Entrevista: “El mito de la Transición forjado por las élites se ha desplomado”

El diputado Gerardo Pisarello, de En Comú Podem, alerta de nuevos peligros que amenazan a la democracia tras la radicalización mundial de la derecha.

Por: Alberto Surio

Galde 30, udazkena/2020/otoño.

Gerardo Pisarello (Tucumán, Argentina 1970), es diputado de los Comunes y una de las voces más claras de la izquierda catalana. Fue primer teniente de alcalde de Barcelona y estrecho colaborador de Ada Colau y es hijo de un abogado ‘desaparecido’ y asesinado por la dictadura de Videla. Secretario primero del Congreso en la actualidad, analiza el momento político sin perder la curiosidad por la velocidad de los cambios e inquieto por los nuevos riesgos que amenazan a la democracia.

¿Cree que la causa de la jueza Servini contra Martín Villa tiene recorrido?
GERARDO PISARELLO. Soy de los que creen que la jurisdicción universal y el reconocimiento de que hay delitos como las torturas y las desapariciones forzadas que ofenden a toda la humanidad son una conquista civilizatoria. En América Latina hubo dictaduras terribles en el marco de lo que se conoce como ‘Operación Cóndor’ y, en muchos casos, se aprobaron leyes de impunidad, de punto final, para que esos delitos no pudieran ser juzgados. La única manera de superar las barreras que impedían que se juzgaran aquellos delitos equiparables a los del nazismo o del fascismo fueron la movilización ciudadana o la intervención de jurisdicciones externas. Recuerdo por ejemplo el papel determinante del fiscal Carlos Castresana para que en Argentina se abriera una pequeña grieta que permitiera hacer justicia en casos que estaban bloqueados. Yo mismo soy hijo de un abogado asesinado durante la dictadura y el primer juez que oyó a mi madre fue Baltasar Garzón en Madrid.

¿Confías en la Justicia universal?
G. P. Yo confío en la justicia universal sobre todo cuando en la local hay un bloqueo insuperable como consecuencia de la existencia de un patrón continuado de impunidad. El caso Martín Villa solo se explica por la ley de silencio de los crímenes del franquismo que se impuso durante la Transición. Si en España se hubieran juzgado como es debido los crímenes del franquismo seguramente Martín Villa no tendría la centralidad que tiene.

Hay quienes sostienen que pensar que en la Transición hubo delitos de genocidio es distorsionar la historia… y es no entender que el propio Martín Villa se implicó en el proceso hacia la democratización…
G. P. Es evidente que el genocidio que produjo el franquismo se desplegó a lo largo de 40 años y no de manera más intensa durante la Transición que en otros momentos históricos. Lo que sí hubo en la Transición es un plan deliberado para intentar encubrir ese genocidio, para minimizarlo y para que no se juzgara a sus principales responsables, y en esta segunda cuestión Martín Villa sí que tuvo un papel importante. No solo tuvo responsabilidades directas en la matanza de obreros en Vitoria, en los Sanfermines posteriores, en la condecoración del torturador Billy el Niño, sino que formó parte de esa clase política que decidió que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo no tenían que ser investigados. Desde ese punto de vista su responsabilidad es innegable.

Privilegios económicos

¿Qué te dice que los expresidentes González, Aznar, Zapatero o Rajoy le defiendan?
G. P. Martín Villa, después de la Transición, desempeñó un papel no solo de hacedor de consensos políticos sino de ciertos consensos económicos. Fue un personaje económicamente importante. Fue un importante responsable de Endesa en Chile, en un momento en que esta empresa fue acusada de graves delitos contra las comunidades mapuches con él al frente; formó parte de un modelo económico que se fraguó después de la Transición y que impedía revisar muchos de los privilegios económicos generados durante el franquismo. La política exterior de España en relación con grandes empresas que son privatizadas y que pasan a operar en América Latina funciona en esas coordenadas. Y cuando aparecen expresidentes y exsindicalistas que salen a defender su papel lo que desgraciadamente están defendiendo es un modelo económico en el que de manera directa o indirecta participaron. Diría que defienden más a ese Martín Villa ligado al establishment económico que al que fue gobernador civil o al que tuvo responsabilidades en casos sonados de represión.

Hay una revisión de la Transición en todo caso…
G. P. Ya lo dijo Vázquez Montalbán, la Transición fue sobre todo el fruto de una correlación de debilidades. Muchas de las libertades que tenemos hoy serían impensables sin las luchas del movimiento antifranquista, del movimiento obrero y vecinal durante la Transición. Para ese movimiento antifranquista la amnistía de presas y presos políticos era central; pero obviamente no querían que eso se pagara con el silencio y el olvido respecto de los crímenes de la dictadura.

¿Fue un fraude la Ley de Amnistía?
G. P. La Ley de Amnistía tenía dos caras. Fue un paso importante para evitar que se continuara criminalizando a las víctimas del franquismo pero su otra cara fue evitar que crímenes de lesa humanidad imprescriptibles pudieran ser investigados por la propia Justicia española, que es lo que tendría que haber ocurrido. La historia siempre debe revisarse porque suelen ser los vencedores quienes la escriben, por eso conviene pasar, como decía Walter Benjamin, el cepillo a contrapelo de la historia, para rescatar alternativas que existían en momentos determinados y a las que se les cerró una puerta. Si hoy Martín Villa ha acabado sentado ante una jueza para declarar sobre sus responsabilidades en el tardofranquismo también es gracias a las entidades de memoria, a los colectivos de familiares de víctimas, que sin acompañamiento institucional nunca dejaron de pelear para que haya justicia, verdad y reparación. El mito de la Transición forjado por ciertas élites políticas y económicas se ha desplomado.

Memoria democrática

En este contexto el Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
G. P. Sí, y su aprobación no se entendería toda la gente que en estas décadas no dejó de luchar contra la impunidad, de los familiares de víctimas que no dejaron de buscar a los suyos en las cunetas. Hay que recuperar las historias de esa gente que no se resignó a que se estableciera una ley de punto final con el argumento de que eso permitía asegurar la democracia, porque lo que ocurrió de hecho fue lo contrario: se consiguió una democracia débil, limitada, de baja intensidad.

¿Una ley que llega tarde?
G. P. Para muchas familias sí, pero llega, y ayudará a romper con el silencio impuesto por el franquismo. Las generaciones más jóvenes tienen que saber que el franquismo carga a sus espaldas con el número de desapariciones forzadas más alto del mundo después de Camboya, que en ningún país de Europa existe una fundación Benito Mussolini o Adolfo Hitler, y que aquí sin embargo llevamos tiempo con una Fundación Francisco Franco a la que habrá que cerrar de una vez. Y es importante que esos jóvenes entiendan que el franquismo no fue solo un régimen dirigido a eliminar a los adversarios y disidentes políticos sino también un régimen de expolio económico que permitió concentrar mucho poder económico en pequeñas minorías que después de la Transición, a veces con los mismos apellidos, han seguido manteniendo puestos clave de poder. Yo creo que esta ley, con las enmiendas que hagan falta, puede ayudar a poner luz sobre estas cuestiones. No será el último paso en la lucha contra la impunidad, pero es un paso muy importante.

Después de la Segunda Guerra Mundial, grandes grupos empresarios alemanes que fueron cómplices del nazismo como los Krupp y los Tyssen tuvieron que sentarse en Nüremberg a responder por sus vínculos con el régimen, y más tarde el Estado determinó que muchas empresas que se beneficiaron de la dictadura nazi debían compensar a la ciudadanía. El hecho de que la nueva ley de memoria prevea un censo y una auditoría sobre las condiciones en las que se produjo el expolio franquista, y permita identificar a actores económicos que se beneficiaron de él, ayudará a que se abra ese debate. El problema aquí sigue siendo que Franco murió con la gente movilizada en la calle, pero en la cama. Por eso, a diferencia de Italia o Alemania, donde el fascismo y el nazismo fueron derrotados militarmente, ha costado tanto avanzar. Ahora, de hecho, la extrema derecha negacionista y neofranquista está utilizando mucho dinero para que no se reabra el debate sobre la memoria democrática. Algo que por cierto ocurre también en Argentina, en Chile, y en otros países, donde están utilizando los medios y las redes sociales para intentar difundir un discurso negacionista en el que todos los gatos son pardos y en el que se pretende igualar opciones republicanas, democráticas, con dictaduras sanguinarias que supusieron la aniquilación de sectores amplios de población.

¿En ese contexto cómo ves el papel de Felipe VI?
G. P. Cada vez hay más conciencia de que la Monarquía borbónica no es asimilable a la Monarquía parlamentaria sueca o a la británica, que decapitó a un Rey mucho menos cruel y felón que Fernando VII. Los Borbones, en realidad, han tenido un papel bastante nefasto en la historia española, y su función nunca fue puramente simbólica. Ya desde el siglo XIX, fueron una pieza clave de un régimen político y económico oligárquico, de una forma de hacer negocios básicamente rentista y especuladora, que operaba a través de la concentración de tierras o del negocio financiero inmobiliario. Algo de eso está saliendo a la luz ahora, y vemos que el rey emérito Juan Carlos I, cuyo vínculo con el franquismo se intentó limpiar con el 23F, imitó a muchos de sus antecesores que ya actuaban como comisionistas dentro de un modelo económico rentista. Esto, en medio de una crisis tan grave como la actual, puede resultar especialmente ofensivo. Yo veo a las generaciones más jóvenes cada vez menos dispuestas a aceptar una Monarquía como la borbónica, con privilegios y condiciones de opacidad que no se le reconocerían a ninguna otra institución. No creo que tengamos una República mañana, por arte de magia, pero sí veo cada vez más gente que hasta hace dos días se consideraba juancarlista o monárquica a secas preguntarse por la utilidad social de una institución tan viciada. Y también, tengo que decirlo, veo crecer un republicanismo basado en la necesidad de proteger como ‘res pública’ la educación, la sanidad, la cultura, pero también de erradicar la existencia de instituciones tan obscenamente vinculadas al privilegio como es el caso de la Monarquía borbónica. No se trata de algo totalmente nuevo. Las tradiciones republicanas peninsulares, de hecho, son ricas y plurales. Su reto, como siempre, es coordinarse mejor, mostrar que el republicanismo no es una opción nostálgica, que puede haber un republicanismo del siglo XXI capaz de traer modernidad, mejoras materiales, culturales, para las las mayorías sociales, y que la Monarquía y su Corte son un obstáculo para conseguirlo.

La experiencia de la coalición

Vamos al papel de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición. ¿Realmente ‘sí se puede’?
G. P. Depende del día. Hay días que te levantas y piensas que querrías llegar mucho más lejos en muchas cosas porque la situación de emergencia es tremenda, pero que nos equivocamos, o que no tenemos la fuerza suficiente, o que no acabamos de solidificar la mayoría de la investidura, que es la que con más naturalidad afrontaría los grandes temas sociales, democráticos y territoriales que tenemos sobre la mesa. Hay días que piensas que se podría mucho más si hubiera más movilización democrática en la calle, y eso es muy difícil en el contexto de pandemia, y hay días que sientes simplemente que podríamos hacer más y mejor. Dicho esto, tengo clarísimo que si el PP, Vox, Ciudadanos, el trío de Colón, tuviera más resortes institucionales como en Andalucía o Madrid, el desastre estaría asegurado. La política son correlaciones de fuerzas y de debilidades. Cuando miro al mundo y miro a otros gobiernos progresistas, por ejemplo, en Argentina, México, Portugal, veo que las dificultades son enormes porque lo que llamamos neoliberalismo está perdiendo legitimidad a pasos agigantados pero está en una fase de una violencia enorme. Hoy la gente ya no cree en la cantinela de que las privatizaciones lo resolverían todo, tiene claro que hay que proteger la sanidad pública, la educación pública, pero precisamente porque no puede proteger sus privilegios de siempre con facilidad, el sistema está recurriendo a métodos cada vez más autoritarios.

¿Cuáles?
G. P. Uno de ellos es la radicalización de las derechas, que no dudan en utilizar la guerra judicial, la mentira mediática, la intimidación en las calles o estrategias golpistas, para preservar sus privilegios. Hay medidas que en un contexto de pandemia deberían gozar de un consenso amplio, incluso entre gente conservadora, pero veo a la derecha que tenemos en España más cerca de Bolsonaro o Trump. En mi opinión eso revela una cierta impotencia y debilidad de un sistema económico agotado, senil, pero que se resiste al cambio. Por eso necesitamos alianzas amplias para hacerlo posible. Alianzas que, en nuestro caso, tienen que tener una clara base republicana y y plurinacional.

El debate presupuestario apunta en esa dirección…
G. P. Hay algunos sectores del establishment que desearían que Ciudadanos entre ya en la sala de máquinas del gobierno y que desplace a las demás fuerzas de la investidura, en especial a Unidas Podemos. Pero no me parece una alternativa muy realista, sobre todo porque agravaría la mayor parte de los problemas que tenemos hoy sobre la mesa, desde los sociales hasta los territoriales. La mayoría de la investidura, en cambio, permitiría llegar a acuerdos básicos para modernizar la economía, para reforzar el escudo social, para proteger a la gente trabajadora, para apuntalar lo público, y al mismo tiempo para conseguir una salida razonable a la cuestión catalana, a la cuestión de la España vaciada o al desafío de la plurinacionalidad.

Se trata de surfear contradicciones todos los días…
G. P. En un contexto de emergencia social y económica tan dura toda la clase política está expuesta al desgaste, porque las necesidades son acuciantes y los tiempos de la política son lentos. Ahora bien, también es verdad que hay un intento de ciertos poderes privados de deslegitimar la política para ocultar su papel en la crisis, su tendencia a a vivir de las prebendas del Estado al que critican, de las exenciones fiscales, de unos impuestos bajos y de la precarización del trabajo. Lo importante es que la gente nos vea que no hemos venido a esto para acomodarnos en el confort institucional, que las mayorías sociales sientan que estamos defendiendo sus intereses. El juicio ciudadano en el día a día puede ser duro, pero el desafío es conseguir que la gente sepa que no vamos a dejar de batallar. Y para eso es importante mostrar, en nuestra conducta cotidiana, que no olvidamos quién nos ha puesto aquí. Cuando llegamos al gobierno del ayuntamiento de Barcelona, íbamos colgando carteles en los despachos que nos recordaran que no debíamos olvidarnos quiénes éramos ni de dónde veníamos. Eso sigue vigente. En un contexto como el actual, con una extrema derecha amenazante, estamos en las instituciones con sentido de la responsabilidad, pero con una pequeña nota de dimisión en el bolsillo. Cuando las condiciones hacen imposible impulsar un proyecto de cambio ético-político desde las instituciones representativas, hay que saber marcharse de ellas y continuar defendiéndolo como un ciudadano común desde otros espacios de la sociedad.

¿Cataluña va seguir siendo siendo la piedra angular de la legislatura?
G. P. Sin una cierta salida política para el País Vasco y para Cataluña, España es ingobernable, al menos desde una perspectiva mínimamente progresista. El franquismo intentó hacerlo por la fuerza, de manera despiadada, y no consiguió salirse con la suya. Si la herida catalana no se cierra, la gobernabilidad de España va a ser enormemente complicada. Es una herida política y socioeconómica, y no se puede resolver una sin resolver la otra. Quienes creen que la cuestión catalana se puede resolver con prisiones o jueces se equivoca. Si no se ponen sobre mesa con relativa urgencia algunos conceptos como amnistía, indultos o la reforma del Código Penal para revisar las disparatadas penas por sedición, no va haber una salida estable. Pero junto a eso tiene que cerrarse la herida social y económica que también ha crecido en Cataluña. Y eso exige que Cataluña pueda salir de la gesticulación permanente y contar con un gobierno que gobierne para las necesidades de la gente trabajadora, del entramado productivo innovador, de la pequeña y mediana empresa, de la gente de la ciencia y la cultural. El Gobierno de Junts y ERC se ha mostrado ineficaz para hacerlo, ha primado más la competencia interna que el gobierno cotidiano de la emergencia y la defensa de un proyecto atractivo de país. Para que esa herida socioeconómica se cierre, el papel del Gobierno central es importante, pero también hace falta un Ejecutivo catalán que no viva solo de los gestos, que tenga voluntad de gobierno, que sea ambicioso y realista al mismo tiempo. En mi opinión esto pasa por un cambio de ciclo político en sintonía con el cambio estatal, que sea claramente republicano, progresista, y que tenga en cuenta lo que Lluís Companys y muchos catalanistas entendían bien: Cataluña no puede avanzar en términos sociales, económicos, democráticos, si España no avanza, y España no puede avanzar si Cataluña no lo hace. Hoy necesitamos sinergias republicanas y progresistas entre Cataluña y España, y también entre Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía… ¡o Teruel!

¿La solución política pasa por el autonomismo?
G. P. El autonomismo está agotado, lo liquidó el propio Aznar, impulsando una recentralización enorme, preautonómica, en la que todavía estamos instalados. No se puede superar ese escenario con simples retoques. Hace falta un proyecto alternativo, que para ser viable solo puede ser plurinacional, municipalista, con elementos federales y confederales, solidario y republicano. Sin esa respuesta, no impuesta, sino libremente decidida por los diferentes pueblos y gentes que integran el Estado, no veo una salida limpia.

Pero ese cambio requeriría una reforma constitucional que no es posible sin el concurso de la derecha…
G. P. No veo la reforma constitucional como una alternativa realista. La Constitución española estuvo pensada para que fuera difícil de reformarse en aspectos clave. Pero esto no quiere que haya que la alternativa sea el inmovilismo. Se pueden realizar muchos avances para reconocer la diversidad cultural, lingüística, nacional, a través de leyes ordinarias u orgánicas, sin necesidad de tocar la Constitución. Yo creo que más temprano que tarde se tendrán que abrir nuevos procesos constituyentes, pero no acepto el argumento inmovilista, usado por el PP y a veces por el propio PSOE, de que sin una reforma constitucional no se puede conseguir nada. Incluso los que abogamos por cambios constitucionales de fondo, creemos que la Constitución se puede interpretar. Y la Constitución de Aznar o de Marchena no es la única posible.

¿Hará falta tiempo aún para cerrar la herida catalana?
G. P. Si, porque lo que se vivió en estos 2017 marcará un antes y un después y porque esta herida tiene mucha historia detrás. El Estado español, la Monarquía española, han sido reacios a reconocer la diversidad social, cultural y nacional. Las tradiciones republicanas, con Pi i Margall, con la Primera y la Segunda República, plantearon alternativas complejas pero en el fondo muchos más realistas que el centralismo autoritario. Por ese creo hoy la salida a la cuestión territorial debe fraguarse en el seno de la mayoría de la investidura, que tiene un carácter claramente anticentralista, plurinacional, y con un marcado peso del republicanismo.

También Torra jugó a ser inhabilitado por el Supremo.
G. P. La inhabilitación de tres presidentes de la Generalitat por causas arbitrarias es un dislate y una anomalía democrática. Dicho esto, es innegable que Quim Torra ha llevado la gesticulación a niveles absurdos, que han acabado dañando al autogobierno y a muchas reivindicaciones legítimas de Cataluña. En política, la gesticulación que no va acompañada de una estrategia mínimamente realista genera frustración y desconcierto. Hace tiempo que Torra debía haber convocado elecciones para dar paso a un nuevo gobierno que ayude a cerrar la herida política sin desatender la emergencia social cotidiana. Y si eso no llega pronto también existe el peligro de una regresión autoritaria, de una regresión primoriverista, de un trumpismo ibérico que supondría un retroceso de décadas. Por eso creo que las fuerzas republicanas, democráticas y progresistas tenemos el deber de priorizar ciertos acuerdos básicos por encima de nuestras diferencias.

¿Cuál es la salud de las izquierdas en España?
G. P. Las izquierdas tienen mucho que aprender en el mundo actual. El feminismo, la emergencia ecológica, la revolución digital, las migraciones, le están planteando retos enormes. En los comunes confluimos diversas sensibilidades, desde tradiciones libertarias, municipalistas, a tradiciones enraizadas en el movimiento obrero o en los movimientos sociales. El reto hoy es cómo, sin renunciar a esas tradiciones, conectar con sectores más amplios de la sociedad para hacer frente al problema más grave del momento actual, que es la radicalización clasista, machista, homófoba, racista, de la derecha a nivel global. Esa derecha violenta, como decía antes, está haciendo todo lo posible para que la crisis tremenda que tenemos ante nuestros ojos, no se resuelva con un mínimo de justicia social. Y eso nos coloca ante una encrucijada civilizatoria. O vamos a más democracia política, económica, hacia más justicia ecológica, de género, o nos podemos hundir en una barbarie que en parte ya está aquí, y que está poniendo en riesgo la vida del planeta y de nuestros hijos.

Te quedarías con ganas de un debate de todo esto con Cayetana Álvarez de Toledo …
G. P. No sé si un debate, pero reconozco que el personaje me interesa. Obviamente estamos en las antípodas en términos políticos, pero es un ejemplo llamativo de una forma de ser de derechas que no tiene fácil acomodo en la política española. Cuando escucho a Cayetana veo más a esas figuras altaneras de la derecha reaccionaria francesa del siglo XIX que a alguien que pueda entenderse con el PP de Teodoro García Egea, con Vox o con el arribismo de Ciudadanos. Me la imagino condenada a una incomodidad permanente en ese espacio

Y tras el acuerdo europeo, ¿qué?

Por Gerardo Pisarello

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La noticia de la entrada en recesión de la economía española, tras una caída del PIB que ha superado los peores pronósticos –un 18,5% en el último trimestre–, exige moderar el optimismo en torno al Acuerdo europeo del pasado 21 de julio. No se trata de desconocer los logros negociadores de países como Italia o España, que tuvieron que lidiar con unas instituciones comunitarias no concebidas para asumir políticas anticíclicas y con el boicot cerril de sus propias derechas vernáculas. Pero sí de asumir que, con los datos de la recesión en la mano, el monto de las ayudas, el marco presupuestario pactado en Europa y la fiscalidad acordada para sufragarlo, se está muy lejos de las necesidades que la crisis en ciernes plantea. Afrontar sin autoengaños esta realidad es una condición imprescindible para impulsar una agenda de reformas que no cargue el colapso económico sobre quienes lo han perdido casi todo. Y también será clave si se pretende desactivar el discurso de odio xenófobo, machista y de clase que las derechas radicalizadas llevan alimentando hace tiempo. 

1. La fuerza (limitada) del Sur de Europa 

Si se comparan las políticas con que se está afrontando la crisis resultante de la pandemia y las que se impusieron tras el crack financiero de 2008, hay algunas diferencias que saltan a la vista. La primera, la que va de la soledad de los gobiernos del Sur de Europa a la hora de negociar alternativas a las políticas de recortes en 2011, o 2015, a la mayor firmeza y coordinación que han demostrado ahora. 

En buena medida, fue la debilidad interna de los gobiernos y la falta de alianzas externas las que facilitaron a la UE, bajo el liderazgo de Angela Merkel, imponer una serie de políticas de ajuste. Ocurrió en España con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a quien le costarían la presidencia y  la infausta reforma del artículo 135 de la Constitución que sacrificaba derechos y objetivos sociales al pago de la deuda a los grandes acreedores. Lo mismo sucedería poco después, cuando la propia Comisión Europea, con el concurso del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, infligieron drásticos recortes en Portugal y en Grecia. De hecho, el Gobierno de Syriza, liderado por Alexis Tspiras, acabó cayendo por eso, a pesar del histórico referéndum de julio del 2015 en el que un 61,31% de los votantes griegos se pronunció contra los recortes.

Fue la debilidad interna de los gobiernos y la falta de alianzas externas las que facilitaron a la UE, bajo el liderazgo de Merkel, imponer una serie de políticas de ajuste 

Hoy las cosas parecen diferentes. Las políticas de recortes aplicadas en la última década agudizaron el deterioro industrial y de los servicios públicos de los países del Sur (el drástico impacto de la covid-19 en países como España e Italia, de hecho, no puede deslindarse de las políticas de desindustrialización y de recortes en el sistema sanitario experimentados en los últimos años). Pero al mismo tiempo, sin embargo, también generaron protestas y movilizaciones inéditas contra esas políticas de austeridad: huelgas, mareas ciudadanas, movimientos como el 15-M o los vinculados a la Geraçao à Rasca, en Portugal. 

Tanto el deterioro objetivo de la economía, generado por las políticas neoliberales, como las movilizaciones contra la austeridad y los recortes son fundamentales para entender la caída de gobiernos de derechas como los del Partido Popular o el liderado por la Lega de Salvini en Italia y su reemplazo por gobiernos progresistas de diferente tipo. Asimismo, también son básicos para entender la puesta en marcha por parte de estos últimos de escudos sociales que, al menos temporalmente, han permitido proteger a sectores medios y populares que de otro modo habrían quedado expuestos a la más absoluta intemperie. 

Esta irrupción de una Europa del Sur, marcada por una década de movilizaciones contra la austeridad, permitió poner sobre la mesa de negociaciones temas inéditos. Así, por ejemplo, la necesidad de implementar fórmulas de endeudamiento europeo compartido que permitieran repartir los costes de la crisis. O la puesta en marcha de transferencias directas, a fondo perdido, para los países más afectados por la pandemia. O la necesidad de un salto en materia de fiscalidad europea que incluyera gravámenes a las grandes fortunas o a las multinacionales digitales y que permitiera unos presupuestos comunes que vayan más allá de un magro 1% del PIB (en los Estados Unidos, el presupuesto federal llega al 20% del PIB aproximadamente).

A diferencia de lo que ocurrió en 2008, estas exigencias, planteadas de manera nítida por los gobiernos de España, Italia y Portugal, fueron permeando la posición del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea e incluso de gobiernos como los de Francia o Alemania. Personajes como la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, o la propia Angela Merkel, inclementes en la imposición de políticas de recortes a los países del Sur tras la crisis de 2008, se mostraron públicamente como “capitalistas con rostro amable”, más receptivas a las exigencias de salidas comunes, o si se prefiere, como “capitalistas realistas”, conscientes de que un hundimiento de las economías del Sur pondría en peligro la supervivencia misma del mercado común. 

Todo ello, sumado al carácter global de la pandemia, fue generando las condiciones para una respuesta diferente a la de la crisis de 2008. Sin embargo, diferentes elementos han conspirado a la hora de su materialización. Por una parte, el veto feroz, incluso violento, de unas derechas crecientemente radicalizadas, que con el aval de la Administración Trump, convirtieron en casus bellis cualquier respuesta que supusiera una salida a la crisis con un mínimo de justicia social y ecológica. Por otro la propia existencia, dentro de las coaliciones progresistas, de sectores conservadores, a veces más papistas que los papas o las papisas de Bruselas en su ortodoxia fiscal. Todo esto ha hecho que el resultado final deje un regusto agridulce. Con algunas luces, pero con bastantes sombras, también. Sobre todo si se coteja, una vez más, con la envergadura del desplome económico y de la emergencia social que se avecinan y que se suman a años de recortes y de desinversión en servicios públicos básicos.  

2. Un momento hamiltoniano descafeinado   

En diversos círculos, el acuerdo alcanzado se describió como el producto de un “momento hamiltoniano”. La referencia, como es sabido, alude al programa federalista propuesto en 1790 por Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de George Washington, como vía para asumir la reconstrucción económica de los Estados Unidos una vez acabada la Guerra de independencia. Hamilton, representante de las oligarquías financieras e industriales de los estados del norte, sintetizó en su Informe sobre los fondos públicos las medidas que el gobierno federal debía adoptar para afrontar la crisis económica de posguerra. De entrada, la creación de una autoridad monetaria centralizada que asumiera las deudas de todos los estados federados. Segundo, la emisión, por parte de dicha autoridad de bonos canjeables por deuda. Tercero, la financiación de la misma a través de una fiscalidad federal, que Hamilton acabó concretando en un impuesto sobre el consumo de whisky. 

Uno de los opositores más notables de Hamilton fue Thomas Jefferson. Figura clave en la redacción de la Declaración de Independencia de 1776, Jefferson veía en Hamilton a un claro representante de la plutocracia del Norte. De su federalismo, entendido como proceso de superación de la confederación, y por tanto, de centralización de poder, le preocupaba, primero, que anulara el autogobierno local y colocara las economías de los estados bajo la soberanía de una única autoridad central. Dos, que el gobierno central utilizara su capacidad de endeudamiento en favor de grandes especuladores, otorgándoles demasiada influencia sobre la Federación. Tres, que la emisión de deuda común se financiara a través de impuestos que recayeran sobre los pobres y no sobre los ricos, sobre el sur antes que sobre el norte y sobre los agricultores empobrecidos antes que sobre los grandes especuladores.

Los recortes aplicados en la última década agudizaron el deterioro industrial y de los servicios públicos de los países del Sur, pero también generaron movilizaciones inéditas

Pues bien, si se atiende al resultado final del acuerdo europeo, lo que tenemos es una suerte de momento hamiltoniano, sí, pero descafeinado, sin la ambición federalista del Founding Father de los Estados Unidos, pero con algunos de los sesgos plutocráticos, antigualitarios, que preocupaban a republicanos democráticos como Jefferson. El acuerdo no es siquiera el que Merkel había imaginado: con un toque más social, más renano, o si se prefiere, más franco-alemán. De hecho, cuando parecía que el visto bueno de Macron y Merkel eran suficientes para llegar un pacto, irrumpió un actor no previsto, al menos por la diplomacia del Sur: la coalición antifederal y antisolidaria encabezada por figuras prominentes de la derecha centro-europea como el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rütte, o el canciller austríaco, Sebastian Kurz.

Esta coalición, con la ayuda inestimable de paraísos fiscales como Luxemburgo o Malta y de derechas como la española, no pudo frenar las exigencias de los gobiernos del sur de Europa, pero consiguió rebajar de manera notable su alcance. La versión final asume, en un momento en el que el brexit y el propio estallido de la covid-19 hacen temer lo peor, algunas herramientas imprescindibles para la construcción de una Europa social y solidaria. Pero lo hace en términos tímidos, escasamente contracíclicos y muy lejos de lo que debería ser un auténtico New Deal en tiempos de pandemia. Se consiente la mutualización de una parte de la deuda europea y el reconocimiento de transferencias a fondo perdido a los países con mayores dificultades económicas. Pero las cantidades, en relación al PIB de estos países, aparecen como claramente insuficientes. Y lo que es más grave, se consigue a cambio de algunos vetos inaceptables impuestos por los países ricos.   

Por un lado, los llamados “frugales” reciben un “cheque” que se incrementa en 1.124 millones de euros anuales y que les permite reducir notablemente su contribución al presupuesto europeo. Por otro, se les concede la posibilidad de “frenar” –esto es, vetar– dentro del Consejo Europeo, programas sociales y económicos que cuestionen la actual división de tareas entre países ricos y pobres dentro de la UE. Finalmente, se renuncia de momento a medidas clave como la imposición de tasas europeas a las grandes multinacionales digitales. Todo esto en detrimento del presupuesto común, que en la versión aprobada por el Consejo pasaría del 1,16% al 1,074% del PIB de la UE, con recortes sustantivos en materia de inversión sanitaria, investigación o transición ecológica.   

3. Los hombres de negro y la policía de Raymond Chandler 

Esta ofensiva del Partido rentista europeo –que es parte del gran Partido rentista del capitalismo financiarizado global– ha opacado algunas luces del momento hamiltoniano y ha ampliado sus zonas de sombra.  

No se insiste, como querría Vox, en las recetas de austeridad posteriores a la crisis de 2008. Pero tampoco se les cierra el paso. Se asumen algunos elementos imprescindibles para la construcción de una Europa social y solidaria,  pero se hace en términos tímidos y sin poner coto alguno a los grandes rentistas y a las oligarquías financieras que siguen campando a sus anchas. 

Es significativo que poco antes del acuerdo, Christine Lagarde haya decidido inyectar a la banca privada el mayor importe jamás repartido por el BCE

Es significativo, de hecho, que poco antes del acuerdo, la propia Christine Lagarde haya decidido inyectar a la banca privada el mayor importe jamás repartido por el Banco Central Europeo a través de sus operaciones de refinanciación: 1,4 billones de euros entre 742 entidades que devolverán el dinero con intereses negativos y sin las condicionalidades que se pretenden imponer a gobiernos elegidos por la ciudadanía.

Obviamente, esa dependencia de la banca privada será mucho más intensa entre los países del Sur de Europa que han privatizado o desmantelado las instituciones de crédito públicas y que, de hecho, ya están utilizando a los bancos privados como prestamistas a empresas y familias en situación de vulnerabilidad con el aval del Estado. https://e3892b3335bc5e8157166854ed9ccada.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Si se compara esta situación con la de países como Alemania o Francia, las diferencias son notables. La propia apuesta hamiltoniana de Merkel nunca dejó de priorizar los intereses de su país y de su economía. A lo largo de la pandemia, más de la mitad de las ayudas autorizadas por la UE fueron para Alemania, que invirtió un billón de euros en el refuerzo de su aparato industrial. Estas cantidades suponen mucho más de lo que Merkel estuvo dispuesta a asumir como créditos o transferencias directas a los países del Sur. Su propuesta, por tanto, no se dirigió ni a facilitar un Plan Marshall ni a promover la industrialización de la periferia, sino más bien a actuar como una capitalista pragmática. Preocupada por apuntalar la capacidad productiva y exportadora alemana, pero sin asfixiar del todo a economías importantes para el mantenimiento del mercado único, como la italiana o la española.

Lo que esto pueda significar para los países del Sur está por verse. Habrá que saber exactamente qué ayudas llegan, con qué condicionalidad y cuál es el peso del endeudamiento en todo ello. De momento, el Pacto de Estabilidad sigue suspendido y no se avizora ninguna troika en el horizonte inmediato. Pero no es aconsejable bajar la guardia: a los hombres de negro de la austeridad, como a la policía de las novelas de Raymond Chandler, nunca se les debe decir adiós.  

4. Batallas en el horizonte

Que el desequilibrio entre los fondos post pandemia y los recortes presupuestarios previstos para 2021-2027 constituye uno de los puntos ciegos del acuerdo lo ha dejado claro el propio Parlamento europeo. A los pocos días de su aprobación por parte de los ejecutivos estatales, los cinco principales grupos parlamentarios –conservadores, socialdemócratas, liberales, ecologistas e izquierda europea– aprobaron por 465 votos a favor, 150 en contra y 67 abstenciones una resolución conjunta exigiendo a los gobierno que mejoren las cuentas. 

Esta demanda transversal aparece como una cuestión de mínimos. En los últimos meses, el Parlamento ha aprobado resoluciones que se planteaban como objetivo alcanzar los 1,3 billones de euros para siete años.  La Comisión Europea rebajó esa cifra hasta 1,1 billones y los ejecutivos estatales, bajo la presión de los llamados “frugales”, la dejaron en 1,074 billones, más de 200.000 millones de euros menos. 

Se renuncia de momento a medidas clave como la imposición de tasas europeas a las grandes multinacionales digitales. Todo esto en detrimento del presupuesto común 

Esta batalla entre el Parlamento y el Consejo por la ampliación de recursos y la recuperación de fondos eliminados, como el de inversión sanitaria, tendrá un papel central en los próximos meses. Lo mismo ocurrirá con la asunción de la batalla contra las guaridas fiscales o a favor de gravar a gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Amazon o Apple, que ahora mismo están lejos de convencer a la Comisión antimonopolios del Congreso de Estados Unidos de que no son una amenaza para la supuesta libre concurrencia. 

Todas estas batallas europeas condicionarán, en parte, el comportamiento de los propios gobiernos estatales, sobre todo en aquellos, como los de España o Italia, que más dependen de las ayudas y fondos europeos para afrontar la reconstrucción social y económica. La percepción de que Europa –dominada por los ejecutivos estatales– no acabará de estar, tampoco esta vez, a la altura de las circunstancias, podría reforzar a quienes, dentro de los gobiernos progresistas, acaban siendo más ortodoxos que la propia ortodoxia neoliberal, y vetar cualquier política anticíclica con el argumento de que podría inquietar o convocar la furia de Bruselas, los Estados del Norte o los mercados financieros. 

Pero también podría ocurrir lo contrario. Que las limitaciones del acuerdo alcanzado, combinada con la gravedad de la recesión en curso, aliente posiciones reformistas más audaces e incisivas. Posiciones que aprovechen la suspensión del Pacto de Estabilidad para impulsar políticas antiausteridad que serían imposibles en otros contextos. O que entiendan que la única geometría variable aceptable es la que permita revertir privatizaciones y reforzar a los bienes públicos, proteger a las depauperadas clases trabajadoras y acompañar propuestas empresariales productivas e innovadoras, yugulando a los grandes rentistas a través de una política fiscal y ecológicamente incisiva. Eso implica asumir medidas valientes contra la precariedad y la temporalidad laboral, una política fiscal que grave a las grandes fortunas, bien a través de reformas al impuesto de sociedades o al IRPF, bien a través de nuevas figuras fiscales, así como la asignación de recursos extra a la sanidad pública, a la vivienda pública y a la educación pública.

A lo largo de la pandemia, más de la mitad de las ayudas autorizadas por la UE fueron para Alemania, que invirtió un billón de euros en el refuerzo de su aparato industrial 

Adentrarse por la senda de un reformismo audaz, modernizador, con clara conciencia social y ecológica, sería sin duda más justo y realista que un reformismo apocado y estrábico, empeñado en mirar simultáneamente a izquierda y derecha y en llegar a pactos con sectores contrarios y favorables a las políticas neoliberales de recortes y de austeridad. 

Por otro lado, solo un reformismo audaz, realista, tanto al interior de los Estados como a escala europea e internacional, podría frenar los planes populistas de una extrema derecha que lleva tiempo velando armas para intentar aprovecharse del miedo y de la irritación que una precarización generalizada de las condiciones de vida acabará provocando. 

Obviamente, nada de esto puede conseguirse simplemente a través de negociaciones diplomáticas o de cumbres gubernamentales. Exige construir, dentro y fuera de las instituciones, alianzas políticas, sociales, sindicales, vecinales, que hoy apenas se vislumbran. Estas redes, necesarias más que nunca en barrios, hospitales, universidades, centros de trabajo, deberán incluir formas presenciales que garanticen un mínimo de seguridad sanitaria. Pero deberán nutrirse también de otras redes telemáticas, locales e internacionales, que han experimentado un crecimiento exponencial durante la pandemia y que han llegado para quedarse. 

Como en tantas otras ocasiones, la historia es un campo abierto de posibilidades. Que sean las más cooperativas y creativas las que se abran camino depende de nuestra capacidad para leer la realidad críticamente. Sin autoengaños, con sentido de la complejidad, pero sin renunciar a la voluntad de actuar para hacer del mundo un sitio con más libertad, con más igualdad y con mucho menos sufrimiento evitable.