Congreso – Gerardo Pisarello

Los vítores trumpistas de PP y Vox

El embate trumpista perpetrado el jueves en el Congreso no será conjurado con la geometría variable. Exige una recomposición decidida de la mayoría de investidura

Por Gerardo Pisarello Publicado en Diario.es 7/02/2022

Para que la anormalidad sea perfecta, el Letrado Mayor del Congreso transmite a la Presidenta de la Cámara un recuento votos que no se corresponde con el del marcador electrónico. Meritxell Batet lee lo que le pasan y proclama que el Decreto Ley de la Reforma Laboral queda derogado. Se produce un segundo de silencio que corta el aire. Un segundo. Entonces llega el estruendo.

Desde los escaños de Vox y del PP se alza un rugido de júbilo. Abrazos, vítores. Ruido y furia. Algunos sorprendidos. Otros no. Porque sabían que podía pasar. Que si los dos diputados de la derecha navarra rompían la farsa y se pasaban a su bando natural, la operación estaba hecha. De ahí los vítores.

Luego vendría el espectáculo esperpéntico. El error Casero. No el primero en su haber. Pero sí el que estropea el plan perfecto. El voto torpe que confunde los botones y tuerce el resultado que UPN y el PP creían amañando. El voto de la justicia poética, también. El que compensa la maniobra infame, ilegal, que privó de su escaño a Alberto Rodríguez.

Tras los rabiosos vítores iniciales llega la rabia a secas. Es la rabia matonesca de Teodoro García Egea, que ensaya su momento trumpista increpando a Batet en la puerta del hemiciclo. Es el rostro transfigurado e iracundo de Macarena Olona que se siente en el Capitolio. Esos vítores, esa rabia que muestran los dientes, expresa algo peligroso que degrada y amenaza la democracia. Porque es la rabia de quienes no están dispuestos a ceder lo más mínimo de sus privilegios. La de la patronal de las macrogranjas, la que asaltó Lorca por las mismas razones por las que siempre odió la reforma. La de la patronal de la hostelería, que querría a las camareras de piso en estado de semi esclavitud indefinido. La de la patronal de las plataformas, que querría tener a mano a legiones de jornaleros digitales en bicicleta, expuestos a la muerte en cada esquina, corriendo y dejándose la vida para que un reparto llegue a tiempo en cualquier rincón de la ciudad.

Esa gente que quiso linchar a Garamendi por consentir subidas de salarios, por apoyar indultos, por acordar ERTES. Por no ser una correa de transmisión del PP, como sus antecesores. Esa gente odia todo lo que el Ministerio de Yolanda Díaz ha hecho desde que está en el Gobierno. Enviar inspecciones al campo, para desenmascarar esas relaciones de explotación. Limitar drásticamente las causas del despido, esa expresión brutal de la violencia del poder privado. Aprobar una Ley de Riders. Sumar a los sindicatos mayoritarios y a una parte de la patronal para convertir en indefinidos contratos indecentemente temporales, para que los convenios laborales incrementen salarios y no los constriñan. Para proteger mejor las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de la bahía de Cádiz. Para desactivar no solo aspectos clave de la Reforma de Rajoy. Para desandar, por vez primera en cuarenta años, una filosofía precarizadora que se remonta a la reforma felipista de 1984.

La derecha trumpista que estalló el jueves en el Congreso odia este programa reformista porque sabe que se ha conseguido en un contexto durísimo para la gente trabajadora. Contra la presión de los sectores más neoliberales de la Comisión Europea. Contra las reticencias los sectores centristas del propio Gobierno. Con la movilización social y sindical prácticamente suspendida a causa de una pandemia que ha sido un puñetazo al estómago en términos vitales, psicológicos.

Hay quien pensaba, ciertamente, que aun así se podía llegar más lejos. Lo expresó con honradez Oskar Matute, de EH Bildu. Reconoció que había avances pero que eran insuficientes. Desde posiciones más moderadas, pero igualmente sinceras, Aitor Esteban, del PNV, argumentó que el contenido no le desagradaba, pero que se podría haber negociado mejor desde un comienzo.

Teniendo en cuenta el singular ecosistema sindical vasco (igual que el gallego), es difícil no respetar estas críticas, sin duda más sólidas que el “nos dan una bicicleta en lugar de una moto”. Lo que cuesta entender, viendo la exultante reacción del PP y Vox, es que la única expresión de esta crítica legítima fuera un voto negativo. Un voto que en la práctica suponía blindar -quien sabe por cuánto tiempo- la Reforma de Rajoy. Con un discurso semejante al de Matute, aunque otorgando más valor a los concretos avances conseguidos, Compromís y Más País justificaron su apoyo crítico a la reforma.

Sea como fuere, el nuevo marco reformista se ha abierto camino. Quedará consolidado en el BOE en un momento áspero, bronco, que las derechas exaltadas querrían aprovechar para un nuevo asalto destituyente.

Ahora viene la lucha por el derecho y por los derechos. En las empresas, a través de la inspección de trabajo, en los tribunales. Conseguir que lo acordado pase del papel a la práctica. Y que la agenda de cambios no se detenga aquí. Que se siga batallando por mejorar los salarios, por reforzar el contenido garantista del Estatuto de los Trabajadores. Porque es mucho lo que queda por hacer y porque la agresión acometida contra las gentes trabajadoras por el despiadado capitalismo de nuestro tiempo sigue siendo feroz.

Todo esto exige reflexionar con calma sobre el significado de los vítores coléricos del PP y de Vox. Sobre la calculada operación de compra de voluntades perpetrada poco antes. El embate trumpista perpetrado el jueves en el Congreso no será conjurado con la geometría variable. Exige una recomposición decidida de la mayoría de investidura. Una recomposición que parta de una reflexión conjunta, sin autoengaños, de los fallos cometidos por todos. Y exige que la sociedad hable. Que se organice comunitaria y sindicalmente para que lo ganado en el BOE engendre realidades irreversibles. Eso supone asumir que no hay conquista democrática que no suponga conflictos, acuerdos, nuevos conflictos y nuevos acuerdos. No hay más. Solo desde ahí es posible desactivar el ascenso reaccionario de los herederos de Arturo Ui que, a diferencia de la obra de Brecht, no tiene por qué ser imparable.

Defender la dignidad del Congreso: ¿qué menos?

La injusticia perpetrada contra Alberto Rodríguez es un avasallamiento consentido de la autonomía parlamentaria que no puede quedar sin contestación

Gerardo Pisarello / Javier Sánchez Serna 30/10/2021

En CTXT

Mucho se ha escrito y mucho se ha dicho al respecto. Pero cuando se es testigo directo de un atropello es difícil callar. Contemplada desde la propia Mesa del Congreso, la injusticia perpetrada esta semana contra Alberto Rodríguez aparece sin duda como un doble agravio. Como un golpe artero a la inocencia de un diputado canario, obrero industrial de profesión, condenado sin base probatoria jurídicamente admisible. Pero también como un avasallamiento consentido de la autonomía del Congreso que por elementales razones de dignidad no puede quedar sin contestación.

1. El origen del entuerto: un diputado de origen popular condenado sin pruebas.

Que la condena a Alberto Rodríguez es un despropósito es algo que juristas y comentaristas de todas las sensibilidades han reconocido de manera llamativa. Los hechos, como es ya conocido, se remiten a una protesta que tuvo lugar hace ocho años, durante una visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Partido Popular, José Ignacio Wert. Alberto Rodríguez, que no militaba aún en Podemos pero que era ya un activista comprometido en numerosas causas sociales en su tierra, fue acusado de propinar una supuesta patada a la rodilla de un policía durante la protesta contra la Ley de Educación del Partido Popular. Desde aquel lejano 2014 hasta el día de hoy, la coincidencia en que, salvo la declaración del agente implicado, no existe testimonio, imagen o registro alguno que avalen aquella acusación, es amplísima. Lo han dicho juristas de sensibilidades diversas. Lo sostuvieron en un voto particular dos magistrados del Tribunal Supremo que se pronunciaron al respecto. Y en cierto modo lo admitió la mayoría de la Sala, que no se atrevió a sancionarlo más que con 45 días de prisión. Una pena tan leve que el propio Código Penal obliga a sustituirla por una simple multa.

2. La mano ejecutora: un juez arrogante ya reprendido por su arbitrariedad.

A pesar de todo eso, el presidente de la Sala del Supremo, Manuel Marchena, se empleó a fondo para conseguir una mutación de todo punto arbitraria: que un reproche penal mínimo, que una mínima pena de multa, se convirtieran en castigo máximo, llegando a privar a Alberto Rodríguez de su escaño en el Congreso. El objetivo, obviamente, era lanzar una advertencia a navegantes: cualquier ejercicio del derecho a la protesta puede convertirse, en el futuro, en causa de expulsión de la vida política institucional.

Marchena fue dejando claro cuál era su plan: exigir que su decisión se cumpliera, una y otra vez, pero sin explicitarla nunca por escrito

No era la primera vez que Marchena lo intentaba. Ya en 2008, el juez con cuya designación el Partido Popular pretendía “controlar por detrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, instó a la condena por desobediencia y la inhabilitación del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa. En aquella ocasión, la decisión acabó en el Tribunal de Estrasburgo, que entendió que el Supremo había vulnerado el derecho a un debido proceso. Más tarde, Marchena ensayó una operación similar con los diputados independentistas que se encontraban en prisión. Esta vez, temeroso de que una nueva decisión similar lo expusiera abiertamente a la prevaricación, no se atrevió a consignar por escrito su voluntad de dejar sin escaño al diputado nacido en el barrio obrero de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Escogió otra vía más sibilina: presionar al Congreso para que asumiera la operación y, degradando su propia autonomía, se convirtiera en cómplice último de la misma.

Y así ocurrió. En cada uno de sus oficios de “aclaración” del sentido de la sentencia, Marchena fue dejando claro cuál era su plan: exigir que su decisión se cumpliera, una y otra vez, pero sin explicitarla nunca por escrito, forzando a sus destinatarios en el Parlamento a leer en su mente lo que la propia literalidad de la sentencia no expresaba. Para consumar su propósito, contó con la complicidad activa del PP y de Vox. Y también, por desgracia, de una presidenta de la Mesa del Congreso que prontamente dimitió en su defensa de la dignidad institucional de la Cámara.https://90b8b01292fa5fb20041a8e5d0e171d8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

3. La colaboración necesaria: una Presidencia de la Cámara que consintió el desafuero.

Apenas conocida la sentencia, el PP y Vox salieron a defender abiertamente que la única ejecución posible de la misma consistía en privar a Alberto Rodríguez de su escaño. Y no solo eso: en las propias sesiones de la Mesa, el representante de Vox no dudó en recurrir al lenguaje de la amenaza, y en más de una ocasión recordó a la Presidenta que no secundar la lectura más severa de la sentencia la exponía a acabar condenada por desobediencia.

Como es sabido, los Letrados de la Cámara salieron a cerrar el paso a dicha pretensión con un informe inapelable. En él se sostenía no había ni una sola línea de la sentencia que contemplara de manera “clara y expresa” el cese de Alberto Rodríguez en el cargo, por lo que esa interpretación debía descartarse. Al pronunciarse sobre ese Informe, la Mesa, como órgano colegiado, hizo además algo muy importante: se atribuyó la competencia para decidir cómo había que llevar a efecto la sentencia.

Con el Informe de los Letrados y el apoyo de la mayoría de la Mesa, incluidos los diputados del PSOE, Meritxell Batet podría haber hecho frente a las pretensiones de Marchena

Con el Informe de los Letrados y el apoyo de la mayoría de la Mesa, incluidos los diputados del PSOE, Meritxell Batet podría haber hecho frente a las pretensiones de Marchena. Para ello, bastaba con recordarle que la pena principal impuesta a Alberto Rodríguez ya se había satisfecho con el pago de la multa a la que se le condenó y que la inhabilitación especial para el sufragio pasivo solo podía operar pro futuro, impidiéndole concurrir a elecciones durante 45 días. No quiso o no se atrevió a hacerlo. Pero lo más grave es que dio un paso más allá, y cediendo a las intenciones reales, aunque nunca puestas por escrito por el presidente del Supremo, pidió directamente a la Junta Electoral Central que sustituyera al diputado canario.

Con esta decisión unilateral, adoptada sin dar audiencia a la Mesa y sin ningún nuevo informe jurídico que la avalara, la presidenta de la Cámara no solo vulneró los derechos políticos de Alberto Rodríguez y de los miles de canarios y canarias que lo eligieron como su voz en Madrid. Consintió que se avasallara la autonomía del Congreso y escribió uno de los episodios más infaustos de la historia del parlamentarismo español.

4. Un imperativo democrático de mínimos: recuperar la dignidad del Congreso.

La condena y la expulsión del Congreso de Alberto Rodríguez, diputado de clase trabajadora, coinciden con dos hechos que dicen mucho del tiempo en que vivimos. Uno, la emergencia pública de delitos millonarios de evasión y blanqueo de capitales atribuidos a Juan Carlos I, todavía hoy impunes. Otro, la constatación judicial de que el partido que escogió a Marchena “para controlar por detrás la Sala Segunda del Supremo”, contaba con una caja B con la que se financiaba ilegalmente, trucando el juego democrático. A la asimetría entre cada uno de estos hechos le corresponde una asimetría en la actitud frente a los mismos. Cuando estas líneas vean la luz, el monarca Borbón con el que Franco dejó “todo atado y bien atado” proseguirá impertérrito su exilio de lujo en Abu Dhabi. También la cooptación del Poder Judicial pergeñada por el PP para que su propia corrupción quede impune continuará blindada. Mientras tanto, Alberto Rodríguez se reincorporará a su puesto de obrero industrial. Y lo hará, como él mismo ha dicho, sin renunciar a revertir la cadena de tropelías e injusticias cometidas en su contra.

Esa actitud de resistencia frente al abuso, esa voluntad de seguir en pie a pesar de las ventajas concedidas a los poderosos de turno, no admiten mirar hacia otro lado. Hace siglos, en 1512, un diputado llamado Richard Strode quiso presentar una iniciativa legislativa en el parlamento inglés para mejorar las condiciones laborales de los mineros del estaño. Ya entonces, sus adversarios utilizaron un tribunal para apresar a Strode e impedirle asistir al Parlamento. Pero el Parlamento reaccionó, hizo valer su autonomía y ordenó su inmediata liberación. Ese pulso marcó un hito y sentó las bases de la inmunidad parlamentaria como garantía de libertad política frente a esas operaciones de guerra judicial que hoy se conocen como lawfare.

La presidencia del Congreso no ha estado a la altura de la mejor tradición garantista parlamentaria ni ha hecho respetar la división de poderes. Y su propio partido debería habérselo recordado. Por eso, por Alberto Rodríguez y por todos los Richard Strode que en el futuro podrían ser víctimas de una justicia persecutoria y arbitraria, el oficio enviado por Meritxell Batet a la Junta Electoral Central debe quedar sin efecto. Por eso, y para que la autonomía del Congreso no se vea irreparablemente atropellada, debe ser la propia Cámara quien tenga la última palabra. Hay que pelearlo. Aunque más no sea para que la autonomía parlamentaria pueda ser de forma creíble otro de los nombres de la libertad en nuestros tiempos.

Entrevista en Clarín

“La monarquía borbónica ha contado con una super protección penal”
Gerardo Pisarello

Por Marina Artusa. Clarín.com (Aquí)

“Lo que puede poner en riesgo la estabilidad del gobierno de España y la propia calidad de la democracia es que los políticos elegidos por la ciudadanía aparezcan como cómplices de la situación de privilegio de la monarquía que es cuestionada por la mayoría de los ciudadanos.”

Lo dice Gerardo Pisarello, el tucumano que hoy es diputado y secretario de la Mesa del Congreso español y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores.

El argentino, jurista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, reflexiona sobre las diferencias entre los socios del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ante las investigaciones sobre supuestos manejos fraudulentos de dinero del rey emérito Juan Carlos de Borbón y su inquietante cambio de domicilio fuera de España.

El lunes 3 de agosto la Casa Real hizo pública una carta de Juan Carlos al rey Felipe VI, en el trono desde hace seis años cuando su padre abdicó, en la que le informaba que pensaba abandonar España. Sin revelar cuál sería la sede de su destierro, se especuló toda la semana sobre posibles moradas para el rey emérito. Ni la Casa Real ni el gobierno revelaron dónde estaba hasta que circuló una foto de Juan Carlos con barbijo y bajando de un avión privado en un aeropuerto de Abu Dhabi.

Hijo de Angel Pisarello, un abogado defensor de presos políticos que fue secuestrado y asesinado en el ’76, y nieto de republicanos andaluces que emigraron a Argentina, Pisarello lleva más de dos décadas en España, donde se doctoró en Derecho y, apañado por el ala catalana del partido de Pablo Iglesias, fue vicealcalde de Barcelona entre 2015 y 2019.

“Como hijo de desaparecido, no puedo olvidar que Juan Carlos I fue el primer jefe de Estado en visitar la dictadura de Videla en Argentina y la de Pinochet en Chile -dice Pisarello a Clarín-. Desde 1978 demostró que los objetivos comerciales y económicos tenían prioridad sobre cualquier otra consideración en materia de respeto por los derechos humanos.”

El jurista Gerardo Pisarello, nacido en la Argentina y ahora diputado en el Congreso de España. /EFE

Respecto de la Corona española, el argentino es tajante: “La Constitución española dice que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria y la monarquía restaurada después de 1978, en la práctica, no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”, dice Pisarello.

-¿Por qué?

-Porque no ha estado sometida al principio democrático, a principios elementales de transparencia y se le han ido reconociendo privilegios que han ido corrompiendo la propia institución. La monarquía borbónica ha contado con una súper protección penal que ha impedido que sea objeto de suficiente escrutinio público.

La de España “no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”.

-¿Cómo se llegó a eso?

-Se han censurado libros, periodistas, hay gente que ha terminado en la prisión por escribir canciones o artículos referidos a la monarquía y eso ha impedido que exista un control público y social suficiente sobre el rey. Por eso hizo falta un procedimiento en el extranjero, en Suiza, y que sea la prensa internacional la que denunciara algo que en España, a pesar de que era conocido, era imposible denunciar.

-Según el presidente Pedro Sánchez, la monarquía no está siendo cuestionada porque “se juzgan personas y no instituciones”. Para usted, si se comprobaran las presunciones, ¿estaríamos ante la corrupción de una persona o de la Corona?

-«y eso no sólo afecta a Juan Carlos. La gran pregunta es si el propio Felipe VI tenía conocimiento o estaba implicado en todo ese tipo de actuaciones. Hoy no lo sabemos. Se están conociendo actuaciones presuntamente delictivas de Juan Carlos y muchas tienen su origen en 2008. Felipe VI tenía 40 años. No era un niño que correteaba por el Palacio de la Zarzuela sin saber lo que ocurría. El principio de inviolabilidad del rey se utiliza en realidad como una carta blanca para delinquir incluso a través de actos privados en los que el rey no está cumpliendo ningún tipo de función pública.

“No es sólo la corrupción de Juan Carlos sino de toda una institución rodeada de privilegios y opacidad”.

-Si cometió delitos, ¿el rey emérito debería poder ser juzgado?

-Creo que el rey no sólo debe poder ser juzgado en los tribunales sino que debe poder ser investigado por las Cortes Generales. Me parece fundamental. Si es una monarquía parlamentaria, quiere decir que la monarquía es un elemento puramente simbólico y que el peso de la vida política debe estar en la sede principal de la soberana popular que es el Congreso. Si eso es así, que es lo que dice la Constitución, el rey emérito debería poder ser investigado por el Congreso. Y el rey actual, su hijo, Felipe VI, debería poder explicar en el Congreso todo lo que sabe sobre su padre.

-Desde lo penal, ¿se podría procesar a Juan Carlos a partir de 2014 es que cuándo deja de ser rey y pierde la inviolabilidad?

-La figura de la inviolabilidad penal tiene como objetivo garantizar la independencia de la institución. Los parlamentarios somos inviolables por declaraciones que hacemos en la Cámara para proteger nuestra libertad de expresión e ideológica. Si cualquier diputado cometiera un acto de corrupción, podría ser juzgado. Lo que hace presumir que, en el caso de la monarquía, el principio de inviolabilidad que figura en la Constitución funciona de manera similar. Es imposible pensar que la inviolabilidad sirve para cubrir delitos del rey en los que no cumple ninguna función institucional. Después de la abdicación, está clarísimo que eso no es más así. El debate es antes…

-¿Cuál es su postura?

-Cada vez hay más juristas que están diciendo que antes del 2014 el rey sólo es inviolable por actos que ejercía en funciones de rey, cumpliendo funciones instituciones, pero no por aquellos actos privados. Si al rey se le presenta un demanda de paternidad, por ejemplo, se le podría plantear. Si se le presenta una demanda por delitos que no tengan que ver con su actuación pública tiene que poder ser juzgado. Esa es mi posición. Por eso digo que hay una anomalía.

-¿Qué desafío presenta el debate sobre la monarquía para el gobierno de coalición, donde el PSOE se muestra más negociador y Podemos ve la oportunidad para plantear qué hacer con la Corona?

-Creo que después de la Transición en España hubo mucha gente republicana vinculada al Partido Socialista que aceptó la monarquía en la vida política porque consideraba que era el precio a pagar por la paz social y porque pensaba que el rey iba a cumplir un papel ejemplar y simbólico. Y creo que esa generación hoy se siente traicionada. El PSOE en este momento lo que está intentado plantear es que las investigaciones sobre Juan Carlos I han de producirse en el ámbito judicial y no en el propio Congreso. Para nosotros es un error. Y luego está intentando separar la figura de Juan Carlos de la de Felipe VI, pero yo creo que es un objetivo que difícilmente pueda prosperar. Aquí es donde el PSOE no está siendo, a mi juicio, lo suficientemente valiente y se equivoca.

-¿Este tema afecta la credibilidad del gobierno?

-El gobierno de coalición que existe ahora es importante para que en un momento de crisis haya una respuesta que permita proteger a la familia trabajadora, a las pequeñas y medianas empresas. Ese es el objetivo de un gobierno progresista, pero para que esos objetivos sociales sean posibles, no podemos lanzar a la ciudadanía un mensaje de que en cambio, mientras las ciudadanos de a pie tienen que pagar sus impuestos, hay una institución que es la monarquía que está blindada frente a eso y ni siquiera se la puede investigar cuando hay acusaciones tan grandes. Me parece que éste es un reto compartido con el Partido Socialista.

-¿Qué costo político puede tener este debate? ¿Puede poner en riesgo la Legislatura actual?

-Lo que genera más inestabilidad es pretender barrer debajo de la alfombra unas actuaciones por parte del rey emérito que tratándose en otras monarquías parlamentarias o en otros jefes de Estado serían absolutamente intolerables.

-¿Un referéndum sería el próximo paso?

-El problema de la monarquía es que es una institución sin legitimidad de origen. No ha sido votada, es hereditaria y tiene que construir su legitimidad. Normalmente la construyen con la ejemplaridad pública. Cuando no hay ejemplaridad, la crisis de legitimidad vuelve abrirse y, en un sistema democrático, debería resolverse a través de un referéndum.

-¿Qué sucederá con las investigaciones?

-No tengo muchas esperanzas respecto de la actuación del Tribunal Supremo. Tengo dudas de que vaya a hacer valer la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, incluso el ciudadano Juan Carlos de Borbón. Si las Cortes Generales no pueden investigar, estaríamos ante un intento fraudulento de desconocer la Constitución que establece la subordinación del principio monárquico al principio democrático.

-Hubo sin embargo intentos de crear comisiones en el Parlamento y no prosperaron…

-Diferentes fuerza políticas republicanas presentamos peticiones de investigación que hasta el momento fueron denegadas por la propia mesa del Congreso con argumentos jurídicamente poco fundados. Ahora mismo presentamos un recurso contra la denegación para que se abra una comisión de investigación sobre algo tan sencillo como las relaciones comerciales y diplomáticos que existían entre Arabia Saudita y el Reino de España.