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El 12 de octubre de las ultraderechas

Una cosa es reconocer el plural y rico legado europeo e hispano en América y otra muy diferente negar los desmanes que se cometieron durante la conquista y que han dejado una herida colonial que perdura hasta hoy.

12/10/2022 CTXT

Las derechas radicalizadas llevan años utilizando el 12 de octubre como una plataforma para exhibir una idea de España que conecta con los tópicos más esperpénticos del franquismo. Lo hizo el Partido Popular el año pasado y lo ha hecho Vox este año. De manera desacomplejada, virulenta, cuando no rayana en el ridículo. La operación no es ingenua. Es una ofensiva cultural dirigida a apuntalar un proyecto “hispanoamericano” de neoliberalismo furioso, neocolonial, en tiempos de guerra y de crisis energética. Sus protagonistas, fundamentalmente, son las viejas élites extractivistas, rentistas, de uno y otro lado del océano. Que en un contexto belicista, y en un mundo cada vez más multipolar, querrían encontrar un ámbito geopolítico de influencia, y de supervivencia, compatible con los designios estadounidenses en el continente.

Los conquistadores de pecho abombado

En estos últimos años, la ultraderecha ha intentado presentar su proyecto como una rebelión frente a lo que despectivamente llaman el “consenso progre” y “el globalismo” (léase, los derechos humanos reconocidos en decenas de tratados y cartas internacionales). Con este trasfondo, ha decidido invertir la mirada crítica clásica y presentar el 12 de octubre como una fecha de reparación de todos los “ofendidos” por los agravios del “multiculturalismo”, “los separatismos” o “el populismo”.

Partiendo de esta mirada, los sectores más duros de las derechas patrias se revolvieron iracundos cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió a Felipe VI que pidiera perdón por los crímenes amparados por la Corona en tierras americanas. La petición, sin embargo, no era extemporánea. El rey Leopoldo de Bélgica y la propia Isabel II del Reino Unido lo habían hecho sin que sus reinados se desmoronaran por ello. Y en el caso español no había menos razones para hacerlo. No solo por las andanzas de Hernán Cortés en el pasado, sino por la manera en que algunas empresas como Iberdrola o Naturgy estaban intentando reeditar en México algunas prácticas propias de los viejos encomenderos.  

En un acto de respuesta a la supuesta afrenta anti-española, personajes como Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar o Santiago Abascal, decidieron cargar contra el gobierno de López Obrador, contra los pueblos indígenas, e incluso contra el propio Papa Francisco –que había formulado unas palabras de disculpa similares a las del cardenal Joseph Ratzinger unos años atrás–, acusándolos de ser promotores de una nueva forma de “comunismo”. Para hacerlo, sacaron a relucir, con el pecho abombado, todo un catálogo de rudos e insobornables conquistadores, desde Don Pelayo al Cid Campeador (que no tuvo empacho, llegado el momento, en cobrar de Al-Muqtadir, rey morisco de Zaragoza).

Este año, Vox ha llevado al paroxismo estas iniciativas patrióticas. En una llamativa fiesta organizada en Madrid bajo el nombre “Viva 22”, los de Abascal dedicaron a Isabel la Católica y a Hernán Cortés carpas temáticas rodeadas de banderas españolas en las que se ensalzaba su ardor guerrero. Abascal, de hecho, pronunció su discurso central rodeado de quijotes que luchaban contra aerogeneradores y de figurantes vestidos de monjes, reyes y toreros.

En una llamativa fiesta, los de Abascal dedicaron a Hernán Cortés carpas temáticas rodeadas de banderas españolas en las que se ensalzaba su ardor guerrero

Díaz Ayuso no se ha quedado atrás. En la víspera del 12 de octubre, retuiteó con un orgulloso “Me too”, en inglés, un video en defensa del catolicismo y la monarquía promocionado por Jaime Mayor Oreja (“Mayor Oreja, menor cerebro”, rezaban algunos grafitis maliciosos hace años). El vídeo en cuestión, planteado una vez más como un festivo llamado a la rebelión frente a las prohibiciones y las pasiones tristes de las izquierdas, convocaba a la juventud a asumirse como “facha” con la misma convicción con la que se podía defender la españolidad “de la tortilla de patata, con o sin cebolla”. 

No es difícil reconocer en estas y otras iniciativas similares un intento de la ultraderecha de subir los decibeles en sus bravuconadas sexistas, racistas o clasistas. Ahí están, como ejemplo, los lamentables cánticos machistas proferidos por un seguidor de Vox desde las ventanas del Colegio Mayor para ricos, Elías Ahuja, de Madrid (“Putas, salid de vuestras madrigueras, conejas… sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!”). Y ahí está, también, la deliberada decisión de la ultraderecha de convocar en la capital del Reino, justo antes del 12 de octubre, la Segunda Cumbre de lo que ellos llaman la Iberoesfera.

Estas cumbres, cada vez más frecuentes, se plantean como el embrión de una Internacional reaccionaria decidida a expandirse en diferentes países de habla hispana, y a hacer frente a espacios de izquierdas o progresistas como el Foro de São Paulo, fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990, o el informal Grupo Pueblo, de creación más reciente. Entre sus miembros más asiduos suelen estar muchos firmantes de la llamada Carta de Madrid, promovida por Vox en octubre de 2020 con el fin, una vez más, de combatir el “consenso progre”, “la Agenda 2030” y el “comunismo global”.

Estas convocatorias suelen reunir a las expresiones más delirantes de la extrema derecha internacional. Desde personajes como Eduardo Bolsonaro, admirador, como su padre, del golpe de Estado de 1964 contra João Goulart, a los ultras argentinos Javier Miley y José Luis Espert, nostálgicos, también, de la dictadura de Videla; pasando por el exministro golpista de Bolivia, Arturo Murillo, hoy detenido en una cárcel de Miami; o la presidenta del partido Hermanos de Italia –Fratelli di Italia–, Giorgia Meloni.

Aunque Vox y el Partido Popular de Aznar y Ayuso se reparten áreas de incidencias y pueden variar en el tono, comparten muchas amistades, aliados, y medidas programáticas. Este año, por ejemplo, la Cumbre de la Iberoesfera ha contado con invitados especiales como el chileno José Antonio Kast, hijo de nazis alemanes, amigo del marqués de Vargas Llosa y conocido admirador de Pinochet, o la senadora colombiana María Fernanda Cabal, seguidora de Álvaro Uribe. También ha recibido saludos entusiastas del propio Donald Trump, que ha dejado claro el padrinazgo de la ultraderecha estadounidense a un “hispanoamericanismo” que consideran aliados de sus intereses en América Latina.

Un nuevo partido de encomenderos e inquisidores

Sería un error pensar, en todo caso, que estas ofensivas de la derecha radical y de la ultraderecha persiguen dar la batalla cultural por un pasado ya muerto. Su propósito, por el contrario, es reforzar culturalmente, de una manera que habría alertado a Antonio Gramsci, un proyecto de acumulación y de despojo económico que lleva décadas produciéndose.

Al igual que ocurrió durante la conquista de finales del siglo XVI, los nuevos conquistadores patrocinados por las derechas radicalizadas van acompañados de nuevos encomenderos y de nuevos inquisidores. Unos, especialmente interesados en hacerse con recursos energéticos clave como el petróleo, el litio, el carbón y otros minerales existentes en sus antiguas colonias de África o América. Otros, siempre dispuestos a dar cobertura ideológica, con la Biblia o con la espada, a empresas cuyo carácter predatorio apenas queda disimulado tras los millones invertidos en publicidad.

Este proyecto neoliberal y neocolonial ha visto en este 12 de octubre marcado por la guerra, la inflación y una batalla internacional por la apropiación de recursos energéticos escasos, una oportunidad de oro para una nueva ofensiva. Los ataques a los movimientos indígenas y campesinos que protegen selvas, bosques y tierras de las grandes transnacionales; las violentas diatribas contra el feminismo y los movimientos LGTBIQ+ que ponen en cuestión las formas patriarcales de organizar la familia y la economía; las proclamas racistas y clasistas contra colectivos empobrecidos o contra las organizaciones sindicales, son parte de este ataque. Las fake news, los golpes, la utilización de las cloacas del Estado y las operaciones de lawfare, de persecución judicial arbitraria contra activistas sociales y gobiernos populares o progresistas, también.

Para llevarlas adelante, las derechas radicalizadas y las ultraderechas cuentan con jueces, fiscales, policías y parapolicías, medios de comunicación y de propaganda propios e incluso con iglesias –evangélicas, pentecostales o de grupos cristianos reaccionarios– dispuestas a actuar coordinadas con un objetivo común: presentar cualquier intento de limitar sus ambiciones económicas, por moderado que sea, como la encarnación de un nuevo Satanás y como una amenaza a la familia tradicional o a la propiedad privada de todos.

La necesidad de alternativas republicanas fraternales y no coloniales

El avance de este nuevo partido de conquistadores, encomenderos e inquisidores, apoyado por organizaciones como Atlas Network y financiados por grandes petroleras norteamericanas o por plutócratas como Charles Koch, es patente. No obstante, tras su irrupción repentina en el ámbito electoral con operaciones de manipulación de datos como las de Cambridge Analytica, ha ido perdiendo su capacidad de sorpresa –que no de causar daño– y ha comenzado a generar resistencias.

Muchas de esas resistencias parten, como no podía ser de otra manera, del reconocimiento de la importancia del legado hispano o europeo en la configuración sociológica del continente americano. Lo que ocurre es que ese legado es mucho más plural de lo que las derechas radicales estarían dispuestas a aceptar cuando invocan un 12 de octubre que parece salido de algún capítulo del Nodo franquista. Y es que ese legado, contra lo que sugieren los nuevos conquistadores de pecho inflado, incluye, por supuesto, tradiciones cristianas, católicas y no católicas. Pero también judías, árabes, que han convivido o se han mezclado con formas de religiosidad afro o vinculadas a los pueblos originarios. Y a esas herencias hay que sumar otras: liberales, anarquistas, conservadoras, socialistas y tantas más, que han ido configurando sociedades culturalmente ricas e irreversiblemente mestizas.

El avance de este nuevo partido de conquistadores, encomenderos e inquisidores es patente

Lo que las derechas radicalizadas no entienden es que una cosa es reconocer el plural y rico legado europeo e hispano en América y otra muy diferente negar los desmanes que se cometieron durante la conquista y que han dejado una herida colonial que perdura hasta hoy. A partir de fenómenos como el de Black Lives Matter o el de las reivindicaciones del 12 de octubre como día de la resistencia indígena, son cada vez más las voces que denuncian un viejo proyecto capitalista racista, clasista y ecocida, que ha mutado en algunas de sus formas, pero que subsiste todavía en nuestro tiempo, como han mostrado Andy Robinson y otros periodistas.

Algunas de estas voces, encarnadas en movimientos cristianos de base y en redes de solidaridad con el Sur Global, recuerdan a la del fraile sevillano Bartolomé de las Casas o a la del castellano Antonio de Montesinos, cuando, con la misma valentía solitaria exhibida hoy por el Papa Francisco, denunciaban las vejaciones y expolios que el sistema encomendero había producido en América.

Ese hilo anticolonial se ha mantenido a través de la historia. No solo entre los descendientes de Tupac Amaru, el cacique Lautaro o Bartolina Sisa, sino también entre quienes, desde la propia Península, leyeron a Las Casas y dieron continuidad a sus ideas. Desde el barcelonés Francisco Pi y Margall, presidente de la Primera República española de 1873, hasta la extremeña Carolina Coronado, una de las figuras más destacadas del movimiento antiesclavista de su tiempo.

Pi y Margall no dudó, en pleno siglo XIX, en cuestionar la bondad de las llamadas Leyes de Indias todavía hoy rescatadas por Vox y el PP, recordando, como Las Casas, que a través de ellas “se torturaba el espíritu de los indios” y “con el pretexto de fortificarlos en la doctrina de Cristo, los entregaban a merced de unos que llamaban encomenderos, que los trataban poco menos que como esclavos […] y los enviaban por cientos a la muerte”.

Pi y Margall no dudó, en pleno siglo XIX, en cuestionar la bondad de las llamadas Leyes de Indias todavía hoy rescatadas por Vox y el PP

Con esa misma contundencia, Pi admitía que Hernán Cortés había sido el más culto de los conquistadores españoles. Y que ese refinamiento, sin embargo, no le había impedido actuar con inusitada crueldad, ahorcando a dirigentes indígenas de quienes se fingió respetuoso amigo, mutilando a prisioneros o pasando a cuchillo a miles de hombres y mujeres indefensos.

Obviamente aquellas críticas de Pi a todo tipo de colonialismo –no solo a español, sino también al británico, en muchos aspectos más feroz que aquel– no se limitaban a lo ocurrido en el siglo XVI. Suponían una oposición frontal radical al esclavismo y al colonialismo de su tiempo, que incluía la perpetración de brutalidades en Cuba o Filipinas, como la ejecución vil, a manos de Millán Astray, del patriota filipino José Rizal.

Es el ejemplo de gente como Las Casas, como Tupac Amaru, como Pi y Margall y Carolina Coronado, el que debería llevar a las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierdas, a pensar una alternativa al internacionalismo de ultraderecha, neoliberal y neocolonial, que hoy pretende imponerse. Esa alternativa ya está presente en las resistencias de miles de víctimas de estos proyectos neoliberales y neocoloniales, desde Chico Mendes a Berta Cáceres o Marielle Franco. También en las iniciativas latinoamericanistas, e incluso iberoamericanistas, de figuras como Ignacio Lula da Silva o Gustavo Petro, o en las prácticas solidarias llevadas a cabo por sindicatos y movimientos feministas, antirracistas o ecologistas que, por evidentes razones culturales, mantienen vínculos estrechos de uno y otro lado del océano.

Esas iniciativas sociales y políticas ibero y trans-americanas, tan alentadas por pensadores como José Saramago, deberían ser conscientes de la necesidad urgente de articular respuestas comunes a la brutalidad de la ultraderecha mundial. Ello exige desplegar iniciativas culturales, mediáticas y organizativas conjuntas, basadas en el mutuo reconocimiento y en la traducción de las diferentes luchas que se están produciendo contra los ataques racistas, sexistas y clasistas que el neofascismo neoliberal de nuestro tiempo ampara sin ruborizarse.

Que Vox, de hecho, haya elegido el 12 de octubre para convocar a las extremas derechas de América, Europa y Estados Unidos, y lo haya hecho publicitando una patética canción que pide “Volver a 1936”, no parece del todo fortuito. Y es que fue un 12 de octubre de 1936 cuando el fascista José Millán-Astray, enconado defensor del “macizo de la raza”, amenazó en la Universidad de Salamanca a un Miguel de Unamuno que aparecería misteriosamente muerto tiempo después.

Unamuno, como Pi y Margall, había mostrado su admiración por Rizal y por los patriotas de las colonias que no querían seguir siendo súbditos de la Corona sino ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Unamuno, igual que Pi, había entendido, después de leer a su admirado Simón Bolívar, que la única alternativa a la degradación del imperio hispano era la construcción de nuevos lazos iberoamericanos entre pueblos libres e iguales. Y Unamuno, como Pi, había llegado a la conclusión de que ese proyecto era inviable bajo los Borbones, por lo que era menester poner en pie alternativas republicanas, fraternales y no coloniales, que le ayudaran a abrirse camino. Que así sea.

Gerardo Pisarello

Diputado de En Comú Podem. Profesor de Derecho Constitucional de la UB.

Chile: ¿y ahora?

La respuesta no puede ser un repliegue conservador sino un relanzamiento del proceso constituyente que afronte mejor la disputa ideológica

Gerardo Pisarello 6/09/2022 en CTXT

El rechazo a la Constitución chilena en el plebiscito del domingo 4 de septiembre ha sido un golpe duro, que no se puede maquillar. Los números están ahí y son inapelables. Sin embargo, sería un error reaccionar con una respuesta conservadora y con una mirada propia del pasado. Como si el problema fuera no haber pactado con la derecha, como en los viejos tiempos de la Concertación, o como si los anhelos de cambio que siguieron a las movilizaciones de 2019 hubieran perdido su potencia. 

El proceso constituyente que se abrió en Chile no fue un proceso constituyente concedido desde el poder. Fue un proceso literalmente arrancado a un Gobierno derechista, el de Piñera, mediante una movilización de jóvenes, mujeres y sectores populares que sorprendió al mundo por su coraje y determinación a la hora de enfrentarse al statu quo.

Gracias a esa movilización, en octubre de 2020 se decidió en referéndum, con un 78% de votos a favor, que había que elaborar una nueva Constitución que reemplazara a la de Pinochet, de 1980. Esa decisión vino acompañada, con un del 79% de apoyos, por otra adicional: que la Convención encargada de elaborar el nuevo texto fuera electa mediante sufragio, de manera paritaria, con listas propias para independientes, y con escaños reservados para los pueblos originarios.

Estos altísimos porcentajes, no igualados en otras votaciones, venían a establecer algunos mandatos implícitos dirigidos a la Convención. El primero: que acabara con la Constitución de Pinochet. El segundo: que redactara una Constitución más democrática y participativa, eliminando los resabios autoritarios de la de 1980. El tercero: que fuera una Constitución social, capaz de superar el veto neoliberal a que el Estado pueda intervenir en la economía para proteger lo público y establecer límites al poder privado concentrado. La cuarta: que los derechos de los pueblos originarios, la protección del medioambiente y los reclamos del movimiento feminista tuvieran centralidad constitucional.

Se discutió y se elaboró una Constitución mucho más democrática que la de 1980, vanguardista en cuestiones de feminismo, pueblos originarios o medio ambiente

Estos mandatos fueron asumidos por la Convención con un alto grado de fidelidad. Se discutió y se elaboró una Constitución mucho más democrática que la de 1980, tan social como muchas de las que ya rigen en el mundo, y vanguardista en su manera de recoger las demandas del feminismo, de los pueblos originarios, o de tutelar el medio ambiente.

La cuestión es por qué esta propuesta constitucional, tan sensata y avanzada al mismo tiempo, pero sobre todo tan apegada al mandato de una mayoría social tan amplia, no ha podido recabar un apoyo similar al que tuvo la entrada a este proceso.

Sin duda se podrían señalar errores en la redacción de este o aquel artículo o en la actitud de aquel o de este convencional. Pero una respuesta creíble debería apuntar a lo decisivo: la falta de respaldo institucional, mediático, económico, dado a la Convención, y el boicot a la que fue sometida desde un primer momento.

Bajo el Gobierno de Piñera, la Convención tuvo que operar sin apoyo alguno, en condiciones de precariedad insultantes. Esto facilitó su estigmatización pública y la magnificación mediática de cualquier desliz de sus miembros. Sumado a eso, no podía dictar leyes ni adoptar medidas que mejoraran la vida material de la gente. Algo que permitió a la derecha presentarla como “una Asamblea discutidora”, entregada a debates interminables pero incapaz de cambiar la realidad.

Gracias en parte a este trabajo de estigmatización de la Convención, la derecha consiguió rehacerse. Al soltar el lastre de figuras gastadas como la de Piñera y reemplazarla por perfiles más duros, obtuvo buenos resultados en las elecciones legislativas y presidenciales de 2021. Solo la reactivación de la fuerza de cambio surgida del 2019 permitió frenar ese embate reaccionario y convertir a Gabriel Boric en presidente de Chile.

Antes de que el texto final fuera perfilándose, el trabajo deconstituyente en medios, redes, foros sociales, reuniones familiares, fue en aumento

Durante esta contraofensiva conservadora, los ataques al trabajo de la Convención continuaron. Las críticas mediáticas que antes apuntaban a su excesiva lentitud, pasaron a reprocharle que iba demasiado rápido. Antes de que el texto final fuera perfilándose, el trabajo deconstituyente en medios, redes, foros sociales, reuniones familiares, fue en aumento.

Solo por poner un ejemplo cercano. En Madrid, en el Congreso, llegamos a recibir por sorpresa a una delegación de la patronal chilena, acompañada de empresarios e incluso de juristas. En esa reunión, la ofensiva deconstituyente se manifestó con desinhibición absoluta. Con su énfasis en los derechos de los pueblos originarios, la nueva Constitución ponía en peligro no solo “la unidad de Chile”, sino también “el orgullo español de muchos chilenos”. Tras su aparentemente inofensiva preocupación por lo social, la Constitución escondía una vocación “expropiatoria”, peligrosamente “amenazante para la propiedad” y para la “seguridad jurídica en los negocios”.

Este tipo de falsedades y de medio argumentos, repetidos hasta el hartazgo en televisiones, radios, grupos de WhatsApp y encuentros presenciales, conectaron con los miedos de una parte importante de la población y se prolongaron hasta el día del plebiscito. Con una salvedad: si algo entendieron diferentes sectores de la derecha, es que debían desvincular la crítica de la “Constitución lesbo-indigenista-comunista” de una defensa abierta de la Constitución de Pinochet. Se podía atacar el nuevo texto falseando su contenido o apelando a interpretaciones inverosímiles que se podrían deducir del mismo. Lo que no se podía era vindicar de manera explícita la Constitución de Pinochet, enviada a la papelera de la historia por las revueltas de 2019 y por ese 78% del voto de octubre de 2020.

Fue así como apareció la inteligente operación del “rechazo para reformar”, esto es, el intento de seducir a quienes habían apoyado la necesidad de una nueva Constitución, pero comenzaban a dudar de los contenidos de la surgida de la Convención. También a esta operación se destinaron ingentes recursos y la percusión constante de los grandes medios. Por la mañana, “con esta Constitución te expropiarán tu casa, tus ahorros”, “con esta Constitución se rompe Chile”. Por la tarde, “hay que rechazarla, pero para reformarla, y nosotros somos garantía de que así suceda”.

La presión fue tan grande que el gobierno se comprometió, en caso de que ganara el “apruebo”, a reformar la Constitución para despejar las “dudas interpretativas”

La presión fue tan grande que el gobierno cayó en la tentación y decidió secundarla, comprometiéndose, en caso de que ganara el “apruebo”, a reformar la Constitución para despejar las “dudas interpretativas” con las que las derechas llevaban semanas sembrando miedo y ansiedad. A la vista de los resultados, no está claro que esta estrategia haya sido correcta. Sobre todo, porque contribuyó a desdramatizar el rechazo y a generar confusión entre sectores preocupados por el impacto del texto, aunque no alineados con la derecha.

Sea como fuere, la cuestión es que la campaña de falsedades, de magnificación de cualquier error gubernamental, sumada a una situación económica y social delicada, con una inflación rampante, han acabado con una de las constituciones más avanzadas de los tiempos actuales.

Atribuir la derrota en el plebiscito a la falta de diálogo con una derecha que no abandonó en ningún momento su vocación destituyente de la Convención y del nuevo Gobierno no parece realista. Como sostenía ayer Pablo Iglesias, es probable que los resultados tengan mucho más que ver con la incapacidad de las izquierdas de dar la batalla ideológica con medios y marcos propios. Y no solo eso: también con su falta de capilaridad territorial y con las enormes dificultades para crear, desde el Gobierno, un “nuevo orden” con cambios políticos y económicos de fondo, que generen confianza y una adhesión duradera entre los sectores más golpeados de la sociedad.

Por todo eso, la respuesta a los resultados del domingo no puede ser un repliegue conservador sino un relanzamiento del proceso constituyente que afronte mejor la disputa ideológica, el impulso de políticas materiales transformadoras, y el reto de la (auto)organización territorial de los sectores medios y populares.

Más allá de las dificultades de la aritmética legislativa, hay materiales para conseguirlo. El principal, la fuerza de las impresionantes movilizaciones de calle de la campaña del Apruebo que mostraron que la potencia constituyente del 2020 sigue viva. Convocar a esa multitud de capas medias y populares que forzó a Piñera a conceder un referéndum constituyente y que hizo presidente a Boric es fundamental para que el proceso de democratización, de distribución de poder, se profundice, en lugar de ralentizarse. Y es, asimismo, la única manera de poder acabar de una vez con la Constitución de Pinochet y de dotar al país de una nueva Constitución que, si quiere ser de futuro, deberá ser por fuerza democrática, social, ecológica, feminista y plurinacional.

Sobre Bolívar y los Borbones

La monarquía sigue siendo incapaz de aportar algo significativo a la resolución de problemas relacionados con la corrupción, la desigualdad social o la convivencia. Y tampoco está sirviendo para crear nuevos vínculo con los gobiernos latinoamericanos

Gerardo Pisarello 15/08/2022 CTXT

El triste gesto de Felipe VI en la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, ante el paso de la espada de Simón Bolívar, no es algo excepcional. Bolívar ha sido siempre un dolor de cabeza para los Borbones. Desde Fernando VII en adelante. Cuando estaba vivo y cuando se convirtió en leyenda. Nunca han sabido qué hacer con él. Cómo reaccionar al oír su nombre. Si ponerse de pie o ignorarlo. Si atacarlo o elogiarlo con algo de distancia. Lo han intentado todo. Pero el fantasma del libertador de América no ha dejado de jugarles malas pasadas.

Todo comenzó con Fernando VII

El primer enfrentamiento de Bolívar con los Borbones se remonta a la revolución americana que siguió a la invasión de España por parte de Napoleón. 

Bolívar creyó que las libertades de América podían prosperar al amparo de una monarquía hispana más o menos liberal

Durante aquella invasión, Fernando VII de Borbón fue obligado a abdicar y forzado a vivir en el castillo de Vallençay a cuenta de Bonaparte mientras este se mantuvo en Europa. Aprovechando el cautiverio dorado del ancestro de Felipe VI, muchos dirigentes americanos decidieron emprender su propia lucha por la emancipación. Bolívar fue uno de ellos.  

Vástago de una familia aristocrática de Venezuela, Bolívar fue por su maestro, el rousseauniano Simón Rodríguez, un admirador de la revolución francesa. Durante un iniciático viaje a Europa, juró en una colina italiana, el Monte Sacro, entregar su vida a la liberación de América. Hacia 1810, tras conocer en Londres al patriota venezolano Francisco de Miranda, se ratificó en este propósito. A partir de entonces, tuvo en su vida dos objetivos: llevar a cabo una revolución que asegurara la libertad de la América hispana, y mantenerla unida, evitando su fragmentación. 

Como muchos americanos de su tiempo, Bolívar creyó que las libertades de América podían prosperar al amparo de una monarquía hispana más o menos liberal. Fernando VII, uno de los más canallas y crueles entre los Borbones, se encargó de desengañarlo. Cuando Napoleón cayó, retornó al trono como monarca absoluto. Lo hizo rebosante de odio y dispuesto a hacer retroceder varias décadas el reloj de la Historia. Fernando VII desconoció a la Constitución de Cádiz de 1812. Canceló libertades. Mandó fusilar a los mejores generales y oficiales hispanos de la guerra contra Francia. Y por supuesto, ordenó reforzar a los ejércitos realistas en América para reprimir cualquier exigencia de autogobierno que se suscitara en el nuevo mundo. 

Bolívar no renunció nunca a mantener un vínculo fuerte con la península ibérica

Ahí vino el primer choque entre los Borbones y los líderes de la emancipación americana, como Bolívar, José de San Martín o José Gervasio Artigas. En un primer momento, muchos de ellos seguían luchando formalmente contra las tropas realistas tras “la máscara de Fernando”.  Sin embargo, la actitud despótica de este último los convenció de que la única forma de afirmar la propia libertad era oponiéndose a él de manera frontal. Para ello, republicanizaron sus propios ejércitos. Tanto San Martín como Bolívar incorporaron a sus filas, emancipándolo, al “pueblo de color”: negros, indios, zambos, mulatos, que constituían la mayoría de la población, sea como esclavos, como siervos o como campesinos sin tierras. De ese modo, el contenido social de la revolución americana se convirtió en condición imprescindible para impulsar las reivindicaciones nacionales contra los Borbones.

Desde luego, hubo momentos en los que ese proyecto emancipatorio americano contó con aliados en la propia península. Por ejemplo, en 1820, cuando el ejército de Andalucía, bajo las órdenes del general Rafael de Riego, desobedeció al pérfido Fernando y se negó a embarcarse a América para reprimir la insurrección. 

En ese momento, quizás sin ser consciente de ello, Riego contribuyó a la causa de la libertad en América con la misma fuerza que Bolívar y San Martín, al enfrentarse al absolutismo de los Borbones, impulsaron el avance de las libertades en España. 

En realidad, Bolívar no renunció nunca a mantener un vínculo fuerte con la península ibérica, basado en el reconocimiento recíproco de pueblos libres e iguales. Tal es así que cuando Fernando VII, forzado por el movimiento de Riego, juró hipócritamente hacer cumplir la Constitución de Cádiz, Bolívar envió de inmediato una delegación para iniciar gestiones de paz. 

Bolívar tenía un plan claro: plantear la necesidad de una Confederación entre América y España basada en el reconocimiento explícito por parte de la nueva monarquía “constitucionalizada” de las jóvenes repúblicas independientes. De lo que se trataba era de configurar una suerte de mancomunidad en la que todo español residente en América adquiriría automáticamente los derechos de ciudadano americano, y viceversa.  

A pesar de su ambición, o precisamente por eso, el proyecto fue rechazado. Al final, Bolívar murió doblemente frustrado. Por un lado, no consiguió encontrar en España una contraparte dispuesta a establecer un vínculo fraterno, republicano y no colonial con los pueblos de América. Por otro, acabó traicionado por las propias oligarquías criollas que se hicieron con lo que el peruano José Carlos Mariátegui llamó las nuevas “repúblicas falseadas”, repúblicas políticamente independientes, pero internamente desiguales, racistas, y con unas élites siempre dispuestas a subordinarse económicamente a los intereses de las grandes potencias extranjeras. 

A pesar de todos estos obstáculos, el libertador nunca renunció a su sueño en vida: lograr una confederación de repúblicas americanas unidas, socialmente justas e independientes de cualquier imperio, incluido el ya por entonces amenazante imperio estadounidense (“Los Estados Unidos –llegó a escribir en 1829– parecen destinados por la providencia a plagar América de miserias en nombre de la libertad”).

Esta confederación republicana, en opinión de Bolívar, debía llamarse Colombia, en homenaje a Cristóbal Colón, y debía tener por capital una ciudad que se llamara Las Casas, como tributo al fraile sevillano defensor de la población amerindia. 

Cuando Juan Carlos I se hizo bolivariano

Aunque la relación entre Bolívar y los Borbones nació marcada por el conflicto, estos últimos intentaron apropiarse de la figura del libertador y desactivar su mensaje emancipador. El momento estelar de este tipo de operaciones fue el que en 1983 llevó a Juan Carlos de Borbón a hacerse con un premio que llevaba el nombre del libertador.

Juan Carlos consiguió borrar no solo su vínculo con el franquismo sino con otras dictaduras latinoamericanas como la de Augusto Pinochet o Jorge Videla

En ese momento, el llamado juancarlismo vivía su momento de apogeo. Habían pasado poco más de dos años del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Con el apoyo de los grandes medios y otros poderes fácticos, Juan Carlos I había pasado de ser el rey designado por el dictador Francisco Franco a convertirse en el monarca “salvador de la democracia”, que, además, había “permitido” la existencia de un gobierno socialista. 

Con este pase mágico, Juan Carlos consiguió borrar no solo su vínculo con el franquismo sino con otras dictaduras latinoamericanas como la de Augusto Pinochet, Jorge Videla o el peruano Francisco Morales Bermúdez. Es más, un mes antes de recibir el Premio Simón Bolívar, no tuvo empacho en visitar al dictador uruguayo Gregorio Álvarez.

Decenas de intelectuales y expresidentes latinoamericanos protestaron por la concesión de un galardón que coincidía con el bicentenario del nacimiento de Bolívar, y que Juan Carlos compartía nada menos que con Nelson Mandela. A pesar de ello, el heredero de Franco, nieto lejano de Fernando VII, lo recibió encantado. Es más, pronunció un hábil discurso en el que se deshizo en elogios hacia el patriota americano, al tiempo que lo presentaba como un amigo de la nueva monarquía española. 

La descripción de Bolívar del Juan Carlos de 1983 fue mucho más generosa que la que el propio Karl Marx dedicó al libertador en un discutible artículo de 1858. Contra lo que se hubiera esperado de un descendiente de Fernando VII, Juan Carlos sostenía que Bolívar era la “personificación de todas las ansias de libertad y justicia” del continente americano e incluso… ¡Alababa su programa de reparto de tierras! 

En su sorprendente alocución, acaso sugerida por algunos ministros socialistas de la época, Juan Carlos I defendía la necesidad de una “reconciliación” entre América y España. Esta debía tener como base el espíritu de las constituciones monárquicas de Cádiz, de 1812 y de 1978. Para reforzar este necesario “reencuentro”, el discurso citaba favorablemente al diputado de ultramar en las Cortes gaditanas, Dionisio Inca Yupanqui, quien en 1810 había apelado a Fernando VII “como inca, indio y americano” para exigirle el respeto de sus derechos. 

Lo que Juan Carlos no recordó en su interesado arrebato bolivariano es que los reclamos de Yupanqui fueron desoídos en España tanto por los defensores de su tatara-tatarabuelo como por los liberales moderados, que lo acusaron de defender el “federalismo”. Esto obligó a Yupanqui a demostrarles su hipocresía y a recordarles, con una frase que se haría célebre, que “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”. 

El entonces rey de España tampoco recordó en su discurso que Fernando VII, forzado por las circunstancias, había prometido ser el primero en seguir “la senda constitucional”. Y que, sin embargo, apenas pudo sacudirse ese incómodo corsé, se dedicó a perseguir y a liquidar a todos los partidarios de la Constitución de Cádiz, comenzando por el propio Riego, y a reprimir a las colonias sublevadas en América. 

A pesar de aquella inconsistente pero astuta puesta en escena, los elogios de Juan Carlos a Bolívar de 1983 no supusieron ningún cambio en su actitud con América Latina. Por el contrario, su principal preocupación siguió siendo, como hasta entonces, actuar en el continente como mediador en negocios que le reportaran algún beneficio privado. 

Del “por qué no te callas” al “por qué no te levantas”

A pesar de estos intentos de neutralizar el papel histórico de Bolívar, su fantasma continuó recorriendo América con aire rebelde y reivindicativo. 

Ya en la década de 1970, como respuesta al fraude sistemático practicado desde el Estado, apareció en Colombia un grupo guerrillero conocido como Movimiento 19 de abril o M-19 que reivindicaba abiertamente el ideario del libertador. A poco de su nacimiento, y convertido en la primera guerrilla nacionalista no marxista del país, el M-19 sustrajo una de las espadas de Bolívar del museo-casa Quina del Libertador, en Bogotá. Con aquella acción simbólica, ejecutada poco después del golpe contra Salvador Allende en Chile, el M-19 pretendía mostrar al país y al mundo que el proyecto de emancipación política y social de América se hallaba inconcluso, y que, por tanto, la espada de Bolívar no podía permanecer envainada.  

Ese Bolívar reivindicativo también inspiró otros procesos de cambio en el continente. Entre ellos, el que condujo décadas más tarde al fracaso del acuerdo multilateral de comercio (conocido como ALCA) que los Estados Unidos pretendían imponer al continente y a la constitución, a instancias del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).   

Cuando los Borbones tuvieron que enfrentarse a este nuevo bolivarianismo no supieron cómo lidiar con él. Así, en 2007, en una cumbre iberoamericana celebrada en Santiago de Chile, Chávez denunció la implicación del expresidente español José María Aznar en el golpe de Estado perpetrado en su contra cinco años antes. Olvidando los términos de su discurso de 1983, Juan Carlos de Borbón perdió los papeles y le mandó callar, como si se tratara de un súbdito de la Corona. Seguidamente, cuando otros presidentes criticaron el papel de algunas grandes empresas españolas en América, el rey se levantó irritado y abandonó la cumbre, algo que ni siquiera el entonces presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se planteó hacer. 

Ese “¿por qué no te callas?” paternalista y neocolonial del descendiente de Fernando VII es justamente el que volvió a resonar este 7 de agosto, en la toma de posesión de Petro y Francia Márquez, en Bogotá, cuando Felipe VI decidió no levantarse ante el paso de la espada del libertador.

La orden de que la espada de Bolívar, por entonces guardada en un rincón de la Casa de Nariño, regresara a la plaza, había sido directamente impartida por el nuevo presidente de Colombia. Minutos antes, este había recibido la banda presidencial de manos de la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, un comandante del M-19 que, tras firmar la paz, fue asesinado en 1990 siendo candidato a la presidencia de la república con casi un 60% de intención de voto. 

La orden de Petro, que también había pasado por el M-19, encerraba un alto valor simbólico. Por primera vez en la historia, un candidato de la izquierda colombiana conseguía ganar unas elecciones sin que hubiera fraude en su contra o lo asesinaran. Sin embargo, el propio triunfo de Petro y Márquez eran el producto de innumerables agravios sociales pendientes de reparación. Por eso, la espada de Bolívar debía regresar al pueblo. Para recordar que, mientras la injusticia social permaneciera en Colombia y en América toda, no podía ser envainada.  

Si Felipe VI se hubiera levantado, mostrando el mismo respeto protocolario que recibió de las autoridades republicanas colombianas, no habría sido noticia. El arrogante gesto borbónico heredado pudo en él. Como monarca constitucional, el también descendiente de Fernando VII estaba obligado a seguir discretamente la política exterior del Gobierno. No lo hizo. Decidió actuar como un miembro de la casa Borbón con inclinaciones de derechas. Y se volvió en su contra. Fue una de las figuras más abucheadas a lo largo de la ceremonia de toma de posesión. Su reunión con la vicepresidenta Francia Márquez, primera mujer afrocolombiana en ocupar ese cargo, fue fría, entre otras razones, porque como ella misma nos refirió “lo que hubo fue un encuentro entre una vicepresidenta descendiente de mujeres y hombres esclavizados y un rey descendiente de sus esclavizadores”. 

Por un nuevo iberoamericanismo republicano, no colonial y fraternal

Las reacciones en España de las derechas dinásticas, y de algún representante del PSOE, han acabado por mostrar que la figura de Bolívar se les sigue atragantando. 

Vox, el partido de los nuevos encomenderos y hacendados de ambos lados del océano, justificó la reacción de Felipe VI con el “argumento” de que la espada de Bolívar estaba manchada de sangre española. Solo les faltó sugerir que los orígenes vascos de Bolívar lo emparentaban con ETA, o que no era casual que el segundo apellido de su compañera, la célebre general Manuelita Sáenz, fuera Aizpuru, como el de la actual portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso.

La derecha del PP no fue más sutil. A pesar de haber participado en reconocimientos oficiales al libertador, esta vez decidió justificar a Felipe VI por no haberse inclinado ante las “ocurrencias de un exterrorista”, en referencia al presidente Petro, y de un “esclavista”, en alusión a un Bolívar que fue un partidario del abolicionismo y que liberó a sus propios esclavos, heredados del patrimonio paterno.

Sea como fuere, lo cierto es que el fantasma del libertador, rehabilitado por la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, ha vuelto a convertirse en un dolor de cabeza para los Borbones descendientes de Fernando VII y para sus aliados dinásticos.

Con menos habilidad que su padre en 1983, Felipe VI ha persistido en situarse junto a unas derechas radicalizadas que ven en América Latina no un territorio de pueblos soberanos, sino a una simple esfera de influencia, esto es, una “iberoesfera”, como plantea Vox, integrada por antiguas colonias a las que hay que mantener bajo control.

Felipe VI ha persistido en situarse junto a unas derechas radicalizadas que ven en América Latina a una simple esfera de influencia

Con ello, la monarquía borbónica no sólo sigue siendo incapaz de aportar algo significativo a la resolución de los problemas estructurales relacionados con la corrupción, la desigualdad social o la convivencia territorial. Tampoco está sirviendo para plantear un vínculo con la nueva ola de gobiernos democráticos en México, Argentina, Bolivia, Honduras, Perú, Chile, Colombia, y, muy posiblemente Brasil, si Lula derrota a Bolsonaro. 

Esa deriva de la monarquía borbónica y de las derechas que la sostienen vuelve más actual que nunca el anhelo bolivariano de una unión de repúblicas latinoamericanas capaces de relacionarse con la vieja metrópolis en condiciones de igualdad. Para que ello sea posible, sin embargo, sigue haciendo falta, como en el pasado, que también en la península se abra camino un iberoamericanismo democrático, no colonial, basado en el respeto entre pueblos y en la defensa de un proyecto compartido de paz, de prosperidad y de justicia social, ambiental y de género. 

Esto fue, precisamente, lo que el propio Petro, en la línea de Bolívar, defendió en Madrid en enero de 2022, cuando abrió su campaña a la presidencia en el exterior. Esto es, asimismo, lo que hoy tendría sentido defender desde el Sur del Norte: alianzas iberoamericanas fraternas y no coloniales que, a estas alturas, solo pueden ser creíbles si se inspiran en las mejores tradiciones republicanas democráticas, no oligárquicas, surgidas de uno y otro lado del Atlántico. 

Una nueva Colombia le habla al mundo

Petro defendió en un viaje a principios de año que los retos sociales y medioambientales del nuevo tiempo exigen trabajar en un marco transnacional: latinoamericano, pero también iberoamericano

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta electa, Francia Marquez, celebran su victoria el 19 de junio en Bogotá.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta electa, Francia Marquez, celebran su victoria el 19 de junio en Bogotá.DANIEL MUNOZ (AFP)

El País GERARDO PISARELLO 23 JUN 2022

La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones del pasado 19 de junio tiene una dimensión histórica que va más allá de Colombia. De entrada, será la primera que un candidato de izquierdas asuma la presidencia del tercer país más poblado de América Latina. Petro lo había intentado ya en 2010 y 2018. Esta vez lo consiguió. Lo hizo sorteando amenazas en un país que en los últimos 70 años asistió al asesinato de numerosos dirigentes con ascendencia popular, desde Jorge Eliécer Gaitán a Luis Carlos Galán o Carlos Pizarro. Y lo hizo, también, con un discurso sencillo basado en la defensa de la paz, de la justicia social y de un modelo de transición energética y económica ambicioso e innovador. En Colombia, impulsar ese programa equivalía una enmienda a la totalidad de la oscura y arraigada herencia de Álvaro Uribe. Pero Petro supo divulgarlo con brillantez y eficacia entre amplios sectores de la población.

Con un paso por la guerrilla similar al del expresidente uruguayo José Mujica o al del exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, Petro es uno de los dirigentes latinoamericanos que más presente tiene los efectos deshumanizantes que la dialéctica de la guerra y de la escalada militar generan. También uno de los que más coraje y empatía ha exhibido a la hora de denunciar esa violencia. Su abrazo el domingo con la madre de Dilan Cruz, el joven asesinado por la policía durante las manifestaciones de 2019, es el último ejemplo de ello.

En su compromiso con la paz, Petro ha desplegado una pedagogía política inusual en otras tradiciones más autoritarias de la izquierda. En sus discursos, la paz ha aparecido como la única vía para transformar el dolor generado por la violencia militar y paramilitar en esperanza colectiva y en movilización democrática en defensa del bien común. Petro no la ha presentado como ausencia de conflicto, pero sí como fundamento de una posible “política del amor”, una idea que no ha dudado en hacer suya, desafiando los cánones del supuesto realismo schmittiano que reduce la política al antagonismo entre amigo y enemigo.

Esta idea de la paz y de la reconciliación con justicia como bases para un nuevo republicanismo popular se convirtió en un proyecto encarnado, más sentido y hondo, cuando Francia Márquez irrumpió en escena y se sumó a la fórmula presidencial. Que una mujer afrocolombiana, que reúne todas las heridas provocadas por la desigualdad, se convirtiera en orgullosa candidata a la vicepresidencia del país, permitió que las apelaciones a la Colombia invisibilizada, indígena, negra, campesina, resonaran con fuerza el 19 de junio. Sin el concurso de esos sectores populares, de las mujeres, de la juventud, no se entienden los 2,7 millones de votos adicionales que permitieron a la fórmula Petro-Márquez derrotar a la opción trumpista representada por Rodolfo Hernández.

Pero la bandera de la paz no solo ha aparecido en campaña como ausencia de violencia. Se ha presentado como la condición sine qua non para poner en pie una alternativa económica nueva. Una “economía de la vida” que, en un marco de paz, pueda conjurar prosperidad con justicia social y ambiental.

“Nuestro problema”, ha explicado Petro en varias ocasiones, “tiene que ver sobre todo con el narcofeudalismo y el extractivismo”. Por eso, ha defendido la necesidad de poner en marcha una alternativa económica que implique, entre otras cosas, acabar con ciertas prácticas rentistas, predatorias, y reemplazarlas por formas capitalistas debidamente “civilizadas”. Esto permitiría avanzar hacia una nueva economía en la que los elementos de mercado convivan con el respeto por los derechos laborales, la justicia y la modernización agraria, una industrialización verde, una fiscalidad realmente progresiva y la superación de “la adicción al petróleo”. Habrá que ver cómo se concretan estas ideas. Pero es indudable que expresan una propuesta vanguardista tanto para Colombia como para el mundo.

En una visita a Madrid a comienzos de este año, Petro defendió que los retos sociales y medioambientales del nuevo tiempo exigen trabajar en un marco transnacional: latinoamericano, pero también iberoamericano. “No el de la Iberoesfera del odio que defiende la ultraderecha” sino “el de un iberoamericanismo progresista, plural, en el que España tendría mucho que decir”. Tras la elección de Gabriel Boric en Chile y la perspectiva de un triunfo de Lula en Brasil, estas palabras aparecen cargadas de futuro. Que cristalicen en un proyecto compartido de profundización democrática, con más protección social y con acciones coordinadas contra la emergencia climática es algo por lo que vale la pena comprometerse. Colombia ha decidido hacerlo, “hasta que la dignidad sea costumbre”, como se dice en estos días en sus calles y plazas.

Gerardo Pisarello es jurista y secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados.

La batalla de Chile, nuestra batalla

Por Gerardo Pisarello en Público.es

«Un niño jugará en una alameda, y cantará con
sus amigos nuevos; y ese canto será el canto de
un pueblo, a una vida segada en La Moneda»
Yo pisaré las calles nuevamente, Pablo Milanés

El 10 de septiembre de 1973 por la noche, en su residencia de Tomás Moro, Salvador Allende reunía a sus colaboradores más estrechos para comunicarles una decisión sobre la que llevaba tiempo cavilando. Había decidido convocar un referéndum para dotar a Chile de una nueva Constitución. Una Constitución que permitiera hacer algunos cambios estructurales inviables en el marco legal hasta entonces vigente. Pensaba hacer el anuncio en la Universidad Técnica de Santiago, al día siguiente, y acompañarlo de medidas de democratización económica, de reforma de la gran propiedad. No llegó a tiempo. A las 6:30 de la madrugada del 11 de septiembre, la Marina se sublevó en Valparaíso y se puso en marcha un Golpe de Estado que acabaría con la vida de Allende y aplastaría por medio del crimen sus planes constituyentes.

Casi medio siglo después, sobreponiéndose a la represión y a la pandemia, el pueblo chileno decidió reconstituir el proyecto truncado del presidente socialista. Por abrumadora mayoría, hizo saltar en referéndum los cerrojos de la Carta otorgada por el dictador Augusto Pinochet en 1980. Ahora se apresta a escribir una nueva Constitución para Chile. Y lo hará en la primera Convención Constituyente de la historia con paridad mujeres-hombres y representación de los pueblos originarios. La batalla por un proceso constituyente realmente soberano no estará exenta de obstáculos. Pero su sola conquista heroica en calles y plazas ya ha lanzado al mundo un mensaje de una inconmensurable potencia democrática: que lo que a veces se considera imposible, solo es algo que tarda un poco más en llegar.

Franco y Pinochet: una historia común de sabotaje de la legalidad republicana

Desde 2008, el capitalismo global vive su mayor crisis sistémica desde inicios del siglo XX. Esta crisis –social, económica, ambiental– se ha agravado notablemente con el estallido de la pandemia. Las principales respuestas que se le oponen, al menos en Europa y América, oscilan entre un neoliberalismo con tintes neofascistas y apelaciones a algún tipo de regulación social, democratizadora, como la que puso en marcha F.D. Roosevelt con el New Deal a partir de 1933.

La República de Chile fue pionera en este tipo de iniciativas. La mayoría fue aplicada en el marco de la Constitución de 1925, aprobada tras la reincorporación a la presidencia de Arturo Alessandri y vigente hasta el Golpe de 1973. Se trataba de un texto avanzado para su época. Y no era del todo sorprendente si se tiene en cuenta que Chile había conquistado el voto masculino, universal y secreto en 1874, con anterioridad a otros como Bélgica, Dinamarca, Noruega o Francia. Y no solo eso. En 1932 llegó a proclamar una efímera República socialista y seis años más tarde, en 1938, vio surgir un gobierno de Frente Popular presidido por el radical Pedro Aguirre Cerda y con el joven médico Salvador Allende como Ministro de Salud.

En realidad, ese constitucionalismo social chileno de inicios del siglo XX coincidió con el puesto en marcha en la II República española con la Constitución de 1931. La diferencia está en que la incipiente institucionalidad republicana española fue liquidada entre 1936 y 1939, con la inestimable intervención de Alemania e Italia, dando lugar a la oprobiosa dictadura de Francisco Franco. La chilena, en cambio, aguantó hasta 1973 y fue depuesta con la intervención deliberada de la Administración de Richard Nixon, que movilizó para su causa a la CIA, a la ITT, y aliados de todo tipo en Europa y América Latina.

Franco y Pinochet no solo compartieron una historia común de sabotaje de la legalidad republicana. También se profesaron mutua admiración. El 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del Golpe, Pinochet envió una carta a Franco para comunicarle el relevo del embajador de Chile en España y transmitirle su admiración: «Os ruego que aceptéis –le decía– los sinceros votos que formulamos por el bienestar de Vuestra Excelencia y por la grandeza de España». Poco después, Emilio Villaescusa, un veterano franquista que había participado en la invasión nazi a la Unión Soviética, le devolvía el favor e imponía a Pinochet, en Santiago de Chile, la condecoración de la Gran Cruz al Mérito Militar, concedida por el propio Franco.

Los elogios recíprocos se mantendrían hasta los últimos días de vida del dictador de Ferrol. Una vez muerto este, la admiración se prolongó en la figura de su sucesor en la Jefatura del Estado, Juan Carlos I de Borbón. De hecho, cuando Pinochet se desplazó a Madrid, en 1975, a rendir homenaje «a un caudillo que nos ha mostrado el camino a seguir en la lucha contra el comunismo», quien lo recibió entusiasmado y con abrazos a Pinochet en la escalerilla del avión fue el mismísimo Juan Carlos, quien unos meses antes le había reconocido que si por él fuera «viajaría a Chile de inmediato».

La transición española como modelo para la transición chilena

Cuando la dictadura se hizo insoportable, la España y el Chile que se habían levantado contra la legalidad republicana buscaron compartir un «relato» que facilitara una transición democrática «moderada y sin revanchas».

En el espejo chileno, la transición española y su Constitución de 1978 aparecieron durante mucho tiempo como modelo de lo que debía ser una democracia tutelada. A diferencia del Reino de España, Chile no contaba con una Monarquía encargada garantizar la «permanencia del Estado» y de moderar los «excesos democráticos». Aún así, la Constitución pinochetista de 1980 intentó imitar algunos rasgos de la Constitución española de 1978. Era una Constitución rígida, que facilitaba una cierta transición democrática pero que hacía difícil, por no decir imposible, la introducción de reformas estructurales. Era, asimismo, una Constitución que aseguraba a los sectores vinculados al Antiguo Régimen un papel importante en órganos clave como el Poder Judicial, el Ejército o el propio Parlamento.

Había, sin embargo, una diferencia importante. En España, la Jefatura de Estado de Juan Carlos de Borbón había conseguido legitimarse parcialmente colándose en el referéndum que sometió a consulta la Constitución como un todo en diciembre de 1978. En Chile, Pinochet convocó un plebiscito con el único objetivo de someter a la consideración pública su continuidad en el poder. Contra pronóstico, sufrió una derrota categórica. Un 55,5% votó en contra.

El plebiscito de 1988 marcó el principio del fin de Pinochet. Diez años más tarde, el dictador viajó a Londres siendo senador vitalicio para someterse a una operación de columna. Convencido de que tenía inmunidad diplomática, no  dio crédito cuando recibió una orden de detención dictada por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón. Las acusaciones también lo dejaron atónito: presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas en Chile durante la dictadura militar. El arresto duró 503 días, y aunque el Reino Unido finalmente no autorizó el traslado a España, el caso marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad. Cuando Pinochet regresó a Chile, la justicia aprobó su desafuero como senador vitalicio y pudo ser investigado y procesado. Y a pesar de que tanto la llamada Comisión Valech como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile habían registrado más de 40.000 víctimas de sus crímenes, al final fue sobreseído por supuestas dolencias mentales.

De una democracia restringida a un proceso constituyente

La orden de arresto de Pinochet por parte de la justicia española no solo fue un golpe para el régimen heredado de la Constitución chilena de 1980. También sacudió las bases del régimen en el que había cristalizado la Constitución española de 1978, incapaz, entre otras cosas, de juzgar los crímenes del franquismo.

Esta percepción crítica de la Constitución, o mejor, del régimen constitucional, se vio agravada durante el segundo mandato de José María Aznar. Ya en plena crisis, en 2011, se profundizó con la reforma subrepticia, alevosa, del artículo 135, que en plena crisis convirtió el pago de la deuda a los grandes bancos como un objetivo constitucional prioritario. Esta (contra)reforma, en realidad, desactivó los aspectos más sociales y garantistas de la Constitución de 1978, acercándola, en cierto modo, al espíritu neoliberal que Jaime Guzmán y los llamados Chicago Boys habían impreso a la Constitución pinochetista de 1980.

Como reacción a esta realidad, mareas ciudadanas, nuevos colectivos republicanos, generaciones jóvenes ligadas al 15-M, e incluso diferentes propuestas soberanistas catalanas, vascas o gallegas, asumieron la consigna del proceso constituyente -en singular o en plural- como una alternativa a la crisis económica, social y territorial que se había desatado. Una y otra vez, sin embargo, se encontraron, al igual que en Chile, bien con los límites de sus propias fuerzas, bien con la férrea oposición del Tribunal Constitucional y otras instituciones del Estado. Para estos, el único horizonte de cambio admisible pasaba por la reforma constitucional que, de uno y otro lado del océano, era prácticamente imposible cuando se trataba de abordar cambios estructurales.

En este escenario de crisis constitucional, el estallido social chileno de octubre de 2019 inauguraría una nueva etapa. El detonante del levantamiento fue el alza abusiva del precio del transporte público. E involucró a miles de estudiantes a lo largo de todo el país. Pero las razones de fondo de las protestas apuntaban mucho más alto. Por un lado, implicaban una crítica descarnada, no exenta de cólera, contra el supuesto «milagro chileno», que tras décadas en vigor, había aumentado la obscenamente la exclusión y las desigualdades, haciendo inaccesibles fármacos básicos y tratamientos de salud elementales, privatizando el sistema de pensiones o forzando a sectores amplios de la sociedad a endeudarse para poder estudiar. Por otra parte, expresaban una impugnación, también rabiosa, de la clase política, tanto en las derechas como en las izquierdas, a las que a menudo se veían demasiado implicada en componendas con aquellas.

La reacción del presidente Sebastián Piñera –un empresario millonario y conservador– fue combustible lanzado al fuego. En lugar de reconocer algunas de las razones que había detrás los disturbios, dijo que el país estaba «en guerra ante un enemigo poderoso» y anunció duras medidas represivas para combatirlo. Su mujer, Cecilia Morel, directamente comparó las protestas con «una invasión alienígena», aunque luego rectificó y admitió que lo que hacía falta era «trabajar por disminuir la desigualdad» y «por disminuir nuestros privilegios».

La actitud del Gobierno no hizo sino escalar el conflicto. Centenares de manifestaciones inundaron diferentes ciudades y pueblos del país. En muchas de ellas se produjeron enfrentamientos con la policía que se saldaron con muertes, heridos y centenares de manifestantes que perdieron la vista como consecuencia de los perdigones lanzados por la policía. Junto a los bloqueos, marchas y protestas convencionales, se organizaron ollas populares y «cabildos abiertos» para discutir los problemas de la ciudadanía.  A medida que las movilizaciones fueron madurando, crecieron reivindicaciones como las del colectivo feminista de Valparaíso, Las Tesis, que lanzaron una performance participativa de protesta –»Un violador en tu camino»- que dio la vuelta al mundo. Igualmente, la represión del Estado hizo que la bandera oficial chilena se viera desplazada u obligada a convivir con símbolos mapuches, que pasaron a ocupar un lugar central en marchas y concentraciones.

La masividad de las manifestaciones y la desmedida represión utilizada contra ellas hundió la aceptación de Piñera. En un momento determinado, esta llegó a caer unos 15 puntos porcentuales por semana, mientras que la desaprobación se disparó a casi el 80%. La persistencia ciudadana, popular, se tradujo por su parte en actos multitudinarios como el del 25 de octubre de 2019, que reunió a casi un millón y medio de personas en Plaza Baquedano, rebautizada como «Plaza de la Dignidad».

Finalmente, el Gobierno se vio obligado a mover ficha. Primero, prometió una «Nueva Agenda Social», con medidas de mejora en materia de pensiones, salud, salarios, energía, o fiscales. Luego, aceptó lo que parecía imposible: una reforma de la Constitución que dejaba en manos del pueblo chileno la redacción de una nueva Carta Magna en reemplazo de la Pinochet. No se trataba, pues, de debatir cambios concretos en base a los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución de 1980. Lo que la movilización social había conquistado era algo mucho más ambicioso: una reforma constitucional que habilitara un nuevo proceso constituyente.

Ciertamente, los sectores conservadores cedieron, pero solo a medias. Se vieron obligados a aceptar un hecho inédito en el derecho constitucional comparado: que la eventual Convención Constituyente observara en su composición la paridad absoluta entre mujeres y hombres. Igualmente, se comprometieron a dar representación y voz en ella a los pueblos indígenas originarios. Sin embargo, para evitar que el cambio llegara demasiado lejos, también adoptaron sus resguardos. Obligaron al resto de fuerzas políticas a aceptar un quorum de 2/3 para el funcionamiento de la Convención encargada de redactar la nueva Carta Magna. De este modo, se reservaban un poder veto, de bloqueo, cuya activación exigía una simple minoría de 1/3. Asimismo, se aseguraron que los nuevos contenidos constitucionales no afectaran a «tratados internacionales vigentes», una cláusula que rápidamente se interpretó como destinada a proteger los tratados de libre comercio y los derechos de los grandes inversores.

Se pasaba, en definitiva, de una democracia restringida, condicionada, a un proceso constituyente. Pero con un riesgo: que el propio proceso constituyente naciera maniatado, para evitar justamente que alcanzara a áreas económicas «delicadas», como el control de las inversiones extranjeras, o que produjera «excesos» democráticos indeseables. Los sectores conservadores admitían el fin de la Constitución de Pinochet. Pero desplegaban toda su fuerza para que ninguna Constitución nueva supusiera el quebranto de ciertos pilares políticos y económicos que consideraban irrenunciables.

El voto del 25 de octubre: primera victoria constituyente

Todos estos intereses contrapuestos entraron en disputa durante el plebiscito del pasado 25 de octubre. Y a pesar del cansancio, de la represión, de la emergencia social y económica, del miedo a la pandemia, la respuesta popular fue admirable. Con una participación superior a la de las últimas elecciones previas al Covid-19, un aplastante 78,2 % de los votantes se pronunció a favor de acabar con la Constitución de Pinochet mediante una Convención Constituyente paritaria. Apenas un exiguo 21,7% rechazó esta posibilidad, atrincherándose en el pasado.

Obviamente, tanto el voto del «rechazo», como una parte del voto del «apruebo», expresan a sectores conservadores que harán lo imposible para que la nueva Constitución sea un texto de mínimos, sin ambición ni capacidad transformadora. Para ello, intentarán que la calle se enfríe y que la pasión constituyente se desactive o se canalice exclusivamente a través de los partidos convencionales y la clase política de siempre. Igualmente, pondrán todo su esfuerzo en que entre los 155 miembros de la Convención que se elegirá en abril haya, al menos, una minoría con fuerza suficiente como para bloquear cualquier medida «excesiva», «populista», tanto en el orden político como en el económico.

La única forma de evitar que esto ocurra es que los movimientos sociales, populares, entiendan que el 25 de octubre solo se ha ganado una primera batalla constituyente. Pero que aún quedan muchas otras, que solo podrán materializarse en la medida en que la autoorganización y la autoilustración ciudadana mantengan viva la llama y la encomiable creatividad constituyente de estos meses. Desde luego, enfrentarse a poderes fácticos arraigados no es nada fácil, y menos en un contexto de pandemia. Pero si algo ha mostrado tener la gente, el pueblo chileno en toda su pluralidad, ha sido un coraje y una imaginación increíbles, capaces de sortear los obstáculos más férreos. Que la Convención Constituyente nazca sin mordazas, soberana, no dependerá de compromisos institucionales previos o de cuestiones técnicas. Dependerá de la fuerza constituyente que la preceda. En la calle y en las urnas. Así fue en Bolivia, el 18 de octubre. Así acaba de ser en Chile, el 25. Así ha sido en la historia reciente de la humanidad.

Sea como fuere, pase lo que pase del otro lado del océano, el impacto que tendrá en la península será enorme. Tanto Chile como el Reino de España tienen constituciones que se elaboraron bajo la vigilancia severa de viejas dictaduras. Ambas facilitaron una cierta transición democrática. Ambas están atravesadas de candados que impiden ciertos cambios constitucionales de fondo.

Este domingo 25 de octubre Chile ha demostrado que una voluntad constituyente, popular, organizada y decidida, puede hacer saltar por los aires los antiguos cerrojos jurídicos y dar paso a reglas nuevas. O sea que no es imposible. No hay un destino escrito. Hay alternativas. Y si las grandes alamedas se han abierto en Chile, como quería Allende, bien podrían abrirse también entre nosotros. Por eso la batalla y los sueños de Chile son, más que nunca, nuestra batalla, nuestros sueños.

Bolivia: la revuelta de la esperanza.

Por Gerardo Pisarello y Lucía Muñoz*

Publicado en Cuartopoder 25/10/2020

«Llegamos al país unos días antes de las elecciones. Veníamos como invitados por el Tribunal Supremo Electoral»

«Ahí comenzamos a entender que el voto, para amplios sectores de las capas populares indígenas y campesinas había adquirido una dimensión existencial»

«El pueblo boliviano salvaba la memoria del Che y nos devolvía a Madrid sanos, salvos y llenos de esperanzas en la gran revuelta democrática que acababa de producirse»

Llegamos al país unos días antes de las elecciones. Veníamos como invitados por el Tribunal Supremo Electoral. Aterrizamos en La Paz-El Alto y vinieron a recogernos en una camioneta para observadores. Julio, el chófer, nos advirtió que había algunas patrullas militares en la zona y problemas en el suministro de combustibles. En el descenso al hotel, con el Illimani de fondo, notamos que no había prácticamente pintadas en las paredes. Algunas leyendas, uno que otro cartel, pero poca cosa más. Como si las elecciones se hubieran producido ya, en un tiempo lejano del que apenas quedaba rastro. O como si se tratara de algo de lo que no convenía hablar demasiado. Esa fue la impresión más evidente: la del silencio. Un silencio denso, extraño, vigilado, que no hacía presagiar nada bueno. Mucho menos la revuelta democrática que nos tocaría vivir el domingo.

Murillo y la extrema derecha española

Nos alojaron en un hotel del centro donde se realizarían las formaciones del propio Tribunal Supremo Electoral. No habíamos terminado de deshacer las maletas cuando el ministro de Gobernación, Arturo Murillo, decidió recibirnos con un tuit de bienvenida. El mensaje distinguía entre observadores y “agitadores […] que vienen a buscar violencia”. Los primeros eran formalmente bienvenidos. A los segundos solo les podían esperar dos destinos: o “un avión o entre rejas”.

La noticia no invitaba a la tranquilidad. Murillo había sido responsable directo de la represión contra movimientos sociales e incluso de masacres como las de Senkata y Sacaba. En ellas, una veintena de civiles resultaron muertos y unos doscientos heridos de gravedad. Ese mismo hombre que buscaba intimidarnos se había reunido en enero con los diputados de Vox, Hermman Tertsch y Víctor González Coello de Portugal. Este último acababa de ser condenado por el Tribunal Supremo por “irregularidades contables graves” en la empresa Marmolería Leonesa. Pero ni él ni Tertsch tuvieron empacho en mostrar ya desde el comienzo del golpe de Jeanine Añez su “solidaridad con el gran cambio hacia la democracia en Bolivia”.

La noticia de nuestra presencia en Bolivia activó las viejas amistades. No había caído la noche cuando por orden evidente de Murillo, la Dirección de Migraciones cedió las fotos que nos habían tomado en los controles de Santa Cruz al “periodista” de OK Diario, Alejandro Entrambasaguas. Hijo de un ingeniero que había llegado a trabajar con el Gobierno de Evo Morales, Entrambasaguas había puesto sus malas artes al servicio del gobierno de Añez, casi desde su constitución. Con el respaldo de sus vínculos en la península, se dedicó a difundir noticias falsas en medios ultraderechistas bolivianos, a realizar declaraciones racistas contras aymaras y quechuas e incluso a montar agresiones contra simpatizantes o exministros del Movimiento Al Socialismo (MAS). Nuestra llegada también le resultó inspiradora. Entre el jueves y el sábado su pasquín digital publicó notas con las fotos cedidas ilegalmente –las nuestras y las de nuestros compañeros Fran Pérez y Maite Mola, de Izquierda Unida–. La ristra de mentiras era notable. Decía que habíamos mentido en aduana, haciéndonos pasar por turistas, cuando ya estábamos acreditados por el Tribunal Supremo Electoral. Aseguraba que habíamos decidido alojarnos en un hotel de lujo, cuando en realidad se trataba del hotel escogido por el propio Tribunal Electoral (75 dólares la noche, pagados por nosotros). El propósito de fondo, sin embargo, estaba claro. Abonar la tesis de los “alborotadores violentos” de Murillo y crear un clima público hostil e intimidador. En poco tiempo, nuestras fotos circulaban por televisiones y prensa escrita boliviana, se distribuían en grupos de whatsapp e incluso en la propia calle. Representantes de Naciones Unidas nos aseguraron que velarían por nuestra seguridad y mucha gente comenzó a solidarse en las redes. Nosotros estábamos tranquilos, pero conociendo los antecedentes del Gobierno de facto, éramos conscientes de que no se podía descartar nada. El viernes por la noche, de hecho, unos 60 policías intentaron detener “por órdenes superiores” al diputado argentino Federico Fagioli, que primero fue aislado en una dependencia del aeropuerto de El Alto y luego arrastrado a un automóvil sin identificación. Las grabaciones de los forcejeos con la policía y la intervención del propio presidente argentino, Alberto Fernández, permitieron que Fagioli fuera dejado en libertad. Pero la situación era clara: si el Gobierno de facto pretendía intimidar con estos métodos a diputados y observadores internacionales, no había que ser muy agudos para imaginar lo que estaba haciendo con la gente sencilla, de a pie, que discrepaba con el Gobierno y que estaba llamada a ejercer su derecho de voto.

Las elecciones del 18 de octubre: un voto existencial

El propio domingo amaneció cargado con esa tensión. En la sesión de apertura formal de los comicios convocada por el Tribunal Supremo Electoral, nos tocó sentarnos a unos pocos metros de Murillo y de la propia Añez. Ambos habían entrado escoltados por militares, pero no intervinieron en el acto. El único orador fue el propio presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero, que habló rodeado de miembros de embajadas y de organismos internacionales. La soledad institucional de la presidenta de facto no pasó inadvertida a nadie. Era un indicio fuerte de un desgaste y un  desprestigio profundos, que no tardarían en corroborarse.

Contra los pronósticos más agoreros, las votaciones se produjeron de manera ejemplar. Prácticamente no se registró ningún incidente y la asistencia a las urnas fue masiva. La misma tarde del domingo, un señor aymara de edad mediana nos había confesado, con una mezcla rara de serenidad y angustia, que llevaba meses “con un nudo, con una fuerte presión en el pecho”. Y que votar lo había “aligerado”, que le había quitado un gran peso de encima.

Ahí comenzamos a entender que el voto, para amplios sectores de las capas populares indígenas y campesinas, así como para sectores medios importantes, había adquirido una dimensión existencial, casi de vida o muerte. Que tras las movilizaciones y cortes de carretera del mes de agosto, se había convertido en el último recurso para hacer valer una voluntad atropellada, maltratada. La cuestión clave era dónde iría a parar esa exigencia de paz después de tantos meses de agresiones, de corrupción, y de una pésima gestión de la pandemia. Todas las encuestas colocaban en primer lugar a la fórmula integrada por Luis Arce y David Choquehuanca. Sin embargo, notamos que en cenáculos influyentes -embajadas, organismos internacionales, editoriales televisivas, círculos económicos- no se perdía la esperanza de que el ganador, al menos en segunda vuelta, fuera Carlos Mesa.

Para buena parte de los sectores biempensantes locales e internacionales, Mesa aparecía como el garante de una continuidad amable, elegante, del régimen facto, y como el mejor antídoto contra el Masismo. Era la encarnación paceña de esa suerte de Macronismo global por el que suspiran tantas élites. Un intelectual capaz de hablar su lenguaje, de aplacar cualquier tentación “populista” y de permitir, bajo una retórica socialiberal, mantener el business as usual.

Tanto desde Estados Unidos como desde Europa se hizo mucho para que ocurriera: se amparó el papel fraudulento de la OEA en las elecciones de 2019, se toleraron o minimizaron gravísimas violaciones de derechos humanos por parte del régimen de facto, se dejó las manos libres a la extrema derecha para que actuara contra las bases masistas. Todo ello con la convicción de que Mesa irrumpiría entre el humo y los escombros como el gran pacificador, como el voto útil de un nuevo orden “culto”, liberal, moderno, capaz de convertir al MAS en un paréntesis pintoresco de la historia andina.

A medida que avanzaba la tarde, hubo algunas señales de que las cosas no irían por este camino. En una decisión algo extraña, pero celebrada por nosotros, el Tribunal Supremo Electoral había dejado caer, un día antes de las elecciones, el Sistema de Conteo Preliminar que tantos problemas había ocasionado en 2019. Con ello, el momento clave de la noche electoral se trasladaba a las encuestas a boca de urna encargadas a empresas privadas claramente dominadas por sectores anti-masistas. Se calculaba que a partir de las ocho publicarían sus resultados. Esto tenía un riesgo cierto, puesto que marcaría una tendencia que podía no coincidir con los datos oficiales finales. El fantasma de los enfrentamientos por los resultados volvía a sobrevolar el ambiente.

Cuando eran casi las nueve, las televisiones bolivianas comenzaron a anunciar que la publicación de los resultados sería “inminente”. Sin embargo, el subtitulado que informaba en rojo las aparición de las primeras cifras permaneció largamente congelado en la pantalla. Los temores de una retención deliberada y de un posible fraude contra el MAS se apoderaron de muchos de nosotros, así como de compañeras y compañeros pertenecientes a las delegaciones del Parlasur, de la Internacional Progresista o de la Copppal, encabezada por el derrocado presidente paraguayo Fernando Lugo. El nerviosismo fue creciendo. Era difícil no pensar qué ocurriría con miles de bolivianos –y con nosotros mismos– si se desataba una nueva ola represiva.

Y de pronto, lo increíble. Esos momentos únicos, que condensan y condicionan una época. Tras horas de demoras injustificadas, los resultados a boca de urna revelaban lo que nadie había previsto: el MAS se imponía en primera vuelta, con más de veinte puntos de diferencia, sobre su inmediato seguidor. Un nudo nos ganó la garganta. La propia Jeanine Añez salía a reconocer que la fórmula Arce-Choquehuanca había sido escogida para gobernar el país. La sorpresa era inmensa. La alegría, también.

El voto como bofetada contra el abuso de poder

Lo ocurrido desbordaba las expectativas más optimistas. Entrada la madrugada, comenzaron a circular en los móviles las declaraciones de un sindicalista de la Central Obrera Boliviana -la célebre COB- que ayudaba a entender algunas cosas. “Les hemos dado un sopapo, un revés”, decía, mientras mascaba unas hojas de coca. “Hoy la gente ha votado contra la discriminación, contra la prepotencia. Han lastimado lo más profundo de los bolivianos. La pollera, la whipala, la Pachamama. Nuestras tradiciones ancestrales, milenarias. Se han despreocupado por el sector productivo de Bolivia. No les ha importado más que hacer corrupción, humillar al pueblo boliviano, discriminar ¿Cuántas armas han caminado hoy día por Bolivia? Esto va a quedar para la historia. Y el mundo lo ha visto: ¿cómo en un día de fiesta democrática pueden sacar armas a la calle?”

En un escenario de guerra civil asimétrica, de agresión militar, pero también de agresión social y económica, el voto resultaba una última oportunidad no violenta de proteger la vida. O se conseguía con el voto, o tendría que conseguirse en las calles, a través de la movilización, y al precio que fuera necesario. Y pasó lo inesperado. El MAS volvía y lo hacía con millones de votos, confirmando la profecía atribuida al caudillo aymara Tupac Katari, antes de ser asesinado por los corregidores españoles, en 1781. Y no solo eso. Volvía evitando las provocaciones, sorteando las patrullas militares y las amenazas del ya menguante Ministro Murillo. Para una amplia mayoría de la población, el voto se había convertido en la herramienta más eficaz para limitar el abuso de poder. Y no se había ejercido de cualquier manera. Había tenido un carácter inequívocamente pacífico, y sobre todo, había sido masivo. Esa masividad fue tan contundente que pronto quedó claro que no podría ser neutralizada por ninguna de las vías coercitivas utilizadas durante el golpe de 2019. Ni la intimidación, ni el fraude, ni la intromisión ilegítima de ningún actor internacional. El desprestigio del régimen y los veinte puntos de diferencia entre Arce y Mesa dejaron sin opciones a las alternativas golpistas. Ni el Secretario de Estado, Mike Pompeo, ni el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ni los grupos de choque de Luis Camacho, en Santa Cruz, pudieron maquinar para impedir una salida democrática.

Mesa o el fraude del Leviatán liberal

Pero no solo Pompeo o Almagro habían sido derrotados. También la opción Mesa había naufragado de manera inapelable. Sus promotores fueron los primeros en recibir el “sopapo” tan expresivamente descrito por el trabajador de la COB. Los más de veinte puntos que separaron a Arce de Mesa reflejaban un desprecio y un desconocimiento insultantes por parte de ciertas élites de una Bolivia indígena, campesina, popular, siempre subestimada en sus análisis sociológicos o tratada como una masa infantil, manipulable, sin autonomía propia. Pero había algo más profundo. La propia aspiración a un Leviatán liberal encabezado por Mesa se revelaba como un fracaso. Como un concepto fraudulento que se asentaba en una contradicción notoria: la de un liberalismo que había consentido todo tipo de tropelías contra las libertades más elementales. La de una promesa de orden, de estabilidad, que se había dejado arrastrar sin tapujos por desorden, por el caos represivo y por las corruptelas de la extrema derecha. En realidad no era algo nuevo. Contemplado a través del cristal boliviano, el propio siglo veinte aparecía repleto de refinados liberales à la Mesa que prestaron sus servicios al matonismo “antipopulista” de extrema derecha, con la esperanza de poder desembarazarse de un adversario incómodo en su camino a la gloria. Lo cierto, sin embargo, es que el grueso de ellos obtuvo lo mismo que el 18 de octubre había deparado al profesor boliviano: un triste lugar en el panteón de los políticos fracasados.

Luis Arce y la gestión la esperanza   

Quien sí había recogido los frutos de esa exigencia existencial de paz y de seguridad social económica había sido el binomio integrado por Luis Arce y David Choquehuanca. A medida que avanzaba el escrutinio, todo adquiría claridad retrospectiva. El impresionante despliegue territorial del MAS y de sus diferentes núcleos comunitarios, que en pocos meses habían recuperado mística y capacidad organizativa espoleados por la represión. El papel carismático de Evo Morales, quien en medio de los embates más duros había resistido y agudizado el olfato del viejo dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba. Las propias figuras de Arce y Choquehuanca, con quienes nos habíamos reunido dos días antes en la modestísima sede del MAS, aparecían ahora más nítidas, bajo una luz nueva. Arce, como el hombre tranquilo que encarnaba con solvencia un modelo económico inteligente, que había garantizado crecimiento, inclusión, distribución de la riqueza, y que había mejorado la vida concreta de millones de bolivianos y bolivianas. Choquehuanca, como garante de la revisión de errores del pasado y como vínculo autorizado con los pueblos indígenas y campesinos. Y tras ellos, una nueva generación de dirigentes que prometía aportar savia nueva al proceso de democratización del país: Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado más joven de la historia de Bolivia, con solo 29 años; la valiente Eva Copa, presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional; el carismático Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero y vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba.

Los retos, en un contexto de pandemia y de un horizonte económico difícil, eran enormes. Estabilizar el país, reparar los daños a los bienes públicos, comunes, revertir desigualdades sangrantes, facilitar la articulación comunitaria generada durante la resistencia al golpe. Combinar de forma sabia las exigencias de justicia, de reparación de los crímenes del interregno Añez, con las demandas de paz de una sociedad demasiado agotada por el clima de guerra civil como para que el MAS pudiera limitarse a “ser como ellos”. Un apoyo tan contundente, pero tan diversificado internamente, obligaba a una reconstrucción firme y cuidadosa de una república genuinamente plurinacional, capaz de corregir los errores de las gestiones anteriores, de afirmar los aciertos, y también de inventar, de ofrecer a la región y al mundo nuevas razones para la esperanza.

El lunes siguiente a las elecciones el país se levantó aliviado. Un sol intenso, amable, cubría La Paz y las calles recuperaban el color del pequeño comercio, de la venta ambulante. Las noticias traían una cascada de reconocimientos al nuevo Gobierno: Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, Sebastián Piñera y Pedro Sánchez. La sensación, en realidad, era que entre octubre del 2019 y octubre del 2020 algo se había movido. El eje de la incidencia internacional se había desplazado de la OEA y de Trump a la ONU y la Unión Europea. El francés Jean Arlaut, comisionado por António Guterres para buscar una salida pacífica en Bolivia, no tenía nada que ver con el fraudulento Luis Almagro. Y Josep Borrell estaba determinado a no actuar al ritmo de Pompeo.

Antes de abandonar la ciudad, tuvimos tiempos de abrazarnos –los contenidos abrazos de estos tiempos de pandemia– con viejas amigas y amigos de Bolivia, compañeras de lucha, de resistencia, de innumerables reuniones de Zoom durante la pandemia y durante la infausta de la dictadura añista. Muchos de ellos habían decidido regresar tras un exilio doloroso, arriesgando sus vidas, apostándolo todo a una victoria popular que había acabado por producirse. Cada quién, entre lágrimas, ensayaba el duelo de lo que habían sido aquellos meses de ruido y furia: las muertes de gente amiga, las amenazas a familiares, las persecuciones judiciales, el saqueo de bienes. Sin embargo, esta vez, la pena daba rápidamente paso a una sonrisa liberadora. El ajayu, el alma aymara, les volvía al cuerpo y con los ojos iluminados, todavía incrédulos, comenzaban a enumerar los desafíos y los signos de un tiempo nuevo. Y no solo para Bolivia. Para Chile, que había celebrado su propio 18 de octubre con una Plaza de la Dignidad repleta de banderas mapuche y de cantos que recordaban, con Quilapayún, que “el pueblo, unido, jamás será vencido”. Para Ecuador, cuya justicia había autorizado la inscripción de la pareja Andrés Arauz y Carlos Rabascall para las elecciones presidenciales de 2021. E incluso para los Estados Unidos, donde los resultados bolivianos suponían un nuevo dolor de cabeza para Donald Trump, pieza clave en la articulación de las extremas derechas ibero-latinoamericanas.

Llegamos al aeropuerto de La Paz-El Alto hacia la hora de comer. Pedimos algo de fruta, apuramos una última empanada, enviamos nuestras impresiones a nuestros compañeros del Congreso y a toda la gente que nos había seguido, preocupada, durante nuestro precipitado salto a Bolivia. Mientras nos acercábamos a los últimos controles de salida, nos vino a la cabeza el discurso pronunciado poco antes de las elecciones por el ministro de Defensa del Gobierno Añez, Luis López, a propósito de los 53 años del asesinato de Ernesto Guevara en La Higuera. En él, López había advertido con tono marcial que no permitirían que los extranjeros, cualquiera sea su nacionalidad, vinieran a “subvertir” el país, como había intentado el Che. Y había recordado con tono amenazante que aquellos “terroristas y aventureros” habían sido derrotados “no solo por el Ejército boliviano, sino también por el pueblo”, y que la historia se podía volver a repetir. Mientras comentábamos aquel discurso macabro, un militar boliviano, joven, nos reconoció detrás de las mascarillas “¿No son ustedes los observadores que aparecieron en la televisión estos días?” Nos miramos, tomamos aire, y asentimos con la cabeza. “Que sepan que serán siempre bienvenidos a Bolivia” agregó con una sonrisa. Es difícil saber qué hubiera ocurrido con unos resultados electorales más ajustados. Pero los obtenidos habían cerrado paso a la violencia desbocada y a la muerte. Con su coraje extraordinario, el pueblo boliviano salvaba la memoria del Che y nos devolvía a Madrid sanos, salvos y llenos de esperanzas en aquella gran revuelta democrática que acababa de producirse ante nuestros ojos sacudiendo al mundo.

* Diputados del Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común.

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12 de octubre. Por un republicanismo anticolonialista

Por Gerardo Pisarello. Publicado en Público.es 12/10/2020

Los actos evocatorios del 12 de octubre de 1492 tendrán este año un significado singular. Por el propio contexto de pandemia, que sitúa cualquier reflexión pública en una suerte de niebla espesa, por momentos irreal. Pero también por la emergencia, a uno y otro lado del océano, de una extrema derecha descaradamente negacionista de lo que de crueldad y expolio tuvieron aquellos choques sociales y culturales. 

Esta realidad obliga a prestar atención a las ciento de miles de voces que, en medio de una dramática violencia racista estatal y paraestatal se están movilizando contra el neofascsimo en diferentes rincones del mundo. Y constituye una buena ocasión, también, para articular un republicanismo del siglo XXI con anticuerpos suficientes para repeler, entre otras cosas, el virus letal del racismo y del colonialismo.

1- Bartolomé de las Casas y las semillas del republicanismo anticolonial

  • Bartolomé de las Casas. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Sin dudas, una de las figuras más interesantes para acometer esta tarea es la del humanista y fraile dominico, Bartolomé de Las Casas. Nacido en Sevilla hacia 1474 en un familia de mercaderes, Las Casas representa a una generación que por su propia vivencia de la conquista en América reaccionó a las atrocidades que él mismo describiría indignado en su «Brevísima relación de la destrucción de Indias», de 1542. Su experiencia de la brutalidad colonial –Las Casas calculó que en cuatro décadas más de 12 millones de amerindios habían muerto como consecuencia de malos tratos, matanzas, epidemias– no fue vana. Por el contrario, fue lo que le permitió convertirse en una figura clave de la teorización moderna de los derechos humanos y del republicanismo democrático.

Las Casas vivió unos 82 años. Llegó a La Española –hoy Haití– cuando tenía poco más de veinte. Una década más tarde, hacia 1514, tomó conciencia plena de lo que suponía el sistema de esclavitud y saqueo practicado por conquistadores, colonos y encomenderos contra las poblaciones originarias. A partir de entonces, dedicó el resto de su vida a denunciarlo y a proponer medidas para acabar con este sistema. La más radical fue la supresión total y definitiva de lo que consideraba el peor de los crímenes:  la «encomienda perpetua», piedra angular del régimen de explotación económica y de vejaciones sobre el que se sostenía el edificio colonial.

En 1542, con las Nuevas Leyes de Indias, dictadas por Carlos V, Las Casas vio como sus esfuerzos se traducían en algunas reformas. Sin embargo, la reacción de los encomenderos fue tan brutal que el propio monarca acabó retrocediendo y revirtiéndolas. Con la transición monárquica de Carlos V a Felipe II, Las Casas vio menguada su influencia en la Corte. Eso le valió una soledad creciente, pero en sus últimos años, lejos de amilanarse, se radicalizó en sus posiciones. Agudizó sus críticas a la Corona. Defendió de manera explícita el derecho democrático de los pueblos indios colonizados a su autodeterminación y a ser restituidos en lo que por justicia les correspondía. Solo se arrepintió de una cosa: haber aceptado en su juventud que la esclavitud indígena fuera reemplazada con esclavos africanos para morigerar la tragedia que le estaba tocando presenciar. 

El escritor republicano cubano, José Martí, llegó a escribir, refiriéndose al coraje político, a la empatía y a la firmeza ética de Las Casas: «Empezó su medio siglo de pelea para que los indios no fueran esclavos; de pelea en las Américas; de pelea en Madrid; de pelea contra el Rey mismo; contra España toda, él solo, de pelea». Unas de estas batallas, precisamente, fue la llamada «Controversia de Valladolid», una polémica que lo enfrentó entre 1550 y 1551 a Juan Ginés de Sepúlveda. En dicha discusión, Sepúlveda defendió las guerras de conquista contra los «bárbaros» amerindios. Las Casas se opuso con argumentos contundentes: ¿era justa pues, la guerra de los romanos contra los españoles para liberar a estos de su barbarie? ¿no fueron más bárbaros, en tanto crueles y estólidos, conquistadores y encomenderos que los pueblos amerindios? ¿cómo es posible hablar sin más de razas o naciones bárbaras?

Pero la formación política y filosófica de Las Casas le permitió ir más allá. Como conocedor de Aristóteles que era, su crítica del genocidio americano le llevó a esbozar una teoría republicana y democrática del buen gobierno que se anticiparía a autores como Rousseau. En su tratado sobre El poder de los reyes y los derechos de los súbditos (De Regia Potestae…, en el original en latín) llegó a consagrar un principio anticolonial básico: que ningún Estado -ni rey, ni emperador- puede enajenar territorio ni cambiar su régimen político sin consentimiento expreso de sus habitantes. Las razones eran evidentes: el poder de soberanía procede del pueblo, y al elegir a sus gobernantes, el pueblo no pierde nunca su propia libertad. Los reyes y gobernantes –continuaba Las Casas- no son señores de los reinos. Son administradores de intereses comunes. De ahí que, citando a Bartolomé de Brescia, acabara defendiendo que los reyes fueran nombrados por voluntad popular, «aunque por costumbre se venga haciendo lo contrario» (De Regia Potestae…)

2- «Que se pierdan las colonias y se salven los principios». El republicanismo anticolonial en la Revolución francesa y más allá del Atlántico

La admirable radicalidad democrática y anticolonial con la que Bartolomé de Las Casas afrontó el tremendo «choque de mundos» en pleno siglo XVI le granjearía el reconocimiento –hasta el día de hoy – de pueblos indios en Chiapas y otros sitios de América. Pero su influencia se proyectaría sobre la propia Europa, comenzando por la Revolución Francesa.

La cuestión colonial generó un importante debate en la Asamblea Constituyente francesa de mayo de 1791. Pierre-Victor Maloüet, dueño de plantaciones de azúcar en Santo Domingo y reputado portavoz del sector esclavista, reclamó una Constitución específica para las colonias con el fin de que la Declaración de derechos no se aplicara en ellas. Algunos diputados más desvergonzados, como Moreau de Saint-Méry, propusieron directamente que fuera el esclavismo en las colonias lo que resultara constitucionalizado.

El encargado de responderles fue el diputado Maximilien Robespierre. Y lo hizo de manera fulminante, en una memorable intervención el 13 de mayo. «Que perezcan vuestras colonias, si pretendéis conservarlas a este precio. Sí, si fuera necesario perder vuestras colonias o perder la felicidad, la gloria, la libertad, yo repetiría: ¡que perezcan vuestras colonias!»

La burguesía colonialista, girondina, insultaba a Robespierre y al Abad Grégoire llamándoles «Lascasistas». Sabían de lo que hablaban. Y sabían lo contagiosas que las ideas del fraile sevillano podían resultar. No en vano, al socaire de las ideas y movilizaciones que agitaban Francia, en 1791 se produjo en Haití un levantamiento de esclavos encabezados por el líder negro Toussaint L’Ouverture. Los trabajadores se declararon hombres y mujeres libres y atacaron las propiedades de los terratenientes.

En 1793, por disposición de los jacobinos, los esclavos de colonias francesas obtuvieron la emancipación. Toussaint, un ex esclavo que sabía leer y tenía 50 años, fue declarado presidente vitalicio de la isla. Con la caída de Robespierre, Napoleón intentó recuperar el control colonial sobre la isla. Sin embargo, fue derrotado por el general negro Jean Jacques Dessalines. En 1804, este proclamó la República de Haití, que suplantó al francés Saint-Domingue. Confiscó todas las plantaciones y estipuló una reforma agraria que repartió la tierra entre los ex esclavos. Haití se convirtió así en la primera República independiente de América y en la primera República negra del mundo.

3- Dionisio Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz: «un pueblo que oprime a otro no puede ser libre» 

Muchas de estas ideas viajaron también las Cortes de Cádiz. A la ciudad, asediada por la peste y la guerra, concurrieron no solo diputados de toda la península, sino también diputados americanos, de las colonias españolas de ultramar. No se trataba de simples aventureros. Eran personas que arriesgaban la vida y que tenían la certidumbre de que estaban ante una revolución que podía llegar a trascender el marco de la monarquía absolutista. Y así fue.

En diciembre de 1810, se escuchó en la sala de sesión de las Cortes un discurso inédito, que dejaría una honda impresión entre sus miembros. Ese alegato, poco conocido, hablaba de la igualdad entre españoles e indios americanos. Lo pronunció el diputado suplente por el Virreinato del Perú, Dionisio Inca Yupanqui. Sus palabras quedarían para la historia: «La mayor parte de los diputados y de la Nación apenas tienen noticia de [América] este dilatado continente. Los Gobiernos anteriores la han considerado poco, y solo han procurado asegurar remesas de precioso metal, origen de tanta inhumanidad, del que no han sabido aprovecharse […] Un pueblo que oprime a otros no puede ser libre […] Napoleón, tirano de Europa, su esclava, apetece marcar con este sello a la generosa España. Pero esta, que lo resiste valerosamente, no advierte […] que se le castiga con la misma pena que por el espacio de tres siglos hace sufrir a sus inocentes hermanos. Como Inca, Indio y Americano, ofrezco a la consideración de vuestra majestad un cuadro sumamente instructivo. Dígnese hacer de él una comparada aplicación, y sacará consecuencias muy sabias e importantes». 

Las palabras de Inca Yupanqui sacudieron las Cortes. En ellas, resonaba el eco lejano de las resueltas revueltas indígenas protagonizadas en América contra el partido de los encomenderos. Así, por ejemplo, la de Julián Apaza Nina, más conocido como Túpac Katari, hijo de un minero aimara, que había llegado a montar en el Alto Perú un ejército de indios, mestizos, mulatos y negros y había llegado a cercar la ciudad de la Paz, en 1781, junto a su compañera, Bartolina Sisa, y su hermana, Gregoria Apaza. O la de José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, quien se levantó contra el Corregidor español a resulta de los abusos que suponían los tributos, diezmos y el sistema de mita minera en Potosí. 

La mayoría de diputados peninsulares en Cádiz escuchó con atención pero la respuesta fue fría, cuando no airada. Y es que a las palabras de Inca Yupanqui se sumaron las de otros diputados de ultramar que reclamaron, sin ambages, autonomía política y competencias económicas para las provincias y municipios de América. Para los «serviles» partidarios de Fernando VII de Borbón, esto era inadmisible, puesto que suponía poner fin a las remesas americanas de las que se nutría la Monarquía. Entre los diputados liberales moderados, los recelos no eran menores, ya que veían en estas demandas americanas dos pulsiones inaceptables: el federalismo y el republicanismo. 

Esto hizo que los únicos en solidarizarse de manera abierta con las peticiones de ultramar fueran los sectores liberales más radicales y cercanos al republicanismo. Uno de los más decididos fue el diputado por Lugo, Domingo García Quintana. En su intervención, criticó duramente las vejaciones cometidas contra los amerindios, defendió la abolición de la esclavitud e incluso, en un momento de arrebato, llegó a sostener: «hablar y amenazar no nos sacará de apuro: cuchilla, cuchilla es lo que necesitamos y pronto». También el salmantino José Valcárcel Dato se pronunció en términos semejantes. Tras defender las exigencias americanas, denunció sin ambages a los jueces y funcionarios que «han presentado en aquellos preciosos dominios los más escandalosos y repetidos ejemplos de crueldad, de despotismo, de sobornos, de dilapidación […] habiendo quedado las injusticias más atroces, no solo sin castigo, sino que han sido premiados muchos autores de ellas». 

4- El anticolonialismo republicano y federal de Pi i Margall 

Las peticiones de autonomía y de una relación federal por parte de las colonias americanas chocaron una y otra vez contra el absolutismo monárquico, hasta que, frustradas, se convirtieron en independentismo. Sin embargo, las propuestas de un reencuentro libremente decidido y entre iguales, no desparecieron. El propio Simón Bolívar, a través de su ministro en Londres, Francisco Antonio de Zea,  hizo llegar a las Cortes de Cádiz, sin suerte, la propuesta de una confederación republicana de ambos hemisferios.  

No faltaron, sin embargo, las voces que a lo largo del siglo XIX entendieron que la única forma de mantener la unión entre la península y América era renunciar al colonialismo y reconocer formas federales y confederales de convivencia. Una de las más firmes fue la del republicano catalán Francesc Pi i Margall. En 1854, con solo 30 años, Pi escribió desde Madrid una de las críticas más crudas y duras de la colonización española. «Hemos procedido siempre con las colonias como con nosotros el antiguo pueblo de Roma. Nuestras leyes han levantado una valla eterna entre vencedores y vencidos; nuestros gobiernos las han entregado constantemente a la rapacidad y al despotismo de los capitanes generales […] ¿cuándo nos hemos ocupado de la suerte de los indios bravos? Nos hemos contentado con decir que no son hombres, para cohonestar nuestra vergonzosa e imperdonable incuria». 

Para Pi, la rapacidad y la ceguera colonialista no podían redimirse bajo el centralismo de los borbones. Por eso, como presidente de la I República española, fue partidario del federalismo interno y externo y de un amplio reconocimiento del autogobierno dentro y fuera de las fronteras estatales. En el proyecto de Constitución de 1873, influido por sus ideas, Cuba, Filipinas y Puerto Rico eran reconocidos como Estados dentro de una Federación republicana. 

Sin embargo, las ideas de Pi, así como las de muchos federales de libre adhesión, fueron derrotadas. Con la primera Restauración Borbónica, España reemprendió su política nacionalista y colonialista, pero el 1 de enero de 1899 ya había perdido tres colonias más. Poco años antes, cuando la criminalización de los rebeldes cubanos y filipinos acaudillados por José Martí y José Rizal arreciaban, Pi repetía los mismos argumentos de Bartolomé de Las Casas: «Nosotros, que así procedemos, ¿es justo que califiquemos ahora de bandoleros a los que contra nosotros se alzan por su independencia? […] Nación alguna tiene derecho a ocupar territorios que otros hombres pueblen, como éstos no se lo consientan. Si una nación los ocupa por la violencia, los vencidos pueden en todo tiempo combatirla hasta que la arrojen del suelo de su patria».

5- Por un republicanismo anticolonialista, fraternal e internacionalista

Si la Primera Restauración Borbónica solo ensanchó la herida colonial durante en el siglo XIX, la Segunda, impulsada por Franco y consumada durante la transición, tampoco la ha cerrado. No en vano, Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII, comenzó su reinado estrechando relaciones neocoloniales con las dictaduras de Videla, en Argentina, y de Pinochet, en Chile. Y lo acabó mandando callar a un presidente elegido democráticamente, precisamente por cuestionar esas relaciones de las que el Rey Borbón, como se está viendo ahora, sacaba provecho económico personal de forma descarada. 

Nada asegura, ciertamente, que un régimen republicano acabe de la noche al día con el lastre del racismo y del colonialismo institucionalizados. Son muchas, de hecho, las prácticas contradictorias, incoherentes, que sobre estas cuestiones, atravesaron también al republicanismo peninsular y americano. Con todo, esta tradición, en sus versiones democráticas, no oligárquicas, ha tendido, desde de Las Casas hasta Robespierre, desde Bartolina Sisa e Inca Yupanqui hasta Pi i Margall, a colocar la lucha anticolonialista entre sus principales preocupaciones.

En un momento en el que el Partido de los nuevos encomenderos, del despojo de los bienes comunes y del neo-supremacismo intenta imponerse con violencia voraz en Bolivia, Chile o Estados Unidos, con el visto bueno de Vox y tantos otros profetas del odio, repensar un republicanismo anticolonial e internacionalista, no es una cuestión secundaria. Es la más urgente de las batallas si de lo que se trata es de salvar de la barbarie más atroz a lo que otro Lascasiano, Francisco Fernández Buey, llamaba la humanidad sufriente. Eso y evitar, antes de que sea muy tarde, una degradación irreversible del planeta y sus especies. 

«¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?»

Bajo el título «¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?» participé en el segundo episodio del ciclo de entrevistas organizado por el Instituto Democracia y el Circuito Cultural JJ.

“Mi impresión es que sin los gobiernos progresistas populares esto hubiera sido un auténtico desastre. Uno tiene las pruebas porque hay gobiernos neoliberales y neofascistas que están actuando con un total desprecio por la vida humana. Sobre todo, por la vida humana de las clases populares, de la gente de mayor situación de vulnerabilidad a la que han enviado a la muerte de manera directa. Si uno observa la cifra de gente muerta en Brasil o en Estados Unidos, y además estudia eso desde una perspectiva de clase, verá que lo que ha habido es un elitismo despiadado y una absoluta indiferencia por la vida de la gente más humilde, por parte de esos gobiernos.”

🎥 Comparto la entrevista que me realizaron Andrea Vallejos y Ulises Bosia.

Diversas intervenciones en el Grupo de Trabajo de la UE, de la Comisión de Reconstrucción

Hoy en el Congreso han tenido lugar varias comparecencias ante el Grupo de trabajo UE, de la Comisión de Reconstrucción.

Más allá del nuevo escenario geopolítico peligrosamente en movimiento con personajes irresponsables como Trump y la voluntad política de las fuerzas progresistas del Sur de Europa para que esta crisis no repita los errores de la anterior, con medidas «austericidas», he querido recordar a los que más sufren: las personas que cruzan el Mediterráneo en búsqueda de una vida digna y que esa Europa, a la que se le llena la boca de derechos y bienestar, les da la espalda.

También he querido solidarizarme con la población estadounidense que se ha levantado, con rabia, contra la violencia policial, racista, en ese abismo de desigualdades que les golpea a diario.

Defendiendo el republicanismo de las cosas concretas, el republicanismo ilustrado, que se contrapone al egoísmo de las élites y sus defensores a ultranza, que no aceptaron una salida a la crisis social y ambientalmente justa.

Republicanismo democrático y procesos constituyentes, con Juan Pablo Sanhueza Tortella.

La Fundación Chile Movilizado me invitó el pasado 24 de mayo, al episodio #momentopopulista sobre republicanismo democrático y procesos constituyentes. Ha sido una hora larga de conversación con Juan Pablo Sanhueza Tortella, con el que he compartido ideas y reflexiones, con mucha complicidad en lo común y un gran afecto.