La batalla de Chile, nuestra batalla

Por Gerardo Pisarello en Público.es

“Un niño jugará en una alameda, y cantará con
sus amigos nuevos; y ese canto será el canto de
un pueblo, a una vida segada en La Moneda”
Yo pisaré las calles nuevamente, Pablo Milanés

El 10 de septiembre de 1973 por la noche, en su residencia de Tomás Moro, Salvador Allende reunía a sus colaboradores más estrechos para comunicarles una decisión sobre la que llevaba tiempo cavilando. Había decidido convocar un referéndum para dotar a Chile de una nueva Constitución. Una Constitución que permitiera hacer algunos cambios estructurales inviables en el marco legal hasta entonces vigente. Pensaba hacer el anuncio en la Universidad Técnica de Santiago, al día siguiente, y acompañarlo de medidas de democratización económica, de reforma de la gran propiedad. No llegó a tiempo. A las 6:30 de la madrugada del 11 de septiembre, la Marina se sublevó en Valparaíso y se puso en marcha un Golpe de Estado que acabaría con la vida de Allende y aplastaría por medio del crimen sus planes constituyentes.

Casi medio siglo después, sobreponiéndose a la represión y a la pandemia, el pueblo chileno decidió reconstituir el proyecto truncado del presidente socialista. Por abrumadora mayoría, hizo saltar en referéndum los cerrojos de la Carta otorgada por el dictador Augusto Pinochet en 1980. Ahora se apresta a escribir una nueva Constitución para Chile. Y lo hará en la primera Convención Constituyente de la historia con paridad mujeres-hombres y representación de los pueblos originarios. La batalla por un proceso constituyente realmente soberano no estará exenta de obstáculos. Pero su sola conquista heroica en calles y plazas ya ha lanzado al mundo un mensaje de una inconmensurable potencia democrática: que lo que a veces se considera imposible, solo es algo que tarda un poco más en llegar.

Franco y Pinochet: una historia común de sabotaje de la legalidad republicana

Desde 2008, el capitalismo global vive su mayor crisis sistémica desde inicios del siglo XX. Esta crisis –social, económica, ambiental– se ha agravado notablemente con el estallido de la pandemia. Las principales respuestas que se le oponen, al menos en Europa y América, oscilan entre un neoliberalismo con tintes neofascistas y apelaciones a algún tipo de regulación social, democratizadora, como la que puso en marcha F.D. Roosevelt con el New Deal a partir de 1933.

La República de Chile fue pionera en este tipo de iniciativas. La mayoría fue aplicada en el marco de la Constitución de 1925, aprobada tras la reincorporación a la presidencia de Arturo Alessandri y vigente hasta el Golpe de 1973. Se trataba de un texto avanzado para su época. Y no era del todo sorprendente si se tiene en cuenta que Chile había conquistado el voto masculino, universal y secreto en 1874, con anterioridad a otros como Bélgica, Dinamarca, Noruega o Francia. Y no solo eso. En 1932 llegó a proclamar una efímera República socialista y seis años más tarde, en 1938, vio surgir un gobierno de Frente Popular presidido por el radical Pedro Aguirre Cerda y con el joven médico Salvador Allende como Ministro de Salud.

En realidad, ese constitucionalismo social chileno de inicios del siglo XX coincidió con el puesto en marcha en la II República española con la Constitución de 1931. La diferencia está en que la incipiente institucionalidad republicana española fue liquidada entre 1936 y 1939, con la inestimable intervención de Alemania e Italia, dando lugar a la oprobiosa dictadura de Francisco Franco. La chilena, en cambio, aguantó hasta 1973 y fue depuesta con la intervención deliberada de la Administración de Richard Nixon, que movilizó para su causa a la CIA, a la ITT, y aliados de todo tipo en Europa y América Latina.

Franco y Pinochet no solo compartieron una historia común de sabotaje de la legalidad republicana. También se profesaron mutua admiración. El 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del Golpe, Pinochet envió una carta a Franco para comunicarle el relevo del embajador de Chile en España y transmitirle su admiración: “Os ruego que aceptéis –le decía– los sinceros votos que formulamos por el bienestar de Vuestra Excelencia y por la grandeza de España”. Poco después, Emilio Villaescusa, un veterano franquista que había participado en la invasión nazi a la Unión Soviética, le devolvía el favor e imponía a Pinochet, en Santiago de Chile, la condecoración de la Gran Cruz al Mérito Militar, concedida por el propio Franco.

Los elogios recíprocos se mantendrían hasta los últimos días de vida del dictador de Ferrol. Una vez muerto este, la admiración se prolongó en la figura de su sucesor en la Jefatura del Estado, Juan Carlos I de Borbón. De hecho, cuando Pinochet se desplazó a Madrid, en 1975, a rendir homenaje “a un caudillo que nos ha mostrado el camino a seguir en la lucha contra el comunismo”, quien lo recibió entusiasmado y con abrazos a Pinochet en la escalerilla del avión fue el mismísimo Juan Carlos, quien unos meses antes le había reconocido que si por él fuera “viajaría a Chile de inmediato”.

La transición española como modelo para la transición chilena

Cuando la dictadura se hizo insoportable, la España y el Chile que se habían levantado contra la legalidad republicana buscaron compartir un “relato” que facilitara una transición democrática “moderada y sin revanchas”.

En el espejo chileno, la transición española y su Constitución de 1978 aparecieron durante mucho tiempo como modelo de lo que debía ser una democracia tutelada. A diferencia del Reino de España, Chile no contaba con una Monarquía encargada garantizar la “permanencia del Estado” y de moderar los “excesos democráticos”. Aún así, la Constitución pinochetista de 1980 intentó imitar algunos rasgos de la Constitución española de 1978. Era una Constitución rígida, que facilitaba una cierta transición democrática pero que hacía difícil, por no decir imposible, la introducción de reformas estructurales. Era, asimismo, una Constitución que aseguraba a los sectores vinculados al Antiguo Régimen un papel importante en órganos clave como el Poder Judicial, el Ejército o el propio Parlamento.

Había, sin embargo, una diferencia importante. En España, la Jefatura de Estado de Juan Carlos de Borbón había conseguido legitimarse parcialmente colándose en el referéndum que sometió a consulta la Constitución como un todo en diciembre de 1978. En Chile, Pinochet convocó un plebiscito con el único objetivo de someter a la consideración pública su continuidad en el poder. Contra pronóstico, sufrió una derrota categórica. Un 55,5% votó en contra.

El plebiscito de 1988 marcó el principio del fin de Pinochet. Diez años más tarde, el dictador viajó a Londres siendo senador vitalicio para someterse a una operación de columna. Convencido de que tenía inmunidad diplomática, no  dio crédito cuando recibió una orden de detención dictada por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón. Las acusaciones también lo dejaron atónito: presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas en Chile durante la dictadura militar. El arresto duró 503 días, y aunque el Reino Unido finalmente no autorizó el traslado a España, el caso marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad. Cuando Pinochet regresó a Chile, la justicia aprobó su desafuero como senador vitalicio y pudo ser investigado y procesado. Y a pesar de que tanto la llamada Comisión Valech como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile habían registrado más de 40.000 víctimas de sus crímenes, al final fue sobreseído por supuestas dolencias mentales.

De una democracia restringida a un proceso constituyente

La orden de arresto de Pinochet por parte de la justicia española no solo fue un golpe para el régimen heredado de la Constitución chilena de 1980. También sacudió las bases del régimen en el que había cristalizado la Constitución española de 1978, incapaz, entre otras cosas, de juzgar los crímenes del franquismo.

Esta percepción crítica de la Constitución, o mejor, del régimen constitucional, se vio agravada durante el segundo mandato de José María Aznar. Ya en plena crisis, en 2011, se profundizó con la reforma subrepticia, alevosa, del artículo 135, que en plena crisis convirtió el pago de la deuda a los grandes bancos como un objetivo constitucional prioritario. Esta (contra)reforma, en realidad, desactivó los aspectos más sociales y garantistas de la Constitución de 1978, acercándola, en cierto modo, al espíritu neoliberal que Jaime Guzmán y los llamados Chicago Boys habían impreso a la Constitución pinochetista de 1980.

Como reacción a esta realidad, mareas ciudadanas, nuevos colectivos republicanos, generaciones jóvenes ligadas al 15-M, e incluso diferentes propuestas soberanistas catalanas, vascas o gallegas, asumieron la consigna del proceso constituyente -en singular o en plural- como una alternativa a la crisis económica, social y territorial que se había desatado. Una y otra vez, sin embargo, se encontraron, al igual que en Chile, bien con los límites de sus propias fuerzas, bien con la férrea oposición del Tribunal Constitucional y otras instituciones del Estado. Para estos, el único horizonte de cambio admisible pasaba por la reforma constitucional que, de uno y otro lado del océano, era prácticamente imposible cuando se trataba de abordar cambios estructurales.

En este escenario de crisis constitucional, el estallido social chileno de octubre de 2019 inauguraría una nueva etapa. El detonante del levantamiento fue el alza abusiva del precio del transporte público. E involucró a miles de estudiantes a lo largo de todo el país. Pero las razones de fondo de las protestas apuntaban mucho más alto. Por un lado, implicaban una crítica descarnada, no exenta de cólera, contra el supuesto “milagro chileno”, que tras décadas en vigor, había aumentado la obscenamente la exclusión y las desigualdades, haciendo inaccesibles fármacos básicos y tratamientos de salud elementales, privatizando el sistema de pensiones o forzando a sectores amplios de la sociedad a endeudarse para poder estudiar. Por otra parte, expresaban una impugnación, también rabiosa, de la clase política, tanto en las derechas como en las izquierdas, a las que a menudo se veían demasiado implicada en componendas con aquellas.

La reacción del presidente Sebastián Piñera –un empresario millonario y conservador– fue combustible lanzado al fuego. En lugar de reconocer algunas de las razones que había detrás los disturbios, dijo que el país estaba “en guerra ante un enemigo poderoso” y anunció duras medidas represivas para combatirlo. Su mujer, Cecilia Morel, directamente comparó las protestas con “una invasión alienígena”, aunque luego rectificó y admitió que lo que hacía falta era “trabajar por disminuir la desigualdad” y “por disminuir nuestros privilegios”.

La actitud del Gobierno no hizo sino escalar el conflicto. Centenares de manifestaciones inundaron diferentes ciudades y pueblos del país. En muchas de ellas se produjeron enfrentamientos con la policía que se saldaron con muertes, heridos y centenares de manifestantes que perdieron la vista como consecuencia de los perdigones lanzados por la policía. Junto a los bloqueos, marchas y protestas convencionales, se organizaron ollas populares y “cabildos abiertos” para discutir los problemas de la ciudadanía.  A medida que las movilizaciones fueron madurando, crecieron reivindicaciones como las del colectivo feminista de Valparaíso, Las Tesis, que lanzaron una performance participativa de protesta –”Un violador en tu camino”- que dio la vuelta al mundo. Igualmente, la represión del Estado hizo que la bandera oficial chilena se viera desplazada u obligada a convivir con símbolos mapuches, que pasaron a ocupar un lugar central en marchas y concentraciones.

La masividad de las manifestaciones y la desmedida represión utilizada contra ellas hundió la aceptación de Piñera. En un momento determinado, esta llegó a caer unos 15 puntos porcentuales por semana, mientras que la desaprobación se disparó a casi el 80%. La persistencia ciudadana, popular, se tradujo por su parte en actos multitudinarios como el del 25 de octubre de 2019, que reunió a casi un millón y medio de personas en Plaza Baquedano, rebautizada como “Plaza de la Dignidad”.

Finalmente, el Gobierno se vio obligado a mover ficha. Primero, prometió una “Nueva Agenda Social”, con medidas de mejora en materia de pensiones, salud, salarios, energía, o fiscales. Luego, aceptó lo que parecía imposible: una reforma de la Constitución que dejaba en manos del pueblo chileno la redacción de una nueva Carta Magna en reemplazo de la Pinochet. No se trataba, pues, de debatir cambios concretos en base a los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución de 1980. Lo que la movilización social había conquistado era algo mucho más ambicioso: una reforma constitucional que habilitara un nuevo proceso constituyente.

Ciertamente, los sectores conservadores cedieron, pero solo a medias. Se vieron obligados a aceptar un hecho inédito en el derecho constitucional comparado: que la eventual Convención Constituyente observara en su composición la paridad absoluta entre mujeres y hombres. Igualmente, se comprometieron a dar representación y voz en ella a los pueblos indígenas originarios. Sin embargo, para evitar que el cambio llegara demasiado lejos, también adoptaron sus resguardos. Obligaron al resto de fuerzas políticas a aceptar un quorum de 2/3 para el funcionamiento de la Convención encargada de redactar la nueva Carta Magna. De este modo, se reservaban un poder veto, de bloqueo, cuya activación exigía una simple minoría de 1/3. Asimismo, se aseguraron que los nuevos contenidos constitucionales no afectaran a “tratados internacionales vigentes”, una cláusula que rápidamente se interpretó como destinada a proteger los tratados de libre comercio y los derechos de los grandes inversores.

Se pasaba, en definitiva, de una democracia restringida, condicionada, a un proceso constituyente. Pero con un riesgo: que el propio proceso constituyente naciera maniatado, para evitar justamente que alcanzara a áreas económicas “delicadas”, como el control de las inversiones extranjeras, o que produjera “excesos” democráticos indeseables. Los sectores conservadores admitían el fin de la Constitución de Pinochet. Pero desplegaban toda su fuerza para que ninguna Constitución nueva supusiera el quebranto de ciertos pilares políticos y económicos que consideraban irrenunciables.

El voto del 25 de octubre: primera victoria constituyente

Todos estos intereses contrapuestos entraron en disputa durante el plebiscito del pasado 25 de octubre. Y a pesar del cansancio, de la represión, de la emergencia social y económica, del miedo a la pandemia, la respuesta popular fue admirable. Con una participación superior a la de las últimas elecciones previas al Covid-19, un aplastante 78,2 % de los votantes se pronunció a favor de acabar con la Constitución de Pinochet mediante una Convención Constituyente paritaria. Apenas un exiguo 21,7% rechazó esta posibilidad, atrincherándose en el pasado.

Obviamente, tanto el voto del “rechazo”, como una parte del voto del “apruebo”, expresan a sectores conservadores que harán lo imposible para que la nueva Constitución sea un texto de mínimos, sin ambición ni capacidad transformadora. Para ello, intentarán que la calle se enfríe y que la pasión constituyente se desactive o se canalice exclusivamente a través de los partidos convencionales y la clase política de siempre. Igualmente, pondrán todo su esfuerzo en que entre los 155 miembros de la Convención que se elegirá en abril haya, al menos, una minoría con fuerza suficiente como para bloquear cualquier medida “excesiva”, “populista”, tanto en el orden político como en el económico.

La única forma de evitar que esto ocurra es que los movimientos sociales, populares, entiendan que el 25 de octubre solo se ha ganado una primera batalla constituyente. Pero que aún quedan muchas otras, que solo podrán materializarse en la medida en que la autoorganización y la autoilustración ciudadana mantengan viva la llama y la encomiable creatividad constituyente de estos meses. Desde luego, enfrentarse a poderes fácticos arraigados no es nada fácil, y menos en un contexto de pandemia. Pero si algo ha mostrado tener la gente, el pueblo chileno en toda su pluralidad, ha sido un coraje y una imaginación increíbles, capaces de sortear los obstáculos más férreos. Que la Convención Constituyente nazca sin mordazas, soberana, no dependerá de compromisos institucionales previos o de cuestiones técnicas. Dependerá de la fuerza constituyente que la preceda. En la calle y en las urnas. Así fue en Bolivia, el 18 de octubre. Así acaba de ser en Chile, el 25. Así ha sido en la historia reciente de la humanidad.

Sea como fuere, pase lo que pase del otro lado del océano, el impacto que tendrá en la península será enorme. Tanto Chile como el Reino de España tienen constituciones que se elaboraron bajo la vigilancia severa de viejas dictaduras. Ambas facilitaron una cierta transición democrática. Ambas están atravesadas de candados que impiden ciertos cambios constitucionales de fondo.

Este domingo 25 de octubre Chile ha demostrado que una voluntad constituyente, popular, organizada y decidida, puede hacer saltar por los aires los antiguos cerrojos jurídicos y dar paso a reglas nuevas. O sea que no es imposible. No hay un destino escrito. Hay alternativas. Y si las grandes alamedas se han abierto en Chile, como quería Allende, bien podrían abrirse también entre nosotros. Por eso la batalla y los sueños de Chile son, más que nunca, nuestra batalla, nuestros sueños.

Bolivia: la revuelta de la esperanza.

Por Gerardo Pisarello y Lucía Muñoz*

Publicado en Cuartopoder 25/10/2020

“Llegamos al país unos días antes de las elecciones. Veníamos como invitados por el Tribunal Supremo Electoral”

“Ahí comenzamos a entender que el voto, para amplios sectores de las capas populares indígenas y campesinas había adquirido una dimensión existencial”

“El pueblo boliviano salvaba la memoria del Che y nos devolvía a Madrid sanos, salvos y llenos de esperanzas en la gran revuelta democrática que acababa de producirse”

Llegamos al país unos días antes de las elecciones. Veníamos como invitados por el Tribunal Supremo Electoral. Aterrizamos en La Paz-El Alto y vinieron a recogernos en una camioneta para observadores. Julio, el chófer, nos advirtió que había algunas patrullas militares en la zona y problemas en el suministro de combustibles. En el descenso al hotel, con el Illimani de fondo, notamos que no había prácticamente pintadas en las paredes. Algunas leyendas, uno que otro cartel, pero poca cosa más. Como si las elecciones se hubieran producido ya, en un tiempo lejano del que apenas quedaba rastro. O como si se tratara de algo de lo que no convenía hablar demasiado. Esa fue la impresión más evidente: la del silencio. Un silencio denso, extraño, vigilado, que no hacía presagiar nada bueno. Mucho menos la revuelta democrática que nos tocaría vivir el domingo.

Murillo y la extrema derecha española

Nos alojaron en un hotel del centro donde se realizarían las formaciones del propio Tribunal Supremo Electoral. No habíamos terminado de deshacer las maletas cuando el ministro de Gobernación, Arturo Murillo, decidió recibirnos con un tuit de bienvenida. El mensaje distinguía entre observadores y “agitadores […] que vienen a buscar violencia”. Los primeros eran formalmente bienvenidos. A los segundos solo les podían esperar dos destinos: o “un avión o entre rejas”.

La noticia no invitaba a la tranquilidad. Murillo había sido responsable directo de la represión contra movimientos sociales e incluso de masacres como las de Senkata y Sacaba. En ellas, una veintena de civiles resultaron muertos y unos doscientos heridos de gravedad. Ese mismo hombre que buscaba intimidarnos se había reunido en enero con los diputados de Vox, Hermman Tertsch y Víctor González Coello de Portugal. Este último acababa de ser condenado por el Tribunal Supremo por “irregularidades contables graves” en la empresa Marmolería Leonesa. Pero ni él ni Tertsch tuvieron empacho en mostrar ya desde el comienzo del golpe de Jeanine Añez su “solidaridad con el gran cambio hacia la democracia en Bolivia”.

La noticia de nuestra presencia en Bolivia activó las viejas amistades. No había caído la noche cuando por orden evidente de Murillo, la Dirección de Migraciones cedió las fotos que nos habían tomado en los controles de Santa Cruz al “periodista” de OK Diario, Alejandro Entrambasaguas. Hijo de un ingeniero que había llegado a trabajar con el Gobierno de Evo Morales, Entrambasaguas había puesto sus malas artes al servicio del gobierno de Añez, casi desde su constitución. Con el respaldo de sus vínculos en la península, se dedicó a difundir noticias falsas en medios ultraderechistas bolivianos, a realizar declaraciones racistas contras aymaras y quechuas e incluso a montar agresiones contra simpatizantes o exministros del Movimiento Al Socialismo (MAS). Nuestra llegada también le resultó inspiradora. Entre el jueves y el sábado su pasquín digital publicó notas con las fotos cedidas ilegalmente –las nuestras y las de nuestros compañeros Fran Pérez y Maite Mola, de Izquierda Unida–. La ristra de mentiras era notable. Decía que habíamos mentido en aduana, haciéndonos pasar por turistas, cuando ya estábamos acreditados por el Tribunal Supremo Electoral. Aseguraba que habíamos decidido alojarnos en un hotel de lujo, cuando en realidad se trataba del hotel escogido por el propio Tribunal Electoral (75 dólares la noche, pagados por nosotros). El propósito de fondo, sin embargo, estaba claro. Abonar la tesis de los “alborotadores violentos” de Murillo y crear un clima público hostil e intimidador. En poco tiempo, nuestras fotos circulaban por televisiones y prensa escrita boliviana, se distribuían en grupos de whatsapp e incluso en la propia calle. Representantes de Naciones Unidas nos aseguraron que velarían por nuestra seguridad y mucha gente comenzó a solidarse en las redes. Nosotros estábamos tranquilos, pero conociendo los antecedentes del Gobierno de facto, éramos conscientes de que no se podía descartar nada. El viernes por la noche, de hecho, unos 60 policías intentaron detener “por órdenes superiores” al diputado argentino Federico Fagioli, que primero fue aislado en una dependencia del aeropuerto de El Alto y luego arrastrado a un automóvil sin identificación. Las grabaciones de los forcejeos con la policía y la intervención del propio presidente argentino, Alberto Fernández, permitieron que Fagioli fuera dejado en libertad. Pero la situación era clara: si el Gobierno de facto pretendía intimidar con estos métodos a diputados y observadores internacionales, no había que ser muy agudos para imaginar lo que estaba haciendo con la gente sencilla, de a pie, que discrepaba con el Gobierno y que estaba llamada a ejercer su derecho de voto.

Las elecciones del 18 de octubre: un voto existencial

El propio domingo amaneció cargado con esa tensión. En la sesión de apertura formal de los comicios convocada por el Tribunal Supremo Electoral, nos tocó sentarnos a unos pocos metros de Murillo y de la propia Añez. Ambos habían entrado escoltados por militares, pero no intervinieron en el acto. El único orador fue el propio presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero, que habló rodeado de miembros de embajadas y de organismos internacionales. La soledad institucional de la presidenta de facto no pasó inadvertida a nadie. Era un indicio fuerte de un desgaste y un  desprestigio profundos, que no tardarían en corroborarse.

Contra los pronósticos más agoreros, las votaciones se produjeron de manera ejemplar. Prácticamente no se registró ningún incidente y la asistencia a las urnas fue masiva. La misma tarde del domingo, un señor aymara de edad mediana nos había confesado, con una mezcla rara de serenidad y angustia, que llevaba meses “con un nudo, con una fuerte presión en el pecho”. Y que votar lo había “aligerado”, que le había quitado un gran peso de encima.

Ahí comenzamos a entender que el voto, para amplios sectores de las capas populares indígenas y campesinas, así como para sectores medios importantes, había adquirido una dimensión existencial, casi de vida o muerte. Que tras las movilizaciones y cortes de carretera del mes de agosto, se había convertido en el último recurso para hacer valer una voluntad atropellada, maltratada. La cuestión clave era dónde iría a parar esa exigencia de paz después de tantos meses de agresiones, de corrupción, y de una pésima gestión de la pandemia. Todas las encuestas colocaban en primer lugar a la fórmula integrada por Luis Arce y David Choquehuanca. Sin embargo, notamos que en cenáculos influyentes -embajadas, organismos internacionales, editoriales televisivas, círculos económicos- no se perdía la esperanza de que el ganador, al menos en segunda vuelta, fuera Carlos Mesa.

Para buena parte de los sectores biempensantes locales e internacionales, Mesa aparecía como el garante de una continuidad amable, elegante, del régimen facto, y como el mejor antídoto contra el Masismo. Era la encarnación paceña de esa suerte de Macronismo global por el que suspiran tantas élites. Un intelectual capaz de hablar su lenguaje, de aplacar cualquier tentación “populista” y de permitir, bajo una retórica socialiberal, mantener el business as usual.

Tanto desde Estados Unidos como desde Europa se hizo mucho para que ocurriera: se amparó el papel fraudulento de la OEA en las elecciones de 2019, se toleraron o minimizaron gravísimas violaciones de derechos humanos por parte del régimen de facto, se dejó las manos libres a la extrema derecha para que actuara contra las bases masistas. Todo ello con la convicción de que Mesa irrumpiría entre el humo y los escombros como el gran pacificador, como el voto útil de un nuevo orden “culto”, liberal, moderno, capaz de convertir al MAS en un paréntesis pintoresco de la historia andina.

A medida que avanzaba la tarde, hubo algunas señales de que las cosas no irían por este camino. En una decisión algo extraña, pero celebrada por nosotros, el Tribunal Supremo Electoral había dejado caer, un día antes de las elecciones, el Sistema de Conteo Preliminar que tantos problemas había ocasionado en 2019. Con ello, el momento clave de la noche electoral se trasladaba a las encuestas a boca de urna encargadas a empresas privadas claramente dominadas por sectores anti-masistas. Se calculaba que a partir de las ocho publicarían sus resultados. Esto tenía un riesgo cierto, puesto que marcaría una tendencia que podía no coincidir con los datos oficiales finales. El fantasma de los enfrentamientos por los resultados volvía a sobrevolar el ambiente.

Cuando eran casi las nueve, las televisiones bolivianas comenzaron a anunciar que la publicación de los resultados sería “inminente”. Sin embargo, el subtitulado que informaba en rojo las aparición de las primeras cifras permaneció largamente congelado en la pantalla. Los temores de una retención deliberada y de un posible fraude contra el MAS se apoderaron de muchos de nosotros, así como de compañeras y compañeros pertenecientes a las delegaciones del Parlasur, de la Internacional Progresista o de la Copppal, encabezada por el derrocado presidente paraguayo Fernando Lugo. El nerviosismo fue creciendo. Era difícil no pensar qué ocurriría con miles de bolivianos –y con nosotros mismos– si se desataba una nueva ola represiva.

Y de pronto, lo increíble. Esos momentos únicos, que condensan y condicionan una época. Tras horas de demoras injustificadas, los resultados a boca de urna revelaban lo que nadie había previsto: el MAS se imponía en primera vuelta, con más de veinte puntos de diferencia, sobre su inmediato seguidor. Un nudo nos ganó la garganta. La propia Jeanine Añez salía a reconocer que la fórmula Arce-Choquehuanca había sido escogida para gobernar el país. La sorpresa era inmensa. La alegría, también.

El voto como bofetada contra el abuso de poder

Lo ocurrido desbordaba las expectativas más optimistas. Entrada la madrugada, comenzaron a circular en los móviles las declaraciones de un sindicalista de la Central Obrera Boliviana -la célebre COB- que ayudaba a entender algunas cosas. “Les hemos dado un sopapo, un revés”, decía, mientras mascaba unas hojas de coca. “Hoy la gente ha votado contra la discriminación, contra la prepotencia. Han lastimado lo más profundo de los bolivianos. La pollera, la whipala, la Pachamama. Nuestras tradiciones ancestrales, milenarias. Se han despreocupado por el sector productivo de Bolivia. No les ha importado más que hacer corrupción, humillar al pueblo boliviano, discriminar ¿Cuántas armas han caminado hoy día por Bolivia? Esto va a quedar para la historia. Y el mundo lo ha visto: ¿cómo en un día de fiesta democrática pueden sacar armas a la calle?”

En un escenario de guerra civil asimétrica, de agresión militar, pero también de agresión social y económica, el voto resultaba una última oportunidad no violenta de proteger la vida. O se conseguía con el voto, o tendría que conseguirse en las calles, a través de la movilización, y al precio que fuera necesario. Y pasó lo inesperado. El MAS volvía y lo hacía con millones de votos, confirmando la profecía atribuida al caudillo aymara Tupac Katari, antes de ser asesinado por los corregidores españoles, en 1781. Y no solo eso. Volvía evitando las provocaciones, sorteando las patrullas militares y las amenazas del ya menguante Ministro Murillo. Para una amplia mayoría de la población, el voto se había convertido en la herramienta más eficaz para limitar el abuso de poder. Y no se había ejercido de cualquier manera. Había tenido un carácter inequívocamente pacífico, y sobre todo, había sido masivo. Esa masividad fue tan contundente que pronto quedó claro que no podría ser neutralizada por ninguna de las vías coercitivas utilizadas durante el golpe de 2019. Ni la intimidación, ni el fraude, ni la intromisión ilegítima de ningún actor internacional. El desprestigio del régimen y los veinte puntos de diferencia entre Arce y Mesa dejaron sin opciones a las alternativas golpistas. Ni el Secretario de Estado, Mike Pompeo, ni el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ni los grupos de choque de Luis Camacho, en Santa Cruz, pudieron maquinar para impedir una salida democrática.

Mesa o el fraude del Leviatán liberal

Pero no solo Pompeo o Almagro habían sido derrotados. También la opción Mesa había naufragado de manera inapelable. Sus promotores fueron los primeros en recibir el “sopapo” tan expresivamente descrito por el trabajador de la COB. Los más de veinte puntos que separaron a Arce de Mesa reflejaban un desprecio y un desconocimiento insultantes por parte de ciertas élites de una Bolivia indígena, campesina, popular, siempre subestimada en sus análisis sociológicos o tratada como una masa infantil, manipulable, sin autonomía propia. Pero había algo más profundo. La propia aspiración a un Leviatán liberal encabezado por Mesa se revelaba como un fracaso. Como un concepto fraudulento que se asentaba en una contradicción notoria: la de un liberalismo que había consentido todo tipo de tropelías contra las libertades más elementales. La de una promesa de orden, de estabilidad, que se había dejado arrastrar sin tapujos por desorden, por el caos represivo y por las corruptelas de la extrema derecha. En realidad no era algo nuevo. Contemplado a través del cristal boliviano, el propio siglo veinte aparecía repleto de refinados liberales à la Mesa que prestaron sus servicios al matonismo “antipopulista” de extrema derecha, con la esperanza de poder desembarazarse de un adversario incómodo en su camino a la gloria. Lo cierto, sin embargo, es que el grueso de ellos obtuvo lo mismo que el 18 de octubre había deparado al profesor boliviano: un triste lugar en el panteón de los políticos fracasados.

Luis Arce y la gestión la esperanza   

Quien sí había recogido los frutos de esa exigencia existencial de paz y de seguridad social económica había sido el binomio integrado por Luis Arce y David Choquehuanca. A medida que avanzaba el escrutinio, todo adquiría claridad retrospectiva. El impresionante despliegue territorial del MAS y de sus diferentes núcleos comunitarios, que en pocos meses habían recuperado mística y capacidad organizativa espoleados por la represión. El papel carismático de Evo Morales, quien en medio de los embates más duros había resistido y agudizado el olfato del viejo dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba. Las propias figuras de Arce y Choquehuanca, con quienes nos habíamos reunido dos días antes en la modestísima sede del MAS, aparecían ahora más nítidas, bajo una luz nueva. Arce, como el hombre tranquilo que encarnaba con solvencia un modelo económico inteligente, que había garantizado crecimiento, inclusión, distribución de la riqueza, y que había mejorado la vida concreta de millones de bolivianos y bolivianas. Choquehuanca, como garante de la revisión de errores del pasado y como vínculo autorizado con los pueblos indígenas y campesinos. Y tras ellos, una nueva generación de dirigentes que prometía aportar savia nueva al proceso de democratización del país: Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado más joven de la historia de Bolivia, con solo 29 años; la valiente Eva Copa, presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional; el carismático Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero y vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba.

Los retos, en un contexto de pandemia y de un horizonte económico difícil, eran enormes. Estabilizar el país, reparar los daños a los bienes públicos, comunes, revertir desigualdades sangrantes, facilitar la articulación comunitaria generada durante la resistencia al golpe. Combinar de forma sabia las exigencias de justicia, de reparación de los crímenes del interregno Añez, con las demandas de paz de una sociedad demasiado agotada por el clima de guerra civil como para que el MAS pudiera limitarse a “ser como ellos”. Un apoyo tan contundente, pero tan diversificado internamente, obligaba a una reconstrucción firme y cuidadosa de una república genuinamente plurinacional, capaz de corregir los errores de las gestiones anteriores, de afirmar los aciertos, y también de inventar, de ofrecer a la región y al mundo nuevas razones para la esperanza.

El lunes siguiente a las elecciones el país se levantó aliviado. Un sol intenso, amable, cubría La Paz y las calles recuperaban el color del pequeño comercio, de la venta ambulante. Las noticias traían una cascada de reconocimientos al nuevo Gobierno: Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, Sebastián Piñera y Pedro Sánchez. La sensación, en realidad, era que entre octubre del 2019 y octubre del 2020 algo se había movido. El eje de la incidencia internacional se había desplazado de la OEA y de Trump a la ONU y la Unión Europea. El francés Jean Arlaut, comisionado por António Guterres para buscar una salida pacífica en Bolivia, no tenía nada que ver con el fraudulento Luis Almagro. Y Josep Borrell estaba determinado a no actuar al ritmo de Pompeo.

Antes de abandonar la ciudad, tuvimos tiempos de abrazarnos –los contenidos abrazos de estos tiempos de pandemia– con viejas amigas y amigos de Bolivia, compañeras de lucha, de resistencia, de innumerables reuniones de Zoom durante la pandemia y durante la infausta de la dictadura añista. Muchos de ellos habían decidido regresar tras un exilio doloroso, arriesgando sus vidas, apostándolo todo a una victoria popular que había acabado por producirse. Cada quién, entre lágrimas, ensayaba el duelo de lo que habían sido aquellos meses de ruido y furia: las muertes de gente amiga, las amenazas a familiares, las persecuciones judiciales, el saqueo de bienes. Sin embargo, esta vez, la pena daba rápidamente paso a una sonrisa liberadora. El ajayu, el alma aymara, les volvía al cuerpo y con los ojos iluminados, todavía incrédulos, comenzaban a enumerar los desafíos y los signos de un tiempo nuevo. Y no solo para Bolivia. Para Chile, que había celebrado su propio 18 de octubre con una Plaza de la Dignidad repleta de banderas mapuche y de cantos que recordaban, con Quilapayún, que “el pueblo, unido, jamás será vencido”. Para Ecuador, cuya justicia había autorizado la inscripción de la pareja Andrés Arauz y Carlos Rabascall para las elecciones presidenciales de 2021. E incluso para los Estados Unidos, donde los resultados bolivianos suponían un nuevo dolor de cabeza para Donald Trump, pieza clave en la articulación de las extremas derechas ibero-latinoamericanas.

Llegamos al aeropuerto de La Paz-El Alto hacia la hora de comer. Pedimos algo de fruta, apuramos una última empanada, enviamos nuestras impresiones a nuestros compañeros del Congreso y a toda la gente que nos había seguido, preocupada, durante nuestro precipitado salto a Bolivia. Mientras nos acercábamos a los últimos controles de salida, nos vino a la cabeza el discurso pronunciado poco antes de las elecciones por el ministro de Defensa del Gobierno Añez, Luis López, a propósito de los 53 años del asesinato de Ernesto Guevara en La Higuera. En él, López había advertido con tono marcial que no permitirían que los extranjeros, cualquiera sea su nacionalidad, vinieran a “subvertir” el país, como había intentado el Che. Y había recordado con tono amenazante que aquellos “terroristas y aventureros” habían sido derrotados “no solo por el Ejército boliviano, sino también por el pueblo”, y que la historia se podía volver a repetir. Mientras comentábamos aquel discurso macabro, un militar boliviano, joven, nos reconoció detrás de las mascarillas “¿No son ustedes los observadores que aparecieron en la televisión estos días?” Nos miramos, tomamos aire, y asentimos con la cabeza. “Que sepan que serán siempre bienvenidos a Bolivia” agregó con una sonrisa. Es difícil saber qué hubiera ocurrido con unos resultados electorales más ajustados. Pero los obtenidos habían cerrado paso a la violencia desbocada y a la muerte. Con su coraje extraordinario, el pueblo boliviano salvaba la memoria del Che y nos devolvía a Madrid sanos, salvos y llenos de esperanzas en aquella gran revuelta democrática que acababa de producirse ante nuestros ojos sacudiendo al mundo.

* Diputados del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.

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12 de octubre. Por un republicanismo anticolonialista

Por Gerardo Pisarello. Publicado en Público.es 12/10/2020

Los actos evocatorios del 12 de octubre de 1492 tendrán este año un significado singular. Por el propio contexto de pandemia, que sitúa cualquier reflexión pública en una suerte de niebla espesa, por momentos irreal. Pero también por la emergencia, a uno y otro lado del océano, de una extrema derecha descaradamente negacionista de lo que de crueldad y expolio tuvieron aquellos choques sociales y culturales. 

Esta realidad obliga a prestar atención a las ciento de miles de voces que, en medio de una dramática violencia racista estatal y paraestatal se están movilizando contra el neofascsimo en diferentes rincones del mundo. Y constituye una buena ocasión, también, para articular un republicanismo del siglo XXI con anticuerpos suficientes para repeler, entre otras cosas, el virus letal del racismo y del colonialismo.

1- Bartolomé de las Casas y las semillas del republicanismo anticolonial

Sin dudas, una de las figuras más interesantes para acometer esta tarea es la del humanista y fraile dominico, Bartolomé de Las Casas. Nacido en Sevilla hacia 1474 en un familia de mercaderes, Las Casas representa a una generación que por su propia vivencia de la conquista en América reaccionó a las atrocidades que él mismo describiría indignado en su “Brevísima relación de la destrucción de Indias”, de 1542. Su experiencia de la brutalidad colonial –Las Casas calculó que en cuatro décadas más de 12 millones de amerindios habían muerto como consecuencia de malos tratos, matanzas, epidemias– no fue vana. Por el contrario, fue lo que le permitió convertirse en una figura clave de la teorización moderna de los derechos humanos y del republicanismo democrático.

Las Casas vivió unos 82 años. Llegó a La Española –hoy Haití– cuando tenía poco más de veinte. Una década más tarde, hacia 1514, tomó conciencia plena de lo que suponía el sistema de esclavitud y saqueo practicado por conquistadores, colonos y encomenderos contra las poblaciones originarias. A partir de entonces, dedicó el resto de su vida a denunciarlo y a proponer medidas para acabar con este sistema. La más radical fue la supresión total y definitiva de lo que consideraba el peor de los crímenes:  la “encomienda perpetua”, piedra angular del régimen de explotación económica y de vejaciones sobre el que se sostenía el edificio colonial.

En 1542, con las Nuevas Leyes de Indias, dictadas por Carlos V, Las Casas vio como sus esfuerzos se traducían en algunas reformas. Sin embargo, la reacción de los encomenderos fue tan brutal que el propio monarca acabó retrocediendo y revirtiéndolas. Con la transición monárquica de Carlos V a Felipe II, Las Casas vio menguada su influencia en la Corte. Eso le valió una soledad creciente, pero en sus últimos años, lejos de amilanarse, se radicalizó en sus posiciones. Agudizó sus críticas a la Corona. Defendió de manera explícita el derecho democrático de los pueblos indios colonizados a su autodeterminación y a ser restituidos en lo que por justicia les correspondía. Solo se arrepintió de una cosa: haber aceptado en su juventud que la esclavitud indígena fuera reemplazada con esclavos africanos para morigerar la tragedia que le estaba tocando presenciar. 

El escritor republicano cubano, José Martí, llegó a escribir, refiriéndose al coraje político, a la empatía y a la firmeza ética de Las Casas: “Empezó su medio siglo de pelea para que los indios no fueran esclavos; de pelea en las Américas; de pelea en Madrid; de pelea contra el Rey mismo; contra España toda, él solo, de pelea”. Unas de estas batallas, precisamente, fue la llamada “Controversia de Valladolid”, una polémica que lo enfrentó entre 1550 y 1551 a Juan Ginés de Sepúlveda. En dicha discusión, Sepúlveda defendió las guerras de conquista contra los “bárbaros” amerindios. Las Casas se opuso con argumentos contundentes: ¿era justa pues, la guerra de los romanos contra los españoles para liberar a estos de su barbarie? ¿no fueron más bárbaros, en tanto crueles y estólidos, conquistadores y encomenderos que los pueblos amerindios? ¿cómo es posible hablar sin más de razas o naciones bárbaras?

Pero la formación política y filosófica de Las Casas le permitió ir más allá. Como conocedor de Aristóteles que era, su crítica del genocidio americano le llevó a esbozar una teoría republicana y democrática del buen gobierno que se anticiparía a autores como Rousseau. En su tratado sobre El poder de los reyes y los derechos de los súbditos (De Regia Potestae…, en el original en latín) llegó a consagrar un principio anticolonial básico: que ningún Estado -ni rey, ni emperador- puede enajenar territorio ni cambiar su régimen político sin consentimiento expreso de sus habitantes. Las razones eran evidentes: el poder de soberanía procede del pueblo, y al elegir a sus gobernantes, el pueblo no pierde nunca su propia libertad. Los reyes y gobernantes –continuaba Las Casas- no son señores de los reinos. Son administradores de intereses comunes. De ahí que, citando a Bartolomé de Brescia, acabara defendiendo que los reyes fueran nombrados por voluntad popular, “aunque por costumbre se venga haciendo lo contrario” (De Regia Potestae…)

2- “Que se pierdan las colonias y se salven los principios”. El republicanismo anticolonial en la Revolución francesa y más allá del Atlántico

La admirable radicalidad democrática y anticolonial con la que Bartolomé de Las Casas afrontó el tremendo “choque de mundos” en pleno siglo XVI le granjearía el reconocimiento –hasta el día de hoy – de pueblos indios en Chiapas y otros sitios de América. Pero su influencia se proyectaría sobre la propia Europa, comenzando por la Revolución Francesa.

La cuestión colonial generó un importante debate en la Asamblea Constituyente francesa de mayo de 1791. Pierre-Victor Maloüet, dueño de plantaciones de azúcar en Santo Domingo y reputado portavoz del sector esclavista, reclamó una Constitución específica para las colonias con el fin de que la Declaración de derechos no se aplicara en ellas. Algunos diputados más desvergonzados, como Moreau de Saint-Méry, propusieron directamente que fuera el esclavismo en las colonias lo que resultara constitucionalizado.

El encargado de responderles fue el diputado Maximilien Robespierre. Y lo hizo de manera fulminante, en una memorable intervención el 13 de mayo. “Que perezcan vuestras colonias, si pretendéis conservarlas a este precio. Sí, si fuera necesario perder vuestras colonias o perder la felicidad, la gloria, la libertad, yo repetiría: ¡que perezcan vuestras colonias!”

La burguesía colonialista, girondina, insultaba a Robespierre y al Abad Grégoire llamándoles “Lascasistas”. Sabían de lo que hablaban. Y sabían lo contagiosas que las ideas del fraile sevillano podían resultar. No en vano, al socaire de las ideas y movilizaciones que agitaban Francia, en 1791 se produjo en Haití un levantamiento de esclavos encabezados por el líder negro Toussaint L’Ouverture. Los trabajadores se declararon hombres y mujeres libres y atacaron las propiedades de los terratenientes.

En 1793, por disposición de los jacobinos, los esclavos de colonias francesas obtuvieron la emancipación. Toussaint, un ex esclavo que sabía leer y tenía 50 años, fue declarado presidente vitalicio de la isla. Con la caída de Robespierre, Napoleón intentó recuperar el control colonial sobre la isla. Sin embargo, fue derrotado por el general negro Jean Jacques Dessalines. En 1804, este proclamó la República de Haití, que suplantó al francés Saint-Domingue. Confiscó todas las plantaciones y estipuló una reforma agraria que repartió la tierra entre los ex esclavos. Haití se convirtió así en la primera República independiente de América y en la primera República negra del mundo.

3- Dionisio Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz: “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre” 

Muchas de estas ideas viajaron también las Cortes de Cádiz. A la ciudad, asediada por la peste y la guerra, concurrieron no solo diputados de toda la península, sino también diputados americanos, de las colonias españolas de ultramar. No se trataba de simples aventureros. Eran personas que arriesgaban la vida y que tenían la certidumbre de que estaban ante una revolución que podía llegar a trascender el marco de la monarquía absolutista. Y así fue.

En diciembre de 1810, se escuchó en la sala de sesión de las Cortes un discurso inédito, que dejaría una honda impresión entre sus miembros. Ese alegato, poco conocido, hablaba de la igualdad entre españoles e indios americanos. Lo pronunció el diputado suplente por el Virreinato del Perú, Dionisio Inca Yupanqui. Sus palabras quedarían para la historia: “La mayor parte de los diputados y de la Nación apenas tienen noticia de [América] este dilatado continente. Los Gobiernos anteriores la han considerado poco, y solo han procurado asegurar remesas de precioso metal, origen de tanta inhumanidad, del que no han sabido aprovecharse […] Un pueblo que oprime a otros no puede ser libre […] Napoleón, tirano de Europa, su esclava, apetece marcar con este sello a la generosa España. Pero esta, que lo resiste valerosamente, no advierte […] que se le castiga con la misma pena que por el espacio de tres siglos hace sufrir a sus inocentes hermanos. Como Inca, Indio y Americano, ofrezco a la consideración de vuestra majestad un cuadro sumamente instructivo. Dígnese hacer de él una comparada aplicación, y sacará consecuencias muy sabias e importantes”. 

Las palabras de Inca Yupanqui sacudieron las Cortes. En ellas, resonaba el eco lejano de las resueltas revueltas indígenas protagonizadas en América contra el partido de los encomenderos. Así, por ejemplo, la de Julián Apaza Nina, más conocido como Túpac Katari, hijo de un minero aimara, que había llegado a montar en el Alto Perú un ejército de indios, mestizos, mulatos y negros y había llegado a cercar la ciudad de la Paz, en 1781, junto a su compañera, Bartolina Sisa, y su hermana, Gregoria Apaza. O la de José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, quien se levantó contra el Corregidor español a resulta de los abusos que suponían los tributos, diezmos y el sistema de mita minera en Potosí. 

La mayoría de diputados peninsulares en Cádiz escuchó con atención pero la respuesta fue fría, cuando no airada. Y es que a las palabras de Inca Yupanqui se sumaron las de otros diputados de ultramar que reclamaron, sin ambages, autonomía política y competencias económicas para las provincias y municipios de América. Para los “serviles” partidarios de Fernando VII de Borbón, esto era inadmisible, puesto que suponía poner fin a las remesas americanas de las que se nutría la Monarquía. Entre los diputados liberales moderados, los recelos no eran menores, ya que veían en estas demandas americanas dos pulsiones inaceptables: el federalismo y el republicanismo. 

Esto hizo que los únicos en solidarizarse de manera abierta con las peticiones de ultramar fueran los sectores liberales más radicales y cercanos al republicanismo. Uno de los más decididos fue el diputado por Lugo, Domingo García Quintana. En su intervención, criticó duramente las vejaciones cometidas contra los amerindios, defendió la abolición de la esclavitud e incluso, en un momento de arrebato, llegó a sostener: “hablar y amenazar no nos sacará de apuro: cuchilla, cuchilla es lo que necesitamos y pronto”. También el salmantino José Valcárcel Dato se pronunció en términos semejantes. Tras defender las exigencias americanas, denunció sin ambages a los jueces y funcionarios que “han presentado en aquellos preciosos dominios los más escandalosos y repetidos ejemplos de crueldad, de despotismo, de sobornos, de dilapidación […] habiendo quedado las injusticias más atroces, no solo sin castigo, sino que han sido premiados muchos autores de ellas”. 

4- El anticolonialismo republicano y federal de Pi i Margall 

Las peticiones de autonomía y de una relación federal por parte de las colonias americanas chocaron una y otra vez contra el absolutismo monárquico, hasta que, frustradas, se convirtieron en independentismo. Sin embargo, las propuestas de un reencuentro libremente decidido y entre iguales, no desparecieron. El propio Simón Bolívar, a través de su ministro en Londres, Francisco Antonio de Zea,  hizo llegar a las Cortes de Cádiz, sin suerte, la propuesta de una confederación republicana de ambos hemisferios.  

No faltaron, sin embargo, las voces que a lo largo del siglo XIX entendieron que la única forma de mantener la unión entre la península y América era renunciar al colonialismo y reconocer formas federales y confederales de convivencia. Una de las más firmes fue la del republicano catalán Francesc Pi i Margall. En 1854, con solo 30 años, Pi escribió desde Madrid una de las críticas más crudas y duras de la colonización española. “Hemos procedido siempre con las colonias como con nosotros el antiguo pueblo de Roma. Nuestras leyes han levantado una valla eterna entre vencedores y vencidos; nuestros gobiernos las han entregado constantemente a la rapacidad y al despotismo de los capitanes generales […] ¿cuándo nos hemos ocupado de la suerte de los indios bravos? Nos hemos contentado con decir que no son hombres, para cohonestar nuestra vergonzosa e imperdonable incuria”. 

Para Pi, la rapacidad y la ceguera colonialista no podían redimirse bajo el centralismo de los borbones. Por eso, como presidente de la I República española, fue partidario del federalismo interno y externo y de un amplio reconocimiento del autogobierno dentro y fuera de las fronteras estatales. En el proyecto de Constitución de 1873, influido por sus ideas, Cuba, Filipinas y Puerto Rico eran reconocidos como Estados dentro de una Federación republicana. 

Sin embargo, las ideas de Pi, así como las de muchos federales de libre adhesión, fueron derrotadas. Con la primera Restauración Borbónica, España reemprendió su política nacionalista y colonialista, pero el 1 de enero de 1899 ya había perdido tres colonias más. Poco años antes, cuando la criminalización de los rebeldes cubanos y filipinos acaudillados por José Martí y José Rizal arreciaban, Pi repetía los mismos argumentos de Bartolomé de Las Casas: “Nosotros, que así procedemos, ¿es justo que califiquemos ahora de bandoleros a los que contra nosotros se alzan por su independencia? […] Nación alguna tiene derecho a ocupar territorios que otros hombres pueblen, como éstos no se lo consientan. Si una nación los ocupa por la violencia, los vencidos pueden en todo tiempo combatirla hasta que la arrojen del suelo de su patria”.

5- Por un republicanismo anticolonialista, fraternal e internacionalista

Si la Primera Restauración Borbónica solo ensanchó la herida colonial durante en el siglo XIX, la Segunda, impulsada por Franco y consumada durante la transición, tampoco la ha cerrado. No en vano, Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, comenzó su reinado estrechando relaciones neocoloniales con las dictaduras de Videla, en Argentina, y de Pinochet, en Chile. Y lo acabó mandando callar a un presidente elegido democráticamente, precisamente por cuestionar esas relaciones de las que el Rey Borbón, como se está viendo ahora, sacaba provecho económico personal de forma descarada. 

Nada asegura, ciertamente, que un régimen republicano acabe de la noche al día con el lastre del racismo y del colonialismo institucionalizados. Son muchas, de hecho, las prácticas contradictorias, incoherentes, que sobre estas cuestiones, atravesaron también al republicanismo peninsular y americano. Con todo, esta tradición, en sus versiones democráticas, no oligárquicas, ha tendido, desde de Las Casas hasta Robespierre, desde Bartolina Sisa e Inca Yupanqui hasta Pi i Margall, a colocar la lucha anticolonialista entre sus principales preocupaciones.

En un momento en el que el Partido de los nuevos encomenderos, del despojo de los bienes comunes y del neo-supremacismo intenta imponerse con violencia voraz en Bolivia, Chile o Estados Unidos, con el visto bueno de Vox y tantos otros profetas del odio, repensar un republicanismo anticolonial e internacionalista, no es una cuestión secundaria. Es la más urgente de las batallas si de lo que se trata es de salvar de la barbarie más atroz a lo que otro Lascasiano, Francisco Fernández Buey, llamaba la humanidad sufriente. Eso y evitar, antes de que sea muy tarde, una degradación irreversible del planeta y sus especies. 

“¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?”

Bajo el título “¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?” participé en el segundo episodio del ciclo de entrevistas organizado por el Instituto Democracia y el Circuito Cultural JJ.

“Mi impresión es que sin los gobiernos progresistas populares esto hubiera sido un auténtico desastre. Uno tiene las pruebas porque hay gobiernos neoliberales y neofascistas que están actuando con un total desprecio por la vida humana. Sobre todo, por la vida humana de las clases populares, de la gente de mayor situación de vulnerabilidad a la que han enviado a la muerte de manera directa. Si uno observa la cifra de gente muerta en Brasil o en Estados Unidos, y además estudia eso desde una perspectiva de clase, verá que lo que ha habido es un elitismo despiadado y una absoluta indiferencia por la vida de la gente más humilde, por parte de esos gobiernos.”

🎥 Comparto la entrevista que me realizaron Andrea Vallejos y Ulises Bosia.

Diversas intervenciones en el Grupo de Trabajo de la UE, de la Comisión de Reconstrucción

Hoy en el Congreso han tenido lugar varias comparecencias ante el Grupo de trabajo UE, de la Comisión de Reconstrucción.

Más allá del nuevo escenario geopolítico peligrosamente en movimiento con personajes irresponsables como Trump y la voluntad política de las fuerzas progresistas del Sur de Europa para que esta crisis no repita los errores de la anterior, con medidas “austericidas”, he querido recordar a los que más sufren: las personas que cruzan el Mediterráneo en búsqueda de una vida digna y que esa Europa, a la que se le llena la boca de derechos y bienestar, les da la espalda.

También he querido solidarizarme con la población estadounidense que se ha levantado, con rabia, contra la violencia policial, racista, en ese abismo de desigualdades que les golpea a diario.

Defendiendo el republicanismo de las cosas concretas, el republicanismo ilustrado, que se contrapone al egoísmo de las élites y sus defensores a ultranza, que no aceptaron una salida a la crisis social y ambientalmente justa.

Republicanismo democrático y procesos constituyentes, con Juan Pablo Sanhueza Tortella.

La Fundación Chile Movilizado me invitó el pasado 24 de mayo, al episodio #momentopopulista sobre republicanismo democrático y procesos constituyentes. Ha sido una hora larga de conversación con Juan Pablo Sanhueza Tortella, con el que he compartido ideas y reflexiones, con mucha complicidad en lo común y un gran afecto.

“Lo utópico sería pensar que volveremos a lo que había antes o que podemos adentrarnos en un mundo de desigualdad, violencia e inseguridad sin que eso nos alcance a todos.”

Intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores, el 23/04/2020

Hoy volvemos a encontrarnos en una situación inesperada, grave, que no puede equipararse a ninguna que hayamos vivido en este siglo, al menos en las zonas más privilegiadas del planeta.

El tsunami sanitario, social, económico, en el que nos encontramos es nuevo, pero no es casual. Es el producto de unas políticas privatizadoras y extractivistas que nos han traído hasta aquí.

Si tenemos una emergencia sanitaria sin precedentes es porque hemos devastado el medioambiente hasta límites indecibles y hemos roto las cadenas alimentarias.

Si tenemos una grave emergencia sanitaria es porque se consintió la mercantilización de la sanidad y porque no ser reforzó  suficientemente la malla pública que tanto logró construir tras el fin del franquismo.

Si tenemos una grave emergencia social y económica es porque el Covid-19 está castigando con especial intensidad a quienes ya venían siendo castigados por las crisis anteriores.

Las familias trabajadoras, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, las personas migrantes y refugiadas, las mujeres, en muchos casos sobreexpuestas al virus, a la precariedad y a la violencia de género.

Estamos por lo tanto ante un aviso de incendio, ante una alarma, ante el anuncio de una catástrofe que nos obliga a actuar y hacerlo ya.

Con sentido de la urgencia pero también con mirada larga, sabiendo que solo podemos evitar el abismo si impulsamos un cambio de paradigma que nos permita reiniciar y repensar profundamente nuestras formas de producir, de consumir y de relacionarnos, en la esfera interna y en la internacional.

Hoy tenemos muchas más razones de las que teníamos en su primera comparecencia para reforzar un multilateralismo comprometido con al menos tres objetivos: revertir las abismales desigualdades globales, frenar la emergencia climática y evitar que proliferen la carrera nuclear y las guerras por recursos.

Obviamente, ese multilateralismo con sentido social, ecológico, comprometido con la paz, tendrá aliados y tendrá adversarios.

Son muchas las voces, por ejemplo, que están abogando por un New Deal como el de Roosevelt y por un nuevo Plan Marshall como el que contribuyó a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial (por cierto condonando parte de la deuda de Alemania)

El problema es que del otro lado del Atlántico no tenemos hoy ni a Lincoln, ni a Roosevelt, ni a Marshall, y no se los espera. 

Lo que hay es un presidente negacionista, cuya primera reacción ante el avance del Covid-19 fue negar la gravedad de la pandemia y a intoxicar el debate público con afirmaciones conspirativas y xenófobas como la del “virus chino”.

Lo que hay es un presidente que ante los pésimos resultados de su gestión interna decidió retirar su apoyo a la OMS por traerle malas noticias, algo que el director de la prestigiosa revista médica The Lancet ha calificado como crimen contra la humanidad.

Lo que hay es un presidente que por razones electorales, ha desoído la exigencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha decidido recrudecer el acceso de alimentos y medicinas a terceros países, ha anunciado un recrudecimiento del bloqueo a Cuba e incluso ha anunciado maniobras militares en Venezuela que obviamente no ayudarían en nada a resolver el conflicto existente en la región.

Si hubiera rectificaciones, bienvenidas sean. Pero mientras tanto, salvo entre nuestra extrema derecha, son cada vez menos las voces que esperan en Europa alguna solución de la Administración Trump.

Sí tenemos, en cambio, un gran reto en Europa, que sí tiene ante sí la obligación de actuar de manera muy diferente a cómo actuó en la crisis 2008.

Europa no puede volver a consentir políticas de austeridad como las que se impusieron al pueblo griego, para que años más tarde salga un presidente de la Comisión a reconocer que esto sea había hecho con mentiras y humillaciones.

Veremos que ocurre hoy, pero no faltan las razones para la preocupación.

En estos  días hemos visto, también, un conflicto desatado, explícito y cortoplacista, que ha impedido a gobiernos de derechas como los de Alemania, Países Bajos o Austria, entender, aunque sea por interés propio, que si la periferia europea cae, es todo el proyecto el que caerá con él.

Hoy Europa se juega su futuro: o da un salto constituyente hacia una refundación más social y democrática, o por el contrario, corre el riesgo de colapsar como proyecto (sobre todo después del Brexit)

Hay que celebrar que los gobiernos progresistas de España, Italia y Portugal hayan puesto sobre la mesa una agenda que apunta en la primera dirección: 1) que haya inversión suficiente, 2) que esta se produzca a través de transferencias ante que de créditos, y 3) que se evite, en caso de endeudamiento, que los beneficiados sean los grandes especuladores.

Avanzar por este camino no sería sino reivindicar el legado de uno de los más grandes economistas del siglo XX: John Maynard Keynes.

Durante Bretton Woods, Keynes sugirió la creación de una Banca Central Mundial que emitiese una moneda internacional para financiar la reconstrucción.

Y agregó otra cuestión básica, lo que él llamaba la eutanasia del rentista, esto es, la completa sumisión del capital financiero al capital productivo y la liquidación, por vía fiscal, de los grandes evasores y de los especuladores.

Hoy los países del sur de Europa –España, Italia, Portugal, Grecia, la propia Francia– deben unir fuerzas para impulsar un programa de este tipo.

A muchas derechas europeas les interesa más subordinarse a Trump que apostar por este proyecto, como ya hicieron en la cumbre de las Azores.

Sin embargo, quienes nos sentimos vinculados a otro europeísmo, al que este sábado 25 de abril recordará la liberación de Roma del fascismo y la revolución de los claveles en Portugal, estamos obligados a buscar otro camino.

Exigir a Europa un cambio de rumbo, exigir para nosotros condiciones dignas de salida de esta emergencia sanitaria, social y económica nos obligan a favorecerla también para los países del Sur y del Este empobrecidos.

Para sus refugiados y migrantes, que están luchando contra el virus, contra el racismo y contra condiciones inhumanas de salubridad en campamentos como los de Lesbos.

Para los países de África y de América Latina, que están afrontando la pandemia de manera tardía, pero que lo hacen con sistemas de salud muy debilitados y teniendo que afrontar simultáneamente grandes desigualdades y otras enfermedades.

Esa precariedad en los países del Sur tiene muchas explicaciones. Pero hay una fundamental que son las políticas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por unos Acuerdos comerciales a menudo desfavorables para sus poblaciones.

Por eso creemos que deberíamos huir de una política de cooperación paternalista con los países del Sur.

También estos países necesitan que sus deudas sean condonadas y que los fondos a los que accedan no impliquen ni condicionamientos neoliberales, ni nuevo endeudamiento, algo que la propia directora general del FMI, Cristalina Georguieva, ha reconocido.

Y estos países también necesitan una política exterior que no normalice ni permanezca indiferente a situaciones derivadas de golpes de Estado como los que se produjeron en Bolivia o de peligrosas involuciones autoritarias como las que estamos viendo en Brasil, Chile o Colombia.

Esta política de cooperación, de solidaridad internacional, debería servirnos para entender que la solución no puede ser el repliegue estatal. Que solos no podemos y que ningún país puede.

Obviamente eso exige reinventar la gobernanza global y adaptarla a los retos del siglo XXI. Pero no podemos permitir que el destino de las Naciones Unidas sea el de la muerte lánguida que acabó con la Sociedad de las Naciones.

Hoy más que nunca necesitamos una voz clara que diga que el  acceso a medicamentos vitales, antibióticos, antivirales y vacunas, deben ser protegidos, no como mercancías, sino como derechos humanos universales accesibles a todas las personas.

Y esa voz, aquí y ahora, sigue siendo la de la Declaración de Derechos de 1948. No es una voz utópica.

Lo utópico sería pensar que volveremos a lo que había antes o que podemos adentrarnos en un mundo de desigualdad, violencia e inseguridad sin que eso nos alcance a todos.

Lo otro –actualizar el mandato de 1948- es una forma realista, posible, de asegurarnos que la “familiar humana” no se autodestruya y que pueda en cambio sobrevivir unida, en común, bajo esta innegociable bandera.   

“La gran cuestión es quién paga esto: si la gente trabajadora o los que más tienen”.

Declaraciones en el programa Siempre es Hoy de Cítrica Radio con Daniel Tognetti @TognettiDaniel y Raúl Dellatorre @DellatorreRaul

“Reflexiones para vivir el encierro: Economía ante la pandemia”.

Conversatorio con Alfonso Ramirez Cuellar, presidente del MORENA (Mex) e Itai Hagman, diputado nacional de Frente de Todos (Arg) en directo “Reflexiones para vivir el encierro: Economía ante la pandemia”.

Debemos permanecer unidos, organizados y esperanzados frente esta crisis sanitaria y tejer con más fuerza las alianzas fraternales de la alternativa para superar la destructiva lógica neoliberal que nos ha conducido hasta aquí.

Con Manuela D’Avila

Ella en Porto Alegre, yo en Barcelona, y a pesar de esa distancia, nos descubrimos en nuestras grandes coincidencias.

Esta crisis sanitaria nos está sirviendo para visibilizar a las personas que cuidan y que ahora aparecen como algo central en nuestras vidas. Muchas cosas deberán cambiar, y por supuesto, exigir unas políticas públicas diferentes. Ahora debemos estar juntas y sin soltarnos la mano, es importante seguir hablando, fraternalmente, para estar preparados y preparadas, colectivamente, para encarar el día después y seguir luchando por un mundo mejor.