El republicanismo fraternal de Lluís Companys

A 82 años de su infame fusilamiento, el abogado defensor de los derechos de los trabajadores, el republicano federalista y el presidente mártir de Catalunya, esperan reparación. Quizás una parte de esa reparación llegue con la nueva Ley de memoria democrática, a pesar de sus límites innegables

Lluís Companys, president de la Generalitat, con Roc Boronat a su derecha, iza la bandera catalana en el balcón de la sede del Sindicat de Cecs.
Lluís Companys, president de la Generalitat, con Roc Boronat a su derecha, iza la bandera catalana en el balcón de la sede del Sindicat de Cecs. Gabriel Casas i Galobardes/ Archivo de la Generalitat de Catalunya

Por Gerardo Pisarello

14 de octubre de 2022 El Diario.es

Un 15 de octubre de 1940, por decisión directa de Francisco Franco, era fusilado en Barcelona, en el castillo de Montjuïc, Lluís Companys, president de Catalunya y ex ministro de la República española. El proceso que condujo a su muerte fue una versión extrema, infame, de lo que hoy se conoce como lawfare: una pantomima llena de calumnias sobre la vida pública y privada del acusado, con una sentencia dictada de antemano. Pero el ensañamiento de las derechas radicalizadas con Companys, que hoy pervive en Vox y en el ayusismo que predomina en el Partido Popular, no es casual. Por su catalanismo, por sus convicciones federales, y por el republicanismo que encarnó, siempre solidario y fraternal con los pueblos y gentes trabajadoras de todo el Estado.

El Companys mártir de la dictadura franquista, en efecto, no se explica sin el vehemente abogado catalanista que, en los años previos, se forjó como activista en la lucha por una España republicana, democrática y federal. Desde sus primeros pasos en política, destacó por su compromiso con las clases trabajadores. Fue abogado de sindicalistas y obreros. Como buen conocedor de la vida rural, también contribuyó de manera decisiva a la organización del campesinado, creando para ello la Unió de Rabassaires. Y todo ello, en el marco de una oposición decidida a la monarquía borbónica, cómplice vergonzosa de la dictadura de Primo de Rivera.

En los convulsos años de la Barcelona de la primera posguerra, Companys arriesgó su vida en defensa de los trabajadores y contra la violencia de los sectores más recalcitrantes de la patronal. Esa violencia del poder privado le arrebató dos íntimos amigos: el abogado Francesc Layret, fundador junto a él del Partido Republicano Catalán, y Salvador Seguí, prestigioso líder anarcosindicalista partidario de la creación de un partido político que representara a la clase obrera catalana.

Hasta el advenimiento de la Segunda República, Companys fue, ante todo, un impulsor de la causa republicana. Por ello fue detenido varias veces y encarcelado. Y a ello dedicó su infatigable trabajo como abogado, periodista, concejal del Ayuntamiento de Barcelona o diputado en el Congreso. La victoria republicana en las elecciones de 1931 significó el salto de activista al gobernante. En poco tiempo, fue diputado en las Cortes Constituyentes de 1931, ministro de Marina en el gobierno de Manuel Azaña y, a la muerte de Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya.

Ya en este cargo, Companys impulsó una reforma de los arrendamientos agrícolas favorable a los trabajadores que fue férreamente resistida por la derecha catalana y por los terratenientes y propietarios rurales del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Poco más tarde, le tocó asumir algunas decisiones políticas clave que todavía hoy son discutidas.

Una de ellas fue su participación en la proclamación republicana y federal de octubre de 1934. El contexto era enormemente complejo. Las derechas nazis y fascistas crecían en Europa y utilizaban la violencia y la intimidación para abrirse paso en las instituciones democráticas y minarlas desde dentro. Cuando en España se anunció que las derechas locales que simpatizaban con estos sectores ultras entrarían en el Gobierno, se produjo una reacción instintiva entre las clases populares. La revolución asturiana de 1934, protagonizada por trabajadoras y trabajadores socialistas, anarquistas y comunistas, fue eso: un intento de detener preventivamente lo que se percibía, con fundadas razones, como un movimiento antirrepublicano y golpista.

Desde Catalunya, Companys decidió secundar esta llamada a resistir a las “fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar la República”. El 6 de octubre proclamó el Estado catalán dentro de la República federal española. Y lo hizo apelando a la “Cataluña liberal, democrática y republicana que no puede estar ausente ni silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que en las tierras hispanas luchan hasta la muerte por la libertad y el derecho”.

Por esta decisión, Companys y otros consejeros de su gobierno recibieron una condena de 30 años de prisión. La acusación de sus juzgadores era la de haber querido imponer “por la violencia aquel régimen federal que la soberanía constituyente rechazara”. Cinco de los veintiún vocales del tribunal, sin embargo, se pronunciaron a favor de la absolución. Su argumento fue que los acusados, lejos de haber atentado contra las instituciones republicanas, habían intentado preservarlas frente una regresión golpista de ultraderecha (que efectivamente se consumaría con la sublevación franquista).

Años después, ya restituido en la presidencia de la Generalitat como consecuencia del concluyente triunfo electoral de los frentes de izquierdas, Companys tuvo que volver a afrontar un contexto de similar complejidad. De lo que se trataba, esta vez, era de lidiar con la nueva revolución popular que se había desatado en julio de 1936 tras la victoriosa respuesta al alzamiento fascista en Barcelona. En aquella ocasión, Companys puso todo su empeño en intentar minimizar la violencia en la retaguardia republicana. Se pudo equivocar algunas veces. Pero siempre fue consecuente en su defensa del autogobierno de Catalunya, de la fraternidad republicana y de la libertad.

A 82 años de su infame fusilamiento, el abogado defensor de los derechos de los trabajadores, el republicano federalista y el presidente mártir de Catalunya, esperan reparación. Quizás una parte de esa reparación llegue con la nueva Ley de memoria democrática, a pesar de sus límites innegables. Pero no será suficiente. Y no lo será porque las derechas radicalizadas que lo calumniaron y lo asesinaron junto a Miguel Hernández, las Trece Rosas, Joan Peiró o Julián Zugazagoitia, vuelven a campar por sus anchas, tanto en España como en Europa.

Costaría, en efecto, encontrar hoy entre las derechas españolas gente como el conservador liberal madrileño Ángel Ossorio y Gallardo, que no solo llegó a ser abogado defensor de Companys, sino que le dedicó una biografía que todavía hoy emociona. Claro que para llegar hasta aquí, el propio Ossorio entendió que ni la monarquía, ni las exaltadas derechas que la acompañaban, podían garantizar las libertades que para él resultaban irrenunciables. La ausencia de gente como él hace que todo sea más difícil. Encontrarla, convencerla, es el gran reto de un antifascismo republicano, democrático, amplio, en condiciones de parar una nueva ola barbarie que la humanidad no puede permitirse.  

El 12 de octubre de las ultraderechas

Una cosa es reconocer el plural y rico legado europeo e hispano en América y otra muy diferente negar los desmanes que se cometieron durante la conquista y que han dejado una herida colonial que perdura hasta hoy.

12/10/2022 CTXT

Las derechas radicalizadas llevan años utilizando el 12 de octubre como una plataforma para exhibir una idea de España que conecta con los tópicos más esperpénticos del franquismo. Lo hizo el Partido Popular el año pasado y lo ha hecho Vox este año. De manera desacomplejada, virulenta, cuando no rayana en el ridículo. La operación no es ingenua. Es una ofensiva cultural dirigida a apuntalar un proyecto “hispanoamericano” de neoliberalismo furioso, neocolonial, en tiempos de guerra y de crisis energética. Sus protagonistas, fundamentalmente, son las viejas élites extractivistas, rentistas, de uno y otro lado del océano. Que en un contexto belicista, y en un mundo cada vez más multipolar, querrían encontrar un ámbito geopolítico de influencia, y de supervivencia, compatible con los designios estadounidenses en el continente.

Los conquistadores de pecho abombado

En estos últimos años, la ultraderecha ha intentado presentar su proyecto como una rebelión frente a lo que despectivamente llaman el “consenso progre” y “el globalismo” (léase, los derechos humanos reconocidos en decenas de tratados y cartas internacionales). Con este trasfondo, ha decidido invertir la mirada crítica clásica y presentar el 12 de octubre como una fecha de reparación de todos los “ofendidos” por los agravios del “multiculturalismo”, “los separatismos” o “el populismo”.

Partiendo de esta mirada, los sectores más duros de las derechas patrias se revolvieron iracundos cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió a Felipe VI que pidiera perdón por los crímenes amparados por la Corona en tierras americanas. La petición, sin embargo, no era extemporánea. El rey Leopoldo de Bélgica y la propia Isabel II del Reino Unido lo habían hecho sin que sus reinados se desmoronaran por ello. Y en el caso español no había menos razones para hacerlo. No solo por las andanzas de Hernán Cortés en el pasado, sino por la manera en que algunas empresas como Iberdrola o Naturgy estaban intentando reeditar en México algunas prácticas propias de los viejos encomenderos.  

En un acto de respuesta a la supuesta afrenta anti-española, personajes como Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar o Santiago Abascal, decidieron cargar contra el gobierno de López Obrador, contra los pueblos indígenas, e incluso contra el propio Papa Francisco –que había formulado unas palabras de disculpa similares a las del cardenal Joseph Ratzinger unos años atrás–, acusándolos de ser promotores de una nueva forma de “comunismo”. Para hacerlo, sacaron a relucir, con el pecho abombado, todo un catálogo de rudos e insobornables conquistadores, desde Don Pelayo al Cid Campeador (que no tuvo empacho, llegado el momento, en cobrar de Al-Muqtadir, rey morisco de Zaragoza).

Este año, Vox ha llevado al paroxismo estas iniciativas patrióticas. En una llamativa fiesta organizada en Madrid bajo el nombre “Viva 22”, los de Abascal dedicaron a Isabel la Católica y a Hernán Cortés carpas temáticas rodeadas de banderas españolas en las que se ensalzaba su ardor guerrero. Abascal, de hecho, pronunció su discurso central rodeado de quijotes que luchaban contra aerogeneradores y de figurantes vestidos de monjes, reyes y toreros.

En una llamativa fiesta, los de Abascal dedicaron a Hernán Cortés carpas temáticas rodeadas de banderas españolas en las que se ensalzaba su ardor guerrero

Díaz Ayuso no se ha quedado atrás. En la víspera del 12 de octubre, retuiteó con un orgulloso “Me too”, en inglés, un video en defensa del catolicismo y la monarquía promocionado por Jaime Mayor Oreja (“Mayor Oreja, menor cerebro”, rezaban algunos grafitis maliciosos hace años). El vídeo en cuestión, planteado una vez más como un festivo llamado a la rebelión frente a las prohibiciones y las pasiones tristes de las izquierdas, convocaba a la juventud a asumirse como “facha” con la misma convicción con la que se podía defender la españolidad “de la tortilla de patata, con o sin cebolla”. 

No es difícil reconocer en estas y otras iniciativas similares un intento de la ultraderecha de subir los decibeles en sus bravuconadas sexistas, racistas o clasistas. Ahí están, como ejemplo, los lamentables cánticos machistas proferidos por un seguidor de Vox desde las ventanas del Colegio Mayor para ricos, Elías Ahuja, de Madrid (“Putas, salid de vuestras madrigueras, conejas… sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!”). Y ahí está, también, la deliberada decisión de la ultraderecha de convocar en la capital del Reino, justo antes del 12 de octubre, la Segunda Cumbre de lo que ellos llaman la Iberoesfera.

Estas cumbres, cada vez más frecuentes, se plantean como el embrión de una Internacional reaccionaria decidida a expandirse en diferentes países de habla hispana, y a hacer frente a espacios de izquierdas o progresistas como el Foro de São Paulo, fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990, o el informal Grupo Pueblo, de creación más reciente. Entre sus miembros más asiduos suelen estar muchos firmantes de la llamada Carta de Madrid, promovida por Vox en octubre de 2020 con el fin, una vez más, de combatir el “consenso progre”, “la Agenda 2030” y el “comunismo global”.

Estas convocatorias suelen reunir a las expresiones más delirantes de la extrema derecha internacional. Desde personajes como Eduardo Bolsonaro, admirador, como su padre, del golpe de Estado de 1964 contra João Goulart, a los ultras argentinos Javier Miley y José Luis Espert, nostálgicos, también, de la dictadura de Videla; pasando por el exministro golpista de Bolivia, Arturo Murillo, hoy detenido en una cárcel de Miami; o la presidenta del partido Hermanos de Italia –Fratelli di Italia–, Giorgia Meloni.

Aunque Vox y el Partido Popular de Aznar y Ayuso se reparten áreas de incidencias y pueden variar en el tono, comparten muchas amistades, aliados, y medidas programáticas. Este año, por ejemplo, la Cumbre de la Iberoesfera ha contado con invitados especiales como el chileno José Antonio Kast, hijo de nazis alemanes, amigo del marqués de Vargas Llosa y conocido admirador de Pinochet, o la senadora colombiana María Fernanda Cabal, seguidora de Álvaro Uribe. También ha recibido saludos entusiastas del propio Donald Trump, que ha dejado claro el padrinazgo de la ultraderecha estadounidense a un “hispanoamericanismo” que consideran aliados de sus intereses en América Latina.

Un nuevo partido de encomenderos e inquisidores

Sería un error pensar, en todo caso, que estas ofensivas de la derecha radical y de la ultraderecha persiguen dar la batalla cultural por un pasado ya muerto. Su propósito, por el contrario, es reforzar culturalmente, de una manera que habría alertado a Antonio Gramsci, un proyecto de acumulación y de despojo económico que lleva décadas produciéndose.

Al igual que ocurrió durante la conquista de finales del siglo XVI, los nuevos conquistadores patrocinados por las derechas radicalizadas van acompañados de nuevos encomenderos y de nuevos inquisidores. Unos, especialmente interesados en hacerse con recursos energéticos clave como el petróleo, el litio, el carbón y otros minerales existentes en sus antiguas colonias de África o América. Otros, siempre dispuestos a dar cobertura ideológica, con la Biblia o con la espada, a empresas cuyo carácter predatorio apenas queda disimulado tras los millones invertidos en publicidad.

Este proyecto neoliberal y neocolonial ha visto en este 12 de octubre marcado por la guerra, la inflación y una batalla internacional por la apropiación de recursos energéticos escasos, una oportunidad de oro para una nueva ofensiva. Los ataques a los movimientos indígenas y campesinos que protegen selvas, bosques y tierras de las grandes transnacionales; las violentas diatribas contra el feminismo y los movimientos LGTBIQ+ que ponen en cuestión las formas patriarcales de organizar la familia y la economía; las proclamas racistas y clasistas contra colectivos empobrecidos o contra las organizaciones sindicales, son parte de este ataque. Las fake news, los golpes, la utilización de las cloacas del Estado y las operaciones de lawfare, de persecución judicial arbitraria contra activistas sociales y gobiernos populares o progresistas, también.

Para llevarlas adelante, las derechas radicalizadas y las ultraderechas cuentan con jueces, fiscales, policías y parapolicías, medios de comunicación y de propaganda propios e incluso con iglesias –evangélicas, pentecostales o de grupos cristianos reaccionarios– dispuestas a actuar coordinadas con un objetivo común: presentar cualquier intento de limitar sus ambiciones económicas, por moderado que sea, como la encarnación de un nuevo Satanás y como una amenaza a la familia tradicional o a la propiedad privada de todos.

La necesidad de alternativas republicanas fraternales y no coloniales

El avance de este nuevo partido de conquistadores, encomenderos e inquisidores, apoyado por organizaciones como Atlas Network y financiados por grandes petroleras norteamericanas o por plutócratas como Charles Koch, es patente. No obstante, tras su irrupción repentina en el ámbito electoral con operaciones de manipulación de datos como las de Cambridge Analytica, ha ido perdiendo su capacidad de sorpresa –que no de causar daño– y ha comenzado a generar resistencias.

Muchas de esas resistencias parten, como no podía ser de otra manera, del reconocimiento de la importancia del legado hispano o europeo en la configuración sociológica del continente americano. Lo que ocurre es que ese legado es mucho más plural de lo que las derechas radicales estarían dispuestas a aceptar cuando invocan un 12 de octubre que parece salido de algún capítulo del Nodo franquista. Y es que ese legado, contra lo que sugieren los nuevos conquistadores de pecho inflado, incluye, por supuesto, tradiciones cristianas, católicas y no católicas. Pero también judías, árabes, que han convivido o se han mezclado con formas de religiosidad afro o vinculadas a los pueblos originarios. Y a esas herencias hay que sumar otras: liberales, anarquistas, conservadoras, socialistas y tantas más, que han ido configurando sociedades culturalmente ricas e irreversiblemente mestizas.

El avance de este nuevo partido de conquistadores, encomenderos e inquisidores es patente

Lo que las derechas radicalizadas no entienden es que una cosa es reconocer el plural y rico legado europeo e hispano en América y otra muy diferente negar los desmanes que se cometieron durante la conquista y que han dejado una herida colonial que perdura hasta hoy. A partir de fenómenos como el de Black Lives Matter o el de las reivindicaciones del 12 de octubre como día de la resistencia indígena, son cada vez más las voces que denuncian un viejo proyecto capitalista racista, clasista y ecocida, que ha mutado en algunas de sus formas, pero que subsiste todavía en nuestro tiempo, como han mostrado Andy Robinson y otros periodistas.

Algunas de estas voces, encarnadas en movimientos cristianos de base y en redes de solidaridad con el Sur Global, recuerdan a la del fraile sevillano Bartolomé de las Casas o a la del castellano Antonio de Montesinos, cuando, con la misma valentía solitaria exhibida hoy por el Papa Francisco, denunciaban las vejaciones y expolios que el sistema encomendero había producido en América.

Ese hilo anticolonial se ha mantenido a través de la historia. No solo entre los descendientes de Tupac Amaru, el cacique Lautaro o Bartolina Sisa, sino también entre quienes, desde la propia Península, leyeron a Las Casas y dieron continuidad a sus ideas. Desde el barcelonés Francisco Pi y Margall, presidente de la Primera República española de 1873, hasta la extremeña Carolina Coronado, una de las figuras más destacadas del movimiento antiesclavista de su tiempo.

Pi y Margall no dudó, en pleno siglo XIX, en cuestionar la bondad de las llamadas Leyes de Indias todavía hoy rescatadas por Vox y el PP, recordando, como Las Casas, que a través de ellas “se torturaba el espíritu de los indios” y “con el pretexto de fortificarlos en la doctrina de Cristo, los entregaban a merced de unos que llamaban encomenderos, que los trataban poco menos que como esclavos […] y los enviaban por cientos a la muerte”.

Pi y Margall no dudó, en pleno siglo XIX, en cuestionar la bondad de las llamadas Leyes de Indias todavía hoy rescatadas por Vox y el PP

Con esa misma contundencia, Pi admitía que Hernán Cortés había sido el más culto de los conquistadores españoles. Y que ese refinamiento, sin embargo, no le había impedido actuar con inusitada crueldad, ahorcando a dirigentes indígenas de quienes se fingió respetuoso amigo, mutilando a prisioneros o pasando a cuchillo a miles de hombres y mujeres indefensos.

Obviamente aquellas críticas de Pi a todo tipo de colonialismo –no solo a español, sino también al británico, en muchos aspectos más feroz que aquel– no se limitaban a lo ocurrido en el siglo XVI. Suponían una oposición frontal radical al esclavismo y al colonialismo de su tiempo, que incluía la perpetración de brutalidades en Cuba o Filipinas, como la ejecución vil, a manos de Millán Astray, del patriota filipino José Rizal.

Es el ejemplo de gente como Las Casas, como Tupac Amaru, como Pi y Margall y Carolina Coronado, el que debería llevar a las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierdas, a pensar una alternativa al internacionalismo de ultraderecha, neoliberal y neocolonial, que hoy pretende imponerse. Esa alternativa ya está presente en las resistencias de miles de víctimas de estos proyectos neoliberales y neocoloniales, desde Chico Mendes a Berta Cáceres o Marielle Franco. También en las iniciativas latinoamericanistas, e incluso iberoamericanistas, de figuras como Ignacio Lula da Silva o Gustavo Petro, o en las prácticas solidarias llevadas a cabo por sindicatos y movimientos feministas, antirracistas o ecologistas que, por evidentes razones culturales, mantienen vínculos estrechos de uno y otro lado del océano.

Esas iniciativas sociales y políticas ibero y trans-americanas, tan alentadas por pensadores como José Saramago, deberían ser conscientes de la necesidad urgente de articular respuestas comunes a la brutalidad de la ultraderecha mundial. Ello exige desplegar iniciativas culturales, mediáticas y organizativas conjuntas, basadas en el mutuo reconocimiento y en la traducción de las diferentes luchas que se están produciendo contra los ataques racistas, sexistas y clasistas que el neofascismo neoliberal de nuestro tiempo ampara sin ruborizarse.

Que Vox, de hecho, haya elegido el 12 de octubre para convocar a las extremas derechas de América, Europa y Estados Unidos, y lo haya hecho publicitando una patética canción que pide “Volver a 1936”, no parece del todo fortuito. Y es que fue un 12 de octubre de 1936 cuando el fascista José Millán-Astray, enconado defensor del “macizo de la raza”, amenazó en la Universidad de Salamanca a un Miguel de Unamuno que aparecería misteriosamente muerto tiempo después.

Unamuno, como Pi y Margall, había mostrado su admiración por Rizal y por los patriotas de las colonias que no querían seguir siendo súbditos de la Corona sino ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Unamuno, igual que Pi, había entendido, después de leer a su admirado Simón Bolívar, que la única alternativa a la degradación del imperio hispano era la construcción de nuevos lazos iberoamericanos entre pueblos libres e iguales. Y Unamuno, como Pi, había llegado a la conclusión de que ese proyecto era inviable bajo los Borbones, por lo que era menester poner en pie alternativas republicanas, fraternales y no coloniales, que le ayudaran a abrirse camino. Que así sea.

Gerardo Pisarello

Diputado de En Comú Podem. Profesor de Derecho Constitucional de la UB.

Los peligros de la foto de familia de la Monarquía española

Cuesta creer que, en un momento judicial y socialmente tan delicado para Juan Carlos I, la Casa del Rey no haya hecho más por tomar distancias y evitar que Felipe VI fuera visto junto a su padre en Londres
En la segunda fila, de derecha a izquierda, el rey Felipe VI, la reina Letizia, el rey emérito y doña Sofía, en una captura de vídeo del funeral por Isabel II de Inglaterra, el pasado 19 de septiembre en Londres.
En la segunda fila, de derecha a izquierda, el rey Felipe VI, la reina Letizia, el rey emérito y doña Sofía, en una captura de vídeo del funeral por Isabel II de Inglaterra, el pasado 19 de septiembre en Londres.EFE

Por Gerardo Pisarello

El País. 22/9/2022

“Todas las familias felices se parecen entre sí, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. La conocida sentencia de Tolstói ilustra bien el trágico sino de las instituciones hereditarias. Continuar los logros de los padres, alejarse de sus vicios, permanecer en las virtudes de un hijo o abjurar de sus traiciones. Todo puede ser objeto de dicha o de desgracia. Más aún si en la asunción o el rechazo de esa herencia se dirime una cuota de poder. Quizás por eso, la frase de Tolstói, aplicable a las familias en general, cobra especial relevancia cuando de las familias reales se trata.

La muerte de Isabel II de Inglaterra, una de las reinas más longevas de la historia, ha vuelto a poner de relieve la importancia que la herencia tiene en una institución no electiva como la monarquía. Los reyes no son investidos como tales por sus méritos o por libre voluntad ciudadana. Lo son simplemente por tener la sangre o por ser hijos de alguien. Esto último otorga a la herencia recibida de sus antecesores un papel central, ya que puede ser la clave para que el nuevo rey —carente de legitimidad de origen— consiga labrarse una nueva legitimidad de ejercicio.

El caso de Carlos III de Inglaterra es paradigmático. Muchos de los problemas que su reinado enfrenta tienen que ver con la falta de legitimidad democrática a la que suele asociarse a la monarquía. Así lo ven las generaciones más jóvenes, cuyo apoyo a la institución no pasa del 30%. Y así lo ve también una creciente mayoría social en Escocia, Australia o Jamaica que, tras siglos bajo la égida de la monarquía, aspira a vivir en repúblicas.

Frente a esa realidad, Carlos III sabe que una de las pocas bazas con las que cuenta es poder beneficiarse de lo mejor de la herencia materna. Hacerse con el tiempo de su carisma, y conseguir, como ella, transcurrir con un perfil discreto, que disimule las carencias de una institución que en muchos sitios fuera de Inglaterra es sinónimo de colonialismo, de racismo, y de privilegios inaceptables. Es difícil saber si el hombre que es incapaz de apartar un tintero sin la ayuda de un súbdito o que se irrita en público porque un bolígrafo le ha manchado un dedo de tinta podrá conseguirlo. Pero de lo que no hay duda es que de ello depende su supervivencia política.

Si esta reflexión se traslada a nuestro entorno, la situación parece la inversa. Felipe VI lleva tiempo intentando construir una legitimidad de ejercicio que lo aleje, y no que lo acerque, de su padre. La tarea es ardua. De entrada, porque los cuestionamientos de Juan Carlos I y de sus conductas comienzan a ser tan generalizados que es casi imposible hacerlo con discreción.

Durante los fastos por la muerte de Isabel II, fueron muchos los medios británicos que recordaron las acusaciones que pesan sobre Juan Carlos I. Incluida, claro está, la de acosar, difamar y vigilar ilegalmente en la propia Inglaterra a su exsocia Corinna Larsen. Quizás por eso, la foto del rey emérito junto al Rey actual resulta tan inquietante. Porque cuesta creer que, en un momento judicial y socialmente tan delicado para Juan Carlos, la Casa del Rey no haya hecho más por tomar distancias. Un monárquico lúcido tendría razones para estar preocupado. Porque si la impresión que se genera es que el hijo consiente las estrategias del padre para burlar la justicia británica, no hace falta ser un Tolstói republicano para augurar a la familia real un futuro poco prometedor.

Chile: ¿y ahora?

La respuesta no puede ser un repliegue conservador sino un relanzamiento del proceso constituyente que afronte mejor la disputa ideológica

Gerardo Pisarello 6/09/2022 en CTXT

El rechazo a la Constitución chilena en el plebiscito del domingo 4 de septiembre ha sido un golpe duro, que no se puede maquillar. Los números están ahí y son inapelables. Sin embargo, sería un error reaccionar con una respuesta conservadora y con una mirada propia del pasado. Como si el problema fuera no haber pactado con la derecha, como en los viejos tiempos de la Concertación, o como si los anhelos de cambio que siguieron a las movilizaciones de 2019 hubieran perdido su potencia. 

El proceso constituyente que se abrió en Chile no fue un proceso constituyente concedido desde el poder. Fue un proceso literalmente arrancado a un Gobierno derechista, el de Piñera, mediante una movilización de jóvenes, mujeres y sectores populares que sorprendió al mundo por su coraje y determinación a la hora de enfrentarse al statu quo.

Gracias a esa movilización, en octubre de 2020 se decidió en referéndum, con un 78% de votos a favor, que había que elaborar una nueva Constitución que reemplazara a la de Pinochet, de 1980. Esa decisión vino acompañada, con un del 79% de apoyos, por otra adicional: que la Convención encargada de elaborar el nuevo texto fuera electa mediante sufragio, de manera paritaria, con listas propias para independientes, y con escaños reservados para los pueblos originarios.

Estos altísimos porcentajes, no igualados en otras votaciones, venían a establecer algunos mandatos implícitos dirigidos a la Convención. El primero: que acabara con la Constitución de Pinochet. El segundo: que redactara una Constitución más democrática y participativa, eliminando los resabios autoritarios de la de 1980. El tercero: que fuera una Constitución social, capaz de superar el veto neoliberal a que el Estado pueda intervenir en la economía para proteger lo público y establecer límites al poder privado concentrado. La cuarta: que los derechos de los pueblos originarios, la protección del medioambiente y los reclamos del movimiento feminista tuvieran centralidad constitucional.

Se discutió y se elaboró una Constitución mucho más democrática que la de 1980, vanguardista en cuestiones de feminismo, pueblos originarios o medio ambiente

Estos mandatos fueron asumidos por la Convención con un alto grado de fidelidad. Se discutió y se elaboró una Constitución mucho más democrática que la de 1980, tan social como muchas de las que ya rigen en el mundo, y vanguardista en su manera de recoger las demandas del feminismo, de los pueblos originarios, o de tutelar el medio ambiente.

La cuestión es por qué esta propuesta constitucional, tan sensata y avanzada al mismo tiempo, pero sobre todo tan apegada al mandato de una mayoría social tan amplia, no ha podido recabar un apoyo similar al que tuvo la entrada a este proceso.

Sin duda se podrían señalar errores en la redacción de este o aquel artículo o en la actitud de aquel o de este convencional. Pero una respuesta creíble debería apuntar a lo decisivo: la falta de respaldo institucional, mediático, económico, dado a la Convención, y el boicot a la que fue sometida desde un primer momento.

Bajo el Gobierno de Piñera, la Convención tuvo que operar sin apoyo alguno, en condiciones de precariedad insultantes. Esto facilitó su estigmatización pública y la magnificación mediática de cualquier desliz de sus miembros. Sumado a eso, no podía dictar leyes ni adoptar medidas que mejoraran la vida material de la gente. Algo que permitió a la derecha presentarla como “una Asamblea discutidora”, entregada a debates interminables pero incapaz de cambiar la realidad.

Gracias en parte a este trabajo de estigmatización de la Convención, la derecha consiguió rehacerse. Al soltar el lastre de figuras gastadas como la de Piñera y reemplazarla por perfiles más duros, obtuvo buenos resultados en las elecciones legislativas y presidenciales de 2021. Solo la reactivación de la fuerza de cambio surgida del 2019 permitió frenar ese embate reaccionario y convertir a Gabriel Boric en presidente de Chile.

Antes de que el texto final fuera perfilándose, el trabajo deconstituyente en medios, redes, foros sociales, reuniones familiares, fue en aumento

Durante esta contraofensiva conservadora, los ataques al trabajo de la Convención continuaron. Las críticas mediáticas que antes apuntaban a su excesiva lentitud, pasaron a reprocharle que iba demasiado rápido. Antes de que el texto final fuera perfilándose, el trabajo deconstituyente en medios, redes, foros sociales, reuniones familiares, fue en aumento.

Solo por poner un ejemplo cercano. En Madrid, en el Congreso, llegamos a recibir por sorpresa a una delegación de la patronal chilena, acompañada de empresarios e incluso de juristas. En esa reunión, la ofensiva deconstituyente se manifestó con desinhibición absoluta. Con su énfasis en los derechos de los pueblos originarios, la nueva Constitución ponía en peligro no solo “la unidad de Chile”, sino también “el orgullo español de muchos chilenos”. Tras su aparentemente inofensiva preocupación por lo social, la Constitución escondía una vocación “expropiatoria”, peligrosamente “amenazante para la propiedad” y para la “seguridad jurídica en los negocios”.

Este tipo de falsedades y de medio argumentos, repetidos hasta el hartazgo en televisiones, radios, grupos de WhatsApp y encuentros presenciales, conectaron con los miedos de una parte importante de la población y se prolongaron hasta el día del plebiscito. Con una salvedad: si algo entendieron diferentes sectores de la derecha, es que debían desvincular la crítica de la “Constitución lesbo-indigenista-comunista” de una defensa abierta de la Constitución de Pinochet. Se podía atacar el nuevo texto falseando su contenido o apelando a interpretaciones inverosímiles que se podrían deducir del mismo. Lo que no se podía era vindicar de manera explícita la Constitución de Pinochet, enviada a la papelera de la historia por las revueltas de 2019 y por ese 78% del voto de octubre de 2020.

Fue así como apareció la inteligente operación del “rechazo para reformar”, esto es, el intento de seducir a quienes habían apoyado la necesidad de una nueva Constitución, pero comenzaban a dudar de los contenidos de la surgida de la Convención. También a esta operación se destinaron ingentes recursos y la percusión constante de los grandes medios. Por la mañana, “con esta Constitución te expropiarán tu casa, tus ahorros”, “con esta Constitución se rompe Chile”. Por la tarde, “hay que rechazarla, pero para reformarla, y nosotros somos garantía de que así suceda”.

La presión fue tan grande que el gobierno se comprometió, en caso de que ganara el “apruebo”, a reformar la Constitución para despejar las “dudas interpretativas”

La presión fue tan grande que el gobierno cayó en la tentación y decidió secundarla, comprometiéndose, en caso de que ganara el “apruebo”, a reformar la Constitución para despejar las “dudas interpretativas” con las que las derechas llevaban semanas sembrando miedo y ansiedad. A la vista de los resultados, no está claro que esta estrategia haya sido correcta. Sobre todo, porque contribuyó a desdramatizar el rechazo y a generar confusión entre sectores preocupados por el impacto del texto, aunque no alineados con la derecha.

Sea como fuere, la cuestión es que la campaña de falsedades, de magnificación de cualquier error gubernamental, sumada a una situación económica y social delicada, con una inflación rampante, han acabado con una de las constituciones más avanzadas de los tiempos actuales.

Atribuir la derrota en el plebiscito a la falta de diálogo con una derecha que no abandonó en ningún momento su vocación destituyente de la Convención y del nuevo Gobierno no parece realista. Como sostenía ayer Pablo Iglesias, es probable que los resultados tengan mucho más que ver con la incapacidad de las izquierdas de dar la batalla ideológica con medios y marcos propios. Y no solo eso: también con su falta de capilaridad territorial y con las enormes dificultades para crear, desde el Gobierno, un “nuevo orden” con cambios políticos y económicos de fondo, que generen confianza y una adhesión duradera entre los sectores más golpeados de la sociedad.

Por todo eso, la respuesta a los resultados del domingo no puede ser un repliegue conservador sino un relanzamiento del proceso constituyente que afronte mejor la disputa ideológica, el impulso de políticas materiales transformadoras, y el reto de la (auto)organización territorial de los sectores medios y populares.

Más allá de las dificultades de la aritmética legislativa, hay materiales para conseguirlo. El principal, la fuerza de las impresionantes movilizaciones de calle de la campaña del Apruebo que mostraron que la potencia constituyente del 2020 sigue viva. Convocar a esa multitud de capas medias y populares que forzó a Piñera a conceder un referéndum constituyente y que hizo presidente a Boric es fundamental para que el proceso de democratización, de distribución de poder, se profundice, en lugar de ralentizarse. Y es, asimismo, la única manera de poder acabar de una vez con la Constitución de Pinochet y de dotar al país de una nueva Constitución que, si quiere ser de futuro, deberá ser por fuerza democrática, social, ecológica, feminista y plurinacional.

Sobre Bolívar y los Borbones

La monarquía sigue siendo incapaz de aportar algo significativo a la resolución de problemas relacionados con la corrupción, la desigualdad social o la convivencia. Y tampoco está sirviendo para crear nuevos vínculo con los gobiernos latinoamericanos

Gerardo Pisarello 15/08/2022 CTXT

El triste gesto de Felipe VI en la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, ante el paso de la espada de Simón Bolívar, no es algo excepcional. Bolívar ha sido siempre un dolor de cabeza para los Borbones. Desde Fernando VII en adelante. Cuando estaba vivo y cuando se convirtió en leyenda. Nunca han sabido qué hacer con él. Cómo reaccionar al oír su nombre. Si ponerse de pie o ignorarlo. Si atacarlo o elogiarlo con algo de distancia. Lo han intentado todo. Pero el fantasma del libertador de América no ha dejado de jugarles malas pasadas.

Todo comenzó con Fernando VII

El primer enfrentamiento de Bolívar con los Borbones se remonta a la revolución americana que siguió a la invasión de España por parte de Napoleón. 

Bolívar creyó que las libertades de América podían prosperar al amparo de una monarquía hispana más o menos liberal

Durante aquella invasión, Fernando VII de Borbón fue obligado a abdicar y forzado a vivir en el castillo de Vallençay a cuenta de Bonaparte mientras este se mantuvo en Europa. Aprovechando el cautiverio dorado del ancestro de Felipe VI, muchos dirigentes americanos decidieron emprender su propia lucha por la emancipación. Bolívar fue uno de ellos.  

Vástago de una familia aristocrática de Venezuela, Bolívar fue por su maestro, el rousseauniano Simón Rodríguez, un admirador de la revolución francesa. Durante un iniciático viaje a Europa, juró en una colina italiana, el Monte Sacro, entregar su vida a la liberación de América. Hacia 1810, tras conocer en Londres al patriota venezolano Francisco de Miranda, se ratificó en este propósito. A partir de entonces, tuvo en su vida dos objetivos: llevar a cabo una revolución que asegurara la libertad de la América hispana, y mantenerla unida, evitando su fragmentación. 

Como muchos americanos de su tiempo, Bolívar creyó que las libertades de América podían prosperar al amparo de una monarquía hispana más o menos liberal. Fernando VII, uno de los más canallas y crueles entre los Borbones, se encargó de desengañarlo. Cuando Napoleón cayó, retornó al trono como monarca absoluto. Lo hizo rebosante de odio y dispuesto a hacer retroceder varias décadas el reloj de la Historia. Fernando VII desconoció a la Constitución de Cádiz de 1812. Canceló libertades. Mandó fusilar a los mejores generales y oficiales hispanos de la guerra contra Francia. Y por supuesto, ordenó reforzar a los ejércitos realistas en América para reprimir cualquier exigencia de autogobierno que se suscitara en el nuevo mundo. 

Bolívar no renunció nunca a mantener un vínculo fuerte con la península ibérica

Ahí vino el primer choque entre los Borbones y los líderes de la emancipación americana, como Bolívar, José de San Martín o José Gervasio Artigas. En un primer momento, muchos de ellos seguían luchando formalmente contra las tropas realistas tras “la máscara de Fernando”.  Sin embargo, la actitud despótica de este último los convenció de que la única forma de afirmar la propia libertad era oponiéndose a él de manera frontal. Para ello, republicanizaron sus propios ejércitos. Tanto San Martín como Bolívar incorporaron a sus filas, emancipándolo, al “pueblo de color”: negros, indios, zambos, mulatos, que constituían la mayoría de la población, sea como esclavos, como siervos o como campesinos sin tierras. De ese modo, el contenido social de la revolución americana se convirtió en condición imprescindible para impulsar las reivindicaciones nacionales contra los Borbones.

Desde luego, hubo momentos en los que ese proyecto emancipatorio americano contó con aliados en la propia península. Por ejemplo, en 1820, cuando el ejército de Andalucía, bajo las órdenes del general Rafael de Riego, desobedeció al pérfido Fernando y se negó a embarcarse a América para reprimir la insurrección. 

En ese momento, quizás sin ser consciente de ello, Riego contribuyó a la causa de la libertad en América con la misma fuerza que Bolívar y San Martín, al enfrentarse al absolutismo de los Borbones, impulsaron el avance de las libertades en España. 

En realidad, Bolívar no renunció nunca a mantener un vínculo fuerte con la península ibérica, basado en el reconocimiento recíproco de pueblos libres e iguales. Tal es así que cuando Fernando VII, forzado por el movimiento de Riego, juró hipócritamente hacer cumplir la Constitución de Cádiz, Bolívar envió de inmediato una delegación para iniciar gestiones de paz. 

Bolívar tenía un plan claro: plantear la necesidad de una Confederación entre América y España basada en el reconocimiento explícito por parte de la nueva monarquía “constitucionalizada” de las jóvenes repúblicas independientes. De lo que se trataba era de configurar una suerte de mancomunidad en la que todo español residente en América adquiriría automáticamente los derechos de ciudadano americano, y viceversa.  

A pesar de su ambición, o precisamente por eso, el proyecto fue rechazado. Al final, Bolívar murió doblemente frustrado. Por un lado, no consiguió encontrar en España una contraparte dispuesta a establecer un vínculo fraterno, republicano y no colonial con los pueblos de América. Por otro, acabó traicionado por las propias oligarquías criollas que se hicieron con lo que el peruano José Carlos Mariátegui llamó las nuevas “repúblicas falseadas”, repúblicas políticamente independientes, pero internamente desiguales, racistas, y con unas élites siempre dispuestas a subordinarse económicamente a los intereses de las grandes potencias extranjeras. 

A pesar de todos estos obstáculos, el libertador nunca renunció a su sueño en vida: lograr una confederación de repúblicas americanas unidas, socialmente justas e independientes de cualquier imperio, incluido el ya por entonces amenazante imperio estadounidense (“Los Estados Unidos –llegó a escribir en 1829– parecen destinados por la providencia a plagar América de miserias en nombre de la libertad”).

Esta confederación republicana, en opinión de Bolívar, debía llamarse Colombia, en homenaje a Cristóbal Colón, y debía tener por capital una ciudad que se llamara Las Casas, como tributo al fraile sevillano defensor de la población amerindia. 

Cuando Juan Carlos I se hizo bolivariano

Aunque la relación entre Bolívar y los Borbones nació marcada por el conflicto, estos últimos intentaron apropiarse de la figura del libertador y desactivar su mensaje emancipador. El momento estelar de este tipo de operaciones fue el que en 1983 llevó a Juan Carlos de Borbón a hacerse con un premio que llevaba el nombre del libertador.

Juan Carlos consiguió borrar no solo su vínculo con el franquismo sino con otras dictaduras latinoamericanas como la de Augusto Pinochet o Jorge Videla

En ese momento, el llamado juancarlismo vivía su momento de apogeo. Habían pasado poco más de dos años del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Con el apoyo de los grandes medios y otros poderes fácticos, Juan Carlos I había pasado de ser el rey designado por el dictador Francisco Franco a convertirse en el monarca “salvador de la democracia”, que, además, había “permitido” la existencia de un gobierno socialista. 

Con este pase mágico, Juan Carlos consiguió borrar no solo su vínculo con el franquismo sino con otras dictaduras latinoamericanas como la de Augusto Pinochet, Jorge Videla o el peruano Francisco Morales Bermúdez. Es más, un mes antes de recibir el Premio Simón Bolívar, no tuvo empacho en visitar al dictador uruguayo Gregorio Álvarez.

Decenas de intelectuales y expresidentes latinoamericanos protestaron por la concesión de un galardón que coincidía con el bicentenario del nacimiento de Bolívar, y que Juan Carlos compartía nada menos que con Nelson Mandela. A pesar de ello, el heredero de Franco, nieto lejano de Fernando VII, lo recibió encantado. Es más, pronunció un hábil discurso en el que se deshizo en elogios hacia el patriota americano, al tiempo que lo presentaba como un amigo de la nueva monarquía española. 

La descripción de Bolívar del Juan Carlos de 1983 fue mucho más generosa que la que el propio Karl Marx dedicó al libertador en un discutible artículo de 1858. Contra lo que se hubiera esperado de un descendiente de Fernando VII, Juan Carlos sostenía que Bolívar era la “personificación de todas las ansias de libertad y justicia” del continente americano e incluso… ¡Alababa su programa de reparto de tierras! 

En su sorprendente alocución, acaso sugerida por algunos ministros socialistas de la época, Juan Carlos I defendía la necesidad de una “reconciliación” entre América y España. Esta debía tener como base el espíritu de las constituciones monárquicas de Cádiz, de 1812 y de 1978. Para reforzar este necesario “reencuentro”, el discurso citaba favorablemente al diputado de ultramar en las Cortes gaditanas, Dionisio Inca Yupanqui, quien en 1810 había apelado a Fernando VII “como inca, indio y americano” para exigirle el respeto de sus derechos. 

Lo que Juan Carlos no recordó en su interesado arrebato bolivariano es que los reclamos de Yupanqui fueron desoídos en España tanto por los defensores de su tatara-tatarabuelo como por los liberales moderados, que lo acusaron de defender el “federalismo”. Esto obligó a Yupanqui a demostrarles su hipocresía y a recordarles, con una frase que se haría célebre, que “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”. 

El entonces rey de España tampoco recordó en su discurso que Fernando VII, forzado por las circunstancias, había prometido ser el primero en seguir “la senda constitucional”. Y que, sin embargo, apenas pudo sacudirse ese incómodo corsé, se dedicó a perseguir y a liquidar a todos los partidarios de la Constitución de Cádiz, comenzando por el propio Riego, y a reprimir a las colonias sublevadas en América. 

A pesar de aquella inconsistente pero astuta puesta en escena, los elogios de Juan Carlos a Bolívar de 1983 no supusieron ningún cambio en su actitud con América Latina. Por el contrario, su principal preocupación siguió siendo, como hasta entonces, actuar en el continente como mediador en negocios que le reportaran algún beneficio privado. 

Del “por qué no te callas” al “por qué no te levantas”

A pesar de estos intentos de neutralizar el papel histórico de Bolívar, su fantasma continuó recorriendo América con aire rebelde y reivindicativo. 

Ya en la década de 1970, como respuesta al fraude sistemático practicado desde el Estado, apareció en Colombia un grupo guerrillero conocido como Movimiento 19 de abril o M-19 que reivindicaba abiertamente el ideario del libertador. A poco de su nacimiento, y convertido en la primera guerrilla nacionalista no marxista del país, el M-19 sustrajo una de las espadas de Bolívar del museo-casa Quina del Libertador, en Bogotá. Con aquella acción simbólica, ejecutada poco después del golpe contra Salvador Allende en Chile, el M-19 pretendía mostrar al país y al mundo que el proyecto de emancipación política y social de América se hallaba inconcluso, y que, por tanto, la espada de Bolívar no podía permanecer envainada.  

Ese Bolívar reivindicativo también inspiró otros procesos de cambio en el continente. Entre ellos, el que condujo décadas más tarde al fracaso del acuerdo multilateral de comercio (conocido como ALCA) que los Estados Unidos pretendían imponer al continente y a la constitución, a instancias del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).   

Cuando los Borbones tuvieron que enfrentarse a este nuevo bolivarianismo no supieron cómo lidiar con él. Así, en 2007, en una cumbre iberoamericana celebrada en Santiago de Chile, Chávez denunció la implicación del expresidente español José María Aznar en el golpe de Estado perpetrado en su contra cinco años antes. Olvidando los términos de su discurso de 1983, Juan Carlos de Borbón perdió los papeles y le mandó callar, como si se tratara de un súbdito de la Corona. Seguidamente, cuando otros presidentes criticaron el papel de algunas grandes empresas españolas en América, el rey se levantó irritado y abandonó la cumbre, algo que ni siquiera el entonces presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se planteó hacer. 

Ese “¿por qué no te callas?” paternalista y neocolonial del descendiente de Fernando VII es justamente el que volvió a resonar este 7 de agosto, en la toma de posesión de Petro y Francia Márquez, en Bogotá, cuando Felipe VI decidió no levantarse ante el paso de la espada del libertador.

La orden de que la espada de Bolívar, por entonces guardada en un rincón de la Casa de Nariño, regresara a la plaza, había sido directamente impartida por el nuevo presidente de Colombia. Minutos antes, este había recibido la banda presidencial de manos de la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, un comandante del M-19 que, tras firmar la paz, fue asesinado en 1990 siendo candidato a la presidencia de la república con casi un 60% de intención de voto. 

La orden de Petro, que también había pasado por el M-19, encerraba un alto valor simbólico. Por primera vez en la historia, un candidato de la izquierda colombiana conseguía ganar unas elecciones sin que hubiera fraude en su contra o lo asesinaran. Sin embargo, el propio triunfo de Petro y Márquez eran el producto de innumerables agravios sociales pendientes de reparación. Por eso, la espada de Bolívar debía regresar al pueblo. Para recordar que, mientras la injusticia social permaneciera en Colombia y en América toda, no podía ser envainada.  

Si Felipe VI se hubiera levantado, mostrando el mismo respeto protocolario que recibió de las autoridades republicanas colombianas, no habría sido noticia. El arrogante gesto borbónico heredado pudo en él. Como monarca constitucional, el también descendiente de Fernando VII estaba obligado a seguir discretamente la política exterior del Gobierno. No lo hizo. Decidió actuar como un miembro de la casa Borbón con inclinaciones de derechas. Y se volvió en su contra. Fue una de las figuras más abucheadas a lo largo de la ceremonia de toma de posesión. Su reunión con la vicepresidenta Francia Márquez, primera mujer afrocolombiana en ocupar ese cargo, fue fría, entre otras razones, porque como ella misma nos refirió “lo que hubo fue un encuentro entre una vicepresidenta descendiente de mujeres y hombres esclavizados y un rey descendiente de sus esclavizadores”. 

Por un nuevo iberoamericanismo republicano, no colonial y fraternal

Las reacciones en España de las derechas dinásticas, y de algún representante del PSOE, han acabado por mostrar que la figura de Bolívar se les sigue atragantando. 

Vox, el partido de los nuevos encomenderos y hacendados de ambos lados del océano, justificó la reacción de Felipe VI con el “argumento” de que la espada de Bolívar estaba manchada de sangre española. Solo les faltó sugerir que los orígenes vascos de Bolívar lo emparentaban con ETA, o que no era casual que el segundo apellido de su compañera, la célebre general Manuelita Sáenz, fuera Aizpuru, como el de la actual portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso.

La derecha del PP no fue más sutil. A pesar de haber participado en reconocimientos oficiales al libertador, esta vez decidió justificar a Felipe VI por no haberse inclinado ante las “ocurrencias de un exterrorista”, en referencia al presidente Petro, y de un “esclavista”, en alusión a un Bolívar que fue un partidario del abolicionismo y que liberó a sus propios esclavos, heredados del patrimonio paterno.

Sea como fuere, lo cierto es que el fantasma del libertador, rehabilitado por la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, ha vuelto a convertirse en un dolor de cabeza para los Borbones descendientes de Fernando VII y para sus aliados dinásticos.

Con menos habilidad que su padre en 1983, Felipe VI ha persistido en situarse junto a unas derechas radicalizadas que ven en América Latina no un territorio de pueblos soberanos, sino a una simple esfera de influencia, esto es, una “iberoesfera”, como plantea Vox, integrada por antiguas colonias a las que hay que mantener bajo control.

Felipe VI ha persistido en situarse junto a unas derechas radicalizadas que ven en América Latina a una simple esfera de influencia

Con ello, la monarquía borbónica no sólo sigue siendo incapaz de aportar algo significativo a la resolución de los problemas estructurales relacionados con la corrupción, la desigualdad social o la convivencia territorial. Tampoco está sirviendo para plantear un vínculo con la nueva ola de gobiernos democráticos en México, Argentina, Bolivia, Honduras, Perú, Chile, Colombia, y, muy posiblemente Brasil, si Lula derrota a Bolsonaro. 

Esa deriva de la monarquía borbónica y de las derechas que la sostienen vuelve más actual que nunca el anhelo bolivariano de una unión de repúblicas latinoamericanas capaces de relacionarse con la vieja metrópolis en condiciones de igualdad. Para que ello sea posible, sin embargo, sigue haciendo falta, como en el pasado, que también en la península se abra camino un iberoamericanismo democrático, no colonial, basado en el respeto entre pueblos y en la defensa de un proyecto compartido de paz, de prosperidad y de justicia social, ambiental y de género. 

Esto fue, precisamente, lo que el propio Petro, en la línea de Bolívar, defendió en Madrid en enero de 2022, cuando abrió su campaña a la presidencia en el exterior. Esto es, asimismo, lo que hoy tendría sentido defender desde el Sur del Norte: alianzas iberoamericanas fraternas y no coloniales que, a estas alturas, solo pueden ser creíbles si se inspiran en las mejores tradiciones republicanas democráticas, no oligárquicas, surgidas de uno y otro lado del Atlántico. 

Aquel verano cantonal del 73

Todavía hoy, las reivindicaciones sociales, municipalistas y federales de las revueltas cantonales son una suerte de hecho maldito, silenciado o demonizado. La tradición republicana democrática no dejó de debatirlas ni de rescatar parte de su herencia

CTXT 26/07/2022

Hace algunas semanas tuve la ocasión de participar en un debate sobre republicanismo y cantonalismo en un agradable café de Cartagena, en Murcia, junto a mis compañeros del Congreso Javier Sánchez Serna y Lucía Muñoz. El café se llama Míster Witt, en homenaje a la célebre novela de Ramón J. Sender sobre el levantamiento cantonal de julio de 1873. En aquel verano, a pocos meses de proclamarse la Primera República española, se produjo en Murcia una insurrección que aspiraba a convertirla en un Cantón federal. El epicentro del levantamiento fue la ciudad de Cartagena, aunque pronto se extendió a otras ciudades de Andalucía, de Levante, e incluso de Castilla. El objetivo final era instaurar en España una República federal “desde abajo”. Y sobre todo hacerlo antes de que las fuerzas conservadoras, centralistas, lo impidieran desde Madrid. 

Todavía hoy, las reivindicaciones sociales, municipalistas, federales, de aquellas revueltas cantonales son una suerte de hecho maldito, silenciado o demonizado. Sin embargo, la tradición republicana democrática no dejó de debatirla ni de rescatar parte de su herencia por las vías más diversas. Lo hizo Sender, en su Míster Witt en el cantón, publicado en 1935. Y lo hizo, unas décadas antes, el propio Benito Pérez Galdós, en dos de sus Episodios Nacionales: La Primera República y De Cartago a Sagunto. Revisitadas desde el tórrido y perturbador verano de 2022, las insurrecciones cantonales del 73 no generan indiferencia. Pueden desconcertar, contrariar, pero hay algo en su utópico impulso republicano, social y libertario, que sigue interpelándonos como hace 150 años.

Parte de la tragedia de la Primera República fue que ni las reformas sociales propugnadas por Pi, ni la Constitución federal que defendía llegaron a aprobarse

Descentralizar y transformar: ¿desde arriba o desde abajo?

El 11 de febrero de 1873 dio paso a una República inesperada. Una república que cayó en las manos de los propios republicanos sin que estos lo previeran. La repentina abdicación de Amadeo de Saboya fue una sorpresa que precipitó tareas republicanas que se habían venido gestando durante décadas. De pronto, el único intento creíble en la historia de España de “monarquía democrática” o “republicana”, como decían algunos, se quedó sin recorrido. Si la revolución “gloriosa” de 1868 había depuesto a los Borbones, enviado a Isabel II al exilio, 1873 se convirtió en una suerte de revolución dentro de otra revolución. Esto es, en algo parecido a lo que 1936 supondría en relación con la Segunda República de 1931. 

Al igual que la segunda República, la primera nació en un contexto internacionalmente adverso e internamente convulso. Su llegada fue precedida por el aplastamiento de la Comuna de París de 1871, y la única nación europea en reconocerla fue Suiza. Internamente, tuvo que lidiar con las guerras carlistas en el norte y con las revueltas anticoloniales que comenzaban a crecer en Cuba. Una vez proclamada, el tiempo político se aceleró. Reformas y rupturas largamente postergadas adquirieron una actualidad irrefrenable. La más notoria fue la sustitución, por vez primera en la historia española, de la monarquía por una república. Pero también hubo otras. La posibilidad de reemplazar un Estado confesional, tutelar en términos religiosos, por uno mínimamente neutro. O la de superar un Estado centralizado, asfixiante, heredero de la política de Nueva Planta puesta en marcha por Felipe V, y consolidado por el liberalismo isabelino, por otro descentralizado y municipalista. O la de conseguir, por fin, que las reivindicaciones burguesas planteadas en 1868 dieran cabida a otras del llamado “Cuarto Estado”: la pequeña burguesía y unas clases trabajadoras, artesanales, campesinas, largamente postergadas. 

Quien con más solvencia encarnó este proyecto democratizador, republicano, federal, fue Francisco Pi y Margall. Desde 1854, Pi había participado en diferentes revueltas y conspiraciones antimonárquicas. Tras la proclamación de la República, el presidente Estanislao Figueras le encomendó el Ministerio de Gobernación. Pi tenía dos obsesiones: proteger a la joven República y estabilizar su rumbo en medio de un mar encrespado y tempestuoso. Lo primero exigía desbaratar los recurrentes intentos golpistas lanzados por la derecha. Lo segundo, apurar ciertas reformas políticas y sociales “desde arriba” que calmaran las que “desde abajo” exigían sectores federales, movimientos campesinos como los de Extremadura y Andalucía o algunos partidarios del colectivismo libertario ligados a la Primera Internacional. 

Las propuestas de reforma social de Pi recibieron el elogio del propio Engels, aunque fueron criticadas por los bakuninistas. Incluían la restricción del trabajo de niños y mujeres, el establecimiento de jurados mixtos con representación obrera o la venta de bienes estatales en favor de las clases trabajadoras. Asimismo, venían acompañadas de una reforma política que en su opinión era decisiva: impulsar cuanto antes unas Cortes constituyentes que redactaran una Constitución democrática, social y federal. 

Las propuestas de reforma social de Pi recibieron el elogio del propio Engels, aunque fueron criticadas por los bakuninistas

Parte de la tragedia de la Primera República fue que ni las reformas sociales propugnadas por Pi, ni la Constitución federal que defendía llegaron a aprobarse. Los republicanos más moderados o directamente conservadores frenaron estas iniciativas de manera sistemática. Los monárquicos las sabotearon sin sonrojo. Los movimientos populares políticamente más activos o con necesidades más urgentes descreyeron de ellas. Al final, el programa piymargalliano de transformaciones “desde arriba” encalló y fue languideciendo lentamente. Simultáneamente, fueron ganando peso las tesis de quienes creían que solo una coordinación de revueltas “desde abajo” podía neutralizar a las fuerzas reaccionarias y alumbrar los cambios sociales, federales, democráticos, que la nueva República llevaba en su seno.

Las diferentes variantes del federalismo cantonal

Las revueltas cantonales del 73 fueron el grito desesperado de un país agraviado, marginado, que se había cansado de esperar. Su propósito no fue, como dijeron sus detractores, alentar el “separatismo” y el “socialismo”. Como en la mejor tradición juntera, su propósito era reforzar el municipalismo, el autogobierno local, como medio para lograr una organización federal, y llevar adelante algunas reformas políticas y sociales impostergables que no podían depender del visto bueno de Madrid.

El propósito de las revueltas no fue, como dijeron sus detractores, alentar el “separatismo” y el “socialismo”

Aunque se centraron sobre todo en Andalucía y Levante, no hay que olvidar que también hubo cantones en Salamanca, Ávila o Toro. Algunos, como los de Alcoy o Cádiz, tuvieron un claro componente popular, libertario, y llevaron adelante medidas redistributivas como la incautación de bienes de la Iglesia, la eliminación de impuestos indirectos que afectaban a las clases populares o el control de precios de suministros básicos. Otros fueron más transversales en su composición de clase, y sus demandas se ciñeron sobre todo al reconocimiento político del propio autogobierno. Este fue el caso del Cantón de Cartagena, proclamado en Murcia el 12 de julio de 1873, tres días después del estallido de la Revolución del Petróleo de Alcoy. 

Si se compara el movimiento de Alcoy con el de Cartagena, por ejemplo, hay diferencias que resultan claras. En Alcoy, la sublevación fue promovida principalmente por obreros e internacionalistas. En Cartagena, no. Hubo una participación importante de marineros provenientes de barrios obreros como el de Santa Lucía. Se llegaron a izar banderas rojas y hay testimonios que indican la presencia de algunos comuneros libertarios exiliados. El protagonismo, sin embargo, recayó sobre todo en militares y en políticos republicanos democráticos que defendieron con vehemencia sus reivindicaciones anticentralistas pero que no otorgaron centralidad a ningún programa redistributivo.

Como bien reflejan las obras de Pérez Galdós y de Sender, el cantón cartagenero contó entre sus dirigentes a miembros destacados del llamado republicanismo federal “intransigente” como Roque Barcia, Manuel Cárceles, Juan Contreras, Antonio de la Calle o el célebre prócer murciano Antonete Gálvez Arce, caracterizado por Pérez Galdós como “la cabeza más firme y el brazo más fuerte en las jornadas de Cartagena”. 

Los republicanos intransigentes se distinguían de los republicanos “benévolos” por sus reticencias a entrar en componendas con los sectores monárquicos o con los republicanos unitarios, a los que el propio Pi consideraba “monárquicos con gorro frigio”. Muchos de ellos, como el propio Antonete Gálvez, tenían convicciones igualitarias, simbolizadas en ideales como el de “una casa y un huerto” para toda la ciudadanía. Otros, como el socialista de La Calle, defendieron propuestas moderadas como la reducción de la jornada laboral o la creación de cooperativas de producción y consumo desde las páginas de periódicos como el Cantón Murciano. Lo cierto, sin embargo, es que ninguna de ellas encontró eco en la Junta de Salvación Pública que pretendía “asumir los poderes superiores de la Federación Española” en Cartagena. 

El Cantón de Cartagena, en definitiva, fue un ejemplo de resistencia militar y civil republicana en una ciudad orgullosa que en 1833 no había sido reconocida como provincia, que se sentía víctima de una suerte de capitis diminutio y que además se consideraba autosuficiente gracias a su esplendor industrial y marítimo. Sin embargo, estuvo lejos de llevar adelante propuestas de transformación social similares a las que se impusieron en Sevilla o en Cádiz, bajo el liderazgo del novelesco Fermín Salvochea.

Cuando Antonete Gálvez llegó a Murcia, en febrero de 1873, fue recibido con gran entusiasmo popular entre vítores, cohetes e himnos patrióticos: el de Riego, el de Garibaldi y la Marsellesa. Durante los seis meses que duró el Cantón fueron muchos los gestos simbólicos que entroncaban con la tradición republicana. Se celebraron funciones de teatro en honor a personajes que ocupan un papel destacado en el panteón republicano, como el Justicia de Aragón Juan de Lanuza, decapitado por orden personal de Felipe II. Se recordó a los fusilados por Fernando VII en 1824, tras la restauración absolutista. Incluso los fuertes situados bajo el castillo de Galeras (Fuerte, Navidad y Podadera) adoptaron los nombres de los comuneros de Castilla: Padilla, Bravo y Maldonado. 

Con todo, los cantonales cartageneros evitaron siempre la violencia gratuita, la venganza y la depredación. Es más, como recuerda Antonio Puig Campillo en su señero trabajo al respecto, los cantonales ni siquiera tocaron los bienes abandonados por quienes huyeron de Cartagena al estallar la revuelta (“Reintegrados en sus hogares los que de la ciudad emigraron, nadie echó de menos una joya, ni un colchón, ni una manta”). 

Caricatura de la revista satírica ‘La Flaca’ en la que aparece Pi y Margall desbordado por el federalismo, representado en figuras infantiles ataviadas con los distintos trajes regionales.

Caricatura de la revista satírica ‘La Flaca’ en la que aparece Pi y Margall desbordado por el federalismo, representado en figuras infantiles ataviadas con los distintos trajes regionales.

La represión cantonal y el fin de la República. 

Pi y Margall reconoció que lo que planteaban los republicanos “intransigentes” suponía poner en práctica su teoría del federalismo “pactista”. Sin embargo, condenó las insurrecciones

Pi y Margall fue el primero en reconocer que lo que planteaban los republicanos “intransigentes” suponía poner en práctica su teoría del federalismo “pactista” de abajo hacia arriba. Sin embargo, condenó las insurrecciones. Las consideraba lícitas en el marco de un proceso revolucionario contra un gobierno ilegítimo, pero no así contra una “República [que] ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica”. Presionado por las derechas para reprimir las revueltas cantonales, intentó minimizar el uso de la fuerza a toda costa. La dificultad de este empeño, como él mismo reconoció, radicaba “en reducirlas a la obediencia sin matar su espíritu republicano, es decir, en alejar el peligro de hoy sin perder la esperanza de mañana”. 

En esto, Pi demostró un celo humanista y garantista que nunca lo abandonó. No quiso asumir facultades de excepción, dictatoriales. No lo hizo contra los enemigos reaccionarios de la República, con quienes mantuvo una indulgencia acaso excesiva. Mucho menos contra los levantamientos populares que le exigían ir más rápido y más lejos en sus cambios sociales y democráticos. Al final se vio forzado a dimitir. Sus sucesores, Nicolás Salmerón y sobre todo Emilio Castelar, se adentraron en la senda represiva con escasas inhibiciones. Salmerón presentó su renuncia por negarse a aplicar la pena de muerte a un grupo de soldados que en Barcelona se pasaron al bando carlista. Poco antes, sin embargo, puso la represión y el bombardeo de los cantonales en Andalucía y en Levante en manos de dos generales contrarios a la República Federal: Manuel Pavía y Arsenio Martínez Campos. El primero fue el protagonista del famoso golpe de Estado que liquidó a la República del 73 y abrió paso a la República dictatorial del general Francisco Serrano. Martínez Campos, por su parte, protagonizó el pronunciamiento que acabó con la República autoritaria del 74 y permitió una nueva restauración borbónica en la cabeza del hijo de Isabel II, Alfonso XII.

Castelar, penosamente convertido a la causa del antifederalismo, se sumó a los que reducían el movimiento del 73 a una maniobra “separatista” y “socialista”

En los años posteriores a su caída, tanto las revueltas cantonales como la Primera República fueron objeto de descalificaciones y diatribas de todo tipo. Castelar, penosamente convertido a la causa del antifederalismo, se sumó a los que reducían el movimiento del 73 a una maniobra “separatista” y “socialista”, atreviéndose incluso a contraponer la condición de cantonal a la de español. El crítico positivista Manuel de la Revilla la estigmatizó como un “experimento estéril”, marcado por la “funesta tradición de la democracia francesa”, por los “ensueños proudhonianos” y por el “espíritu impaciente y aventurero de los demócratas latinos”. Marcelino Menéndez de Pelayo emitió un veredicto todavía más terrible. El 73, en su opinión, habría sido un tiempo “de desolación apocalíptica” en el que “dondequiera surgían reyezuelos de taifas” y en el que “la Iglesia española proseguía su calvario”. 

Frente a esta crítica pragmática, conservadora o reaccionaria, se alzan precisamente las voces de Pérez Galdós, de Sender, e incluso la del Vicente Blasco Ibañez de La Bodega o la de la Emilia Pardo Bazán de La Tribuna. Ninguno de estos autores intenta transmitir una imagen idealizada de lo ocurrido en aquellos meses. Sin embargo, no dudan en rescatar los reflejos éticos y el impulso democratizador, utópico, que el 73 alentó.

Ni Pérez Galdós, ni Sender, ni Vicente Blasco Ibañez intentan transmitir una imagen idealizada de lo ocurrido en aquellos meses

Cuando el Míster Witt de Sender advierte a Antonete Gálvez que las fuerzas cantonales están condenadas a ser aplastadas, este le responde que los cañones sirven de poco “contra las ansias de redención de todo un pueblo”. Y ante la insistencia pesimista de Witt, le recuerda que, aunque así fuera, la mayor fuerza del republicanismo federal, democrático, estará siempre en “la decepción del campesino […] en las lágrimas de una mujer por el hijo llevado a la guerra […] en el hambre de los niños […] de Santa Lucía y Quitapellejos”. 

Esa confianza en la digna rabia de la gente del común, en su deseo de no ser oprimida y de no oprimir, tan propia del Maquiavelo de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, inspira la demofilia de Sender y de Pérez Galdós. La misma que los lleva a ver en la República del 73 un primer ensayo destinado a regresar, perfeccionado, en el futuro. “Ya llegará la ocasión –dice el personaje de la Madre en unas premonitorias líneas escritas por Don Benito hacia 1911– Ello será cuando estos caballeros, todavía un poco inocentes, den el segundo golpe… más seguro cuando den el tercero”.

Esta esperanza galdosiana en el tercer impulso republicano sigue presente en el subsuelo de nuestro tiempo. También en la Cartagena de hoy, en la que junto al monumento erigido en honor al Almirante Cervera, represor del cantón de Cádiz, se puede encontrar un acogedor café-cultural que evoca la novela de Sender. Eso, o las huellas de la ciudad popular, proletaria, que resistió durante la Segunda República o que se enfrentó a las políticas de desmantelamiento industrial de 1992, como bien refleja Luis López Carrasco en su magnífica película documental, El año del descubrimiento.

Autor: Gerardo Pisarello

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Una nueva Colombia le habla al mundo

Petro defendió en un viaje a principios de año que los retos sociales y medioambientales del nuevo tiempo exigen trabajar en un marco transnacional: latinoamericano, pero también iberoamericano

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta electa, Francia Marquez, celebran su victoria el 19 de junio en Bogotá.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta electa, Francia Marquez, celebran su victoria el 19 de junio en Bogotá.DANIEL MUNOZ (AFP)

El País GERARDO PISARELLO 23 JUN 2022

La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones del pasado 19 de junio tiene una dimensión histórica que va más allá de Colombia. De entrada, será la primera que un candidato de izquierdas asuma la presidencia del tercer país más poblado de América Latina. Petro lo había intentado ya en 2010 y 2018. Esta vez lo consiguió. Lo hizo sorteando amenazas en un país que en los últimos 70 años asistió al asesinato de numerosos dirigentes con ascendencia popular, desde Jorge Eliécer Gaitán a Luis Carlos Galán o Carlos Pizarro. Y lo hizo, también, con un discurso sencillo basado en la defensa de la paz, de la justicia social y de un modelo de transición energética y económica ambicioso e innovador. En Colombia, impulsar ese programa equivalía una enmienda a la totalidad de la oscura y arraigada herencia de Álvaro Uribe. Pero Petro supo divulgarlo con brillantez y eficacia entre amplios sectores de la población.

Con un paso por la guerrilla similar al del expresidente uruguayo José Mujica o al del exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, Petro es uno de los dirigentes latinoamericanos que más presente tiene los efectos deshumanizantes que la dialéctica de la guerra y de la escalada militar generan. También uno de los que más coraje y empatía ha exhibido a la hora de denunciar esa violencia. Su abrazo el domingo con la madre de Dilan Cruz, el joven asesinado por la policía durante las manifestaciones de 2019, es el último ejemplo de ello.

En su compromiso con la paz, Petro ha desplegado una pedagogía política inusual en otras tradiciones más autoritarias de la izquierda. En sus discursos, la paz ha aparecido como la única vía para transformar el dolor generado por la violencia militar y paramilitar en esperanza colectiva y en movilización democrática en defensa del bien común. Petro no la ha presentado como ausencia de conflicto, pero sí como fundamento de una posible “política del amor”, una idea que no ha dudado en hacer suya, desafiando los cánones del supuesto realismo schmittiano que reduce la política al antagonismo entre amigo y enemigo.

Esta idea de la paz y de la reconciliación con justicia como bases para un nuevo republicanismo popular se convirtió en un proyecto encarnado, más sentido y hondo, cuando Francia Márquez irrumpió en escena y se sumó a la fórmula presidencial. Que una mujer afrocolombiana, que reúne todas las heridas provocadas por la desigualdad, se convirtiera en orgullosa candidata a la vicepresidencia del país, permitió que las apelaciones a la Colombia invisibilizada, indígena, negra, campesina, resonaran con fuerza el 19 de junio. Sin el concurso de esos sectores populares, de las mujeres, de la juventud, no se entienden los 2,7 millones de votos adicionales que permitieron a la fórmula Petro-Márquez derrotar a la opción trumpista representada por Rodolfo Hernández.

Pero la bandera de la paz no solo ha aparecido en campaña como ausencia de violencia. Se ha presentado como la condición sine qua non para poner en pie una alternativa económica nueva. Una “economía de la vida” que, en un marco de paz, pueda conjurar prosperidad con justicia social y ambiental.

“Nuestro problema”, ha explicado Petro en varias ocasiones, “tiene que ver sobre todo con el narcofeudalismo y el extractivismo”. Por eso, ha defendido la necesidad de poner en marcha una alternativa económica que implique, entre otras cosas, acabar con ciertas prácticas rentistas, predatorias, y reemplazarlas por formas capitalistas debidamente “civilizadas”. Esto permitiría avanzar hacia una nueva economía en la que los elementos de mercado convivan con el respeto por los derechos laborales, la justicia y la modernización agraria, una industrialización verde, una fiscalidad realmente progresiva y la superación de “la adicción al petróleo”. Habrá que ver cómo se concretan estas ideas. Pero es indudable que expresan una propuesta vanguardista tanto para Colombia como para el mundo.

En una visita a Madrid a comienzos de este año, Petro defendió que los retos sociales y medioambientales del nuevo tiempo exigen trabajar en un marco transnacional: latinoamericano, pero también iberoamericano. “No el de la Iberoesfera del odio que defiende la ultraderecha” sino “el de un iberoamericanismo progresista, plural, en el que España tendría mucho que decir”. Tras la elección de Gabriel Boric en Chile y la perspectiva de un triunfo de Lula en Brasil, estas palabras aparecen cargadas de futuro. Que cristalicen en un proyecto compartido de profundización democrática, con más protección social y con acciones coordinadas contra la emergencia climática es algo por lo que vale la pena comprometerse. Colombia ha decidido hacerlo, “hasta que la dignidad sea costumbre”, como se dice en estos días en sus calles y plazas.

Gerardo Pisarello es jurista y secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados.

¡Alto el fuego!: que hable Lisístrata

GERARDO PISARELLO

04/05/2022 en Público

Varias mujeres se manifiestan por la paz con banderas y una pancarta que dice ‘No a las guerras cuidemos la vida’, participan en una marcha para pedir el cese de la guerra en Ucrania, a 3 de abril de 2022, en Madrid (España).- Isabel Infantes / Europa Press

La cantante Rigoberta Bandini eligió el 1 de mayo para lanzar un emotivo videoclip de su ya popular tema Ay mamá. El lanzamiento apareció ligado a varias fechas significativas. Por un lado, el día de las madres, a quien la artista dedica su canción, y el de las gentes trabajadoras. Por otro, los 67 días de invasión de Rusia a Ucrania, un conflicto que amenaza con convertirse en una «guerra larga», marcada por la cronificación de las muertes, la devastación, y el odio entre pueblos hermanos.

Este entrecruzamiento de efemérides refleja bien dos pulsiones de vida y de muerte que atraviesan nuestro tiempo. La primera, la de preservar la vida, ha tenido en casi todas las culturas a las mujeres como protagonistas. La segunda, la pulsión de muerte que asume en la guerra su expresión más pavorosa, ha sido en cambio una cosa fundamentalmente de hombres.

Mujeres contra la guerra, mujeres en pie de paz

Que la pulsión de vida esté vinculada a la función nutricia ejercida mayoritariamente por mujeres no es arbitrario. La propia instauración del día de las madres, a partir del siglo XIX, ha querido ser un homenaje a la activista estadounidense Julia Ward. Además de una escritora notable, Ward fue una convencida antiesclavista y antibelicista. En 1870, redactó una Proclama del día de las madres en la que contraponía la capacidad empática y compasiva de las mujeres con el impulso tanático de la masculinidad belicista. «No dejaremos que nuestros maridos -escribía Ward- vengan a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, seremos tan compasivas con las de otros países que no permitiremos que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos».

Las palabras de Ward recogen el empeño histórico de millones de mujeres en huir del envilecimiento que toda guerra supone. Y no en vano, remiten a uno de los nombres que más evoca esta actitud antibelicista: el de Lisístrata –»la que disuelve los ejércitos», en griego–. La protagonista de la comedia de Aristófanes, en efecto, constituye uno de los símbolos más acabados de la resistencia activa de las mujeres a la dinámica de revancha infinita que caracteriza a la guerra.

Las mujeres que acompañan a Lisístrata, al igual que las madres evocadas por Julie Ward o por Rigoberta Bandini, comparten una causa: dar una respuesta asimétrica a la guerra. Sustraerse a su lógica del intercambio infinito de golpes y darle una salida que no suponga, como en un espejo, agregar más violencia a la violencia y más horror al horror. El empeño antibelicista encarnado por innumerables movimientos de mujeres a lo largo de la historia no es una ilusión utópica. Las mujeres de Lisístrata, de Ward, de Bandini, pueden parar las guerras porque están dispuestas, si es necesario, a parar la ciudad. Su pacifismo es todo menos una rendición. Son mujeres contra la guerra, pero en pie de paz. Dispuestas a hacer oír su voz, a rebelarse. Y a llevar esa rebelión hasta el final. Esto es justamente lo que plantea Lisístrata: responder a la guerra con la deserción masiva. Y llevar esa deserción, si hace falta, a la huelga sexual, a la desconexión afectiva de un mundo de hombres violentos que expresa la desmesura, la hybris de la escalada bélica sin fin.

La mirada de Lísístrata, hoy

Uno de los grandes retos de nuestro tiempo consiste en conseguir que la voz de Lisístrata se abra paso en las guerras que se suceden ante nuestros ojos. En las que se retransmiten a toda hora, en todos los medios, y en las que se silencian deliberadamente. En Ucrania, desde luego. Pero también en Yemen, en Palestina, en Siria, en Afganistán, y si no hacemos algo para evitarlo, en el Indo-Pacífico.

Seguramente, Lisístrata estaría de acuerdo con la activista Judith Butler en que alguien como Putin es peligroso no solo por su ausencia de escrúpulos y por la crueldad belicista que ya desplegó en el genocidio checheno, en Bucha, y en otras ciudades ucranianas. Lo es, también, porque no ha dudado en hacer del feminismo, de las luchas LGTIBQ, uno de los principales obstáculos para sus planes belicistas. Para alguien como Putin, el cuestionamiento del orden patriarcal en la esfera doméstica se traduce a la postre en un cuestionamiento radical del ideario neoimperial y también patriarcal, que informa su política exterior.

Seguramente, Lisístrata también constataría que en este antifeminismo, condición necesaria de su belicismo, Putin no está solo. Que está acompañado por los Salvini, las Le Pen, los Abascal, los Aznar. Esa ultraderecha que lo ha aplaudido durante años, y que, de llegar a poder, sería una de las grandes beneficiarias del desbocado incremento del gasto armamentístico y de la asfixiante militarización de la esfera pública que la guerra está generando.

Y seguramente, Lisístrata también verificaría que los designios neozaristas de Putin se retroalimentan con el belicismo imperial de los Estados Unidos que, a través de la OTAN o de otros aliados, ha llevado la guerra a continentes enteros y hoy amenaza con extenderla incluso a China, como bien ha explicado Olga Rodríguez.

Resistir sin ceder a la lógica belicista

Con todos estos elementos sobre la mesa, Lisístrata no dudaría ni un segundo en reconocer el derecho y el deber de plantar cara a la guerra de agresión que Putin ha emprendido en casi todo el territorio ucraniano. Es más, muy posiblemente estaría entre las primeras en montar cadenas humanas y bloquear carreteras para frenar el paso de los tanques rusos. O si estuviera en Moscú, en ser detenida por oponerse a la guerra junto a la pintora, activista y superviviente de la resistencia al nazismo, Elena Osipova, de 78 años.

Con todo, los dilemas ético políticos de Lisístrata serían mucho mayores a la hora de pronunciarse sobre el derecho a la resistencia armada frente a una agresión semejante. Cuesta pensar que lo condenaría. Pero su preocupación fundamental sería siendo cómo dar a la guerra, incluso a la guerra de agresión, una respuesta asimétrica, diferente a la escalada belicista, que no desate una violencia mucho mayor.

No le faltarían argumentos históricos para mostrar prevenciones. Recordaría, con mujeres como Luciana Castellina, que incluso la defensa legítima ante un movimiento criminal como el nazismo Hitler degeneró en atrocidades belicistas fuera de toda proporción. Hoy sabemos que cuando el ejército soviético, en 1945, fue avanzando sobre Budapest, Berlín, o Viena, cometió violaciones y ultrajes de todo tipo, muchos de ellos en desmesurada represalia a las cometidas por las tropas nazis. También permanece en la memoria antibelicista el desaforado y criminal bombardeo de la ciudad alemana de Dresde por parte de las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses, en un momento en el que la capitulación nazi era casi un hecho. Y por supuesto, también, el Holocausto nuclear de Hiroshima y Nagasaki, que todavía hoy genera crónicas espeluznantes como la de la sobreviviente y Premio Nobel de la Paz, Setsuko Thurlow.

El solo recuerdo de estos horrores, al que luego se sumaría el de las supuestas «guerras preventivas» como las de Irak, prevendría a Lisístrata contra la escalada belicista también en Ucrania. No solo por parte de Putin, sino también de Boris Johnson y de tantos portavoces del Gobierno de los Estados Unidos y de la OTAN.

Cuando la resistencia bélica lo embrutece todo

Esta preocupación por mantener a raya el demonio de la belicosidad, incluso de la defensiva, seguramente llevaría a Lisístrata a leer a la activista, filósofa y mística francesa Simone Weil, quien en 1936 se incorporó durante un mes a la resistencia antifascista durante la Guerra Civil española.

La participación de Weil como brigadista fue esperanzada y crítica. Fue esperanzada porque sentía que debía denunciar la violencia de los agresores y comprometerse con una causa que tenía como objetivo la eliminación de todas las formas de opresión y la emancipación de la humanidad. Pero fue crítica porque constató que la guerra era incompatible con la consecución de estos objetivos. Porque vio que los propios, incluso los más nobles, «derramaban demasiada sangre», y que la lógica belicista los empujaba a actos de crueldad, de absoluta inhumanidad, contrarios a los ideales libertarios y humanistas que muchos de ellos defendían.

Quizás por eso, aunque mantuvo su traje de miliciana, Weil no lanzó más que un par de disparos al aire antes de dejar el campo de batalla por un accidente. Nunca abandonó su compromiso antifascista, su apoyo al bando republicano y su solidaridad activa con las personas refugiadas o deportadas. Pero llegó a la conclusión de que combatir una opresión bárbara aplastando a los pueblos bajo el peso de matanzas más bárbaras aún, sería extender de otra manera el régimen con el que se pretendía acabar.

Esta convicción la llevó a adoptar una decisión moralmente compleja: oponerse al envío de armas a España. No lo hizo por las oportunistas razones geopolíticas esgrimidas por los gobiernos de Francia y Reino Unido. Pero tuvo claro que eso dispararía los niveles de violencia y de brutalidad y extendería la guerra por el mundo entero. En defensa de esa dramática posición, Weil utilizó palabras que todavía hoy sacuden e interpelan: «si hemos aceptado sacrificar a los mineros asturianos, a los campesinos hambrientos de Aragón y de Castilla, a los obreros libertarios de Barcelona antes que provocar una guerra mundial, nada en el mundo nos debe llegar a provocar la guerra. Nada, ni Alsacia-Lorena, ni las colonias, ni los pactos. Que no se diga que algo en el mundo no es más querido que la vida del pueblo español».

No es difícil imaginar a Lisístrata haciéndose eco de estas reflexiones, que obligan, en todo caso, a no idealizar ni embellecer las vías armadas, ni siquiera aquellas que pueden nacer del legítimo derecho a resistir. Basta ver lo que ya está ocurriendo con el propio ejército ucraniano que, en una escala mucho menor, carga sobre sus espaldas con actos que igualan en atrocidad a los del ejército ruso. Y que corre el riesgo de cargar con muchos más si el envío de material militar pesado se extiende, si el negocio de las armas y de los combustibles fósiles sigue enriqueciendo a unos pocos oligarcas mientras perjudica a la mayoría, o simplemente si la «guerra larga» es interiorizada por Putin y espoleada por los Estados Unidos, por la OTAN, como una alternativa merecedora de más esfuerzos que el alto el fuego, que el retiro de tropas o que cualquier iniciativa diplomática o de paz.

Desarmar, más que armar

Al igual que en la antigua Grecia, nada indica que los liderazgos testosterónicos responsables de la situación actual vayan a conjurar sin más el riesgo de un aniquilamiento nuclear. Quizás por eso, solo queda, como pedía la rapera andaluza Gata Cattana, invocar a «las hijas de Eva» para buscar nueva luz en medio de una atmósfera de guerra que se extiende como un gas oscuro y venenoso.

Seguir a Lisístrata hoy exigiría presionar socialmente para que la soldadesca, en lugar de matarse entre sí y de vejar a la población civil, se niegue a luchar y deponga las armas, como pide Judith Butler evocando el precedente checo de 1989. Seguir a Lisístrata exigiría presionar civil, sindicalmente, para forzar a los Estados a negociar de manera creíble, y no como hasta ahora, para que se alcance una tregua y se pueda hablar. Seguir a Lisístrata supondría, en fin, confiar la salida de esta pesadilla bélica a un movimiento democrático por la paz y la defensa de los bienes comunes que, de Rusia a Ucrania, de Europa a Asia, África, América, Oceanía, se alce y exija, con la voz de Julia Ward y de tantas otras: «¡Desarmad! ¡Desarmad!».

Parar la guerra cuanto antes

Europa debería ejercer una acción autónoma de Washington y el belicismo atlantista, y actuar como mediadora por la paz junto a los países del Sur global

Gerardo Pisarello 17/04/2022 en CTXT

Hace unos días, una periodista me preguntó cómo había vivido los aplausos en el Congreso al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Le expliqué que para muchos de nosotros, esos aplausos, más que dirigidos a un gobierno concreto, eran para los millones de ucranianos y ucranianas que estaban padeciendo y resistiendo la criminal invasión de Vladimir Putin. Y que el Zelenski político-actor era otra cosa. Alguien que un día era capaz de invocar los bombardeos nazis en Gernika para justificar su causa, y al siguiente comparecer acompañado de miembros del reaccionario batallón Azov, como hizo en Grecia. Eso, o pasearse en Kiev junto a un personaje lamentable como Boris Johnson, dispuesto a compensar su impopularidad con el más desvergonzado de los belicismos. 

En realidad, defender un humanismo internacionalista, situado y sin dobles raseros, en el actual contexto geopolítico, es tan difícil como necesario. Este humanismo tiene dos tareas urgentes. Por un lado, buscar sinceramente la manera de poner fin cuanto antes a la guerra en Ucrania, priorizando el punto de vista de sus víctimas. Por el otro, impulsar un nuevo orden mundial, más plural y cooperativo, que garantice la paz y ponga límites reales a los Leviatanes de Estado y de mercado que la amenazan por doquier. 

La inadmisible invasión de Putin 

Teniendo en cuenta estos objetivos, lo primero que haría falta asumir es la condena sin excusas de la invasión de Putin. Con todos los testimonios de población afectada y de periodistas independientes que actúan sobre el terreno, cuesta entender que, todavía hoy, haya quien siga sosteniendo que los bombardeos y vejaciones producidos en Bucha y otras ciudades son una invención, cuando no una respuesta inevitable a las “provocaciones” de Occidente. A estas alturas, solo desde el autoengaño o la mala fe se pueden presentar estos ataques como intervenciones “quirúrgicas” que se limitan a destruir infraestructuras militares sin asesinar civiles. O peor, describirlos como “cruzadas antifascistas” que solo afectan a grupos reaccionarios del ejército ucraniano, como si no hubiera miles de inocentes cayendo bajo las balas y los misiles.

Putin arrasó Chechenia hace décadas con métodos feroces, contando con la condescendencia de Blair y Aznar

Nada de esto implica que las tropas ucranianas no incurran en sus propias tropelías o que no las hayan practicado en zonas como el Donbáss. Tampoco supone quitar un ápice de responsabilidad al intervencionismo que Washington ha venido practicando en Ucrania desde hace años. Simplemente, significa que la invasión está produciendo atrocidades que se podrían haber evitado, y en las que Putin tiene una responsabilidad central. 

Uno puede entender, sí, que haya gente que recuerde que el actual gobierno ruso envió vacunas a países del sur en plena pandemia cuando ninguna de las grandes multinacionales farmacéuticas lo hacía. O que valore su condena de golpes de Estado abyectos como el que se produjo en Bolivia en 2019 con el visto bueno de los Estados Unidos. Todo esto es verdad. Pero en relación con Ucrania hay que ser claros: la conducta de Putin está siendo la de un nacionalista despiadado, que actúa como si fuera heredero del zar Alejandro III, que habla de “escupir a los traidores como si fueran una mosca que ha entrado en la boca” y que no ha dudado en culpar a los bolcheviques y a Lenin por lo que considera una intolerable desmembración del Imperio zarista. 

Este Putin no es un personaje sobrevenido. Es el mismo dirigente que hace décadas arrasó Chechenia con métodos feroces y parecidos argumentos nacionalistas. Lo que ocurre es que entonces contaba con la condescendencia de políticos europeos también acusados de crímenes de guerra como Tony Blair o José María Aznar. Y no solo de ellos, sino de otros como el socialdemócrata Gerhard Schröeder, que encontró un retiro de oro en la empresa rusa Gazprom, o de Angela Merkel, quien tras la crisis financiera de 2008 buscó a Putin para como aliado para apuntalar la economía alemana, al tiempo que daba lecciones de austeridad al pueblo griego, imponiéndole drásticos planes de ajustes que hundieron su calidad de vida. 

Se ha granjeado la simpatía de personajes como Le Pen, Salvini, Orbán, Abascal, Bolsonaro y Trump

Este Putin, hábil en sus relaciones exteriores, ha sido implacable con la oposición feminista, LGTBI, comunista, socialista o libertaria de su país. Eso, y no otra cosa, es lo que le ha granjeado simpatías abiertas en personajes de la extrema derecha global como Marine Le Pen, Mateo Salvini, Víctor Orbán, Santiago Abascal o Jair Bolsonaro. Y también en Donald Trump, que nunca ha ocultado su buena sintonía con él, y que llegó a definir la invasión a Ucrania como “una genialidad” que mostraba “lo que los Estados Unidos deben hacer en México”. 

El derecho a la defensa del pueblo ucraniano

Naturalmente, que Putin se comporte como un autócrata neozarista no convierte a Zelenski en un Imre Nagy o en un Alexander Dubcek, los dirigentes socialistas que se opusieron a la invasión soviética de Budapest y Praga en 1955 y 1968. Zelenski no es ningún Salvador Allende. Es un presidente elegido con un programa de paz y diálogo con Rusia que se acabó apoyando en las corruptas oligarquías ucranianas y dando alas a sectores ultranacionalistas violentos. Nada de eso, en cualquier caso, impide reconocer al pueblo ucraniano el derecho a autodeterminarse y a no dejarse avasallar por el nacionalismo imperial gran ruso. 

En un contexto de invasión militar, el pueblo ucraniano, como el saharaui o el palestino, tiene todo el derecho a defenderse, también a través de las armas. Hoy, esa resistencia incluye actores muy diversos. El ejército regular, voluntarios y pequeñas milicias populares de inspiración republicana, feminista, e incluso anarquista. Pero también sectores ultraviolentos, como el batallón Azov, de claras afinidades neonazis y supremacistas, así como numerosos mercenarios extranjeros, cuya frialdad y crueldad no difieren mucho de la de los contratados por Rusia. 

Aunque es un tema controvertido, soy de los que piensan que el legítimo derecho a la defensa del pueblo ucraniano no justifica el creciente envío de armas por parte de los países miembros de la OTAN. Primero, porque Ucrania no es un país precisamente desarmado. Es un importante productor y exportador de armas, que desde antes de la invasión de Putin lleva recibiendo ingente apoyo militar y de ciber-inteligencia de los Estados Unidos y de la OTAN. Segundo, porque el envío de armas, tal como se está planteando, solo está sirviendo para alargar y empantanar el conflicto. Y eso, en la práctica, está traduciéndose en más represalias mutuas, más gente desplazada, una mayor destrucción de la economía ucraniana y más vulneraciones del derecho humanitario por parte de los dos bandos. 

En realidad, el principal efecto del desbocado gasto militar puesto en marcha con la excusa de la guerra no está siendo atemperarla, sino sacrificar inversiones sociales imprescindibles en todos los países y ofrecer un negocio redondo a las grandes empresas de armamentos. Basta con ver los descomunales beneficios obtenidos por Lockheed Martin, Raytheon, Hensoldt o Indra, para constatarlo. 

El principal efecto del desbocado gasto militar es el sacrificio de las inversiones sociales en todos los países 

En un primer momento, había un amplio acuerdo en que una intervención directa de la OTAN, con la declaración, por ejemplo, de una zona de exclusión aérea, solo serviría para aumentar los estragos y envenenar aún más las relaciones entre quienes, más temprano que tarde, deberían sentarse a negociar. Pero hasta eso está cambiando peligrosamente. 

En las últimas semanas, políticos destacados y periódicos como The Guardian o El País han defendido desde sus páginas la necesidad de que la OTAN “arrincone” militarmente a Putin o que busque derrocarlo por cualquier vía. Esta jactancia belicista, y la idea de que suprimir a Putin o a Zelenski facilitará las negociaciones, resulta de una temeridad pasmosa. Entre otras razones, porque este empeño no hace sino enconar más a las partes y aumentar la posibilidad de una carnicería nuclear. A diferencia del siglo XX, una conflagración de este tipo no depende ya de la activación de un único botón rojo. Por el contrario, podría producirse en cualquier momento –hoy, mañana– ante una situación de excesiva tensión o de acorralamiento, a través de una miríada de armas nucleares tácticas

La resistencia no-violenta como alternativa a la escalada belicista 

Oponerse a esta escalada belicista y denunciar su irracionalidad, en cualquier caso, no implica aceptar que Putin siga actuando como le venga en gana. Más bien exige obligarlo a sentarse en una mesa de negociaciones a través de vías que minimicen el daño y que no multipliquen la masacre. 

Las sanciones pueden ser una de esas vías. Es verdad que muchas de las medidas impuestas hasta ahora a Rusia han sido un despropósito. A veces, porque su impacto económico se ha hecho sentir sobre todo entre las capas populares de la sociedad rusa, y por rebote, en las de otros países de Europa y del mundo. Otras, porque al haberse centrado en deportistas, artistas o estudiantes, no han hecho más que favorecer una rusofobia escandalosa e intolerable. Casi siempre, porque han venido marcadas por un hipócrita doble estándar, ya que quienes las propician se cuidan bien de que nunca puedan ser utilizadas contra ellos, incluso cuando incurren en actuaciones similares. 

Con todo, hay que reconocer que algunas de estas sanciones están tocando a los oligarcas vinculados al régimen y al círculo más cercano de Putin. Intensificarlas exigiría actuar sobre paraísos fiscales y otros negocios ilícitos de los que se benefician los oligarcas, no solo de Rusia. Y aunque quizás no acabarían con la guerra por sí solas, ayudarían a forzar un repliegue de Putin y su renuncia a la vía militar en la que se ha obcecado. 

En cualquier caso, cuando se habla del derecho del pueblo ucraniano a la defensa legítima, también hay que tener presente la resistencia activa no-violenta, esto es, la resistencia de quienes luchan por vivir, pero se niegan a matar o a contribuir a una dinámica del ojo por ojo en la que todos acabarán ciegos. 

Actualmente, hay cientos de miles de familias ucranianas que están dejando sus pueblos y ciudades precisamente por eso: porque quieren vivir y porque se resisten a ser parte de una espiral de barbarie y de venganzas infinitas. Junto a esa resistencia, está también la de quienes se niegan a asesinar o a torturar a soldados hermanos. La de los desertores e insumisos de ambos bandos. O la de quienes, con gran coraje, han bloqueado carreteras en ciudades como Melitópol, Chernígov, Zaporiyia, Senkovka o Luhansk, desmoralizando a sus agresores, desmontando ante el mundo el relato burdo de Putin de la “desnazificación” e incorporando a la protesta a mujeres, niños y personas mayores.

Es inmoral, y nada casual, que los medios invisibilicen esta resistencia no militarista

Es inmoral, y nada casual, que los medios invisibilicen esta resistencia no militarista. O peor, que la descarten como menos eficaz que el golpe por golpe propugnado por los halcones de la guerra de todos los bandos. Y lo que vale para la resistencia no-violenta en Ucrania debería aplicarse también a otras iniciativas similares. 

Vale para las movilizaciones anti-guerra que están teniendo lugar en la propia Rusia, con miles de detenidos. Vale para las acciones de colectivos como Stop The War, en el Reino Unido, doblemente criminalizado por Boris Johnson y por el neomacartista líder laborista, Keir Starmer. Vale para las críticas que figuras como Nancy Fraser o Bernie Sanders están lanzando desde Estados Unidos al lobby armamentístico, financiero y de los combustibles fósiles de ese país, uno de los grandes beneficiarios de la invasión rusa. Vale para las alocuciones antibelicistas del papa Francisco. Vale para quienes señalan la hipocresía de pedir más armas para Ucrania mientras se le niega la condonación de una deuda externa que la ahogará durante décadas. Vale para las posiciones de gente como Jean-Luc Mélenchon o Luciana Castellina, defensores de una Europa autónoma de las grandes potencias que se implique activamente en las soluciones diplomáticas. Vale, asimismo, para las llamadas al alto el fuego, a la retirada de tropas y al diálogo que, en un contexto endemoniado, viene manteniendo con valentía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

La urgencia de parar la guerra

Ciertamente, ni Putin ni el establishmentde los Estados Unidos, auténtica voz dirigente de la OTAN y del llamado bloque occidental, están impulsando este tipo de salidas. Por el contrario, unos y otros parecen empeñados en prolongar la guerra y en convertir a Ucrania en un nuevo Afganistán, sin que importen las consecuencias. Ni la multiplicación del número de víctimas, ni el ahondamiento de las heridas entre pueblos hermanos, ni el riesgo del uso de armas nucleares, ni la profundización de unos desequilibrios alimentarios y energéticos que están poniendo en peligro la paz global. 

Que estados como Turquía o Israel sean de los pocos que han intentado mediar para una salida negociada, da una idea de la coyuntura trágica ante la que nos encontramos. Pero cualquier intento de negociación es preferible a la resignación y a la normalización de un belicismo sin freno. Porque cada día de guerra hace más difícil las salidas negociadas, al tiempo que nos acerca a un estallido que podría arrasar con todo. 

Por eso hace falta activar cuanto antes los frenos de emergencia. Y la única manera de hacerlo es a partir de una posición coherentemente anti-militarista y anti-imperialista. Una perspectiva capaz de defender, sin dobles raseros, aquí y ahora, los derechos humanos, la legalidad internacional y la paz. 

Esto supone, como se apuntaba al comienzo, condenar sin ambages la ominosa agresión de Putin y defender el derecho del pueblo ucraniano, en toda su pluralidad, a existir, a autogobernarse y a vivir de manera segura. Pero justo por eso, exige también oponerse, con igual firmeza, al complejo militar, financiero y energético de los Estados Unidos que busca instrumentalizar a la OTAN y a Ucrania para fines que poco tienen que ver con la defensa de la democracia o de la paz. Y que podría embarcar al mundo, si hace falta, en una tercera guerra mundial contra China o contra cualquiera que haga sombra a sus intereses económicos.

En lugar de seguir ciegamente los planes de Washington, Europa debería ejercer una acción internacional autónoma del belicismo atlantista y actuar como mediadora por la paz junto a países del Sur global como India, México u otros. Obviamente, conseguir que el destructivo genio del belicismo vuelva a la botella y que tanto Ucrania como Rusia consientan una mesa de negociación efectiva, no es algo fácil. Pero no se puede perder ni un solo minuto sin intentarlo, una y otra vez. Asumir con voluntad insumisa la construcción de la paz en un mundo amenazado por el desastre nuclear y por el colapso socio-ecológico producido por un capitalismo desatado es la más compleja de las tareas de nuestro tiempo. También es la más urgente, ya que de ella depende literalmente la supervivencia de la especie y del planeta.

El eterno retorno de la OTAN

En 2019 el presidente francés Emmanuel Macron diagnosticó que la OTAN padecía muerte cerebral. Tres años mas tarde, la invasión de Putin a Ucrania provocó una resurrección de la alianza militar entre Europa y Norteamérica, con la consecuente subordinación del Viejo Continente. Desde Barcelona, un sutil análisis geopolítico que responde a la pregunta por el qué hacer frente a la guerra.

REVISTA CRISIS.

POR: GERARDO PISARELLO

04 DE ABRIL DE 2022

La invasión de Ucrania por parte de Rusia alteró de manera drástica el panorama geopolítico contemporáneo. Por los millones de personas desplazadas, muertas y heridas. Por las hondas fracturas que está abriendo entre pueblos hermanos. Pero también por la manera en que está revitalizando las pulsiones hegemónicas de los Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una institución cuyo estado de salud parecía hasta hace poco precario.

La decisión de Vladimir Putin no solo supone una flagrante vulneración del derecho internacional y provoca crímenes de guerra abominables. También ha dado a Washington una excusa única para revivir a la OTAN y devolverla a la función que le atribuyó su primer secretario general, el militar y diplomático británico Hasting Ismay, en los años cincuenta del siglo pasado: “tener a los estadounidenses dentro, a los rusos fuera y a los alemanes debajo”.

El historiador Josep Fontana recuerda cómo desde la fundación de la OTAN, en 1949, los Estados Unidos exhibieron marcados recelos antisoviéticos y una clara voluntad de controlar Europa. Poco después de promover sin éxito la reunificación de Alemania a cambio de su neutralidad militar, el propio el presidente soviético Iósif Stalin llegó a afirmar, en una frase que podría haber sido suscrita por Charles de Gaulle: “Sería un error creer que se puede llegar a un compromiso o que los Estados Unidos pueden aceptar un tratado de paz. Ellos necesitan tener su ejército en Alemania para mantener la Europa occidental en sus manos. Dicen que tienen su ejército allí contra nosotros. Pero el propósito real de ese ejército es controlar Europa”.

 Durante las décadas subsiguientes, todos los intentos de buscar un modelo de seguridad compartido entre Europa y Rusia se enfrentarían al boicot norteamericano. Es lo que está ocurriendo con un régimen nacionalista autocrático como el de Putin. Pero también pasó con el régimen neoliberal y corrupto de Boris Yeltsin. O con el propio Mijaíl Gorbachov. En plena perestroika, Gorbachov favoreció el desarme y la paz, e insistió en que la reunificación de Alemania se vinculara a la consideración de Europa como “casa común” donde Rusia pudiera verse reconocida. Desde George Bush padre hasta su secretario de Estado, James Baker, pasando por el francés François Mitterand y el alemán Helmut Kohl, le prometieron de palabra que una vez disuelto el Pacto de Varsovia la OTAN no avanzaría hacia el Este. La promesa, sin embargo, fue traicionada sin miramiento alguno.

La conquista del viejo eastern

Con el derrumbe del Muro de Berlín, los Estados Unidos mantuvieron una política ininterrumpida de expansión hacia las fronteras de Rusia. Lo hicieron contra las advertencias de gente como George Kennan, uno de los “cerebros” de la política de “contención” anticomunista que moldeó la “Guerra fría”. A pesar de ello, ya en 1992 el Departamento de Defensa explicó abiertamente que su objetivo principal en la era post-soviética no era reforzar las Naciones Unidas e impulsar un orden internacional más cooperativo. Por el contrario, de lo que se trataba era de utilizar la aplastante superioridad militar norteamericana y su red de aliados para impedir el surgimiento de cualquier potencial competidos en la escena global.

La primera Guerra del Golfo contra Saddam Hussein permitió a la Casa Blanca y al Pentágono reafirmarse en su superioridad. Con el cambio de siglo, se encendieron algunas alarmas. La modernización de China y la intención de Rusia de reconstruir sus fuerzas armadas fueron vistas por los Estados Unidos como un peligroso desafío a su poder imperial. Doce días después de que Polonia, Hungría y la República Checa se sumaran a la OTAN en 1999, ésta –bajo la dirección del socialista español Javier Solana– decidió bombardear Yugoslavia. Lo hizo con el visto bueno de Bruselas y del propio Putin, al que sin embargo no se le permitió intervenir. Durante el conflicto se utilizaron bombas racimo, se produjeron violaciones ostensibles del derecho humanitario e incluso se acabó arrasando, supuestamente por error, la embajada china en Belgrado.

Ciertamente, muchas de las incorporaciones a la OTAN de países de la órbita soviética o de la antigua Yugoslavia se vieron favorecidas por el temor que el agresivo nacionalismo panruso de Putin suscitó en estos países, sobre todo después de experiencias como la masacre de Chechenia en los albores del siglo veintiuno. Con todo, los Estados Unidos se encargaron de evitar que los países del Este se incorporaran a Europa con un estatuto de neutralidad.

Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono se vio forzado a modificar temporalmente su guion. Durante un tiempo, las operaciones contra “el eje del Mal” –Corea del Norte, Irán, Libia– y “la guerra contra el terrorismo” en Oriente Medio se convirtieron en un nuevo frente privilegiado. Esto drenó recursos sustanciales del aparato militar-industrial estadounidense y lo obligaron a descuidar a sus principales adversarios. Las guerras en Irak y Afganistán se llevaron a cabo con algunas reticencias de la Europa continental, aunque con un protagonismo decidido de otros aliados como el Reino Unido. Ambas invasiones resultaron inicialmente exitosas, pero pronto dieron lugar a insurgencias de larga duración que despertarían para los ocupantes el fantasma de la guerra de Vietnam. A resultas de ello, el estatuto de superpotencia de los Estados Unidos se vio debilitado. Mientras tanto, China, Rusia y otros países como la India continuaron desarrollando tecnologías de guerra a la altura de la estadounidense en muchos extremos.

Durante todos esos años, Putin intentó agradar a Washington y mostrarse como un aliado leal. Apoyó varias de sus guerras y se solidarizó con George W. Bush cuando se produjeron los atentados de 2001. La respuesta fue la displicencia. La consideración de Rusia como un país en declive que no merecía mayor cuidado. En 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Putin decidió mostrar un rostro más duro. Denunció el intento de los Estados Unidos de construir un mundo unipolar y de expandir la OTAN hacia las fronteras rusas. Insistió en que todo ello solo podía conducir a una nueva carrera armamentística y no renunció a implicarse en ella.

Ya durante el mandato del demócrata Barack Obama, Ucrania pasaría a estar en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. El momento clave de esa tensión fue la revuelta de Maidán, de 2014, contra el entonces presidente Víktor Yanukóvich, del prorruso Partido de las Regiones. Por ese entonces, la Unión Europea ofreció a Ucrania un Acuerdo de Asociación incompatible con cualquier interés vinculado a Rusia. Moscú y Kiev, con Yanukovich a la cabeza, propusieron un acuerdo a tres bandas, pero tanto Angela Merkel como el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, lo rechazaron.

La negativa de Yanukovich a mantener un acuerdo solo con la UE desató protestas en las calles, primero pacíficas y luego más violentas. La revuelta fue una mezcla de diferentes procesos simultáneos. Por un lado, una genuina rebelión de la sociedad civil contra el gobierno. Por otro, una suerte de golpe de Estado que contó con el apoyo de Bruselas, de Washington, y de algunos oligarcas locales y con la implicación de grupos armados de extrema derecha identificados con Stepan Bandera, un colaborador de los nazis que había participado del exterminio de judíos y que por ese entonces fue elevado a héroe nacional.

ya en 1992 estados unidos explicó que su objetivo principal en la era post-soviética no era reforzar las naciones unidas e impulsar un orden internacional más cooperativo. de lo que se trataba era de utilizar la aplastante superioridad militar norteamericana y su red de aliados para impedir el surgimiento de cualquier potencial competidos en la escena global.

De la muerte cerebral a la súbita reactivación

Tras el Maidán, el nacionalismo ucraniano más agresivo forzó la persecución de la lengua rusa e inició una inclemente represalia en la zona rusófona del Dombás. La OTAN se encontraba por entonces sumida en una suerte de letargo. Países como Alemania aprovecharon esa coyuntura para estrechar sus vínculos económicos y energéticos con la Rusia de Putin. Y lo propio hicieron algunos miembros destacados de la extrema derecha y la derecha radical europea, como la francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini, el húngaro Víktor Orbán, o los españoles José María Aznar y Santiago Abascal.

Sobre ese trasfondo, y a poco de llegado Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, su homólogo francés Emmanuel Macron diagnosticó en 2019 que la OTAN atravesaba un estado de “muerte cerebral”. Para inquietud del Pentágono, esta reflexión venía acompañada por la sugerencia de que los Estados Unidos se retiraran progresivamente de Europa y de que esta pudiera ampliar su “autonomía estratégica”. Cuando Biden, recién llegado al gobierno tras el esperpéntico asalto trumpista al Capitolio, tuvo que cargar con la caótica retirada de tropas de Afganistán, muchos pensaron que la Alianza Atlántica podía entrar en una crisis decisiva. O al menos, que Europa podría, por fin, tomar distancia de la gran potencia imperial del otro lado del océano y dar forma a un proyecto propio con la implicación de Francia y Alemania.

La intensificación de las tensiones con Rusia dio al traste con esta posibilidad. A diferencia de Trump, Biden tenía vínculos estrechos con la Ucrania posterior al Maidán. Su hijo, Hunter Biden, llegó de hecho a integrar el consejo de dirección de Burisma, la compañía de gas natural más grande de Ucrania, entre 2014 y 2019. Cuando la OTAN dio aire a la idea de que podía extenderse a Georgia y Ucrania, Putin vio la amenaza demasiado cerca. Macron y el canciller alemán Olaf Scholz intentaron enfriar la situación y apelaron a la necesidad de diálogo con Moscú. Incluso propusieron rescatar los malogrados Acuerdos de Minsk, que preveían una suerte de compromiso constitucional confederal para aliviar la guerra en el Donbás. Los Estados Unidos no mostraron interés en esta alternativa. Tampoco Putin creyó que la negociación diera frutos. Entonces decidió dinamitar la vía diplomática y atacar militarmente. En la madrugada del 24 de febrero pronunció un durísimo discurso en el que directamente negaba a Ucrania el derecho a existir y atacaba a Lenin y a los bolcheviques por haber “disgregado” el Imperio zarista. Sobre este discurso imperial y anticomunista, las tropas del Kremlin iniciaron los bombardeos y avanzaron sobre los territorios de Donetsk y Lugansk.

La respuesta fue fulminante, como si los Estados Unidos y el propio Biden hubieran estado esperándola. De pronto, los intentos de Macron y Scholz por conseguir una posición propia se deshacían como un azucarillo en una taza de café. En cuestión de días, la Unión Europea pasaría de discutir su “autonomía estratégica” a plegarse con entusiasmo a la consigna estadounidense de no ceder ni un ápice con Rusia y de presionar a China. Aunque eso supusiera sacrificar a la población ucraniana y exponer a Europa y al mundo a una nueva guerra química, bacteriológica o directamente nuclear.

Ha sido el propio Biden, como primus inter pares en la OTAN, quien ha alentado a los dirigentes de los demás Estados miembros a endurecer sus posiciones y a no invertir demasiado en buscar alternativas negociadoras. Las negociaciones que se llevaron a cabo desde el estallido del conflicto han tenido lugar en la frontera con Bielorrusia o con Turquía como mediador. Pero ni Bruselas, ni mucho menos Washington, comparecieron abiertamente a ofrecer alternativas.

de pronto, los intentos de macron y scholz por conseguir una posición propia se deshacían como un azucarillo en una taza de café. en cuestión de días, la unión europea pasaría de discutir su “autonomía estratégica” a plegarse con entusiasmo a la consigna estadounidense de no ceder ni un ápice con rusia y de presionar a china.

En busca del tiempo perdido

Biden también ha sido quien ha capitaneado la política de sanciones unilaterales a Rusia. Estas medidas venían de antes, cuando Rusia se anexionó Crimea tras el referéndum de 2014. Pero se intensificaron, incluyendo la confiscación unilateral de bienes y depósitos, e incluso la expulsión de Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT. Sanciones que ya se venían aplicando contra países considerados adversarios por Estados Unidos, como Irán o Cuba. Pero tienen una peculiaridad: nunca se dirigen contra las violaciones de derechos humanos cometidas por la administración norteamericana o por países aliados como Israel o Turquía. Por eso, cuando la propuesta sancionatoria se debatió en Naciones Unidas, varios estados que representan el 50 por ciento de la población mundial, entre los que se cuentan China, India, Pakistán, Bangladesh, Irán, Argelia, Nigeria, Sudáfrica, Brasil y Argentina, adoptaran una posición de neutralidad, exigiendo la paz pero sin apoyar sanciones contra Rusia.

Todo indica que estas sanciones, más que a Putin como tal, afectan a una parte importante de la población rusa. Estudiantes, artistas, deportistas que se encontraban en el extranjero acabaron expulsados con criterios directamente xenófobos. Y también a las poblaciones vulnerables de Rusia, de Europa y de otros rincones del mundo, que ya están experimentando el efecto búmeran de algunas de las sanciones. Baste pensar en los fenómenos de desabastecimiento que se están produciendo, o de los aumentos desorbitados en los precios del aceite, del trigo o de bienes básicos como el gas o la electricidad.

Por otro lado, quienes más complacidas están con la dureza de Biden son las grandes corporaciones militares y energéticas de su país. Empresas como Lockheed Martin, Raytheon, Global X o Constellation Energy, han visto cómo sus beneficios se multiplican al son de los tambores de guerra. Son estos sectores, al mismo tiempo, quienes más se están beneficiando por la presión ejercida sobre los estados de la Unión Europea para que incrementen su presupuesto en defensa o para que reemplacen el gas ruso por el gas de esquisto, mucho más caro, que los Estados Unidos extraen gracias a una técnica ambientalmente nefasta como el fracking.

Obviamente, estos cambios están pulverizando toda la retórica del Green New Deal y de la transición socio-ecológica generada a los inicios de la pandemia. Solo en Europa, millones de euros que debían dedicarse a programas sociales y verdes se están destinando a incrementar unos presupuestos militares ya abultados, al tiempo que se impone un nuevo macartismo con restricciones preocupantes de las libertades civiles y políticas básicas. Lo que para Europa y sus pueblos supone arrojarse en una suicida pendiente resbaladiza, en Washington es visto como una oportunidad para recuperar el tiempo perdido durante las “guerras contra el terrorismo”. Así, la decisión de Putin de emprender una agresión tan brutal con un discurso neozarista, no solo cohesionó el sentimiento anti-ruso entre la población ucraniana; también ha facilitado a los Estados Unidos tres movimientos simultáneos para los que no encontraba una excusa sencilla: reflotar el papel de una OTAN desprestigiada, liquidar todo proyecto de autonomía europea y cerrar el paso a cualquier entendimiento futuro de Europa con Rusia y China.

Crítica del realismo militarista

Ante un conflicto de estas características, la primera exigencia de una posición coherentemente antiimperialista consiste en reconocer el derecho del pueblo de Ucrania a no dejarse arrasar. Esto es, a su legítima defensa. Sin embargo, esta respuesta no tiene porqué justificar el envío de armas por parte de la OTAN. En primer lugar, siendo ya un gran productor e incluso un exportador de armas, Ucrania no es un país que carezca de ellas. Una escalada belicista que involucre directamente a la OTAN podría alterar la superioridad militar rusa, pero al precio de una conflagración nuclear.

Lo que parece imponerse entonces es una prolongación o empantanamiento del conflicto, con su estela de más muertes y destrucción. En palabras del sociólogo ucraniano, Volodymyr Ishchenko: “Si la guerra tiende a prolongarse, si ya no se trata de parar la invasión rusa, sino de, por ejemplo, lograr la caída de Putin cueste lo que cueste –lo que puede no ser un objetivo accesible–, Ucrania podría transformarse en Afganistán. Un lugar donde una guerra eterna se sucede por años sin pausa, con un Estado fallido, con la economía retornando a un estado premoderno, con la industria completamente destruida y millones de refugiados que no pueden volver a su hogar por años” (entrevista de Francisco Claramunt publicada en Brecha). 

Ahora bien, la legítima defensa no se agota en el derecho a la resistencia armada. Comprende también el derecho a la resistencia no-violenta. A la resistencia de quienes no quiere morir, pero se niegan a matar. Los cientos de miles de personas que dejan sus pueblos y ciudades para no quedar atrapadas en una espiral de barbarie infinita, las que se niegan a asesinar o a torturar a soldados hermanos, los desertores e insumisos en todos los bandos, expresan este rechazo a la sinrazón de una guerra pensada por las élites dirigentes para defender intereses que no son los de la mayoría social. Y lo mismo puede decirse de los bloqueos pacíficos de carreteras en ciudades ucranianas como Melitópol, Chernígov, Zaporiyia, Senkovka, Luhansk, o de las movilizaciones anti-guerra celebradas en Rusia, con miles de detenciones. Todas estas iniciativas prueban que la protesta no-violenta pero activa puede ser más eficaz, cuando se trata de defender a la gente de abajo, que la reacción armada, tanto por su capacidad para desmoralizar a quien agrede como por el hecho de incorporar a la resistencia a colectivos amplios de la población, incluidos niños, mujeres y personas mayores.

Cuanto antes se consiga un acuerdo de paz más vidas ucranianas serán salvadas, menos ciudades resultarán destruidas y menos resultará dañada la economía del país. Desde este punto de vista, la exigencia en todos los foros del alto el fuego y de la retirada de las tropas rusas debe ser un imperativo. Lo mismo que la protección de las personas refugiadas. La afluencia de migrantes ucranianos a la Unión Europea supone un desplazamiento de personas sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Ese fenómeno ya está produciendo una ampliación demográfica de Europa y debe ser abordado con el máximo respeto por los derechos humanos, evitando las discriminaciones por razón de origen, de color, y frenando situaciones intolerables de tráfico y abuso sexual. De la misma manera, el apoyo sin fisuras a las personas ucranianas que huyen del horror debe vincularse a una crítica abierta de la rusofobia, esto es, de la aberrante estigmatización de la cultura rusa y de buena parte de su ciudadanía que últimamente ha ido en aumento. Desgraciadamente, la desinformación, la burda propaganda y un cierto “unanimismo” que exige leerlo todo en términos maniqueos y simplistas no favorecen estas actitudes.

La prolongación de la guerra y de su sistema de sanciones ya está implicando aumentos desorbitados en el precio de productos básicos, incluidos los alimentos y la energía. Mientras millones de euros que deberían sufragar las políticas sociales y verdes de recuperación pospandemia, se están destinando a aumentar los presupuestos militares. Nada de esto favorece a la ciudadanía que más ha perdido con la crisis y con la pandemia. En Alemania, quien más se benefició del incremento del gasto militar de un 2% del PIB anunciado por Scholz fue el conglomerado Hensoldt, el mayor contratista del Ministerio de Defensa germano, cuyas acciones se dispararon de inmediato.

mientras millones de euros que deberían sufragar las políticas sociales y verdes de recuperación pospandemia, se están destinando a aumentar los presupuestos militares. nada de esto favorece a la ciudadanía que más ha perdido con la crisis y con la pandemia.

Un escenario de estas características solo puede favorecer a la extrema derecha, cómoda en su lenguaje nacionalista belicista; y perjudicar a una Europa que cada vez será más irreconocible como impulsora de la democracia, de la paz y del bien común planetario. Solo por eso, el rechazo de una OTAN reacia a la desnuclearización y entregada a un nuevo furor guerrero, debería ser tan nítido como el repudio de la infausta invasión de Putin, que está favoreciendo la confrontación entre bloques imperiales con armas nucleares.

Contra lo que afirma el supuesto realismo militarista, solo un pronto alto el fuego y una salida negociada en el marco de instancias como la ONU o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), podrían minimizar el dolor, comenzar a restañar heridas que tardarán en cerrar y abrir caminos reales hacia la paz. Estos caminos tendrían que pasar por el reconocimiento a Ucrania del derecho a su independencia y autogobierno, con garantías para su seguridad y un estatuto de neutralidad similar al de Finlandia o Austria. Es dudoso, ciertamente, que una solución de este tipo pueda provenir de unas clases dirigentes que no han querido o no han sabido evitar este desenlace trágico. Por eso, una vez más, es imprescindible estar junto a quienes, a pesar de la represión o la censura, se movilizan en pro de la desescalada militar y de la solidaridad con todas las personas que quieren poner fin al horror de la guerra eterna. En Ucrania, en Rusia, en Europa, en los Estados Unidos, o en cualquier otro rincón del planeta.

En el caso europeo, estas movilizaciones entroncan con una antigua tradición antimilitarista que incluye a figuras diversas como Rosa Luxemburg, Bertrand Russell, E.P Thompson, Olof Palme o las Mujeres de Negro. Para esta tradición, las guerras aparecen casi siempre ligadas a regímenes políticos y económicos oligárquicos o despóticos que pugnan por la apropiación de recursos materiales y energéticos en beneficio de una minoría privilegiada y en detrimento de los intereses de la inmensa mayoría. Precisamente por eso el rechazo a la guerra, a la que Putin ha desatado en Ucrania, pero también a las que azotan a Palestina o a Yemen, deben vincularse a una crítica de fondo de las violencias imperialistas y del capitalismo predatorio que está imponiendo una nueva involución democrática global, amenazando la supervivencia misma de la especie.

Desde una perspectiva coherentemente antimperialista, la crítica de la invasión de Putin y del regreso de una OTAN recargada, que ya opera en regímenes fuertemente autoritarios como el de Turquía y que pretende expandirse a países como Colombia, debería ser irrenunciable. Sobre todo, si de lo que se trata es de promover la paz y la justicia en un nuevo orden global, multilateral y más cooperativo. Por eso, en estos tiempos brumosos, con demasiado ruido y demasiada furia, conviene que todos, comenzando por las jóvenes generaciones, tengamos presente la certera máxima que ha movido a tantas y tantos internacionalistas: “no a las guerras entre pueblos, ninguna paz con los canallas que las promueven”.