Categoría: Congreso

Actividad parlamentaria

Contra el golpe del Tribunal Constitucional: defender la autonomía parlamentaria

  • Si el Constitucional hubiera requerido al Congreso suspender la votación del lunes sin soporte legal, sin dudas nos hubiéramos visto obligados, como miembros de la Mesa de la Cámara, a defender su autonomía.
  • 18 de diciembre de 2022
  • Por Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna

Pasó con la privación del escaño de Alberto Rodríguez. Ocurrió antes con la arbitraria conculcación de derechos de diputados independentistas. Y podría haber pasado una vez más este jueves si el Tribunal Constitucional hubiera ordenado al Congreso suspender la votación de la reforma que permite renovar sus miembros con mandatos caducados. La víctima, una vez más, habría sido la autonomía parlamentaria. Un nuevo atropello a la autonomía de la Cámara que, como miembros de la Mesa del Congreso, nos habría obligado a dar un paso al frente en defensa de la legalidad. 

La gravedad de la situación es indiscutible. El Partido Popular lleva tiempo instrumentalizando de manera espuria el Tribunal Constitucional para bloquear iniciativas progresistas o que sencillamente cuentan con mayorías legislativas contrarias a sus posiciones. De ese modo, están dinamitando un modelo constitucional que lleva un siglo a sus espaldas. Los tribunales constitucionales se crearon en Europa en los años veinte del siglo pasado. Su impulsor, el jurista austríaco Hans Kelsen, lo hizo con un objetivo claro: proteger derechos básicos, asegurar la división de poderes y evitar que minorías conservadoras pudieran bloquear por sistema reformas impulsadas por mayorías parlamentarias progresistas o simplemente democráticas.

Lo que Kelsen vio a comienzos del siglo pasado fue cómo el sufragio universal permitía que partidos obreros, partidarios de reformas sociales profundas, ganaran peso en los parlamentos. Y vio también cómo las derechas políticas recurrían a jueces vinculados a las élites tradicionales o directamente provenientes de regímenes autoritarios o dictatoriales para frenar esos avances. Para contrarrestar esta ofensiva judicial antidemocrática, Kelsen consideró que había que reforzar el papel de los parlamentos como máximos representantes de la soberanía popular. De ahí su propuesta de crear un órgano específico, el Tribunal Constitucional, que funcionara de manera autónoma del Poder Judicial, con miembros que podrían ser escogidos por los propios partidos en función de las mayorías sociales del momento. Sus funciones, eso sí, estaban muy delimitadas. Proteger los derechos, resolver conflictos entre órganos y censurar aquellas leyes que, una vez promulgadas, pero no antes, contradijeran nítidamente el contenido de la Constitución.

El Tribunal Constitucional no estaba concebido para paralizar preventivamente los trámites legislativos. Por el contrario, su función era respetar la presunción de legitimidad de las actuaciones de los parlamentos democráticos y actuar como una suerte de “legislador negativo”, expulsando del ordenamiento solo aquellas leyes ya promulgadas que lesionaran claramente la Constitución.

A la derecha política y judicial de aquel período de entreguerras nunca le gustó este modelo constitucional democrático. A las derechas actuales vinculadas al PP y a Vox, tampoco. Por eso han intentado dar un golpe contra él por diferentes vías. De entrada, intentando controlar la composición y la orientación ideológica del poder judicial, impidiendo que jueces o juezas progresistas, o simplemente garantistas, puedan abrirse camino. Por otra, convirtiendo al Tribunal Constitucional en una herramienta partidista con capacidad de bloquear cualquier iniciativa de una mayoría social o parlamentaria que no sea la propia.

En estos días se ha visto con toda claridad. La minoría integrada por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, ha pretendido que el Tribunal Constitucional actúe como un ariete contra la autonomía del Congreso y contra las mayorías legislativas allí existentes. Supuestamente lo hacían para proteger los derechos de sus diputados. Pero valerse de un amparo “preventivo” para solicitar medidas cautelarísimas que bloqueen el procedimiento legislativo en el Congreso es otra cosa. Es intentar introducir de manera furtiva un control previo de las leyes que la Constitución no recoge y que hoy el Tribunal Constitucional tiene vedado.

Insistimos: que las derechas quieran proteger sus derechos es lícito y tienen muchos momentos procesales para hacerlo. Lo que resulta inadmisible es su intento de frenar debates y votaciones legítimas, aunque con ello se lesionen, a su vez, los derechos de una mayoría parlamentaria clara y transversal que sí quiere que salgan adelante. Y lo que más subleva: que lo hagan instrumentalizando un Tribunal Constitucional con mandatos caducados cuya renovación ellas mismas han bloqueado por todos los medios.

Si el jueves de la semana pasada se hubiera impedido la votación en el Congreso, no solo se habría consumado una grave adulteración de la función que la Constitución y las leyes atribuyen al Tribunal Constitucional. Se habría producido un golpe irreparable contra la división de poderes y contra la inviolabilidad del Parlamento como principio irrenunciable en cualquier democracia constitucional digna de ese nombre.

Tras la reforma del 2015 impulsada por el Partido Popular, el Tribunal Constitucional ya impidió al Parlament de Catalunya discutir simplemente sobre el derecho de autodeterminación o reprobar los actos de corrupción atribuidos a Juan Carlos de Borbón. Lo que se pretende ahora es ir un paso más allá y suspender cautelarmente iniciativas legislativas de ámbito estatal sin tener jurisdicción para ello.

Si el Constitucional hubiera requerido al Congreso suspender la votación del lunes sin soporte legal, sin dudas nos hubiéramos visto obligados, como miembros de la Mesa de la Cámara, a defender su autonomía. Ya actuamos así cuando, en tutela de dicha inviolabilidad, nos negamos a suspender los derechos de diputados independentistas que habían sido votados por la ciudadanía. Y lo hicimos, también, cuando nos opusimos a que la presidenta Meritxell Batet privara a Alberto Rodríguez de su escaño en supuesto cumplimiento de un mandato de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Haber acatado ahora un nuevo atentado contra la autonomía parlamentaria, esta vez proveniente del propio Tribunal Constitucional, hubiera sido consentir una insubordinación antidemocrática que habría marcado para siempre la historia de nuestro parlamentarismo. En virtud del recurso de recusación presentado contra Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional se ha visto obligada a posponer para el lunes la resolución de las peticiones del Partido Popular. Si ese sector, sin embargo, rechaza la recusación, podría consumar el golpe e intentar que el debate no prosiga en el Senado.

Una situación semejante nos colocaría nuevamente ante lo que venimos denunciando a lo largo de estas líneas: un atentado artero contra la Constitución, contra la ley orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional y contra una tradición de constitucionalismo democrático que se remonta a los tiempos de Kelsen. Esperemos que no ocurra. Y, si finalmente pasa, si el Tribunal Constitucional insiste en agredir la legalidad constitucional, tanto el Congreso como el Senado deberían levantar una voz de dignidad y negarse a aceptar su requerimiento, tal como plantea el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, Iñaki Lasagabaster. Ese sería su deber. En defensa de la autonomía parlamentaria, en defensa de la legalidad vulnerada, y contra un intento de “atropello democrático” que debe frenarse en seco antes de que el daño resulte irreparable. 

¿Qué hacer con Vox en el Congreso?

2 de diciembre de 2022

Por Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna en El Diario.es

Una semana de provocaciones y de improperios han bastado para reactivar el debate. De entrada, porque no se está ante exabruptos aislados sino ante una estrategia deliberada. Que ni es nueva ni es exclusiva de nuestra ultraderecha vernácula. Las actuaciones de Vox en el Congreso de estas semanas han sido ensayadas ya por el trumpismo en Estados Unidos, por el bolsonarismo en Brasil, y por algunos de sus nuevos émulos en Europa y América. Se trata, pues, de una estrategia de tensión con objetivos claros. El más evidente, trasladar al Parlamento discursos de odio y noticias falsas ya utilizados en mítines, redes sociales, y medios afines, y minar con ello las condiciones para un debate mínimamente democrático.

Como ya ocurrió en otros momentos históricos, la gran cuestión es cómo lidiar con estas actuaciones. Que en el Congreso se produzcan debates que impliquen discrepancias contundentes entre diferentes fuerzas políticas no solo es legítimo. Resulta imprescindible en sociedades con intereses diversos y a menudo contrapuestos. Pero aquí hablamos de otra cosa: de evitar que esas discrepancias se expresen a través de formas vejatorias, sexistas, racistas, que lesionan la dignidad de las personas y degradan las instituciones representativas.

No se trata de algo sencillo. En el rifirrafe parlamentario, todos los grupos suelen incurrir en salidas de tono. El problema es cuando esto deja de ser un hecho puntual para convertirse en un patrón sostenido en el tiempo, que es lo que Vox viene haciendo desde los inicios de esta legislatura y lo que ha decidido reactivar para recuperar el impulso perdido tras las elecciones en Andalucía.

Ni los insultos y descalificaciones de Vox a la ministra Irene Montero, ni sus ataques a diputadas defensoras de políticas feministas, ni sus incumplimientos sistemáticos del Reglamento de la Cámara, son nuevos. Y lo peor es que en muchos casos han gozado de impunidad. A día de hoy, la presidencia de la Cámara no ha tomado medida alguna para sancionar a los 52 diputados de Vox que se niegan a presentar su declaración de intereses. Tampoco se sancionó a dos diputados de Vox que sabotearon abiertamente un acto dentro del Congreso en el que se condenaba la criminalización de seis jóvenes de Zaragoza que participaron en una manifestación antifascista. Y lo que es especialmente grave, no se adoptó ninguna amonestación clara contra el diputado de Vox que desobedeció a Alfonso Gómez de Celis, cuando este, presidiendo la sesión, lo expulsó del hemiciclo tras haber llamado “bruja” a la diputada socialista Laura Berja.

El problema es que ya no se trata solo de la impunidad creciente de la ultraderecha, sino de que la propia presidencia del Congreso, en su afán de mostrarse firme “con unos y otros”, acabe por equiparar a agresores y agredidos y a actuaciones que poco tienen que ver entre sí.

No es de recibo, por ejemplo, que la presidencia censure por igual a un diputado de Vox que acusa a otros de ejercer el “terrorismo etarra”, que a quien utiliza la expresión “fascismo” para calificar la exaltación del franquismo o de personajes como Millán Astray. Y es que lo primero supone la atribución de un delito grave recogido en el Código Penal. “Fascismo”, en cambio, es un concepto político históricamente datado, como “comunismo”, “socialismo” o “anarquismo”, que un parlamento democrático no puede pretender proscribir.

Tampoco es de recibo intentar, como se ha hecho, equiparar supuestas faltas de respeto institucionales “cometidas por unos y otros” sin que medie justificación suficiente. Recientemente, por ejemplo, el diputado del Bloque Nacionalista Galego Néstor Rego envió una nota a la Mesa cuestionando que la presidencia le obligara a retirar una serie de críticas a la institución monárquica. Su queja estaba plenamente justificada, toda vez que el propio Tribunal de Estrasburgo ha recordado que las críticas parlamentarias a la monarquía y al propio rey son cuestiones de interés público que la libre expresión de los diputados y diputadas ampara.

Tras debatir algunos de estos temas en la Mesa, la presidenta Meritxell Batet se comprometió ante sus miembros a aplicar el reglamento con rigor para evitar estas arbitrariedades. Pero es significativo que el primer caso en que lo hizo fue para llamar al orden a la propia Irene Montero, quien en respuesta a los ataques sufridos, recordó al Partido Popular que campañas como las que impulsaron en Galicia fomentaban lo que la propia ONU denomina “cultura de la violación”. La impresión, una vez más, fue que Batet intentaba afirmarse en que “aquí todos se exceden” para no incomodar a Vox ni entrar en conflicto con el Partido Popular.

Todo esto, obviamente, es peligroso, ya que un parlamento que se quiera democrático y plural debería poder garantizar con firmeza un principio básico: toda la libre expresión posible para sus miembros y todas las restricciones necesarias cuando de lo que se trate es de evitar humillaciones sexistas, xenófobas u otras formas de difamación dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad.

No se trata de algo imposible. Ahí está el ejemplo del ex presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien consiguió atajar con firmeza las bravuconadas machistas del mismísimo Boris Johnson. Ahí está, también, el papel del presidente del parlamento andaluz, Jesús Aguirre, del Partido Popular, quien no dudó en retirar la palabra a un diputado de Vox que insistía en difamar a sus adversarios. Y ahí están, igualmente, casos como el del diputado de la ultraderecha francesa, Grégoire de Fournas, expulsado de la Asamblea Nacional y sancionado a cobrar dos meses la mitad de su sueldo por espetar a un diputado negro de izquierdas que volviera a África.

Lo que Vox está intentando hacer en el Parlamento español para recuperar protagonismo no puede normalizarse ni naturalizarse. Porque no es algo aislado. Es una estrategia ya defendida por juristas de inclinaciones nazis como Carl Schmitt, y por los Trump y los Bolsonaro de turno: erosionar el parlamentarismo y sustituirlo progresivamente por una forma más autoritaria y concentrada de gobierno en manos de algún nuevo Führer o caudillo.

La presidencia del Congreso no puede ser condescendiente ni neutral ante las agresiones reiteradas y sistemáticas de la ultraderecha. Y la sociedad tampoco. Hoy, más que nunca, hacen falta pedagogía y contrapoderes sociales, ciudadanos, capaces de mantener a raya a actores con poder público y privado que no se autolimitarán sin esa presión externa. No es sencillo. Pero es la única manera de evitar que las derechas radicalizadas vayan demoliendo poco a poco espacios democráticos que han sido arduamente conquistados, que hoy deben ser ampliados, pero que bajo ningún concepto podemos permitirnos perder. 

Gerardo Pisarello es diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, y Javier Sánchez Serna es diputado de Unidas Podemos y secretario tercero de la Mesa.

42 años de Constitución. Por un nuevo republicanismo

Hoy 6 de Diciembre, con motivo del 42 aniversario de la Constitución, se ha publicado en El País un reportaje en el que he participado junto a otros integrantes de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y en el que analizamos la Constitución y sus posibles reformas.

Aquí el reportaje publicado en El País.

Comparto mis respuestas al cuestionario.

  • LA FORMA POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 1. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

PREGUNTA: ¿Es partidario de modificar este artículo para abrir la puerta a una forma de Estado republicana?

Tener una Jefatura de Estado hereditaria en pleno siglo XXI es de por sí injustificable. Sumado a eso, la Casa Borbón, de Fernando VII a Juan Carlos I, se ha beneficiado de privilegios y atributos impensables en monarquías realmente parlamentarias como la británica o la noruega. La sociedad actual no entiende que la Corona actúe sin controles en tantos ámbitos. O que se hurte a la ciudadanía la posibilidad de decidir si prefiere una monarquía o una república democrática. En Italia se hizo, ¿Por qué en España no?

  • LA SOBERANÍA Y LA UNIDAD DE ESPAÑA

Artículo 1. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

PREGUNTA: ¿Es partidario de modificar alguno de estos dos artículos para cambiar el sujeto de soberanía o eliminar la referencia a la unidad de España?

El artículo 2 es uno de los más tortuosos de la Constitución, ya que su versión final fue impuesta por sectores del Ejército ligados al franquismo. Un proyecto republicano y plurinacional en común, como el que defendemos, exigiría pensar la soberanía democrática también en plural. Y asegurar que esta pueda compartirse, sin imposiciones, por la libre decisión de los diferentes pueblos y gentes que conviven en el Estado.

  • LAS LENGUAS

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

PREGUNTA: ¿Es partidario de fijar en la Constitución que todas las lenguas oficiales deben ser consideradas lenguas docentes en la escuela en sus respectivos territorios?

Igual que se promueve el castellano, hace falta un reconocimiento mayor del resto de lenguas peninsulares discriminadas y minorizadas ya desde el franquismo, como el catalán, el euskera, el gallego, e incluso otras como el asturiano. Lo lógico sería que se puedan oír más en los medios de comunicación y en las propias instituciones, comenzando por las Cortes Generales. Eso y reconocer de una vez que modelos de inmersión lingüística como el de Cataluña no solo han sido legales, sino un éxito en términos de integración y de igualación de oportunidades.

  • LA SANIDAD PÚBLICA

Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

PREGUNTA: ¿Es partidario de trasladar este artículo, que ahora está en el capítulo de Derechos y Deberes de los ciudadanos, al capítulo de los Derechos Fundamentales, para dotar de una mayor protección constitucional a la sanidad pública?

El derecho a la sanidad pública, a una vivienda digna o a un medio ambiente saludable son tan fundamentales como el derecho a la educación o a la libertad de expresión y deberían tener la misma protección. Una manera de hacerlo, prevista por la Constitución, es que se financien a través políticas fiscales progresivas. Por eso subleva que haya quienes, presumiendo de constitucionalistas, defiendan la competencia fiscal a la baja para beneficiar a los más ricos.

  • LA CORONA

Artículo 56.3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

PREGUNTA: ¿Es partidario de modificar este artículo para eliminar la inviolabilidad del Rey o aclarar los límites de esa inviolabilidad?

En ningún país democrático es concebible que un jefe de Estado tenga carta blanca para delinquir impunemente, ya sea por cobrar comisiones irregulares o por otros delitos. El Rey solo es inviolable cuando sus actos son refrendados por los ministros o el Presidente de Gobierno. Pero si asesina o comete delitos que nada tienen que ver con su función constitucional, no puede ampararse en la inviolabilidad, y debería rendir cuentas ante los tribunales y ante el propio Parlamento.  

Artículo 57. 1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

PREGUNTA: ¿Es partidario de eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona?

Somos un espacio de convicciones feministas, y por lo tanto rechazamos estas prevalencias. El problema es que la monarquía actual se construyó, desde su instauración por Franco, como un espacio especialmente impregnado de machismo. Una alternativa republicana debería ser capaz de erradicar estas prácticas, en la Jefatura del Estado y en el conjunto de la sociedad.

  • EL MECANISMO DE LA INVESTIDURA

Artículo 99.5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

PREGUNTA: ¿Es partidario de modificar este artículo para facilitar que, en caso de no alcanzarse la mayoría absoluta, gobierne la lista más votada y se evite la repetición electoral?

Hoy, si no se alcanza la mayoría absoluta, ya se prevé la posibilidad de investir un candidato con mayoría simple del Congreso. En un sistema de partidos como el nuestro, no esta mal tener que buscar alianzas que reflejen diferentes sensibilidades políticas y territoriales. Que la lista más votada gobierne automáticamente podría ir en detrimento de esos equilibrios.

  • EL ESTADO DE ALARMA

Artículo 116.2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

PREGUNTA: ¿Es partidario de fijar en la Constitución los casos en los que el Gobierno podrá hacer uso del estado de alarma? ¿Y de modificar las condiciones de su aprobación?

En estos meses hemos visto que el estado de alarma vinculado a una pandemia no solo exigía limitar derechos como la libertad de circulación, sino reforzar otros, como el derecho a la salud pública o a no ser desahuciado sin alternativa habitacional. Estaría bien precisar muchas de estas cuestiones. Pero podría hacerse en la ley orgánica ya existente. No todo debe estar en la Constitución.

  •  EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO

Artículo 135

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

PREGUNTA: ¿Es partidario de eliminar de la Constitución el compromiso con la “estabilidad presupuestaria” y la prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otro gasto?

Somos partidarios de derogar aquellas disposiciones que facilitaron las políticas de austeridad y de recortes, desnaturalizando los contenidos más sociales de la Constitución. La obligación de priorizar el pago de la deuda a los grandes acreedores, que no por casualidad se aprobó de manera furtiva, es una de ellas. La Ley Montoro, que asfixió a los ayuntamientos, es otra. Con la pandemia, los aspectos más lesivos de estas normas han quedado suspendidos. Pero deberían revisarse de manera definitiva.

  • LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Artículos 148, 149 y 150. Competencias del Estado y las autonomías.

PREGUNTA: ¿Es partidario de fijar definitivamente en la Constitución las competencias exclusivas del Estado y las de las autonomías, cerrando la puerta a la posibilidad de delegación de materias de titularidad estatal (150?2)? ¿Es partidario de alterar la actual lista de competencias del Estado y de las autonomías?

La Constitución de 1978 configuró un modelo autonómico abierto y flexible. Con el Gobierno de Aznar y con la sentencia del Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, se produjo un cierre abrupto. Ahora hay quienes querrían regresar a un modelo centralizado pre y anticonstitucional. Para nosotros el reto es otro: revertir las lecturas restrictivas y avanzar hacia un modelo homologable al de otras realidades federales y plurinacionales europeas.

Desmontando a Vox, otra vez

Esta mañana, en mi comparecencia de los martes, he manifestado lo que nos parece la anunciada moción de censura de la ultraderecha.

☑️ Una moción de censura que tiene por objetivo, como ya he dicho en muchas ocasiones, impedir una salida a la crisis socialmente justa y con una mínima modernización de la economía.

☑️ Su patriotismo de trapo no debe impedirnos ver lo que representan, a los sectores más atrasados y especulativos.

Desmontando a Vox

En la Comisión de Hacienda, celebrada el 29 de septiembre, el Grupo parlamentario Vox, presentó una Proposición no de Ley en materia fiscal. A continuación comparto mi intervención.

Duros con la gente trabajadora, sumisos con los fondos buitre y los especuladores extranjeros. Mi respuesta a la xenofobia selectiva de Vox

Hace unos días me atacaron con palabras gruesas desde la cuenta  oficial de su Partido y su principal argumento era que yo era un extranjero que prácticamente encarnaba la anti España de la que le gustaba hablar a ese demócrata que ustedes tanto admiran que es Francisco Franco.

Y yo, viendo aquella exhibición tan ruda de nacionalismo y xenofobia, pensé que ustedes vendrían aquí con una propuesta que plantearía fulminar en términos fiscales a los grandes fondos buitres extranjeros que hoy esquilman a miles de familias del país.

Pensé que con ese tono marcial, intimidatorio, que gastan en las redes sociales, vendrían aquí a plantarse españolamente contra las grandes fortunas sin patria que especulan en nuestras ciudades o que vampirizan a la gente trabajadora para luego esconder su dinero pérfidamente en paraísos fiscales.

Pero la verdad es que no. No he encontrado ni una sola propuesta fiscal que sugiera que esta crisis la tengan que pagar ni los jeques árabes que hacen dudosos negocios en España o los fondos pirata de Blackstone que desahucian familias humildes de Vallecas o Torrejón.

Por el contrario, lo que ustedes nos dicen aquí es que los extranjeros, si son ricos, si son grandes especuladores o grandes especuladores, tienen que tener toda clase de privilegios y ventajas fiscales sobre las familias trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas del país.

Vaya estafa de propuesta fiscal, señores de Vox. Tanto presumir de duros, tanto patrioterismo digital contra los más débiles para acabar, una vez más, arrodillados y sumisos frente al 1% más privilegiado, más especulador y más improductivo.

Les prometo que he repasado una y otra vez su propuesta fiscal y no he dejado de sorprenderme ¿Cómo es posible que gente tan patriota, gente que lleva una bandera tan grande en la mascarilla, plantee que lo que hay que hacer es arrodillarnos fiscalmente frente a los fondos buitre extranjeros y castigar a la ciudadanía de a pie, que vive y trabaja en nuestros barrios?

Y luego llegué a la conclusión de que quizás sea porque ustedes se entienden bien con estos extranjeros VIP.

Después de todo ustedes ya se financiaron patrióticamente con fondos de iraníes ricos que figuraban en las listas del terrorismo internacional.

Y en 2019 viajaron a un barrio de Londres a reunirse con directivos de Goldman Sachs, Citi, UBS, HSBC y otros grandes bancos extranjeros precisamente para tranquilizarles y explicarles fuera de los focos que harían lo que vienen a hacer hoy a aquí.

A agitar la bandera pero a actuar, en la práctica, como el partido de los grandes fondos buitres internacionales y de la gran evasión fiscal.

A vociferar consignas nacionalistas pero a actuar, en la práctica, como los sumisos cortesanos de los grandes monarcas de los rentistas y especuladores de siempre.

¿Para conseguir qué? Para reventar la progresividad fiscal prevista en la Constitución y convertirla en abierta regresividad fiscal.

Para que una familia trabajadora con una peluquería o una pequeña y mediana empresa tengan que pagar más impuestos de sociedades que una gran superficie o que algunas grandes multinacionales.

Lo suyo señores de Vox, además de exhibicionismo patriotero ramplón, es desfachatez. Y tiene los días contados. Aunque se envuelvan en la bandera y aunque amenacen e insulten cobardemente por las redes.

Porque esa gente trabajadora, esa ciudadanía del común, autóctona o extranjera, que se ha jugado el tipo y a la que ustedes querrían cargar los costes de la pandemia y de la crisis, los va a poner en su sitio, denunciándolos como lo que son: una enorme estafa, hipócrita, al servicio sumiso, como el propio franquismo, del 1% más privilegiado.

En la Comisión de Exteriores

En la Comisión de Exteriores, celebrada el 24 de septiembre, defendí la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Confederal Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia en Común, relativa a las capacidades y actuaciones de distintos países para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de reforzar el sistema de gobernanza multilateral con el fin de promover la defensa de los derechos humanos y la justicia global.

Un debate importante y una reflexión en la que por primera vez en mucho tiempo la humanidad aparece unida por un interés general mucho más vital que en el pasado: el interés en la superviviencia de la especie y en la habitabilidad del planeta.

Contra lo que afirman teorías negacionistas de toda laya, hoy nos encontramos frente a problemas globales que condicionan la supervivencia de la humanidad:

  • El incremento dramático del calentamiento climático.
  • El alarmante aumento armas de destrucción masiva y los peligros de conflictos nucleares
  • Un crecimiento obsceno de las desigualdades y de la concentración de riqueza en pocas manos, que trae como resultado la muerte cada año de millones de personas por falta de alimentación y medicamentos
  • El drama de centenares de miles de migrantes que huyen de estas catástrofes climáticas y de guerras por la apropiación de recursos.

La lista, siendo realistas, sería larga. Se trata de fenómenos que sin duda plantean la necesidad de actuaciones decididas en el ámbito local y estatal. Pero que también exigen actuaciones urgentes en el ámbito internacional.

No un gobierno mundial, seguramente indesesable y peligroso, pero sí una nueva gobernanza global, un nuevo internacionalismo y un nuevo multilateralismo capaz justamente de garantizar estos objetivos la supervivencia, en condiciones dignas, de todos los pueblos y gentes del mundo y la preservación del planeta como casa común de las especies que lo habitan.

Esta es la reflexión que llevamos al Congreso, justo cuando se cumplen 75 años de la creación de las Naciones Unidas.

Al igual que la Organización Mundial del Trabajo, un año antes, las Naciones Unidas nacieron como un intento, precisamente, de trazar un nunca más a un capitalismo voraz, desenfrenado, muy similar al de nuestro tiempo, que había acabado en dos guerras mundiales y en experiencias tremendas como el nazismo, el fascismo o el colonialismo.

Desde entonces, ese experimento civilizatorio ha permitido avances importantes y ha sufrido el sabotaje a menudo, de los grandes leviatanes de Estado y de Mercado.

A lo largo de estos 75 años, en efecto, hemos visto una y otra vez a las grandes potencias intentar sabotear una y otra vez el mandato de paz, de respeto entre los pueblos, de protección de los derechos de todos, establecidos en el corpus normativo de la ONU.

Uno de los ataques más abyectos a esos principios de Naciones Unidas ha sido el perpetrado por el presidente de Donald Trump, quien traicionando el compromiso internacionalista de algunos norteamericanos insignes -pienso en Walt Whitman, en Eleonor Roosevelt, en Martin Luther King- ha dedicado su Administración a minar política y económicamente a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos unilaterales y amenazando con actuaciones belicistas irresponsables y propias de un nuevo Nerón.

Pero los ataques perpetrados contra la ONU y en general, contra el derecho internacional de los derechos humanos, no solo han tenido como protagonistas a grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia o Israel. También han tenido como protagonistas a grandes corporaciones transnacionales que incluso durante esta pandemia no han dudado en colocar sus intereses privados por encima de la Declaración Universal de Derechos Humanos o de los grandes pactos de derechos civiles, políticos, sociales y ambientales.

A pocos días del 11 de septiembre, aniversario del golpe de Estado en Chile de 1973, todavía resuenan en nuestros oídos las palabras del presidente constitucional Salvador Allende en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York advirtiendo, precisamente, sobre el enorme peligro que para las libertades y la democracia suponía la concentración de poder en manos de unas pocas empresas transnacionales.

Pues bien, en ese mundo donde los poderes salvaje de Estado y de Mercado siguen campando a sus anchas, la defensa de un nuevo internacionalismo y de un nuevo multilateralismo respetuoso con la democracia y los derechos humanos tiene más sentido que nunca.

A pesar de sus numerosos incumplimientos, de los ultrajes sufridos, la Declaración de Derechos Humanos, los grandes Pactos de derechos civiles, políticos y sociales, la Convención contra la tortura, la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, la propia Agenda 2030, siguen siendo el embrión, como dice Luigi Ferrajoli, de lo que hoy podría ser una Constitución para el Planeta Tierra.

Como recordó el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, no se trata de defender un gobierno mundial. Se trata de defender una gobernanza diferente, multilateral, que contribuya al desarme y a frenar las guerras, que haga de los alimentos y medicamentos básicos derechos universales, y que convierta al agua, al aire, a los bosques, en bienes comunes de la humanidad.

Puede que tenga algo de utópico, pero es mucho más realista que el mundo de desigualdad, violencia y depredación ambiental que nos espera si no ponemos ya límites claros, locales y globlales, a la descarnada ley del más fuerte.   

También en la misma Comisión intervine para posicionar a nuestro grupo parlamentario en el debate de la Proposición no de Ley del Grupo Socialista sobre un nuevo impulso a la lucha contra el racismo tras
el homicidio de George Floyd.

✊🏿 George Floyd, Jacob Blake, Breonna Taylor, Rodney King, nombres que nos dicen que no habrá normalidad alguna, con o sin pandemia, mientras haya cientos de miles de personas asesinadas impunemente, víctimas de la brutalidad policial o del racismo neofascista solo por el color de su piel.

✅ Una Europa que se quiera solidaria no puede permanecer indiferente a los gritos de Minneapolis, de Nueva York y de tantas ciudades de Estados Unidos que han vuelto a hablar con la voz desgarrada y firme, de Nina Simone, de Angela Davis, para decir al Gobierno criminal de Trump que no se dejarán matar, que resistirán, como resistió Rosa Parks y que no habrá justicia social sin justicia racial y sin justicia de género.

🎥 Sobre las movilizaciones de #BlackLivesMatter

Ley de Memoria Democrática: justicia y reparación.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un paso importante para acabar con el silencio impuesto durante los 40 años de franquismo y terminar con una impunidad intolerable.

Seguramente llega tarde, pero llega, y lo hace gracias a la persistencia de las entidades de memoria y en un momento de retrocesos democráticos, con demasiados voceros, también desde las instituciones democráticas y con potentes altavoces en los medios, intentando blanquear el franquismo y sus crímenes.

Una Ley que debe servir para reparar con la memoria a las víctimas y acompañar a sus familias, que llevan años buscando a sus desaparecidos en cunetas, prácticamente, sin ayuda.

Una Ley que permita retirar medallas y reconocimientos a torturadores y a los que han cometido delitos de lesa humanidad, para acabar con auténticas ignominias como la Fundación Francisco Franco.

Una Ley de memoria que anule sentencias que fueron farsas jurídicas, como las sufridas por Lluís Companys, Alexandre Bóveda, las Trece Rosas, Blas Infante, a miles de campesinas, trabajadores, poetas, maestras, artistas, académicos, que fueron condenados y asesinados de manera sumaria.

En nuestras consciencias y con la certeza que todavía falta mucho para remover una impunidad de décadas, hoy celebramos lo conseguido, algo que sería impensable sin aquellos y aquellas que nunca bajaron los brazos.

La Ley Montoro: una de las agresiones más escandalosas padecidas por el municipalismo en los últimos tiempos.

La Ministra de Hacienda en su comparecencia, a petición de los grupos parlamentarios, en la Comisión de Hacienda del Congreso, presentó las líneas generales del Decreto Ley de Medidas Financieras de Entidades Locales alcanzado con la FEMP y cuyo principal desacuerdo es sobre la fórmula presentada de uso de los remanentes municipales.

La democracia y la modernización económica avanzan cuando el municipalismo avanza. Hoy el municipalismo es un motor importante de cambio social y económico.

➡️ Es fundamental para la reconstrucción social y económica romper el corsé legal que hoy impide a los ayuntamientos atender la emergencia social, llegar allí donde nadie llega.

⬆️ Ya en 2017, impulsamos una Proposición de Ley que planteaba acabar con los elementos más lesivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP y fueron ellos con C’s, los que la bloquearon. Continuamos en nuestro empeño y por ello incluimos su modificación como un objetivo central en los acuerdos programáticos del Gobierno de Coalición.

➡️ En la Comisión de Hacienda, celebrada el lunes, 31 de agosto, defendí la necesidad de un nuevo Decreto Ley, que responda a un amplio acuerdo de consenso con el municipalismo y diálogo para revertir esta situación asfixiante que nos dejó el PP con la Ley Montoro en las finanzas de los gobiernos locales.

🎥 Mi intervención y la réplica 👇🏾

Intervención en el Pleno durante el debate del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción

Durante mi intervención he recordado a la bancada popular sus maniobras al lado de la alianza especuladora durante la negociación de los Fondos europeos.

En un país normal esto tendría un nombre: delito de lesa patria.

No contaban que los países del sur de Europa y los gobiernos progresistas del sur, les plantarían cara para evitar que sus planes diseñados por nostálgicos de la troica, pudieran salir adelante.

Nosotros no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir defendiendo un proyecto que recoja lo mejor de la tradición del constitucionalismo republicano y democrático europeo: justicia fiscal, la defensa de lo público, la protección de la gente trabajadora.