El republicanismo fraternal de Lluís Companys

A 82 años de su infame fusilamiento, el abogado defensor de los derechos de los trabajadores, el republicano federalista y el presidente mártir de Catalunya, esperan reparación. Quizás una parte de esa reparación llegue con la nueva Ley de memoria democrática, a pesar de sus límites innegables

Lluís Companys, president de la Generalitat, con Roc Boronat a su derecha, iza la bandera catalana en el balcón de la sede del Sindicat de Cecs.
Lluís Companys, president de la Generalitat, con Roc Boronat a su derecha, iza la bandera catalana en el balcón de la sede del Sindicat de Cecs. Gabriel Casas i Galobardes/ Archivo de la Generalitat de Catalunya

Por Gerardo Pisarello

14 de octubre de 2022 El Diario.es

Un 15 de octubre de 1940, por decisión directa de Francisco Franco, era fusilado en Barcelona, en el castillo de Montjuïc, Lluís Companys, president de Catalunya y ex ministro de la República española. El proceso que condujo a su muerte fue una versión extrema, infame, de lo que hoy se conoce como lawfare: una pantomima llena de calumnias sobre la vida pública y privada del acusado, con una sentencia dictada de antemano. Pero el ensañamiento de las derechas radicalizadas con Companys, que hoy pervive en Vox y en el ayusismo que predomina en el Partido Popular, no es casual. Por su catalanismo, por sus convicciones federales, y por el republicanismo que encarnó, siempre solidario y fraternal con los pueblos y gentes trabajadoras de todo el Estado.

El Companys mártir de la dictadura franquista, en efecto, no se explica sin el vehemente abogado catalanista que, en los años previos, se forjó como activista en la lucha por una España republicana, democrática y federal. Desde sus primeros pasos en política, destacó por su compromiso con las clases trabajadores. Fue abogado de sindicalistas y obreros. Como buen conocedor de la vida rural, también contribuyó de manera decisiva a la organización del campesinado, creando para ello la Unió de Rabassaires. Y todo ello, en el marco de una oposición decidida a la monarquía borbónica, cómplice vergonzosa de la dictadura de Primo de Rivera.

En los convulsos años de la Barcelona de la primera posguerra, Companys arriesgó su vida en defensa de los trabajadores y contra la violencia de los sectores más recalcitrantes de la patronal. Esa violencia del poder privado le arrebató dos íntimos amigos: el abogado Francesc Layret, fundador junto a él del Partido Republicano Catalán, y Salvador Seguí, prestigioso líder anarcosindicalista partidario de la creación de un partido político que representara a la clase obrera catalana.

Hasta el advenimiento de la Segunda República, Companys fue, ante todo, un impulsor de la causa republicana. Por ello fue detenido varias veces y encarcelado. Y a ello dedicó su infatigable trabajo como abogado, periodista, concejal del Ayuntamiento de Barcelona o diputado en el Congreso. La victoria republicana en las elecciones de 1931 significó el salto de activista al gobernante. En poco tiempo, fue diputado en las Cortes Constituyentes de 1931, ministro de Marina en el gobierno de Manuel Azaña y, a la muerte de Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya.

Ya en este cargo, Companys impulsó una reforma de los arrendamientos agrícolas favorable a los trabajadores que fue férreamente resistida por la derecha catalana y por los terratenientes y propietarios rurales del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Poco más tarde, le tocó asumir algunas decisiones políticas clave que todavía hoy son discutidas.

Una de ellas fue su participación en la proclamación republicana y federal de octubre de 1934. El contexto era enormemente complejo. Las derechas nazis y fascistas crecían en Europa y utilizaban la violencia y la intimidación para abrirse paso en las instituciones democráticas y minarlas desde dentro. Cuando en España se anunció que las derechas locales que simpatizaban con estos sectores ultras entrarían en el Gobierno, se produjo una reacción instintiva entre las clases populares. La revolución asturiana de 1934, protagonizada por trabajadoras y trabajadores socialistas, anarquistas y comunistas, fue eso: un intento de detener preventivamente lo que se percibía, con fundadas razones, como un movimiento antirrepublicano y golpista.

Desde Catalunya, Companys decidió secundar esta llamada a resistir a las “fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar la República”. El 6 de octubre proclamó el Estado catalán dentro de la República federal española. Y lo hizo apelando a la “Cataluña liberal, democrática y republicana que no puede estar ausente ni silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que en las tierras hispanas luchan hasta la muerte por la libertad y el derecho”.

Por esta decisión, Companys y otros consejeros de su gobierno recibieron una condena de 30 años de prisión. La acusación de sus juzgadores era la de haber querido imponer “por la violencia aquel régimen federal que la soberanía constituyente rechazara”. Cinco de los veintiún vocales del tribunal, sin embargo, se pronunciaron a favor de la absolución. Su argumento fue que los acusados, lejos de haber atentado contra las instituciones republicanas, habían intentado preservarlas frente una regresión golpista de ultraderecha (que efectivamente se consumaría con la sublevación franquista).

Años después, ya restituido en la presidencia de la Generalitat como consecuencia del concluyente triunfo electoral de los frentes de izquierdas, Companys tuvo que volver a afrontar un contexto de similar complejidad. De lo que se trataba, esta vez, era de lidiar con la nueva revolución popular que se había desatado en julio de 1936 tras la victoriosa respuesta al alzamiento fascista en Barcelona. En aquella ocasión, Companys puso todo su empeño en intentar minimizar la violencia en la retaguardia republicana. Se pudo equivocar algunas veces. Pero siempre fue consecuente en su defensa del autogobierno de Catalunya, de la fraternidad republicana y de la libertad.

A 82 años de su infame fusilamiento, el abogado defensor de los derechos de los trabajadores, el republicano federalista y el presidente mártir de Catalunya, esperan reparación. Quizás una parte de esa reparación llegue con la nueva Ley de memoria democrática, a pesar de sus límites innegables. Pero no será suficiente. Y no lo será porque las derechas radicalizadas que lo calumniaron y lo asesinaron junto a Miguel Hernández, las Trece Rosas, Joan Peiró o Julián Zugazagoitia, vuelven a campar por sus anchas, tanto en España como en Europa.

Costaría, en efecto, encontrar hoy entre las derechas españolas gente como el conservador liberal madrileño Ángel Ossorio y Gallardo, que no solo llegó a ser abogado defensor de Companys, sino que le dedicó una biografía que todavía hoy emociona. Claro que para llegar hasta aquí, el propio Ossorio entendió que ni la monarquía, ni las exaltadas derechas que la acompañaban, podían garantizar las libertades que para él resultaban irrenunciables. La ausencia de gente como él hace que todo sea más difícil. Encontrarla, convencerla, es el gran reto de un antifascismo republicano, democrático, amplio, en condiciones de parar una nueva ola barbarie que la humanidad no puede permitirse.  

Alfonso XIII: el Borbón que precipitó la República

La idea de gobernar constitucionalmente, con límites, nunca le haría gracia. Es más, le parecía incompatible con la persecución de la propia gloria, económica, militar e incluso sexual

Publicado en CTXT – Gerardo Pisarello 19/11/2020

Hace unos días, el diario ABC, uno de los más connotados de la derecha monárquica española, abría su sección sobre la Casa Real con un titular provocador: “Un libro acredita el fraude en las elecciones que provocaron el exilio de Alfonso XIII”. En realidad, el trabajo de marras, del profesor Julio Ponce Alberca, solo se refería a la provincia de Sevilla y sus conclusiones distaban de abonar la tesis del “fraude”. Sin embargo, el diario conservador aprovechaba la ocasión para sugerir que el Gobierno de la II República –¿al igual que el actual?– también podía considerarse un Gobierno ilegítimo, hijo de un levantamiento arbitrario contra la Monarquía y merecedor, acaso, de una represalia como la de julio de 1936. Recordar, sin embargo, quién fue y cómo gobernó Alfonso XIII, y por qué fueron sus andanzas y corruptelas las que acabaron precipitando la llegada de la República, puede arrojar más luz sobre el presente y sobre el papel de los Borbones en la política actual.

1- Un rey frívolo que puso al Ejército al servicio de sus negocios privados

Alfonso XIII de Borbón –abuelo de Juan Carlos I y bisabuelo de Felipe VI– nació en 1886 en el Palacio Real de Madrid. Como hijo póstumo de Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo-Lorena, su reinado empezó desde su nacimiento, aunque su madre ejerció como regente hasta 1902. Ya por entonces, temerosa de que su hijo no llegara a reinar, comenzó a invertir los dineros que recibía del Estado en inmuebles y solares dentro y fuera de España.

De origen austríaco, pero muy consciente de que se trataba de una práctica común entre la dinastía Borbón, la reina abrió cuentas en bancos de media Europa: el Lloyd, en Londres; el Rothschild, en Viena; el Crédit Lyonnais, en París; o el Crédit Suisse, en Berna, entre otros. Por otro lado, asesorada por administradores ávidos, invirtió en acciones de empresas norteamericanas y se dedicó a comprar deuda austríaca, alemana, húngara y japonesa.

Cuando Alfonso XIII cumplió 16 años, los ingresos que había ido cobrando desde su nacimiento ascendían ya a nueve millones de pesetas. Muy rápidamente entendió dos cosas. Primero, que su principal misión como rey era rehacer complicidades con el mundo aristocrático y financiero para restaurar plenamente el negocio monárquico. Segundo, que la consecución eficaz de dicho cometido exigía seguir la estela de su madre, diversificando sus inversiones lo máximo posible, dentro y fuera de España. 

A lo largo de su reinado, Alfonso XIII se dedicó con empeño a esta tarea. Nada lo apartó de ello. Siendo muy joven, su madre le colocó como preceptor al catedrático de Derecho Político Vicente Santamaría de Paredes, que intentó trasmitirle la importancia de que la Jefatura de Estado actuara como un “poder armónico”. Sin embargo, esa exigencia de autocontrol no se compadecía bien con su pertenencia a una dinastía caracterizada por la desmesura, por la hybris, y por escasa predisposición a aceptar límites constitucionales en el ejercicio de sus funciones. 

Con solo 16 años, Alfonso apuntó en su diario la disyuntiva que tenía por delante con palabras significativas: “Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerándose la Patria […] Pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fin, puesto en la frontera”. La idea de gobernar constitucionalmente, con límites, nunca le haría gracia. Es más, le parecía incompatible con la persecución de la propia gloria, económica, militar e incluso sexual. De ahí que desde muy pronto se asumiera como un monarca desenfadadamente intervencionista. Por intervenir, lo hizo de manera directa en el nombramiento y cese de sus gobiernos y en la disolución de las Cortes, casi siempre de corta duración. Y también intervino, de manera señalada, en los asuntos militares –designación del ministro de Guerra, ascensos, honores, recompensas–, un ámbito que consideraba un coto clave para apuntalar sus propios negocios.

Muy dado al deporte, a las aventuras extramatrimoniales e incluso a la producción de películas pornográficas, Alfonso XIII se dedicó activamente a engrosar su fortuna personal, que en los años veinte del siglo pasado ya había pasado de 9 a 30 millones de pesetas. Durante la Primera Guerra Mundial, viendo la disminución de la rentabilidad de fondos que tenía en bancos franceses e ingleses, invirtió en el Metro de Madrid, la Hispano-Suiza y la Compañía Transmediterránea. Para no ser descubierto, muchas de estas inversiones las llevaba a cabo con el seudónimo “Duque de Toledo”.

Lo más oscuro de sus negocios provino de las inversiones que tenía en Marruecos. Concretamente, con la explotación de unas minas de hierro en Nador siguiendo el modelo colonial

Lo más oscuro de sus negocios provino de las inversiones que tenía en Marruecos. Concretamente, con la Compañía Española de Minas del Rif S.A., que explotaba unas minas de hierro en Nador siguiendo el modelo colonial. Un monopolio que, con mano de obra prácticamente esclava, pretendía rivalizar con la industria siderúrgica vasca y convertir Melilla en la Bilbao del norte de África. Alfonso XIII tenía acciones de la empresa y cuando los caudillos rifeños pusieron el negocio en peligro con sus acciones bélicas, no dudó en enviar tropas.

Lo hizo en 1909, impulsando un reclutamiento que indignaría a las clases populares, desencadenado huelgas y protestas –“¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! ¡Todos o ninguno!”– que desembocarían en la Semana Trágica. Y volvió a hacerlo en 1921, encomendando al general Manuel Fernández Silvestre que desembarcara en Marruecos e invadiera los territorios del caudillo rifeño Abd el-Krim. Esta última operación condujo al Desastre de Annual –nombre de la localidad marroquí situada entre Melilla y Alhucemas–, una derrota sin paliativos del Ejército español en la que murieron 8000 hombres.

2- El “Expediente Picasso”: una Comisión de investigación parlamentaria que casi acaba con el Rey

El Desastre de Annual dañó enormemente el prestigio de Alfonso XIII. De pronto, comenzó a extenderse la tesis de los “obstáculos tradicionales” a la regeneración, que el progresista vasco Salustiano Olózaga había situado en la Corona, el Ejército y la Iglesia. Los desmanes de la Monarquía, de hecho, habían hecho crecer las posiciones “accidentalistas” que entendían que lo importante era la regeneración, y si la Corona no la facilitaba, pues no había que descartar que ocurriera con una república.

El asturiano Melquíades Álvarez, fundador del Partido Reformista, ya había declarado en 1913 que su propósito era “servir a la regeneración del país, con la monarquía, si el rey persigue el mismo objetivo [o] contra la monarquía, si la Corona, por un egoísmo mal entendido, se divorciara del interés general”.  El desastre militar en Marruecos fue la gota que colmó el vaso. Entre quienes de manera más dura criticaron aquella operación se encontraban los dirigentes del PSOE Julián Besteiro e Indalecio Prieto. Ambos emprendieron una ofensiva implacable contra el “ejército inepto y corrupto” y contra el Rey, “su gran valedor”. Prieto llegó a trasladarse a Melilla, al lugar de los hechos, y desde allí escribió una serie de “Crónicas de la Guerra”. Estas crónicas se publicaron en el periódico El Liberal, de Bilbao, y luego fueron reproducidas asiduamente por El Socialista, un boletín del partido, entre agosto y octubre de aquel año. Más tarde, como diputado, Prieto intervino como miembro de la Comisión Parlamentaria constituida para estudiar el informe del general de división asignado al caso, Juan Picasso. En el debate del “Expediente Picasso”, Prieto apuntó directamente a la responsabilidad del rey, que comenzó a acusar las críticas vertidas en el Parlamento.

Para el PSOE, la actuación española en Marruecos venía determinada por los intereses económicos de la Corona y por la necesidad de apuntarse un éxito en el terreno internacional después de la pérdida de Cuba y Filipinas. Al igual que Prieto, el propio Besteiro señalaría al rey como responsable último de lo ocurrido: “Por el camino que vamos –sostuvo en un célebre discurso en las Cortes– se va a la ruina y la deshonra ante el mundo entero; yo creo que si se ama a España ha llegado el momento de establecer una línea divisoria y decir lo que es verdad: que España no ha ido a Marruecos; a Marruecos ha ido la monarquía española, ha ido el rey; nosotros no”.

3- El apoyo real a la dictadura de Primo de Rivera y el desenlace republicano

Asediado por una impopularidad creciente, Alfonso de Borbón no dudó en seguir el ejemplo de Víctor Manuel II con Benito Mussolini en Italia. Así, haciendo oídos sordos a las fuerzas más dinámicas de la economía, incluidas las burguesías vasca y catalana, apoyó la salida golpista perpetrada por el capitán general Miguel Primo de Rivera en 1923.

Una vez más, Indalecio Prieto fue de los primeros en denunciar los motivos profundos del rey para avalar el nuevo gobierno dictatorial. En su opinión, una de las razones principales que había llevado a Alfonso XIII a sumarse al golpe de Primo de Rivera había sido sortear las responsabilidades por la hecatombe de Melilla y evitar sentarse ante una Comisión de investigación parlamentaria. “Quizás este espectáculo demoledor –escribió Prieto– hiciera surgir el motín en las calles. La sedición militar, amparada y tutelada desde arriba podría frustrarlo. Y surgió la extraña sublevación, una sublevación de Real orden”.

La campaña “Con el Rey o contra el Rey”, que se extendería a lo largo de la dictadura, había comenzado. Primo de Rivera prometió liberar a la patria “de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que comenzaron en el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso”. Y no solo eso. También dejaba claro que el movimiento que encabezaba era “de hombres”, de manera que quien “no sintiese la masculinidad caracterizada [sic]” debía “esperar en un rincón”.

Alfonso XIII decidió sumarse a ese patético llamado protofascista. Sin embargo, la dictadura fue enajenándose, poco a poco, no solo el apoyo de las clases populares, sino de sectores medios, incluidos algunos prestigiosos intelectuales y escritores como Ramón del Valle-Inclán, Vicente Blasco Ibánez o Miguel de Unamuno.

Desde el extranjero, apoyó con fervor al bando sublevado, se declaró “falangista de primera hora” y llegó a pedir apoyo a Mussolini para que encabezara un golpe en España que permitiera restaurar la monarquía

Unamuno llegó a ser condenado a 16 años de cárcel y a pagar una multa de 1000 pesetas (unos 30.000 euros de ahora) por injurias a Alfonso XIII y a su madre, María Cristina. Los agravios a la Corona aparecían en tres columnas que Unamuno escribió en El mercantil valenciano, un periódico que daba voz al republicanismo moderado. Los dardos lanzados por el entonces rector de la Universidad de Salamanca contra el régimen de la Restauración fueron especialmente incisivos. “El problema político de España en lo que al régimen hace –escribió– no es tanto de monarquía cuanto de monarca […] La cuestión aquí y ahora es si el archiduque de España, el Habsburgo por línea materna y por educación, es capaz de hacerse republicano y reducirse al modesto pero abnegado papel que le correspondería en una España que se prepara a hacerse del todo dueña de sí”. Y más adelante: “O se acaba este régimen [la monarquía] o se acaba España. Es preciso que el rey busque nuevos servidores: que hombres no fracasados sean quienes gobiernen […] ¿Qué el rey está solo? ¡Más sola está España! Y de que España esté tan sola acoso es a él, al que le cabe más culpa”.

Espoleadas por la corrupción real y por su apoyo a la salida autoritaria planteada por Primo de Rivera, las voces antimonárquicas no pararon de crecer. En 1924, Manuel Azaña, en su vibrante Apelación a la República, recordaba que la dictadura, “incompatible con la libertad, de hecho y derecho”, había tenido “que pulverizar la Constitución” para abrirse camino. Como consecuencia de ello, nada quedaba aprovechable del Régimen consagrado en la Carta de 1876: “ni la estructura de las Cortes, ni la institución regia, ni menos aún los partidos de gobierno”. La única alternativa viable era la que años después, desde el Ateneo de Madrid, señalaría el propio Indalecio Prieto: “derribar la monarquía” y “abrir el palenque a la ciudadanía”.

Las invocaciones de Unamuno, de Azaña, de Prieto, o del propio Ortega y Gasset, quien desde su liberalismo elitista había pedido llanamente la destrucción de la Monarquía (Delenda est Monarchia) encontraron un movimiento popular, democrático, que les dio fuerza. El 12 de abril de 1931, las candidaturas de la coalición de republicanos y socialistas obtuvieron un triunfo rotundo en 41 de 50 capitales de provincia. Los monárquicos pensaron hasta el último momento que iban a ganar, acostumbrados como estaban a amparar el fraude y a controlar la maquinaria gubernamental. Muy pocos, sin embargo, cuestionaron los resultados. Los militares se negaron a intervenir. El conde de Romanones reconoció la derrota. Y lo mismo hizo el último jefe de gobierno de la Monarquía, Juan Bautista Aznar. Niceto Alcalá Zamora exigió a Alfonso XIII que abandonara el país. Antes de embarcarse a Marsella y a París, este reconoció las consecuencias de los resultados con una frase que haría historia: “no tengo hoy el amor de mi pueblo”.

Alfonso XIII pasó su exilio alojado en hoteles de lujo de diferentes ciudades europeas, que sufragó con el dinero previamente depositado en cuentas bancarias suizas e inglesas. Desde el extranjero, apoyó con fervor al bando sublevado, se declaró “falangista de primera hora” y llegó a pedir apoyo a Mussolini para que encabezara un golpe en España que permitiera restaurar la monarquía. El dictador Francisco Franco le agradecería a su manera, décadas después, reinstaurando la dinastía borbónica en cabeza de Juan Carlos I, un monarca cuyas similitudes con su abuelo sería muy difícil pasar por alto.

El republicanismo de Joaquín Maurín y la revolución pendiente

Este 5 de noviembre se cumplen 47 años de la muerte de Joaquín Maurín, una de las figuras más creativas, y sin embargo poco conocidas, de la tradición republicana. Maurín (…) se convirtió en uno de los teóricos más sagaces de un republicanismo ibérico socialista y libertario.

Publicado en Sobiranies.cat

Este 5 de noviembre se cumplen 47 años de la muerte de Joaquín Maurín (Bonansa, Ribagorza, Huesca, 12 de Enero de 1896 – Nueva York, 5 de Noviembre de 1973) una de las figuras más creativas, y sin embargo poco conocidas, de la tradición republicana hispana. Su vida política activa transcurrió en un momento de cambios vertiginosos: la Revolución rusa de 1917, el apogeo y caída de la dictadura de Primo de Rivera, la proclamación de la II República española, el ascenso del fascismo y del nazismo, la irrupción del estalinismo y el levantamiento franquista. En esta complejísima encrucijada europea y mundial, Maurín no solo se convirtió en uno de los teóricos más sagaces de un republicanismo ibérico socialista y libertario. También se entregó con pasión y sentido práctico a organizar, desde la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), primero, y desde el Bloque Obrero y Campesino (BOC) y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), más tarde, lo que en su opinión debían ser las herramientas sindicales y políticas para realizar los cambios estructurales que España necesitaba.

En 1936, poco después de la sublevación contra la República en Marruecos, Maurín fue capturado por tropas franquistas. La emboscada fue un trauma para sus correligionarios y marcó el resto de su vida. Pasó diez años en prisión y se libró de la muerte gracias a la mediación de un primo suyo, cura castrense, y de su propia compañera Jeanne Souvarine, música y activista, cuyas relaciones en París llegaban hasta León Blum.

Tras salir de la cárcel, Maurín se sumó al exilio hispano en Nueva York junto a su familia. A partir de entonces, con 51 años, la voz más militante de Maurín se fue apagando para dar paso a una actividad más político cultural, al frente de una agencia de artículos periodísticos. La contraposición entre los últimos años de su vida y el frenesí activista de juventud rodearía su figura de un halo enigmático. Ese “enigma Maurín”, así como el desierto intelectual y político impuesto por la dictadura, dificultarían la recepción de su pensamiento. Sin embargo, a medio siglo de su desaparición, son muchas las razones que justifican recuperar una figura que mantiene la fuerza y el atractivo con los que irrumpió en medio del turbulento y “corto siglo XX”.  

1. Una herencia republicana entre Huesca y Lleida

La adolescencia y la primera juventud de Maurín transcurrieron entre Huesca, de donde era oriundo, y Lleida. Allí se conformaría la personalidad del maestro republicano que fue.  Tímido, austero, pero vehemente en su compromiso político. Un hombre poco efusivo, al que le costaba expresar sus sentimientos, pero que generaba gran estima y respeto entre quienes le conocían.

Nacido en la ciudad de Bonansa, en 1896, Maurín creció en una familia acomodada de agricultores de la Franja aragonesa. Su madre era una mujer devota y su padre un hombre retraído, de talante liberal. Esa doble influencia, sumada a un entorno marcado por las enormes diferencias entre jornaleros, criados y miembros de su propia familia, fueron determinando una personalidad marcada por un cierto puritanismo y una fuerte densidad ética. Maurín, de hecho, caminaba hacia el sacerdocio, pero logró convencer a sus padres de que su vocación genuina era ser maestro normal. Así se fue gestando su personalidad republicana, influida en esos tiempos por sus visitas a un ya agonizante Joaquín Costa, figura emblemática del regeneracionismo aragonés, o por el agnosticismo de Miguel de Unamuno.

Imbuido en ese ambiente, Maurín escribió, con apenas 15 años, sus primeras invectivas incendiarias contra el nepotismo de la oligarquía caciquil y contra la institución que los amparaba: la monarquía borbónica. Así, su republicanismo aragonés, rebelde, fue adquiriendo tintes federalistas y anarquizantes, que se acentuaron cuando se trasladó al Liceo Escolar laico de Lleida para dar clases de historia y geografía.

(…)cuando el fascismo consumaba su marcha sobre Roma, Maurín defendió la necesidad de que, más allá de sus diferencias, las diferentes tradiciones socialistas, sindicalistas y anarquistas confluyeran en un terreno republicano compartido.

En Lleida, Maurín se implicó en las juventudes republicanas y colaboró en el periódico El Ideal. Desde allí simpatizó con algunos sectores regeneracionistas de Madrid y llegó a hacer campaña a favor de la candidatura a Cortes, finalmente fallida, de Pío Baroja. A diferencia de la generación de republicanos inmediatamente anterior, la de Maurín se vio deslumbrada, sacudida, por el ascenso de la clase obrera. Huelgas impactantes, como la de 1917, durante el gobierno de Eduardo Dato, o la de La Canadiense, poco después, acercaron el republicanismo de Maurín al socialismo y al sindicalismo. Él mismo decía que doctrinariamente se sentía atraído por el mundo socialista, y llegó a compartir tribuna con algunos represaliados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de aquella época, como Julián Besteiro. En la práctica, empero, sus afinidades estaban más cerca del nuevo sindicalismo revolucionario, más audaz y joven, y al que leía a través del pensamiento de Georges Sorel.

Hacia 1919, y con la Revolución rusa como telón de fondo, saltó a la arena política vinculándose a la pletórica CNT de entonces. También aquí el republicanismo de Maurín era un republicanismo de frontera, que bebía de mundos diferentes. En el Liceo de Lleida se había familiarizado con el pensamiento libertario de Francisco Ferrer y Guardia y había compartido docencia con el escritor anarquista aragonés, Felipe Alaiz. Desde Lleida se había relacionado con sectores influyentes del socialismo y del regeneracionismo español, como Giner de los Ríos. En Lleida, la tierra donde habían nacido Lluis Companys y Francesc Macià, también entró en contacto con el republicanismo catalanista de izquierdas, que a su vez mantendría un vínculo fluido con la CNT de Salvador Seguí y con los llamados “trentistas”, como Joan Peiró.

Ya por aquellos años veinte, cuando el fascismo consumaba su marcha sobre Roma, Maurín defendió la necesidad de que, más allá de sus diferencias, las diferentes tradiciones socialistas, sindicalistas y anarquistas confluyeran en un terreno republicano compartido. “Si no se es capaz de encontrar esa base común –escribió de manera admonitoria– entonces hay que aceptar todas las consecuencias que puedan derivarse de una obtusa unilateralidad. Y las consecuencias están a la vista”.

2. Del entusiasmo comunista a la crítica del “colonialismo revolucionario”

Los primeros años de Maurín en la CNT le permitieron conocer al que sería su gran amigo y camarada de vida, Andreu Nin. Nacido en El Vendrell, Tarragona, Nin también era maestro, y había pasado del republicanismo catalanista al PSOE y luego a la CNT. Tanto él como Maurín tenían un origen republicano común y habían quedado igualmente impresionados por la Revolución bolchevique. Entusiasmados por el horizonte transformador que los hechos de Octubre abrían en toda Europa, viajaron juntos a Moscú, como delegados de la CNT, a finales de 1921. Allí conocieron a Víctor Serge, que llegaría a ser una de las figuras más notables del socialismo libertario anti-estalinista, y a otros sectores vinculados al sindicalismo francés de Pierre Monatte.

Aquella experiencia, así como un paso breve por Berlín, consolidó a Maurín como un dirigente sofisticado y con mirada amplia, europea e internacional. De regreso a la península ocupó provisionalmente el cargo de secretario del Comité Nacional de la CNT. Durante ese tiempo, se afanó en que la organización obrera más importante de España abandonara toda tentación apolítica y asumiera el reto organizativo que el bolchevismo había planteado. Para ello, fundó y dirigió los Comités Sindicalistas Revolucionarios y el semanario La Batalla, uno de los mejores periódicos que daría el movimiento obrero de la época.

El Maurín de la vejez recordaría los años que transcurrieron entre 1917 y 1922 como los más románticos e inspiradores de su juventud. Unos años en los que todavía se sentía parte de un movimiento de masas en ascenso y donde “cambiar el mundo de base” parecía una consigna al alcance de la mano. Tras su segundo viaje a Rusia, su forma de ver las cosas era muy diferente. Lo más positivo que Maurín sacó de él fue haber conocido a su compañera Jeanne Souvarine, hija de padres rusos emigrados de Kiev a París y cuyo apellido real era Lischitz. A partir de aquel encuentro, pasarían el resto de su vida juntos, y juntos también tendrían un hijo al que pusieron por nombre Mario, inspirándose en uno de los personajes de Los Miserables, de Víctor Hugo.

A diferencia de su primer periplo a la tierra de los soviets, esta vez Maurín se sintió políticamente mucho más contrariado. Sobre todo, por la animadversión hacia el anarquismo y la excesivamente rígida concepción del partido que detectó en muchos dirigentes soviéticos. Pese a ello, ya en plena dictadura de Primo de Rivera, decidió ingresar al muy reducido Partido Comunista de España de los años veinte y se encargó de organizar la Federación Comunista Catalano-Balear. Pero lo hizo a contracorriente, consciente de que formaba parte de una minoría exigua que debía mantener sus convicciones con paciencia y tenacidad si aspiraba a dejar de serlo.

Como consecuencia de su actividad, fue detenido varias veces. En una ocasión resultó herido por la policía y en otra se lesionó tratando de fugarse del castillo de Montjuïc. Esto no le evitó pasar tres años en prisión, que no fueron más en virtud de la presión internacional. Gracias a esos contactos, hacia 1927 se marchó a París y allí  trabajó a las órdenes del servicio de publicaciones del Komitern. Se dedicó a publicar literatura marxista para América Latina, una experiencia que le sería de gran utilidad, como agente literario, en su exilio en Nueva York. Durante ese tiempo estrechó su relación epistolar y su amistad con Nin, convertido ya en un reputado traductor al castellano, y sobre todo al catalán, de clásicos rusos como Dostoievski, Tolstoi o Chejov.

Por aquel entonces, las persecuciones de Stalin contra sus opositores se intensificaron de manera ostensible. Nin comenzó a padecerlas y Maurín, desde Francia, no pudo callar. Cuando Stalin se deshizo de Nikolai Bujarin y señaló a los socialdemócratas como sus principales enemigos, Maurín protestó. Y lo mismo ocurrió cuando el Congreso del PCE de 1929 decidió defender una “dictadura democrática de los obreros y campesinos”, algo que en opinión de Maurín era totalmente ajeno a las características del movimiento obrero español, que no entendería que una dictadura fuera reemplazada por otra y no por una democracia.

A pesar de sus reiterados y sinceros esfuerzos por evitar rupturas dentro del nuevo espacio comunista, en 1931 Maurín y sus amigos fueron expulsados de la Internacional. Al poco tiempo, fundaron el BOC (Bloc Obrer i Camperol, en catalán), que se planteaba atraer “a todos los trabajadores de la ciudad y del campo que, aun no siendo comunistas, aceptan, sin embargo, las consignas formuladas por los comunistas”.

El BOC tenía fuerza sobre todo en la provincia de Lleida. Era una fuerza reducida, comparada con la CNT catalana, pero más numerosa y dinámica que el Partido Comunista y que la propia Unió Socialista de Catalunya, aliada permanente de la Esquerra Republicana de Macià. El BOC se consideraba una fuerza comunista, pero en un momento en el que el estalinismo comenzaba a hacer mella en el inicial entusiasmo bolchevique de Maurín y muchos otros. El terremoto inicial producido la revolución de octubre llevó a Maurín a pensar que era el momento de acelerar los cambios y de modificar las estrategias seguidas hasta entonces por las principales fuerzas políticas y sociales hispanas. Esa lectura de la coyuntura le llevó a cuestionar el escaso arrojo del reformismo republicano español y catalán de clases medias –sorprende la dureza, sin dudas excesiva, con las que criticó a Francesc Pi i Margall, figura emblemática del federalismo y presidente de la I República, o al propio Lluis Companys– así como el del propio PSOE. Del mismo modo, eso explica, también, sus críticas afiladas al aventurerismo que en su opinión comenzaba a ganar terreno en la CNT como consecuencia del avance de la Federación Anarquista Ibérica (FAI).

Pues bien, a esos obstáculos para una política de radicalización democrática había que sumar ahora el “colonialismo ideológico comunista” procedente de un Moscú que comenzaba a desandar peligrosamente su impulso emancipatorio e internacionalista inicial. El alejamiento de Maurín del comunismo soviético supuso cambios importantes en su visión de las cosas. Continuó sintiéndose cercano a Marx, en quien siempre vio a un clásico más del pensamiento emancipatorio republicano y no a una fuente de dogmas incuestionables. Tampoco dejó de admirar el genio estratégico de Lenin, hasta el punto que asumió como propias algunas de sus tesis básicas, como la defensa de la autodeterminación de los pueblos (“España –llegó a escribir, siguiendo el veredicto leninista sobre la Rusia zarista– es hoy un conjunto de pueblos prisioneros de un Estado gendarme”). En cambio, como defensor de la necesaria unidad de las clases populares, cuestionó las derivas sectarias de la Tercera Internacional y se convirtió en un crítico frontal tanto del estalinismo como de su carga “colonial”. Y no solo eso. La convicción de Maurín de que la península ibérica necesitaba un proyecto de transformación social propio, anclado en su historia y no en directrices construidas a partir de la experiencia soviética, le condujo en más de una ocasión a censurar los impulsos del propio Trotski –por quien sentía respeto– a intervenir de manera excesiva en la vida política española.

Ya en Nueva York, en los últimos años de vida, la justificada animadversión de Maurín por el estalinismo acabaría tiñendo su visión, escasamente matizada, del campo político que se autodenominaba comunista. En una carta escrita a un amigo a inicios de los años setenta, llegaba a la conclusión de que la palabra comunismo había quedado completamente “desprestigiada y envilecida por el estalinismo”. Eso le llevaba a concluir que “‘socialismo’ y ‘comunismo’ no sólo son distintos, sino antitéticos. El socialismo, tal como lo entendieron los clásicos, es inseparable de la libertad y la democracia. El ‘comunismo’, en cambio, es su negación absoluta. Así, pues, me considero socialista y creo en la libertad y la democracia. Y como socialista que cree en la libertad y la democracia, veo los problemas del mundo en general y de España en particular”.

3. La revolución democrática y socialista como tareas republicanas

A pesar del enrarecimiento creciente del clima político, la proclamación de la II República encontró a Maurín lleno de energía y dispuesto a la acción. Aprovechando el ocaso de la dictadura de Primo de Rivera, había regresado de Francia,  y aunque fue detenido unas semanas en la Cárcel Modelo, de Barcelona, las aprovechó para terminar su primer libro, Los hombres de la Dictadura, que apareció a mediados de 1930. La impresión que aquel ensayo causó en el ambiente de la época fue notable. A diferencia de la mayoría de escritores marxistas de su tiempo, Maurín exhibía un estilo propio, plástico, ágil, que contrastaba con la retórica socialista al uso y con la literatura repetitiva, mecánica, del Komitern. Sus reflexiones exhibían un conocimiento profundo de la economía, la literatura y la política española e internacional. El libro, de hecho, se apoyaba en ejemplos y en constantes paralelismos históricos. Algunos eran sin duda arriesgados, pero obligaban a pensar, y venían apoyados con escasas citas de Marx y con numerosas referencias, en cambio, a figuras peninsulares del siglo XIX.

La impresión que aquel ensayo causó en el ambiente de la época fue notable. A diferencia de la mayoría de escritores marxistas de su tiempo, Maurín exhibía un estilo propio, plástico, ágil, que contrastaba con la retórica socialista al uso y con la literatura repetitiva, mecánica, del Komitern.

La tesis [de Maurín] es que España llegaba tarde y exhausta a la revolución democrático-burguesa que otros países de Europa habían acometido durante los siglos anteriores.

La tesis central del libro, que se haría obsesión en Maurín, es que España llegaba tarde y exhausta a la revolución democrático-burguesa que otros países de Europa habían acometido durante los siglos anteriores. A diferencia de Inglaterra o Francia, España no había tenido ni un Cromwell ni un Robespierre. Las clases medias y la burguesía avanzada que habían protagonizado el Trienio Liberal, entre 1820 y 1823, o el ciclo que fue de la Revolución Gloriosa de 1869 al fin de la Primera República, en 1874, no habían tenido ni la determinación ni la lucidez para llevar adelante las reformas sociales y políticas que en Europa y en América les había permitido desembarazarse de algunos insoportables lastres feudales. En su lectura de la historia, Maurín mostraba especial admiración por figuras variopintas en las que reconocía audacia y determinación: el gaditano Juan Álvarez Mendizábal, el líder de la independencia americana, Simón Bolívar o el liberal general catalán, Joan Prim. No obstante, dejaba claro que tanto las burguesías liberales como la pequeña burguesía republicana del siglo XIX no se habían atrevido a ir hasta el final en sus propósitos, demostrando por algunas instituciones que bloqueaban los avances democráticos, como la monarquía borbónica, “un respeto que bordeaba la estupidez”.

La llegada de la II República ofrecía, en opinión de Maurín, una oportunidad para superar aquellas limitaciones. Esto no admitía vacilaciones o tibieza reformista. Exigía intrepidez y consciencia de que solo una revolución democrática podía abrir paso a los cambios estructurales que España necesitaba. Esa fuerza, sin embargo, no podía venir ya solo de las clases medias o de la burguesía más lúcida. Requería el protagonismo, la centralidad, de un actor que hasta entonces no había ganado el centro de la escena y que ahora resultaba imprescindible: las clases trabajadoras. 

En opinión de Maurín, solo un bloque social que tuviera a las clases obreras y campesinas en el centro podía dar fuerza a la revolución democrática pendiente. Pero esto no se conseguiría por arte de magia. Para que la implicación de las clases populares fuera decidida y realista, la revolución democrática debía ser, al mismo tiempo, una revolución socialista. 

En un editorial escrito para la revista Nueva Era, en mayo de 1931, Maurín describía de manera nítida los retos del tiempo que se abría. “España –resumía allí– necesita llevar a cabo todavía su revolución democrática, es decir, la abolición definitiva de la monarquía, el exterminio del poder de la Iglesia, el reparto de la tierra, la liberación de las nacionalidades, la emancipación política y moral de las mujeres, la destrucción del armatoste secular del Estado semifeudal”.

Este programa de transformaciones estructurales, cuya actualidad no deja de sorprender, no podía, según Maurín, limitarse a un cambio en la forma de la Jefatura del Estado. Si las reformas impulsadas se reducían a una “ligera brisa superficial”, el malestar social quedaría intacto, y la República correría el riesgo de degenerar, más temprano que tarde, “en un régimen tan reaccionario y despótico como la monarquía borbónica”. Para que ello no ocurriera, hacía falta tender puentes y alianzas entre las fuerzas motrices de esa revolución necesaria y posible: el proletariado, los campesinos pobres, los sectores más democráticos y avanzados de los nacionalismos periféricos y una parte importante de la juventud, “que aunque de origen pequeño burgués, desea que la revolución haga dar un salto a España en el camino de su transformación social”.

La importancia dada por Maurín a las alianzas de clase, plurinacionales e incluso generacionales, reflejan el núcleo de su pensamiento en los cinco años que transcurrieron entre la proclamación de la II República y su entrada en prisión. A reforzarlas dedicó dos ensayos notables: La revolución española, de 1932, y Hacia la segunda revolución, Madrid, 1935 (luego reeditada, en 1966, con el título Revolución y Contrarrevolución en España). Y junto a ellos, decenas de artículos y editoriales escritos en La Batalla o en Nueva Era con un estilo directo, que no pretendía ser erudito ni repetir las consignas machaconas, sin vida, de la Tercera Internacional, sino conectar con la gente del común, del tajo, del campo, de la calle.

4. Del BOC al POUM y a la larga noche franquista

Aunque participó en todas las campañas electorales, el BOC no logró la elección de ninguno de sus candidatos. En cambio, logró incidir en los sindicatos de obreros y de campesinos en Lleida, Girona y Tarragona. Tal vez el mayor éxito político del BOC y del propio Maurín como su secretario general, fue el impulso en 1933 de la Alianza Obrera, una estrategia unitaria frente al ascenso del fascismo en Italia, en Alemania o en la Austria de Engelbert Dollfuss, a la que se sumó a la Unión General del Trabajo (UGT) y que encontró un eco importante en la revolución asturiana de 1934, con participación incluso de la propia CNT.

Gracias a sus escritos y a sus intervenciones políticas, el prestigio de Maurín fue creciendo en toda España. Hacia aquella época, se reencontró con su viejo amigo, Andreu Nin, que ya había regresado de Rusia. De la fusión de la Izquierda Comunista de Nin y del BOC, precisamente, nació en 1935 el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Un año después de su creación, Maurín fue elegido diputado en el Congreso por Barcelona en la candidatura del Front d’Esquerres (en Catalunya nunca se habló de Frente Popular).

En el Congreso pronunció dos discursos que reflejaban muy bien lo que para Maurín debían ser las prioridades de una coyuntura local e internacional tan dramática. En ellos, Maurín reprochó a los dirigentes republicanos Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga que no hubieran aplicado de inmediato su programa electoral, comenzando por las reformas sociales, para evitar, precisamente, un nuevo ascenso de las derechas. Asimismo, reclamó que esos gobiernos fueran sustituidos por un gobierno obrero presidido por un socialista. De hecho, durante el breve tiempo en que estuvo en la Cortes, Maurín fue uno de los parlamentarios que más insistió en la necesidad de agrupar las fuerzas socialistas y en desbaratar la trama golpista que comenzaba a gestarse.

Lo que Maurín no pudo imaginar es que el alzamiento contra la República lo tomaría por sorpresa, en medio de un viaje que realizó a Galicia el 17 de julio de 1936 para constituir en Santiago de Compostela un núcleo del POUM y desmentir, así, las acusaciones que este recibía por su “provincialismo” catalán. Infructuosamente intentó Maurín atravesar la frontera a Francia. En Panticosa, fue detenido por la Guardia Civil y conducido a Jaca. Durante un año estuvo detenido en la cárcel con nombre falso y sin ser identificado. Al salir, intentó nuevamente pasar a Francia, pero un policía que había estado en Barcelona lo reconoció y lo detuvo.

Maurín permaneció en prisión hasta 1946. Desde allí, tuvo noticias de la desaparición y del probable asesinato de Andreu Nin por orden soviética, así como del encarcelamiento o ejecución de otros compañeros. La ausencia de Maurín al frente del POUM fue un golpe durísimo para sus propios militantes y simpatizantes, que llegaron a darle por muerto en más de una ocasión. Si bien Nin tenía una amplia cultura teórica, Maurín había demostrado, como dirigente político, un mayor sentido práctico para conectar con las prioridades inmediatas de un colectivo plural y habituado a los debates. Al final, él mismo se salvó de ser ejecutado, gracias a las gestiones de su primo Ramón Iglesias, que sería obispo de Urgell, y de la propia Jeanne Souvarine, que explicó la angustiosa batalla por la libertad de su compañero en un libro publicado en 1981 bajo el título Cómo se salvó Joaquín Maurín. Recuerdos y testimonios.

Gracias a un visado concedido a su hermano, Maurín consiguió instalarse en Nueva York con su familia y poner en marcha su propia agencia de prensa para América Latina. En ella colaboraron, entre otros, Luis Araquistáin, Alfonso Reyes, Germán Arciniegas o Salvador de Madariaga. La vida del Maurín del exilio fue de una actividad fabril, constante, pero también de una profunda amargura y de una gran nostalgia. La reacción fascista, centralista y católica que implicaba el franquismo era la otra cara de la derrota categórica de la revolución democrático-socialista a la que Maurín había consagrado su vida. Muchos de sus camaradas y amigos habían sido encarcelados y asesinados, e incluso su hermano Manuel murió enfermo y perseguido en el Hospital General de Catalunya.

A medida que el exilio estadounidense fue calando en su vida, el sindicalista, el líder carismático, el vehemente organizador político de inicios de siglo, fue desplazado por el observador nostálgico, y voluntariamente distante, de una realidad política sobre la que ya no tenía incidencia directa. La agencia literaria que impulsó para poder sobrevivir le permitió saciar su curiosidad como intelectual, como historiador e incluso como novelista frustrado (en sus años de cárcel, pensando en su hijo Mario, Maurín había escrito dos obras de ficción, en parte autobiográficas, para niños: May: rapsodia infantil, ¡Miau!: historia del gatito misceláneo, que se publicaron en 1999). Sin embargo, quien acabó retornando en el exilio fue el contenido y puritano maestro aragonés que había dejado Bonansa siendo casi un adolescente. Algunos viejos poumistas que lo visitaron en el exilio, como Wilebaldo Solano, aseguran que tras los duros años del macartismo, siguió con simpatía la revuelta de la juventud rebelde norteamericana, y que su hondo descreimiento por la descomposición estalinista no impidió su interés por el Mayo francés. Es difícil saberlo. Lo cierto es que hasta el momento de su muerte, consecuencia de una embolia cerebral, en 1973, fue muy pesimista sobre la posibilidad de que el férreo entramado oligárquico que se había generado en torno al franquismo fuera reemplazado por un sistema democrático digno de ese nombre.

A 47 años de su muerte, muchos de los análisis de Maurín sobre la historia española de los siglos XIX y XX exigen matices y correcciones. Pero muchos mantienen también una increíble actualidad. El mundo ha cambiado en aspectos sustanciales, y la propia configuración de las clases populares en las que depositó la posibilidad de ganar cotas mayores de democracia ha experimentado mutaciones significativas. Sin embargo, es imposible no sentir el latido del presente en muchas de sus obsesiones políticas. En sus aceradas críticas a la monarquía borbónica como garante de un proyecto económico oligárquico y básicamente rentista. En su exigencia de un republicanismo audaz, no timorato, capaz de convertir la democratización decidida de la vida política, económica, cultural, territorial en el antídoto más eficaz contra el fascismo. En sus persistentes llamadas a la articulación, dentro de la diversidad, de alianzas entre trabajadores de la ciudad y del campo, de género, plurinacionales, intergeneracionales, capaces de hacer frente a la amenaza perenne de la España que embiste y que hiela el corazón. Todas estas ideas, expresadas con un estilo propio, inconfundible y palpitante, siguen siendo hoy no solo una invitación a pensar críticamente sino una llamada a la acción. Dos elementos que hacen de Joaquín Maurín una de las voces indispensables de un tiempo, el nuestro, cargado de zozobra pero también de esperanza en un mundo nuevo, más libre e igualitario, que incluso en medio de una pandemia feroz, pugna por abrirse paso.

El Azaña que regresa, 80 años después

En el homenaje recién celebrado en el Congreso se retrató a un político reformista y enemigo de la revolución. Costaba reconocer al crítico jacobino de la monarquía borbónica y de las oligarquías que parasitaban a su sombra

Publicado en CTXT

Gerardo Pisarello  4/11/2020

Vilipendiado, calumniado por sus detractores, hay un Manuel Azaña que aún habita el lóbrego exilio del franquismo en Montauban (Francia). Junto a él, existe otro. El que regresa, a veces clandestinamente, todavía maldito, al Madrid que lo supo escritor, ateneísta, orador elocuente, Ministro, presidente del Gobierno y de la República.

Asomó tímidamente con Felipe González. Aznar quiso recuperarlo, con escasa credibilidad, de la mano de Jiménez Losantos y de los recuerdos de su abuelo Manuel, a quien el propio Azaña tenía por fascista confeso. José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer presidente de la democracia en visitar su tumba. Mariano Rajoy citó varias veces sus llamadas a concordia. Y este martes 3 de noviembre el político republicano se hizo presente en el homenaje que le rindió el Congreso de los Diputados, con una mínima presencia a causa de la pandemia: miembros de la Mesa, algún familiar, portavoces de los grupos parlamentarios  y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se notaba en el ambiente el esfuerzo por conseguir que quien regresa sea el Azaña “de todos”. Vox vetó el acto, por considerarlo un ataque indirecto a la monarquía. El Partido Popular lo aceptó a regañadientes, aunque propuso, sin suerte, que se homenajeara también al jefe de la Confederación Española de las Derechas Autónomas (CEDA), Joaquín María Gil Robles (un personaje singular que, aunque evolucionaría con el tiempo, en 1934 admiraba al dictador austríaco Engelbert Dollfuss y multiplicaba sus apariciones con estética y gestos fascistoides: “¡Jefe!, ¡jefe!”)

No obstante, o precisamente por eso, el video protocolario, preparado por los propios servicios de la casa, intentó no levantar ampollas: Azaña y Las Veladas en Benicarló. Azaña y El jardín de los frailes. Azaña orador. Azaña impulsor de la Ley de Defensa de la República (una de las leyes menos ejemplares, en realidad, del primer bienio republicano). Azaña melancólico, en plena guerra, recordando que “todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo” y pidiendo, al borde de la derrota, “paz, piedad, perdón”, algo que nunca llegó.

Sería injusto afirmar que el Azaña que sobrevoló el acto sea totalmente ajeno al Azaña histórico. Pero el reduccionismo y los énfasis eran evidentes

Dos veces, a lo largo del acto, se recordó que Juan Carlos de Borbón, siendo rey, se entrevistó en México con Dolores Rivas Cherif, viuda de Azaña. Y que esta, a sus 84 años, le habría dicho: “Cuánto le hubiera gustado a don Manuel Azaña vivir este día, porque él quería la reconciliación de todos los españoles”.

Sería injusto afirmar que el Azaña que sobrevoló el acto sea totalmente ajeno al Azaña histórico. Pero el reduccionismo y los énfasis eran evidentes. Ni siquiera el busto labrado en piedra por el escultor Evaristo Belloti, cedido por los herederos del que fue su partido, Izquierda Republicana, parecía sentirse interpelado, reconocido, en lo que con tanto tacto, con tanta intención de recrear un consenso ilusorio, se mostró y se escuchó.

Homenaje a Manuel Azaña en el Congreso el pasado 3 de noviembre (Fuente: Congreso de los diputados)

Se habló, buscando no inquietar, de un Azaña reformista, defensor de los cambios evolutivos, tranquilos, y enemigo de la revolución. Sin embargo, costaba reconocer en ese retrato al crítico jacobino, penetrante, de la monarquía borbónica y de las oligarquías que parasitaban a su sombra. O al dirigente realista que, en su breve pero esencial Caciquismo y democracia, iba a la raíz del problema y señalaba que “a los pies del cacique hay siempre un grupo de hombres sin libertad [a los que] no se les redimirá con una simple reforma de la ley electoral”. Ese mismo Azaña era el que, sin ninguna ilusión puramente parlamentarista, reconocía que “el combate serio contra el caciquismo lo sostienen hoy las organizaciones de braceros y de pequeños labradores”, esos “gérmenes de la democracia campesina” que “pugnando por la emancipación económica y el perfeccionamiento social […] destruyen el artificio de las banderías políticas y desenmascaran a los aliados del cacique” ¿Cómo puede, quien así habla, ser presentado, previa anestesia, como un político “de todos”, incluso de aquellos que apuntalan la desigualdad y el privilegio?

Lo mismo puede decirse de la anécdota del abrazo entre Juan Carlos I y la viuda de Azaña, en 1978. ¿Cuál sería su sentido? ¿Presentar a Azaña como alguien que, en nombre de la reconciliación, habría aceptado la impunidad de unos crímenes de Estado que en su crueldad llegaron mucho más lejos de lo que humanamente podía imaginar? ¿Mostrarlo dispuesto a aceptar componendas con quienes niegan, una y otra vez, que la justicia, la verdad y la reparación sean posibles? ¿Reconciliarlo con la propia monarquía, a la que enfrentó sin reservas?

Cualquiera de estos intentos se antojaba endeble ¿Cómo hubiera reaccionado Azaña a la noticia, publicada el mismo día de su homenaje, de que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando los gastos de varias tarjetas opacas de crédito que usaban el propio Juan Carlos de Borbón, la Reina Sofía y varios de sus familiares más directos? ¿No hubiera visto, en ello, una confirmación más de la necesaria contraposición entre la venalidad monárquica y la austeridad y la honestidad republicanas? ¿No hubiera pedido la investigación hasta el final, en el propio Congreso, de esas actuaciones? Difícil no evocar, junto a tantas otras, las opinión que vertió al respecto en Mi rebelión en Barcelona, de 1935: “Cuando un régimen se hunde como se hundió y por lo que se hundió el régimen monárquico en España, que fue por su descrédito moral, tiene que hundirse el anverso y el reverso, porque un régimen es todo un ambiente político, es toda una escuela política en la que se educan los que lo sostienen y los que lo combaten”.

Azaña se fue apagando políticamente y murió, poco después de terminar la guerra, en un modesto hotel francés de provincias

Contenido, austero, casi aséptico, el recuerdo de Azaña se cerró con la interpretación al piano de Suspiros de España, de Antonio Álvarez Alonso, por parte de Samuel Martín, alumno del Conservatorio Superior de Música de Madrid. El pasodoble, compuesto en 1902, con letra añadida en 1938, simbolizó para muchos exiliados la nostalgia y la tristeza del país perdido.

El último Azaña, es verdad, había perdido la ilusión y muchas de sus esperanzas políticas. En 1934, ante la amenaza de un retroceso reaccionario, se sumó decidido al comité revolucionario de Asturias. Pero en 1936, a pesar de la victoria del Frente Popular, no se vio ya en condiciones de afrontar una batalla que exigía ir más allá de la revolución parlamentaria que intentó impulsar en 1931. Tampoco confió en las fuerzas de un pueblo que, abandonado a su suerte por la Tercera República Francesa y por la monarquía parlamentaria británica, asombró al mundo defendiendo, casi en solitario, a su “República de trabajadores” –como decía la Constitución de 1931–, contra las fuerzas sublevadas de Franco, contra los tanques y los buques de guerra de Mussolini, y contra la aviación y la asistencia técnica de Hitler.

Ese pueblo trabajador, que sí había creído en las escuelas, las bibliotecas, la asistencia médica, los tímidos repartos de tierras puestos en pie por la República, conmovió al mundo por su resistencia tenaz durante tres años. Azaña no lo vio, como no vio la naturaleza especialmente cruel del régimen que se avecinaba. Se fue apagando políticamente y murió, poco después de terminar la guerra, en un modesto hotel francés de provincias, solo protegido por la Embajada de la República de México, que, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, fue la única en apoyar a la II República hasta el final.

En la ceremonia del Congreso, compareció, a pesar de su “fondo castícismo de indiferencia estoica”, quien con el buen Sancho terminó repitiéndose: “Tanto me da vivir en un palacio como en una aldea. Todo lo que soy lo llevo conmigo […] desnudo nací, desnudo me hallo; ni pierdo ni gano”. Pero no es ese el único Azaña que pugnaba por volver. Junto al perseguido, al derrotado, se podía sentir, palpitante, al ateneísta fogoso, impenitente, al regeneracionista audaz, al erasmista ilustrado, al insobornable hijo de la Revolución francesa que mucho tiene para decirnos, aún hoy, sobre las grandes tareas republicanas de nuestro tiempo.   

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Entrevista: «El mito de la Transición forjado por las élites se ha desplomado»

El diputado Gerardo Pisarello, de En Comú Podem, alerta de nuevos peligros que amenazan a la democracia tras la radicalización mundial de la derecha.

Por: Alberto Surio

Galde 30, udazkena/2020/otoño.

Gerardo Pisarello (Tucumán, Argentina 1970), es diputado de los Comunes y una de las voces más claras de la izquierda catalana. Fue primer teniente de alcalde de Barcelona y estrecho colaborador de Ada Colau y es hijo de un abogado ‘desaparecido’ y asesinado por la dictadura de Videla. Secretario primero del Congreso en la actualidad, analiza el momento político sin perder la curiosidad por la velocidad de los cambios e inquieto por los nuevos riesgos que amenazan a la democracia.

¿Cree que la causa de la jueza Servini contra Martín Villa tiene recorrido?
GERARDO PISARELLO. Soy de los que creen que la jurisdicción universal y el reconocimiento de que hay delitos como las torturas y las desapariciones forzadas que ofenden a toda la humanidad son una conquista civilizatoria. En América Latina hubo dictaduras terribles en el marco de lo que se conoce como ‘Operación Cóndor’ y, en muchos casos, se aprobaron leyes de impunidad, de punto final, para que esos delitos no pudieran ser juzgados. La única manera de superar las barreras que impedían que se juzgaran aquellos delitos equiparables a los del nazismo o del fascismo fueron la movilización ciudadana o la intervención de jurisdicciones externas. Recuerdo por ejemplo el papel determinante del fiscal Carlos Castresana para que en Argentina se abriera una pequeña grieta que permitiera hacer justicia en casos que estaban bloqueados. Yo mismo soy hijo de un abogado asesinado durante la dictadura y el primer juez que oyó a mi madre fue Baltasar Garzón en Madrid.

¿Confías en la Justicia universal?
G. P. Yo confío en la justicia universal sobre todo cuando en la local hay un bloqueo insuperable como consecuencia de la existencia de un patrón continuado de impunidad. El caso Martín Villa solo se explica por la ley de silencio de los crímenes del franquismo que se impuso durante la Transición. Si en España se hubieran juzgado como es debido los crímenes del franquismo seguramente Martín Villa no tendría la centralidad que tiene.

Hay quienes sostienen que pensar que en la Transición hubo delitos de genocidio es distorsionar la historia… y es no entender que el propio Martín Villa se implicó en el proceso hacia la democratización…
G. P. Es evidente que el genocidio que produjo el franquismo se desplegó a lo largo de 40 años y no de manera más intensa durante la Transición que en otros momentos históricos. Lo que sí hubo en la Transición es un plan deliberado para intentar encubrir ese genocidio, para minimizarlo y para que no se juzgara a sus principales responsables, y en esta segunda cuestión Martín Villa sí que tuvo un papel importante. No solo tuvo responsabilidades directas en la matanza de obreros en Vitoria, en los Sanfermines posteriores, en la condecoración del torturador Billy el Niño, sino que formó parte de esa clase política que decidió que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo no tenían que ser investigados. Desde ese punto de vista su responsabilidad es innegable.

Privilegios económicos

¿Qué te dice que los expresidentes González, Aznar, Zapatero o Rajoy le defiendan?
G. P. Martín Villa, después de la Transición, desempeñó un papel no solo de hacedor de consensos políticos sino de ciertos consensos económicos. Fue un personaje económicamente importante. Fue un importante responsable de Endesa en Chile, en un momento en que esta empresa fue acusada de graves delitos contra las comunidades mapuches con él al frente; formó parte de un modelo económico que se fraguó después de la Transición y que impedía revisar muchos de los privilegios económicos generados durante el franquismo. La política exterior de España en relación con grandes empresas que son privatizadas y que pasan a operar en América Latina funciona en esas coordenadas. Y cuando aparecen expresidentes y exsindicalistas que salen a defender su papel lo que desgraciadamente están defendiendo es un modelo económico en el que de manera directa o indirecta participaron. Diría que defienden más a ese Martín Villa ligado al establishment económico que al que fue gobernador civil o al que tuvo responsabilidades en casos sonados de represión.

Hay una revisión de la Transición en todo caso…
G. P. Ya lo dijo Vázquez Montalbán, la Transición fue sobre todo el fruto de una correlación de debilidades. Muchas de las libertades que tenemos hoy serían impensables sin las luchas del movimiento antifranquista, del movimiento obrero y vecinal durante la Transición. Para ese movimiento antifranquista la amnistía de presas y presos políticos era central; pero obviamente no querían que eso se pagara con el silencio y el olvido respecto de los crímenes de la dictadura.

¿Fue un fraude la Ley de Amnistía?
G. P. La Ley de Amnistía tenía dos caras. Fue un paso importante para evitar que se continuara criminalizando a las víctimas del franquismo pero su otra cara fue evitar que crímenes de lesa humanidad imprescriptibles pudieran ser investigados por la propia Justicia española, que es lo que tendría que haber ocurrido. La historia siempre debe revisarse porque suelen ser los vencedores quienes la escriben, por eso conviene pasar, como decía Walter Benjamin, el cepillo a contrapelo de la historia, para rescatar alternativas que existían en momentos determinados y a las que se les cerró una puerta. Si hoy Martín Villa ha acabado sentado ante una jueza para declarar sobre sus responsabilidades en el tardofranquismo también es gracias a las entidades de memoria, a los colectivos de familiares de víctimas, que sin acompañamiento institucional nunca dejaron de pelear para que haya justicia, verdad y reparación. El mito de la Transición forjado por ciertas élites políticas y económicas se ha desplomado.

Memoria democrática

En este contexto el Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
G. P. Sí, y su aprobación no se entendería toda la gente que en estas décadas no dejó de luchar contra la impunidad, de los familiares de víctimas que no dejaron de buscar a los suyos en las cunetas. Hay que recuperar las historias de esa gente que no se resignó a que se estableciera una ley de punto final con el argumento de que eso permitía asegurar la democracia, porque lo que ocurrió de hecho fue lo contrario: se consiguió una democracia débil, limitada, de baja intensidad.

¿Una ley que llega tarde?
G. P. Para muchas familias sí, pero llega, y ayudará a romper con el silencio impuesto por el franquismo. Las generaciones más jóvenes tienen que saber que el franquismo carga a sus espaldas con el número de desapariciones forzadas más alto del mundo después de Camboya, que en ningún país de Europa existe una fundación Benito Mussolini o Adolfo Hitler, y que aquí sin embargo llevamos tiempo con una Fundación Francisco Franco a la que habrá que cerrar de una vez. Y es importante que esos jóvenes entiendan que el franquismo no fue solo un régimen dirigido a eliminar a los adversarios y disidentes políticos sino también un régimen de expolio económico que permitió concentrar mucho poder económico en pequeñas minorías que después de la Transición, a veces con los mismos apellidos, han seguido manteniendo puestos clave de poder. Yo creo que esta ley, con las enmiendas que hagan falta, puede ayudar a poner luz sobre estas cuestiones. No será el último paso en la lucha contra la impunidad, pero es un paso muy importante.

Después de la Segunda Guerra Mundial, grandes grupos empresarios alemanes que fueron cómplices del nazismo como los Krupp y los Tyssen tuvieron que sentarse en Nüremberg a responder por sus vínculos con el régimen, y más tarde el Estado determinó que muchas empresas que se beneficiaron de la dictadura nazi debían compensar a la ciudadanía. El hecho de que la nueva ley de memoria prevea un censo y una auditoría sobre las condiciones en las que se produjo el expolio franquista, y permita identificar a actores económicos que se beneficiaron de él, ayudará a que se abra ese debate. El problema aquí sigue siendo que Franco murió con la gente movilizada en la calle, pero en la cama. Por eso, a diferencia de Italia o Alemania, donde el fascismo y el nazismo fueron derrotados militarmente, ha costado tanto avanzar. Ahora, de hecho, la extrema derecha negacionista y neofranquista está utilizando mucho dinero para que no se reabra el debate sobre la memoria democrática. Algo que por cierto ocurre también en Argentina, en Chile, y en otros países, donde están utilizando los medios y las redes sociales para intentar difundir un discurso negacionista en el que todos los gatos son pardos y en el que se pretende igualar opciones republicanas, democráticas, con dictaduras sanguinarias que supusieron la aniquilación de sectores amplios de población.

¿En ese contexto cómo ves el papel de Felipe VI?
G. P. Cada vez hay más conciencia de que la Monarquía borbónica no es asimilable a la Monarquía parlamentaria sueca o a la británica, que decapitó a un Rey mucho menos cruel y felón que Fernando VII. Los Borbones, en realidad, han tenido un papel bastante nefasto en la historia española, y su función nunca fue puramente simbólica. Ya desde el siglo XIX, fueron una pieza clave de un régimen político y económico oligárquico, de una forma de hacer negocios básicamente rentista y especuladora, que operaba a través de la concentración de tierras o del negocio financiero inmobiliario. Algo de eso está saliendo a la luz ahora, y vemos que el rey emérito Juan Carlos I, cuyo vínculo con el franquismo se intentó limpiar con el 23F, imitó a muchos de sus antecesores que ya actuaban como comisionistas dentro de un modelo económico rentista. Esto, en medio de una crisis tan grave como la actual, puede resultar especialmente ofensivo. Yo veo a las generaciones más jóvenes cada vez menos dispuestas a aceptar una Monarquía como la borbónica, con privilegios y condiciones de opacidad que no se le reconocerían a ninguna otra institución. No creo que tengamos una República mañana, por arte de magia, pero sí veo cada vez más gente que hasta hace dos días se consideraba juancarlista o monárquica a secas preguntarse por la utilidad social de una institución tan viciada. Y también, tengo que decirlo, veo crecer un republicanismo basado en la necesidad de proteger como ‘res pública’ la educación, la sanidad, la cultura, pero también de erradicar la existencia de instituciones tan obscenamente vinculadas al privilegio como es el caso de la Monarquía borbónica. No se trata de algo totalmente nuevo. Las tradiciones republicanas peninsulares, de hecho, son ricas y plurales. Su reto, como siempre, es coordinarse mejor, mostrar que el republicanismo no es una opción nostálgica, que puede haber un republicanismo del siglo XXI capaz de traer modernidad, mejoras materiales, culturales, para las las mayorías sociales, y que la Monarquía y su Corte son un obstáculo para conseguirlo.

La experiencia de la coalición

Vamos al papel de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición. ¿Realmente ‘sí se puede’?
G. P. Depende del día. Hay días que te levantas y piensas que querrías llegar mucho más lejos en muchas cosas porque la situación de emergencia es tremenda, pero que nos equivocamos, o que no tenemos la fuerza suficiente, o que no acabamos de solidificar la mayoría de la investidura, que es la que con más naturalidad afrontaría los grandes temas sociales, democráticos y territoriales que tenemos sobre la mesa. Hay días que piensas que se podría mucho más si hubiera más movilización democrática en la calle, y eso es muy difícil en el contexto de pandemia, y hay días que sientes simplemente que podríamos hacer más y mejor. Dicho esto, tengo clarísimo que si el PP, Vox, Ciudadanos, el trío de Colón, tuviera más resortes institucionales como en Andalucía o Madrid, el desastre estaría asegurado. La política son correlaciones de fuerzas y de debilidades. Cuando miro al mundo y miro a otros gobiernos progresistas, por ejemplo, en Argentina, México, Portugal, veo que las dificultades son enormes porque lo que llamamos neoliberalismo está perdiendo legitimidad a pasos agigantados pero está en una fase de una violencia enorme. Hoy la gente ya no cree en la cantinela de que las privatizaciones lo resolverían todo, tiene claro que hay que proteger la sanidad pública, la educación pública, pero precisamente porque no puede proteger sus privilegios de siempre con facilidad, el sistema está recurriendo a métodos cada vez más autoritarios.

¿Cuáles?
G. P. Uno de ellos es la radicalización de las derechas, que no dudan en utilizar la guerra judicial, la mentira mediática, la intimidación en las calles o estrategias golpistas, para preservar sus privilegios. Hay medidas que en un contexto de pandemia deberían gozar de un consenso amplio, incluso entre gente conservadora, pero veo a la derecha que tenemos en España más cerca de Bolsonaro o Trump. En mi opinión eso revela una cierta impotencia y debilidad de un sistema económico agotado, senil, pero que se resiste al cambio. Por eso necesitamos alianzas amplias para hacerlo posible. Alianzas que, en nuestro caso, tienen que tener una clara base republicana y y plurinacional.

El debate presupuestario apunta en esa dirección…
G. P. Hay algunos sectores del establishment que desearían que Ciudadanos entre ya en la sala de máquinas del gobierno y que desplace a las demás fuerzas de la investidura, en especial a Unidas Podemos. Pero no me parece una alternativa muy realista, sobre todo porque agravaría la mayor parte de los problemas que tenemos hoy sobre la mesa, desde los sociales hasta los territoriales. La mayoría de la investidura, en cambio, permitiría llegar a acuerdos básicos para modernizar la economía, para reforzar el escudo social, para proteger a la gente trabajadora, para apuntalar lo público, y al mismo tiempo para conseguir una salida razonable a la cuestión catalana, a la cuestión de la España vaciada o al desafío de la plurinacionalidad.

Se trata de surfear contradicciones todos los días…
G. P. En un contexto de emergencia social y económica tan dura toda la clase política está expuesta al desgaste, porque las necesidades son acuciantes y los tiempos de la política son lentos. Ahora bien, también es verdad que hay un intento de ciertos poderes privados de deslegitimar la política para ocultar su papel en la crisis, su tendencia a a vivir de las prebendas del Estado al que critican, de las exenciones fiscales, de unos impuestos bajos y de la precarización del trabajo. Lo importante es que la gente nos vea que no hemos venido a esto para acomodarnos en el confort institucional, que las mayorías sociales sientan que estamos defendiendo sus intereses. El juicio ciudadano en el día a día puede ser duro, pero el desafío es conseguir que la gente sepa que no vamos a dejar de batallar. Y para eso es importante mostrar, en nuestra conducta cotidiana, que no olvidamos quién nos ha puesto aquí. Cuando llegamos al gobierno del ayuntamiento de Barcelona, íbamos colgando carteles en los despachos que nos recordaran que no debíamos olvidarnos quiénes éramos ni de dónde veníamos. Eso sigue vigente. En un contexto como el actual, con una extrema derecha amenazante, estamos en las instituciones con sentido de la responsabilidad, pero con una pequeña nota de dimisión en el bolsillo. Cuando las condiciones hacen imposible impulsar un proyecto de cambio ético-político desde las instituciones representativas, hay que saber marcharse de ellas y continuar defendiéndolo como un ciudadano común desde otros espacios de la sociedad.

¿Cataluña va seguir siendo siendo la piedra angular de la legislatura?
G. P. Sin una cierta salida política para el País Vasco y para Cataluña, España es ingobernable, al menos desde una perspectiva mínimamente progresista. El franquismo intentó hacerlo por la fuerza, de manera despiadada, y no consiguió salirse con la suya. Si la herida catalana no se cierra, la gobernabilidad de España va a ser enormemente complicada. Es una herida política y socioeconómica, y no se puede resolver una sin resolver la otra. Quienes creen que la cuestión catalana se puede resolver con prisiones o jueces se equivoca. Si no se ponen sobre mesa con relativa urgencia algunos conceptos como amnistía, indultos o la reforma del Código Penal para revisar las disparatadas penas por sedición, no va haber una salida estable. Pero junto a eso tiene que cerrarse la herida social y económica que también ha crecido en Cataluña. Y eso exige que Cataluña pueda salir de la gesticulación permanente y contar con un gobierno que gobierne para las necesidades de la gente trabajadora, del entramado productivo innovador, de la pequeña y mediana empresa, de la gente de la ciencia y la cultural. El Gobierno de Junts y ERC se ha mostrado ineficaz para hacerlo, ha primado más la competencia interna que el gobierno cotidiano de la emergencia y la defensa de un proyecto atractivo de país. Para que esa herida socioeconómica se cierre, el papel del Gobierno central es importante, pero también hace falta un Ejecutivo catalán que no viva solo de los gestos, que tenga voluntad de gobierno, que sea ambicioso y realista al mismo tiempo. En mi opinión esto pasa por un cambio de ciclo político en sintonía con el cambio estatal, que sea claramente republicano, progresista, y que tenga en cuenta lo que Lluís Companys y muchos catalanistas entendían bien: Cataluña no puede avanzar en términos sociales, económicos, democráticos, si España no avanza, y España no puede avanzar si Cataluña no lo hace. Hoy necesitamos sinergias republicanas y progresistas entre Cataluña y España, y también entre Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía… ¡o Teruel!

¿La solución política pasa por el autonomismo?
G. P. El autonomismo está agotado, lo liquidó el propio Aznar, impulsando una recentralización enorme, preautonómica, en la que todavía estamos instalados. No se puede superar ese escenario con simples retoques. Hace falta un proyecto alternativo, que para ser viable solo puede ser plurinacional, municipalista, con elementos federales y confederales, solidario y republicano. Sin esa respuesta, no impuesta, sino libremente decidida por los diferentes pueblos y gentes que integran el Estado, no veo una salida limpia.

Pero ese cambio requeriría una reforma constitucional que no es posible sin el concurso de la derecha…
G. P. No veo la reforma constitucional como una alternativa realista. La Constitución española estuvo pensada para que fuera difícil de reformarse en aspectos clave. Pero esto no quiere que haya que la alternativa sea el inmovilismo. Se pueden realizar muchos avances para reconocer la diversidad cultural, lingüística, nacional, a través de leyes ordinarias u orgánicas, sin necesidad de tocar la Constitución. Yo creo que más temprano que tarde se tendrán que abrir nuevos procesos constituyentes, pero no acepto el argumento inmovilista, usado por el PP y a veces por el propio PSOE, de que sin una reforma constitucional no se puede conseguir nada. Incluso los que abogamos por cambios constitucionales de fondo, creemos que la Constitución se puede interpretar. Y la Constitución de Aznar o de Marchena no es la única posible.

¿Hará falta tiempo aún para cerrar la herida catalana?
G. P. Si, porque lo que se vivió en estos 2017 marcará un antes y un después y porque esta herida tiene mucha historia detrás. El Estado español, la Monarquía española, han sido reacios a reconocer la diversidad social, cultural y nacional. Las tradiciones republicanas, con Pi i Margall, con la Primera y la Segunda República, plantearon alternativas complejas pero en el fondo muchos más realistas que el centralismo autoritario. Por ese creo hoy la salida a la cuestión territorial debe fraguarse en el seno de la mayoría de la investidura, que tiene un carácter claramente anticentralista, plurinacional, y con un marcado peso del republicanismo.

También Torra jugó a ser inhabilitado por el Supremo.
G. P. La inhabilitación de tres presidentes de la Generalitat por causas arbitrarias es un dislate y una anomalía democrática. Dicho esto, es innegable que Quim Torra ha llevado la gesticulación a niveles absurdos, que han acabado dañando al autogobierno y a muchas reivindicaciones legítimas de Cataluña. En política, la gesticulación que no va acompañada de una estrategia mínimamente realista genera frustración y desconcierto. Hace tiempo que Torra debía haber convocado elecciones para dar paso a un nuevo gobierno que ayude a cerrar la herida política sin desatender la emergencia social cotidiana. Y si eso no llega pronto también existe el peligro de una regresión autoritaria, de una regresión primoriverista, de un trumpismo ibérico que supondría un retroceso de décadas. Por eso creo que las fuerzas republicanas, democráticas y progresistas tenemos el deber de priorizar ciertos acuerdos básicos por encima de nuestras diferencias.

¿Cuál es la salud de las izquierdas en España?
G. P. Las izquierdas tienen mucho que aprender en el mundo actual. El feminismo, la emergencia ecológica, la revolución digital, las migraciones, le están planteando retos enormes. En los comunes confluimos diversas sensibilidades, desde tradiciones libertarias, municipalistas, a tradiciones enraizadas en el movimiento obrero o en los movimientos sociales. El reto hoy es cómo, sin renunciar a esas tradiciones, conectar con sectores más amplios de la sociedad para hacer frente al problema más grave del momento actual, que es la radicalización clasista, machista, homófoba, racista, de la derecha a nivel global. Esa derecha violenta, como decía antes, está haciendo todo lo posible para que la crisis tremenda que tenemos ante nuestros ojos, no se resuelva con un mínimo de justicia social. Y eso nos coloca ante una encrucijada civilizatoria. O vamos a más democracia política, económica, hacia más justicia ecológica, de género, o nos podemos hundir en una barbarie que en parte ya está aquí, y que está poniendo en riesgo la vida del planeta y de nuestros hijos.

Te quedarías con ganas de un debate de todo esto con Cayetana Álvarez de Toledo …
G. P. No sé si un debate, pero reconozco que el personaje me interesa. Obviamente estamos en las antípodas en términos políticos, pero es un ejemplo llamativo de una forma de ser de derechas que no tiene fácil acomodo en la política española. Cuando escucho a Cayetana veo más a esas figuras altaneras de la derecha reaccionaria francesa del siglo XIX que a alguien que pueda entenderse con el PP de Teodoro García Egea, con Vox o con el arribismo de Ciudadanos. Me la imagino condenada a una incomodidad permanente en ese espacio

Ley de Memoria Democrática: justicia y reparación.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un paso importante para acabar con el silencio impuesto durante los 40 años de franquismo y terminar con una impunidad intolerable.

Seguramente llega tarde, pero llega, y lo hace gracias a la persistencia de las entidades de memoria y en un momento de retrocesos democráticos, con demasiados voceros, también desde las instituciones democráticas y con potentes altavoces en los medios, intentando blanquear el franquismo y sus crímenes.

Una Ley que debe servir para reparar con la memoria a las víctimas y acompañar a sus familias, que llevan años buscando a sus desaparecidos en cunetas, prácticamente, sin ayuda.

Una Ley que permita retirar medallas y reconocimientos a torturadores y a los que han cometido delitos de lesa humanidad, para acabar con auténticas ignominias como la Fundación Francisco Franco.

Una Ley de memoria que anule sentencias que fueron farsas jurídicas, como las sufridas por Lluís Companys, Alexandre Bóveda, las Trece Rosas, Blas Infante, a miles de campesinas, trabajadores, poetas, maestras, artistas, académicos, que fueron condenados y asesinados de manera sumaria.

En nuestras consciencias y con la certeza que todavía falta mucho para remover una impunidad de décadas, hoy celebramos lo conseguido, algo que sería impensable sin aquellos y aquellas que nunca bajaron los brazos.