¿Un republicanismo trans-ibérico?

Gerardo Pisarello 12/04/2021 en CTXT

A pocos días del 90 aniversario del 14 de abril de 1931, emociona leer el reciente ensayo de Ian Gibson, Hacia la República Federal Ibérica. Reflexión y sueño de un hispanista irredento. En él, el hispanista irlandés, biógrafo, entre otros, de Federico García Lorca y de Antonio Machado, recupera la necesidad de conectar el iberismo a un nuevo republicanismo capaz de estrechar vínculos entre los pueblos y gentes de toda la Península, pero también más allá de sus fronteras. 

En medio de la espesa niebla pandémica, el Iberismo puede parecer una empresa lejana a las preocupaciones actuales de la gente. No obstante, como el propio Gibson muestra, son cada vez más las personas que tanto en Portugal como en España consideran que un mayor conocimiento y una cooperación más estrecha entre los pueblos peninsulares comportaría ventajas innegables. De entrada, contribuiría a una mayor toma de conciencia de una riqueza lingüística, cultural, plurinacional, tan formidable como poco aprovechada. Asimismo, reforzaría el peso de los países del Sur en Europa y ofrecería –como se ha visto la propia negociación de fondos de recuperación– un saludable contrapeso a las grandes potencias centrales y nórdicas.PUBLICIDAD

Junto a ello, existe sin embargo otra importante razón para rescatar la necesidad de un nuevo republicanismo ibérico, o mejor, trans-ibérico, para utilizar el término acuñado por el escritor José Saramago con el objetivo de incluir en él tanto a América Latina como a África. Y es que ese proyecto republicano aparece hoy como un eficaz antídoto al proyecto reaccionario, también transoceánico, con el que la extrema derecha pretende ganar influencia política y económica en lo que, de manera algo críptica, llaman la “iberoesfera”.     

Este último objetivo, defendido abiertamente por Santiago Abascal y sus adláteres, utiliza la vieja retórica imperial, autoritaria y nacional católica del franquismo. Pero se plantea recrearla, con la ayuda de fenómenos como el trumpismo, de la mano de personajes como Steve Bannon y de aliados como Bolsonaro, en Brasil, o como el fugado exministro golpista de Bolivia Arturo Murillo. Con el objeto de gobernar la “iberoesfera”, precisamente, la ultraderecha española ha impulsado iniciativas como la Fundación Disenso, cuyo objetivo sería combatir, a uno y otro lado del Atlántico, lo que con desdén denominan el “consenso progre”, un epíteto que en realidad incluye las grandes conquistas civilizatorias de nuestro tiempo, desde los derechos humanos y la defensa de la justicia social y ambiental, hasta el feminismo o el respeto por los derechos de las personas migrantes o LGTBI.

1- Las diferentes declinaciones políticas del iberismo

En un contexto de este tipo, un rescate del republicanismo iberista como el que plantea Gibson adquiere una importancia de primer orden. Ya desde la revolución francesa, el republicanismo de ámbito ibérico fue una pieza central de las iniciativas más modernas y vanguardistas que se fraguaron a ambos lados del río Tajo.

Fue en 1792, de hecho, cuando el abate sevillano José Marchena lanzó una primera propuesta de República federal ibérica que todavía hoy sorprende por su audacia. Y lo mismo puede decirse de las propuestas iberistas lanzadas durante la llamada Revolución liberal de Oporto de 1820 por progresistas portugueses que estaban en contacto con los seguidores de Rafael del Riego que luchaban contra el absolutismo de Fernando VII.

Algunas de estas iniciativas apuntaban a un Iberismo fusionista, moderado, partidario simplemente de reunir a Portugal y España bajo un único proyecto, pero siempre monárquico. Este fue el sentido, por ejemplo, de la iniciativa pionera apoyada por el diplomático catalán Simbald de Mas, quien en La Iberia, de 1851, defendió las ventajas económicas, políticas y sociales de la unión de las dos monarquías en un solo reino multinacional. Junto a estas propuestas, en todo caso, hubo otras más radicales y democráticas, directamente republicanas, como la que llegó a plantear la unión federada de siete repúblicas peninsulares, de las cuales cinco estarían del lado español y dos del portugués.

En general, cuando las ideas republicanas se abrían paso a ambos lados del Tajo, los proyectos iberistas, progresistas, cobraban fuerza, sobre todo porque la monarquía aparecía como un tapón para los avances científicos y para la democratización y modernización de la Península. Y a la inversa, cuando la monarquía se restauraba, iba acompañada de iniciativas anexionistas, como la que intentó impulsar Alfonso XIII de Borbón, o de alianzas reaccionarias, sin ninguna aspiración democratizadora, como las que establecieron Franco y Oliveira Salazar en el contexto de la Guerra Fría.

2- Los orígenes del republicanismo ibérico

A pesar de su escasa visibilidad presente, las iniciativas iberistas, republicanas, atravesaron la historia peninsular a lo largo de todo el siglo XIX. En pleno fragor de la revolución francesa de 1848, por ejemplo, ya había en París centenares de exiliados de toda la Península debatiendo estrategias comunes y organizando manifestaciones iberistas. Más tarde, y bajo el influjo aún vivo de la Comuna parisina de 1871, la Primera República Española de 1873 también dio pábulo a propuestas iberistas antimonárquicas, de claro contenido social y de inspiración municipalista, cantonal, federales y confederales. 

Hacia finales de siglo, la idea de un iberismo de los oprimidos fue cuajando en círculos socialistas y anarquistas de toda la Península

Uno de los efímeros presidentes de la Primera República española, Francesc Pi i Margall, criticó en su libro Las Nacionalidades, de 1877, la política prepotente, agresiva y unitarista que la monarquía española había tenido con Portugal. En su opinión, y partiendo de ejemplos como el de Suiza, hacía falta un régimen confederal más que simplemente federal para que el país vecino aceptara algún tipo de unión ibérica. También el federalista y socialista cartagenero Fernando Garrido escribió por ese entonces un precioso libro –Los Estados Unidos de Iberia, de 1881– defendiendo el republicanismo ibérico como la única alternativa viable a la decadencia del régimen centralista y oligárquico de la Primera Restauración borbónica. Y algo similar ensayó el socialista portugués Sebatião de Magalhães Lima, quien en 1893 publicó en francés La Federación Ibérica, donde entre otras cuestiones describía un encuentro republicano e iberista realizado en Badajoz, con representantes políticos y de la sociedad civil de ambos lados de la frontera hispano-lusa.   

Hacia finales de siglo, la idea de un iberismo de los oprimidos, que incluyera a las clases trabajadoras y no simplemente a las élites, fue cuajando en círculos socialistas y anarquistas de toda la Península. Entre los más entusiastas había figuras como las del republicano federalista Teófilo Braga, quien antes de ser presidente de la República portuguesa en 1915 había escrito un prólogo para el libro Iberisme, escrito en catalán por el periodista y poeta Ignasi Ribera i Rovira. También formaron parte de estas corrientes artistas notables como Eça de Queirós o Antero de Quental. Este último, influido como muchos de sus coetáneos por el anarquismo de Proudhon y por el socialismo utópico, pronunció en 1871, en el Casino de Lisboa, una conferencia titulada Causas da decadência dos povos peninsulares nos últimos três séculos. En ella, identificaba los factores clave en la explicación del declive. La expansión ultramarina, que había favorecido el rentismo y el dinero fácil; la contrarreforma católica, con su carga de intolerancia inquisitorial; y el absolutismo monárquico, desde el de Felipe II –“verdugo de las naciones”– hasta el borbónico. A la “monarquía centralizada, uniforme e impotente”, Antero oponía la “federación republicana […] de todas las voluntades soberanas, ampliando y renovando la vida municipal, dándole un carácter radicalmente democrático, porque solo ella es base e instrumento natural de las reformas prácticas, populares, niveladoras”.

El vínculo entre ese republicanismo ibérico federal y las nuevas ideas socialistas y anarquistas no fue algo excepcional. En 1872, el propio Antero organizó la sección portuguesa de la Asociación Internacional de Trabajadores y se presentó a las elecciones como candidato socialista. Al calor de este clima político cultural se crearían también organizaciones como la Federación Anarquista Ibérica, de 1927, o la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, de 1932.

3- Una Iberia republicana, federal y plurinacional

El propio poeta Fernando Pessoa, tan complejo en sus afinidades ideológicas, saludó a la República que en 1910 derrocó al rey Manuel II como un primer paso hacia lo que llamaba “la civilización ibérica”. Ese ideal, que dibujó en su texto “El problema ibérico”, exigía acometer algunos cambios inaplazables. De entrada, abolir la monarquía borbónica española, a la que detestaba. Segundo, impulsar algún tipo de articulación confederal de la Península en sus tres “nacionalidades esenciales”: Castilla, Catalunya y el Estado galaico-portugués con sus tres lenguas respectivas (Pessoa no mencionaba aquí a Euskadi, aunque también reconocía su especificidad nacional). Tercero, “expiar el crimen que cometimos al expulsar de la Península a los árabes que la civilizaron”. Cuarto, conseguir que España abandonara el “vasto sepulcro” de Marruecos, y Portugal sus colonias, a las que ya no tenía derecho.

Ideas como las de Pessoa y otros iberistas resonarían en muchas otras tradiciones republicanas peninsulares. Desde luego, en el republicanismo andaluz de Blas Infante, para quien era central poner en valor la herencia árabe “tolerante y de libre civilización”, como la describía Pessoa. También una parte importante del republicanismo gallego y catalán recibieron estas propuestas con entusiasmo.

Ramón María del Valle Inclán defendió siempre la idea de una federación ibérica. De hecho, propuso la división de la península en cuatro grandes zonas coincidentes con las que plantearon los romanos: Cantabria, Bética, Tarraconense y Lusitana, y sugirió que Bilbao, Sevilla, Barcelona y Lisboa fueran como capitales como Madrid. La primera Asamblea Nacionalista de Lugo, de 1918, proclamó abiertamente la necesidad de que las diferentes nacionalidades peninsulares fueran reconocidas “en una Gran Iberia”. La segunda, de 1919, pidió directamente que se anulara el pasaporte con Portugal. Y Alfonso Castelao, figura prominente del republicanismo gallego, defendió con igual entusiasmo el iberismo en sus reflexiones sobre “Hespaña” incluidas en su obra Sempre en Galiza.

Valle Inclán sugirió que Bilbao, Sevilla, Barcelona y Lisboa fueran como capitales como Madrid

En Cataluña, la idea de un iberismo republicano y plurinacional, superador del centralismo uniformista de los Borbones, se fue gestando a partir de escritos como el ya citado de Ribera i Rovira o los del poeta Joan Maragall, quien acompañó su Adéu a la España humillada en Cuba y Filipinas con un encendido Himne Ibéric que entusiasmó a Miguel de Unamuno, otro iberista convencido, aunque más cultural y “espiritual” que estrictamente político.

Las emociones positivas que el iberismo despertaba en muchos círculos republicanos eran tales que no sorprende que Francesc Macià, presidente de la Generalitat por Esquerra Republicana de Catalunya, proclamara en 1931 “la República catalana dentro de una Federación de Repúblicas ibéricas”. O que la propia Constitución de la II República concediera la doble nacionalidad a los lusitanos afincados en España, así como a los brasileños.

4- La transición a la monarquía parlamentaria y el olvido del iberismo

Tras la caída de la II República, la dictadura franquista recuperó las veleidades neocoloniales y nacional-católicas que habían entusiasmado a Alfonso XIII y marginó y reprimió a las tradiciones ibéricas. Franco y Oliveira Salazar, de hecho, no pasaron de celebrar en 1942 un escueto Pacto Ibérico que renunciaba a cualquier aspiración iberista, limitándose a resguardar las fronteras y a asegurarse la pervivencia de los dos regímenes dictatoriales.

Con el movimiento antifranquista, en cambio, las propuestas republicanas de alcance ibérico reaparecieron, sobre todo bajo el influjo de la Revolución portuguesa de los Claveles de 1974. Pero aquello duró poco. La transición de la dictadura a una monarquía débilmente parlamentarizada no tardó en desdibujar o minimizar estas iniciativas. Y no solo eso. A partir de los fastos del Quinto Centenario de 1492 y sobre todo de la llegada al poder de José María Aznar, comenzó a ganar fuerza un nuevo nacionalismo de Estado, españolista, neoliberal y dócilmente subordinado al Gobierno de los Estados Unidos, aunque furiosamente autoritario respecto de su pluralidad nacional interna y ferozmente neocolonial en su relación con América Latina y África.

Se planteó la necesidad de pensar una confederación Ibero-afro-americana de repúblicas comprometidas con relaciones económicas justas

Esta deriva, en todo caso, no se produjo sin resistencias. Hacia 1990, José Saramago decidió profundizar algunas de las ideas de Pessoa en un texto titulado “Mi iberismo” que incorporó como prólogo al prolijo libro Sobre el iberismo, y otros escritos de literatura portuguesa de César Antonio Molina. En su introducción, el autor de La balsa de piedra (A janglada de pedra) reconocía la existencia en Portugal de cierto recelo frente a la prepotencia española-castellana, mayor incluso que ante los abusos de Inglaterra o Francia. No obstante, consideraba que era imprescindible recuperar una perspectiva ibérica que impulsara un diálogo renovado, no ya solo entre dos Estados, sino entre todas las naciones y gentes peninsulares, como quería el propio Pessoa. Por otro lado, el futuro Nobel de Literatura se mostraba convencido de que ni Portugal ni España podían apuntarse a un europeísmo eurocéntrico y frívolo que acabara convirtiendo el “ser europeo [en] el toque final de la perfección y la vía ancha para la felicidad eterna”. Por el contrario, defendía la necesidad de volver “los melancólicos ojos hacia América Latina donde, a pesar de la cúpula magnífica de la lengua del imperio económico, se sigue hablando y escribiendo en portugués y en castellano”.

5- Hacia una red republicana fraternal y trans-ibérica

Estas reflexiones de Saramago sobre la necesidad de un iberismo democrático, transoceánico, continuaron en las décadas siguientes. Junto a su compañera Pilar del Río, estimuló estos debates no solo en la Península sino en los Foros Sociales que, a partir de 2001, se plantearon como contrapunto a los Foros de Davos, haciendo suya la consigna de que “Otro mundo es posible”. En estos Foros, Saramago discutió las potencialidades de este iberismo contrahegemónico junto a activistas y pensadores de izquierdas y anticolonialistas como el republicano gallego Xosé Manuel Beiras, el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, la líder indígena y activista guatemalteca Rigoberta Menchú o el escritor Eduardo Galeano. En estos debates, el reconocimiento de una Iberia plurinacional y plurilingüe se mostró inescindible del reconocimiento de una América igualmente plural. Esto es, no exclusivamente hispano-portuguesa sino respetuosa de los pueblos originarios que antes de la llegada de Colón ya habitaban lo que el pueblo Kuna en Panamá y Colombia denominó Abya Yala (Tierra Viva o Tierra en florecimiento).

Este debate sobre la pluralidad nacional no sólo de la Península sino del propio continente americano se plantearía con fuerza, años después, en países como Bolivia, Ecuador o México. Pero no se agotaría en una discusión puramente cultural. Vendría acompañada, también, de una crítica al neocolonialismo económico impuesto por ciertas oligarquías políticas y económicas del Norte aliadas con otras del Sur. A partir de este debate y de la aparición de nuevos movimientos sociales que denunciaron esta realidad, se planteó la necesidad de pensar una comunidad, una confederación Ibero-afro-americana de repúblicas no solo con intereses culturales compartidos, sino comprometidas con relaciones económicas justas, no depredadoras y ecológicamente sostenibles.

Con unos 600 millones de hispanoparlantes en el mundo y unos 260 millones de habla portuguesa, las posibilidades del trans-iberismo son hoy inmensas. De hecho, no solo podría ser un eficaz antídoto a la internacional neofascista con la que sueñan los Bolsonaro, los Trump o los Abascal de turno. También podría contribuir a la construcción de un nuevo orden global menos imperial, menos colonial, más policéntrico y más republicano, a la altura de los tiempos.

Como bien recuerda el estimulante ensayo de Gibson, un nuevo republicanismo transibérico está lejos de ser una causa perdida. No solo porque sus partidarios crecen en toda la Península, sino porque podría ser el embrión de una prometedora Matria –más que Patria– ibero-afro-americana. Esa nueva “terra da fraternidade”, capaz de conectar el Mediterráneo con el Atlántico del Norte y del Sur, resultaría –qué duda cabe– tan inspiradora como la evocada por Grândola, vila morena en los inolvidables días de la revolución de abril de 1974.

El sobiranisme fraternal d’Arcadi Oliveres

Per Gerardo Pisarello

Publicat a :Sobiranies

(en castellano Aquí)

Se’ns n’ha anat Arcadi Oliveres, un activista incansable. En aquest article, Gerardo Pisarello ens parla del seu sobiranisme fraternal i internacionalisme impenitent, del seu independentisme i la seva crítica insubornable al capitalisme.Gerardo PisarelloProfessor de Dret Constitucional11/04/2021

Se’ns n’ha anat Arcadi Oliveres, tan volgut i admirable en la seva manera d’estar en el món com en la manera de marxar d’ell. La dignitat i la serenitat amb la qual va afrontar la mort deixarà una impressió inesborrable en els qui ens beneficiem de la seva presència fins a l’últim moment. Es va anar com va viure, com una curiosa espècie de cristià epicuri. Creient, però d’una manera laica, sense temor de cap déu. Terrenal en els plaers que va gaudir amb entusiasme adolescent: fer broma, passejar, departir generosament sobre els temes més variats amb propis i estranys. I sobretot, incansable, persistent, amb un compromís públic que semblava mogut per una força que connecta amb una cosa transcendent, amb alguna cosa que no s’acaba quan el cor emmudeix per sempre.

Enmig del molt que s’ha abocat sobre ell en aquests dies, se’m demana una reflexió personal sobre el “soberanisme” d’Arcadi. Difícil. Si hagués de definir-ho amb poques paraules, diria que sempre ho vaig veure com un sobiranista fraternal i com un internacionalista impenitent. Com algú que va heretar del seu pare l’amor per la llengua i la cultura catalanes. Que es reconeixia deixeble de Lluís Xirinacs. Que mai va ocultar el seu suport a la independència de Catalunya. I que, no obstant això, tampoc va tenir problemes a declarar -com en una entrevista que va donar al diari El Punt Avui– que no era el que més el preocupava. És a dir, que era un independentista al qual el preocupaven i li ocupaven més moltes altres coses. La principal, potser, prendre partit i situar-se sempre del costat del que els seus amics Jaume Botey o Paco Fernández Buey deien la humanidad sufriente: les gents oprimides i els desheretats de la Terra.

Arcadi era independentista, però era també, i sobretot, un crític insubornable del capitalisme i del militarisme. Li feia mal la injustícia comesa contra qualsevol dona o qualsevol home en qualsevol racó del món. No en abstracte sinó de manera molt concreta. Per això el seu independentisme no va anar mai en detriment del seu sentit de la fraternitat. Amb una llarga trajectòria antifranquista a sobre, va denunciar els abusos del nacionalisme d’Estat, abans i després de la Transició. També va secundar amb convicció els reclams democràtics de pobles i nacions oprimits del món sencer. Però mai va fer de la independència de Catalunya una causa que justifiqués postergar el diari compromís amb altres prioritats irrenunciables: l’abolició del deute dels països empobrits, la crítica sense contemplacions de la voracitat capitalista, dels senyors i de les empreses de la guerra, el compromís evangèlic, sense fissures, amb les persones migrants perseguides per l’horror, la guerra o per la promesa d’una vida menys brutal.

Si hagués de definir-ho amb poques paraules, diria que sempre ho vaig veure com un sobiranista fraternal i com un internacionalista impenitent. Com algú que va heretar del seu pare l’amor per la llengua i la cultura catalanes



Arcadi mai va pensar que la independència podia suposar desentendre’s de la sort dels pobles i gents de la resta de l’Estat, començant pels més humils. Era impensable que de la seva boca sortís un comentari despectiu sobre la gent d’Àfrica, d’Amèrica, d’Andalusia o d’Extremadura. Va dedicar la seva vida a donar xerrades en tots els racons de la Península al qual el convoquessin. I ho va fer sempre amb el màxim sentit de la fraternitat i de l’amistat cívica. És més, quan defensava el seu independentisme, no deixava d’aclarir que una República catalana, en la seva opinió, hauria de contribuir més i millor a la solidaritat amb la resta de pobles de l’Estat.

Mai vaig sentir a Arcadi desqualificar a algú amb el terme “unionista”. És més, quan es va decidir a impulsar Procés Constituent -una iniciativa que entre altres coses ens va brindar el privilegi d’acompanyar-lo pels més recòndits racons de Catalunya- el va fer convençut que podia ser un gran espai de confluència i de (auto) pedagogia col·lectiva. Entre gents d’esquerres o senzillament farta dels abusos d’un sistema polític i econòmic immoral i insostenible. Entre gent polititzada, amb diferents biografies de partit, o sense cap experiència política. Entre persones genuïnament federalistes, confederalistes o independentistes. El veritablement important era la confluència, els ponts. Perquè Arcadi no va ser només un constructor de justícia i de pau: va ser un gran constructor de ponts.

Des d’aquest punt de vista, diria que en sentit propi era més sobiranista que independentista. O, dit d’una altra manera, que més enllà de la seua defensa de la independència, creia que el veritablement important era la sobirania: la capacitat real d’autogovern personal i col·lectiu. En el terreny polític, en el cultural, i molt especialment en l’econòmic. Perquè aquí sí, Arcadi va ser sempre un sobiranista de totes les sobiranies necessàries per a viure dignament, amb llibertat republicana, sense haver de demanar permís de cap amo, patró, o rei. Per això va ser tan insubornablement anticapitalista i antimilitarista. Perquè sabia que el capitalisme, per a reproduir-se, estava abocat a fer de la guerra, de la destrucció del planeta i de la precarització de la vida un negoci indecent. Perquè sabia que exigia patrons de consum alienadors, deshumanitzants, que convertien a les persones en tristes marionetes de la publicitat i dels trucs falsejats dels grans mercaders del temple.

Perquè era conscient de tot això, va arribar a sostenir que si la independència de Catalunya servia per a reforçar i no per a transformar i superar aquestes relacions capitalistes, millor era no tenir-la. Així era Arcadi. Un sobiranista fraternal, que volia per a Catalunya, la seva terra, el que volia per a la resta de pobles i gents del món. I penso que, si per ventura Catalunya s’hagués declarat independent, Arcadi hauria estat dels primers a defensar la seva immediata i lliure federació o confederació amb altres pobles de la Península, o d’Àfrica o d’Amèrica.

Arcadi va ser sempre un sobiranista de totes les sobiranies necessàries per a viure dignament, amb llibertat republicana, sense haver de demanar permís de cap amo, patró, o rei

Ell mateix solia dir que no li agradava com havia anat això del Procés. Ni la covarda repressió de l’1 d’Octubre, per descomptat, ni el 155, ni els exilis, ni els empresonaments, ni les infames actuacions d’un Poder judicial que ja en aquests dies va aparèixer travessat per un impuls franquista i venjatiu. Però tampoc la regressió antirepublicana, asfixiantment identitària i fins i tot xenòfoba en la qual havia acabat derivant un sector de l’independentisme.


No va ser condescendent, si més no, amb les irades manifestacions que es van generar després de la sentència contra els presos i preses independentistes o contra els empresonaments de rapers com Pablo Hasél, que havien criticat a la Corona. “Clar que s’entén la indignació -va comentar en un de les últimes trobades que vam tenir- i jo defenso les mobilitzacions. Però mai he estat d’acord amb la violència. I us dic més: no sols contra les persones. Tampoc contra les coses”.

Aquest era Arcadi. Per això, sense negar el seu independentisme, diria que era abans de res un sobiranista: integral, fraternal, i irreductible en el seu pacifisme, d’aquells que estan disposats a morir abans que haver de matar, com deia Manuel Sacristán. Un sobiranista republicà, de totes les sobiranies, i un internacionalista impenitent. I perquè era tot això, pensava que si el camí per a aconseguir la independència suposava abandonar o postergar la crítica al capitalisme o al militarisme, o activava els fantasmes de la xenofòbia, llavors no valia la pena. I res d’això equivalia en ell a baixar els braços. Per contra: el seu compromís era una tasca quotidiana i incansable. Mai va creure que l’anticapitalisme o l’antimilitarisme consistissin a esperar un dia “d” en el qual algú mouria un interruptor del “on” al “off” i el “sistema” s’enfonsaria: desapareixeria per art de màgia. El seu va ser un apostolat laic, de les petites causes quotidianes: envoltar, megàfon en mà, una seu de La Caixa per a denunciar els crims del poder financer; donar suport a un tancament de migrants exigint el reconeixement de papers per a tots; defensar el cooperativisme a les aules de la universitat, en un centre cívic, en una Església o en la plaça del poblet més oblidat. I tot això, sense renunciar a altres “causes majors” i sense perdre mai l’esperança. En una de les últimes visites que vam poder fer-li, quan la malaltia ja havia avançat de manera implacable, va comentar, des de la butaca de la vella casa del carrer Prim: “una de les coses que em fa pena és que no veuré caure la monarquia”. Per un moment, el fil de veu semblava una cosa trista, però el pesar no li va durar ni mitjana mil·lèsima de segon. Immediatament, se li van encendre els ulls, es va baixar lleugerament la màscara, i com un jove que trama una última conspiració, ens va dir: “però no deixeu d’empènyer, que li queden quatre dies i aquí estareu vosaltres per a comptar-m’ho, on sigui que jo estigui”.

Alfonso XIII: el Borbón que precipitó la República

La idea de gobernar constitucionalmente, con límites, nunca le haría gracia. Es más, le parecía incompatible con la persecución de la propia gloria, económica, militar e incluso sexual

Publicado en CTXT – Gerardo Pisarello 19/11/2020

Hace unos días, el diario ABC, uno de los más connotados de la derecha monárquica española, abría su sección sobre la Casa Real con un titular provocador: “Un libro acredita el fraude en las elecciones que provocaron el exilio de Alfonso XIII”. En realidad, el trabajo de marras, del profesor Julio Ponce Alberca, solo se refería a la provincia de Sevilla y sus conclusiones distaban de abonar la tesis del “fraude”. Sin embargo, el diario conservador aprovechaba la ocasión para sugerir que el Gobierno de la II República –¿al igual que el actual?– también podía considerarse un Gobierno ilegítimo, hijo de un levantamiento arbitrario contra la Monarquía y merecedor, acaso, de una represalia como la de julio de 1936. Recordar, sin embargo, quién fue y cómo gobernó Alfonso XIII, y por qué fueron sus andanzas y corruptelas las que acabaron precipitando la llegada de la República, puede arrojar más luz sobre el presente y sobre el papel de los Borbones en la política actual.

1- Un rey frívolo que puso al Ejército al servicio de sus negocios privados

Alfonso XIII de Borbón –abuelo de Juan Carlos I y bisabuelo de Felipe VI– nació en 1886 en el Palacio Real de Madrid. Como hijo póstumo de Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo-Lorena, su reinado empezó desde su nacimiento, aunque su madre ejerció como regente hasta 1902. Ya por entonces, temerosa de que su hijo no llegara a reinar, comenzó a invertir los dineros que recibía del Estado en inmuebles y solares dentro y fuera de España.

De origen austríaco, pero muy consciente de que se trataba de una práctica común entre la dinastía Borbón, la reina abrió cuentas en bancos de media Europa: el Lloyd, en Londres; el Rothschild, en Viena; el Crédit Lyonnais, en París; o el Crédit Suisse, en Berna, entre otros. Por otro lado, asesorada por administradores ávidos, invirtió en acciones de empresas norteamericanas y se dedicó a comprar deuda austríaca, alemana, húngara y japonesa.

Cuando Alfonso XIII cumplió 16 años, los ingresos que había ido cobrando desde su nacimiento ascendían ya a nueve millones de pesetas. Muy rápidamente entendió dos cosas. Primero, que su principal misión como rey era rehacer complicidades con el mundo aristocrático y financiero para restaurar plenamente el negocio monárquico. Segundo, que la consecución eficaz de dicho cometido exigía seguir la estela de su madre, diversificando sus inversiones lo máximo posible, dentro y fuera de España. 

A lo largo de su reinado, Alfonso XIII se dedicó con empeño a esta tarea. Nada lo apartó de ello. Siendo muy joven, su madre le colocó como preceptor al catedrático de Derecho Político Vicente Santamaría de Paredes, que intentó trasmitirle la importancia de que la Jefatura de Estado actuara como un “poder armónico”. Sin embargo, esa exigencia de autocontrol no se compadecía bien con su pertenencia a una dinastía caracterizada por la desmesura, por la hybris, y por escasa predisposición a aceptar límites constitucionales en el ejercicio de sus funciones. 

Con solo 16 años, Alfonso apuntó en su diario la disyuntiva que tenía por delante con palabras significativas: “Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerándose la Patria […] Pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fin, puesto en la frontera”. La idea de gobernar constitucionalmente, con límites, nunca le haría gracia. Es más, le parecía incompatible con la persecución de la propia gloria, económica, militar e incluso sexual. De ahí que desde muy pronto se asumiera como un monarca desenfadadamente intervencionista. Por intervenir, lo hizo de manera directa en el nombramiento y cese de sus gobiernos y en la disolución de las Cortes, casi siempre de corta duración. Y también intervino, de manera señalada, en los asuntos militares –designación del ministro de Guerra, ascensos, honores, recompensas–, un ámbito que consideraba un coto clave para apuntalar sus propios negocios.

Muy dado al deporte, a las aventuras extramatrimoniales e incluso a la producción de películas pornográficas, Alfonso XIII se dedicó activamente a engrosar su fortuna personal, que en los años veinte del siglo pasado ya había pasado de 9 a 30 millones de pesetas. Durante la Primera Guerra Mundial, viendo la disminución de la rentabilidad de fondos que tenía en bancos franceses e ingleses, invirtió en el Metro de Madrid, la Hispano-Suiza y la Compañía Transmediterránea. Para no ser descubierto, muchas de estas inversiones las llevaba a cabo con el seudónimo “Duque de Toledo”.

Lo más oscuro de sus negocios provino de las inversiones que tenía en Marruecos. Concretamente, con la explotación de unas minas de hierro en Nador siguiendo el modelo colonial

Lo más oscuro de sus negocios provino de las inversiones que tenía en Marruecos. Concretamente, con la Compañía Española de Minas del Rif S.A., que explotaba unas minas de hierro en Nador siguiendo el modelo colonial. Un monopolio que, con mano de obra prácticamente esclava, pretendía rivalizar con la industria siderúrgica vasca y convertir Melilla en la Bilbao del norte de África. Alfonso XIII tenía acciones de la empresa y cuando los caudillos rifeños pusieron el negocio en peligro con sus acciones bélicas, no dudó en enviar tropas.

Lo hizo en 1909, impulsando un reclutamiento que indignaría a las clases populares, desencadenado huelgas y protestas –“¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! ¡Todos o ninguno!”– que desembocarían en la Semana Trágica. Y volvió a hacerlo en 1921, encomendando al general Manuel Fernández Silvestre que desembarcara en Marruecos e invadiera los territorios del caudillo rifeño Abd el-Krim. Esta última operación condujo al Desastre de Annual –nombre de la localidad marroquí situada entre Melilla y Alhucemas–, una derrota sin paliativos del Ejército español en la que murieron 8000 hombres.

2- El “Expediente Picasso”: una Comisión de investigación parlamentaria que casi acaba con el Rey

El Desastre de Annual dañó enormemente el prestigio de Alfonso XIII. De pronto, comenzó a extenderse la tesis de los “obstáculos tradicionales” a la regeneración, que el progresista vasco Salustiano Olózaga había situado en la Corona, el Ejército y la Iglesia. Los desmanes de la Monarquía, de hecho, habían hecho crecer las posiciones “accidentalistas” que entendían que lo importante era la regeneración, y si la Corona no la facilitaba, pues no había que descartar que ocurriera con una república.

El asturiano Melquíades Álvarez, fundador del Partido Reformista, ya había declarado en 1913 que su propósito era “servir a la regeneración del país, con la monarquía, si el rey persigue el mismo objetivo [o] contra la monarquía, si la Corona, por un egoísmo mal entendido, se divorciara del interés general”.  El desastre militar en Marruecos fue la gota que colmó el vaso. Entre quienes de manera más dura criticaron aquella operación se encontraban los dirigentes del PSOE Julián Besteiro e Indalecio Prieto. Ambos emprendieron una ofensiva implacable contra el “ejército inepto y corrupto” y contra el Rey, “su gran valedor”. Prieto llegó a trasladarse a Melilla, al lugar de los hechos, y desde allí escribió una serie de “Crónicas de la Guerra”. Estas crónicas se publicaron en el periódico El Liberal, de Bilbao, y luego fueron reproducidas asiduamente por El Socialista, un boletín del partido, entre agosto y octubre de aquel año. Más tarde, como diputado, Prieto intervino como miembro de la Comisión Parlamentaria constituida para estudiar el informe del general de división asignado al caso, Juan Picasso. En el debate del “Expediente Picasso”, Prieto apuntó directamente a la responsabilidad del rey, que comenzó a acusar las críticas vertidas en el Parlamento.

Para el PSOE, la actuación española en Marruecos venía determinada por los intereses económicos de la Corona y por la necesidad de apuntarse un éxito en el terreno internacional después de la pérdida de Cuba y Filipinas. Al igual que Prieto, el propio Besteiro señalaría al rey como responsable último de lo ocurrido: “Por el camino que vamos –sostuvo en un célebre discurso en las Cortes– se va a la ruina y la deshonra ante el mundo entero; yo creo que si se ama a España ha llegado el momento de establecer una línea divisoria y decir lo que es verdad: que España no ha ido a Marruecos; a Marruecos ha ido la monarquía española, ha ido el rey; nosotros no”.

3- El apoyo real a la dictadura de Primo de Rivera y el desenlace republicano

Asediado por una impopularidad creciente, Alfonso de Borbón no dudó en seguir el ejemplo de Víctor Manuel II con Benito Mussolini en Italia. Así, haciendo oídos sordos a las fuerzas más dinámicas de la economía, incluidas las burguesías vasca y catalana, apoyó la salida golpista perpetrada por el capitán general Miguel Primo de Rivera en 1923.

Una vez más, Indalecio Prieto fue de los primeros en denunciar los motivos profundos del rey para avalar el nuevo gobierno dictatorial. En su opinión, una de las razones principales que había llevado a Alfonso XIII a sumarse al golpe de Primo de Rivera había sido sortear las responsabilidades por la hecatombe de Melilla y evitar sentarse ante una Comisión de investigación parlamentaria. “Quizás este espectáculo demoledor –escribió Prieto– hiciera surgir el motín en las calles. La sedición militar, amparada y tutelada desde arriba podría frustrarlo. Y surgió la extraña sublevación, una sublevación de Real orden”.

La campaña “Con el Rey o contra el Rey”, que se extendería a lo largo de la dictadura, había comenzado. Primo de Rivera prometió liberar a la patria “de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que comenzaron en el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso”. Y no solo eso. También dejaba claro que el movimiento que encabezaba era “de hombres”, de manera que quien “no sintiese la masculinidad caracterizada [sic]” debía “esperar en un rincón”.

Alfonso XIII decidió sumarse a ese patético llamado protofascista. Sin embargo, la dictadura fue enajenándose, poco a poco, no solo el apoyo de las clases populares, sino de sectores medios, incluidos algunos prestigiosos intelectuales y escritores como Ramón del Valle-Inclán, Vicente Blasco Ibánez o Miguel de Unamuno.

Desde el extranjero, apoyó con fervor al bando sublevado, se declaró “falangista de primera hora” y llegó a pedir apoyo a Mussolini para que encabezara un golpe en España que permitiera restaurar la monarquía

Unamuno llegó a ser condenado a 16 años de cárcel y a pagar una multa de 1000 pesetas (unos 30.000 euros de ahora) por injurias a Alfonso XIII y a su madre, María Cristina. Los agravios a la Corona aparecían en tres columnas que Unamuno escribió en El mercantil valenciano, un periódico que daba voz al republicanismo moderado. Los dardos lanzados por el entonces rector de la Universidad de Salamanca contra el régimen de la Restauración fueron especialmente incisivos. “El problema político de España en lo que al régimen hace –escribió– no es tanto de monarquía cuanto de monarca […] La cuestión aquí y ahora es si el archiduque de España, el Habsburgo por línea materna y por educación, es capaz de hacerse republicano y reducirse al modesto pero abnegado papel que le correspondería en una España que se prepara a hacerse del todo dueña de sí”. Y más adelante: “O se acaba este régimen [la monarquía] o se acaba España. Es preciso que el rey busque nuevos servidores: que hombres no fracasados sean quienes gobiernen […] ¿Qué el rey está solo? ¡Más sola está España! Y de que España esté tan sola acoso es a él, al que le cabe más culpa”.

Espoleadas por la corrupción real y por su apoyo a la salida autoritaria planteada por Primo de Rivera, las voces antimonárquicas no pararon de crecer. En 1924, Manuel Azaña, en su vibrante Apelación a la República, recordaba que la dictadura, “incompatible con la libertad, de hecho y derecho”, había tenido “que pulverizar la Constitución” para abrirse camino. Como consecuencia de ello, nada quedaba aprovechable del Régimen consagrado en la Carta de 1876: “ni la estructura de las Cortes, ni la institución regia, ni menos aún los partidos de gobierno”. La única alternativa viable era la que años después, desde el Ateneo de Madrid, señalaría el propio Indalecio Prieto: “derribar la monarquía” y “abrir el palenque a la ciudadanía”.

Las invocaciones de Unamuno, de Azaña, de Prieto, o del propio Ortega y Gasset, quien desde su liberalismo elitista había pedido llanamente la destrucción de la Monarquía (Delenda est Monarchia) encontraron un movimiento popular, democrático, que les dio fuerza. El 12 de abril de 1931, las candidaturas de la coalición de republicanos y socialistas obtuvieron un triunfo rotundo en 41 de 50 capitales de provincia. Los monárquicos pensaron hasta el último momento que iban a ganar, acostumbrados como estaban a amparar el fraude y a controlar la maquinaria gubernamental. Muy pocos, sin embargo, cuestionaron los resultados. Los militares se negaron a intervenir. El conde de Romanones reconoció la derrota. Y lo mismo hizo el último jefe de gobierno de la Monarquía, Juan Bautista Aznar. Niceto Alcalá Zamora exigió a Alfonso XIII que abandonara el país. Antes de embarcarse a Marsella y a París, este reconoció las consecuencias de los resultados con una frase que haría historia: “no tengo hoy el amor de mi pueblo”.

Alfonso XIII pasó su exilio alojado en hoteles de lujo de diferentes ciudades europeas, que sufragó con el dinero previamente depositado en cuentas bancarias suizas e inglesas. Desde el extranjero, apoyó con fervor al bando sublevado, se declaró “falangista de primera hora” y llegó a pedir apoyo a Mussolini para que encabezara un golpe en España que permitiera restaurar la monarquía. El dictador Francisco Franco le agradecería a su manera, décadas después, reinstaurando la dinastía borbónica en cabeza de Juan Carlos I, un monarca cuyas similitudes con su abuelo sería muy difícil pasar por alto.

El republicanismo de Joaquín Maurín y la revolución pendiente

Este 5 de noviembre se cumplen 47 años de la muerte de Joaquín Maurín, una de las figuras más creativas, y sin embargo poco conocidas, de la tradición republicana. Maurín (…) se convirtió en uno de los teóricos más sagaces de un republicanismo ibérico socialista y libertario.

Publicado en Sobiranies.cat

Este 5 de noviembre se cumplen 47 años de la muerte de Joaquín Maurín (Bonansa, Ribagorza, Huesca, 12 de Enero de 1896 – Nueva York, 5 de Noviembre de 1973) una de las figuras más creativas, y sin embargo poco conocidas, de la tradición republicana hispana. Su vida política activa transcurrió en un momento de cambios vertiginosos: la Revolución rusa de 1917, el apogeo y caída de la dictadura de Primo de Rivera, la proclamación de la II República española, el ascenso del fascismo y del nazismo, la irrupción del estalinismo y el levantamiento franquista. En esta complejísima encrucijada europea y mundial, Maurín no solo se convirtió en uno de los teóricos más sagaces de un republicanismo ibérico socialista y libertario. También se entregó con pasión y sentido práctico a organizar, desde la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), primero, y desde el Bloque Obrero y Campesino (BOC) y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), más tarde, lo que en su opinión debían ser las herramientas sindicales y políticas para realizar los cambios estructurales que España necesitaba.

En 1936, poco después de la sublevación contra la República en Marruecos, Maurín fue capturado por tropas franquistas. La emboscada fue un trauma para sus correligionarios y marcó el resto de su vida. Pasó diez años en prisión y se libró de la muerte gracias a la mediación de un primo suyo, cura castrense, y de su propia compañera Jeanne Souvarine, música y activista, cuyas relaciones en París llegaban hasta León Blum.

Tras salir de la cárcel, Maurín se sumó al exilio hispano en Nueva York junto a su familia. A partir de entonces, con 51 años, la voz más militante de Maurín se fue apagando para dar paso a una actividad más político cultural, al frente de una agencia de artículos periodísticos. La contraposición entre los últimos años de su vida y el frenesí activista de juventud rodearía su figura de un halo enigmático. Ese “enigma Maurín”, así como el desierto intelectual y político impuesto por la dictadura, dificultarían la recepción de su pensamiento. Sin embargo, a medio siglo de su desaparición, son muchas las razones que justifican recuperar una figura que mantiene la fuerza y el atractivo con los que irrumpió en medio del turbulento y “corto siglo XX”.  

1. Una herencia republicana entre Huesca y Lleida

La adolescencia y la primera juventud de Maurín transcurrieron entre Huesca, de donde era oriundo, y Lleida. Allí se conformaría la personalidad del maestro republicano que fue.  Tímido, austero, pero vehemente en su compromiso político. Un hombre poco efusivo, al que le costaba expresar sus sentimientos, pero que generaba gran estima y respeto entre quienes le conocían.

Nacido en la ciudad de Bonansa, en 1896, Maurín creció en una familia acomodada de agricultores de la Franja aragonesa. Su madre era una mujer devota y su padre un hombre retraído, de talante liberal. Esa doble influencia, sumada a un entorno marcado por las enormes diferencias entre jornaleros, criados y miembros de su propia familia, fueron determinando una personalidad marcada por un cierto puritanismo y una fuerte densidad ética. Maurín, de hecho, caminaba hacia el sacerdocio, pero logró convencer a sus padres de que su vocación genuina era ser maestro normal. Así se fue gestando su personalidad republicana, influida en esos tiempos por sus visitas a un ya agonizante Joaquín Costa, figura emblemática del regeneracionismo aragonés, o por el agnosticismo de Miguel de Unamuno.

Imbuido en ese ambiente, Maurín escribió, con apenas 15 años, sus primeras invectivas incendiarias contra el nepotismo de la oligarquía caciquil y contra la institución que los amparaba: la monarquía borbónica. Así, su republicanismo aragonés, rebelde, fue adquiriendo tintes federalistas y anarquizantes, que se acentuaron cuando se trasladó al Liceo Escolar laico de Lleida para dar clases de historia y geografía.

(…)cuando el fascismo consumaba su marcha sobre Roma, Maurín defendió la necesidad de que, más allá de sus diferencias, las diferentes tradiciones socialistas, sindicalistas y anarquistas confluyeran en un terreno republicano compartido.

En Lleida, Maurín se implicó en las juventudes republicanas y colaboró en el periódico El Ideal. Desde allí simpatizó con algunos sectores regeneracionistas de Madrid y llegó a hacer campaña a favor de la candidatura a Cortes, finalmente fallida, de Pío Baroja. A diferencia de la generación de republicanos inmediatamente anterior, la de Maurín se vio deslumbrada, sacudida, por el ascenso de la clase obrera. Huelgas impactantes, como la de 1917, durante el gobierno de Eduardo Dato, o la de La Canadiense, poco después, acercaron el republicanismo de Maurín al socialismo y al sindicalismo. Él mismo decía que doctrinariamente se sentía atraído por el mundo socialista, y llegó a compartir tribuna con algunos represaliados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de aquella época, como Julián Besteiro. En la práctica, empero, sus afinidades estaban más cerca del nuevo sindicalismo revolucionario, más audaz y joven, y al que leía a través del pensamiento de Georges Sorel.

Hacia 1919, y con la Revolución rusa como telón de fondo, saltó a la arena política vinculándose a la pletórica CNT de entonces. También aquí el republicanismo de Maurín era un republicanismo de frontera, que bebía de mundos diferentes. En el Liceo de Lleida se había familiarizado con el pensamiento libertario de Francisco Ferrer y Guardia y había compartido docencia con el escritor anarquista aragonés, Felipe Alaiz. Desde Lleida se había relacionado con sectores influyentes del socialismo y del regeneracionismo español, como Giner de los Ríos. En Lleida, la tierra donde habían nacido Lluis Companys y Francesc Macià, también entró en contacto con el republicanismo catalanista de izquierdas, que a su vez mantendría un vínculo fluido con la CNT de Salvador Seguí y con los llamados “trentistas”, como Joan Peiró.

Ya por aquellos años veinte, cuando el fascismo consumaba su marcha sobre Roma, Maurín defendió la necesidad de que, más allá de sus diferencias, las diferentes tradiciones socialistas, sindicalistas y anarquistas confluyeran en un terreno republicano compartido. “Si no se es capaz de encontrar esa base común –escribió de manera admonitoria– entonces hay que aceptar todas las consecuencias que puedan derivarse de una obtusa unilateralidad. Y las consecuencias están a la vista”.

2. Del entusiasmo comunista a la crítica del “colonialismo revolucionario”

Los primeros años de Maurín en la CNT le permitieron conocer al que sería su gran amigo y camarada de vida, Andreu Nin. Nacido en El Vendrell, Tarragona, Nin también era maestro, y había pasado del republicanismo catalanista al PSOE y luego a la CNT. Tanto él como Maurín tenían un origen republicano común y habían quedado igualmente impresionados por la Revolución bolchevique. Entusiasmados por el horizonte transformador que los hechos de Octubre abrían en toda Europa, viajaron juntos a Moscú, como delegados de la CNT, a finales de 1921. Allí conocieron a Víctor Serge, que llegaría a ser una de las figuras más notables del socialismo libertario anti-estalinista, y a otros sectores vinculados al sindicalismo francés de Pierre Monatte.

Aquella experiencia, así como un paso breve por Berlín, consolidó a Maurín como un dirigente sofisticado y con mirada amplia, europea e internacional. De regreso a la península ocupó provisionalmente el cargo de secretario del Comité Nacional de la CNT. Durante ese tiempo, se afanó en que la organización obrera más importante de España abandonara toda tentación apolítica y asumiera el reto organizativo que el bolchevismo había planteado. Para ello, fundó y dirigió los Comités Sindicalistas Revolucionarios y el semanario La Batalla, uno de los mejores periódicos que daría el movimiento obrero de la época.

El Maurín de la vejez recordaría los años que transcurrieron entre 1917 y 1922 como los más románticos e inspiradores de su juventud. Unos años en los que todavía se sentía parte de un movimiento de masas en ascenso y donde “cambiar el mundo de base” parecía una consigna al alcance de la mano. Tras su segundo viaje a Rusia, su forma de ver las cosas era muy diferente. Lo más positivo que Maurín sacó de él fue haber conocido a su compañera Jeanne Souvarine, hija de padres rusos emigrados de Kiev a París y cuyo apellido real era Lischitz. A partir de aquel encuentro, pasarían el resto de su vida juntos, y juntos también tendrían un hijo al que pusieron por nombre Mario, inspirándose en uno de los personajes de Los Miserables, de Víctor Hugo.

A diferencia de su primer periplo a la tierra de los soviets, esta vez Maurín se sintió políticamente mucho más contrariado. Sobre todo, por la animadversión hacia el anarquismo y la excesivamente rígida concepción del partido que detectó en muchos dirigentes soviéticos. Pese a ello, ya en plena dictadura de Primo de Rivera, decidió ingresar al muy reducido Partido Comunista de España de los años veinte y se encargó de organizar la Federación Comunista Catalano-Balear. Pero lo hizo a contracorriente, consciente de que formaba parte de una minoría exigua que debía mantener sus convicciones con paciencia y tenacidad si aspiraba a dejar de serlo.

Como consecuencia de su actividad, fue detenido varias veces. En una ocasión resultó herido por la policía y en otra se lesionó tratando de fugarse del castillo de Montjuïc. Esto no le evitó pasar tres años en prisión, que no fueron más en virtud de la presión internacional. Gracias a esos contactos, hacia 1927 se marchó a París y allí  trabajó a las órdenes del servicio de publicaciones del Komitern. Se dedicó a publicar literatura marxista para América Latina, una experiencia que le sería de gran utilidad, como agente literario, en su exilio en Nueva York. Durante ese tiempo estrechó su relación epistolar y su amistad con Nin, convertido ya en un reputado traductor al castellano, y sobre todo al catalán, de clásicos rusos como Dostoievski, Tolstoi o Chejov.

Por aquel entonces, las persecuciones de Stalin contra sus opositores se intensificaron de manera ostensible. Nin comenzó a padecerlas y Maurín, desde Francia, no pudo callar. Cuando Stalin se deshizo de Nikolai Bujarin y señaló a los socialdemócratas como sus principales enemigos, Maurín protestó. Y lo mismo ocurrió cuando el Congreso del PCE de 1929 decidió defender una “dictadura democrática de los obreros y campesinos”, algo que en opinión de Maurín era totalmente ajeno a las características del movimiento obrero español, que no entendería que una dictadura fuera reemplazada por otra y no por una democracia.

A pesar de sus reiterados y sinceros esfuerzos por evitar rupturas dentro del nuevo espacio comunista, en 1931 Maurín y sus amigos fueron expulsados de la Internacional. Al poco tiempo, fundaron el BOC (Bloc Obrer i Camperol, en catalán), que se planteaba atraer “a todos los trabajadores de la ciudad y del campo que, aun no siendo comunistas, aceptan, sin embargo, las consignas formuladas por los comunistas”.

El BOC tenía fuerza sobre todo en la provincia de Lleida. Era una fuerza reducida, comparada con la CNT catalana, pero más numerosa y dinámica que el Partido Comunista y que la propia Unió Socialista de Catalunya, aliada permanente de la Esquerra Republicana de Macià. El BOC se consideraba una fuerza comunista, pero en un momento en el que el estalinismo comenzaba a hacer mella en el inicial entusiasmo bolchevique de Maurín y muchos otros. El terremoto inicial producido la revolución de octubre llevó a Maurín a pensar que era el momento de acelerar los cambios y de modificar las estrategias seguidas hasta entonces por las principales fuerzas políticas y sociales hispanas. Esa lectura de la coyuntura le llevó a cuestionar el escaso arrojo del reformismo republicano español y catalán de clases medias –sorprende la dureza, sin dudas excesiva, con las que criticó a Francesc Pi i Margall, figura emblemática del federalismo y presidente de la I República, o al propio Lluis Companys– así como el del propio PSOE. Del mismo modo, eso explica, también, sus críticas afiladas al aventurerismo que en su opinión comenzaba a ganar terreno en la CNT como consecuencia del avance de la Federación Anarquista Ibérica (FAI).

Pues bien, a esos obstáculos para una política de radicalización democrática había que sumar ahora el “colonialismo ideológico comunista” procedente de un Moscú que comenzaba a desandar peligrosamente su impulso emancipatorio e internacionalista inicial. El alejamiento de Maurín del comunismo soviético supuso cambios importantes en su visión de las cosas. Continuó sintiéndose cercano a Marx, en quien siempre vio a un clásico más del pensamiento emancipatorio republicano y no a una fuente de dogmas incuestionables. Tampoco dejó de admirar el genio estratégico de Lenin, hasta el punto que asumió como propias algunas de sus tesis básicas, como la defensa de la autodeterminación de los pueblos (“España –llegó a escribir, siguiendo el veredicto leninista sobre la Rusia zarista– es hoy un conjunto de pueblos prisioneros de un Estado gendarme”). En cambio, como defensor de la necesaria unidad de las clases populares, cuestionó las derivas sectarias de la Tercera Internacional y se convirtió en un crítico frontal tanto del estalinismo como de su carga “colonial”. Y no solo eso. La convicción de Maurín de que la península ibérica necesitaba un proyecto de transformación social propio, anclado en su historia y no en directrices construidas a partir de la experiencia soviética, le condujo en más de una ocasión a censurar los impulsos del propio Trotski –por quien sentía respeto– a intervenir de manera excesiva en la vida política española.

Ya en Nueva York, en los últimos años de vida, la justificada animadversión de Maurín por el estalinismo acabaría tiñendo su visión, escasamente matizada, del campo político que se autodenominaba comunista. En una carta escrita a un amigo a inicios de los años setenta, llegaba a la conclusión de que la palabra comunismo había quedado completamente “desprestigiada y envilecida por el estalinismo”. Eso le llevaba a concluir que “‘socialismo’ y ‘comunismo’ no sólo son distintos, sino antitéticos. El socialismo, tal como lo entendieron los clásicos, es inseparable de la libertad y la democracia. El ‘comunismo’, en cambio, es su negación absoluta. Así, pues, me considero socialista y creo en la libertad y la democracia. Y como socialista que cree en la libertad y la democracia, veo los problemas del mundo en general y de España en particular”.

3. La revolución democrática y socialista como tareas republicanas

A pesar del enrarecimiento creciente del clima político, la proclamación de la II República encontró a Maurín lleno de energía y dispuesto a la acción. Aprovechando el ocaso de la dictadura de Primo de Rivera, había regresado de Francia,  y aunque fue detenido unas semanas en la Cárcel Modelo, de Barcelona, las aprovechó para terminar su primer libro, Los hombres de la Dictadura, que apareció a mediados de 1930. La impresión que aquel ensayo causó en el ambiente de la época fue notable. A diferencia de la mayoría de escritores marxistas de su tiempo, Maurín exhibía un estilo propio, plástico, ágil, que contrastaba con la retórica socialista al uso y con la literatura repetitiva, mecánica, del Komitern. Sus reflexiones exhibían un conocimiento profundo de la economía, la literatura y la política española e internacional. El libro, de hecho, se apoyaba en ejemplos y en constantes paralelismos históricos. Algunos eran sin duda arriesgados, pero obligaban a pensar, y venían apoyados con escasas citas de Marx y con numerosas referencias, en cambio, a figuras peninsulares del siglo XIX.

La impresión que aquel ensayo causó en el ambiente de la época fue notable. A diferencia de la mayoría de escritores marxistas de su tiempo, Maurín exhibía un estilo propio, plástico, ágil, que contrastaba con la retórica socialista al uso y con la literatura repetitiva, mecánica, del Komitern.

La tesis [de Maurín] es que España llegaba tarde y exhausta a la revolución democrático-burguesa que otros países de Europa habían acometido durante los siglos anteriores.

La tesis central del libro, que se haría obsesión en Maurín, es que España llegaba tarde y exhausta a la revolución democrático-burguesa que otros países de Europa habían acometido durante los siglos anteriores. A diferencia de Inglaterra o Francia, España no había tenido ni un Cromwell ni un Robespierre. Las clases medias y la burguesía avanzada que habían protagonizado el Trienio Liberal, entre 1820 y 1823, o el ciclo que fue de la Revolución Gloriosa de 1869 al fin de la Primera República, en 1874, no habían tenido ni la determinación ni la lucidez para llevar adelante las reformas sociales y políticas que en Europa y en América les había permitido desembarazarse de algunos insoportables lastres feudales. En su lectura de la historia, Maurín mostraba especial admiración por figuras variopintas en las que reconocía audacia y determinación: el gaditano Juan Álvarez Mendizábal, el líder de la independencia americana, Simón Bolívar o el liberal general catalán, Joan Prim. No obstante, dejaba claro que tanto las burguesías liberales como la pequeña burguesía republicana del siglo XIX no se habían atrevido a ir hasta el final en sus propósitos, demostrando por algunas instituciones que bloqueaban los avances democráticos, como la monarquía borbónica, “un respeto que bordeaba la estupidez”.

La llegada de la II República ofrecía, en opinión de Maurín, una oportunidad para superar aquellas limitaciones. Esto no admitía vacilaciones o tibieza reformista. Exigía intrepidez y consciencia de que solo una revolución democrática podía abrir paso a los cambios estructurales que España necesitaba. Esa fuerza, sin embargo, no podía venir ya solo de las clases medias o de la burguesía más lúcida. Requería el protagonismo, la centralidad, de un actor que hasta entonces no había ganado el centro de la escena y que ahora resultaba imprescindible: las clases trabajadoras. 

En opinión de Maurín, solo un bloque social que tuviera a las clases obreras y campesinas en el centro podía dar fuerza a la revolución democrática pendiente. Pero esto no se conseguiría por arte de magia. Para que la implicación de las clases populares fuera decidida y realista, la revolución democrática debía ser, al mismo tiempo, una revolución socialista. 

En un editorial escrito para la revista Nueva Era, en mayo de 1931, Maurín describía de manera nítida los retos del tiempo que se abría. “España –resumía allí– necesita llevar a cabo todavía su revolución democrática, es decir, la abolición definitiva de la monarquía, el exterminio del poder de la Iglesia, el reparto de la tierra, la liberación de las nacionalidades, la emancipación política y moral de las mujeres, la destrucción del armatoste secular del Estado semifeudal”.

Este programa de transformaciones estructurales, cuya actualidad no deja de sorprender, no podía, según Maurín, limitarse a un cambio en la forma de la Jefatura del Estado. Si las reformas impulsadas se reducían a una “ligera brisa superficial”, el malestar social quedaría intacto, y la República correría el riesgo de degenerar, más temprano que tarde, “en un régimen tan reaccionario y despótico como la monarquía borbónica”. Para que ello no ocurriera, hacía falta tender puentes y alianzas entre las fuerzas motrices de esa revolución necesaria y posible: el proletariado, los campesinos pobres, los sectores más democráticos y avanzados de los nacionalismos periféricos y una parte importante de la juventud, “que aunque de origen pequeño burgués, desea que la revolución haga dar un salto a España en el camino de su transformación social”.

La importancia dada por Maurín a las alianzas de clase, plurinacionales e incluso generacionales, reflejan el núcleo de su pensamiento en los cinco años que transcurrieron entre la proclamación de la II República y su entrada en prisión. A reforzarlas dedicó dos ensayos notables: La revolución española, de 1932, y Hacia la segunda revolución, Madrid, 1935 (luego reeditada, en 1966, con el título Revolución y Contrarrevolución en España). Y junto a ellos, decenas de artículos y editoriales escritos en La Batalla o en Nueva Era con un estilo directo, que no pretendía ser erudito ni repetir las consignas machaconas, sin vida, de la Tercera Internacional, sino conectar con la gente del común, del tajo, del campo, de la calle.

4. Del BOC al POUM y a la larga noche franquista

Aunque participó en todas las campañas electorales, el BOC no logró la elección de ninguno de sus candidatos. En cambio, logró incidir en los sindicatos de obreros y de campesinos en Lleida, Girona y Tarragona. Tal vez el mayor éxito político del BOC y del propio Maurín como su secretario general, fue el impulso en 1933 de la Alianza Obrera, una estrategia unitaria frente al ascenso del fascismo en Italia, en Alemania o en la Austria de Engelbert Dollfuss, a la que se sumó a la Unión General del Trabajo (UGT) y que encontró un eco importante en la revolución asturiana de 1934, con participación incluso de la propia CNT.

Gracias a sus escritos y a sus intervenciones políticas, el prestigio de Maurín fue creciendo en toda España. Hacia aquella época, se reencontró con su viejo amigo, Andreu Nin, que ya había regresado de Rusia. De la fusión de la Izquierda Comunista de Nin y del BOC, precisamente, nació en 1935 el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Un año después de su creación, Maurín fue elegido diputado en el Congreso por Barcelona en la candidatura del Front d’Esquerres (en Catalunya nunca se habló de Frente Popular).

En el Congreso pronunció dos discursos que reflejaban muy bien lo que para Maurín debían ser las prioridades de una coyuntura local e internacional tan dramática. En ellos, Maurín reprochó a los dirigentes republicanos Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga que no hubieran aplicado de inmediato su programa electoral, comenzando por las reformas sociales, para evitar, precisamente, un nuevo ascenso de las derechas. Asimismo, reclamó que esos gobiernos fueran sustituidos por un gobierno obrero presidido por un socialista. De hecho, durante el breve tiempo en que estuvo en la Cortes, Maurín fue uno de los parlamentarios que más insistió en la necesidad de agrupar las fuerzas socialistas y en desbaratar la trama golpista que comenzaba a gestarse.

Lo que Maurín no pudo imaginar es que el alzamiento contra la República lo tomaría por sorpresa, en medio de un viaje que realizó a Galicia el 17 de julio de 1936 para constituir en Santiago de Compostela un núcleo del POUM y desmentir, así, las acusaciones que este recibía por su “provincialismo” catalán. Infructuosamente intentó Maurín atravesar la frontera a Francia. En Panticosa, fue detenido por la Guardia Civil y conducido a Jaca. Durante un año estuvo detenido en la cárcel con nombre falso y sin ser identificado. Al salir, intentó nuevamente pasar a Francia, pero un policía que había estado en Barcelona lo reconoció y lo detuvo.

Maurín permaneció en prisión hasta 1946. Desde allí, tuvo noticias de la desaparición y del probable asesinato de Andreu Nin por orden soviética, así como del encarcelamiento o ejecución de otros compañeros. La ausencia de Maurín al frente del POUM fue un golpe durísimo para sus propios militantes y simpatizantes, que llegaron a darle por muerto en más de una ocasión. Si bien Nin tenía una amplia cultura teórica, Maurín había demostrado, como dirigente político, un mayor sentido práctico para conectar con las prioridades inmediatas de un colectivo plural y habituado a los debates. Al final, él mismo se salvó de ser ejecutado, gracias a las gestiones de su primo Ramón Iglesias, que sería obispo de Urgell, y de la propia Jeanne Souvarine, que explicó la angustiosa batalla por la libertad de su compañero en un libro publicado en 1981 bajo el título Cómo se salvó Joaquín Maurín. Recuerdos y testimonios.

Gracias a un visado concedido a su hermano, Maurín consiguió instalarse en Nueva York con su familia y poner en marcha su propia agencia de prensa para América Latina. En ella colaboraron, entre otros, Luis Araquistáin, Alfonso Reyes, Germán Arciniegas o Salvador de Madariaga. La vida del Maurín del exilio fue de una actividad fabril, constante, pero también de una profunda amargura y de una gran nostalgia. La reacción fascista, centralista y católica que implicaba el franquismo era la otra cara de la derrota categórica de la revolución democrático-socialista a la que Maurín había consagrado su vida. Muchos de sus camaradas y amigos habían sido encarcelados y asesinados, e incluso su hermano Manuel murió enfermo y perseguido en el Hospital General de Catalunya.

A medida que el exilio estadounidense fue calando en su vida, el sindicalista, el líder carismático, el vehemente organizador político de inicios de siglo, fue desplazado por el observador nostálgico, y voluntariamente distante, de una realidad política sobre la que ya no tenía incidencia directa. La agencia literaria que impulsó para poder sobrevivir le permitió saciar su curiosidad como intelectual, como historiador e incluso como novelista frustrado (en sus años de cárcel, pensando en su hijo Mario, Maurín había escrito dos obras de ficción, en parte autobiográficas, para niños: May: rapsodia infantil, ¡Miau!: historia del gatito misceláneo, que se publicaron en 1999). Sin embargo, quien acabó retornando en el exilio fue el contenido y puritano maestro aragonés que había dejado Bonansa siendo casi un adolescente. Algunos viejos poumistas que lo visitaron en el exilio, como Wilebaldo Solano, aseguran que tras los duros años del macartismo, siguió con simpatía la revuelta de la juventud rebelde norteamericana, y que su hondo descreimiento por la descomposición estalinista no impidió su interés por el Mayo francés. Es difícil saberlo. Lo cierto es que hasta el momento de su muerte, consecuencia de una embolia cerebral, en 1973, fue muy pesimista sobre la posibilidad de que el férreo entramado oligárquico que se había generado en torno al franquismo fuera reemplazado por un sistema democrático digno de ese nombre.

A 47 años de su muerte, muchos de los análisis de Maurín sobre la historia española de los siglos XIX y XX exigen matices y correcciones. Pero muchos mantienen también una increíble actualidad. El mundo ha cambiado en aspectos sustanciales, y la propia configuración de las clases populares en las que depositó la posibilidad de ganar cotas mayores de democracia ha experimentado mutaciones significativas. Sin embargo, es imposible no sentir el latido del presente en muchas de sus obsesiones políticas. En sus aceradas críticas a la monarquía borbónica como garante de un proyecto económico oligárquico y básicamente rentista. En su exigencia de un republicanismo audaz, no timorato, capaz de convertir la democratización decidida de la vida política, económica, cultural, territorial en el antídoto más eficaz contra el fascismo. En sus persistentes llamadas a la articulación, dentro de la diversidad, de alianzas entre trabajadores de la ciudad y del campo, de género, plurinacionales, intergeneracionales, capaces de hacer frente a la amenaza perenne de la España que embiste y que hiela el corazón. Todas estas ideas, expresadas con un estilo propio, inconfundible y palpitante, siguen siendo hoy no solo una invitación a pensar críticamente sino una llamada a la acción. Dos elementos que hacen de Joaquín Maurín una de las voces indispensables de un tiempo, el nuestro, cargado de zozobra pero también de esperanza en un mundo nuevo, más libre e igualitario, que incluso en medio de una pandemia feroz, pugna por abrirse paso.

El Azaña que regresa, 80 años después

En el homenaje recién celebrado en el Congreso se retrató a un político reformista y enemigo de la revolución. Costaba reconocer al crítico jacobino de la monarquía borbónica y de las oligarquías que parasitaban a su sombra

Publicado en CTXT

Gerardo Pisarello  4/11/2020

Vilipendiado, calumniado por sus detractores, hay un Manuel Azaña que aún habita el lóbrego exilio del franquismo en Montauban (Francia). Junto a él, existe otro. El que regresa, a veces clandestinamente, todavía maldito, al Madrid que lo supo escritor, ateneísta, orador elocuente, Ministro, presidente del Gobierno y de la República.

Asomó tímidamente con Felipe González. Aznar quiso recuperarlo, con escasa credibilidad, de la mano de Jiménez Losantos y de los recuerdos de su abuelo Manuel, a quien el propio Azaña tenía por fascista confeso. José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer presidente de la democracia en visitar su tumba. Mariano Rajoy citó varias veces sus llamadas a concordia. Y este martes 3 de noviembre el político republicano se hizo presente en el homenaje que le rindió el Congreso de los Diputados, con una mínima presencia a causa de la pandemia: miembros de la Mesa, algún familiar, portavoces de los grupos parlamentarios  y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se notaba en el ambiente el esfuerzo por conseguir que quien regresa sea el Azaña “de todos”. Vox vetó el acto, por considerarlo un ataque indirecto a la monarquía. El Partido Popular lo aceptó a regañadientes, aunque propuso, sin suerte, que se homenajeara también al jefe de la Confederación Española de las Derechas Autónomas (CEDA), Joaquín María Gil Robles (un personaje singular que, aunque evolucionaría con el tiempo, en 1934 admiraba al dictador austríaco Engelbert Dollfuss y multiplicaba sus apariciones con estética y gestos fascistoides: “¡Jefe!, ¡jefe!”)

No obstante, o precisamente por eso, el video protocolario, preparado por los propios servicios de la casa, intentó no levantar ampollas: Azaña y Las Veladas en Benicarló. Azaña y El jardín de los frailes. Azaña orador. Azaña impulsor de la Ley de Defensa de la República (una de las leyes menos ejemplares, en realidad, del primer bienio republicano). Azaña melancólico, en plena guerra, recordando que “todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo” y pidiendo, al borde de la derrota, “paz, piedad, perdón”, algo que nunca llegó.

Sería injusto afirmar que el Azaña que sobrevoló el acto sea totalmente ajeno al Azaña histórico. Pero el reduccionismo y los énfasis eran evidentes

Dos veces, a lo largo del acto, se recordó que Juan Carlos de Borbón, siendo rey, se entrevistó en México con Dolores Rivas Cherif, viuda de Azaña. Y que esta, a sus 84 años, le habría dicho: “Cuánto le hubiera gustado a don Manuel Azaña vivir este día, porque él quería la reconciliación de todos los españoles”.

Sería injusto afirmar que el Azaña que sobrevoló el acto sea totalmente ajeno al Azaña histórico. Pero el reduccionismo y los énfasis eran evidentes. Ni siquiera el busto labrado en piedra por el escultor Evaristo Belloti, cedido por los herederos del que fue su partido, Izquierda Republicana, parecía sentirse interpelado, reconocido, en lo que con tanto tacto, con tanta intención de recrear un consenso ilusorio, se mostró y se escuchó.

Homenaje a Manuel Azaña en el Congreso el pasado 3 de noviembre (Fuente: Congreso de los diputados)

Se habló, buscando no inquietar, de un Azaña reformista, defensor de los cambios evolutivos, tranquilos, y enemigo de la revolución. Sin embargo, costaba reconocer en ese retrato al crítico jacobino, penetrante, de la monarquía borbónica y de las oligarquías que parasitaban a su sombra. O al dirigente realista que, en su breve pero esencial Caciquismo y democracia, iba a la raíz del problema y señalaba que “a los pies del cacique hay siempre un grupo de hombres sin libertad [a los que] no se les redimirá con una simple reforma de la ley electoral”. Ese mismo Azaña era el que, sin ninguna ilusión puramente parlamentarista, reconocía que “el combate serio contra el caciquismo lo sostienen hoy las organizaciones de braceros y de pequeños labradores”, esos “gérmenes de la democracia campesina” que “pugnando por la emancipación económica y el perfeccionamiento social […] destruyen el artificio de las banderías políticas y desenmascaran a los aliados del cacique” ¿Cómo puede, quien así habla, ser presentado, previa anestesia, como un político “de todos”, incluso de aquellos que apuntalan la desigualdad y el privilegio?

Lo mismo puede decirse de la anécdota del abrazo entre Juan Carlos I y la viuda de Azaña, en 1978. ¿Cuál sería su sentido? ¿Presentar a Azaña como alguien que, en nombre de la reconciliación, habría aceptado la impunidad de unos crímenes de Estado que en su crueldad llegaron mucho más lejos de lo que humanamente podía imaginar? ¿Mostrarlo dispuesto a aceptar componendas con quienes niegan, una y otra vez, que la justicia, la verdad y la reparación sean posibles? ¿Reconciliarlo con la propia monarquía, a la que enfrentó sin reservas?

Cualquiera de estos intentos se antojaba endeble ¿Cómo hubiera reaccionado Azaña a la noticia, publicada el mismo día de su homenaje, de que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando los gastos de varias tarjetas opacas de crédito que usaban el propio Juan Carlos de Borbón, la Reina Sofía y varios de sus familiares más directos? ¿No hubiera visto, en ello, una confirmación más de la necesaria contraposición entre la venalidad monárquica y la austeridad y la honestidad republicanas? ¿No hubiera pedido la investigación hasta el final, en el propio Congreso, de esas actuaciones? Difícil no evocar, junto a tantas otras, las opinión que vertió al respecto en Mi rebelión en Barcelona, de 1935: “Cuando un régimen se hunde como se hundió y por lo que se hundió el régimen monárquico en España, que fue por su descrédito moral, tiene que hundirse el anverso y el reverso, porque un régimen es todo un ambiente político, es toda una escuela política en la que se educan los que lo sostienen y los que lo combaten”.

Azaña se fue apagando políticamente y murió, poco después de terminar la guerra, en un modesto hotel francés de provincias

Contenido, austero, casi aséptico, el recuerdo de Azaña se cerró con la interpretación al piano de Suspiros de España, de Antonio Álvarez Alonso, por parte de Samuel Martín, alumno del Conservatorio Superior de Música de Madrid. El pasodoble, compuesto en 1902, con letra añadida en 1938, simbolizó para muchos exiliados la nostalgia y la tristeza del país perdido.

El último Azaña, es verdad, había perdido la ilusión y muchas de sus esperanzas políticas. En 1934, ante la amenaza de un retroceso reaccionario, se sumó decidido al comité revolucionario de Asturias. Pero en 1936, a pesar de la victoria del Frente Popular, no se vio ya en condiciones de afrontar una batalla que exigía ir más allá de la revolución parlamentaria que intentó impulsar en 1931. Tampoco confió en las fuerzas de un pueblo que, abandonado a su suerte por la Tercera República Francesa y por la monarquía parlamentaria británica, asombró al mundo defendiendo, casi en solitario, a su “República de trabajadores” –como decía la Constitución de 1931–, contra las fuerzas sublevadas de Franco, contra los tanques y los buques de guerra de Mussolini, y contra la aviación y la asistencia técnica de Hitler.

Ese pueblo trabajador, que sí había creído en las escuelas, las bibliotecas, la asistencia médica, los tímidos repartos de tierras puestos en pie por la República, conmovió al mundo por su resistencia tenaz durante tres años. Azaña no lo vio, como no vio la naturaleza especialmente cruel del régimen que se avecinaba. Se fue apagando políticamente y murió, poco después de terminar la guerra, en un modesto hotel francés de provincias, solo protegido por la Embajada de la República de México, que, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, fue la única en apoyar a la II República hasta el final.

En la ceremonia del Congreso, compareció, a pesar de su “fondo castícismo de indiferencia estoica”, quien con el buen Sancho terminó repitiéndose: “Tanto me da vivir en un palacio como en una aldea. Todo lo que soy lo llevo conmigo […] desnudo nací, desnudo me hallo; ni pierdo ni gano”. Pero no es ese el único Azaña que pugnaba por volver. Junto al perseguido, al derrotado, se podía sentir, palpitante, al ateneísta fogoso, impenitente, al regeneracionista audaz, al erasmista ilustrado, al insobornable hijo de la Revolución francesa que mucho tiene para decirnos, aún hoy, sobre las grandes tareas republicanas de nuestro tiempo.   

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La batalla de Chile, nuestra batalla

Por Gerardo Pisarello en Público.es

“Un niño jugará en una alameda, y cantará con
sus amigos nuevos; y ese canto será el canto de
un pueblo, a una vida segada en La Moneda”
Yo pisaré las calles nuevamente, Pablo Milanés

El 10 de septiembre de 1973 por la noche, en su residencia de Tomás Moro, Salvador Allende reunía a sus colaboradores más estrechos para comunicarles una decisión sobre la que llevaba tiempo cavilando. Había decidido convocar un referéndum para dotar a Chile de una nueva Constitución. Una Constitución que permitiera hacer algunos cambios estructurales inviables en el marco legal hasta entonces vigente. Pensaba hacer el anuncio en la Universidad Técnica de Santiago, al día siguiente, y acompañarlo de medidas de democratización económica, de reforma de la gran propiedad. No llegó a tiempo. A las 6:30 de la madrugada del 11 de septiembre, la Marina se sublevó en Valparaíso y se puso en marcha un Golpe de Estado que acabaría con la vida de Allende y aplastaría por medio del crimen sus planes constituyentes.

Casi medio siglo después, sobreponiéndose a la represión y a la pandemia, el pueblo chileno decidió reconstituir el proyecto truncado del presidente socialista. Por abrumadora mayoría, hizo saltar en referéndum los cerrojos de la Carta otorgada por el dictador Augusto Pinochet en 1980. Ahora se apresta a escribir una nueva Constitución para Chile. Y lo hará en la primera Convención Constituyente de la historia con paridad mujeres-hombres y representación de los pueblos originarios. La batalla por un proceso constituyente realmente soberano no estará exenta de obstáculos. Pero su sola conquista heroica en calles y plazas ya ha lanzado al mundo un mensaje de una inconmensurable potencia democrática: que lo que a veces se considera imposible, solo es algo que tarda un poco más en llegar.

Franco y Pinochet: una historia común de sabotaje de la legalidad republicana

Desde 2008, el capitalismo global vive su mayor crisis sistémica desde inicios del siglo XX. Esta crisis –social, económica, ambiental– se ha agravado notablemente con el estallido de la pandemia. Las principales respuestas que se le oponen, al menos en Europa y América, oscilan entre un neoliberalismo con tintes neofascistas y apelaciones a algún tipo de regulación social, democratizadora, como la que puso en marcha F.D. Roosevelt con el New Deal a partir de 1933.

La República de Chile fue pionera en este tipo de iniciativas. La mayoría fue aplicada en el marco de la Constitución de 1925, aprobada tras la reincorporación a la presidencia de Arturo Alessandri y vigente hasta el Golpe de 1973. Se trataba de un texto avanzado para su época. Y no era del todo sorprendente si se tiene en cuenta que Chile había conquistado el voto masculino, universal y secreto en 1874, con anterioridad a otros como Bélgica, Dinamarca, Noruega o Francia. Y no solo eso. En 1932 llegó a proclamar una efímera República socialista y seis años más tarde, en 1938, vio surgir un gobierno de Frente Popular presidido por el radical Pedro Aguirre Cerda y con el joven médico Salvador Allende como Ministro de Salud.

En realidad, ese constitucionalismo social chileno de inicios del siglo XX coincidió con el puesto en marcha en la II República española con la Constitución de 1931. La diferencia está en que la incipiente institucionalidad republicana española fue liquidada entre 1936 y 1939, con la inestimable intervención de Alemania e Italia, dando lugar a la oprobiosa dictadura de Francisco Franco. La chilena, en cambio, aguantó hasta 1973 y fue depuesta con la intervención deliberada de la Administración de Richard Nixon, que movilizó para su causa a la CIA, a la ITT, y aliados de todo tipo en Europa y América Latina.

Franco y Pinochet no solo compartieron una historia común de sabotaje de la legalidad republicana. También se profesaron mutua admiración. El 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del Golpe, Pinochet envió una carta a Franco para comunicarle el relevo del embajador de Chile en España y transmitirle su admiración: “Os ruego que aceptéis –le decía– los sinceros votos que formulamos por el bienestar de Vuestra Excelencia y por la grandeza de España”. Poco después, Emilio Villaescusa, un veterano franquista que había participado en la invasión nazi a la Unión Soviética, le devolvía el favor e imponía a Pinochet, en Santiago de Chile, la condecoración de la Gran Cruz al Mérito Militar, concedida por el propio Franco.

Los elogios recíprocos se mantendrían hasta los últimos días de vida del dictador de Ferrol. Una vez muerto este, la admiración se prolongó en la figura de su sucesor en la Jefatura del Estado, Juan Carlos I de Borbón. De hecho, cuando Pinochet se desplazó a Madrid, en 1975, a rendir homenaje “a un caudillo que nos ha mostrado el camino a seguir en la lucha contra el comunismo”, quien lo recibió entusiasmado y con abrazos a Pinochet en la escalerilla del avión fue el mismísimo Juan Carlos, quien unos meses antes le había reconocido que si por él fuera “viajaría a Chile de inmediato”.

La transición española como modelo para la transición chilena

Cuando la dictadura se hizo insoportable, la España y el Chile que se habían levantado contra la legalidad republicana buscaron compartir un “relato” que facilitara una transición democrática “moderada y sin revanchas”.

En el espejo chileno, la transición española y su Constitución de 1978 aparecieron durante mucho tiempo como modelo de lo que debía ser una democracia tutelada. A diferencia del Reino de España, Chile no contaba con una Monarquía encargada garantizar la “permanencia del Estado” y de moderar los “excesos democráticos”. Aún así, la Constitución pinochetista de 1980 intentó imitar algunos rasgos de la Constitución española de 1978. Era una Constitución rígida, que facilitaba una cierta transición democrática pero que hacía difícil, por no decir imposible, la introducción de reformas estructurales. Era, asimismo, una Constitución que aseguraba a los sectores vinculados al Antiguo Régimen un papel importante en órganos clave como el Poder Judicial, el Ejército o el propio Parlamento.

Había, sin embargo, una diferencia importante. En España, la Jefatura de Estado de Juan Carlos de Borbón había conseguido legitimarse parcialmente colándose en el referéndum que sometió a consulta la Constitución como un todo en diciembre de 1978. En Chile, Pinochet convocó un plebiscito con el único objetivo de someter a la consideración pública su continuidad en el poder. Contra pronóstico, sufrió una derrota categórica. Un 55,5% votó en contra.

El plebiscito de 1988 marcó el principio del fin de Pinochet. Diez años más tarde, el dictador viajó a Londres siendo senador vitalicio para someterse a una operación de columna. Convencido de que tenía inmunidad diplomática, no  dio crédito cuando recibió una orden de detención dictada por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón. Las acusaciones también lo dejaron atónito: presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas en Chile durante la dictadura militar. El arresto duró 503 días, y aunque el Reino Unido finalmente no autorizó el traslado a España, el caso marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad. Cuando Pinochet regresó a Chile, la justicia aprobó su desafuero como senador vitalicio y pudo ser investigado y procesado. Y a pesar de que tanto la llamada Comisión Valech como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile habían registrado más de 40.000 víctimas de sus crímenes, al final fue sobreseído por supuestas dolencias mentales.

De una democracia restringida a un proceso constituyente

La orden de arresto de Pinochet por parte de la justicia española no solo fue un golpe para el régimen heredado de la Constitución chilena de 1980. También sacudió las bases del régimen en el que había cristalizado la Constitución española de 1978, incapaz, entre otras cosas, de juzgar los crímenes del franquismo.

Esta percepción crítica de la Constitución, o mejor, del régimen constitucional, se vio agravada durante el segundo mandato de José María Aznar. Ya en plena crisis, en 2011, se profundizó con la reforma subrepticia, alevosa, del artículo 135, que en plena crisis convirtió el pago de la deuda a los grandes bancos como un objetivo constitucional prioritario. Esta (contra)reforma, en realidad, desactivó los aspectos más sociales y garantistas de la Constitución de 1978, acercándola, en cierto modo, al espíritu neoliberal que Jaime Guzmán y los llamados Chicago Boys habían impreso a la Constitución pinochetista de 1980.

Como reacción a esta realidad, mareas ciudadanas, nuevos colectivos republicanos, generaciones jóvenes ligadas al 15-M, e incluso diferentes propuestas soberanistas catalanas, vascas o gallegas, asumieron la consigna del proceso constituyente -en singular o en plural- como una alternativa a la crisis económica, social y territorial que se había desatado. Una y otra vez, sin embargo, se encontraron, al igual que en Chile, bien con los límites de sus propias fuerzas, bien con la férrea oposición del Tribunal Constitucional y otras instituciones del Estado. Para estos, el único horizonte de cambio admisible pasaba por la reforma constitucional que, de uno y otro lado del océano, era prácticamente imposible cuando se trataba de abordar cambios estructurales.

En este escenario de crisis constitucional, el estallido social chileno de octubre de 2019 inauguraría una nueva etapa. El detonante del levantamiento fue el alza abusiva del precio del transporte público. E involucró a miles de estudiantes a lo largo de todo el país. Pero las razones de fondo de las protestas apuntaban mucho más alto. Por un lado, implicaban una crítica descarnada, no exenta de cólera, contra el supuesto “milagro chileno”, que tras décadas en vigor, había aumentado la obscenamente la exclusión y las desigualdades, haciendo inaccesibles fármacos básicos y tratamientos de salud elementales, privatizando el sistema de pensiones o forzando a sectores amplios de la sociedad a endeudarse para poder estudiar. Por otra parte, expresaban una impugnación, también rabiosa, de la clase política, tanto en las derechas como en las izquierdas, a las que a menudo se veían demasiado implicada en componendas con aquellas.

La reacción del presidente Sebastián Piñera –un empresario millonario y conservador– fue combustible lanzado al fuego. En lugar de reconocer algunas de las razones que había detrás los disturbios, dijo que el país estaba “en guerra ante un enemigo poderoso” y anunció duras medidas represivas para combatirlo. Su mujer, Cecilia Morel, directamente comparó las protestas con “una invasión alienígena”, aunque luego rectificó y admitió que lo que hacía falta era “trabajar por disminuir la desigualdad” y “por disminuir nuestros privilegios”.

La actitud del Gobierno no hizo sino escalar el conflicto. Centenares de manifestaciones inundaron diferentes ciudades y pueblos del país. En muchas de ellas se produjeron enfrentamientos con la policía que se saldaron con muertes, heridos y centenares de manifestantes que perdieron la vista como consecuencia de los perdigones lanzados por la policía. Junto a los bloqueos, marchas y protestas convencionales, se organizaron ollas populares y “cabildos abiertos” para discutir los problemas de la ciudadanía.  A medida que las movilizaciones fueron madurando, crecieron reivindicaciones como las del colectivo feminista de Valparaíso, Las Tesis, que lanzaron una performance participativa de protesta –”Un violador en tu camino”- que dio la vuelta al mundo. Igualmente, la represión del Estado hizo que la bandera oficial chilena se viera desplazada u obligada a convivir con símbolos mapuches, que pasaron a ocupar un lugar central en marchas y concentraciones.

La masividad de las manifestaciones y la desmedida represión utilizada contra ellas hundió la aceptación de Piñera. En un momento determinado, esta llegó a caer unos 15 puntos porcentuales por semana, mientras que la desaprobación se disparó a casi el 80%. La persistencia ciudadana, popular, se tradujo por su parte en actos multitudinarios como el del 25 de octubre de 2019, que reunió a casi un millón y medio de personas en Plaza Baquedano, rebautizada como “Plaza de la Dignidad”.

Finalmente, el Gobierno se vio obligado a mover ficha. Primero, prometió una “Nueva Agenda Social”, con medidas de mejora en materia de pensiones, salud, salarios, energía, o fiscales. Luego, aceptó lo que parecía imposible: una reforma de la Constitución que dejaba en manos del pueblo chileno la redacción de una nueva Carta Magna en reemplazo de la Pinochet. No se trataba, pues, de debatir cambios concretos en base a los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución de 1980. Lo que la movilización social había conquistado era algo mucho más ambicioso: una reforma constitucional que habilitara un nuevo proceso constituyente.

Ciertamente, los sectores conservadores cedieron, pero solo a medias. Se vieron obligados a aceptar un hecho inédito en el derecho constitucional comparado: que la eventual Convención Constituyente observara en su composición la paridad absoluta entre mujeres y hombres. Igualmente, se comprometieron a dar representación y voz en ella a los pueblos indígenas originarios. Sin embargo, para evitar que el cambio llegara demasiado lejos, también adoptaron sus resguardos. Obligaron al resto de fuerzas políticas a aceptar un quorum de 2/3 para el funcionamiento de la Convención encargada de redactar la nueva Carta Magna. De este modo, se reservaban un poder veto, de bloqueo, cuya activación exigía una simple minoría de 1/3. Asimismo, se aseguraron que los nuevos contenidos constitucionales no afectaran a “tratados internacionales vigentes”, una cláusula que rápidamente se interpretó como destinada a proteger los tratados de libre comercio y los derechos de los grandes inversores.

Se pasaba, en definitiva, de una democracia restringida, condicionada, a un proceso constituyente. Pero con un riesgo: que el propio proceso constituyente naciera maniatado, para evitar justamente que alcanzara a áreas económicas “delicadas”, como el control de las inversiones extranjeras, o que produjera “excesos” democráticos indeseables. Los sectores conservadores admitían el fin de la Constitución de Pinochet. Pero desplegaban toda su fuerza para que ninguna Constitución nueva supusiera el quebranto de ciertos pilares políticos y económicos que consideraban irrenunciables.

El voto del 25 de octubre: primera victoria constituyente

Todos estos intereses contrapuestos entraron en disputa durante el plebiscito del pasado 25 de octubre. Y a pesar del cansancio, de la represión, de la emergencia social y económica, del miedo a la pandemia, la respuesta popular fue admirable. Con una participación superior a la de las últimas elecciones previas al Covid-19, un aplastante 78,2 % de los votantes se pronunció a favor de acabar con la Constitución de Pinochet mediante una Convención Constituyente paritaria. Apenas un exiguo 21,7% rechazó esta posibilidad, atrincherándose en el pasado.

Obviamente, tanto el voto del “rechazo”, como una parte del voto del “apruebo”, expresan a sectores conservadores que harán lo imposible para que la nueva Constitución sea un texto de mínimos, sin ambición ni capacidad transformadora. Para ello, intentarán que la calle se enfríe y que la pasión constituyente se desactive o se canalice exclusivamente a través de los partidos convencionales y la clase política de siempre. Igualmente, pondrán todo su esfuerzo en que entre los 155 miembros de la Convención que se elegirá en abril haya, al menos, una minoría con fuerza suficiente como para bloquear cualquier medida “excesiva”, “populista”, tanto en el orden político como en el económico.

La única forma de evitar que esto ocurra es que los movimientos sociales, populares, entiendan que el 25 de octubre solo se ha ganado una primera batalla constituyente. Pero que aún quedan muchas otras, que solo podrán materializarse en la medida en que la autoorganización y la autoilustración ciudadana mantengan viva la llama y la encomiable creatividad constituyente de estos meses. Desde luego, enfrentarse a poderes fácticos arraigados no es nada fácil, y menos en un contexto de pandemia. Pero si algo ha mostrado tener la gente, el pueblo chileno en toda su pluralidad, ha sido un coraje y una imaginación increíbles, capaces de sortear los obstáculos más férreos. Que la Convención Constituyente nazca sin mordazas, soberana, no dependerá de compromisos institucionales previos o de cuestiones técnicas. Dependerá de la fuerza constituyente que la preceda. En la calle y en las urnas. Así fue en Bolivia, el 18 de octubre. Así acaba de ser en Chile, el 25. Así ha sido en la historia reciente de la humanidad.

Sea como fuere, pase lo que pase del otro lado del océano, el impacto que tendrá en la península será enorme. Tanto Chile como el Reino de España tienen constituciones que se elaboraron bajo la vigilancia severa de viejas dictaduras. Ambas facilitaron una cierta transición democrática. Ambas están atravesadas de candados que impiden ciertos cambios constitucionales de fondo.

Este domingo 25 de octubre Chile ha demostrado que una voluntad constituyente, popular, organizada y decidida, puede hacer saltar por los aires los antiguos cerrojos jurídicos y dar paso a reglas nuevas. O sea que no es imposible. No hay un destino escrito. Hay alternativas. Y si las grandes alamedas se han abierto en Chile, como quería Allende, bien podrían abrirse también entre nosotros. Por eso la batalla y los sueños de Chile son, más que nunca, nuestra batalla, nuestros sueños.

Bolivia: la revuelta de la esperanza.

Por Gerardo Pisarello y Lucía Muñoz*

Publicado en Cuartopoder 25/10/2020

“Llegamos al país unos días antes de las elecciones. Veníamos como invitados por el Tribunal Supremo Electoral”

“Ahí comenzamos a entender que el voto, para amplios sectores de las capas populares indígenas y campesinas había adquirido una dimensión existencial”

“El pueblo boliviano salvaba la memoria del Che y nos devolvía a Madrid sanos, salvos y llenos de esperanzas en la gran revuelta democrática que acababa de producirse”

Llegamos al país unos días antes de las elecciones. Veníamos como invitados por el Tribunal Supremo Electoral. Aterrizamos en La Paz-El Alto y vinieron a recogernos en una camioneta para observadores. Julio, el chófer, nos advirtió que había algunas patrullas militares en la zona y problemas en el suministro de combustibles. En el descenso al hotel, con el Illimani de fondo, notamos que no había prácticamente pintadas en las paredes. Algunas leyendas, uno que otro cartel, pero poca cosa más. Como si las elecciones se hubieran producido ya, en un tiempo lejano del que apenas quedaba rastro. O como si se tratara de algo de lo que no convenía hablar demasiado. Esa fue la impresión más evidente: la del silencio. Un silencio denso, extraño, vigilado, que no hacía presagiar nada bueno. Mucho menos la revuelta democrática que nos tocaría vivir el domingo.

Murillo y la extrema derecha española

Nos alojaron en un hotel del centro donde se realizarían las formaciones del propio Tribunal Supremo Electoral. No habíamos terminado de deshacer las maletas cuando el ministro de Gobernación, Arturo Murillo, decidió recibirnos con un tuit de bienvenida. El mensaje distinguía entre observadores y “agitadores […] que vienen a buscar violencia”. Los primeros eran formalmente bienvenidos. A los segundos solo les podían esperar dos destinos: o “un avión o entre rejas”.

La noticia no invitaba a la tranquilidad. Murillo había sido responsable directo de la represión contra movimientos sociales e incluso de masacres como las de Senkata y Sacaba. En ellas, una veintena de civiles resultaron muertos y unos doscientos heridos de gravedad. Ese mismo hombre que buscaba intimidarnos se había reunido en enero con los diputados de Vox, Hermman Tertsch y Víctor González Coello de Portugal. Este último acababa de ser condenado por el Tribunal Supremo por “irregularidades contables graves” en la empresa Marmolería Leonesa. Pero ni él ni Tertsch tuvieron empacho en mostrar ya desde el comienzo del golpe de Jeanine Añez su “solidaridad con el gran cambio hacia la democracia en Bolivia”.

La noticia de nuestra presencia en Bolivia activó las viejas amistades. No había caído la noche cuando por orden evidente de Murillo, la Dirección de Migraciones cedió las fotos que nos habían tomado en los controles de Santa Cruz al “periodista” de OK Diario, Alejandro Entrambasaguas. Hijo de un ingeniero que había llegado a trabajar con el Gobierno de Evo Morales, Entrambasaguas había puesto sus malas artes al servicio del gobierno de Añez, casi desde su constitución. Con el respaldo de sus vínculos en la península, se dedicó a difundir noticias falsas en medios ultraderechistas bolivianos, a realizar declaraciones racistas contras aymaras y quechuas e incluso a montar agresiones contra simpatizantes o exministros del Movimiento Al Socialismo (MAS). Nuestra llegada también le resultó inspiradora. Entre el jueves y el sábado su pasquín digital publicó notas con las fotos cedidas ilegalmente –las nuestras y las de nuestros compañeros Fran Pérez y Maite Mola, de Izquierda Unida–. La ristra de mentiras era notable. Decía que habíamos mentido en aduana, haciéndonos pasar por turistas, cuando ya estábamos acreditados por el Tribunal Supremo Electoral. Aseguraba que habíamos decidido alojarnos en un hotel de lujo, cuando en realidad se trataba del hotel escogido por el propio Tribunal Electoral (75 dólares la noche, pagados por nosotros). El propósito de fondo, sin embargo, estaba claro. Abonar la tesis de los “alborotadores violentos” de Murillo y crear un clima público hostil e intimidador. En poco tiempo, nuestras fotos circulaban por televisiones y prensa escrita boliviana, se distribuían en grupos de whatsapp e incluso en la propia calle. Representantes de Naciones Unidas nos aseguraron que velarían por nuestra seguridad y mucha gente comenzó a solidarse en las redes. Nosotros estábamos tranquilos, pero conociendo los antecedentes del Gobierno de facto, éramos conscientes de que no se podía descartar nada. El viernes por la noche, de hecho, unos 60 policías intentaron detener “por órdenes superiores” al diputado argentino Federico Fagioli, que primero fue aislado en una dependencia del aeropuerto de El Alto y luego arrastrado a un automóvil sin identificación. Las grabaciones de los forcejeos con la policía y la intervención del propio presidente argentino, Alberto Fernández, permitieron que Fagioli fuera dejado en libertad. Pero la situación era clara: si el Gobierno de facto pretendía intimidar con estos métodos a diputados y observadores internacionales, no había que ser muy agudos para imaginar lo que estaba haciendo con la gente sencilla, de a pie, que discrepaba con el Gobierno y que estaba llamada a ejercer su derecho de voto.

Las elecciones del 18 de octubre: un voto existencial

El propio domingo amaneció cargado con esa tensión. En la sesión de apertura formal de los comicios convocada por el Tribunal Supremo Electoral, nos tocó sentarnos a unos pocos metros de Murillo y de la propia Añez. Ambos habían entrado escoltados por militares, pero no intervinieron en el acto. El único orador fue el propio presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero, que habló rodeado de miembros de embajadas y de organismos internacionales. La soledad institucional de la presidenta de facto no pasó inadvertida a nadie. Era un indicio fuerte de un desgaste y un  desprestigio profundos, que no tardarían en corroborarse.

Contra los pronósticos más agoreros, las votaciones se produjeron de manera ejemplar. Prácticamente no se registró ningún incidente y la asistencia a las urnas fue masiva. La misma tarde del domingo, un señor aymara de edad mediana nos había confesado, con una mezcla rara de serenidad y angustia, que llevaba meses “con un nudo, con una fuerte presión en el pecho”. Y que votar lo había “aligerado”, que le había quitado un gran peso de encima.

Ahí comenzamos a entender que el voto, para amplios sectores de las capas populares indígenas y campesinas, así como para sectores medios importantes, había adquirido una dimensión existencial, casi de vida o muerte. Que tras las movilizaciones y cortes de carretera del mes de agosto, se había convertido en el último recurso para hacer valer una voluntad atropellada, maltratada. La cuestión clave era dónde iría a parar esa exigencia de paz después de tantos meses de agresiones, de corrupción, y de una pésima gestión de la pandemia. Todas las encuestas colocaban en primer lugar a la fórmula integrada por Luis Arce y David Choquehuanca. Sin embargo, notamos que en cenáculos influyentes -embajadas, organismos internacionales, editoriales televisivas, círculos económicos- no se perdía la esperanza de que el ganador, al menos en segunda vuelta, fuera Carlos Mesa.

Para buena parte de los sectores biempensantes locales e internacionales, Mesa aparecía como el garante de una continuidad amable, elegante, del régimen facto, y como el mejor antídoto contra el Masismo. Era la encarnación paceña de esa suerte de Macronismo global por el que suspiran tantas élites. Un intelectual capaz de hablar su lenguaje, de aplacar cualquier tentación “populista” y de permitir, bajo una retórica socialiberal, mantener el business as usual.

Tanto desde Estados Unidos como desde Europa se hizo mucho para que ocurriera: se amparó el papel fraudulento de la OEA en las elecciones de 2019, se toleraron o minimizaron gravísimas violaciones de derechos humanos por parte del régimen de facto, se dejó las manos libres a la extrema derecha para que actuara contra las bases masistas. Todo ello con la convicción de que Mesa irrumpiría entre el humo y los escombros como el gran pacificador, como el voto útil de un nuevo orden “culto”, liberal, moderno, capaz de convertir al MAS en un paréntesis pintoresco de la historia andina.

A medida que avanzaba la tarde, hubo algunas señales de que las cosas no irían por este camino. En una decisión algo extraña, pero celebrada por nosotros, el Tribunal Supremo Electoral había dejado caer, un día antes de las elecciones, el Sistema de Conteo Preliminar que tantos problemas había ocasionado en 2019. Con ello, el momento clave de la noche electoral se trasladaba a las encuestas a boca de urna encargadas a empresas privadas claramente dominadas por sectores anti-masistas. Se calculaba que a partir de las ocho publicarían sus resultados. Esto tenía un riesgo cierto, puesto que marcaría una tendencia que podía no coincidir con los datos oficiales finales. El fantasma de los enfrentamientos por los resultados volvía a sobrevolar el ambiente.

Cuando eran casi las nueve, las televisiones bolivianas comenzaron a anunciar que la publicación de los resultados sería “inminente”. Sin embargo, el subtitulado que informaba en rojo las aparición de las primeras cifras permaneció largamente congelado en la pantalla. Los temores de una retención deliberada y de un posible fraude contra el MAS se apoderaron de muchos de nosotros, así como de compañeras y compañeros pertenecientes a las delegaciones del Parlasur, de la Internacional Progresista o de la Copppal, encabezada por el derrocado presidente paraguayo Fernando Lugo. El nerviosismo fue creciendo. Era difícil no pensar qué ocurriría con miles de bolivianos –y con nosotros mismos– si se desataba una nueva ola represiva.

Y de pronto, lo increíble. Esos momentos únicos, que condensan y condicionan una época. Tras horas de demoras injustificadas, los resultados a boca de urna revelaban lo que nadie había previsto: el MAS se imponía en primera vuelta, con más de veinte puntos de diferencia, sobre su inmediato seguidor. Un nudo nos ganó la garganta. La propia Jeanine Añez salía a reconocer que la fórmula Arce-Choquehuanca había sido escogida para gobernar el país. La sorpresa era inmensa. La alegría, también.

El voto como bofetada contra el abuso de poder

Lo ocurrido desbordaba las expectativas más optimistas. Entrada la madrugada, comenzaron a circular en los móviles las declaraciones de un sindicalista de la Central Obrera Boliviana -la célebre COB- que ayudaba a entender algunas cosas. “Les hemos dado un sopapo, un revés”, decía, mientras mascaba unas hojas de coca. “Hoy la gente ha votado contra la discriminación, contra la prepotencia. Han lastimado lo más profundo de los bolivianos. La pollera, la whipala, la Pachamama. Nuestras tradiciones ancestrales, milenarias. Se han despreocupado por el sector productivo de Bolivia. No les ha importado más que hacer corrupción, humillar al pueblo boliviano, discriminar ¿Cuántas armas han caminado hoy día por Bolivia? Esto va a quedar para la historia. Y el mundo lo ha visto: ¿cómo en un día de fiesta democrática pueden sacar armas a la calle?”

En un escenario de guerra civil asimétrica, de agresión militar, pero también de agresión social y económica, el voto resultaba una última oportunidad no violenta de proteger la vida. O se conseguía con el voto, o tendría que conseguirse en las calles, a través de la movilización, y al precio que fuera necesario. Y pasó lo inesperado. El MAS volvía y lo hacía con millones de votos, confirmando la profecía atribuida al caudillo aymara Tupac Katari, antes de ser asesinado por los corregidores españoles, en 1781. Y no solo eso. Volvía evitando las provocaciones, sorteando las patrullas militares y las amenazas del ya menguante Ministro Murillo. Para una amplia mayoría de la población, el voto se había convertido en la herramienta más eficaz para limitar el abuso de poder. Y no se había ejercido de cualquier manera. Había tenido un carácter inequívocamente pacífico, y sobre todo, había sido masivo. Esa masividad fue tan contundente que pronto quedó claro que no podría ser neutralizada por ninguna de las vías coercitivas utilizadas durante el golpe de 2019. Ni la intimidación, ni el fraude, ni la intromisión ilegítima de ningún actor internacional. El desprestigio del régimen y los veinte puntos de diferencia entre Arce y Mesa dejaron sin opciones a las alternativas golpistas. Ni el Secretario de Estado, Mike Pompeo, ni el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ni los grupos de choque de Luis Camacho, en Santa Cruz, pudieron maquinar para impedir una salida democrática.

Mesa o el fraude del Leviatán liberal

Pero no solo Pompeo o Almagro habían sido derrotados. También la opción Mesa había naufragado de manera inapelable. Sus promotores fueron los primeros en recibir el “sopapo” tan expresivamente descrito por el trabajador de la COB. Los más de veinte puntos que separaron a Arce de Mesa reflejaban un desprecio y un desconocimiento insultantes por parte de ciertas élites de una Bolivia indígena, campesina, popular, siempre subestimada en sus análisis sociológicos o tratada como una masa infantil, manipulable, sin autonomía propia. Pero había algo más profundo. La propia aspiración a un Leviatán liberal encabezado por Mesa se revelaba como un fracaso. Como un concepto fraudulento que se asentaba en una contradicción notoria: la de un liberalismo que había consentido todo tipo de tropelías contra las libertades más elementales. La de una promesa de orden, de estabilidad, que se había dejado arrastrar sin tapujos por desorden, por el caos represivo y por las corruptelas de la extrema derecha. En realidad no era algo nuevo. Contemplado a través del cristal boliviano, el propio siglo veinte aparecía repleto de refinados liberales à la Mesa que prestaron sus servicios al matonismo “antipopulista” de extrema derecha, con la esperanza de poder desembarazarse de un adversario incómodo en su camino a la gloria. Lo cierto, sin embargo, es que el grueso de ellos obtuvo lo mismo que el 18 de octubre había deparado al profesor boliviano: un triste lugar en el panteón de los políticos fracasados.

Luis Arce y la gestión la esperanza   

Quien sí había recogido los frutos de esa exigencia existencial de paz y de seguridad social económica había sido el binomio integrado por Luis Arce y David Choquehuanca. A medida que avanzaba el escrutinio, todo adquiría claridad retrospectiva. El impresionante despliegue territorial del MAS y de sus diferentes núcleos comunitarios, que en pocos meses habían recuperado mística y capacidad organizativa espoleados por la represión. El papel carismático de Evo Morales, quien en medio de los embates más duros había resistido y agudizado el olfato del viejo dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba. Las propias figuras de Arce y Choquehuanca, con quienes nos habíamos reunido dos días antes en la modestísima sede del MAS, aparecían ahora más nítidas, bajo una luz nueva. Arce, como el hombre tranquilo que encarnaba con solvencia un modelo económico inteligente, que había garantizado crecimiento, inclusión, distribución de la riqueza, y que había mejorado la vida concreta de millones de bolivianos y bolivianas. Choquehuanca, como garante de la revisión de errores del pasado y como vínculo autorizado con los pueblos indígenas y campesinos. Y tras ellos, una nueva generación de dirigentes que prometía aportar savia nueva al proceso de democratización del país: Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado más joven de la historia de Bolivia, con solo 29 años; la valiente Eva Copa, presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional; el carismático Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero y vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba.

Los retos, en un contexto de pandemia y de un horizonte económico difícil, eran enormes. Estabilizar el país, reparar los daños a los bienes públicos, comunes, revertir desigualdades sangrantes, facilitar la articulación comunitaria generada durante la resistencia al golpe. Combinar de forma sabia las exigencias de justicia, de reparación de los crímenes del interregno Añez, con las demandas de paz de una sociedad demasiado agotada por el clima de guerra civil como para que el MAS pudiera limitarse a “ser como ellos”. Un apoyo tan contundente, pero tan diversificado internamente, obligaba a una reconstrucción firme y cuidadosa de una república genuinamente plurinacional, capaz de corregir los errores de las gestiones anteriores, de afirmar los aciertos, y también de inventar, de ofrecer a la región y al mundo nuevas razones para la esperanza.

El lunes siguiente a las elecciones el país se levantó aliviado. Un sol intenso, amable, cubría La Paz y las calles recuperaban el color del pequeño comercio, de la venta ambulante. Las noticias traían una cascada de reconocimientos al nuevo Gobierno: Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, Sebastián Piñera y Pedro Sánchez. La sensación, en realidad, era que entre octubre del 2019 y octubre del 2020 algo se había movido. El eje de la incidencia internacional se había desplazado de la OEA y de Trump a la ONU y la Unión Europea. El francés Jean Arlaut, comisionado por António Guterres para buscar una salida pacífica en Bolivia, no tenía nada que ver con el fraudulento Luis Almagro. Y Josep Borrell estaba determinado a no actuar al ritmo de Pompeo.

Antes de abandonar la ciudad, tuvimos tiempos de abrazarnos –los contenidos abrazos de estos tiempos de pandemia– con viejas amigas y amigos de Bolivia, compañeras de lucha, de resistencia, de innumerables reuniones de Zoom durante la pandemia y durante la infausta de la dictadura añista. Muchos de ellos habían decidido regresar tras un exilio doloroso, arriesgando sus vidas, apostándolo todo a una victoria popular que había acabado por producirse. Cada quién, entre lágrimas, ensayaba el duelo de lo que habían sido aquellos meses de ruido y furia: las muertes de gente amiga, las amenazas a familiares, las persecuciones judiciales, el saqueo de bienes. Sin embargo, esta vez, la pena daba rápidamente paso a una sonrisa liberadora. El ajayu, el alma aymara, les volvía al cuerpo y con los ojos iluminados, todavía incrédulos, comenzaban a enumerar los desafíos y los signos de un tiempo nuevo. Y no solo para Bolivia. Para Chile, que había celebrado su propio 18 de octubre con una Plaza de la Dignidad repleta de banderas mapuche y de cantos que recordaban, con Quilapayún, que “el pueblo, unido, jamás será vencido”. Para Ecuador, cuya justicia había autorizado la inscripción de la pareja Andrés Arauz y Carlos Rabascall para las elecciones presidenciales de 2021. E incluso para los Estados Unidos, donde los resultados bolivianos suponían un nuevo dolor de cabeza para Donald Trump, pieza clave en la articulación de las extremas derechas ibero-latinoamericanas.

Llegamos al aeropuerto de La Paz-El Alto hacia la hora de comer. Pedimos algo de fruta, apuramos una última empanada, enviamos nuestras impresiones a nuestros compañeros del Congreso y a toda la gente que nos había seguido, preocupada, durante nuestro precipitado salto a Bolivia. Mientras nos acercábamos a los últimos controles de salida, nos vino a la cabeza el discurso pronunciado poco antes de las elecciones por el ministro de Defensa del Gobierno Añez, Luis López, a propósito de los 53 años del asesinato de Ernesto Guevara en La Higuera. En él, López había advertido con tono marcial que no permitirían que los extranjeros, cualquiera sea su nacionalidad, vinieran a “subvertir” el país, como había intentado el Che. Y había recordado con tono amenazante que aquellos “terroristas y aventureros” habían sido derrotados “no solo por el Ejército boliviano, sino también por el pueblo”, y que la historia se podía volver a repetir. Mientras comentábamos aquel discurso macabro, un militar boliviano, joven, nos reconoció detrás de las mascarillas “¿No son ustedes los observadores que aparecieron en la televisión estos días?” Nos miramos, tomamos aire, y asentimos con la cabeza. “Que sepan que serán siempre bienvenidos a Bolivia” agregó con una sonrisa. Es difícil saber qué hubiera ocurrido con unos resultados electorales más ajustados. Pero los obtenidos habían cerrado paso a la violencia desbocada y a la muerte. Con su coraje extraordinario, el pueblo boliviano salvaba la memoria del Che y nos devolvía a Madrid sanos, salvos y llenos de esperanzas en aquella gran revuelta democrática que acababa de producirse ante nuestros ojos sacudiendo al mundo.

* Diputados del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.

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12 de octubre. Por un republicanismo anticolonialista

Por Gerardo Pisarello. Publicado en Público.es 12/10/2020

Los actos evocatorios del 12 de octubre de 1492 tendrán este año un significado singular. Por el propio contexto de pandemia, que sitúa cualquier reflexión pública en una suerte de niebla espesa, por momentos irreal. Pero también por la emergencia, a uno y otro lado del océano, de una extrema derecha descaradamente negacionista de lo que de crueldad y expolio tuvieron aquellos choques sociales y culturales. 

Esta realidad obliga a prestar atención a las ciento de miles de voces que, en medio de una dramática violencia racista estatal y paraestatal se están movilizando contra el neofascsimo en diferentes rincones del mundo. Y constituye una buena ocasión, también, para articular un republicanismo del siglo XXI con anticuerpos suficientes para repeler, entre otras cosas, el virus letal del racismo y del colonialismo.

1- Bartolomé de las Casas y las semillas del republicanismo anticolonial

Sin dudas, una de las figuras más interesantes para acometer esta tarea es la del humanista y fraile dominico, Bartolomé de Las Casas. Nacido en Sevilla hacia 1474 en un familia de mercaderes, Las Casas representa a una generación que por su propia vivencia de la conquista en América reaccionó a las atrocidades que él mismo describiría indignado en su “Brevísima relación de la destrucción de Indias”, de 1542. Su experiencia de la brutalidad colonial –Las Casas calculó que en cuatro décadas más de 12 millones de amerindios habían muerto como consecuencia de malos tratos, matanzas, epidemias– no fue vana. Por el contrario, fue lo que le permitió convertirse en una figura clave de la teorización moderna de los derechos humanos y del republicanismo democrático.

Las Casas vivió unos 82 años. Llegó a La Española –hoy Haití– cuando tenía poco más de veinte. Una década más tarde, hacia 1514, tomó conciencia plena de lo que suponía el sistema de esclavitud y saqueo practicado por conquistadores, colonos y encomenderos contra las poblaciones originarias. A partir de entonces, dedicó el resto de su vida a denunciarlo y a proponer medidas para acabar con este sistema. La más radical fue la supresión total y definitiva de lo que consideraba el peor de los crímenes:  la “encomienda perpetua”, piedra angular del régimen de explotación económica y de vejaciones sobre el que se sostenía el edificio colonial.

En 1542, con las Nuevas Leyes de Indias, dictadas por Carlos V, Las Casas vio como sus esfuerzos se traducían en algunas reformas. Sin embargo, la reacción de los encomenderos fue tan brutal que el propio monarca acabó retrocediendo y revirtiéndolas. Con la transición monárquica de Carlos V a Felipe II, Las Casas vio menguada su influencia en la Corte. Eso le valió una soledad creciente, pero en sus últimos años, lejos de amilanarse, se radicalizó en sus posiciones. Agudizó sus críticas a la Corona. Defendió de manera explícita el derecho democrático de los pueblos indios colonizados a su autodeterminación y a ser restituidos en lo que por justicia les correspondía. Solo se arrepintió de una cosa: haber aceptado en su juventud que la esclavitud indígena fuera reemplazada con esclavos africanos para morigerar la tragedia que le estaba tocando presenciar. 

El escritor republicano cubano, José Martí, llegó a escribir, refiriéndose al coraje político, a la empatía y a la firmeza ética de Las Casas: “Empezó su medio siglo de pelea para que los indios no fueran esclavos; de pelea en las Américas; de pelea en Madrid; de pelea contra el Rey mismo; contra España toda, él solo, de pelea”. Unas de estas batallas, precisamente, fue la llamada “Controversia de Valladolid”, una polémica que lo enfrentó entre 1550 y 1551 a Juan Ginés de Sepúlveda. En dicha discusión, Sepúlveda defendió las guerras de conquista contra los “bárbaros” amerindios. Las Casas se opuso con argumentos contundentes: ¿era justa pues, la guerra de los romanos contra los españoles para liberar a estos de su barbarie? ¿no fueron más bárbaros, en tanto crueles y estólidos, conquistadores y encomenderos que los pueblos amerindios? ¿cómo es posible hablar sin más de razas o naciones bárbaras?

Pero la formación política y filosófica de Las Casas le permitió ir más allá. Como conocedor de Aristóteles que era, su crítica del genocidio americano le llevó a esbozar una teoría republicana y democrática del buen gobierno que se anticiparía a autores como Rousseau. En su tratado sobre El poder de los reyes y los derechos de los súbditos (De Regia Potestae…, en el original en latín) llegó a consagrar un principio anticolonial básico: que ningún Estado -ni rey, ni emperador- puede enajenar territorio ni cambiar su régimen político sin consentimiento expreso de sus habitantes. Las razones eran evidentes: el poder de soberanía procede del pueblo, y al elegir a sus gobernantes, el pueblo no pierde nunca su propia libertad. Los reyes y gobernantes –continuaba Las Casas- no son señores de los reinos. Son administradores de intereses comunes. De ahí que, citando a Bartolomé de Brescia, acabara defendiendo que los reyes fueran nombrados por voluntad popular, “aunque por costumbre se venga haciendo lo contrario” (De Regia Potestae…)

2- “Que se pierdan las colonias y se salven los principios”. El republicanismo anticolonial en la Revolución francesa y más allá del Atlántico

La admirable radicalidad democrática y anticolonial con la que Bartolomé de Las Casas afrontó el tremendo “choque de mundos” en pleno siglo XVI le granjearía el reconocimiento –hasta el día de hoy – de pueblos indios en Chiapas y otros sitios de América. Pero su influencia se proyectaría sobre la propia Europa, comenzando por la Revolución Francesa.

La cuestión colonial generó un importante debate en la Asamblea Constituyente francesa de mayo de 1791. Pierre-Victor Maloüet, dueño de plantaciones de azúcar en Santo Domingo y reputado portavoz del sector esclavista, reclamó una Constitución específica para las colonias con el fin de que la Declaración de derechos no se aplicara en ellas. Algunos diputados más desvergonzados, como Moreau de Saint-Méry, propusieron directamente que fuera el esclavismo en las colonias lo que resultara constitucionalizado.

El encargado de responderles fue el diputado Maximilien Robespierre. Y lo hizo de manera fulminante, en una memorable intervención el 13 de mayo. “Que perezcan vuestras colonias, si pretendéis conservarlas a este precio. Sí, si fuera necesario perder vuestras colonias o perder la felicidad, la gloria, la libertad, yo repetiría: ¡que perezcan vuestras colonias!”

La burguesía colonialista, girondina, insultaba a Robespierre y al Abad Grégoire llamándoles “Lascasistas”. Sabían de lo que hablaban. Y sabían lo contagiosas que las ideas del fraile sevillano podían resultar. No en vano, al socaire de las ideas y movilizaciones que agitaban Francia, en 1791 se produjo en Haití un levantamiento de esclavos encabezados por el líder negro Toussaint L’Ouverture. Los trabajadores se declararon hombres y mujeres libres y atacaron las propiedades de los terratenientes.

En 1793, por disposición de los jacobinos, los esclavos de colonias francesas obtuvieron la emancipación. Toussaint, un ex esclavo que sabía leer y tenía 50 años, fue declarado presidente vitalicio de la isla. Con la caída de Robespierre, Napoleón intentó recuperar el control colonial sobre la isla. Sin embargo, fue derrotado por el general negro Jean Jacques Dessalines. En 1804, este proclamó la República de Haití, que suplantó al francés Saint-Domingue. Confiscó todas las plantaciones y estipuló una reforma agraria que repartió la tierra entre los ex esclavos. Haití se convirtió así en la primera República independiente de América y en la primera República negra del mundo.

3- Dionisio Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz: “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre” 

Muchas de estas ideas viajaron también las Cortes de Cádiz. A la ciudad, asediada por la peste y la guerra, concurrieron no solo diputados de toda la península, sino también diputados americanos, de las colonias españolas de ultramar. No se trataba de simples aventureros. Eran personas que arriesgaban la vida y que tenían la certidumbre de que estaban ante una revolución que podía llegar a trascender el marco de la monarquía absolutista. Y así fue.

En diciembre de 1810, se escuchó en la sala de sesión de las Cortes un discurso inédito, que dejaría una honda impresión entre sus miembros. Ese alegato, poco conocido, hablaba de la igualdad entre españoles e indios americanos. Lo pronunció el diputado suplente por el Virreinato del Perú, Dionisio Inca Yupanqui. Sus palabras quedarían para la historia: “La mayor parte de los diputados y de la Nación apenas tienen noticia de [América] este dilatado continente. Los Gobiernos anteriores la han considerado poco, y solo han procurado asegurar remesas de precioso metal, origen de tanta inhumanidad, del que no han sabido aprovecharse […] Un pueblo que oprime a otros no puede ser libre […] Napoleón, tirano de Europa, su esclava, apetece marcar con este sello a la generosa España. Pero esta, que lo resiste valerosamente, no advierte […] que se le castiga con la misma pena que por el espacio de tres siglos hace sufrir a sus inocentes hermanos. Como Inca, Indio y Americano, ofrezco a la consideración de vuestra majestad un cuadro sumamente instructivo. Dígnese hacer de él una comparada aplicación, y sacará consecuencias muy sabias e importantes”. 

Las palabras de Inca Yupanqui sacudieron las Cortes. En ellas, resonaba el eco lejano de las resueltas revueltas indígenas protagonizadas en América contra el partido de los encomenderos. Así, por ejemplo, la de Julián Apaza Nina, más conocido como Túpac Katari, hijo de un minero aimara, que había llegado a montar en el Alto Perú un ejército de indios, mestizos, mulatos y negros y había llegado a cercar la ciudad de la Paz, en 1781, junto a su compañera, Bartolina Sisa, y su hermana, Gregoria Apaza. O la de José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, quien se levantó contra el Corregidor español a resulta de los abusos que suponían los tributos, diezmos y el sistema de mita minera en Potosí. 

La mayoría de diputados peninsulares en Cádiz escuchó con atención pero la respuesta fue fría, cuando no airada. Y es que a las palabras de Inca Yupanqui se sumaron las de otros diputados de ultramar que reclamaron, sin ambages, autonomía política y competencias económicas para las provincias y municipios de América. Para los “serviles” partidarios de Fernando VII de Borbón, esto era inadmisible, puesto que suponía poner fin a las remesas americanas de las que se nutría la Monarquía. Entre los diputados liberales moderados, los recelos no eran menores, ya que veían en estas demandas americanas dos pulsiones inaceptables: el federalismo y el republicanismo. 

Esto hizo que los únicos en solidarizarse de manera abierta con las peticiones de ultramar fueran los sectores liberales más radicales y cercanos al republicanismo. Uno de los más decididos fue el diputado por Lugo, Domingo García Quintana. En su intervención, criticó duramente las vejaciones cometidas contra los amerindios, defendió la abolición de la esclavitud e incluso, en un momento de arrebato, llegó a sostener: “hablar y amenazar no nos sacará de apuro: cuchilla, cuchilla es lo que necesitamos y pronto”. También el salmantino José Valcárcel Dato se pronunció en términos semejantes. Tras defender las exigencias americanas, denunció sin ambages a los jueces y funcionarios que “han presentado en aquellos preciosos dominios los más escandalosos y repetidos ejemplos de crueldad, de despotismo, de sobornos, de dilapidación […] habiendo quedado las injusticias más atroces, no solo sin castigo, sino que han sido premiados muchos autores de ellas”. 

4- El anticolonialismo republicano y federal de Pi i Margall 

Las peticiones de autonomía y de una relación federal por parte de las colonias americanas chocaron una y otra vez contra el absolutismo monárquico, hasta que, frustradas, se convirtieron en independentismo. Sin embargo, las propuestas de un reencuentro libremente decidido y entre iguales, no desparecieron. El propio Simón Bolívar, a través de su ministro en Londres, Francisco Antonio de Zea,  hizo llegar a las Cortes de Cádiz, sin suerte, la propuesta de una confederación republicana de ambos hemisferios.  

No faltaron, sin embargo, las voces que a lo largo del siglo XIX entendieron que la única forma de mantener la unión entre la península y América era renunciar al colonialismo y reconocer formas federales y confederales de convivencia. Una de las más firmes fue la del republicano catalán Francesc Pi i Margall. En 1854, con solo 30 años, Pi escribió desde Madrid una de las críticas más crudas y duras de la colonización española. “Hemos procedido siempre con las colonias como con nosotros el antiguo pueblo de Roma. Nuestras leyes han levantado una valla eterna entre vencedores y vencidos; nuestros gobiernos las han entregado constantemente a la rapacidad y al despotismo de los capitanes generales […] ¿cuándo nos hemos ocupado de la suerte de los indios bravos? Nos hemos contentado con decir que no son hombres, para cohonestar nuestra vergonzosa e imperdonable incuria”. 

Para Pi, la rapacidad y la ceguera colonialista no podían redimirse bajo el centralismo de los borbones. Por eso, como presidente de la I República española, fue partidario del federalismo interno y externo y de un amplio reconocimiento del autogobierno dentro y fuera de las fronteras estatales. En el proyecto de Constitución de 1873, influido por sus ideas, Cuba, Filipinas y Puerto Rico eran reconocidos como Estados dentro de una Federación republicana. 

Sin embargo, las ideas de Pi, así como las de muchos federales de libre adhesión, fueron derrotadas. Con la primera Restauración Borbónica, España reemprendió su política nacionalista y colonialista, pero el 1 de enero de 1899 ya había perdido tres colonias más. Poco años antes, cuando la criminalización de los rebeldes cubanos y filipinos acaudillados por José Martí y José Rizal arreciaban, Pi repetía los mismos argumentos de Bartolomé de Las Casas: “Nosotros, que así procedemos, ¿es justo que califiquemos ahora de bandoleros a los que contra nosotros se alzan por su independencia? […] Nación alguna tiene derecho a ocupar territorios que otros hombres pueblen, como éstos no se lo consientan. Si una nación los ocupa por la violencia, los vencidos pueden en todo tiempo combatirla hasta que la arrojen del suelo de su patria”.

5- Por un republicanismo anticolonialista, fraternal e internacionalista

Si la Primera Restauración Borbónica solo ensanchó la herida colonial durante en el siglo XIX, la Segunda, impulsada por Franco y consumada durante la transición, tampoco la ha cerrado. No en vano, Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, comenzó su reinado estrechando relaciones neocoloniales con las dictaduras de Videla, en Argentina, y de Pinochet, en Chile. Y lo acabó mandando callar a un presidente elegido democráticamente, precisamente por cuestionar esas relaciones de las que el Rey Borbón, como se está viendo ahora, sacaba provecho económico personal de forma descarada. 

Nada asegura, ciertamente, que un régimen republicano acabe de la noche al día con el lastre del racismo y del colonialismo institucionalizados. Son muchas, de hecho, las prácticas contradictorias, incoherentes, que sobre estas cuestiones, atravesaron también al republicanismo peninsular y americano. Con todo, esta tradición, en sus versiones democráticas, no oligárquicas, ha tendido, desde de Las Casas hasta Robespierre, desde Bartolina Sisa e Inca Yupanqui hasta Pi i Margall, a colocar la lucha anticolonialista entre sus principales preocupaciones.

En un momento en el que el Partido de los nuevos encomenderos, del despojo de los bienes comunes y del neo-supremacismo intenta imponerse con violencia voraz en Bolivia, Chile o Estados Unidos, con el visto bueno de Vox y tantos otros profetas del odio, repensar un republicanismo anticolonial e internacionalista, no es una cuestión secundaria. Es la más urgente de las batallas si de lo que se trata es de salvar de la barbarie más atroz a lo que otro Lascasiano, Francisco Fernández Buey, llamaba la humanidad sufriente. Eso y evitar, antes de que sea muy tarde, una degradación irreversible del planeta y sus especies. 

Riego contra los Borbones, 200 años después

El bicentenario del pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan podría servirnos para actualizar y llenar de vida y de futuro una tradición republicana, democrática y popular, imprescindible para alumbrar las tareas emancipatorias de nuestro tiempo

Por Gerardo Pisarello 8/10/2020. Publicado en CTXT

 “¿Cómo sufrís que un mortal […] se haya erigido en Rey absoluto y os domine y goce de vosotros como si para él fueseis creados?” Con estas palabras, y al mando de un pequeño batallón, el asturiano Rafael del Riego se levantaba en enero de 1820 contra Fernando VII en Las Cabezas de San Juan, Sevilla. Lo hacía en defensa de la Constitución de Cádiz de 1812, la más avanzada en la Europa de su tiempo, y la más incisiva en su propósito de embridar a la monarquía, de acotarle los espacios de discrecionalidad y de someterla a la legalidad. Aquella gesta, de la que se cumple el bicentenario, no solo puso en marcha lo que se conoció como el Trienio Liberal. Fue el antecedente más importante –y uno de los más olvidados– de una rica tradición republicana, democrática, que se extendió a lo largo de los últimos siglos y que vuelve a resonar en nuestros días, espoleada, una vez más, por la crisis que se cierne sobre la familia Borbón.   

1- Las primeras resistencias proto-republicanas a la Monarquía borbónica

Si hay algo que define la historia del republicanismo hispano en los siglos XIX y XX es la batalla contra la arrogancia y los abusos de una monarquía encarnada en una dinastía muy concreta: los Borbones. Fernando VII fue una de las figuras más reaccionarias de esta Casa. Esto le valió –como bien explica Emilio La Parra en su biografía definitiva sobre el “Rey felón”– irrumpir como “El Deseado” y acabar como “El Detestado”, algo que ocurriría con otros miembros de su familia. Por eso, precisamente, la tradición republicana, no solo en la Península sino del otro lado del Atlántico, no puede explicarse sin la oposición a un rey que hizo todo lo posible por librarse de cualquier atadura constitucional, persiguiendo con crueldad y alevosía a sus adversarios y decretando la necesidad de una “guerra a muerte” contra los movimientos por la independencia en América.

A pesar de sus límites, la Constitución de Cádiz era un eco de la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución francesa de 1791. Solo por eso fue uno de los mayores dolores de cabeza para la monarquía borbónica. En su articulado cabían tanto la primacía de la soberanía nacional como la defensa cerril de la religión católica. Pero en 1820, después de seis años de terror absolutista, y en una Europa cada vez más conservadora, representaba una suerte de estandarte protorepublicano contra un rey amparado por la una parte importante de la nobleza y del clero, que solo la había aceptado a regañadientes, con abierta falsedad, para abolirla en la primera ocasión que tuvo a mano.

Ese liberalismo no existía antes del siglo XIX. Y, sobre todo, no tenía nada que ver con lo que los neoliberales à la Esperanza Aguirre suelen entender como tal en el XXI

En Cádiz, de hecho, se fraguó el concepto “liberal” en su sentido político moderno. A pesar del uso anacrónico que suele hacerse del término, ese liberalismo no existía antes del siglo XIX. Y sobre todo, no tenía nada que ver con lo que los neoliberales à la Esperanza Aguirre suelen entender como tal en el XXI. El partido de los liberales nació para oponerse al de los serviles, partidarios del absolutismo. Y si bien no podía referenciarse directamente con el republicanismo francés, contaminado en 1812 por el imperialismo napoleónico, encarnaba muchos de sus ideales, al igual que los que inspiraban a la joven República norteamericana. De ahí que cuando el republicanismo democrático peninsular cobrara forma más clara, un par de décadas después, lo hiciera explícitamente ligado a lo más avanzado de las posiciones liberales y antiabsolutistas nacidas en la rebelde ciudad andaluza.

Ese singular liberalismo hispano tuvo muchos publicistas. Pero no hubiera podido quebrar la implacable resistencia absolutista sin enfrentarse a ella por la fuerza. No extraña, por eso, que las páginas más gloriosas de esta tradición fueran escritas por militares progresistas que precedieron a Riego en su pronunciamiento y que incluso fueron sus amigos: Francisco Espoz y Mina, Juan Díaz Porlier, Luis Lacy, José María Torrijos, Antonio Quiroga. Hoy es difícil imaginar al Ejército cumpliendo este papel progresista. Pero lo cierto es que la guerra contra Napoleón había implicado una pequeña revolución que lo cambió todo. Había desarticulado al Estado absolutista. Había reactivado las energías del municipalismo peninsular, acostumbrando a las ciudades y pueblos a actuar por su cuenta, a través de juntas celosas en la defensa de la descentralización y las libertades locales. Había animado a las mujeres –las “Amazonas de la libertad”, tan bien retratadas en el excelente libro de Pilar Garí y Juan Francisco Fuertes–, a romper el cerco de la vida doméstica y a asumir como propia la resistencia a Fernando VII. Y había alumbrado, también, guerrillas, milicias populares y ejércitos con jefes y oficiales progresistas, que se enfrentaron a los Borbones durante medio siglo, hasta que en 1868, de la mano de Joan Prim y de la Revolución Gloriosa, acabaron forzando su caída.

Por todas estas razones, cuando Riego se negó a embarcarse hacia América a aplastar las revueltas anticoloniales y se pronunció contra el absolutismo borbón invocando el respeto por la Constitución de Cádiz, el seísmo fue brutal. No solo en la península sino también más allá de sus confines. El poeta inglés Percy Shelley –influido por el republicanismo libertario de su suegro, William Godwin, y por el republicanismo feminista de su suegra, Mary Wollstonecraft– dedicó a la revolución de 1820-1823 su Oda a la Libertad. La Carta gaditana y la gesta de Riego también inspiraron revueltas en Nápoles, el Piamonte y Portugal. Lo mismo ocurrió en América, donde insuflaron nuevas fuerzas a los ejércitos de José de San Martín y Simón Bolívar y dejaron expedita la vía de la independencia a quienes, de manera infructuosa, habían intentado plantear durante años una relación igualitaria, federal, entre los territorios peninsulares y los territorios de ultramar.

2- La remoción de privilegios y las resistencias conservadoras y reaccionarias

El período que se abrió con el Trienio Liberal supuso una apertura inédita de la vida política en España. Las instituciones se llenaron de nuevos apellidos, diferentes a los que apoyaban al absolutismo, y la propia sociedad fue haciéndose rápidamente con los mecanismos de participación. Las Cortes liberales se sabían continuadoras de una labor que el golpe de Estado perpetrado por Fernando VII había interrumpido de manera brusca en 1814. El pronunciamiento de Riego, precisamente, había conseguido desarmar muchos de los objetivos de dicho golpe, permitiendo que se aboliera la Inquisición, se proclamara la libertad de prensa, se redujeran a la mitad los diezmos que los campesinos debían pagar a la Iglesia y se atacara, si bien tímidamente, a los sectores rentistas que controlaban “bienes de manos muertas”.

Los cambios fueron técnicamente lentos y no exentos de dificultades. Entre otras razones, porque los realistas, opuestos al sistema constitucional y partidarios de devolver al rey al centro del poder político, hicieron sentir su presión desde el primer momento. A ello hubo que sumarle las divisiones en el seno de los propios liberales, que operaron políticamente a través de dos tendencias: los moderados y los exaltados. Los primeros –con figuras destacadas como Agustín de Argüelles o el conde de Toreno– priorizaban la necesidad de consolidar jurídicamente los cambios desde las Cortes, y temían que la participación popular pudiera generar derivas demasiado radicales. Los exaltados, en cambio, planteaban una interpretación más social del liberalismo, y estaban convencidos que las transformaciones exigían una ciudadanía movilizada y la existencia de una fuerza pública capaz de defenderla.

Cuando Riego se negó a embarcarse hacia América a aplastar las revueltas y se pronunció contra el absolutismo invocando el respeto por la Constitución de Cádiz, el seísmo fue brutal

Obviamente, Riego fue una de las caras visibles de este último sector, junto a figuras como el también asturiano Álvaro Flórez Estrada, el aragonés Juan Romero Alpuente o José María Torrijos. Una parte importante del liberalismo exaltado terminó articulándose alrededor de sociedades patrióticas, tertulias de debate, nuevos periódicos, movilizaciones callejeras, milicias populares e incluso de nuevas agrupaciones como los comuneros, conocidos también como “los hijos de Padilla”.

No por casualidad, la acusación más dura que el conservadurismo y la reacción dirigían contra estos sectores avanzados del liberalismo era la de ser republicanos que querían ir más allá de la Monarquía constitucional y que defendían un programa de transformaciones demasiado radicales, no solo en términos políticos sino también económicos.

Las primeras Cortes, de mayoría moderada, hicieron todo lo posible por refrenar el crecimiento de este sector. Y una de las primeras decisiones que tomaron fue la de disolver el Ejército de la Isla a cuyo mando se encontraba Riego. La reacción de este fue airada. En sendos escritos dirigidos al Gobierno, al rey y a las Cortes, sugirió que esa decisión obedecía a “una mano enemiga del bien [que] dirige las operaciones del ministerio y con destreza conduce a su perdición a la Nación”. Poco después, se presentó en Madrid para exigir que la medida fuera revertida. Y si bien no lo consiguió, el recibimiento popular fue espectacular. Recibió homenajes, banquetes, y en una velada teatral en su honor, el público acabó entonando el ya popular “Himno de Riego” e incluso el “Trágala”, una canción dirigida a la monarquía que le exigía acatar sin rechistar la Constitución de Cádiz.

3- Las conspiraciones y “coletillas” del Rey Borbón

Obviamente, las resistencias más férreas a cualquier avance mínimamente democratizador provenían de la Casa Real. El levantamiento de Riego había obligado a Fernando VII a calzarse hipócritamente la máscara de la legalidad –“Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”– pero apenas pudo se trasladó con su familia a El Escorial. Desde allí, la Corte se convirtió en el centro de conspiraciones de todo tipo. El rey no dudó para ello en recabar la Santa Alianza, integrada por los gobiernos conservadores y reaccionarios de Rusia, Austria, Prusia y Francia.

Cada vez que Fernando VII se trasladaba a Madrid, sin embargo, debía aguantar críticas y gestos irreverentes por parte de la población. En una ocasión, la Guardia real llegó a arremeter con sus sables desenvainados contra paisanos desarmados que proferían críticas contra el monarca. El escándalo fue tal que provocó la disolución de este cuerpo armado, aunque la impresión generalizada fue que con Fernando de Borbón al frente, la idea de una monarquía constitucional constituía un auténtico oxímoron. 

En la apertura de la segunda legislatura ordinaria de Cortes, en marzo de 1821, el rey tuvo que pronunciar el discurso inaugural. El texto de su intervención, como era preceptivo, había sido preparado por Argüelles, presidente del Congreso, y ratificado por el resto de ministros. Sin embargo, el monarca no se limitó a leer el discurso que le habían redactado. Al final del escrito, introdujo un párrafo propio, la famosa “coletilla”, en el que denunciaba los constantes vejámenes cometidos contra su persona y la debilidad del ministerio en impedirlos y reprimirlos.

La acusación más dura que la reacción dirigía contra los sectores avanzados del liberalismo era la de ser republicanos que querían ir más allá de la Monarquía

Este tipo de movimientos no fue excepcional. A lo largo del Trienio, el rey no dejó de mandar mensajes de socorro a las cortes europeas, pintando para ello escenarios desesperados. “Esto va cada día peor –llegó a escribir– y se pone de peor aspecto: los republicanos adelantan descaradamente, sin rebozo y a pasos agigantados. De todas partes envían representaciones para que mude el Ministerio: todas ellas, a favor del pícaro de Riego. En Cádiz y Sevilla ya no quieren obedecer al Gobierno, ni recibir a las Autoridades que se envían allá, solo porque las envían los actuales ministros, a los que no conviene quitar ahora, pues si los revoltosos consiguieran esto mañana, se atreverían contra la Familia Real”.

Las nuevas Cortes elegidas en 1822 corroboraron sus peores temores. Los liberales moderados, partidarios de reformar la Constitución de Cádiz en un sentido conservador, perdieron peso, los exaltados crecieron y el propio Riego fue elegido presidente del Congreso. Cuando el Rey pronunció su discurso inaugural, dibujando un escenario casi idílico, el héroe de la Constitución no dudó en responder con una intervención que hacía referencia a “las maquinaciones repetidas de los enemigos de la libertad” y a la necesidad de preservar las reformas ya establecidas “apartando con mano fuerte los obstáculos que puedan oponérseles”.

4- El martirio de Riego y su legado republicano.

A pesar de estas palabras, y para desesperación de algunos de sus seguidores, Riego no se movió nunca de su papel de militar constitucional a la orden de sus superiores. Reyes menos canallas que Fernando VII, como Carlos I de Inglaterra o Luis XVI, acabaron subiendo al patíbulo. Pero ni Riego ni ninguno de los liberales de su generación se mostraron dispuestos a oficiar de Cromwell o de Robespierre. Dejaron que el rey y la mayoría del clero y la nobleza alentaran la guerra civil y conspiraran para que la intervención extranjera acabara con la Constitución y con los constitucionalistas. Y así ocurrió.

La Europa conservadora y reaccionaria estaba asustada, sobre todo Rusia y Austria. Bajo su presión, la Santa Alianza decidió en el Congreso de Verona acabar con una revolución que amenazaba con prender el fuego en toda Europa. Francia, de la mano de las tropas de los Cien Mil Hijos de San Luis, fue la encargada de estrangular al ensayo democratizador que supuso el Trienio Liberal. La resistencia fue importante en diferentes sitios del territorio. Pero las clases campesinas y el mismo artesanado que en 1808 se habían levantado en masa contra el ejército francés no vieron razones de peso, esta vez, para defender a unas políticas liberales que se habían despreocupado demasiado de ellas.

Con la caída del régimen constitucional, cayó también Riego, que fue trasladado a Madrid y fue ahorcado y decapitado en la Plaza de la Cebada, en un acto pavoroso propio del Santo Oficio de la Inquisición. Para que nada faltara, al día siguiente de su ejecución se publicaba en Madrid una supuesta retractación escrita y firmada por él antes de morir. Un intento postrero, e inútil, de evitar que el mito sobreviviera al personaje.

Como el propio Miguel de Unamuno escribiría años más tarde, “el suplicio de Riego supuso un golpe mortal para el absolutismo monárquico borbónico”. Y así fue. Contra lo que pretendían sus verdugos, desde el liberalismo progresista y el republicanismo del siglo XIX hasta el anarcosindicalismo, el socialismo y el comunismo del siglo XX, el héroe de Las Cabezas de San Juan nutriría un abigarrado universo de símbolos y sentimientos de indudable radicalidad democrática.

Ya en sus memorias, el novelista francés Alexandre Dumas dejó escrito: “Riego ha dejado un canto, de este canto nacerá una revolución, y de esta revolución, la república”. No se equivocó. El Himno de Riego fue declarado himno oficial durante la Primera República entre 1873 y 1874. Más tarde, con la llegada de la Segunda República, fue coreado en diversas ciudades de la península, junto a la Marsellesa y la Internacional. Incluso en el año 2000, la banda de rock madrileña Canallas se atrevió con su propia versión, adaptando la letra y manteniendo en pie las exigencias republicanas también para el nuevo siglo (“Si los Reyes de España supieran, lo poco que van a durar, a la calle saldrían gritando: ¡Libertad, libertad, libertad!”).

Que los 200 años del pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan sirvan, pues, para honrar a quienes, horadando en dura roca, se atrevieron a abrir nuevos caminos de libertad, de igualdad y de fraternidad. Pero sobre todo que sirvan para actualizar, para llenar de vida y de futuro una tradición republicana, democrática, popular, imprescindible para alumbrar también las tareas emancipatorias de nuestro tiempo.

Una Monarquia Patrimonial

Per Gerardo Pisarello

Publicat a l’Ara.cat

Al començament del segle XX, sota el títol Economia i societat, van veure la llum de manera pòstuma alguns dels escrits més penetrants del sociòleg alemany Max Weber. Weber hi distingia diferents formes de dominació en l’exercici del poder: la tradicional, la carismàtica, la burocràtica. Dins de la primera, n’evocava una a la qual no sempre s’ha parat esment: la patrimonial. El mateix Weber la vinculava a algunes formes d’estat, com la monarquia, i resulta molt actual en relació amb els actes de corrupció atribuïts a Joan Carles de Borbó.

Segons Weber, el poder patrimonial es caracteritzava per l’àmplia esfera d’arbitrarietat que s’atribuïa a qui l’exercia. L’abast d’aquest poder depenia almenys de dos factors. D’una banda, de la força i el “temor militar” que el monarca fos capaç de generar. De l’altra, de l’aparell administratiu que tingués darrere. Però hi havia alguna cosa més. Per a Weber, la dominació patrimonial del rei es basava en la seva autoritat domèstica. És a dir, era, a més de patrimonial, patriarcal. La funció de la família del monarca era donar cobertura organitzada a les seves necessitats sexuals i econòmiques per facilitar-ne la dominació. El rei, així, podia exigir la complaença de la seva pròpia família. Però també dels seus súbdits, la resta de membres lliures de la societat que, sense pertànyer a la seva família, estaven sota el seu domini polític. Amb una advertència. Només podia esperar la seva conformitat en “circumstàncies socialment favorables”.

Fins aquí, Weber. Aquests textos són d’inicis del segle XX. Però ressonen amb força indiscutible si s’analitza la realitat de la monarquia borbònica avui. Pensem en Joan Carles I, el paper del qual és indestriable de la força i del “temor militar” a què pot apel·lar. Investit pel dictador Francisco Franco, reconegut com a cap de les forces armades per la Constitució i reforçat com a màxima referència militar després del cop del 23-F de 1981, està lluny de ser un simple símbol sense capacitat d’actuació.

La concepció patrimonialista de la monarquia contradiu obertament la idea de monarquia parlamentària consagrada a la Constitució

Ben al contrari, aquest poder reafirmat després de la seva ascensió com a “salvador de la democràcia” és al cap i a la fi el que li va permetre utilitzar la institució en benefici propi. I, sobretot, el que li va permetre fer-ho envoltat de privilegis, al marge, sovint, de la ratificació dels representants de la voluntat popular, i a recer de l’escrutini públic.

És així com Joan Carles I es va acostumar a actuar com el cap d’una monarquia que deixava un marge ampli per als seus capricis i negocis privats. Aquesta concepció patrimonialista de la monarquia contradiu obertament la idea de monarquia parlamentària consagrada a la Constitució espanyola. I implica no sols el rei, sinó el conjunt de la família reial.

Una aproximació patrimonialista i patriarcal a l’anomenat joancarlisme ajuda a entendre millor els escàndols que van involucrar Iñaki Undargarin, gendre del rei, i la seva pròpia filla, Cristina de Borbó. O la increïble proximitat física a la Zarzuela de la mateixa Corinna Larsen, companya sentimental i de negocis de l’exmonarca durant més d’una dècada.

Moltes d’aquestes actuacions de la Casa del Rei van ser acceptades o tolerades mentre va haver-hi “circumstàncies socials favorables”, com advertia Weber. Tanmateix, l’aprofundiment de la crisi, amb els seus greus efectes econòmics, les ha tornat inacceptables per a la majoria de la població. Per molt que sàpiga greu a alguns, serà cada cop més difícil que la societat accepti les sancions desmesurades que el Codi Penal imposa a les crítiques a la Corona. O que s’admeti que la inviolabilitat del Rei s’utilitzi com a excusa per no investigar delictes greus que perjudiquen tercers. O simplement que es presenti com una mena de llicència per enriquir-se, valent-se d’informació privilegiada i dels avantatges socials que el càrrec comporta.

I el que resulta inacceptable tractant-se de Joan Carles I, també ho serà en relació amb Felip VI. El rei actual ja va començar malament intentant generar el seu propi “temor militar” amb el discurs del 3 d’octubre del 2017. Potser aquella intervenció li va permetre guanyar-se l’aplaudiment dels sectors més recalcitrants del nacionalisme espanyol. En canvi, li va alienar, de forma tal vegada irreversible, el suport d’una part considerable de la ciutadania a Catalunya, però també de fora de Catalunya. I no sols això. És ingenu pensar que el comunicat de la Casa del Rei reconeixent l’existència de negocis opacs de Joan Carles de Borbó eximeixi de sospites el rei actual. Els assumptes denunciats per la mateixa Zarzuela són tan greus que és impossible no preguntar-se si Felip VI estava al cas del que passava. Sobretot tenint en compte que els fets investigats es van produir quan l’actual monarca era un home madur, conscient que heretaria el tron, i no pas un jove que rondava pels passadissos del palau.

La pretensió de girar full amb l’argument que el tema genera “inestabilitat” tampoc no sembla realista. Davant una emergència econòmica i social sense precedents, el que seria veritablement desestabilitzador és no aclarir els fets ni adoptar mesures inequívoques perquè no tornin a passar. Consentir la impunitat no només suposaria normalitzar actes greus de corrupció comesos des de les més altes esferes de l’Estat. Seria avalar una concepció patrimonial de la monarquia que el mateix Weber, en bona lògica, situava més a prop de l’exercici despòtic del poder que de les monarquies considerades parlamentàries. Una raó suficient perquè, quaranta anys més tard, la ciutadania pugui pronunciar-se sobre la seva continuïtat.