Y tras el acuerdo europeo, ¿qué?

Por Gerardo Pisarello

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La noticia de la entrada en recesión de la economía española, tras una caída del PIB que ha superado los peores pronósticos –un 18,5% en el último trimestre–, exige moderar el optimismo en torno al Acuerdo europeo del pasado 21 de julio. No se trata de desconocer los logros negociadores de países como Italia o España, que tuvieron que lidiar con unas instituciones comunitarias no concebidas para asumir políticas anticíclicas y con el boicot cerril de sus propias derechas vernáculas. Pero sí de asumir que, con los datos de la recesión en la mano, el monto de las ayudas, el marco presupuestario pactado en Europa y la fiscalidad acordada para sufragarlo, se está muy lejos de las necesidades que la crisis en ciernes plantea. Afrontar sin autoengaños esta realidad es una condición imprescindible para impulsar una agenda de reformas que no cargue el colapso económico sobre quienes lo han perdido casi todo. Y también será clave si se pretende desactivar el discurso de odio xenófobo, machista y de clase que las derechas radicalizadas llevan alimentando hace tiempo. 

1. La fuerza (limitada) del Sur de Europa 

Si se comparan las políticas con que se está afrontando la crisis resultante de la pandemia y las que se impusieron tras el crack financiero de 2008, hay algunas diferencias que saltan a la vista. La primera, la que va de la soledad de los gobiernos del Sur de Europa a la hora de negociar alternativas a las políticas de recortes en 2011, o 2015, a la mayor firmeza y coordinación que han demostrado ahora. 

En buena medida, fue la debilidad interna de los gobiernos y la falta de alianzas externas las que facilitaron a la UE, bajo el liderazgo de Angela Merkel, imponer una serie de políticas de ajuste. Ocurrió en España con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a quien le costarían la presidencia y  la infausta reforma del artículo 135 de la Constitución que sacrificaba derechos y objetivos sociales al pago de la deuda a los grandes acreedores. Lo mismo sucedería poco después, cuando la propia Comisión Europea, con el concurso del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, infligieron drásticos recortes en Portugal y en Grecia. De hecho, el Gobierno de Syriza, liderado por Alexis Tspiras, acabó cayendo por eso, a pesar del histórico referéndum de julio del 2015 en el que un 61,31% de los votantes griegos se pronunció contra los recortes.

Fue la debilidad interna de los gobiernos y la falta de alianzas externas las que facilitaron a la UE, bajo el liderazgo de Merkel, imponer una serie de políticas de ajuste 

Hoy las cosas parecen diferentes. Las políticas de recortes aplicadas en la última década agudizaron el deterioro industrial y de los servicios públicos de los países del Sur (el drástico impacto de la covid-19 en países como España e Italia, de hecho, no puede deslindarse de las políticas de desindustrialización y de recortes en el sistema sanitario experimentados en los últimos años). Pero al mismo tiempo, sin embargo, también generaron protestas y movilizaciones inéditas contra esas políticas de austeridad: huelgas, mareas ciudadanas, movimientos como el 15-M o los vinculados a la Geraçao à Rasca, en Portugal. 

Tanto el deterioro objetivo de la economía, generado por las políticas neoliberales, como las movilizaciones contra la austeridad y los recortes son fundamentales para entender la caída de gobiernos de derechas como los del Partido Popular o el liderado por la Lega de Salvini en Italia y su reemplazo por gobiernos progresistas de diferente tipo. Asimismo, también son básicos para entender la puesta en marcha por parte de estos últimos de escudos sociales que, al menos temporalmente, han permitido proteger a sectores medios y populares que de otro modo habrían quedado expuestos a la más absoluta intemperie. 

Esta irrupción de una Europa del Sur, marcada por una década de movilizaciones contra la austeridad, permitió poner sobre la mesa de negociaciones temas inéditos. Así, por ejemplo, la necesidad de implementar fórmulas de endeudamiento europeo compartido que permitieran repartir los costes de la crisis. O la puesta en marcha de transferencias directas, a fondo perdido, para los países más afectados por la pandemia. O la necesidad de un salto en materia de fiscalidad europea que incluyera gravámenes a las grandes fortunas o a las multinacionales digitales y que permitiera unos presupuestos comunes que vayan más allá de un magro 1% del PIB (en los Estados Unidos, el presupuesto federal llega al 20% del PIB aproximadamente).

A diferencia de lo que ocurrió en 2008, estas exigencias, planteadas de manera nítida por los gobiernos de España, Italia y Portugal, fueron permeando la posición del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea e incluso de gobiernos como los de Francia o Alemania. Personajes como la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, o la propia Angela Merkel, inclementes en la imposición de políticas de recortes a los países del Sur tras la crisis de 2008, se mostraron públicamente como “capitalistas con rostro amable”, más receptivas a las exigencias de salidas comunes, o si se prefiere, como “capitalistas realistas”, conscientes de que un hundimiento de las economías del Sur pondría en peligro la supervivencia misma del mercado común. 

Todo ello, sumado al carácter global de la pandemia, fue generando las condiciones para una respuesta diferente a la de la crisis de 2008. Sin embargo, diferentes elementos han conspirado a la hora de su materialización. Por una parte, el veto feroz, incluso violento, de unas derechas crecientemente radicalizadas, que con el aval de la Administración Trump, convirtieron en casus bellis cualquier respuesta que supusiera una salida a la crisis con un mínimo de justicia social y ecológica. Por otro la propia existencia, dentro de las coaliciones progresistas, de sectores conservadores, a veces más papistas que los papas o las papisas de Bruselas en su ortodoxia fiscal. Todo esto ha hecho que el resultado final deje un regusto agridulce. Con algunas luces, pero con bastantes sombras, también. Sobre todo si se coteja, una vez más, con la envergadura del desplome económico y de la emergencia social que se avecinan y que se suman a años de recortes y de desinversión en servicios públicos básicos.  

2. Un momento hamiltoniano descafeinado   

En diversos círculos, el acuerdo alcanzado se describió como el producto de un “momento hamiltoniano”. La referencia, como es sabido, alude al programa federalista propuesto en 1790 por Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de George Washington, como vía para asumir la reconstrucción económica de los Estados Unidos una vez acabada la Guerra de independencia. Hamilton, representante de las oligarquías financieras e industriales de los estados del norte, sintetizó en su Informe sobre los fondos públicos las medidas que el gobierno federal debía adoptar para afrontar la crisis económica de posguerra. De entrada, la creación de una autoridad monetaria centralizada que asumiera las deudas de todos los estados federados. Segundo, la emisión, por parte de dicha autoridad de bonos canjeables por deuda. Tercero, la financiación de la misma a través de una fiscalidad federal, que Hamilton acabó concretando en un impuesto sobre el consumo de whisky. 

Uno de los opositores más notables de Hamilton fue Thomas Jefferson. Figura clave en la redacción de la Declaración de Independencia de 1776, Jefferson veía en Hamilton a un claro representante de la plutocracia del Norte. De su federalismo, entendido como proceso de superación de la confederación, y por tanto, de centralización de poder, le preocupaba, primero, que anulara el autogobierno local y colocara las economías de los estados bajo la soberanía de una única autoridad central. Dos, que el gobierno central utilizara su capacidad de endeudamiento en favor de grandes especuladores, otorgándoles demasiada influencia sobre la Federación. Tres, que la emisión de deuda común se financiara a través de impuestos que recayeran sobre los pobres y no sobre los ricos, sobre el sur antes que sobre el norte y sobre los agricultores empobrecidos antes que sobre los grandes especuladores.

Los recortes aplicados en la última década agudizaron el deterioro industrial y de los servicios públicos de los países del Sur, pero también generaron movilizaciones inéditas

Pues bien, si se atiende al resultado final del acuerdo europeo, lo que tenemos es una suerte de momento hamiltoniano, sí, pero descafeinado, sin la ambición federalista del Founding Father de los Estados Unidos, pero con algunos de los sesgos plutocráticos, antigualitarios, que preocupaban a republicanos democráticos como Jefferson. El acuerdo no es siquiera el que Merkel había imaginado: con un toque más social, más renano, o si se prefiere, más franco-alemán. De hecho, cuando parecía que el visto bueno de Macron y Merkel eran suficientes para llegar un pacto, irrumpió un actor no previsto, al menos por la diplomacia del Sur: la coalición antifederal y antisolidaria encabezada por figuras prominentes de la derecha centro-europea como el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rütte, o el canciller austríaco, Sebastian Kurz.

Esta coalición, con la ayuda inestimable de paraísos fiscales como Luxemburgo o Malta y de derechas como la española, no pudo frenar las exigencias de los gobiernos del sur de Europa, pero consiguió rebajar de manera notable su alcance. La versión final asume, en un momento en el que el brexit y el propio estallido de la covid-19 hacen temer lo peor, algunas herramientas imprescindibles para la construcción de una Europa social y solidaria. Pero lo hace en términos tímidos, escasamente contracíclicos y muy lejos de lo que debería ser un auténtico New Deal en tiempos de pandemia. Se consiente la mutualización de una parte de la deuda europea y el reconocimiento de transferencias a fondo perdido a los países con mayores dificultades económicas. Pero las cantidades, en relación al PIB de estos países, aparecen como claramente insuficientes. Y lo que es más grave, se consigue a cambio de algunos vetos inaceptables impuestos por los países ricos.   

Por un lado, los llamados “frugales” reciben un “cheque” que se incrementa en 1.124 millones de euros anuales y que les permite reducir notablemente su contribución al presupuesto europeo. Por otro, se les concede la posibilidad de “frenar” –esto es, vetar– dentro del Consejo Europeo, programas sociales y económicos que cuestionen la actual división de tareas entre países ricos y pobres dentro de la UE. Finalmente, se renuncia de momento a medidas clave como la imposición de tasas europeas a las grandes multinacionales digitales. Todo esto en detrimento del presupuesto común, que en la versión aprobada por el Consejo pasaría del 1,16% al 1,074% del PIB de la UE, con recortes sustantivos en materia de inversión sanitaria, investigación o transición ecológica.   

3. Los hombres de negro y la policía de Raymond Chandler 

Esta ofensiva del Partido rentista europeo –que es parte del gran Partido rentista del capitalismo financiarizado global– ha opacado algunas luces del momento hamiltoniano y ha ampliado sus zonas de sombra.  

No se insiste, como querría Vox, en las recetas de austeridad posteriores a la crisis de 2008. Pero tampoco se les cierra el paso. Se asumen algunos elementos imprescindibles para la construcción de una Europa social y solidaria,  pero se hace en términos tímidos y sin poner coto alguno a los grandes rentistas y a las oligarquías financieras que siguen campando a sus anchas. 

Es significativo que poco antes del acuerdo, Christine Lagarde haya decidido inyectar a la banca privada el mayor importe jamás repartido por el BCE

Es significativo, de hecho, que poco antes del acuerdo, la propia Christine Lagarde haya decidido inyectar a la banca privada el mayor importe jamás repartido por el Banco Central Europeo a través de sus operaciones de refinanciación: 1,4 billones de euros entre 742 entidades que devolverán el dinero con intereses negativos y sin las condicionalidades que se pretenden imponer a gobiernos elegidos por la ciudadanía.

Obviamente, esa dependencia de la banca privada será mucho más intensa entre los países del Sur de Europa que han privatizado o desmantelado las instituciones de crédito públicas y que, de hecho, ya están utilizando a los bancos privados como prestamistas a empresas y familias en situación de vulnerabilidad con el aval del Estado. https://e3892b3335bc5e8157166854ed9ccada.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Si se compara esta situación con la de países como Alemania o Francia, las diferencias son notables. La propia apuesta hamiltoniana de Merkel nunca dejó de priorizar los intereses de su país y de su economía. A lo largo de la pandemia, más de la mitad de las ayudas autorizadas por la UE fueron para Alemania, que invirtió un billón de euros en el refuerzo de su aparato industrial. Estas cantidades suponen mucho más de lo que Merkel estuvo dispuesta a asumir como créditos o transferencias directas a los países del Sur. Su propuesta, por tanto, no se dirigió ni a facilitar un Plan Marshall ni a promover la industrialización de la periferia, sino más bien a actuar como una capitalista pragmática. Preocupada por apuntalar la capacidad productiva y exportadora alemana, pero sin asfixiar del todo a economías importantes para el mantenimiento del mercado único, como la italiana o la española.

Lo que esto pueda significar para los países del Sur está por verse. Habrá que saber exactamente qué ayudas llegan, con qué condicionalidad y cuál es el peso del endeudamiento en todo ello. De momento, el Pacto de Estabilidad sigue suspendido y no se avizora ninguna troika en el horizonte inmediato. Pero no es aconsejable bajar la guardia: a los hombres de negro de la austeridad, como a la policía de las novelas de Raymond Chandler, nunca se les debe decir adiós.  

4. Batallas en el horizonte

Que el desequilibrio entre los fondos post pandemia y los recortes presupuestarios previstos para 2021-2027 constituye uno de los puntos ciegos del acuerdo lo ha dejado claro el propio Parlamento europeo. A los pocos días de su aprobación por parte de los ejecutivos estatales, los cinco principales grupos parlamentarios –conservadores, socialdemócratas, liberales, ecologistas e izquierda europea– aprobaron por 465 votos a favor, 150 en contra y 67 abstenciones una resolución conjunta exigiendo a los gobierno que mejoren las cuentas. 

Esta demanda transversal aparece como una cuestión de mínimos. En los últimos meses, el Parlamento ha aprobado resoluciones que se planteaban como objetivo alcanzar los 1,3 billones de euros para siete años.  La Comisión Europea rebajó esa cifra hasta 1,1 billones y los ejecutivos estatales, bajo la presión de los llamados “frugales”, la dejaron en 1,074 billones, más de 200.000 millones de euros menos. 

Se renuncia de momento a medidas clave como la imposición de tasas europeas a las grandes multinacionales digitales. Todo esto en detrimento del presupuesto común 

Esta batalla entre el Parlamento y el Consejo por la ampliación de recursos y la recuperación de fondos eliminados, como el de inversión sanitaria, tendrá un papel central en los próximos meses. Lo mismo ocurrirá con la asunción de la batalla contra las guaridas fiscales o a favor de gravar a gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Amazon o Apple, que ahora mismo están lejos de convencer a la Comisión antimonopolios del Congreso de Estados Unidos de que no son una amenaza para la supuesta libre concurrencia. 

Todas estas batallas europeas condicionarán, en parte, el comportamiento de los propios gobiernos estatales, sobre todo en aquellos, como los de España o Italia, que más dependen de las ayudas y fondos europeos para afrontar la reconstrucción social y económica. La percepción de que Europa –dominada por los ejecutivos estatales– no acabará de estar, tampoco esta vez, a la altura de las circunstancias, podría reforzar a quienes, dentro de los gobiernos progresistas, acaban siendo más ortodoxos que la propia ortodoxia neoliberal, y vetar cualquier política anticíclica con el argumento de que podría inquietar o convocar la furia de Bruselas, los Estados del Norte o los mercados financieros. 

Pero también podría ocurrir lo contrario. Que las limitaciones del acuerdo alcanzado, combinada con la gravedad de la recesión en curso, aliente posiciones reformistas más audaces e incisivas. Posiciones que aprovechen la suspensión del Pacto de Estabilidad para impulsar políticas antiausteridad que serían imposibles en otros contextos. O que entiendan que la única geometría variable aceptable es la que permita revertir privatizaciones y reforzar a los bienes públicos, proteger a las depauperadas clases trabajadoras y acompañar propuestas empresariales productivas e innovadoras, yugulando a los grandes rentistas a través de una política fiscal y ecológicamente incisiva. Eso implica asumir medidas valientes contra la precariedad y la temporalidad laboral, una política fiscal que grave a las grandes fortunas, bien a través de reformas al impuesto de sociedades o al IRPF, bien a través de nuevas figuras fiscales, así como la asignación de recursos extra a la sanidad pública, a la vivienda pública y a la educación pública.

A lo largo de la pandemia, más de la mitad de las ayudas autorizadas por la UE fueron para Alemania, que invirtió un billón de euros en el refuerzo de su aparato industrial 

Adentrarse por la senda de un reformismo audaz, modernizador, con clara conciencia social y ecológica, sería sin duda más justo y realista que un reformismo apocado y estrábico, empeñado en mirar simultáneamente a izquierda y derecha y en llegar a pactos con sectores contrarios y favorables a las políticas neoliberales de recortes y de austeridad. 

Por otro lado, solo un reformismo audaz, realista, tanto al interior de los Estados como a escala europea e internacional, podría frenar los planes populistas de una extrema derecha que lleva tiempo velando armas para intentar aprovecharse del miedo y de la irritación que una precarización generalizada de las condiciones de vida acabará provocando. 

Obviamente, nada de esto puede conseguirse simplemente a través de negociaciones diplomáticas o de cumbres gubernamentales. Exige construir, dentro y fuera de las instituciones, alianzas políticas, sociales, sindicales, vecinales, que hoy apenas se vislumbran. Estas redes, necesarias más que nunca en barrios, hospitales, universidades, centros de trabajo, deberán incluir formas presenciales que garanticen un mínimo de seguridad sanitaria. Pero deberán nutrirse también de otras redes telemáticas, locales e internacionales, que han experimentado un crecimiento exponencial durante la pandemia y que han llegado para quedarse. 

Como en tantas otras ocasiones, la historia es un campo abierto de posibilidades. Que sean las más cooperativas y creativas las que se abran camino depende de nuestra capacidad para leer la realidad críticamente. Sin autoengaños, con sentido de la complejidad, pero sin renunciar a la voluntad de actuar para hacer del mundo un sitio con más libertad, con más igualdad y con mucho menos sufrimiento evitable.

Diversas intervenciones en el Grupo de Trabajo de la UE, de la Comisión de Reconstrucción

Hoy en el Congreso han tenido lugar varias comparecencias ante el Grupo de trabajo UE, de la Comisión de Reconstrucción.

Más allá del nuevo escenario geopolítico peligrosamente en movimiento con personajes irresponsables como Trump y la voluntad política de las fuerzas progresistas del Sur de Europa para que esta crisis no repita los errores de la anterior, con medidas “austericidas”, he querido recordar a los que más sufren: las personas que cruzan el Mediterráneo en búsqueda de una vida digna y que esa Europa, a la que se le llena la boca de derechos y bienestar, les da la espalda.

También he querido solidarizarme con la población estadounidense que se ha levantado, con rabia, contra la violencia policial, racista, en ese abismo de desigualdades que les golpea a diario.

Defendiendo el republicanismo de las cosas concretas, el republicanismo ilustrado, que se contrapone al egoísmo de las élites y sus defensores a ultranza, que no aceptaron una salida a la crisis social y ambientalmente justa.

“Lo utópico sería pensar que volveremos a lo que había antes o que podemos adentrarnos en un mundo de desigualdad, violencia e inseguridad sin que eso nos alcance a todos.”

Intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores, el 23/04/2020

Hoy volvemos a encontrarnos en una situación inesperada, grave, que no puede equipararse a ninguna que hayamos vivido en este siglo, al menos en las zonas más privilegiadas del planeta.

El tsunami sanitario, social, económico, en el que nos encontramos es nuevo, pero no es casual. Es el producto de unas políticas privatizadoras y extractivistas que nos han traído hasta aquí.

Si tenemos una emergencia sanitaria sin precedentes es porque hemos devastado el medioambiente hasta límites indecibles y hemos roto las cadenas alimentarias.

Si tenemos una grave emergencia sanitaria es porque se consintió la mercantilización de la sanidad y porque no ser reforzó  suficientemente la malla pública que tanto logró construir tras el fin del franquismo.

Si tenemos una grave emergencia social y económica es porque el Covid-19 está castigando con especial intensidad a quienes ya venían siendo castigados por las crisis anteriores.

Las familias trabajadoras, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, las personas migrantes y refugiadas, las mujeres, en muchos casos sobreexpuestas al virus, a la precariedad y a la violencia de género.

Estamos por lo tanto ante un aviso de incendio, ante una alarma, ante el anuncio de una catástrofe que nos obliga a actuar y hacerlo ya.

Con sentido de la urgencia pero también con mirada larga, sabiendo que solo podemos evitar el abismo si impulsamos un cambio de paradigma que nos permita reiniciar y repensar profundamente nuestras formas de producir, de consumir y de relacionarnos, en la esfera interna y en la internacional.

Hoy tenemos muchas más razones de las que teníamos en su primera comparecencia para reforzar un multilateralismo comprometido con al menos tres objetivos: revertir las abismales desigualdades globales, frenar la emergencia climática y evitar que proliferen la carrera nuclear y las guerras por recursos.

Obviamente, ese multilateralismo con sentido social, ecológico, comprometido con la paz, tendrá aliados y tendrá adversarios.

Son muchas las voces, por ejemplo, que están abogando por un New Deal como el de Roosevelt y por un nuevo Plan Marshall como el que contribuyó a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial (por cierto condonando parte de la deuda de Alemania)

El problema es que del otro lado del Atlántico no tenemos hoy ni a Lincoln, ni a Roosevelt, ni a Marshall, y no se los espera. 

Lo que hay es un presidente negacionista, cuya primera reacción ante el avance del Covid-19 fue negar la gravedad de la pandemia y a intoxicar el debate público con afirmaciones conspirativas y xenófobas como la del “virus chino”.

Lo que hay es un presidente que ante los pésimos resultados de su gestión interna decidió retirar su apoyo a la OMS por traerle malas noticias, algo que el director de la prestigiosa revista médica The Lancet ha calificado como crimen contra la humanidad.

Lo que hay es un presidente que por razones electorales, ha desoído la exigencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha decidido recrudecer el acceso de alimentos y medicinas a terceros países, ha anunciado un recrudecimiento del bloqueo a Cuba e incluso ha anunciado maniobras militares en Venezuela que obviamente no ayudarían en nada a resolver el conflicto existente en la región.

Si hubiera rectificaciones, bienvenidas sean. Pero mientras tanto, salvo entre nuestra extrema derecha, son cada vez menos las voces que esperan en Europa alguna solución de la Administración Trump.

Sí tenemos, en cambio, un gran reto en Europa, que sí tiene ante sí la obligación de actuar de manera muy diferente a cómo actuó en la crisis 2008.

Europa no puede volver a consentir políticas de austeridad como las que se impusieron al pueblo griego, para que años más tarde salga un presidente de la Comisión a reconocer que esto sea había hecho con mentiras y humillaciones.

Veremos que ocurre hoy, pero no faltan las razones para la preocupación.

En estos  días hemos visto, también, un conflicto desatado, explícito y cortoplacista, que ha impedido a gobiernos de derechas como los de Alemania, Países Bajos o Austria, entender, aunque sea por interés propio, que si la periferia europea cae, es todo el proyecto el que caerá con él.

Hoy Europa se juega su futuro: o da un salto constituyente hacia una refundación más social y democrática, o por el contrario, corre el riesgo de colapsar como proyecto (sobre todo después del Brexit)

Hay que celebrar que los gobiernos progresistas de España, Italia y Portugal hayan puesto sobre la mesa una agenda que apunta en la primera dirección: 1) que haya inversión suficiente, 2) que esta se produzca a través de transferencias ante que de créditos, y 3) que se evite, en caso de endeudamiento, que los beneficiados sean los grandes especuladores.

Avanzar por este camino no sería sino reivindicar el legado de uno de los más grandes economistas del siglo XX: John Maynard Keynes.

Durante Bretton Woods, Keynes sugirió la creación de una Banca Central Mundial que emitiese una moneda internacional para financiar la reconstrucción.

Y agregó otra cuestión básica, lo que él llamaba la eutanasia del rentista, esto es, la completa sumisión del capital financiero al capital productivo y la liquidación, por vía fiscal, de los grandes evasores y de los especuladores.

Hoy los países del sur de Europa –España, Italia, Portugal, Grecia, la propia Francia– deben unir fuerzas para impulsar un programa de este tipo.

A muchas derechas europeas les interesa más subordinarse a Trump que apostar por este proyecto, como ya hicieron en la cumbre de las Azores.

Sin embargo, quienes nos sentimos vinculados a otro europeísmo, al que este sábado 25 de abril recordará la liberación de Roma del fascismo y la revolución de los claveles en Portugal, estamos obligados a buscar otro camino.

Exigir a Europa un cambio de rumbo, exigir para nosotros condiciones dignas de salida de esta emergencia sanitaria, social y económica nos obligan a favorecerla también para los países del Sur y del Este empobrecidos.

Para sus refugiados y migrantes, que están luchando contra el virus, contra el racismo y contra condiciones inhumanas de salubridad en campamentos como los de Lesbos.

Para los países de África y de América Latina, que están afrontando la pandemia de manera tardía, pero que lo hacen con sistemas de salud muy debilitados y teniendo que afrontar simultáneamente grandes desigualdades y otras enfermedades.

Esa precariedad en los países del Sur tiene muchas explicaciones. Pero hay una fundamental que son las políticas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por unos Acuerdos comerciales a menudo desfavorables para sus poblaciones.

Por eso creemos que deberíamos huir de una política de cooperación paternalista con los países del Sur.

También estos países necesitan que sus deudas sean condonadas y que los fondos a los que accedan no impliquen ni condicionamientos neoliberales, ni nuevo endeudamiento, algo que la propia directora general del FMI, Cristalina Georguieva, ha reconocido.

Y estos países también necesitan una política exterior que no normalice ni permanezca indiferente a situaciones derivadas de golpes de Estado como los que se produjeron en Bolivia o de peligrosas involuciones autoritarias como las que estamos viendo en Brasil, Chile o Colombia.

Esta política de cooperación, de solidaridad internacional, debería servirnos para entender que la solución no puede ser el repliegue estatal. Que solos no podemos y que ningún país puede.

Obviamente eso exige reinventar la gobernanza global y adaptarla a los retos del siglo XXI. Pero no podemos permitir que el destino de las Naciones Unidas sea el de la muerte lánguida que acabó con la Sociedad de las Naciones.

Hoy más que nunca necesitamos una voz clara que diga que el  acceso a medicamentos vitales, antibióticos, antivirales y vacunas, deben ser protegidos, no como mercancías, sino como derechos humanos universales accesibles a todas las personas.

Y esa voz, aquí y ahora, sigue siendo la de la Declaración de Derechos de 1948. No es una voz utópica.

Lo utópico sería pensar que volveremos a lo que había antes o que podemos adentrarnos en un mundo de desigualdad, violencia e inseguridad sin que eso nos alcance a todos.

Lo otro –actualizar el mandato de 1948- es una forma realista, posible, de asegurarnos que la “familiar humana” no se autodestruya y que pueda en cambio sobrevivir unida, en común, bajo esta innegociable bandera.