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El discurso militarista del rey

Que Felipe VI se sienta especialmente cómodo con su intervención del 6 de enero solo viene a corroborar el ligamen que ha existido entre la monarquía borbónica, el militarismo y el negocio de armas

Gerardo Pisarello 8/01/2023 para CTXT

Todas las restauraciones borbónicas en España se originaron en un golpe de Estado militar. Ocurrió con Fernando VII, tras abandonar el exilio de lujo que le concedió Napoleón. Ocurrió con Alfonso XII, tras el pronunciamiento de Martínez Campos. Y pasó con la última restauración monárquica, hija del golpe franquista. En parte por eso, en parte porque ha formado parte de los negocios del Estado, el vínculo de la monarquía con el militarismo ha sido estrecho. Han sido muchos los borbones que para afirmar su utilidad se han esforzado en aparecer como reyes-soldados. Como monarcas situados al frente de las fuerzas armadas para garantizar un cierto orden por encima incluso del poder civil. El discurso de Felipe VI durante la Pascua Militar no se puede entender al margen de este contexto.

Para aparecer como el rey-soldado por excelencia, Alfonso XII se esforzó en intervenir en las últimas escaramuzas con el carlismo. Su hijo, Alfonso XIII, decidió directamente apoyar un golpe de Estado militar, el de Miguel Primo de Rivera. Luego se involucró personalmente en la guerra colonial en el Rif, aunque su intervención acabó en el Desastre de Annual, con miles de muertos.

Tras la muerte de Franco, fue Juan Carlos I quien se afanó en buscar su momento para afirmarse como rey-soldado

Tras la muerte de Franco, fue Juan Carlos I quien se empleó en afirmarse, también él, como rey-soldado. Lo hizo en parte cuando se negó a jurar la Constitución, para mostrar que su legitimidad le venía del régimen militar y de su vinculación a “la dinastía histórica”. Y lo consiguió, muerto ya el dictador, el 23 de febrero de 1981. Como reconocen exmiembros de los servicios de inteligencia en el reciente documental Salvar al rey, de HBO, durante esas jornadas el monarca pudo desempeñar un doble papel. Oficiar como “motor inicial del golpe”, con el objetivo de marcar ciertos límites a la democracia que se estaba desplegando luego de la transición. Y ejercer, luego, como el rey-soldado capaz de reorientar ese golpe hacia una variante menos drástica a la programada, pero igualmente eficaz gracias a su ascendencia sobre las fuerzas armadas.

A partir de ese momento, Juan Carlos I hizo todo lo posible para consolidar esta posición. En 1995, en su entrevista con el aristócrata José Luis de Vilallonga, pudo presumir de que él mismo redactaba sus discursos, sobre todo los de la Pascua Militar. En ellos, Juan Carlos solía defender el papel de España en la OTAN y el aumento del presupuesto militar, además de actuar luego como un valedor clave de los negocios del sector armamentístico. Más tarde, cuando los escándalos no le dejaron otra alternativa que abdicar, se afanó para que el papel de rey-soldado pasara a su hijo, Felipe VI.

Hoy se recuerda poco, pero Felipe de Borbón fue investido rey por su padre en una ceremonia cuasi militar 

Hoy se recuerda poco, pero Felipe de Borbón fue investido rey por su padre en 2014 en una ceremonia cuasi militar en el Palacio de la Zarzuela, antes de comparecer ante el propio Congreso de los Diputados. En dicha ceremonia, Juan Carlos I le transmitió el “mando supremo de las fuerzas armadas” y le impuso el fajín rojo que se consideraba signo del mando militar directo. Solo después de esta investidura monárquica-militar, Felipe VI compareció ante la sede de la soberanía popular a jurar la Constitución.

La conciencia de que el vínculo entre monarquía y franquismo no se circunscribía a su padre, quedó de manifiesto en el primer mensaje navideño del nuevo rey. En él, Felipe VI dejó claro que no venía a cuestionar el origen franquista de la última reinstauración borbónica. Así, hizo una llamada a que “nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas”, algo que en puridad solo habría resultado aceptable en boca de las víctimas de la dictadura.

Su papel como rey-soldado, con todo, se afianzó con su discurso del 3 de octubre de 2017, como respuesta a la consulta celebrada en Cataluña dos días antes. Allí decidió realizar una intervención en la que no intentaba ni mediar ni arbitrar, como pedía la Constitución, sino actuar como un jefe militar contra una parte de la sociedad y al rescate de otra. Su discurso fue redactado sin el acuerdo del poder civil. Pedro Sánchez le afeó que no se apelara en ningún momento al “diálogo”.  Rajoy solo fue informado y dio su consentimiento, con reticencias, a último momento.

Con aquella intervención, Felipe VI se arrogó un poder de reserva que la Constitución no le reconocía. Fue su 23-F, aunque las diferencias con aquel acontecimiento estaban claras. Lo que tenía delante no era un golpe armado propiciado por miembros del Ejército que habían asaltado el Congreso en Madrid con ametralladoras. Eran una movilización y una consulta, ambas masivas y pacíficas, sin ningún acceso real o efectivo al aparato coactivo. Daba igual: su mensaje como rey-soldado estaba dado. Al poder civil, sobre el que se situaba sin complejos, y también a un sector del poder militar del que el rey se sentía cercano.

El nuevo discurso de Felipe VI en la Pascua Militar va en una línea similar. La del rey que, como su padre, su abuelo y su bisabuelo, defiende el aumento del gasto militar y el negocio de las armas como un objetivo incuestionable. E insiste, como ya hizo en su discurso navideño, en plantear la subordinación acrítica de la política exterior a los objetivos de la última cumbre de la OTAN: el impulso de una guerra larga, no solo en el “flanco oriental”, sino también en el sur, con las miras puestas en África y en la región del Sahel.

La diferencia con lo ocurrido el 3 de octubre es que esta vez el monarca ha actuado como rey-soldado, pero no ha actuado solo

Si en el discurso del 3 de octubre las apelaciones al diálogo eran inexistentes, lo que escasean en este son las invocaciones a la paz, a la que según el monarca solo se podría llegar echando más madera al fuego de la guerra. La diferencia con lo ocurrido el 3 de octubre es que esta vez el monarca ha actuado como rey-soldado, pero no ha actuado solo. Ha contado con el refrendo de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, que minutos antes escenificó sin complejos el furor militarista y atlantista luego exhibido por Felipe VI.

Estos arrebatos belicistas no son exclusivos de la ministra de Defensa del PSOE. De ahí que Felipe VI haya podido asumir su discurso con comodidad y plena convicción. Porque no solo estaba en sintonía con el partido mayoritario de la coalición de Gobierno. También satisfacía al PP y a Vox, los máximos exponentes hoy del furioso «partido belicista», aunque con cierta compañía a su izquierda.

Que el rey se sienta especialmente cómodo con su discurso del 6 de enero solo viene a corroborar el ligamen que ha existido entre la monarquía borbónica, el militarismo y el negocio de armas. Lo lamentable es que haya partidos con bases republicanas que den cobertura a estas palabras. Sobre todo, cuando el ensalzamiento del belicismo por parte de la Corona no ha augurado nunca nada bueno en términos democráticos. Por el contrario, ha dado alas a fuerzas reaccionarias que tienen muy claro, ellas sí, cómo sacar provecho de ese entusiasmo marcial.

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Contra el golpe del Tribunal Constitucional: defender la autonomía parlamentaria

  • Si el Constitucional hubiera requerido al Congreso suspender la votación del lunes sin soporte legal, sin dudas nos hubiéramos visto obligados, como miembros de la Mesa de la Cámara, a defender su autonomía.
  • 18 de diciembre de 2022
  • Por Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna

Pasó con la privación del escaño de Alberto Rodríguez. Ocurrió antes con la arbitraria conculcación de derechos de diputados independentistas. Y podría haber pasado una vez más este jueves si el Tribunal Constitucional hubiera ordenado al Congreso suspender la votación de la reforma que permite renovar sus miembros con mandatos caducados. La víctima, una vez más, habría sido la autonomía parlamentaria. Un nuevo atropello a la autonomía de la Cámara que, como miembros de la Mesa del Congreso, nos habría obligado a dar un paso al frente en defensa de la legalidad. 

La gravedad de la situación es indiscutible. El Partido Popular lleva tiempo instrumentalizando de manera espuria el Tribunal Constitucional para bloquear iniciativas progresistas o que sencillamente cuentan con mayorías legislativas contrarias a sus posiciones. De ese modo, están dinamitando un modelo constitucional que lleva un siglo a sus espaldas. Los tribunales constitucionales se crearon en Europa en los años veinte del siglo pasado. Su impulsor, el jurista austríaco Hans Kelsen, lo hizo con un objetivo claro: proteger derechos básicos, asegurar la división de poderes y evitar que minorías conservadoras pudieran bloquear por sistema reformas impulsadas por mayorías parlamentarias progresistas o simplemente democráticas.

Lo que Kelsen vio a comienzos del siglo pasado fue cómo el sufragio universal permitía que partidos obreros, partidarios de reformas sociales profundas, ganaran peso en los parlamentos. Y vio también cómo las derechas políticas recurrían a jueces vinculados a las élites tradicionales o directamente provenientes de regímenes autoritarios o dictatoriales para frenar esos avances. Para contrarrestar esta ofensiva judicial antidemocrática, Kelsen consideró que había que reforzar el papel de los parlamentos como máximos representantes de la soberanía popular. De ahí su propuesta de crear un órgano específico, el Tribunal Constitucional, que funcionara de manera autónoma del Poder Judicial, con miembros que podrían ser escogidos por los propios partidos en función de las mayorías sociales del momento. Sus funciones, eso sí, estaban muy delimitadas. Proteger los derechos, resolver conflictos entre órganos y censurar aquellas leyes que, una vez promulgadas, pero no antes, contradijeran nítidamente el contenido de la Constitución.

El Tribunal Constitucional no estaba concebido para paralizar preventivamente los trámites legislativos. Por el contrario, su función era respetar la presunción de legitimidad de las actuaciones de los parlamentos democráticos y actuar como una suerte de “legislador negativo”, expulsando del ordenamiento solo aquellas leyes ya promulgadas que lesionaran claramente la Constitución.

A la derecha política y judicial de aquel período de entreguerras nunca le gustó este modelo constitucional democrático. A las derechas actuales vinculadas al PP y a Vox, tampoco. Por eso han intentado dar un golpe contra él por diferentes vías. De entrada, intentando controlar la composición y la orientación ideológica del poder judicial, impidiendo que jueces o juezas progresistas, o simplemente garantistas, puedan abrirse camino. Por otra, convirtiendo al Tribunal Constitucional en una herramienta partidista con capacidad de bloquear cualquier iniciativa de una mayoría social o parlamentaria que no sea la propia.

En estos días se ha visto con toda claridad. La minoría integrada por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, ha pretendido que el Tribunal Constitucional actúe como un ariete contra la autonomía del Congreso y contra las mayorías legislativas allí existentes. Supuestamente lo hacían para proteger los derechos de sus diputados. Pero valerse de un amparo “preventivo” para solicitar medidas cautelarísimas que bloqueen el procedimiento legislativo en el Congreso es otra cosa. Es intentar introducir de manera furtiva un control previo de las leyes que la Constitución no recoge y que hoy el Tribunal Constitucional tiene vedado.

Insistimos: que las derechas quieran proteger sus derechos es lícito y tienen muchos momentos procesales para hacerlo. Lo que resulta inadmisible es su intento de frenar debates y votaciones legítimas, aunque con ello se lesionen, a su vez, los derechos de una mayoría parlamentaria clara y transversal que sí quiere que salgan adelante. Y lo que más subleva: que lo hagan instrumentalizando un Tribunal Constitucional con mandatos caducados cuya renovación ellas mismas han bloqueado por todos los medios.

Si el jueves de la semana pasada se hubiera impedido la votación en el Congreso, no solo se habría consumado una grave adulteración de la función que la Constitución y las leyes atribuyen al Tribunal Constitucional. Se habría producido un golpe irreparable contra la división de poderes y contra la inviolabilidad del Parlamento como principio irrenunciable en cualquier democracia constitucional digna de ese nombre.

Tras la reforma del 2015 impulsada por el Partido Popular, el Tribunal Constitucional ya impidió al Parlament de Catalunya discutir simplemente sobre el derecho de autodeterminación o reprobar los actos de corrupción atribuidos a Juan Carlos de Borbón. Lo que se pretende ahora es ir un paso más allá y suspender cautelarmente iniciativas legislativas de ámbito estatal sin tener jurisdicción para ello.

Si el Constitucional hubiera requerido al Congreso suspender la votación del lunes sin soporte legal, sin dudas nos hubiéramos visto obligados, como miembros de la Mesa de la Cámara, a defender su autonomía. Ya actuamos así cuando, en tutela de dicha inviolabilidad, nos negamos a suspender los derechos de diputados independentistas que habían sido votados por la ciudadanía. Y lo hicimos, también, cuando nos opusimos a que la presidenta Meritxell Batet privara a Alberto Rodríguez de su escaño en supuesto cumplimiento de un mandato de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Haber acatado ahora un nuevo atentado contra la autonomía parlamentaria, esta vez proveniente del propio Tribunal Constitucional, hubiera sido consentir una insubordinación antidemocrática que habría marcado para siempre la historia de nuestro parlamentarismo. En virtud del recurso de recusación presentado contra Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional se ha visto obligada a posponer para el lunes la resolución de las peticiones del Partido Popular. Si ese sector, sin embargo, rechaza la recusación, podría consumar el golpe e intentar que el debate no prosiga en el Senado.

Una situación semejante nos colocaría nuevamente ante lo que venimos denunciando a lo largo de estas líneas: un atentado artero contra la Constitución, contra la ley orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional y contra una tradición de constitucionalismo democrático que se remonta a los tiempos de Kelsen. Esperemos que no ocurra. Y, si finalmente pasa, si el Tribunal Constitucional insiste en agredir la legalidad constitucional, tanto el Congreso como el Senado deberían levantar una voz de dignidad y negarse a aceptar su requerimiento, tal como plantea el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, Iñaki Lasagabaster. Ese sería su deber. En defensa de la autonomía parlamentaria, en defensa de la legalidad vulnerada, y contra un intento de “atropello democrático” que debe frenarse en seco antes de que el daño resulte irreparable. 

¿Qué hacer con Vox en el Congreso?

2 de diciembre de 2022

Por Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna en El Diario.es

Una semana de provocaciones y de improperios han bastado para reactivar el debate. De entrada, porque no se está ante exabruptos aislados sino ante una estrategia deliberada. Que ni es nueva ni es exclusiva de nuestra ultraderecha vernácula. Las actuaciones de Vox en el Congreso de estas semanas han sido ensayadas ya por el trumpismo en Estados Unidos, por el bolsonarismo en Brasil, y por algunos de sus nuevos émulos en Europa y América. Se trata, pues, de una estrategia de tensión con objetivos claros. El más evidente, trasladar al Parlamento discursos de odio y noticias falsas ya utilizados en mítines, redes sociales, y medios afines, y minar con ello las condiciones para un debate mínimamente democrático.

Como ya ocurrió en otros momentos históricos, la gran cuestión es cómo lidiar con estas actuaciones. Que en el Congreso se produzcan debates que impliquen discrepancias contundentes entre diferentes fuerzas políticas no solo es legítimo. Resulta imprescindible en sociedades con intereses diversos y a menudo contrapuestos. Pero aquí hablamos de otra cosa: de evitar que esas discrepancias se expresen a través de formas vejatorias, sexistas, racistas, que lesionan la dignidad de las personas y degradan las instituciones representativas.

No se trata de algo sencillo. En el rifirrafe parlamentario, todos los grupos suelen incurrir en salidas de tono. El problema es cuando esto deja de ser un hecho puntual para convertirse en un patrón sostenido en el tiempo, que es lo que Vox viene haciendo desde los inicios de esta legislatura y lo que ha decidido reactivar para recuperar el impulso perdido tras las elecciones en Andalucía.

Ni los insultos y descalificaciones de Vox a la ministra Irene Montero, ni sus ataques a diputadas defensoras de políticas feministas, ni sus incumplimientos sistemáticos del Reglamento de la Cámara, son nuevos. Y lo peor es que en muchos casos han gozado de impunidad. A día de hoy, la presidencia de la Cámara no ha tomado medida alguna para sancionar a los 52 diputados de Vox que se niegan a presentar su declaración de intereses. Tampoco se sancionó a dos diputados de Vox que sabotearon abiertamente un acto dentro del Congreso en el que se condenaba la criminalización de seis jóvenes de Zaragoza que participaron en una manifestación antifascista. Y lo que es especialmente grave, no se adoptó ninguna amonestación clara contra el diputado de Vox que desobedeció a Alfonso Gómez de Celis, cuando este, presidiendo la sesión, lo expulsó del hemiciclo tras haber llamado “bruja” a la diputada socialista Laura Berja.

El problema es que ya no se trata solo de la impunidad creciente de la ultraderecha, sino de que la propia presidencia del Congreso, en su afán de mostrarse firme “con unos y otros”, acabe por equiparar a agresores y agredidos y a actuaciones que poco tienen que ver entre sí.

No es de recibo, por ejemplo, que la presidencia censure por igual a un diputado de Vox que acusa a otros de ejercer el “terrorismo etarra”, que a quien utiliza la expresión “fascismo” para calificar la exaltación del franquismo o de personajes como Millán Astray. Y es que lo primero supone la atribución de un delito grave recogido en el Código Penal. “Fascismo”, en cambio, es un concepto político históricamente datado, como “comunismo”, “socialismo” o “anarquismo”, que un parlamento democrático no puede pretender proscribir.

Tampoco es de recibo intentar, como se ha hecho, equiparar supuestas faltas de respeto institucionales “cometidas por unos y otros” sin que medie justificación suficiente. Recientemente, por ejemplo, el diputado del Bloque Nacionalista Galego Néstor Rego envió una nota a la Mesa cuestionando que la presidencia le obligara a retirar una serie de críticas a la institución monárquica. Su queja estaba plenamente justificada, toda vez que el propio Tribunal de Estrasburgo ha recordado que las críticas parlamentarias a la monarquía y al propio rey son cuestiones de interés público que la libre expresión de los diputados y diputadas ampara.

Tras debatir algunos de estos temas en la Mesa, la presidenta Meritxell Batet se comprometió ante sus miembros a aplicar el reglamento con rigor para evitar estas arbitrariedades. Pero es significativo que el primer caso en que lo hizo fue para llamar al orden a la propia Irene Montero, quien en respuesta a los ataques sufridos, recordó al Partido Popular que campañas como las que impulsaron en Galicia fomentaban lo que la propia ONU denomina “cultura de la violación”. La impresión, una vez más, fue que Batet intentaba afirmarse en que “aquí todos se exceden” para no incomodar a Vox ni entrar en conflicto con el Partido Popular.

Todo esto, obviamente, es peligroso, ya que un parlamento que se quiera democrático y plural debería poder garantizar con firmeza un principio básico: toda la libre expresión posible para sus miembros y todas las restricciones necesarias cuando de lo que se trate es de evitar humillaciones sexistas, xenófobas u otras formas de difamación dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad.

No se trata de algo imposible. Ahí está el ejemplo del ex presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, quien consiguió atajar con firmeza las bravuconadas machistas del mismísimo Boris Johnson. Ahí está, también, el papel del presidente del parlamento andaluz, Jesús Aguirre, del Partido Popular, quien no dudó en retirar la palabra a un diputado de Vox que insistía en difamar a sus adversarios. Y ahí están, igualmente, casos como el del diputado de la ultraderecha francesa, Grégoire de Fournas, expulsado de la Asamblea Nacional y sancionado a cobrar dos meses la mitad de su sueldo por espetar a un diputado negro de izquierdas que volviera a África.

Lo que Vox está intentando hacer en el Parlamento español para recuperar protagonismo no puede normalizarse ni naturalizarse. Porque no es algo aislado. Es una estrategia ya defendida por juristas de inclinaciones nazis como Carl Schmitt, y por los Trump y los Bolsonaro de turno: erosionar el parlamentarismo y sustituirlo progresivamente por una forma más autoritaria y concentrada de gobierno en manos de algún nuevo Führer o caudillo.

La presidencia del Congreso no puede ser condescendiente ni neutral ante las agresiones reiteradas y sistemáticas de la ultraderecha. Y la sociedad tampoco. Hoy, más que nunca, hacen falta pedagogía y contrapoderes sociales, ciudadanos, capaces de mantener a raya a actores con poder público y privado que no se autolimitarán sin esa presión externa. No es sencillo. Pero es la única manera de evitar que las derechas radicalizadas vayan demoliendo poco a poco espacios democráticos que han sido arduamente conquistados, que hoy deben ser ampliados, pero que bajo ningún concepto podemos permitirnos perder. 

Gerardo Pisarello es diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, y Javier Sánchez Serna es diputado de Unidas Podemos y secretario tercero de la Mesa.

El republicanismo fraternal de Lluís Companys

A 82 años de su infame fusilamiento, el abogado defensor de los derechos de los trabajadores, el republicano federalista y el presidente mártir de Catalunya, esperan reparación. Quizás una parte de esa reparación llegue con la nueva Ley de memoria democrática, a pesar de sus límites innegables

Lluís Companys, president de la Generalitat, con Roc Boronat a su derecha, iza la bandera catalana en el balcón de la sede del Sindicat de Cecs.
Lluís Companys, president de la Generalitat, con Roc Boronat a su derecha, iza la bandera catalana en el balcón de la sede del Sindicat de Cecs. Gabriel Casas i Galobardes/ Archivo de la Generalitat de Catalunya

Por Gerardo Pisarello

14 de octubre de 2022 El Diario.es

Un 15 de octubre de 1940, por decisión directa de Francisco Franco, era fusilado en Barcelona, en el castillo de Montjuïc, Lluís Companys, president de Catalunya y ex ministro de la República española. El proceso que condujo a su muerte fue una versión extrema, infame, de lo que hoy se conoce como lawfare: una pantomima llena de calumnias sobre la vida pública y privada del acusado, con una sentencia dictada de antemano. Pero el ensañamiento de las derechas radicalizadas con Companys, que hoy pervive en Vox y en el ayusismo que predomina en el Partido Popular, no es casual. Por su catalanismo, por sus convicciones federales, y por el republicanismo que encarnó, siempre solidario y fraternal con los pueblos y gentes trabajadoras de todo el Estado.

El Companys mártir de la dictadura franquista, en efecto, no se explica sin el vehemente abogado catalanista que, en los años previos, se forjó como activista en la lucha por una España republicana, democrática y federal. Desde sus primeros pasos en política, destacó por su compromiso con las clases trabajadores. Fue abogado de sindicalistas y obreros. Como buen conocedor de la vida rural, también contribuyó de manera decisiva a la organización del campesinado, creando para ello la Unió de Rabassaires. Y todo ello, en el marco de una oposición decidida a la monarquía borbónica, cómplice vergonzosa de la dictadura de Primo de Rivera.

En los convulsos años de la Barcelona de la primera posguerra, Companys arriesgó su vida en defensa de los trabajadores y contra la violencia de los sectores más recalcitrantes de la patronal. Esa violencia del poder privado le arrebató dos íntimos amigos: el abogado Francesc Layret, fundador junto a él del Partido Republicano Catalán, y Salvador Seguí, prestigioso líder anarcosindicalista partidario de la creación de un partido político que representara a la clase obrera catalana.

Hasta el advenimiento de la Segunda República, Companys fue, ante todo, un impulsor de la causa republicana. Por ello fue detenido varias veces y encarcelado. Y a ello dedicó su infatigable trabajo como abogado, periodista, concejal del Ayuntamiento de Barcelona o diputado en el Congreso. La victoria republicana en las elecciones de 1931 significó el salto de activista al gobernante. En poco tiempo, fue diputado en las Cortes Constituyentes de 1931, ministro de Marina en el gobierno de Manuel Azaña y, a la muerte de Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya.

Ya en este cargo, Companys impulsó una reforma de los arrendamientos agrícolas favorable a los trabajadores que fue férreamente resistida por la derecha catalana y por los terratenientes y propietarios rurales del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Poco más tarde, le tocó asumir algunas decisiones políticas clave que todavía hoy son discutidas.

Una de ellas fue su participación en la proclamación republicana y federal de octubre de 1934. El contexto era enormemente complejo. Las derechas nazis y fascistas crecían en Europa y utilizaban la violencia y la intimidación para abrirse paso en las instituciones democráticas y minarlas desde dentro. Cuando en España se anunció que las derechas locales que simpatizaban con estos sectores ultras entrarían en el Gobierno, se produjo una reacción instintiva entre las clases populares. La revolución asturiana de 1934, protagonizada por trabajadoras y trabajadores socialistas, anarquistas y comunistas, fue eso: un intento de detener preventivamente lo que se percibía, con fundadas razones, como un movimiento antirrepublicano y golpista.

Desde Catalunya, Companys decidió secundar esta llamada a resistir a las “fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar la República”. El 6 de octubre proclamó el Estado catalán dentro de la República federal española. Y lo hizo apelando a la “Cataluña liberal, democrática y republicana que no puede estar ausente ni silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que en las tierras hispanas luchan hasta la muerte por la libertad y el derecho”.

Por esta decisión, Companys y otros consejeros de su gobierno recibieron una condena de 30 años de prisión. La acusación de sus juzgadores era la de haber querido imponer “por la violencia aquel régimen federal que la soberanía constituyente rechazara”. Cinco de los veintiún vocales del tribunal, sin embargo, se pronunciaron a favor de la absolución. Su argumento fue que los acusados, lejos de haber atentado contra las instituciones republicanas, habían intentado preservarlas frente una regresión golpista de ultraderecha (que efectivamente se consumaría con la sublevación franquista).

Años después, ya restituido en la presidencia de la Generalitat como consecuencia del concluyente triunfo electoral de los frentes de izquierdas, Companys tuvo que volver a afrontar un contexto de similar complejidad. De lo que se trataba, esta vez, era de lidiar con la nueva revolución popular que se había desatado en julio de 1936 tras la victoriosa respuesta al alzamiento fascista en Barcelona. En aquella ocasión, Companys puso todo su empeño en intentar minimizar la violencia en la retaguardia republicana. Se pudo equivocar algunas veces. Pero siempre fue consecuente en su defensa del autogobierno de Catalunya, de la fraternidad republicana y de la libertad.

A 82 años de su infame fusilamiento, el abogado defensor de los derechos de los trabajadores, el republicano federalista y el presidente mártir de Catalunya, esperan reparación. Quizás una parte de esa reparación llegue con la nueva Ley de memoria democrática, a pesar de sus límites innegables. Pero no será suficiente. Y no lo será porque las derechas radicalizadas que lo calumniaron y lo asesinaron junto a Miguel Hernández, las Trece Rosas, Joan Peiró o Julián Zugazagoitia, vuelven a campar por sus anchas, tanto en España como en Europa.

Costaría, en efecto, encontrar hoy entre las derechas españolas gente como el conservador liberal madrileño Ángel Ossorio y Gallardo, que no solo llegó a ser abogado defensor de Companys, sino que le dedicó una biografía que todavía hoy emociona. Claro que para llegar hasta aquí, el propio Ossorio entendió que ni la monarquía, ni las exaltadas derechas que la acompañaban, podían garantizar las libertades que para él resultaban irrenunciables. La ausencia de gente como él hace que todo sea más difícil. Encontrarla, convencerla, es el gran reto de un antifascismo republicano, democrático, amplio, en condiciones de parar una nueva ola barbarie que la humanidad no puede permitirse.  

El 12 de octubre de las ultraderechas

Una cosa es reconocer el plural y rico legado europeo e hispano en América y otra muy diferente negar los desmanes que se cometieron durante la conquista y que han dejado una herida colonial que perdura hasta hoy.

12/10/2022 CTXT

Las derechas radicalizadas llevan años utilizando el 12 de octubre como una plataforma para exhibir una idea de España que conecta con los tópicos más esperpénticos del franquismo. Lo hizo el Partido Popular el año pasado y lo ha hecho Vox este año. De manera desacomplejada, virulenta, cuando no rayana en el ridículo. La operación no es ingenua. Es una ofensiva cultural dirigida a apuntalar un proyecto “hispanoamericano” de neoliberalismo furioso, neocolonial, en tiempos de guerra y de crisis energética. Sus protagonistas, fundamentalmente, son las viejas élites extractivistas, rentistas, de uno y otro lado del océano. Que en un contexto belicista, y en un mundo cada vez más multipolar, querrían encontrar un ámbito geopolítico de influencia, y de supervivencia, compatible con los designios estadounidenses en el continente.

Los conquistadores de pecho abombado

En estos últimos años, la ultraderecha ha intentado presentar su proyecto como una rebelión frente a lo que despectivamente llaman el “consenso progre” y “el globalismo” (léase, los derechos humanos reconocidos en decenas de tratados y cartas internacionales). Con este trasfondo, ha decidido invertir la mirada crítica clásica y presentar el 12 de octubre como una fecha de reparación de todos los “ofendidos” por los agravios del “multiculturalismo”, “los separatismos” o “el populismo”.

Partiendo de esta mirada, los sectores más duros de las derechas patrias se revolvieron iracundos cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió a Felipe VI que pidiera perdón por los crímenes amparados por la Corona en tierras americanas. La petición, sin embargo, no era extemporánea. El rey Leopoldo de Bélgica y la propia Isabel II del Reino Unido lo habían hecho sin que sus reinados se desmoronaran por ello. Y en el caso español no había menos razones para hacerlo. No solo por las andanzas de Hernán Cortés en el pasado, sino por la manera en que algunas empresas como Iberdrola o Naturgy estaban intentando reeditar en México algunas prácticas propias de los viejos encomenderos.  

En un acto de respuesta a la supuesta afrenta anti-española, personajes como Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar o Santiago Abascal, decidieron cargar contra el gobierno de López Obrador, contra los pueblos indígenas, e incluso contra el propio Papa Francisco –que había formulado unas palabras de disculpa similares a las del cardenal Joseph Ratzinger unos años atrás–, acusándolos de ser promotores de una nueva forma de “comunismo”. Para hacerlo, sacaron a relucir, con el pecho abombado, todo un catálogo de rudos e insobornables conquistadores, desde Don Pelayo al Cid Campeador (que no tuvo empacho, llegado el momento, en cobrar de Al-Muqtadir, rey morisco de Zaragoza).

Este año, Vox ha llevado al paroxismo estas iniciativas patrióticas. En una llamativa fiesta organizada en Madrid bajo el nombre “Viva 22”, los de Abascal dedicaron a Isabel la Católica y a Hernán Cortés carpas temáticas rodeadas de banderas españolas en las que se ensalzaba su ardor guerrero. Abascal, de hecho, pronunció su discurso central rodeado de quijotes que luchaban contra aerogeneradores y de figurantes vestidos de monjes, reyes y toreros.

En una llamativa fiesta, los de Abascal dedicaron a Hernán Cortés carpas temáticas rodeadas de banderas españolas en las que se ensalzaba su ardor guerrero

Díaz Ayuso no se ha quedado atrás. En la víspera del 12 de octubre, retuiteó con un orgulloso “Me too”, en inglés, un video en defensa del catolicismo y la monarquía promocionado por Jaime Mayor Oreja (“Mayor Oreja, menor cerebro”, rezaban algunos grafitis maliciosos hace años). El vídeo en cuestión, planteado una vez más como un festivo llamado a la rebelión frente a las prohibiciones y las pasiones tristes de las izquierdas, convocaba a la juventud a asumirse como “facha” con la misma convicción con la que se podía defender la españolidad “de la tortilla de patata, con o sin cebolla”. 

No es difícil reconocer en estas y otras iniciativas similares un intento de la ultraderecha de subir los decibeles en sus bravuconadas sexistas, racistas o clasistas. Ahí están, como ejemplo, los lamentables cánticos machistas proferidos por un seguidor de Vox desde las ventanas del Colegio Mayor para ricos, Elías Ahuja, de Madrid (“Putas, salid de vuestras madrigueras, conejas… sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea, ¡vamos Ahuja!”). Y ahí está, también, la deliberada decisión de la ultraderecha de convocar en la capital del Reino, justo antes del 12 de octubre, la Segunda Cumbre de lo que ellos llaman la Iberoesfera.

Estas cumbres, cada vez más frecuentes, se plantean como el embrión de una Internacional reaccionaria decidida a expandirse en diferentes países de habla hispana, y a hacer frente a espacios de izquierdas o progresistas como el Foro de São Paulo, fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990, o el informal Grupo Pueblo, de creación más reciente. Entre sus miembros más asiduos suelen estar muchos firmantes de la llamada Carta de Madrid, promovida por Vox en octubre de 2020 con el fin, una vez más, de combatir el “consenso progre”, “la Agenda 2030” y el “comunismo global”.

Estas convocatorias suelen reunir a las expresiones más delirantes de la extrema derecha internacional. Desde personajes como Eduardo Bolsonaro, admirador, como su padre, del golpe de Estado de 1964 contra João Goulart, a los ultras argentinos Javier Miley y José Luis Espert, nostálgicos, también, de la dictadura de Videla; pasando por el exministro golpista de Bolivia, Arturo Murillo, hoy detenido en una cárcel de Miami; o la presidenta del partido Hermanos de Italia –Fratelli di Italia–, Giorgia Meloni.

Aunque Vox y el Partido Popular de Aznar y Ayuso se reparten áreas de incidencias y pueden variar en el tono, comparten muchas amistades, aliados, y medidas programáticas. Este año, por ejemplo, la Cumbre de la Iberoesfera ha contado con invitados especiales como el chileno José Antonio Kast, hijo de nazis alemanes, amigo del marqués de Vargas Llosa y conocido admirador de Pinochet, o la senadora colombiana María Fernanda Cabal, seguidora de Álvaro Uribe. También ha recibido saludos entusiastas del propio Donald Trump, que ha dejado claro el padrinazgo de la ultraderecha estadounidense a un “hispanoamericanismo” que consideran aliados de sus intereses en América Latina.

Un nuevo partido de encomenderos e inquisidores

Sería un error pensar, en todo caso, que estas ofensivas de la derecha radical y de la ultraderecha persiguen dar la batalla cultural por un pasado ya muerto. Su propósito, por el contrario, es reforzar culturalmente, de una manera que habría alertado a Antonio Gramsci, un proyecto de acumulación y de despojo económico que lleva décadas produciéndose.

Al igual que ocurrió durante la conquista de finales del siglo XVI, los nuevos conquistadores patrocinados por las derechas radicalizadas van acompañados de nuevos encomenderos y de nuevos inquisidores. Unos, especialmente interesados en hacerse con recursos energéticos clave como el petróleo, el litio, el carbón y otros minerales existentes en sus antiguas colonias de África o América. Otros, siempre dispuestos a dar cobertura ideológica, con la Biblia o con la espada, a empresas cuyo carácter predatorio apenas queda disimulado tras los millones invertidos en publicidad.

Este proyecto neoliberal y neocolonial ha visto en este 12 de octubre marcado por la guerra, la inflación y una batalla internacional por la apropiación de recursos energéticos escasos, una oportunidad de oro para una nueva ofensiva. Los ataques a los movimientos indígenas y campesinos que protegen selvas, bosques y tierras de las grandes transnacionales; las violentas diatribas contra el feminismo y los movimientos LGTBIQ+ que ponen en cuestión las formas patriarcales de organizar la familia y la economía; las proclamas racistas y clasistas contra colectivos empobrecidos o contra las organizaciones sindicales, son parte de este ataque. Las fake news, los golpes, la utilización de las cloacas del Estado y las operaciones de lawfare, de persecución judicial arbitraria contra activistas sociales y gobiernos populares o progresistas, también.

Para llevarlas adelante, las derechas radicalizadas y las ultraderechas cuentan con jueces, fiscales, policías y parapolicías, medios de comunicación y de propaganda propios e incluso con iglesias –evangélicas, pentecostales o de grupos cristianos reaccionarios– dispuestas a actuar coordinadas con un objetivo común: presentar cualquier intento de limitar sus ambiciones económicas, por moderado que sea, como la encarnación de un nuevo Satanás y como una amenaza a la familia tradicional o a la propiedad privada de todos.

La necesidad de alternativas republicanas fraternales y no coloniales

El avance de este nuevo partido de conquistadores, encomenderos e inquisidores, apoyado por organizaciones como Atlas Network y financiados por grandes petroleras norteamericanas o por plutócratas como Charles Koch, es patente. No obstante, tras su irrupción repentina en el ámbito electoral con operaciones de manipulación de datos como las de Cambridge Analytica, ha ido perdiendo su capacidad de sorpresa –que no de causar daño– y ha comenzado a generar resistencias.

Muchas de esas resistencias parten, como no podía ser de otra manera, del reconocimiento de la importancia del legado hispano o europeo en la configuración sociológica del continente americano. Lo que ocurre es que ese legado es mucho más plural de lo que las derechas radicales estarían dispuestas a aceptar cuando invocan un 12 de octubre que parece salido de algún capítulo del Nodo franquista. Y es que ese legado, contra lo que sugieren los nuevos conquistadores de pecho inflado, incluye, por supuesto, tradiciones cristianas, católicas y no católicas. Pero también judías, árabes, que han convivido o se han mezclado con formas de religiosidad afro o vinculadas a los pueblos originarios. Y a esas herencias hay que sumar otras: liberales, anarquistas, conservadoras, socialistas y tantas más, que han ido configurando sociedades culturalmente ricas e irreversiblemente mestizas.

El avance de este nuevo partido de conquistadores, encomenderos e inquisidores es patente

Lo que las derechas radicalizadas no entienden es que una cosa es reconocer el plural y rico legado europeo e hispano en América y otra muy diferente negar los desmanes que se cometieron durante la conquista y que han dejado una herida colonial que perdura hasta hoy. A partir de fenómenos como el de Black Lives Matter o el de las reivindicaciones del 12 de octubre como día de la resistencia indígena, son cada vez más las voces que denuncian un viejo proyecto capitalista racista, clasista y ecocida, que ha mutado en algunas de sus formas, pero que subsiste todavía en nuestro tiempo, como han mostrado Andy Robinson y otros periodistas.

Algunas de estas voces, encarnadas en movimientos cristianos de base y en redes de solidaridad con el Sur Global, recuerdan a la del fraile sevillano Bartolomé de las Casas o a la del castellano Antonio de Montesinos, cuando, con la misma valentía solitaria exhibida hoy por el Papa Francisco, denunciaban las vejaciones y expolios que el sistema encomendero había producido en América.

Ese hilo anticolonial se ha mantenido a través de la historia. No solo entre los descendientes de Tupac Amaru, el cacique Lautaro o Bartolina Sisa, sino también entre quienes, desde la propia Península, leyeron a Las Casas y dieron continuidad a sus ideas. Desde el barcelonés Francisco Pi y Margall, presidente de la Primera República española de 1873, hasta la extremeña Carolina Coronado, una de las figuras más destacadas del movimiento antiesclavista de su tiempo.

Pi y Margall no dudó, en pleno siglo XIX, en cuestionar la bondad de las llamadas Leyes de Indias todavía hoy rescatadas por Vox y el PP, recordando, como Las Casas, que a través de ellas “se torturaba el espíritu de los indios” y “con el pretexto de fortificarlos en la doctrina de Cristo, los entregaban a merced de unos que llamaban encomenderos, que los trataban poco menos que como esclavos […] y los enviaban por cientos a la muerte”.

Pi y Margall no dudó, en pleno siglo XIX, en cuestionar la bondad de las llamadas Leyes de Indias todavía hoy rescatadas por Vox y el PP

Con esa misma contundencia, Pi admitía que Hernán Cortés había sido el más culto de los conquistadores españoles. Y que ese refinamiento, sin embargo, no le había impedido actuar con inusitada crueldad, ahorcando a dirigentes indígenas de quienes se fingió respetuoso amigo, mutilando a prisioneros o pasando a cuchillo a miles de hombres y mujeres indefensos.

Obviamente aquellas críticas de Pi a todo tipo de colonialismo –no solo a español, sino también al británico, en muchos aspectos más feroz que aquel– no se limitaban a lo ocurrido en el siglo XVI. Suponían una oposición frontal radical al esclavismo y al colonialismo de su tiempo, que incluía la perpetración de brutalidades en Cuba o Filipinas, como la ejecución vil, a manos de Millán Astray, del patriota filipino José Rizal.

Es el ejemplo de gente como Las Casas, como Tupac Amaru, como Pi y Margall y Carolina Coronado, el que debería llevar a las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierdas, a pensar una alternativa al internacionalismo de ultraderecha, neoliberal y neocolonial, que hoy pretende imponerse. Esa alternativa ya está presente en las resistencias de miles de víctimas de estos proyectos neoliberales y neocoloniales, desde Chico Mendes a Berta Cáceres o Marielle Franco. También en las iniciativas latinoamericanistas, e incluso iberoamericanistas, de figuras como Ignacio Lula da Silva o Gustavo Petro, o en las prácticas solidarias llevadas a cabo por sindicatos y movimientos feministas, antirracistas o ecologistas que, por evidentes razones culturales, mantienen vínculos estrechos de uno y otro lado del océano.

Esas iniciativas sociales y políticas ibero y trans-americanas, tan alentadas por pensadores como José Saramago, deberían ser conscientes de la necesidad urgente de articular respuestas comunes a la brutalidad de la ultraderecha mundial. Ello exige desplegar iniciativas culturales, mediáticas y organizativas conjuntas, basadas en el mutuo reconocimiento y en la traducción de las diferentes luchas que se están produciendo contra los ataques racistas, sexistas y clasistas que el neofascismo neoliberal de nuestro tiempo ampara sin ruborizarse.

Que Vox, de hecho, haya elegido el 12 de octubre para convocar a las extremas derechas de América, Europa y Estados Unidos, y lo haya hecho publicitando una patética canción que pide “Volver a 1936”, no parece del todo fortuito. Y es que fue un 12 de octubre de 1936 cuando el fascista José Millán-Astray, enconado defensor del “macizo de la raza”, amenazó en la Universidad de Salamanca a un Miguel de Unamuno que aparecería misteriosamente muerto tiempo después.

Unamuno, como Pi y Margall, había mostrado su admiración por Rizal y por los patriotas de las colonias que no querían seguir siendo súbditos de la Corona sino ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Unamuno, igual que Pi, había entendido, después de leer a su admirado Simón Bolívar, que la única alternativa a la degradación del imperio hispano era la construcción de nuevos lazos iberoamericanos entre pueblos libres e iguales. Y Unamuno, como Pi, había llegado a la conclusión de que ese proyecto era inviable bajo los Borbones, por lo que era menester poner en pie alternativas republicanas, fraternales y no coloniales, que le ayudaran a abrirse camino. Que así sea.

Gerardo Pisarello

Diputado de En Comú Podem. Profesor de Derecho Constitucional de la UB.

Los peligros de la foto de familia de la Monarquía española

Cuesta creer que, en un momento judicial y socialmente tan delicado para Juan Carlos I, la Casa del Rey no haya hecho más por tomar distancias y evitar que Felipe VI fuera visto junto a su padre en Londres
En la segunda fila, de derecha a izquierda, el rey Felipe VI, la reina Letizia, el rey emérito y doña Sofía, en una captura de vídeo del funeral por Isabel II de Inglaterra, el pasado 19 de septiembre en Londres.
En la segunda fila, de derecha a izquierda, el rey Felipe VI, la reina Letizia, el rey emérito y doña Sofía, en una captura de vídeo del funeral por Isabel II de Inglaterra, el pasado 19 de septiembre en Londres.EFE

Por Gerardo Pisarello

El País. 22/9/2022

“Todas las familias felices se parecen entre sí, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. La conocida sentencia de Tolstói ilustra bien el trágico sino de las instituciones hereditarias. Continuar los logros de los padres, alejarse de sus vicios, permanecer en las virtudes de un hijo o abjurar de sus traiciones. Todo puede ser objeto de dicha o de desgracia. Más aún si en la asunción o el rechazo de esa herencia se dirime una cuota de poder. Quizás por eso, la frase de Tolstói, aplicable a las familias en general, cobra especial relevancia cuando de las familias reales se trata.

La muerte de Isabel II de Inglaterra, una de las reinas más longevas de la historia, ha vuelto a poner de relieve la importancia que la herencia tiene en una institución no electiva como la monarquía. Los reyes no son investidos como tales por sus méritos o por libre voluntad ciudadana. Lo son simplemente por tener la sangre o por ser hijos de alguien. Esto último otorga a la herencia recibida de sus antecesores un papel central, ya que puede ser la clave para que el nuevo rey —carente de legitimidad de origen— consiga labrarse una nueva legitimidad de ejercicio.

El caso de Carlos III de Inglaterra es paradigmático. Muchos de los problemas que su reinado enfrenta tienen que ver con la falta de legitimidad democrática a la que suele asociarse a la monarquía. Así lo ven las generaciones más jóvenes, cuyo apoyo a la institución no pasa del 30%. Y así lo ve también una creciente mayoría social en Escocia, Australia o Jamaica que, tras siglos bajo la égida de la monarquía, aspira a vivir en repúblicas.

Frente a esa realidad, Carlos III sabe que una de las pocas bazas con las que cuenta es poder beneficiarse de lo mejor de la herencia materna. Hacerse con el tiempo de su carisma, y conseguir, como ella, transcurrir con un perfil discreto, que disimule las carencias de una institución que en muchos sitios fuera de Inglaterra es sinónimo de colonialismo, de racismo, y de privilegios inaceptables. Es difícil saber si el hombre que es incapaz de apartar un tintero sin la ayuda de un súbdito o que se irrita en público porque un bolígrafo le ha manchado un dedo de tinta podrá conseguirlo. Pero de lo que no hay duda es que de ello depende su supervivencia política.

Si esta reflexión se traslada a nuestro entorno, la situación parece la inversa. Felipe VI lleva tiempo intentando construir una legitimidad de ejercicio que lo aleje, y no que lo acerque, de su padre. La tarea es ardua. De entrada, porque los cuestionamientos de Juan Carlos I y de sus conductas comienzan a ser tan generalizados que es casi imposible hacerlo con discreción.

Durante los fastos por la muerte de Isabel II, fueron muchos los medios británicos que recordaron las acusaciones que pesan sobre Juan Carlos I. Incluida, claro está, la de acosar, difamar y vigilar ilegalmente en la propia Inglaterra a su exsocia Corinna Larsen. Quizás por eso, la foto del rey emérito junto al Rey actual resulta tan inquietante. Porque cuesta creer que, en un momento judicial y socialmente tan delicado para Juan Carlos, la Casa del Rey no haya hecho más por tomar distancias. Un monárquico lúcido tendría razones para estar preocupado. Porque si la impresión que se genera es que el hijo consiente las estrategias del padre para burlar la justicia británica, no hace falta ser un Tolstói republicano para augurar a la familia real un futuro poco prometedor.

Chile: ¿y ahora?

La respuesta no puede ser un repliegue conservador sino un relanzamiento del proceso constituyente que afronte mejor la disputa ideológica

Gerardo Pisarello 6/09/2022 en CTXT

El rechazo a la Constitución chilena en el plebiscito del domingo 4 de septiembre ha sido un golpe duro, que no se puede maquillar. Los números están ahí y son inapelables. Sin embargo, sería un error reaccionar con una respuesta conservadora y con una mirada propia del pasado. Como si el problema fuera no haber pactado con la derecha, como en los viejos tiempos de la Concertación, o como si los anhelos de cambio que siguieron a las movilizaciones de 2019 hubieran perdido su potencia. 

El proceso constituyente que se abrió en Chile no fue un proceso constituyente concedido desde el poder. Fue un proceso literalmente arrancado a un Gobierno derechista, el de Piñera, mediante una movilización de jóvenes, mujeres y sectores populares que sorprendió al mundo por su coraje y determinación a la hora de enfrentarse al statu quo.

Gracias a esa movilización, en octubre de 2020 se decidió en referéndum, con un 78% de votos a favor, que había que elaborar una nueva Constitución que reemplazara a la de Pinochet, de 1980. Esa decisión vino acompañada, con un del 79% de apoyos, por otra adicional: que la Convención encargada de elaborar el nuevo texto fuera electa mediante sufragio, de manera paritaria, con listas propias para independientes, y con escaños reservados para los pueblos originarios.

Estos altísimos porcentajes, no igualados en otras votaciones, venían a establecer algunos mandatos implícitos dirigidos a la Convención. El primero: que acabara con la Constitución de Pinochet. El segundo: que redactara una Constitución más democrática y participativa, eliminando los resabios autoritarios de la de 1980. El tercero: que fuera una Constitución social, capaz de superar el veto neoliberal a que el Estado pueda intervenir en la economía para proteger lo público y establecer límites al poder privado concentrado. La cuarta: que los derechos de los pueblos originarios, la protección del medioambiente y los reclamos del movimiento feminista tuvieran centralidad constitucional.

Se discutió y se elaboró una Constitución mucho más democrática que la de 1980, vanguardista en cuestiones de feminismo, pueblos originarios o medio ambiente

Estos mandatos fueron asumidos por la Convención con un alto grado de fidelidad. Se discutió y se elaboró una Constitución mucho más democrática que la de 1980, tan social como muchas de las que ya rigen en el mundo, y vanguardista en su manera de recoger las demandas del feminismo, de los pueblos originarios, o de tutelar el medio ambiente.

La cuestión es por qué esta propuesta constitucional, tan sensata y avanzada al mismo tiempo, pero sobre todo tan apegada al mandato de una mayoría social tan amplia, no ha podido recabar un apoyo similar al que tuvo la entrada a este proceso.

Sin duda se podrían señalar errores en la redacción de este o aquel artículo o en la actitud de aquel o de este convencional. Pero una respuesta creíble debería apuntar a lo decisivo: la falta de respaldo institucional, mediático, económico, dado a la Convención, y el boicot a la que fue sometida desde un primer momento.

Bajo el Gobierno de Piñera, la Convención tuvo que operar sin apoyo alguno, en condiciones de precariedad insultantes. Esto facilitó su estigmatización pública y la magnificación mediática de cualquier desliz de sus miembros. Sumado a eso, no podía dictar leyes ni adoptar medidas que mejoraran la vida material de la gente. Algo que permitió a la derecha presentarla como “una Asamblea discutidora”, entregada a debates interminables pero incapaz de cambiar la realidad.

Gracias en parte a este trabajo de estigmatización de la Convención, la derecha consiguió rehacerse. Al soltar el lastre de figuras gastadas como la de Piñera y reemplazarla por perfiles más duros, obtuvo buenos resultados en las elecciones legislativas y presidenciales de 2021. Solo la reactivación de la fuerza de cambio surgida del 2019 permitió frenar ese embate reaccionario y convertir a Gabriel Boric en presidente de Chile.

Antes de que el texto final fuera perfilándose, el trabajo deconstituyente en medios, redes, foros sociales, reuniones familiares, fue en aumento

Durante esta contraofensiva conservadora, los ataques al trabajo de la Convención continuaron. Las críticas mediáticas que antes apuntaban a su excesiva lentitud, pasaron a reprocharle que iba demasiado rápido. Antes de que el texto final fuera perfilándose, el trabajo deconstituyente en medios, redes, foros sociales, reuniones familiares, fue en aumento.

Solo por poner un ejemplo cercano. En Madrid, en el Congreso, llegamos a recibir por sorpresa a una delegación de la patronal chilena, acompañada de empresarios e incluso de juristas. En esa reunión, la ofensiva deconstituyente se manifestó con desinhibición absoluta. Con su énfasis en los derechos de los pueblos originarios, la nueva Constitución ponía en peligro no solo “la unidad de Chile”, sino también “el orgullo español de muchos chilenos”. Tras su aparentemente inofensiva preocupación por lo social, la Constitución escondía una vocación “expropiatoria”, peligrosamente “amenazante para la propiedad” y para la “seguridad jurídica en los negocios”.

Este tipo de falsedades y de medio argumentos, repetidos hasta el hartazgo en televisiones, radios, grupos de WhatsApp y encuentros presenciales, conectaron con los miedos de una parte importante de la población y se prolongaron hasta el día del plebiscito. Con una salvedad: si algo entendieron diferentes sectores de la derecha, es que debían desvincular la crítica de la “Constitución lesbo-indigenista-comunista” de una defensa abierta de la Constitución de Pinochet. Se podía atacar el nuevo texto falseando su contenido o apelando a interpretaciones inverosímiles que se podrían deducir del mismo. Lo que no se podía era vindicar de manera explícita la Constitución de Pinochet, enviada a la papelera de la historia por las revueltas de 2019 y por ese 78% del voto de octubre de 2020.

Fue así como apareció la inteligente operación del “rechazo para reformar”, esto es, el intento de seducir a quienes habían apoyado la necesidad de una nueva Constitución, pero comenzaban a dudar de los contenidos de la surgida de la Convención. También a esta operación se destinaron ingentes recursos y la percusión constante de los grandes medios. Por la mañana, “con esta Constitución te expropiarán tu casa, tus ahorros”, “con esta Constitución se rompe Chile”. Por la tarde, “hay que rechazarla, pero para reformarla, y nosotros somos garantía de que así suceda”.

La presión fue tan grande que el gobierno se comprometió, en caso de que ganara el “apruebo”, a reformar la Constitución para despejar las “dudas interpretativas”

La presión fue tan grande que el gobierno cayó en la tentación y decidió secundarla, comprometiéndose, en caso de que ganara el “apruebo”, a reformar la Constitución para despejar las “dudas interpretativas” con las que las derechas llevaban semanas sembrando miedo y ansiedad. A la vista de los resultados, no está claro que esta estrategia haya sido correcta. Sobre todo, porque contribuyó a desdramatizar el rechazo y a generar confusión entre sectores preocupados por el impacto del texto, aunque no alineados con la derecha.

Sea como fuere, la cuestión es que la campaña de falsedades, de magnificación de cualquier error gubernamental, sumada a una situación económica y social delicada, con una inflación rampante, han acabado con una de las constituciones más avanzadas de los tiempos actuales.

Atribuir la derrota en el plebiscito a la falta de diálogo con una derecha que no abandonó en ningún momento su vocación destituyente de la Convención y del nuevo Gobierno no parece realista. Como sostenía ayer Pablo Iglesias, es probable que los resultados tengan mucho más que ver con la incapacidad de las izquierdas de dar la batalla ideológica con medios y marcos propios. Y no solo eso: también con su falta de capilaridad territorial y con las enormes dificultades para crear, desde el Gobierno, un “nuevo orden” con cambios políticos y económicos de fondo, que generen confianza y una adhesión duradera entre los sectores más golpeados de la sociedad.

Por todo eso, la respuesta a los resultados del domingo no puede ser un repliegue conservador sino un relanzamiento del proceso constituyente que afronte mejor la disputa ideológica, el impulso de políticas materiales transformadoras, y el reto de la (auto)organización territorial de los sectores medios y populares.

Más allá de las dificultades de la aritmética legislativa, hay materiales para conseguirlo. El principal, la fuerza de las impresionantes movilizaciones de calle de la campaña del Apruebo que mostraron que la potencia constituyente del 2020 sigue viva. Convocar a esa multitud de capas medias y populares que forzó a Piñera a conceder un referéndum constituyente y que hizo presidente a Boric es fundamental para que el proceso de democratización, de distribución de poder, se profundice, en lugar de ralentizarse. Y es, asimismo, la única manera de poder acabar de una vez con la Constitución de Pinochet y de dotar al país de una nueva Constitución que, si quiere ser de futuro, deberá ser por fuerza democrática, social, ecológica, feminista y plurinacional.

Sobre Bolívar y los Borbones

La monarquía sigue siendo incapaz de aportar algo significativo a la resolución de problemas relacionados con la corrupción, la desigualdad social o la convivencia. Y tampoco está sirviendo para crear nuevos vínculo con los gobiernos latinoamericanos

Gerardo Pisarello 15/08/2022 CTXT

El triste gesto de Felipe VI en la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, ante el paso de la espada de Simón Bolívar, no es algo excepcional. Bolívar ha sido siempre un dolor de cabeza para los Borbones. Desde Fernando VII en adelante. Cuando estaba vivo y cuando se convirtió en leyenda. Nunca han sabido qué hacer con él. Cómo reaccionar al oír su nombre. Si ponerse de pie o ignorarlo. Si atacarlo o elogiarlo con algo de distancia. Lo han intentado todo. Pero el fantasma del libertador de América no ha dejado de jugarles malas pasadas.

Todo comenzó con Fernando VII

El primer enfrentamiento de Bolívar con los Borbones se remonta a la revolución americana que siguió a la invasión de España por parte de Napoleón. 

Bolívar creyó que las libertades de América podían prosperar al amparo de una monarquía hispana más o menos liberal

Durante aquella invasión, Fernando VII de Borbón fue obligado a abdicar y forzado a vivir en el castillo de Vallençay a cuenta de Bonaparte mientras este se mantuvo en Europa. Aprovechando el cautiverio dorado del ancestro de Felipe VI, muchos dirigentes americanos decidieron emprender su propia lucha por la emancipación. Bolívar fue uno de ellos.  

Vástago de una familia aristocrática de Venezuela, Bolívar fue por su maestro, el rousseauniano Simón Rodríguez, un admirador de la revolución francesa. Durante un iniciático viaje a Europa, juró en una colina italiana, el Monte Sacro, entregar su vida a la liberación de América. Hacia 1810, tras conocer en Londres al patriota venezolano Francisco de Miranda, se ratificó en este propósito. A partir de entonces, tuvo en su vida dos objetivos: llevar a cabo una revolución que asegurara la libertad de la América hispana, y mantenerla unida, evitando su fragmentación. 

Como muchos americanos de su tiempo, Bolívar creyó que las libertades de América podían prosperar al amparo de una monarquía hispana más o menos liberal. Fernando VII, uno de los más canallas y crueles entre los Borbones, se encargó de desengañarlo. Cuando Napoleón cayó, retornó al trono como monarca absoluto. Lo hizo rebosante de odio y dispuesto a hacer retroceder varias décadas el reloj de la Historia. Fernando VII desconoció a la Constitución de Cádiz de 1812. Canceló libertades. Mandó fusilar a los mejores generales y oficiales hispanos de la guerra contra Francia. Y por supuesto, ordenó reforzar a los ejércitos realistas en América para reprimir cualquier exigencia de autogobierno que se suscitara en el nuevo mundo. 

Bolívar no renunció nunca a mantener un vínculo fuerte con la península ibérica

Ahí vino el primer choque entre los Borbones y los líderes de la emancipación americana, como Bolívar, José de San Martín o José Gervasio Artigas. En un primer momento, muchos de ellos seguían luchando formalmente contra las tropas realistas tras “la máscara de Fernando”.  Sin embargo, la actitud despótica de este último los convenció de que la única forma de afirmar la propia libertad era oponiéndose a él de manera frontal. Para ello, republicanizaron sus propios ejércitos. Tanto San Martín como Bolívar incorporaron a sus filas, emancipándolo, al “pueblo de color”: negros, indios, zambos, mulatos, que constituían la mayoría de la población, sea como esclavos, como siervos o como campesinos sin tierras. De ese modo, el contenido social de la revolución americana se convirtió en condición imprescindible para impulsar las reivindicaciones nacionales contra los Borbones.

Desde luego, hubo momentos en los que ese proyecto emancipatorio americano contó con aliados en la propia península. Por ejemplo, en 1820, cuando el ejército de Andalucía, bajo las órdenes del general Rafael de Riego, desobedeció al pérfido Fernando y se negó a embarcarse a América para reprimir la insurrección. 

En ese momento, quizás sin ser consciente de ello, Riego contribuyó a la causa de la libertad en América con la misma fuerza que Bolívar y San Martín, al enfrentarse al absolutismo de los Borbones, impulsaron el avance de las libertades en España. 

En realidad, Bolívar no renunció nunca a mantener un vínculo fuerte con la península ibérica, basado en el reconocimiento recíproco de pueblos libres e iguales. Tal es así que cuando Fernando VII, forzado por el movimiento de Riego, juró hipócritamente hacer cumplir la Constitución de Cádiz, Bolívar envió de inmediato una delegación para iniciar gestiones de paz. 

Bolívar tenía un plan claro: plantear la necesidad de una Confederación entre América y España basada en el reconocimiento explícito por parte de la nueva monarquía “constitucionalizada” de las jóvenes repúblicas independientes. De lo que se trataba era de configurar una suerte de mancomunidad en la que todo español residente en América adquiriría automáticamente los derechos de ciudadano americano, y viceversa.  

A pesar de su ambición, o precisamente por eso, el proyecto fue rechazado. Al final, Bolívar murió doblemente frustrado. Por un lado, no consiguió encontrar en España una contraparte dispuesta a establecer un vínculo fraterno, republicano y no colonial con los pueblos de América. Por otro, acabó traicionado por las propias oligarquías criollas que se hicieron con lo que el peruano José Carlos Mariátegui llamó las nuevas “repúblicas falseadas”, repúblicas políticamente independientes, pero internamente desiguales, racistas, y con unas élites siempre dispuestas a subordinarse económicamente a los intereses de las grandes potencias extranjeras. 

A pesar de todos estos obstáculos, el libertador nunca renunció a su sueño en vida: lograr una confederación de repúblicas americanas unidas, socialmente justas e independientes de cualquier imperio, incluido el ya por entonces amenazante imperio estadounidense (“Los Estados Unidos –llegó a escribir en 1829– parecen destinados por la providencia a plagar América de miserias en nombre de la libertad”).

Esta confederación republicana, en opinión de Bolívar, debía llamarse Colombia, en homenaje a Cristóbal Colón, y debía tener por capital una ciudad que se llamara Las Casas, como tributo al fraile sevillano defensor de la población amerindia. 

Cuando Juan Carlos I se hizo bolivariano

Aunque la relación entre Bolívar y los Borbones nació marcada por el conflicto, estos últimos intentaron apropiarse de la figura del libertador y desactivar su mensaje emancipador. El momento estelar de este tipo de operaciones fue el que en 1983 llevó a Juan Carlos de Borbón a hacerse con un premio que llevaba el nombre del libertador.

Juan Carlos consiguió borrar no solo su vínculo con el franquismo sino con otras dictaduras latinoamericanas como la de Augusto Pinochet o Jorge Videla

En ese momento, el llamado juancarlismo vivía su momento de apogeo. Habían pasado poco más de dos años del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. Con el apoyo de los grandes medios y otros poderes fácticos, Juan Carlos I había pasado de ser el rey designado por el dictador Francisco Franco a convertirse en el monarca “salvador de la democracia”, que, además, había “permitido” la existencia de un gobierno socialista. 

Con este pase mágico, Juan Carlos consiguió borrar no solo su vínculo con el franquismo sino con otras dictaduras latinoamericanas como la de Augusto Pinochet, Jorge Videla o el peruano Francisco Morales Bermúdez. Es más, un mes antes de recibir el Premio Simón Bolívar, no tuvo empacho en visitar al dictador uruguayo Gregorio Álvarez.

Decenas de intelectuales y expresidentes latinoamericanos protestaron por la concesión de un galardón que coincidía con el bicentenario del nacimiento de Bolívar, y que Juan Carlos compartía nada menos que con Nelson Mandela. A pesar de ello, el heredero de Franco, nieto lejano de Fernando VII, lo recibió encantado. Es más, pronunció un hábil discurso en el que se deshizo en elogios hacia el patriota americano, al tiempo que lo presentaba como un amigo de la nueva monarquía española. 

La descripción de Bolívar del Juan Carlos de 1983 fue mucho más generosa que la que el propio Karl Marx dedicó al libertador en un discutible artículo de 1858. Contra lo que se hubiera esperado de un descendiente de Fernando VII, Juan Carlos sostenía que Bolívar era la “personificación de todas las ansias de libertad y justicia” del continente americano e incluso… ¡Alababa su programa de reparto de tierras! 

En su sorprendente alocución, acaso sugerida por algunos ministros socialistas de la época, Juan Carlos I defendía la necesidad de una “reconciliación” entre América y España. Esta debía tener como base el espíritu de las constituciones monárquicas de Cádiz, de 1812 y de 1978. Para reforzar este necesario “reencuentro”, el discurso citaba favorablemente al diputado de ultramar en las Cortes gaditanas, Dionisio Inca Yupanqui, quien en 1810 había apelado a Fernando VII “como inca, indio y americano” para exigirle el respeto de sus derechos. 

Lo que Juan Carlos no recordó en su interesado arrebato bolivariano es que los reclamos de Yupanqui fueron desoídos en España tanto por los defensores de su tatara-tatarabuelo como por los liberales moderados, que lo acusaron de defender el “federalismo”. Esto obligó a Yupanqui a demostrarles su hipocresía y a recordarles, con una frase que se haría célebre, que “un pueblo que oprime a otro no puede ser libre”. 

El entonces rey de España tampoco recordó en su discurso que Fernando VII, forzado por las circunstancias, había prometido ser el primero en seguir “la senda constitucional”. Y que, sin embargo, apenas pudo sacudirse ese incómodo corsé, se dedicó a perseguir y a liquidar a todos los partidarios de la Constitución de Cádiz, comenzando por el propio Riego, y a reprimir a las colonias sublevadas en América. 

A pesar de aquella inconsistente pero astuta puesta en escena, los elogios de Juan Carlos a Bolívar de 1983 no supusieron ningún cambio en su actitud con América Latina. Por el contrario, su principal preocupación siguió siendo, como hasta entonces, actuar en el continente como mediador en negocios que le reportaran algún beneficio privado. 

Del “por qué no te callas” al “por qué no te levantas”

A pesar de estos intentos de neutralizar el papel histórico de Bolívar, su fantasma continuó recorriendo América con aire rebelde y reivindicativo. 

Ya en la década de 1970, como respuesta al fraude sistemático practicado desde el Estado, apareció en Colombia un grupo guerrillero conocido como Movimiento 19 de abril o M-19 que reivindicaba abiertamente el ideario del libertador. A poco de su nacimiento, y convertido en la primera guerrilla nacionalista no marxista del país, el M-19 sustrajo una de las espadas de Bolívar del museo-casa Quina del Libertador, en Bogotá. Con aquella acción simbólica, ejecutada poco después del golpe contra Salvador Allende en Chile, el M-19 pretendía mostrar al país y al mundo que el proyecto de emancipación política y social de América se hallaba inconcluso, y que, por tanto, la espada de Bolívar no podía permanecer envainada.  

Ese Bolívar reivindicativo también inspiró otros procesos de cambio en el continente. Entre ellos, el que condujo décadas más tarde al fracaso del acuerdo multilateral de comercio (conocido como ALCA) que los Estados Unidos pretendían imponer al continente y a la constitución, a instancias del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).   

Cuando los Borbones tuvieron que enfrentarse a este nuevo bolivarianismo no supieron cómo lidiar con él. Así, en 2007, en una cumbre iberoamericana celebrada en Santiago de Chile, Chávez denunció la implicación del expresidente español José María Aznar en el golpe de Estado perpetrado en su contra cinco años antes. Olvidando los términos de su discurso de 1983, Juan Carlos de Borbón perdió los papeles y le mandó callar, como si se tratara de un súbdito de la Corona. Seguidamente, cuando otros presidentes criticaron el papel de algunas grandes empresas españolas en América, el rey se levantó irritado y abandonó la cumbre, algo que ni siquiera el entonces presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se planteó hacer. 

Ese “¿por qué no te callas?” paternalista y neocolonial del descendiente de Fernando VII es justamente el que volvió a resonar este 7 de agosto, en la toma de posesión de Petro y Francia Márquez, en Bogotá, cuando Felipe VI decidió no levantarse ante el paso de la espada del libertador.

La orden de que la espada de Bolívar, por entonces guardada en un rincón de la Casa de Nariño, regresara a la plaza, había sido directamente impartida por el nuevo presidente de Colombia. Minutos antes, este había recibido la banda presidencial de manos de la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, un comandante del M-19 que, tras firmar la paz, fue asesinado en 1990 siendo candidato a la presidencia de la república con casi un 60% de intención de voto. 

La orden de Petro, que también había pasado por el M-19, encerraba un alto valor simbólico. Por primera vez en la historia, un candidato de la izquierda colombiana conseguía ganar unas elecciones sin que hubiera fraude en su contra o lo asesinaran. Sin embargo, el propio triunfo de Petro y Márquez eran el producto de innumerables agravios sociales pendientes de reparación. Por eso, la espada de Bolívar debía regresar al pueblo. Para recordar que, mientras la injusticia social permaneciera en Colombia y en América toda, no podía ser envainada.  

Si Felipe VI se hubiera levantado, mostrando el mismo respeto protocolario que recibió de las autoridades republicanas colombianas, no habría sido noticia. El arrogante gesto borbónico heredado pudo en él. Como monarca constitucional, el también descendiente de Fernando VII estaba obligado a seguir discretamente la política exterior del Gobierno. No lo hizo. Decidió actuar como un miembro de la casa Borbón con inclinaciones de derechas. Y se volvió en su contra. Fue una de las figuras más abucheadas a lo largo de la ceremonia de toma de posesión. Su reunión con la vicepresidenta Francia Márquez, primera mujer afrocolombiana en ocupar ese cargo, fue fría, entre otras razones, porque como ella misma nos refirió “lo que hubo fue un encuentro entre una vicepresidenta descendiente de mujeres y hombres esclavizados y un rey descendiente de sus esclavizadores”. 

Por un nuevo iberoamericanismo republicano, no colonial y fraternal

Las reacciones en España de las derechas dinásticas, y de algún representante del PSOE, han acabado por mostrar que la figura de Bolívar se les sigue atragantando. 

Vox, el partido de los nuevos encomenderos y hacendados de ambos lados del océano, justificó la reacción de Felipe VI con el “argumento” de que la espada de Bolívar estaba manchada de sangre española. Solo les faltó sugerir que los orígenes vascos de Bolívar lo emparentaban con ETA, o que no era casual que el segundo apellido de su compañera, la célebre general Manuelita Sáenz, fuera Aizpuru, como el de la actual portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso.

La derecha del PP no fue más sutil. A pesar de haber participado en reconocimientos oficiales al libertador, esta vez decidió justificar a Felipe VI por no haberse inclinado ante las “ocurrencias de un exterrorista”, en referencia al presidente Petro, y de un “esclavista”, en alusión a un Bolívar que fue un partidario del abolicionismo y que liberó a sus propios esclavos, heredados del patrimonio paterno.

Sea como fuere, lo cierto es que el fantasma del libertador, rehabilitado por la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, ha vuelto a convertirse en un dolor de cabeza para los Borbones descendientes de Fernando VII y para sus aliados dinásticos.

Con menos habilidad que su padre en 1983, Felipe VI ha persistido en situarse junto a unas derechas radicalizadas que ven en América Latina no un territorio de pueblos soberanos, sino a una simple esfera de influencia, esto es, una “iberoesfera”, como plantea Vox, integrada por antiguas colonias a las que hay que mantener bajo control.

Felipe VI ha persistido en situarse junto a unas derechas radicalizadas que ven en América Latina a una simple esfera de influencia

Con ello, la monarquía borbónica no sólo sigue siendo incapaz de aportar algo significativo a la resolución de los problemas estructurales relacionados con la corrupción, la desigualdad social o la convivencia territorial. Tampoco está sirviendo para plantear un vínculo con la nueva ola de gobiernos democráticos en México, Argentina, Bolivia, Honduras, Perú, Chile, Colombia, y, muy posiblemente Brasil, si Lula derrota a Bolsonaro. 

Esa deriva de la monarquía borbónica y de las derechas que la sostienen vuelve más actual que nunca el anhelo bolivariano de una unión de repúblicas latinoamericanas capaces de relacionarse con la vieja metrópolis en condiciones de igualdad. Para que ello sea posible, sin embargo, sigue haciendo falta, como en el pasado, que también en la península se abra camino un iberoamericanismo democrático, no colonial, basado en el respeto entre pueblos y en la defensa de un proyecto compartido de paz, de prosperidad y de justicia social, ambiental y de género. 

Esto fue, precisamente, lo que el propio Petro, en la línea de Bolívar, defendió en Madrid en enero de 2022, cuando abrió su campaña a la presidencia en el exterior. Esto es, asimismo, lo que hoy tendría sentido defender desde el Sur del Norte: alianzas iberoamericanas fraternas y no coloniales que, a estas alturas, solo pueden ser creíbles si se inspiran en las mejores tradiciones republicanas democráticas, no oligárquicas, surgidas de uno y otro lado del Atlántico. 

Aquel verano cantonal del 73

Todavía hoy, las reivindicaciones sociales, municipalistas y federales de las revueltas cantonales son una suerte de hecho maldito, silenciado o demonizado. La tradición republicana democrática no dejó de debatirlas ni de rescatar parte de su herencia

CTXT 26/07/2022

Hace algunas semanas tuve la ocasión de participar en un debate sobre republicanismo y cantonalismo en un agradable café de Cartagena, en Murcia, junto a mis compañeros del Congreso Javier Sánchez Serna y Lucía Muñoz. El café se llama Míster Witt, en homenaje a la célebre novela de Ramón J. Sender sobre el levantamiento cantonal de julio de 1873. En aquel verano, a pocos meses de proclamarse la Primera República española, se produjo en Murcia una insurrección que aspiraba a convertirla en un Cantón federal. El epicentro del levantamiento fue la ciudad de Cartagena, aunque pronto se extendió a otras ciudades de Andalucía, de Levante, e incluso de Castilla. El objetivo final era instaurar en España una República federal “desde abajo”. Y sobre todo hacerlo antes de que las fuerzas conservadoras, centralistas, lo impidieran desde Madrid. 

Todavía hoy, las reivindicaciones sociales, municipalistas, federales, de aquellas revueltas cantonales son una suerte de hecho maldito, silenciado o demonizado. Sin embargo, la tradición republicana democrática no dejó de debatirla ni de rescatar parte de su herencia por las vías más diversas. Lo hizo Sender, en su Míster Witt en el cantón, publicado en 1935. Y lo hizo, unas décadas antes, el propio Benito Pérez Galdós, en dos de sus Episodios Nacionales: La Primera República y De Cartago a Sagunto. Revisitadas desde el tórrido y perturbador verano de 2022, las insurrecciones cantonales del 73 no generan indiferencia. Pueden desconcertar, contrariar, pero hay algo en su utópico impulso republicano, social y libertario, que sigue interpelándonos como hace 150 años.

Parte de la tragedia de la Primera República fue que ni las reformas sociales propugnadas por Pi, ni la Constitución federal que defendía llegaron a aprobarse

Descentralizar y transformar: ¿desde arriba o desde abajo?

El 11 de febrero de 1873 dio paso a una República inesperada. Una república que cayó en las manos de los propios republicanos sin que estos lo previeran. La repentina abdicación de Amadeo de Saboya fue una sorpresa que precipitó tareas republicanas que se habían venido gestando durante décadas. De pronto, el único intento creíble en la historia de España de “monarquía democrática” o “republicana”, como decían algunos, se quedó sin recorrido. Si la revolución “gloriosa” de 1868 había depuesto a los Borbones, enviado a Isabel II al exilio, 1873 se convirtió en una suerte de revolución dentro de otra revolución. Esto es, en algo parecido a lo que 1936 supondría en relación con la Segunda República de 1931. 

Al igual que la segunda República, la primera nació en un contexto internacionalmente adverso e internamente convulso. Su llegada fue precedida por el aplastamiento de la Comuna de París de 1871, y la única nación europea en reconocerla fue Suiza. Internamente, tuvo que lidiar con las guerras carlistas en el norte y con las revueltas anticoloniales que comenzaban a crecer en Cuba. Una vez proclamada, el tiempo político se aceleró. Reformas y rupturas largamente postergadas adquirieron una actualidad irrefrenable. La más notoria fue la sustitución, por vez primera en la historia española, de la monarquía por una república. Pero también hubo otras. La posibilidad de reemplazar un Estado confesional, tutelar en términos religiosos, por uno mínimamente neutro. O la de superar un Estado centralizado, asfixiante, heredero de la política de Nueva Planta puesta en marcha por Felipe V, y consolidado por el liberalismo isabelino, por otro descentralizado y municipalista. O la de conseguir, por fin, que las reivindicaciones burguesas planteadas en 1868 dieran cabida a otras del llamado “Cuarto Estado”: la pequeña burguesía y unas clases trabajadoras, artesanales, campesinas, largamente postergadas. 

Quien con más solvencia encarnó este proyecto democratizador, republicano, federal, fue Francisco Pi y Margall. Desde 1854, Pi había participado en diferentes revueltas y conspiraciones antimonárquicas. Tras la proclamación de la República, el presidente Estanislao Figueras le encomendó el Ministerio de Gobernación. Pi tenía dos obsesiones: proteger a la joven República y estabilizar su rumbo en medio de un mar encrespado y tempestuoso. Lo primero exigía desbaratar los recurrentes intentos golpistas lanzados por la derecha. Lo segundo, apurar ciertas reformas políticas y sociales “desde arriba” que calmaran las que “desde abajo” exigían sectores federales, movimientos campesinos como los de Extremadura y Andalucía o algunos partidarios del colectivismo libertario ligados a la Primera Internacional. 

Las propuestas de reforma social de Pi recibieron el elogio del propio Engels, aunque fueron criticadas por los bakuninistas. Incluían la restricción del trabajo de niños y mujeres, el establecimiento de jurados mixtos con representación obrera o la venta de bienes estatales en favor de las clases trabajadoras. Asimismo, venían acompañadas de una reforma política que en su opinión era decisiva: impulsar cuanto antes unas Cortes constituyentes que redactaran una Constitución democrática, social y federal. 

Las propuestas de reforma social de Pi recibieron el elogio del propio Engels, aunque fueron criticadas por los bakuninistas

Parte de la tragedia de la Primera República fue que ni las reformas sociales propugnadas por Pi, ni la Constitución federal que defendía llegaron a aprobarse. Los republicanos más moderados o directamente conservadores frenaron estas iniciativas de manera sistemática. Los monárquicos las sabotearon sin sonrojo. Los movimientos populares políticamente más activos o con necesidades más urgentes descreyeron de ellas. Al final, el programa piymargalliano de transformaciones “desde arriba” encalló y fue languideciendo lentamente. Simultáneamente, fueron ganando peso las tesis de quienes creían que solo una coordinación de revueltas “desde abajo” podía neutralizar a las fuerzas reaccionarias y alumbrar los cambios sociales, federales, democráticos, que la nueva República llevaba en su seno.

Las diferentes variantes del federalismo cantonal

Las revueltas cantonales del 73 fueron el grito desesperado de un país agraviado, marginado, que se había cansado de esperar. Su propósito no fue, como dijeron sus detractores, alentar el “separatismo” y el “socialismo”. Como en la mejor tradición juntera, su propósito era reforzar el municipalismo, el autogobierno local, como medio para lograr una organización federal, y llevar adelante algunas reformas políticas y sociales impostergables que no podían depender del visto bueno de Madrid.

El propósito de las revueltas no fue, como dijeron sus detractores, alentar el “separatismo” y el “socialismo”

Aunque se centraron sobre todo en Andalucía y Levante, no hay que olvidar que también hubo cantones en Salamanca, Ávila o Toro. Algunos, como los de Alcoy o Cádiz, tuvieron un claro componente popular, libertario, y llevaron adelante medidas redistributivas como la incautación de bienes de la Iglesia, la eliminación de impuestos indirectos que afectaban a las clases populares o el control de precios de suministros básicos. Otros fueron más transversales en su composición de clase, y sus demandas se ciñeron sobre todo al reconocimiento político del propio autogobierno. Este fue el caso del Cantón de Cartagena, proclamado en Murcia el 12 de julio de 1873, tres días después del estallido de la Revolución del Petróleo de Alcoy. 

Si se compara el movimiento de Alcoy con el de Cartagena, por ejemplo, hay diferencias que resultan claras. En Alcoy, la sublevación fue promovida principalmente por obreros e internacionalistas. En Cartagena, no. Hubo una participación importante de marineros provenientes de barrios obreros como el de Santa Lucía. Se llegaron a izar banderas rojas y hay testimonios que indican la presencia de algunos comuneros libertarios exiliados. El protagonismo, sin embargo, recayó sobre todo en militares y en políticos republicanos democráticos que defendieron con vehemencia sus reivindicaciones anticentralistas pero que no otorgaron centralidad a ningún programa redistributivo.

Como bien reflejan las obras de Pérez Galdós y de Sender, el cantón cartagenero contó entre sus dirigentes a miembros destacados del llamado republicanismo federal “intransigente” como Roque Barcia, Manuel Cárceles, Juan Contreras, Antonio de la Calle o el célebre prócer murciano Antonete Gálvez Arce, caracterizado por Pérez Galdós como “la cabeza más firme y el brazo más fuerte en las jornadas de Cartagena”. 

Los republicanos intransigentes se distinguían de los republicanos “benévolos” por sus reticencias a entrar en componendas con los sectores monárquicos o con los republicanos unitarios, a los que el propio Pi consideraba “monárquicos con gorro frigio”. Muchos de ellos, como el propio Antonete Gálvez, tenían convicciones igualitarias, simbolizadas en ideales como el de “una casa y un huerto” para toda la ciudadanía. Otros, como el socialista de La Calle, defendieron propuestas moderadas como la reducción de la jornada laboral o la creación de cooperativas de producción y consumo desde las páginas de periódicos como el Cantón Murciano. Lo cierto, sin embargo, es que ninguna de ellas encontró eco en la Junta de Salvación Pública que pretendía “asumir los poderes superiores de la Federación Española” en Cartagena. 

El Cantón de Cartagena, en definitiva, fue un ejemplo de resistencia militar y civil republicana en una ciudad orgullosa que en 1833 no había sido reconocida como provincia, que se sentía víctima de una suerte de capitis diminutio y que además se consideraba autosuficiente gracias a su esplendor industrial y marítimo. Sin embargo, estuvo lejos de llevar adelante propuestas de transformación social similares a las que se impusieron en Sevilla o en Cádiz, bajo el liderazgo del novelesco Fermín Salvochea.

Cuando Antonete Gálvez llegó a Murcia, en febrero de 1873, fue recibido con gran entusiasmo popular entre vítores, cohetes e himnos patrióticos: el de Riego, el de Garibaldi y la Marsellesa. Durante los seis meses que duró el Cantón fueron muchos los gestos simbólicos que entroncaban con la tradición republicana. Se celebraron funciones de teatro en honor a personajes que ocupan un papel destacado en el panteón republicano, como el Justicia de Aragón Juan de Lanuza, decapitado por orden personal de Felipe II. Se recordó a los fusilados por Fernando VII en 1824, tras la restauración absolutista. Incluso los fuertes situados bajo el castillo de Galeras (Fuerte, Navidad y Podadera) adoptaron los nombres de los comuneros de Castilla: Padilla, Bravo y Maldonado. 

Con todo, los cantonales cartageneros evitaron siempre la violencia gratuita, la venganza y la depredación. Es más, como recuerda Antonio Puig Campillo en su señero trabajo al respecto, los cantonales ni siquiera tocaron los bienes abandonados por quienes huyeron de Cartagena al estallar la revuelta (“Reintegrados en sus hogares los que de la ciudad emigraron, nadie echó de menos una joya, ni un colchón, ni una manta”). 

Caricatura de la revista satírica ‘La Flaca’ en la que aparece Pi y Margall desbordado por el federalismo, representado en figuras infantiles ataviadas con los distintos trajes regionales.

Caricatura de la revista satírica ‘La Flaca’ en la que aparece Pi y Margall desbordado por el federalismo, representado en figuras infantiles ataviadas con los distintos trajes regionales.

La represión cantonal y el fin de la República. 

Pi y Margall reconoció que lo que planteaban los republicanos “intransigentes” suponía poner en práctica su teoría del federalismo “pactista”. Sin embargo, condenó las insurrecciones

Pi y Margall fue el primero en reconocer que lo que planteaban los republicanos “intransigentes” suponía poner en práctica su teoría del federalismo “pactista” de abajo hacia arriba. Sin embargo, condenó las insurrecciones. Las consideraba lícitas en el marco de un proceso revolucionario contra un gobierno ilegítimo, pero no así contra una “República [que] ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica”. Presionado por las derechas para reprimir las revueltas cantonales, intentó minimizar el uso de la fuerza a toda costa. La dificultad de este empeño, como él mismo reconoció, radicaba “en reducirlas a la obediencia sin matar su espíritu republicano, es decir, en alejar el peligro de hoy sin perder la esperanza de mañana”. 

En esto, Pi demostró un celo humanista y garantista que nunca lo abandonó. No quiso asumir facultades de excepción, dictatoriales. No lo hizo contra los enemigos reaccionarios de la República, con quienes mantuvo una indulgencia acaso excesiva. Mucho menos contra los levantamientos populares que le exigían ir más rápido y más lejos en sus cambios sociales y democráticos. Al final se vio forzado a dimitir. Sus sucesores, Nicolás Salmerón y sobre todo Emilio Castelar, se adentraron en la senda represiva con escasas inhibiciones. Salmerón presentó su renuncia por negarse a aplicar la pena de muerte a un grupo de soldados que en Barcelona se pasaron al bando carlista. Poco antes, sin embargo, puso la represión y el bombardeo de los cantonales en Andalucía y en Levante en manos de dos generales contrarios a la República Federal: Manuel Pavía y Arsenio Martínez Campos. El primero fue el protagonista del famoso golpe de Estado que liquidó a la República del 73 y abrió paso a la República dictatorial del general Francisco Serrano. Martínez Campos, por su parte, protagonizó el pronunciamiento que acabó con la República autoritaria del 74 y permitió una nueva restauración borbónica en la cabeza del hijo de Isabel II, Alfonso XII.

Castelar, penosamente convertido a la causa del antifederalismo, se sumó a los que reducían el movimiento del 73 a una maniobra “separatista” y “socialista”

En los años posteriores a su caída, tanto las revueltas cantonales como la Primera República fueron objeto de descalificaciones y diatribas de todo tipo. Castelar, penosamente convertido a la causa del antifederalismo, se sumó a los que reducían el movimiento del 73 a una maniobra “separatista” y “socialista”, atreviéndose incluso a contraponer la condición de cantonal a la de español. El crítico positivista Manuel de la Revilla la estigmatizó como un “experimento estéril”, marcado por la “funesta tradición de la democracia francesa”, por los “ensueños proudhonianos” y por el “espíritu impaciente y aventurero de los demócratas latinos”. Marcelino Menéndez de Pelayo emitió un veredicto todavía más terrible. El 73, en su opinión, habría sido un tiempo “de desolación apocalíptica” en el que “dondequiera surgían reyezuelos de taifas” y en el que “la Iglesia española proseguía su calvario”. 

Frente a esta crítica pragmática, conservadora o reaccionaria, se alzan precisamente las voces de Pérez Galdós, de Sender, e incluso la del Vicente Blasco Ibañez de La Bodega o la de la Emilia Pardo Bazán de La Tribuna. Ninguno de estos autores intenta transmitir una imagen idealizada de lo ocurrido en aquellos meses. Sin embargo, no dudan en rescatar los reflejos éticos y el impulso democratizador, utópico, que el 73 alentó.

Ni Pérez Galdós, ni Sender, ni Vicente Blasco Ibañez intentan transmitir una imagen idealizada de lo ocurrido en aquellos meses

Cuando el Míster Witt de Sender advierte a Antonete Gálvez que las fuerzas cantonales están condenadas a ser aplastadas, este le responde que los cañones sirven de poco “contra las ansias de redención de todo un pueblo”. Y ante la insistencia pesimista de Witt, le recuerda que, aunque así fuera, la mayor fuerza del republicanismo federal, democrático, estará siempre en “la decepción del campesino […] en las lágrimas de una mujer por el hijo llevado a la guerra […] en el hambre de los niños […] de Santa Lucía y Quitapellejos”. 

Esa confianza en la digna rabia de la gente del común, en su deseo de no ser oprimida y de no oprimir, tan propia del Maquiavelo de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, inspira la demofilia de Sender y de Pérez Galdós. La misma que los lleva a ver en la República del 73 un primer ensayo destinado a regresar, perfeccionado, en el futuro. “Ya llegará la ocasión –dice el personaje de la Madre en unas premonitorias líneas escritas por Don Benito hacia 1911– Ello será cuando estos caballeros, todavía un poco inocentes, den el segundo golpe… más seguro cuando den el tercero”.

Esta esperanza galdosiana en el tercer impulso republicano sigue presente en el subsuelo de nuestro tiempo. También en la Cartagena de hoy, en la que junto al monumento erigido en honor al Almirante Cervera, represor del cantón de Cádiz, se puede encontrar un acogedor café-cultural que evoca la novela de Sender. Eso, o las huellas de la ciudad popular, proletaria, que resistió durante la Segunda República o que se enfrentó a las políticas de desmantelamiento industrial de 1992, como bien refleja Luis López Carrasco en su magnífica película documental, El año del descubrimiento.

Autor: Gerardo Pisarello

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Gerardo Pisarello: “Las monarquías hereditarias son un anacronismo destinado a desaparecer”

El diputado de En Comú Podem y secretario de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, presenta el jueves 7 de julio en Cartagena su libro ‘Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica’, un ensayo donde recoge la posibilidad del fin de la monarquía.

Elena Ortuño / Elisa M. Almagro 7/7/2022

Gerardo Pisarello, diputado de En Comú Podem y secretario de la Mesa del Congreso, presenta en la cafetería Mister Witt de Cartagena su libro ‘Dejar de ser súbditos. El fin de la restauración borbónica’. En el acto, que tendrá lugar a las 19:00 horas, se abrirá un debate sobre la monarquía; tema que cobra fuerza en la ciudad portuaria de cara al próximo martes 12 de julio, fecha en la que se conmemora el levantamiento cantonalista murciano durante la Primera República Española.

La institución monárquica atraviesa hoy una crisis de confianza propiciada por los sucesivos escándalos del Emérito, desencadenantes de que un gran porcentaje de la opinión pública refleje una creciente desconfianza hacia la Corona. Pisarello, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, considera que se ha llegado a un punto de inflexión en el que, si las izquierdas republicanas “se coordinan” podría llegar el fin de la monarquía. En elDiario.es le preguntamos sobre la posición de la realeza española hoy en día y sobre los últimos problemas a los que las distintas formaciones políticas se han tenido que enfrentar.

¿Estamos presenciando el comienzo del fin de la monarquía?

A lo que asistimos en España es a un hundimiento sin retorno del llamado ‘Juancarlismo’. Ahora hay una élite desesperada intentando levantar cortafuegos para que eso no alcance al conjunto de la institución, veremos si lo consiguen.

Con respecto al emérito, una amplia mayoría de españoles reclama explicaciones y una petición de perdón por parte de Juan Carlos de Borbón, ¿cómo cree que afecta esto a la institución monárquica?

Bueno, hay partidos e instituciones que han trabajado de forma obscena para que los desmanes de Juan Carlos queden impunes, pero en realidad lo que han conseguido es debilitar aún más a la monarquía. En consecuencia, hay una mayoría social que ya ha condenado moralmente al emérito.

El descrédito de la monarquía y su falta de transparencia se refleja en la opinión pública. ¿Puede traducirse de alguna manera el desgaste de la corona en los resultados electorales?

Desde la Transición Española, nunca se habían visto tantas diputadas y diputados republicanos en el Congreso. Si se trabaja bien y los relojes se coordinan, esa potencia republicana podría emerger con fuerza en las municipales del 2023.

España no es el único país con monarquías hereditarias. En su libro habla de varias, como Reino Unido o Suecia. ¿Por qué cree que sigue existiendo esta forma de gobierno?

Aún existen, sí, pero en pleno siglo XXI, las monarquías hereditarias son un anacronismo destinado a desaparecer. En países como Suecia o Noruega su papel institucional es cada vez más simbólico y residual, y en el Reino Unido, casi una atracción turística, aunque muy costosa.

¿A qué fines concretos responde la monarquía en España?

A diferencia de otras monarquías europeas, la española proviene directamente del franquismo, no ha roto con su herencia. Su función principal es la que ha tenido en otros momentos de la Historia: ser el pegamento de una concepción extractivista de la economía, y de los estamentos empresariales, judiciales, eclesiásticos y militares, que la hacen posible.

El pasado 4 de julio los reyes asistieron con sus hijas a los premios Princesa de Girona, donde Leonor hizo una intervención en catalán. ¿Considera que la monarquía tiene margen para la reinvención?

Felipe VI podría haber acabado con la inviolabilidad entendida como carta blanca para delinquir e impulsar una genuina ‘perestroika’ de la Casa Real, pero prefirió seguir la costumbre borbónica de evitar los controles jurídicos y constitucionales. Eso se percibe socialmente y no se compensa con gestos estéticos para la galería.

Los populares perdieron dos puntos en las encuestas del CIS después de que Alberto Núñez Feijóo tomase las riendas del partido conservador, ¿está la izquierda a tiempo para superar la mayoría de las derechas que auguran los sondeos?

Que el PP y Vox se hagan con el poder en una Europa ultraderechizada sería un desastre que no se puede banalizar, así que hay que impedirlo y mostrar que hay alternativas reales, no simplemente retóricas. Eso exige actuar con valentía, tanto en las instituciones, mientras estemos en ellas, como en la calle, junto a quienes peor lo han pasado estos años.

¿Es la subida de al menos el 2% del Producto Interior Bruto a Defensa en 2029 una línea roja para Unidas Podemos?

Según el Centro Delàs, eso es lo que ya ha aumentado en los últimos años. Creemos que meternos en una espiral belicista cuando la gente no llega a final de mes sería una capitulación moral y política. Más ojivas nucleares, más destructores… todo eso no va a acabar con la precariedad de nadie.

¿A qué atribuye los cambios de postura de Pedro Sánchez y el resto de sus socios europeos frente a las distintas crisis migratorias?

A mí me pareció que Sánchez quería congraciarse como fuera con Marruecos y con la OTAN, como si los valores europeos de respeto por los derechos humanos y la legalidad internacional no existieran. Fue muy difícil no sentir una mezcla de vergüenza y rabia al ver que se asumía un discurso sobre la migración pobre del sur indistinguible del de la extrema derecha.