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El republicanismo fraternal de Lluís Companys

A 82 años de su infame fusilamiento, el abogado defensor de los derechos de los trabajadores, el republicano federalista y el presidente mártir de Catalunya, esperan reparación. Quizás una parte de esa reparación llegue con la nueva Ley de memoria democrática, a pesar de sus límites innegables

Lluís Companys, president de la Generalitat, con Roc Boronat a su derecha, iza la bandera catalana en el balcón de la sede del Sindicat de Cecs.
Lluís Companys, president de la Generalitat, con Roc Boronat a su derecha, iza la bandera catalana en el balcón de la sede del Sindicat de Cecs. Gabriel Casas i Galobardes/ Archivo de la Generalitat de Catalunya

Por Gerardo Pisarello

14 de octubre de 2022 El Diario.es

Un 15 de octubre de 1940, por decisión directa de Francisco Franco, era fusilado en Barcelona, en el castillo de Montjuïc, Lluís Companys, president de Catalunya y ex ministro de la República española. El proceso que condujo a su muerte fue una versión extrema, infame, de lo que hoy se conoce como lawfare: una pantomima llena de calumnias sobre la vida pública y privada del acusado, con una sentencia dictada de antemano. Pero el ensañamiento de las derechas radicalizadas con Companys, que hoy pervive en Vox y en el ayusismo que predomina en el Partido Popular, no es casual. Por su catalanismo, por sus convicciones federales, y por el republicanismo que encarnó, siempre solidario y fraternal con los pueblos y gentes trabajadoras de todo el Estado.

El Companys mártir de la dictadura franquista, en efecto, no se explica sin el vehemente abogado catalanista que, en los años previos, se forjó como activista en la lucha por una España republicana, democrática y federal. Desde sus primeros pasos en política, destacó por su compromiso con las clases trabajadores. Fue abogado de sindicalistas y obreros. Como buen conocedor de la vida rural, también contribuyó de manera decisiva a la organización del campesinado, creando para ello la Unió de Rabassaires. Y todo ello, en el marco de una oposición decidida a la monarquía borbónica, cómplice vergonzosa de la dictadura de Primo de Rivera.

En los convulsos años de la Barcelona de la primera posguerra, Companys arriesgó su vida en defensa de los trabajadores y contra la violencia de los sectores más recalcitrantes de la patronal. Esa violencia del poder privado le arrebató dos íntimos amigos: el abogado Francesc Layret, fundador junto a él del Partido Republicano Catalán, y Salvador Seguí, prestigioso líder anarcosindicalista partidario de la creación de un partido político que representara a la clase obrera catalana.

Hasta el advenimiento de la Segunda República, Companys fue, ante todo, un impulsor de la causa republicana. Por ello fue detenido varias veces y encarcelado. Y a ello dedicó su infatigable trabajo como abogado, periodista, concejal del Ayuntamiento de Barcelona o diputado en el Congreso. La victoria republicana en las elecciones de 1931 significó el salto de activista al gobernante. En poco tiempo, fue diputado en las Cortes Constituyentes de 1931, ministro de Marina en el gobierno de Manuel Azaña y, a la muerte de Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya.

Ya en este cargo, Companys impulsó una reforma de los arrendamientos agrícolas favorable a los trabajadores que fue férreamente resistida por la derecha catalana y por los terratenientes y propietarios rurales del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Poco más tarde, le tocó asumir algunas decisiones políticas clave que todavía hoy son discutidas.

Una de ellas fue su participación en la proclamación republicana y federal de octubre de 1934. El contexto era enormemente complejo. Las derechas nazis y fascistas crecían en Europa y utilizaban la violencia y la intimidación para abrirse paso en las instituciones democráticas y minarlas desde dentro. Cuando en España se anunció que las derechas locales que simpatizaban con estos sectores ultras entrarían en el Gobierno, se produjo una reacción instintiva entre las clases populares. La revolución asturiana de 1934, protagonizada por trabajadoras y trabajadores socialistas, anarquistas y comunistas, fue eso: un intento de detener preventivamente lo que se percibía, con fundadas razones, como un movimiento antirrepublicano y golpista.

Desde Catalunya, Companys decidió secundar esta llamada a resistir a las “fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar la República”. El 6 de octubre proclamó el Estado catalán dentro de la República federal española. Y lo hizo apelando a la “Cataluña liberal, democrática y republicana que no puede estar ausente ni silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que en las tierras hispanas luchan hasta la muerte por la libertad y el derecho”.

Por esta decisión, Companys y otros consejeros de su gobierno recibieron una condena de 30 años de prisión. La acusación de sus juzgadores era la de haber querido imponer “por la violencia aquel régimen federal que la soberanía constituyente rechazara”. Cinco de los veintiún vocales del tribunal, sin embargo, se pronunciaron a favor de la absolución. Su argumento fue que los acusados, lejos de haber atentado contra las instituciones republicanas, habían intentado preservarlas frente una regresión golpista de ultraderecha (que efectivamente se consumaría con la sublevación franquista).

Años después, ya restituido en la presidencia de la Generalitat como consecuencia del concluyente triunfo electoral de los frentes de izquierdas, Companys tuvo que volver a afrontar un contexto de similar complejidad. De lo que se trataba, esta vez, era de lidiar con la nueva revolución popular que se había desatado en julio de 1936 tras la victoriosa respuesta al alzamiento fascista en Barcelona. En aquella ocasión, Companys puso todo su empeño en intentar minimizar la violencia en la retaguardia republicana. Se pudo equivocar algunas veces. Pero siempre fue consecuente en su defensa del autogobierno de Catalunya, de la fraternidad republicana y de la libertad.

A 82 años de su infame fusilamiento, el abogado defensor de los derechos de los trabajadores, el republicano federalista y el presidente mártir de Catalunya, esperan reparación. Quizás una parte de esa reparación llegue con la nueva Ley de memoria democrática, a pesar de sus límites innegables. Pero no será suficiente. Y no lo será porque las derechas radicalizadas que lo calumniaron y lo asesinaron junto a Miguel Hernández, las Trece Rosas, Joan Peiró o Julián Zugazagoitia, vuelven a campar por sus anchas, tanto en España como en Europa.

Costaría, en efecto, encontrar hoy entre las derechas españolas gente como el conservador liberal madrileño Ángel Ossorio y Gallardo, que no solo llegó a ser abogado defensor de Companys, sino que le dedicó una biografía que todavía hoy emociona. Claro que para llegar hasta aquí, el propio Ossorio entendió que ni la monarquía, ni las exaltadas derechas que la acompañaban, podían garantizar las libertades que para él resultaban irrenunciables. La ausencia de gente como él hace que todo sea más difícil. Encontrarla, convencerla, es el gran reto de un antifascismo republicano, democrático, amplio, en condiciones de parar una nueva ola barbarie que la humanidad no puede permitirse.  

ENTREVISTA: «El antifascismo crece y asistiremos a la irrupción de nuevos frentes amplios, plurales»

El secretario primero de la Mesa del Congreso mantiene que la «revolución democrática» que anunciaron los ‘comuns’  «continúa viva y en marcha», pero señala que «la nueva política no ha conseguido construir organización sólida fuera de las instituciones».

Por Marià de Delàs @mdelasm

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En Público 16/10/2020

Se dio a conocer entre la ciudadanía como teniente de alcalde de la ciudad de Barcelona. Gerardo Pisarello, (Tucumán, 1970) trabajó como número dos del equipo de Gobierno de Ada Colau, pero el año pasado dio el paso a la política estatal, fue elegido diputado en las listas de En Comú-Podem y es el secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados. Asegura sin embargo que él es «municipalista por convicción» y mantiene que «los grandes cambios solo se pueden producir si empiezan en el ámbito local».

Dice este jurista barcelonés, nacido en Argentina, que ahora tiene «más tiempo para pensar y para escribir». «En Madrid ejerzo de republicano catalán», explica. «Ejerzo como nieto de republicanos andaluces y como algo que no hacía antes, que es ser diputado de ultramar, como los viejos diputados americanos que venían a exigirle a Fernando VII una relación entre iguales, una relación federal, o acabarían volviéndose independientes. Y la historia fue como fue».

Reconoce que vive la pandemia «con un punto de angustia vital», por sí mismo y por la gente que le rodea, pero «también con sensaciones de incertidumbre, y a la vez con la conciencia de que tendría que ser un punto clave para emprender cambios no solo desde el punto de vista personal sino sobre nuestra manera de estar en el mundo, cambios económicos, políticos, en las relaciones sociales». «Creo que nos marcará generacionalmente. Marcará a nuestros hijos», explica en larga conversación con Públic: «Siento que hemos pasado por una primera etapa excesivamente buenista, sobre lo que era la pandemia, en la que pensamos que solo aplaudiendo desde los balcones conseguiríamos transformaciones importantes y ahora nos estamos dando cuenta de que existen muchas resistencias para que eso ocurra y que los cambios de sistema necesarios exigirán mucha batalla y enfrentarse a poderes que tienen mucho  arraigo».

La covid representa un problema sanitario enorme, pero también comporta problemas económicos descomunales. Las personas que tenemos garantizado cada día el plato en la mesa tenemos tendencia a prestar más atención a las medidas sanitarias, ¿verdad? En estos momentos de cambio, ¿qué le parece que exige más atención?

Las desigualdades crecen de manera exponencial. La mayoría empobrecida del planeta crece y sabe que puede morir como consecuencia de la covid, del hambre, de la brutalidad y la violencia policial. En este contexto de covid se practica la violencia sobre la gente más vulnerable y los sectores que tienen una vivienda más o menos confortable en la que confinarse tienden a menospreciar esa situación. Es un contexto muy preocupante en el que la crisis sanitaria se cobra las principales víctimas entre las clases populares de todo el mundo, y a la vez, la caída y el hundimiento de la economía que se está produciendo también es especialmente dura para estos sectores. La pandemia entiende de clases sociales, de diferencias sociales. La humanidad entera está en peligro, pero esta crisis múltiple, económica, sanitaria, social, ecológica, afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables.

La fuerza política que usted representa hace cierto tiempo que dejó de hablar de la inminencia de una revolución democrática, de procesos constituyentes, de la casta que había que expulsar de las instituciones. No hay que rescatar esos conceptos?

Creo que muchas de estas cosas se han conseguido. Echar, por ejemplo, a una parte importante de las castas que habían cuajado con el régimen del 78. La nueva política, el 15M, las mareas… consiguieron jubilar a Felipe González, echar a toda una generación corrupta del Partido Popular, producir un auténtico terremoto dentro del Partido Socialista, abrir un horizonte republicano en unos términos en los que no se hablaba desde la misma Transición, dar voz al municipalismo como no la había tenido quizás desde los tiempos del primer antifranquismo… Es decir que se han conseguido muchos cambios y creo que desde este punto de vista la revolución democrática continúa en marcha.»El soberanismo se está moviendo hacia la izquierda y con mucha mayor conexión con las clases populares del resto del Estado»

El propio soberanismo, a pesar de la implacable ofensiva judicial y política, no ha sido derrotado. La nueva política ha ayudado también a que el soberanismo se reinvente en clave de izquierdas. Nunca había habido tanta presencia soberanista en las Cortes, por ejemplo. Y este soberanismo se está moviendo hacia la izquierda y con mucha mayor conexión con las clases populares del resto del Estado. Yo cuando oigo hablar a Mertxe Aizpurua, de Bildu; o a la estimada Maria Dantas, diputada por ERC y gran luchadora en defensa de las personas migrantes, me siento plenamente identificado. Es decir que a pesar de todo, la revolución democrática continúa viva y en marcha.

«Se han levantado los peores fantasmas del franquismo, de las tradiciones más autoritarias de las derechas españolas»

Lo  que pasa es que ha habido un movimiento contrarrevolucionario muy fuerte. Se han levantado los peores fantasmas del franquismo, de las tradiciones más autoritarias de las derechas españolas, pero esto también es una prueba de que la presencia en centenares de ayuntamientos, en sus gobiernos, en ciudades como Cádiz, València, Barcelona, la presencia en el Congreso, en el Senado… les ha hecho daño. Eran cortijos que consideraban como lugares inexpugnables y allí se han introducido agendas de cambio. Yo con solo pensar en lo que sería una situación como la actual si en vez de tener los gobiernos que tenemos, o la presencia institucional derivada de estos movimientos de cambio, tuviéramos los Bolsonaros, los Trump, todos los aliados internacionales de VOX, creo que sería una auténtica tragedia.

¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que no se ha conseguido con la nueva política? No ha conseguido construir organización sólida fuera de las instituciones, no ha conseguido entrar con bastante fuerza en los barrios, en las asociaciones de vecinos, en los centros de trabajo. Eso se ha conseguido solo parcialmente, en el ámbito local y lo están consiguiendo algunas fuerzas soberanistas, pero la batalla no es definitiva. El antifascismo crece y estoy seguro de que asistiremos a la irrupción de nuevos frentes amplios, plurales, internamente diversos, que tendrán muy claro que la tarea antifascista de nuestro tiempo es impulsar grandes transformaciones democráticas en el ámbito político y también en el económico.

Dice que el soberanismo no ha sido derrotado, pero las movilizaciones vividas durante diez años han desaparecido. Acaban de inhabilitar a otro presidente de la Generalitat y no ha pasado nada

Hay que diferenciar. Existen fracasos y derrotas. Los fracasos son imputables a los propios errores, y aquí se han cometido errores, evidentemente, por parte de la nueva política, por parte del soberanismo. Seguramente, el menosprecio de la fuerza de los adversarios y sobreestimar la propia en un momento dado, no ser capaces de generar alianzas más transversales para sacar hacia adelante los proyectos que se defendían, no conectar suficientemente con muchos sectores de las clases populares que no se han sentido interpelados … Pero la derrota que se ha producido ha sido como consecuencia de una represión brutal. Las derrotas que ha sufrido el soberanismo, que ha sufrido el movimiento sindical, la que sufre ahora mismo Unidas Podemos y otras muchas fuerzas políticas también es consecuencia de una ofensiva brutal por parte de estos sectores reaccionarios que controlan parte del poder judicial, del policial, del mediático, una parte importante del poder financiero. Pero eso no es culpa de estos movimientos ni implica que estos objetivos se hayan perdido. Yo no me imagino una solución mínimamente estable para la gobernabilidad progresista del Estado si palabras como ‘amnistía’, como ‘indultos’, como ‘derogación de los delitos de sedición’ no se ponen encima de la mesa de manera urgente. No me imagino una gobernabilidad progresista mínimamente creíble sin una mínima redistribución de la riqueza, si la protección de la vivienda pública, de la sanidad pública, de la educación pública no están en el orden del día.

«Existe una agenda republicana de transformaciones que todavía está viva y que se puede activar en cualquier momento»

La propia articulación federal o confederal de los diferentes pueblos del Estado no se podrá realizar por imposición. Habrá que hacerlo a partir de la libre decisión de los pueblos. Otra cosa son los ‘tempos’ de estas reformas, las alianzas necesarias para que se puedan hacer, pero cuando yo veo en Madrid el discurso de Vox, el del PP o Ciudadanos entiendo que en parte se ha producido esa derrota por represión, en buena medida, pero también cuando veo al Partido Nacionalista Vasco, a Esquerra Republicana, Bildu, Más País, Unidas Podemos, al propio Partido Socialista defendiendo según qué cosas, pienso que existe una agenda republicana de transformaciones que todavía está viva y que se puede activar en cualquier momento.

¿Qué le parece el plan para la recuperación expuesto la semana pasada por el Gobierno español?

Toda esta inversión de dinero que se está haciendo ahora se habría podido hacer en otras crisis, para estimular la reconversión ecológica de la industria, para proteger a la gente trabajadora, blindar los derechos sociales… Por lo tanto mi primera sensación es que en estas últimas décadas hemos vivido una estafa ideológica, porque nos decían que no se podían tomar determinadas medidas económicas por razones técnicas cuando en realidad eran razones puramente ideológicas que tenían como objetivo beneficiar a unos sectores privilegiados muy concretos.»Me preocupa que la salida de la crisis se esté financiando casi de manera exclusiva con deuda»

Dicho esto, me preocupa que la salida de la crisis se esté financiando casi de manera exclusiva con deuda, porque en algún momento habrá que discutir sobre quién paga esta deuda y por tanto sí que me preocupan las enormes dificultades que hay, no solo en el caso español sino en el mundo entero, para impulsar políticas redistributivas de tipo fiscal más incisivas. Si la crisis solo se financia con deuda, sin que se produzcan políticas de progresividad fiscal, será una mala señal de cara al futuro.

Hace cinco años nos habló sobre la necesidad de combatir el riesgo de que con el asalto a las instituciones se produjera una separación con lo que pasa en la calle, con la autoorganización de la ciudadanía. ¿Cómo  ahora este peligro?

Estamos viviendo en una fase muy violenta del capitalismo global, un neoliberalismo que genera expresiones monstruosas de extrema derecha en todas partes, con una violencia inusitada, que no nos esperábamos que pudiera adquirir esas formas, una violencia claramente sexista, clasista, racista, que tiene expresiones grotescas en todo el mundo. Es Trump, Bolsonaro, Vox…»Necesitamos una autoorganización y una resistencia ciudadana más fuertes que nunca, y la gran paradoja es que, en este momento, la calle parece ser de esta extrema derecha».

Necesitaríamos una autoorganización y una resistencia ciudadana más fuerte que nunca, y la gran paradoja es que, en este momento, la calle parece ser de esta extrema derecha, que se manifiesta en los barrios ricos de todo el planeta, diciendo que la covid es un gran engaño, que las políticas de confinamiento forman parte de un plan dictatorial del progresismo global, y exigiendo sobre todo que la gente trabajadora salga de casa para poder ser explotada trabajando en supermercados, en fábricas, como temporeros en el campo y en el mundo de la agricultura. Es decir que parece que es la extrema derecha global la que está ocupando las calles y que en cambio los sectores más progresistas de izquierdas y los movimientos sociales se sienten muchas veces inhibidos por la existencia de la pandemia y ante un dilema trágico. Si se movilizan en la calle pueden poner en riesgo la salud de sus vecinos y vecinas pero no se pueden dejar matar, que es lo que estamos viendo por ejemplo en Estados Unidos. Decenas de miles de personas de la comunidad afroamericana, de los movimientos antirracistas, son conscientes que estamos en medio de una pandemia, que sufren con un presidente absolutamente enloquecido cómo es Trump, pero que no están dispuestas a dejarse matar. Yo creo que este es un poco el dilema. ¿Qué pasará en la calle a medida que esta crisis se agudice?

Usted fue víctima de un ataque xenófobo, verbal pero furibundo, en nombre de una organización, Vox. Más allá del alboroto mediático, ¿cómo cree que hay que interpretar este hecho?

Tenemos que entender que la función de estas derechas radicalizadas, a nivel global, tiene un componente económico muy claro, y es evitar, por todos los medios posibles, con actuaciones intimidatorias, que pueda haber una salida de esta crisis con un mínimo de redistribución de la riqueza. Esta es su función. Evitar que se discuta la posibilidad de políticas fiscales redistributivas, la protección de lo que es público, la limitación de las gran fortunas, la posibilidad de detener la actividad de los capitales más especulativos y rentistas…»Esta gente no dudará, llegado el momento, en animar la violencia física en la calle si lo considera necesario»

En el caso de Vox, hablamos de una fuerza que representa a los sectores más atrasados de la economía, el mismo 1% privilegiado del franquismo. No me preocupa por mí, que por razones biográficas no me sorprende, pero sí por muchísima gente, a la que sí están mordiendo en el día a día. Son las personas migrantes, las refugiadas, las trans, las familias desahuciadas, en Vallecas, en Badalona o a Triana, eso sí que me preocupa, porque creo que esta gente que está utilizando el poder judicial, que ha puesto mucho dinero para hacer tecnopolítica y para controlar las redes, no dudará, llegado el momento, en animar la violencia física en la calle si lo considera necesario para evitar que se produzcan determinados cambios.

Vox le atacó por una crítica que hizo usted sobre el rey, [por la llamada que hizo el monarca al presidente del CGPJ, para manifestar su disgusto por no haber podido presidir un acto del poder judicial en la capital catalana]. Después de eso, Felipe VI  acabó viajando a Barcelona, en compañía de Pedro Sánchez. ¿Cómo hay que interpretar esa visita?

Primero creo que Vox leyó una cosa con lucidez y es que la crítica a la monarquía no es solo a una figura simbólica, sino a una figura que en la historia de España ha apoyado determinado tipo de relaciones económicas, a una manera de hacer negocios, y a una manera que cierta oligarquía económica encontraba para proteger sus intereses. Cuando Vox ataca a los republicanos que critican a la monarquía también lo hace porque está defendiendo estos privilegios económicos, Mi crítica a Felipe VI o a Juan Carlos I no tiene nada de personal. Históricamente los Borbones han sido una dinastía nefasta para España. Desde el siglo XIX, todos los Borbones, que entraron como «los deseados» acabaron como «los detestados», precisamente porque jugaron un papel muy claro de impulso de un régimen político y económico marcado por la corrupción, por el cobro de comisiones ilegítimas, por el apoyo a sectores especulativos, lo que podríamos llamar el partido inmobiliario financiero… Esta ha sido la historia de Borbones, y por eso de una manera u otra la mayoría de ellos acabaron expulsados del trono por la ciudadanía o directamente exiliados. Fue la historia de Fernando VII, de Isabel II, de Alfonso XIII y estoy bastando convencido que será el final no solo de Juan Carlos I sino también del propio Felipe VI.

¿Por qué cree que acabó viniendo a Barcelona?

Porque hay un intento por parte de algunos sectores del PSOE de separar la suerte de Felipe VI de la de su padre Juan Carlos I. Es la última operación de diferentes sectores monárquicos, pero honestamente creo que es muy difícil que esto pueda salir bien, por muchas razones. Felipe VI no era un adolescente de 13 años que correteaba por los pasillos de palacio sin enterarse de lo que hacía su padre. Es un rey que está mucho más marcado que su padre por sus vínculos con la derecha y la extrema derecha. Esto es así, en términos biográficos muy concretos, y salvo que sea capaz de alejarse de una manera clara de estos sectores y de la manera de hacer negocios que han defendido siempre los Borbones, creo que tiene el tiempo relativamente contado.

El apoyo del PSOE a la Corona provoca problemas dentro del actual Gobierno de coalición. ¿Se pueden agravar?

Mi impresión desde Madrid es que se está produciendo un movimiento de placas tectónicas en todas partes e incluso dentro del propio Partido Socialista. Para mí, una de las cosas conseguidas por la nueva política fue romper con la manera como el bipartidismo había cuajado con el régimen del 78 y jubilar a personajes como Felipe González, con lo que representaba. Hoy en el PSOE ves que hay una generación nueva que no tiene que ver con la vieja, lo ves con diputados normales, que están sentados allá en las Cortes y ves que el viejo republicanismo del PSOE del siglo XIX o de comienzos del siglo XX, está volviendo a aparecer también entre las generaciones más jóvenes. Ves que hay una generación de abuelos del PSOE que en la Transición aceptaron volverse juancarlistas y que hoy se sienten estafados y que transmiten esa sensación de estafa a sus propios nietos. Por lo tanto, el Partido Socialista se encuentra en una situación en la cual por un lado quiere mantener de alguna manera la monarquía parlamentaria, porque sabe que es muy difícil dar un salto inmediato a un régimen diferente, que exigiría una reconfiguración de fuerzas económicas, un nuevo tipo de empresariado, de fuerzas sociales, etc., pero que a la vez siente claramente la presión de sus bases.

En Madrid hablas con diputados socialistas de Asturias, de Castilla La Mancha, de Andalucía y a los diez minutos de conversación, en muchos casos, no digo en todos, aparecen historias de abuelos asesinados, bisabuelos a las cunetas… y creo que esto se tiene que tener presente.

La Corona es un tema, pero quizás uno de los problemas políticos más serios del Estado es la intervención de la Fiscalía y del poder judicial en la vida política, que es cada vez más evidente, como si fuera un actor político más. Como jurista, ¿qué camino cree que existe para resolver este problema?

La derecha ha entendido que una manera de parar cualquier tipo de proyecto político mínimamente progresista, y que no lo pueda hacer en las urnas, es a través del poder judicial y con una campaña de acoso durísimo en términos mediáticos. La derecha se ha dedicado en muchos países y bajo formas diferentes a controlar el poder judicial para perseguir a adversarios políticos, y controlar los medios de comunicación, para llenarlos de noticias directamente falsas. En el caso español el PP lleva mucho de tiempo haciéndolo y la verdad es que cuando ves la manera escandalosa como se montó, con el caso kitchen, todo el aparato parapolicial, mediático, que tenía como objetivo entre otras cosas controlar piezas clave del poder judicial, pues ves que si no se consigue deshacer a tiempo este asalto conservador, reaccionario, sobre el poder judicial, la propia democracia no podrá prosperar.»Si no se deshace a tiempo este asalto conservador sobre el poder judicial, la propia democracia no podrá prosperar»

¿Qué es lo que hace falta para hacerlo? Hay cosas que dependen, como todo, de la fuerza que se tenga. En algunos aspectos básicos, es la que se encuentra en la posibilidad de aprobar leyes orgánicas para producir estos cambios. Muchas veces se habla de la Constitución y se dice: «Esto no se puede hacer porque la Constitución no lo permite»,  «no se puede limitar la inviolabilidad del rey o no se pueden detenr las políticas de austeridad o democratizar el poder judicial porque la Constitución no lo permite». Esto es una excusa inmovilista, porque la mayor parte de estos cambios se podrían hacer mediante leyes orgánicas que exigen una mayoría absoluta que existe, que es la mayoría de la investidura del nuevo Gobierno de coalición. El gran reto es ser valientes a la hora de usar esta mayoría para deshacer lo que el Partido Popular y la derecha han construido de manera ilegal y fraudulenta usando los aparatos del Estado.

Pero sociológicamente los jueces tienen tendencia, por ejemplo, a aceptar normalmente como pruebas fehacientes lo que digan policías y guardias civiles

Sí, sí, evidentemente, esto no es solo una cosa que haya creado el Partido Popular durante el mandato de Mariano Rajoy. Esto está íntimamente ligado con las dificultades que después de la Transición hubo para desmantelar piezas fundamentales del aparato judicial franquista. El antifranquismo consiguió conquistar espacios institucionales en los ayuntamientos, en los parlamentos autonómicos, en el Congreso, en el Senado, pero se tiene que reconocer que en el caso del poder judicial los adelantos fueron limitados. Se consiguió que entraran juezas y jueces garantistas vinculados a Jueces por la Democracia, pero el núcleo de la resistencia conservadora y reaccionaria, en algunos casos directamente relacionada con el franquismo, sigue en el poder judicial y sobre todo en sus altas instancias. Hoy mismo el juez Marchena, que tiene un currículum que conocemos bastante bien, es una persona de la cual pueden depender la suerte de Pablo Iglesias, los casos de corrupción del Partido Popular, las condenas de dirigentes independentistas, y esto para una democracia digna de este nombre es un peligro enorme.

[En relación a la represión sobre el independentismo] ¿Usted defiende la amnistía o la reforma del código penal?

Son dos cosas que se han de mantener simultáneamente. Seguramente sin una amnistía es imposible resolver la situación injusta, infame jurídicamente, como dice Pérez Royo, de centenares de personas encausadas solo por movilizarse, por querer ejercer el derecho a votar, pero, mientras se pide esto, simultáneamente, se tiene que hacer todo lo posible para que los dirigentes independentistas que están en prisión puedan salir y para que la política pueda salir de los tribunales y de las instrumentalizaciones por parte de fiscales que participan en guerras judiciales sucias, para volver a las calles y volver a las instituciones. Por lo tanto, se pueden hacer todas estas cosas sin renunciar a ninguna de ellas.

A propósito de policías y poder judicial, con cierta frecuencia se oyen voces que reclaman más presencia policial por motivos de seguridad. En Espacio Público, en un debate relativamente reciente, se habló del menosprecio u olvido de dirigentes de la izquierda de un tema que preocupa mucha gente: la seguridad ciudadana. Se dijo que esta puede ser una de las causas de la involución vivida en la América Latina

Yo creo que no solo en la América Latina. Es verdad que desde las izquierdas siempre se ha tenido, y con buenas razones, desconfianza sobre la utilización de los aparatos coactivos del Estado por parte de las élites políticas y económicas de turno, porque normalmente lo han hecho para reprimir el derecho de huelga, la protesta ciudadana que quiere conquistar derechos… Esto explica que las tradiciones de izquierdas hayan sido siempre fuertemente antimilitaristas. Pero es verdad que así como pueden existir países sin ejércitos no hay ninguno que no tenga policías, y por lo tanto la reflexión sobre la democratización de las policías es fundamental.

Recuerdo que cuando me tocó tener responsabilidades ejecutivas en el Ayuntamiento de Barcelona esta era una de mis obsesiones, es decir, como conseguir que la policía municipal entendiera que garantizar la seguridad en el espacio público consistía no solo en evitar los pequeños hurtos cometidos por personas en situación de marginalidad social, sino intervenir también, por ejemplo, cuando los grandes especuladores quieren echar a la gente de los barrios, y reconozco que en estos casos vi que era una batalla que se tenía que dar, porque a pesar de que no era la respuesta automática de unos cuerpos que no habían sido formados para eso, encontrabas gente que entendía estas exigencias ciudadanas y que llegó a colaborar con el propio Gobierno para evitar que estos procesos especulativos se pudieran producir. No digo que sea sencillo, pero la democratización de los cuerpos de seguridad y tomar seriamente la idea de la seguridad ciudadana creo que es un reto muy importante. Para la gente, seguridad significa que no te echen de tu casa, poder tener un ingreso a final de mes para poder comprar la comida de tus hijos, pero también tener la seguridad de que en la calle no serás víctima de abusos, de violaciones si eres mujer, y que no serás objeto de robos, sobre todo si eres una persona de condición humilde. Y creo que aquí si hay un reto importantísimo para las izquierdas para dar respuesta también a esto.

El problema de la justicia es muy evidente también a países como Brasil o Colombia

Yo creo que América Latina es un continente marcado por luchas gloriosas, ejemplares, que han deslumbrado el mundo en muchos momentos, y en estas últimas décadas fue la prueba de que era posible plantear alternativas a las políticas neoliberales, por diferentes vías y bajo diferentes formas, y esto ha sido castigado de una manera brutal por parte de las oligarquías internas pero también por parte de Estados Unidos, que sobre todo a partir de la Administración Trump decidió que esto no podía volver a pasar e impulsa directamente estrategias represivas y golpistas que se parecen mucho a las dictaduras de los años 70 y 80. Lo que está pasando en Brasil, con Bolsonaro, que reivindica el golpe de estado de 1964 contra Joao Goulart, lo que está pasando en Chile donde el mismo Sebastián Piñera reivindica la figura de Pinochet, el que ocurre en Colombia donde se mata a activistas sociales por centenares, campesinos, mujeres activistas…, es una prueba de la ferocidad de estas oligarquías y de la propia Administración norteamericana, pero también de la persistencia y la tenacidad de los movimientos sociales y populares. Con toda la violencia que se está produciendo en América Latina me emociona y me cuestiona mucho cuando veo lo que está haciendo el movimiento feminista en Chile, que ha sido la vanguardia en la denuncia de la brutalidad cometida contra las mujeres; lo que ha hecho el movimiento popular en Brasil, que a pesar de toda la agresión ha conseguido que Lula salga de prisión; lo que ha hecho el movimiento popular en Colombia, que consiguió que Gustavo Petro obtuviera más de ocho millones de votos, que no pudo avanzar más como consecuencia del fraude… Creo que América Latina es un laboratorio de una represión brutal hoy, pero sigue siendo un continente de esperanza en el cual la resistencia de la gente es realmente encomiable.

Personalidades como Dilma Roussef, Pepe Mujica o Rafael Correa han remarcado la oportunidad que representa el plebiscito convocado por el próximo día 25 en Chile ¿Cree que puede tener impacto en otros países de América Latina?

Es un plebiscito que ya nos habría gustado poder tenerlo nosotros. En Chile lo que se está discutiendo es la posibilidad de romper con la Constitución pinochetista de 1980 y de poner en marcha un nuevo proceso constituyente, que era lo que nosotros veníamos defendiendo en el caso de España, la posibilidad de que se abrieran procesos constituyentes que dieran lugar a nuevas reglas del juego y ahora, de momento, lo que estamos defendiendo es que las derechas radicalizadas muestren capacidad de cumplir con la Constitución que dicen defender. Nosotros hemos hecho aquí un retroceso y en Chile, en cambio, los movimientos sociales y populares han conseguido que haya un plebiscito para poder acabar con la Constitución pinochetista. 

Obviamente esto no será fácil. El otro día vimos imágenes escalofriantes de un joven de 16 años a quien la policía lanzaba desde un puente, como manera de intimidar para que estos cambios no se puedan producir, pero yo creo que esto es imparable y que el ejemplo de Chile acabará teniendo influencia en Bolivia, donde a pesar de la dictadura de Jeanine Añez hay muchas posibilidades de restaurar la democracia, donde mi amiga Manuela D’Ávila puede ser la próxima alcaldesa de Porto Alegre [Brasil] por una coalición ciudadana muy amplia de izquierdas, que tendría una valor simbólico enorme, porque Porto Alegre fue la ciudad donde empezaron los foros sociales, el ciclo de las críticas de las políticas neoliberales… Es decir que yo, en relación a América Latina y al mundo en general, respeto mucho esta idea del ex-vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, cuando dice que las revoluciones, las grandes reformas sociales, nunca se producen en un solo día. Son un producto de oleadas, en las cuales hay adelantos y retrocesos y de lo que se trata siempre es de luchar, vencer, caer, volver a levantarse, volver a luchar y esto no tiene fin. Y me parece que es importante, porque significa tomar conciencia de que no hay victorias definitivas, nunca, pero tampoco hay derrotas definitivas, y que por lo tanto la lucha para conseguir más ámbitos de igualdad y libertad es continua.

Entrevista: «El mito de la Transición forjado por las élites se ha desplomado»

El diputado Gerardo Pisarello, de En Comú Podem, alerta de nuevos peligros que amenazan a la democracia tras la radicalización mundial de la derecha.

Por: Alberto Surio

Galde 30, udazkena/2020/otoño.

Gerardo Pisarello (Tucumán, Argentina 1970), es diputado de los Comunes y una de las voces más claras de la izquierda catalana. Fue primer teniente de alcalde de Barcelona y estrecho colaborador de Ada Colau y es hijo de un abogado ‘desaparecido’ y asesinado por la dictadura de Videla. Secretario primero del Congreso en la actualidad, analiza el momento político sin perder la curiosidad por la velocidad de los cambios e inquieto por los nuevos riesgos que amenazan a la democracia.

¿Cree que la causa de la jueza Servini contra Martín Villa tiene recorrido?
GERARDO PISARELLO. Soy de los que creen que la jurisdicción universal y el reconocimiento de que hay delitos como las torturas y las desapariciones forzadas que ofenden a toda la humanidad son una conquista civilizatoria. En América Latina hubo dictaduras terribles en el marco de lo que se conoce como ‘Operación Cóndor’ y, en muchos casos, se aprobaron leyes de impunidad, de punto final, para que esos delitos no pudieran ser juzgados. La única manera de superar las barreras que impedían que se juzgaran aquellos delitos equiparables a los del nazismo o del fascismo fueron la movilización ciudadana o la intervención de jurisdicciones externas. Recuerdo por ejemplo el papel determinante del fiscal Carlos Castresana para que en Argentina se abriera una pequeña grieta que permitiera hacer justicia en casos que estaban bloqueados. Yo mismo soy hijo de un abogado asesinado durante la dictadura y el primer juez que oyó a mi madre fue Baltasar Garzón en Madrid.

¿Confías en la Justicia universal?
G. P. Yo confío en la justicia universal sobre todo cuando en la local hay un bloqueo insuperable como consecuencia de la existencia de un patrón continuado de impunidad. El caso Martín Villa solo se explica por la ley de silencio de los crímenes del franquismo que se impuso durante la Transición. Si en España se hubieran juzgado como es debido los crímenes del franquismo seguramente Martín Villa no tendría la centralidad que tiene.

Hay quienes sostienen que pensar que en la Transición hubo delitos de genocidio es distorsionar la historia… y es no entender que el propio Martín Villa se implicó en el proceso hacia la democratización…
G. P. Es evidente que el genocidio que produjo el franquismo se desplegó a lo largo de 40 años y no de manera más intensa durante la Transición que en otros momentos históricos. Lo que sí hubo en la Transición es un plan deliberado para intentar encubrir ese genocidio, para minimizarlo y para que no se juzgara a sus principales responsables, y en esta segunda cuestión Martín Villa sí que tuvo un papel importante. No solo tuvo responsabilidades directas en la matanza de obreros en Vitoria, en los Sanfermines posteriores, en la condecoración del torturador Billy el Niño, sino que formó parte de esa clase política que decidió que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo no tenían que ser investigados. Desde ese punto de vista su responsabilidad es innegable.

Privilegios económicos

¿Qué te dice que los expresidentes González, Aznar, Zapatero o Rajoy le defiendan?
G. P. Martín Villa, después de la Transición, desempeñó un papel no solo de hacedor de consensos políticos sino de ciertos consensos económicos. Fue un personaje económicamente importante. Fue un importante responsable de Endesa en Chile, en un momento en que esta empresa fue acusada de graves delitos contra las comunidades mapuches con él al frente; formó parte de un modelo económico que se fraguó después de la Transición y que impedía revisar muchos de los privilegios económicos generados durante el franquismo. La política exterior de España en relación con grandes empresas que son privatizadas y que pasan a operar en América Latina funciona en esas coordenadas. Y cuando aparecen expresidentes y exsindicalistas que salen a defender su papel lo que desgraciadamente están defendiendo es un modelo económico en el que de manera directa o indirecta participaron. Diría que defienden más a ese Martín Villa ligado al establishment económico que al que fue gobernador civil o al que tuvo responsabilidades en casos sonados de represión.

Hay una revisión de la Transición en todo caso…
G. P. Ya lo dijo Vázquez Montalbán, la Transición fue sobre todo el fruto de una correlación de debilidades. Muchas de las libertades que tenemos hoy serían impensables sin las luchas del movimiento antifranquista, del movimiento obrero y vecinal durante la Transición. Para ese movimiento antifranquista la amnistía de presas y presos políticos era central; pero obviamente no querían que eso se pagara con el silencio y el olvido respecto de los crímenes de la dictadura.

¿Fue un fraude la Ley de Amnistía?
G. P. La Ley de Amnistía tenía dos caras. Fue un paso importante para evitar que se continuara criminalizando a las víctimas del franquismo pero su otra cara fue evitar que crímenes de lesa humanidad imprescriptibles pudieran ser investigados por la propia Justicia española, que es lo que tendría que haber ocurrido. La historia siempre debe revisarse porque suelen ser los vencedores quienes la escriben, por eso conviene pasar, como decía Walter Benjamin, el cepillo a contrapelo de la historia, para rescatar alternativas que existían en momentos determinados y a las que se les cerró una puerta. Si hoy Martín Villa ha acabado sentado ante una jueza para declarar sobre sus responsabilidades en el tardofranquismo también es gracias a las entidades de memoria, a los colectivos de familiares de víctimas, que sin acompañamiento institucional nunca dejaron de pelear para que haya justicia, verdad y reparación. El mito de la Transición forjado por ciertas élites políticas y económicas se ha desplomado.

Memoria democrática

En este contexto el Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
G. P. Sí, y su aprobación no se entendería toda la gente que en estas décadas no dejó de luchar contra la impunidad, de los familiares de víctimas que no dejaron de buscar a los suyos en las cunetas. Hay que recuperar las historias de esa gente que no se resignó a que se estableciera una ley de punto final con el argumento de que eso permitía asegurar la democracia, porque lo que ocurrió de hecho fue lo contrario: se consiguió una democracia débil, limitada, de baja intensidad.

¿Una ley que llega tarde?
G. P. Para muchas familias sí, pero llega, y ayudará a romper con el silencio impuesto por el franquismo. Las generaciones más jóvenes tienen que saber que el franquismo carga a sus espaldas con el número de desapariciones forzadas más alto del mundo después de Camboya, que en ningún país de Europa existe una fundación Benito Mussolini o Adolfo Hitler, y que aquí sin embargo llevamos tiempo con una Fundación Francisco Franco a la que habrá que cerrar de una vez. Y es importante que esos jóvenes entiendan que el franquismo no fue solo un régimen dirigido a eliminar a los adversarios y disidentes políticos sino también un régimen de expolio económico que permitió concentrar mucho poder económico en pequeñas minorías que después de la Transición, a veces con los mismos apellidos, han seguido manteniendo puestos clave de poder. Yo creo que esta ley, con las enmiendas que hagan falta, puede ayudar a poner luz sobre estas cuestiones. No será el último paso en la lucha contra la impunidad, pero es un paso muy importante.

Después de la Segunda Guerra Mundial, grandes grupos empresarios alemanes que fueron cómplices del nazismo como los Krupp y los Tyssen tuvieron que sentarse en Nüremberg a responder por sus vínculos con el régimen, y más tarde el Estado determinó que muchas empresas que se beneficiaron de la dictadura nazi debían compensar a la ciudadanía. El hecho de que la nueva ley de memoria prevea un censo y una auditoría sobre las condiciones en las que se produjo el expolio franquista, y permita identificar a actores económicos que se beneficiaron de él, ayudará a que se abra ese debate. El problema aquí sigue siendo que Franco murió con la gente movilizada en la calle, pero en la cama. Por eso, a diferencia de Italia o Alemania, donde el fascismo y el nazismo fueron derrotados militarmente, ha costado tanto avanzar. Ahora, de hecho, la extrema derecha negacionista y neofranquista está utilizando mucho dinero para que no se reabra el debate sobre la memoria democrática. Algo que por cierto ocurre también en Argentina, en Chile, y en otros países, donde están utilizando los medios y las redes sociales para intentar difundir un discurso negacionista en el que todos los gatos son pardos y en el que se pretende igualar opciones republicanas, democráticas, con dictaduras sanguinarias que supusieron la aniquilación de sectores amplios de población.

¿En ese contexto cómo ves el papel de Felipe VI?
G. P. Cada vez hay más conciencia de que la Monarquía borbónica no es asimilable a la Monarquía parlamentaria sueca o a la británica, que decapitó a un Rey mucho menos cruel y felón que Fernando VII. Los Borbones, en realidad, han tenido un papel bastante nefasto en la historia española, y su función nunca fue puramente simbólica. Ya desde el siglo XIX, fueron una pieza clave de un régimen político y económico oligárquico, de una forma de hacer negocios básicamente rentista y especuladora, que operaba a través de la concentración de tierras o del negocio financiero inmobiliario. Algo de eso está saliendo a la luz ahora, y vemos que el rey emérito Juan Carlos I, cuyo vínculo con el franquismo se intentó limpiar con el 23F, imitó a muchos de sus antecesores que ya actuaban como comisionistas dentro de un modelo económico rentista. Esto, en medio de una crisis tan grave como la actual, puede resultar especialmente ofensivo. Yo veo a las generaciones más jóvenes cada vez menos dispuestas a aceptar una Monarquía como la borbónica, con privilegios y condiciones de opacidad que no se le reconocerían a ninguna otra institución. No creo que tengamos una República mañana, por arte de magia, pero sí veo cada vez más gente que hasta hace dos días se consideraba juancarlista o monárquica a secas preguntarse por la utilidad social de una institución tan viciada. Y también, tengo que decirlo, veo crecer un republicanismo basado en la necesidad de proteger como ‘res pública’ la educación, la sanidad, la cultura, pero también de erradicar la existencia de instituciones tan obscenamente vinculadas al privilegio como es el caso de la Monarquía borbónica. No se trata de algo totalmente nuevo. Las tradiciones republicanas peninsulares, de hecho, son ricas y plurales. Su reto, como siempre, es coordinarse mejor, mostrar que el republicanismo no es una opción nostálgica, que puede haber un republicanismo del siglo XXI capaz de traer modernidad, mejoras materiales, culturales, para las las mayorías sociales, y que la Monarquía y su Corte son un obstáculo para conseguirlo.

La experiencia de la coalición

Vamos al papel de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición. ¿Realmente ‘sí se puede’?
G. P. Depende del día. Hay días que te levantas y piensas que querrías llegar mucho más lejos en muchas cosas porque la situación de emergencia es tremenda, pero que nos equivocamos, o que no tenemos la fuerza suficiente, o que no acabamos de solidificar la mayoría de la investidura, que es la que con más naturalidad afrontaría los grandes temas sociales, democráticos y territoriales que tenemos sobre la mesa. Hay días que piensas que se podría mucho más si hubiera más movilización democrática en la calle, y eso es muy difícil en el contexto de pandemia, y hay días que sientes simplemente que podríamos hacer más y mejor. Dicho esto, tengo clarísimo que si el PP, Vox, Ciudadanos, el trío de Colón, tuviera más resortes institucionales como en Andalucía o Madrid, el desastre estaría asegurado. La política son correlaciones de fuerzas y de debilidades. Cuando miro al mundo y miro a otros gobiernos progresistas, por ejemplo, en Argentina, México, Portugal, veo que las dificultades son enormes porque lo que llamamos neoliberalismo está perdiendo legitimidad a pasos agigantados pero está en una fase de una violencia enorme. Hoy la gente ya no cree en la cantinela de que las privatizaciones lo resolverían todo, tiene claro que hay que proteger la sanidad pública, la educación pública, pero precisamente porque no puede proteger sus privilegios de siempre con facilidad, el sistema está recurriendo a métodos cada vez más autoritarios.

¿Cuáles?
G. P. Uno de ellos es la radicalización de las derechas, que no dudan en utilizar la guerra judicial, la mentira mediática, la intimidación en las calles o estrategias golpistas, para preservar sus privilegios. Hay medidas que en un contexto de pandemia deberían gozar de un consenso amplio, incluso entre gente conservadora, pero veo a la derecha que tenemos en España más cerca de Bolsonaro o Trump. En mi opinión eso revela una cierta impotencia y debilidad de un sistema económico agotado, senil, pero que se resiste al cambio. Por eso necesitamos alianzas amplias para hacerlo posible. Alianzas que, en nuestro caso, tienen que tener una clara base republicana y y plurinacional.

El debate presupuestario apunta en esa dirección…
G. P. Hay algunos sectores del establishment que desearían que Ciudadanos entre ya en la sala de máquinas del gobierno y que desplace a las demás fuerzas de la investidura, en especial a Unidas Podemos. Pero no me parece una alternativa muy realista, sobre todo porque agravaría la mayor parte de los problemas que tenemos hoy sobre la mesa, desde los sociales hasta los territoriales. La mayoría de la investidura, en cambio, permitiría llegar a acuerdos básicos para modernizar la economía, para reforzar el escudo social, para proteger a la gente trabajadora, para apuntalar lo público, y al mismo tiempo para conseguir una salida razonable a la cuestión catalana, a la cuestión de la España vaciada o al desafío de la plurinacionalidad.

Se trata de surfear contradicciones todos los días…
G. P. En un contexto de emergencia social y económica tan dura toda la clase política está expuesta al desgaste, porque las necesidades son acuciantes y los tiempos de la política son lentos. Ahora bien, también es verdad que hay un intento de ciertos poderes privados de deslegitimar la política para ocultar su papel en la crisis, su tendencia a a vivir de las prebendas del Estado al que critican, de las exenciones fiscales, de unos impuestos bajos y de la precarización del trabajo. Lo importante es que la gente nos vea que no hemos venido a esto para acomodarnos en el confort institucional, que las mayorías sociales sientan que estamos defendiendo sus intereses. El juicio ciudadano en el día a día puede ser duro, pero el desafío es conseguir que la gente sepa que no vamos a dejar de batallar. Y para eso es importante mostrar, en nuestra conducta cotidiana, que no olvidamos quién nos ha puesto aquí. Cuando llegamos al gobierno del ayuntamiento de Barcelona, íbamos colgando carteles en los despachos que nos recordaran que no debíamos olvidarnos quiénes éramos ni de dónde veníamos. Eso sigue vigente. En un contexto como el actual, con una extrema derecha amenazante, estamos en las instituciones con sentido de la responsabilidad, pero con una pequeña nota de dimisión en el bolsillo. Cuando las condiciones hacen imposible impulsar un proyecto de cambio ético-político desde las instituciones representativas, hay que saber marcharse de ellas y continuar defendiéndolo como un ciudadano común desde otros espacios de la sociedad.

¿Cataluña va seguir siendo siendo la piedra angular de la legislatura?
G. P. Sin una cierta salida política para el País Vasco y para Cataluña, España es ingobernable, al menos desde una perspectiva mínimamente progresista. El franquismo intentó hacerlo por la fuerza, de manera despiadada, y no consiguió salirse con la suya. Si la herida catalana no se cierra, la gobernabilidad de España va a ser enormemente complicada. Es una herida política y socioeconómica, y no se puede resolver una sin resolver la otra. Quienes creen que la cuestión catalana se puede resolver con prisiones o jueces se equivoca. Si no se ponen sobre mesa con relativa urgencia algunos conceptos como amnistía, indultos o la reforma del Código Penal para revisar las disparatadas penas por sedición, no va haber una salida estable. Pero junto a eso tiene que cerrarse la herida social y económica que también ha crecido en Cataluña. Y eso exige que Cataluña pueda salir de la gesticulación permanente y contar con un gobierno que gobierne para las necesidades de la gente trabajadora, del entramado productivo innovador, de la pequeña y mediana empresa, de la gente de la ciencia y la cultural. El Gobierno de Junts y ERC se ha mostrado ineficaz para hacerlo, ha primado más la competencia interna que el gobierno cotidiano de la emergencia y la defensa de un proyecto atractivo de país. Para que esa herida socioeconómica se cierre, el papel del Gobierno central es importante, pero también hace falta un Ejecutivo catalán que no viva solo de los gestos, que tenga voluntad de gobierno, que sea ambicioso y realista al mismo tiempo. En mi opinión esto pasa por un cambio de ciclo político en sintonía con el cambio estatal, que sea claramente republicano, progresista, y que tenga en cuenta lo que Lluís Companys y muchos catalanistas entendían bien: Cataluña no puede avanzar en términos sociales, económicos, democráticos, si España no avanza, y España no puede avanzar si Cataluña no lo hace. Hoy necesitamos sinergias republicanas y progresistas entre Cataluña y España, y también entre Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía… ¡o Teruel!

¿La solución política pasa por el autonomismo?
G. P. El autonomismo está agotado, lo liquidó el propio Aznar, impulsando una recentralización enorme, preautonómica, en la que todavía estamos instalados. No se puede superar ese escenario con simples retoques. Hace falta un proyecto alternativo, que para ser viable solo puede ser plurinacional, municipalista, con elementos federales y confederales, solidario y republicano. Sin esa respuesta, no impuesta, sino libremente decidida por los diferentes pueblos y gentes que integran el Estado, no veo una salida limpia.

Pero ese cambio requeriría una reforma constitucional que no es posible sin el concurso de la derecha…
G. P. No veo la reforma constitucional como una alternativa realista. La Constitución española estuvo pensada para que fuera difícil de reformarse en aspectos clave. Pero esto no quiere que haya que la alternativa sea el inmovilismo. Se pueden realizar muchos avances para reconocer la diversidad cultural, lingüística, nacional, a través de leyes ordinarias u orgánicas, sin necesidad de tocar la Constitución. Yo creo que más temprano que tarde se tendrán que abrir nuevos procesos constituyentes, pero no acepto el argumento inmovilista, usado por el PP y a veces por el propio PSOE, de que sin una reforma constitucional no se puede conseguir nada. Incluso los que abogamos por cambios constitucionales de fondo, creemos que la Constitución se puede interpretar. Y la Constitución de Aznar o de Marchena no es la única posible.

¿Hará falta tiempo aún para cerrar la herida catalana?
G. P. Si, porque lo que se vivió en estos 2017 marcará un antes y un después y porque esta herida tiene mucha historia detrás. El Estado español, la Monarquía española, han sido reacios a reconocer la diversidad social, cultural y nacional. Las tradiciones republicanas, con Pi i Margall, con la Primera y la Segunda República, plantearon alternativas complejas pero en el fondo muchos más realistas que el centralismo autoritario. Por ese creo hoy la salida a la cuestión territorial debe fraguarse en el seno de la mayoría de la investidura, que tiene un carácter claramente anticentralista, plurinacional, y con un marcado peso del republicanismo.

También Torra jugó a ser inhabilitado por el Supremo.
G. P. La inhabilitación de tres presidentes de la Generalitat por causas arbitrarias es un dislate y una anomalía democrática. Dicho esto, es innegable que Quim Torra ha llevado la gesticulación a niveles absurdos, que han acabado dañando al autogobierno y a muchas reivindicaciones legítimas de Cataluña. En política, la gesticulación que no va acompañada de una estrategia mínimamente realista genera frustración y desconcierto. Hace tiempo que Torra debía haber convocado elecciones para dar paso a un nuevo gobierno que ayude a cerrar la herida política sin desatender la emergencia social cotidiana. Y si eso no llega pronto también existe el peligro de una regresión autoritaria, de una regresión primoriverista, de un trumpismo ibérico que supondría un retroceso de décadas. Por eso creo que las fuerzas republicanas, democráticas y progresistas tenemos el deber de priorizar ciertos acuerdos básicos por encima de nuestras diferencias.

¿Cuál es la salud de las izquierdas en España?
G. P. Las izquierdas tienen mucho que aprender en el mundo actual. El feminismo, la emergencia ecológica, la revolución digital, las migraciones, le están planteando retos enormes. En los comunes confluimos diversas sensibilidades, desde tradiciones libertarias, municipalistas, a tradiciones enraizadas en el movimiento obrero o en los movimientos sociales. El reto hoy es cómo, sin renunciar a esas tradiciones, conectar con sectores más amplios de la sociedad para hacer frente al problema más grave del momento actual, que es la radicalización clasista, machista, homófoba, racista, de la derecha a nivel global. Esa derecha violenta, como decía antes, está haciendo todo lo posible para que la crisis tremenda que tenemos ante nuestros ojos, no se resuelva con un mínimo de justicia social. Y eso nos coloca ante una encrucijada civilizatoria. O vamos a más democracia política, económica, hacia más justicia ecológica, de género, o nos podemos hundir en una barbarie que en parte ya está aquí, y que está poniendo en riesgo la vida del planeta y de nuestros hijos.

Te quedarías con ganas de un debate de todo esto con Cayetana Álvarez de Toledo …
G. P. No sé si un debate, pero reconozco que el personaje me interesa. Obviamente estamos en las antípodas en términos políticos, pero es un ejemplo llamativo de una forma de ser de derechas que no tiene fácil acomodo en la política española. Cuando escucho a Cayetana veo más a esas figuras altaneras de la derecha reaccionaria francesa del siglo XIX que a alguien que pueda entenderse con el PP de Teodoro García Egea, con Vox o con el arribismo de Ciudadanos. Me la imagino condenada a una incomodidad permanente en ese espacio

Tercer aniversari de l’1 d’octubre.

Entrevista Al Planta Baixa. TV3

«La intervenció policial de l’#1O va ser desproporcionada i brutal. Ara hem d’aconseguir que la política torni al carrer i les institucions i desjudicialitzar la política. És el millor homenatge que podem fer a tota la gent que va anar a votar.»

Un cafè d’Idees amb Gemma Nierga

La Gemma Nierga m’ha convidat novament al seu espai «Un cafè d’idees» del Matí a Ràdio 4. Aquesta vegada l’entrevista ha hagut de ser telefònica.En una setmana que acaba, de molta activitat parlamentària, amb les dretes reaccionàries tensant la societat com mai en els darrers anys, sovintegen poques oportunitats per analitzar i reflexionar «amb una mirada llarga» la situació de l’actual crisi sanitària, econòmica i social. S’agraeix poder comentar l’actualitat política i fer-ho amb una de les grans professionals del periodisme del nostre país.

Ustedes tienen de «constitucionalistas» lo que yo de escandinavo

Intervención en Pleno del Congreso (26/2/2020) sobre la financiación y las balanzas fiscales. Estoy cada vez más convencido que forma parte de un debate más amplio en la historia de España, marcado por una vieja tensión entre centralismo y descentralización, por un lado, y por solidaridad e insolidaridad por otro.

Está claro que el problema de fondo vuelve a ser que estamos ante unas derechas que levantan el dedo para acusar de insolidario al primero que pasa cuando la visión centralista, unitarista que defienden ha sido la máxima expresión histórica del egoísmo fiscal y del extractivismo económico.

Ese centralismo no es nuevo. Es un centralismo que entronca con la primera restauración borbónica y con la dictadura de Primo de Rivera, que entronca con el franquismo y que buena parte de la derecha viene predicando desde el segundo mandato de José María Aznar. Es esa, y no otra, la visión que hoy habla de insolidaridad, pero que con la excusa de la crisis y con el señor Montoro al frente, consintió el ahogo, no solo de Cataluña, sino del conjunto de las comunidades de España.

Es esa la visión que acusa de insolidaridad a diestra y siniestra pero que con la excusa de la crisis rescató a los bancos sin contrapartida alguna, maltrató a la pequeña y mediana empresa, y ahogó al municipalismo.