica a secas preguntarse por la utilidad social de una institución tan viciada. Y también, tengo que decirlo, veo crecer un republicanismo basado en la necesidad de proteger como ‘res pública’ la educación, la sanidad, la cultura, pero también de erradicar la existencia de instituciones tan obscenamente vinculadas al privilegio como es el caso de la Monarquía borbónica. No se trata de algo totalmente nuevo. Las tradiciones republicanas peninsulares, de hecho, son ricas y plurales. Su reto, como siempre, es coordinarse mejor, mostrar que el republicanismo no es una opción nostálgica, que puede haber un republicanismo del siglo XXI capaz de traer modernidad, mejoras materiales, culturales, para las las mayorías sociales, y que la Monarquía y su Corte son un obstáculo para conseguirlo.

La experiencia de la coalición

Vamos al papel de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición. ¿Realmente ‘sí se puede’?
G. P. Depende del día. Hay días que te levantas y piensas que querrías llegar mucho más lejos en muchas cosas porque la situación de emergencia es tremenda, pero que nos equivocamos, o que no tenemos la fuerza suficiente, o que no acabamos de solidificar la mayoría de la investidura, que es la que con más naturalidad afrontaría los grandes temas sociales, democráticos y territoriales que tenemos sobre la mesa. Hay días que piensas que se podría mucho más si hubiera más movilización democrática en la calle, y eso es muy difícil en el contexto de pandemia, y hay días que sientes simplemente que podríamos hacer más y mejor. Dicho esto, tengo clarísimo que si el PP, Vox, Ciudadanos, el trío de Colón, tuviera más resortes institucionales como en Andalucía o Madrid, el desastre estaría asegurado. La política son correlaciones de fuerzas y de debilidades. Cuando miro al mundo y miro a otros gobiernos progresistas, por ejemplo, en Argentina, México, Portugal, veo que las dificultades son enormes porque lo que llamamos neoliberalismo está perdiendo legitimidad a pasos agigantados pero está en una fase de una violencia enorme. Hoy la gente ya no cree en la cantinela de que las privatizaciones lo resolverían todo, tiene claro que hay que proteger la sanidad pública, la educación pública, pero precisamente porque no puede proteger sus privilegios de siempre con facilidad, el sistema está recurriendo a métodos cada vez más autoritarios.

¿Cuáles?
G. P. Uno de ellos es la radicalización de las derechas, que no dudan en utilizar la guerra judicial, la mentira mediática, la intimidación en las calles o estrategias golpistas, para preservar sus privilegios. Hay medidas que en un contexto de pandemia deberían gozar de un consenso amplio, incluso entre gente conservadora, pero veo a la derecha que tenemos en España más cerca de Bolsonaro o Trump. En mi opinión eso revela una cierta impotencia y debilidad de un sistema económico agotado, senil, pero que se resiste al cambio. Por eso necesitamos alianzas amplias para hacerlo posible. Alianzas que, en nuestro caso, tienen que tener una clara base republicana y y plurinacional.

El debate presupuestario apunta en esa dirección…
G. P. Hay algunos sectores del establishment que desearían que Ciudadanos entre ya en la sala de máquinas del gobierno y que desplace a las demás fuerzas de la investidura, en especial a Unidas Podemos. Pero no me parece una alternativa muy realista, sobre todo porque agravaría la mayor parte de los problemas que tenemos hoy sobre la mesa, desde los sociales hasta los territoriales. La mayoría de la investidura, en cambio, permitiría llegar a acuerdos básicos para modernizar la economía, para reforzar el escudo social, para proteger a la gente trabajadora, para apuntalar lo público, y al mismo tiempo para conseguir una salida razonable a la cuestión catalana, a la cuestión de la España vaciada o al desafío de la plurinacionalidad.

Se trata de surfear contradicciones todos los días…
G. P. En un contexto de emergencia social y económica tan dura toda la clase política está expuesta al desgaste, porque las necesidades son acuciantes y los tiempos de la política son lentos. Ahora bien, también es verdad que hay un intento de ciertos poderes privados de deslegitimar la política para ocultar su papel en la crisis, su tendencia a a vivir de las prebendas del Estado al que critican, de las exenciones fiscales, de unos impuestos bajos y de la precarización del trabajo. Lo importante es que la gente nos vea que no hemos venido a esto para acomodarnos en el confort institucional, que las mayorías sociales sientan que estamos defendiendo sus intereses. El juicio ciudadano en el día a día puede ser duro, pero el desafío es conseguir que la gente sepa que no vamos a dejar de batallar. Y para eso es importante mostrar, en nuestra conducta cotidiana, que no olvidamos quién nos ha puesto aquí. Cuando llegamos al gobierno del ayuntamiento de Barcelona, íbamos colgando carteles en los despachos que nos recordaran que no debíamos olvidarnos quiénes éramos ni de dónde veníamos. Eso sigue vigente. En un contexto como el actual, con una extrema derecha amenazante, estamos en las instituciones con sentido de la responsabilidad, pero con una pequeña nota de dimisión en el bolsillo. Cuando las condiciones hacen imposible impulsar un proyecto de cambio ético-político desde las instituciones representativas, hay que saber marcharse de ellas y continuar defendiéndolo como un ciudadano común desde otros espacios de la sociedad.

¿Cataluña va seguir siendo siendo la piedra angular de la legislatura?
G. P. Sin una cierta salida política para el País Vasco y para Cataluña, España es ingobernable, al menos desde una perspectiva mínimamente progresista. El franquismo intentó hacerlo por la fuerza, de manera despiadada, y no consiguió salirse con la suya. Si la herida catalana no se cierra, la gobernabilidad de España va a ser enormemente complicada. Es una herida política y socioeconómica, y no se puede resolver una sin resolver la otra. Quienes creen que la cuestión catalana se puede resolver con prisiones o jueces se equivoca. Si no se ponen sobre mesa con relativa urgencia algunos conceptos como amnistía, indultos o la reforma del Código Penal para revisar las disparatadas penas por sedición, no va haber una salida estable. Pero junto a eso tiene que cerrarse la herida social y económica que también ha crecido en Cataluña. Y eso exige que Cataluña pueda salir de la gesticulación permanente y contar con un gobierno que gobierne para las necesidades de la gente trabajadora, del entramado productivo innovador, de la pequeña y mediana empresa, de la gente de la ciencia y la cultural. El Gobierno de Junts y ERC se ha mostrado ineficaz para hacerlo, ha primado más la competencia interna que el gobierno cotidiano de la emergencia y la defensa de un proyecto atractivo de país. Para que esa herida socioeconómica se cierre, el papel del Gobierno central es importante, pero también hace falta un Ejecutivo catalán que no viva solo de los gestos, que tenga voluntad de gobierno, que sea ambicioso y realista al mismo tiempo. En mi opinión esto pasa por un cambio de ciclo político en sintonía con el cambio estatal, que sea claramente republicano, progresista, y que tenga en cuenta lo que Lluís Companys y muchos catalanistas entendían bien: Cataluña no puede avanzar en términos sociales, económicos, democráticos, si España no avanza, y España no puede avanzar si Cataluña no lo hace. Hoy necesitamos sinergias republicanas y progresistas entre Cataluña y España, y también entre Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía… ¡o Teruel!

¿La solución política pasa por el autonomismo?
G. P. El autonomismo está agotado, lo liquidó el propio Aznar, impulsando una recentralización enorme, preautonómica, en la que todavía estamos instalados. No se puede superar ese escenario con simples retoques. Hace falta un proyecto alternativo, que para ser viable solo puede ser plurinacional, municipalista, con elementos federales y confederales, solidario y republicano. Sin esa respuesta, no impuesta, sino libremente decidida por los diferentes pueblos y gentes que integran el Estado, no veo una salida limpia.

Pero ese cambio requeriría una reforma constitucional que no es posible sin el concurso de la derecha…
G. P. No veo la reforma constitucional como una alternativa realista. La Constitución española estuvo pensada para que fuera difícil de reformarse en aspectos clave. Pero esto no quiere que haya que la alternativa sea el inmovilismo. Se pueden realizar muchos avances para reconocer la diversidad cultural, lingüística, nacional, a través de leyes ordinarias u orgánicas, sin necesidad de tocar la Constitución. Yo creo que más temprano que tarde se tendrán que abrir nuevos procesos constituyentes, pero no acepto el argumento inmovilista, usado por el PP y a veces por el propio PSOE, de que sin una reforma constitucional no se puede conseguir nada. Incluso los que abogamos por cambios constitucionales de fondo, creemos que la Constitución se puede interpretar. Y la Constitución de Aznar o de Marchena no es la única posible.

¿Hará falta tiempo aún para cerrar la herida catalana?
G. P. Si, porque lo que se vivió en estos 2017 marcará un antes y un después y porque esta herida tiene mucha historia detrás. El Estado español, la Monarquía española, han sido reacios a reconocer la diversidad social, cultural y nacional. Las tradiciones republicanas, con Pi i Margall, con la Primera y la Segunda República, plantearon alternativas complejas pero en el fondo muchos más realistas que el centralismo autoritario. Por ese creo hoy la salida a la cuestión territorial debe fraguarse en el seno de la mayoría de la investidura, que tiene un carácter claramente anticentralista, plurinacional, y con un marcado peso del republicanismo.

También Torra jugó a ser inhabilitado por el Supremo.
G. P. La inhabilitación de tres presidentes de la Generalitat por causas arbitrarias es un dislate y una anomalía democrática. Dicho esto, es innegable que Quim Torra ha llevado la gesticulación a niveles absurdos, que han acabado dañando al autogobierno y a muchas reivindicaciones legítimas de Cataluña. En política, la gesticulación que no va acompañada de una estrategia mínimamente realista genera frustración y desconcierto. Hace tiempo que Torra debía haber convocado elecciones para dar paso a un nuevo gobierno que ayude a cerrar la herida política sin desatender la emergencia social cotidiana. Y si eso no llega pronto también existe el peligro de una regresión autoritaria, de una regresión primoriverista, de un trumpismo ibérico que supondría un retroceso de décadas. Por eso creo que las fuerzas republicanas, democráticas y progresistas tenemos el deber de priorizar ciertos acuerdos básicos por encima de nuestras diferencias.

¿Cuál es la salud de las izquierdas en España?
G. P. Las izquierdas tienen mucho que aprender en el mundo actual. El feminismo, la emergencia ecológica, la revolución digital, las migraciones, le están planteando retos enormes. En los comunes confluimos diversas sensibilidades, desde tradiciones libertarias, municipalistas, a tradiciones enraizadas en el movimiento obrero o en los movimientos sociales. El reto hoy es cómo, sin renunciar a esas tradiciones, conectar con sectores más amplios de la sociedad para hacer frente al problema más grave del momento actual, que es la radicalización clasista, machista, homófoba, racista, de la derecha a nivel global. Esa derecha violenta, como decía antes, está haciendo todo lo posible para que la crisis tremenda que tenemos ante nuestros ojos, no se resuelva con un mínimo de justicia social. Y eso nos coloca ante una encrucijada civilizatoria. O vamos a más democracia política, económica, hacia más justicia ecológica, de género, o nos podemos hundir en una barbarie que en parte ya está aquí, y que está poniendo en riesgo la vida del planeta y de nuestros hijos.

Te quedarías con ganas de un debate de todo esto con Cayetana Álvarez de Toledo …
G. P. No sé si un debate, pero reconozco que el personaje me interesa. Obviamente estamos en las antípodas en términos políticos, pero es un ejemplo llamativo de una forma de ser de derechas que no tiene fácil acomodo en la política española. Cuando escucho a Cayetana veo más a esas figuras altaneras de la derecha reaccionaria francesa del siglo XIX que a alguien que pueda entenderse con el PP de Teodoro García Egea, con Vox o con el arribismo de Ciudadanos. Me la imagino condenada a una incomodidad permanente en ese espacio

Desmontando a Vox, otra vez

Esta mañana, en mi comparecencia de los martes, he manifestado lo que nos parece la anunciada moción de censura de la ultraderecha.

☑️ Una moción de censura que tiene por objetivo, como ya he dicho en muchas ocasiones, impedir una salida a la crisis socialmente justa y con una mínima modernización de la economía.

☑️ Su patriotismo de trapo no debe impedirnos ver lo que representan, a los sectores más atrasados y especulativos.

Tercer aniversari de l’1 d’octubre.

Entrevista Al Planta Baixa. TV3

“La intervenció policial de l’#1O va ser desproporcionada i brutal. Ara hem d’aconseguir que la política torni al carrer i les institucions i desjudicialitzar la política. És el millor homenatge que podem fer a tota la gent que va anar a votar.”

Una Monarquia Patrimonial

Per Gerardo Pisarello

Publicat a l’Ara.cat

Al començament del segle XX, sota el títol Economia i societat, van veure la llum de manera pòstuma alguns dels escrits més penetrants del sociòleg alemany Max Weber. Weber hi distingia diferents formes de dominació en l’exercici del poder: la tradicional, la carismàtica, la burocràtica. Dins de la primera, n’evocava una a la qual no sempre s’ha parat esment: la patrimonial. El mateix Weber la vinculava a algunes formes d’estat, com la monarquia, i resulta molt actual en relació amb els actes de corrupció atribuïts a Joan Carles de Borbó.

Segons Weber, el poder patrimonial es caracteritzava per l’àmplia esfera d’arbitrarietat que s’atribuïa a qui l’exercia. L’abast d’aquest poder depenia almenys de dos factors. D’una banda, de la força i el “temor militar” que el monarca fos capaç de generar. De l’altra, de l’aparell administratiu que tingués darrere. Però hi havia alguna cosa més. Per a Weber, la dominació patrimonial del rei es basava en la seva autoritat domèstica. És a dir, era, a més de patrimonial, patriarcal. La funció de la família del monarca era donar cobertura organitzada a les seves necessitats sexuals i econòmiques per facilitar-ne la dominació. El rei, així, podia exigir la complaença de la seva pròpia família. Però també dels seus súbdits, la resta de membres lliures de la societat que, sense pertànyer a la seva família, estaven sota el seu domini polític. Amb una advertència. Només podia esperar la seva conformitat en “circumstàncies socialment favorables”.

Fins aquí, Weber. Aquests textos són d’inicis del segle XX. Però ressonen amb força indiscutible si s’analitza la realitat de la monarquia borbònica avui. Pensem en Joan Carles I, el paper del qual és indestriable de la força i del “temor militar” a què pot apel·lar. Investit pel dictador Francisco Franco, reconegut com a cap de les forces armades per la Constitució i reforçat com a màxima referència militar després del cop del 23-F de 1981, està lluny de ser un simple símbol sense capacitat d’actuació.

La concepció patrimonialista de la monarquia contradiu obertament la idea de monarquia parlamentària consagrada a la Constitució

Ben al contrari, aquest poder reafirmat després de la seva ascensió com a “salvador de la democràcia” és al cap i a la fi el que li va permetre utilitzar la institució en benefici propi. I, sobretot, el que li va permetre fer-ho envoltat de privilegis, al marge, sovint, de la ratificació dels representants de la voluntat popular, i a recer de l’escrutini públic.

És així com Joan Carles I es va acostumar a actuar com el cap d’una monarquia que deixava un marge ampli per als seus capricis i negocis privats. Aquesta concepció patrimonialista de la monarquia contradiu obertament la idea de monarquia parlamentària consagrada a la Constitució espanyola. I implica no sols el rei, sinó el conjunt de la família reial.

Una aproximació patrimonialista i patriarcal a l’anomenat joancarlisme ajuda a entendre millor els escàndols que van involucrar Iñaki Undargarin, gendre del rei, i la seva pròpia filla, Cristina de Borbó. O la increïble proximitat física a la Zarzuela de la mateixa Corinna Larsen, companya sentimental i de negocis de l’exmonarca durant més d’una dècada.

Moltes d’aquestes actuacions de la Casa del Rei van ser acceptades o tolerades mentre va haver-hi “circumstàncies socials favorables”, com advertia Weber. Tanmateix, l’aprofundiment de la crisi, amb els seus greus efectes econòmics, les ha tornat inacceptables per a la majoria de la població. Per molt que sàpiga greu a alguns, serà cada cop més difícil que la societat accepti les sancions desmesurades que el Codi Penal imposa a les crítiques a la Corona. O que s’admeti que la inviolabilitat del Rei s’utilitzi com a excusa per no investigar delictes greus que perjudiquen tercers. O simplement que es presenti com una mena de llicència per enriquir-se, valent-se d’informació privilegiada i dels avantatges socials que el càrrec comporta.

I el que resulta inacceptable tractant-se de Joan Carles I, també ho serà en relació amb Felip VI. El rei actual ja va començar malament intentant generar el seu propi “temor militar” amb el discurs del 3 d’octubre del 2017. Potser aquella intervenció li va permetre guanyar-se l’aplaudiment dels sectors més recalcitrants del nacionalisme espanyol. En canvi, li va alienar, de forma tal vegada irreversible, el suport d’una part considerable de la ciutadania a Catalunya, però també de fora de Catalunya. I no sols això. És ingenu pensar que el comunicat de la Casa del Rei reconeixent l’existència de negocis opacs de Joan Carles de Borbó eximeixi de sospites el rei actual. Els assumptes denunciats per la mateixa Zarzuela són tan greus que és impossible no preguntar-se si Felip VI estava al cas del que passava. Sobretot tenint en compte que els fets investigats es van produir quan l’actual monarca era un home madur, conscient que heretaria el tron, i no pas un jove que rondava pels passadissos del palau.

La pretensió de girar full amb l’argument que el tema genera “inestabilitat” tampoc no sembla realista. Davant una emergència econòmica i social sense precedents, el que seria veritablement desestabilitzador és no aclarir els fets ni adoptar mesures inequívoques perquè no tornin a passar. Consentir la impunitat no només suposaria normalitzar actes greus de corrupció comesos des de les més altes esferes de l’Estat. Seria avalar una concepció patrimonial de la monarquia que el mateix Weber, en bona lògica, situava més a prop de l’exercici despòtic del poder que de les monarquies considerades parlamentàries. Una raó suficient perquè, quaranta anys més tard, la ciutadania pugui pronunciar-se sobre la seva continuïtat.

Una Monarquía patrimonial

Por Gerardo Pisarello

Publicado en Ara.cat.

A comienzos del siglo XX, bajo el título Economía y Sociedad, vieron la luz de manera póstuma algunos de los escritos más penetrantes del sociólogo alemán Max Weber. En ellos, Weber distinguía diferentes formas de dominación en el ejercicio del poder: la tradicional, la carismática, la burocrática. Entre estas, evocaba una a la que no siempre se le ha prestado atención: la patrimonial. El propio Weber la vinculaba a algunas formas de Estado, como la Monarquía, y resulta muy actual en relación con los actos de corrupción atribuidos a Juan Carlos de Borbón.

Según Weber, el poder patrimonial se caracterizaba por la amplia esfera de arbitrariedad que se atribuía a quien lo ejercía. El alcance de este poder dependía al menos de dos factores. La fuerza y el “temor militar” que el monarca fuera capaz de generar, y el aparato administrativo que tuviera detrás. Pero había algo más. Para Weber, la dominación patrimonial del Rey radicaba en su autoridad doméstica. Es decir, era, además de patrimonial, patriarcal. La función de la familia del monarca era dar cobertura organizada a sus necesidades sexuales y económicas para facilitar su dominación. El Rey, así, podía exigir la complacencia de su familia. Pero también de sus súbditos, el resto de miembros libres de la sociedad que, sin pertenecer a su familia, se encontraban bajo su dominio político. Con una salvedad. Solo podía esperar su conformidad en “circunstancias socialmente favorables”.

Hasta aquí, Weber. Estos textos son de inicios del siglo XX. Pero resuenan con fuerza indiscutible si se cotejan con la realidad de la Monarquía borbónica hoy. Pensemos en Juan Carlos I, cuyo papel es inescindible de la fuerza y del “temor militar” a los que puede apelar. Investido por el dictador Francisco Franco, reconocido como Jefe de las Fuerzas Armadas por la Constitución, y reforzado como máxima referencia militar tras el 23-F de 1981, está lejos de ser un simple símbolo sin capacidad de actuación.

La concepción patrimonialista de la Monarquía contradice abiertamente la idea de Monarquía parlamentaria consagrada en la Constitución

Por el contrario, es ese poder reafirmado tras su encumbramiento como “salvador de la democracia” el que a la postre le permitiría utilizar la institución en beneficio propio. Y sobre todo, el que le permitiría hacerlo rodeado de privilegios, al margen, a menudo, del refrendo de los representantes de la voluntad popular, y a salvo del escrutinio público.

Es así como Juan Carlos I se acostumbró a actuar como el jefe de una Monarquía que dejaba amplio un margen para sus caprichos y negocios privados. Esta concepción patrimonialista de la Monarquía contradice abiertamente la idea de Monarquía parlamentaria consagrada en la Constitución española. E implica no solo al Rey, sino al conjunto de la Familia Real.

Una aproximación patrimonialista y patriarcal al llamado “juancarlismo” ayuda a entender mejor los escándalos que involucraron a Iñaki Undargarin, yerno del Rey, y a su propia hija, Elena de Borbón. O la increíble proximidad física a la Zarzuela de la propia Corinna Larsen, compañera sentimental y de negocios del ex monarca durante más de una década.

Muchas de estas actuaciones de la Casa Real fueron aceptadas o toleradas mientras hubo “circunstancias sociales favorables”, como diría Weber. Sin embargo, la profundización de la crisis, con sus graves efectos económicos, las ha vuelto inaceptables para la mayoría de la población. Aunque le pese a algunos, será cada vez más difícil que la sociedad acepte las sanciones desmesuradas que el Código Penal impone a las críticas a la Corona. O que se admita que la inviolabilidad del Rey se utilice como excusa para no investigar delitos graves que perjudican a terceros. O simplemente que se presente como una suerte de licencia para enriquecerse, valiéndose de información privilegiada y de las ventajas sociales que el cargo entraña.

Y lo que resulta inaceptable tratándose de Juan Carlos I, también lo será en relación con Felipe VI. El actual Rey ya comenzó mal intentando generar su propio “temor militar” con el discurso del 3 de octubre de 2017. Aquella intervención pudo granjearle el aplauso de los sectores más recalcitrantes del nacionalismo español. Pero le enajenó, de manera acaso irreversible, el apoyo de una parte considerable de la ciudadanía en Catalunya, pero también fuera de ella. Y no solo eso. Es ingenuo pensar que el comunicado de la Casa Real reconociendo la existencia de negocios opacos de Juan Carlos de Borbón vaya a eximir de sospechas al Rey actual. Por el contrario, los asuntos denunciados por la propia Zarzuela son tan graves que es imposible no preguntarse si Felipe VI estaba al tanto de lo que ocurría. Sobre todo, teniendo en cuenta que los actos hoy investigados se produjeron cuando el actual monarca era un hombre hecho y derecho, consciente de que heredaría el trono, y no un simple chiquillo que rondaba por los pasillos del Palacio Real.

La pretensión de echar un velo sobre el tema con el argumento de que genera “inestabilidad” tampoco parece realista. Ante una emergencia económica y social sin precedentes, lo verdaderamente desestabilizador sería no esclarecer lo ocurrido ni establecer medidas inequívocas para que no se repita. Consentir la impunidad no solo supondría normalizar graves actos de corrupción cometidos desde las más altas esferas del Estado. Sería avalar una concepción patrimonial de la Monarquía que el propio Weber, con buena lógica, situaba más cerca del ejercicio despótico del poder que de las monarquías consideradas parlamentarias. Razón suficiente para que, después de cuarenta años, la ciudadanía pueda pronunciarse sobre su continuidad.

Que la corrupción de la monarquía no corrompa la democracia.

Por Gerardo Pisarello

Leer en @publico.es

Según un viejo aforismo inglés, en la Monarquía parlamentaria británica el Rey no puede hacer el mal (the King can do not wrong). Este principio puede parecer un ingenuo y peligroso canto a la arbitrariedad. Sin embargo, para que sea admisible, debe complementarse con otro conforme al cual el Rey no puede actuar por su cuenta (the King can not act alone) a espaldas de la sociedad, sino que debe hacerlo con el visto bueno -el refrendo- de los ministros del Gobierno y bajo el escrutinio crítico de la opinión pública.

Si esto es así, resulta evidente que los turbios negocios de Juan Carlos I de Borbón en esta última década han estado claramente reñidos con lo que, en términos constitucionales, debería haber sido una Monarquía realmente parlamentaria. Pero no se trata solo de él. Se trata, como se está viendo, de un cúmulo de actuaciones que implican a diversos miembros de la Familia Real. De ahí que no se esté, como se ha dicho, ante la corrupción de una persona, sino ante la corrupción creciente de una institución. Una institución que ha funcionado sin controles, rodeada de privilegios, y que amenaza con golpear, una vez más, a la democracia y al Estado de derecho.

Un rey que actuaba (que delinquía) sin referendo

En su reciente anuncio de que abandona España por la “repercusión pública” de unos acontecimientos de su “vida privada”, el propio Rey Emérito ha venido a confirmar esta impresión. Ninguna de las expresiones que utilizó es inocua. No lo es la alusión a la “repercusión pública”, que en realidad es un eufemismo para referirse a las noticias, los procedimientos judiciales y las peticiones de investigación de sus actuaciones, tanto en España como en Europa. Solo eso, hace que la marcha sea leída directamente como huida, esto es, como una forma de eludir esas investigaciones, más que de contribuir a que se produzcan (algo que se vería confirmado si el destino es un país de otro continente como República Dominicana).

Tampoco es inocua la alusión a acontecimientos de su “vida privada”. Porque si los cobros de comisiones, los blanqueos de capitales y los fraudes fiscales que se le imputan eran actos privados, ajenos a su función constitucional, hay buenas razones para sostener que no se encontraba amparado por la inviolabilidad contemplada en el artículo 56.3 de la Constitución.

Si el Rey emérito, en efecto, actuaba por su cuenta, como reconoce en la carta, en beneficio privado y de manera reiterada, quiere decir que no contaba con el refrendo de nadie. Por lo tanto, los artículos que deben aplicársele son el 9.2 y el 14 de la Constitución, que someten a todos los ciudadanos a la ley y al ordenamiento jurídico, sin distingos arbitrarios. Pero no el 56.3, porque la función de dicho precepto no es otorgar carta blanca para delinquir. Ni mucho menos para hacerlo de manera reiterada, burlando a la Hacienda Pública y comprometiendo la estabilidad y la reputación del Estado.

Por el contrario, el sentido de la inviolabilidad del Rey es protegerlo frente a maniobras arteras que pudieran poner en peligro su función constitucional. Esto ocurriría, por ejemplo, si alguien lo obligara a no sancionar y promulgar una ley aprobada por las Cortes, a no firmar un Tratado de Derechos Humanos consentido por el Gobierno y el Parlamento con la amenaza de sancionarlo jurídicamente. Pero nada indica que sea el caso. Que cuando el Emérito actuaba como presunto comisionista, fraguando desde la Zarzuela una “estructura para ocultar dinero a Hacienda”, lo hiciera coaccionado por terceros.  Como él mismo admite, no actuaba en cumplimiento de su función constitucional. Actuaba como persona privada, no pública, y al hacerlo así, no podía, ni contar con el refrendo previsto, porque no existía o era directamente imposible, ni pretender no ser investigado y juzgado por dichos actos.

Un rey que actuaba solo (o no tanto)

Que el Emérito actuara “solo” en términos constitucionales, es decir, sin poder descargar su responsabilidad en otros actores, no significa que operara sin el conocimiento de otras personas. Algunas de ellas (como su ex amiga Corinna Larsen, el abogado suizo Dante Canónica, o el gestor de fortunas Arturo Fasana) ya han declarado de hecho como investigadas ante el Fiscal de Ginebra, Yves Bertossa.

Sin embargo, hay otra cuestión relevante: ¿conocía la propia Familia Real sus opacas operaciones financieras? Y de manera más directa: ¿las conocía su heredero en el trono, el Rey Felipe VI?

A comienzos de marzo de 2020, un día después de la declaración del Estado de Alarma por el Covid-19, la Casa Real decidió emitir un comunicado inédito e impactante. En él reconocía que un año atrás, Felipe VI había tenido conocimiento por un despacho de abogados británicos de su designación como beneficiario de la Fundación panameña Lucum, a través de la cual Juan Carlos I presuntamente blanqueaba comisiones recibidas del Rey de Arabia Saudita. En el mismo comunicado, se afirmaba que Felipe VI lo había informado de inmediato a las “autoridades competentes” y que un mes después había informado a su padre que no recibiría ningún beneficio de la misma, renunciando a su herencia personal.

La declaración fue un auténtico terremoto. Y aunque su objetivo evidente era construir la figura de un Rey “ejemplar y transparente”, acabó generando lo contrario. Primero, por el momento en que se escogió para hacerla pública, el día después de la declaración de un Estado de Alarma. Segundo, porque en ella no se explicaba por qué Felipe VI había tardado tanto en dar a conocer unos hechos que, como mínimo, conocía desde hace un año. Tercero, porque la supuesta pretensión de renunciar a una herencia con su padre vivo, no tenía más valor que un gesto pour la galerie, que ningún notario podía aceptar, como explicaron varios especialistas en Derecho Civil. Cuarto, porque entre las “autoridades competentes” a las que había informado no figuraba la Fiscalía Anticorrupción, sin duda una de las primeras interesadas.

Todo esto deja abierto muchos interrogantes. La propia Fundación Lucum había sido creada en 2008, días antes que Juan Carlos recibiera un presunto “regalo” de 65 millones de euros del entonces rey saudí Abdullah, y disuelta en 2012, después de que Corinna Larsen recibiera una donación por esa cantidad. Durante esos 4 años, pues, se produjeron muchas de las operaciones que hoy son objeto de investigación judicial. Por ese entonces, Felipe VI no era un niño o un ingenuo adolescente. Era un hombre hecho y derecho, de más de 40 años, que sabía que sería Rey y que supuestamente había sido preparado para ello. Nada, pues, indica que un inminente Jefe de Estado no conociera estas operaciones de su padre, muchas de las cuales se gestaban en la misma Zarzuela. Y mucho menos parece creíble que no accediera a toda la información sobre ellas tras su proclamación como Rey en 2014, hace ahora 6 años.

Por eso, precisamente, la respuesta del Jefe del Estado a la última carta de su padre suena tan poco transparente. Porque su objetivo no parece ser informar sino ocultar información. Limitarse a expresar “agradecimiento” por la decisión del Emérito, pero sin informar sobre las razones de su marcha en plena investigación judicial. Destacar su “legado” y su “obra política y institucional de servicio a España y a la democracia”, pero sin hacer mención alguna a los graves hechos de los que se le acusa y sin exigir siquiera que se haga justicia y que se respete el principio de igualdad ante la ley.

Una dinastía nada “respetable” y nada “ejemplar”

Todo esto vuelve más inexplicable e injustificable el comunicado de Moncloa mostrando “respeto” a la decisión del Emérito y valorando la “ejemplaridad” de Felipe VI. Porque ni la decisión de Juan Carlos de Borbón es “respetable”, ya que parece pensada para sortear la justicia antes que para favorecer su tarea, ni la conducta del Rey actual ha sido la de un Jefe de Estado “ejemplar”, comprometido con la justicia y con lucha contra la corrupción, sino más bien la de un hijo -la de un heredero- que busca proteger a su padre.

Por eso no estamos hablando de la corrupción de un individuo. Estamos hablando de la corrupción de una Familia (recordemos el caso Noos y tantos precedentes) y de una institución que ha actuado sin controles, rodeada de privilegios y sin aceptar el suficiente escrutinio público. Y el peligro, ahora, sería que la corrupción de la Monarquía corrompa, una vez más, a la propia democracia, forzándola una vez más a mirar hacia otro lado y a consentir esferas de opacidad y de impunidad impropias de un Estado de Derecho.

Nada de esto puede tolerarse. Y muchos menos en un contexto en el que desde el Gobierno se está exigiendo a familias, gente trabajadora, pequeñas y medianas empresas que subordinen sus intereses privados a la salud y al bienestar general, que cumplan con la legalidad, y que contribuyan en función de sus recursos a financiar las arcas públicas.

Por eso es fundamental que, más allá del propio Gobierno, sea Felipe VI, como Jefe de Estado y miembro preeminente de la Casa Real, quien informe sobre el paradero y las condiciones de vida de su padre, así como sobre las razones de su salida del país. Al mismo tiempo, es esencial, y propio de una Monarquía que se define constitucionalmente como parlamentaria, que el Rey comparezca ante las Cortes Generales, principal sede de la soberanía popular, para expresar su compromiso con la transparencia, con la investigación de los hechos y con la tarea de la justicia.

Mientras tanto, y dada la gravedad de las actuaciones que se imputan al Emérito, y que la propia Casa Real ha admitido, hay una serie de medidas elementales que deberían adoptarse cuanto antes. La primera, retirar a Juan Carlos I su condición Rey, facilitando así la actuación de los tribunales. La segunda, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y aprobar una Ley de regulación de la abdicación (constitucionalmente prevista) con el objetivo de limitar el alcance de la inviolabilidad regia y de dejar claro que esta no supone una carta blanca para defraudar y delinquir. La tercera, acabar con la abusiva criminalización de las críticas a la Monarquía, que a lo largo de estos años solo ha servido para crear un clima de impunidad, censura e intimidación, así como una conculcación reiterada de la libertad ideológica y de expresión. Finalmente, trabajar junto a la sociedad civil organizada para que, cuatro décadas después del referéndum sobre la Constitución de 1978, la ciudadanía, y sobre todo las generaciones más jóvenes, sean consultadas de forma soberana, democrática y libre, sobre la continuidad o no de la Monarquía.

Ciertamente, un mero cambio en la Jefatura del Estado no implicaría por si solo un progreso en todos los ámbitos de la vida social. Pero si algo facilitaría la forma de gobierno republicana y democrática es poner todos los poderes políticos a disposición de los ciudadanos. Mostrar que las instituciones son creaciones humanas que deben rendir cuentas ante la propia sociedad, y educar a sus miembros en el amor por la libertad, por la igualdad, y en el rechazo del privilegio y de los abusos de los poderosos.