Riego contra los Borbones, 200 años después

El bicentenario del pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan podría servirnos para actualizar y llenar de vida y de futuro una tradición republicana, democrática y popular, imprescindible para alumbrar las tareas emancipatorias de nuestro tiempo

Por Gerardo Pisarello 8/10/2020. Publicado en CTXT

 “¿Cómo sufrís que un mortal […] se haya erigido en Rey absoluto y os domine y goce de vosotros como si para él fueseis creados?” Con estas palabras, y al mando de un pequeño batallón, el asturiano Rafael del Riego se levantaba en enero de 1820 contra Fernando VII en Las Cabezas de San Juan, Sevilla. Lo hacía en defensa de la Constitución de Cádiz de 1812, la más avanzada en la Europa de su tiempo, y la más incisiva en su propósito de embridar a la monarquía, de acotarle los espacios de discrecionalidad y de someterla a la legalidad. Aquella gesta, de la que se cumple el bicentenario, no solo puso en marcha lo que se conoció como el Trienio Liberal. Fue el antecedente más importante –y uno de los más olvidados– de una rica tradición republicana, democrática, que se extendió a lo largo de los últimos siglos y que vuelve a resonar en nuestros días, espoleada, una vez más, por la crisis que se cierne sobre la familia Borbón.   

1- Las primeras resistencias proto-republicanas a la Monarquía borbónica

Si hay algo que define la historia del republicanismo hispano en los siglos XIX y XX es la batalla contra la arrogancia y los abusos de una monarquía encarnada en una dinastía muy concreta: los Borbones. Fernando VII fue una de las figuras más reaccionarias de esta Casa. Esto le valió –como bien explica Emilio La Parra en su biografía definitiva sobre el “Rey felón”– irrumpir como “El Deseado” y acabar como “El Detestado”, algo que ocurriría con otros miembros de su familia. Por eso, precisamente, la tradición republicana, no solo en la Península sino del otro lado del Atlántico, no puede explicarse sin la oposición a un rey que hizo todo lo posible por librarse de cualquier atadura constitucional, persiguiendo con crueldad y alevosía a sus adversarios y decretando la necesidad de una “guerra a muerte” contra los movimientos por la independencia en América.

A pesar de sus límites, la Constitución de Cádiz era un eco de la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución francesa de 1791. Solo por eso fue uno de los mayores dolores de cabeza para la monarquía borbónica. En su articulado cabían tanto la primacía de la soberanía nacional como la defensa cerril de la religión católica. Pero en 1820, después de seis años de terror absolutista, y en una Europa cada vez más conservadora, representaba una suerte de estandarte protorepublicano contra un rey amparado por la una parte importante de la nobleza y del clero, que solo la había aceptado a regañadientes, con abierta falsedad, para abolirla en la primera ocasión que tuvo a mano.

Ese liberalismo no existía antes del siglo XIX. Y, sobre todo, no tenía nada que ver con lo que los neoliberales à la Esperanza Aguirre suelen entender como tal en el XXI

En Cádiz, de hecho, se fraguó el concepto “liberal” en su sentido político moderno. A pesar del uso anacrónico que suele hacerse del término, ese liberalismo no existía antes del siglo XIX. Y sobre todo, no tenía nada que ver con lo que los neoliberales à la Esperanza Aguirre suelen entender como tal en el XXI. El partido de los liberales nació para oponerse al de los serviles, partidarios del absolutismo. Y si bien no podía referenciarse directamente con el republicanismo francés, contaminado en 1812 por el imperialismo napoleónico, encarnaba muchos de sus ideales, al igual que los que inspiraban a la joven República norteamericana. De ahí que cuando el republicanismo democrático peninsular cobrara forma más clara, un par de décadas después, lo hiciera explícitamente ligado a lo más avanzado de las posiciones liberales y antiabsolutistas nacidas en la rebelde ciudad andaluza.

Ese singular liberalismo hispano tuvo muchos publicistas. Pero no hubiera podido quebrar la implacable resistencia absolutista sin enfrentarse a ella por la fuerza. No extraña, por eso, que las páginas más gloriosas de esta tradición fueran escritas por militares progresistas que precedieron a Riego en su pronunciamiento y que incluso fueron sus amigos: Francisco Espoz y Mina, Juan Díaz Porlier, Luis Lacy, José María Torrijos, Antonio Quiroga. Hoy es difícil imaginar al Ejército cumpliendo este papel progresista. Pero lo cierto es que la guerra contra Napoleón había implicado una pequeña revolución que lo cambió todo. Había desarticulado al Estado absolutista. Había reactivado las energías del municipalismo peninsular, acostumbrando a las ciudades y pueblos a actuar por su cuenta, a través de juntas celosas en la defensa de la descentralización y las libertades locales. Había animado a las mujeres –las “Amazonas de la libertad”, tan bien retratadas en el excelente libro de Pilar Garí y Juan Francisco Fuertes–, a romper el cerco de la vida doméstica y a asumir como propia la resistencia a Fernando VII. Y había alumbrado, también, guerrillas, milicias populares y ejércitos con jefes y oficiales progresistas, que se enfrentaron a los Borbones durante medio siglo, hasta que en 1868, de la mano de Joan Prim y de la Revolución Gloriosa, acabaron forzando su caída.

Por todas estas razones, cuando Riego se negó a embarcarse hacia América a aplastar las revueltas anticoloniales y se pronunció contra el absolutismo borbón invocando el respeto por la Constitución de Cádiz, el seísmo fue brutal. No solo en la península sino también más allá de sus confines. El poeta inglés Percy Shelley –influido por el republicanismo libertario de su suegro, William Godwin, y por el republicanismo feminista de su suegra, Mary Wollstonecraft– dedicó a la revolución de 1820-1823 su Oda a la Libertad. La Carta gaditana y la gesta de Riego también inspiraron revueltas en Nápoles, el Piamonte y Portugal. Lo mismo ocurrió en América, donde insuflaron nuevas fuerzas a los ejércitos de José de San Martín y Simón Bolívar y dejaron expedita la vía de la independencia a quienes, de manera infructuosa, habían intentado plantear durante años una relación igualitaria, federal, entre los territorios peninsulares y los territorios de ultramar.

2- La remoción de privilegios y las resistencias conservadoras y reaccionarias

El período que se abrió con el Trienio Liberal supuso una apertura inédita de la vida política en España. Las instituciones se llenaron de nuevos apellidos, diferentes a los que apoyaban al absolutismo, y la propia sociedad fue haciéndose rápidamente con los mecanismos de participación. Las Cortes liberales se sabían continuadoras de una labor que el golpe de Estado perpetrado por Fernando VII había interrumpido de manera brusca en 1814. El pronunciamiento de Riego, precisamente, había conseguido desarmar muchos de los objetivos de dicho golpe, permitiendo que se aboliera la Inquisición, se proclamara la libertad de prensa, se redujeran a la mitad los diezmos que los campesinos debían pagar a la Iglesia y se atacara, si bien tímidamente, a los sectores rentistas que controlaban “bienes de manos muertas”.

Los cambios fueron técnicamente lentos y no exentos de dificultades. Entre otras razones, porque los realistas, opuestos al sistema constitucional y partidarios de devolver al rey al centro del poder político, hicieron sentir su presión desde el primer momento. A ello hubo que sumarle las divisiones en el seno de los propios liberales, que operaron políticamente a través de dos tendencias: los moderados y los exaltados. Los primeros –con figuras destacadas como Agustín de Argüelles o el conde de Toreno– priorizaban la necesidad de consolidar jurídicamente los cambios desde las Cortes, y temían que la participación popular pudiera generar derivas demasiado radicales. Los exaltados, en cambio, planteaban una interpretación más social del liberalismo, y estaban convencidos que las transformaciones exigían una ciudadanía movilizada y la existencia de una fuerza pública capaz de defenderla.

Cuando Riego se negó a embarcarse hacia América a aplastar las revueltas y se pronunció contra el absolutismo invocando el respeto por la Constitución de Cádiz, el seísmo fue brutal

Obviamente, Riego fue una de las caras visibles de este último sector, junto a figuras como el también asturiano Álvaro Flórez Estrada, el aragonés Juan Romero Alpuente o José María Torrijos. Una parte importante del liberalismo exaltado terminó articulándose alrededor de sociedades patrióticas, tertulias de debate, nuevos periódicos, movilizaciones callejeras, milicias populares e incluso de nuevas agrupaciones como los comuneros, conocidos también como “los hijos de Padilla”.

No por casualidad, la acusación más dura que el conservadurismo y la reacción dirigían contra estos sectores avanzados del liberalismo era la de ser republicanos que querían ir más allá de la Monarquía constitucional y que defendían un programa de transformaciones demasiado radicales, no solo en términos políticos sino también económicos.

Las primeras Cortes, de mayoría moderada, hicieron todo lo posible por refrenar el crecimiento de este sector. Y una de las primeras decisiones que tomaron fue la de disolver el Ejército de la Isla a cuyo mando se encontraba Riego. La reacción de este fue airada. En sendos escritos dirigidos al Gobierno, al rey y a las Cortes, sugirió que esa decisión obedecía a “una mano enemiga del bien [que] dirige las operaciones del ministerio y con destreza conduce a su perdición a la Nación”. Poco después, se presentó en Madrid para exigir que la medida fuera revertida. Y si bien no lo consiguió, el recibimiento popular fue espectacular. Recibió homenajes, banquetes, y en una velada teatral en su honor, el público acabó entonando el ya popular “Himno de Riego” e incluso el “Trágala”, una canción dirigida a la monarquía que le exigía acatar sin rechistar la Constitución de Cádiz.

3- Las conspiraciones y “coletillas” del Rey Borbón

Obviamente, las resistencias más férreas a cualquier avance mínimamente democratizador provenían de la Casa Real. El levantamiento de Riego había obligado a Fernando VII a calzarse hipócritamente la máscara de la legalidad –“Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”– pero apenas pudo se trasladó con su familia a El Escorial. Desde allí, la Corte se convirtió en el centro de conspiraciones de todo tipo. El rey no dudó para ello en recabar la Santa Alianza, integrada por los gobiernos conservadores y reaccionarios de Rusia, Austria, Prusia y Francia.

Cada vez que Fernando VII se trasladaba a Madrid, sin embargo, debía aguantar críticas y gestos irreverentes por parte de la población. En una ocasión, la Guardia real llegó a arremeter con sus sables desenvainados contra paisanos desarmados que proferían críticas contra el monarca. El escándalo fue tal que provocó la disolución de este cuerpo armado, aunque la impresión generalizada fue que con Fernando de Borbón al frente, la idea de una monarquía constitucional constituía un auténtico oxímoron. 

En la apertura de la segunda legislatura ordinaria de Cortes, en marzo de 1821, el rey tuvo que pronunciar el discurso inaugural. El texto de su intervención, como era preceptivo, había sido preparado por Argüelles, presidente del Congreso, y ratificado por el resto de ministros. Sin embargo, el monarca no se limitó a leer el discurso que le habían redactado. Al final del escrito, introdujo un párrafo propio, la famosa “coletilla”, en el que denunciaba los constantes vejámenes cometidos contra su persona y la debilidad del ministerio en impedirlos y reprimirlos.

La acusación más dura que la reacción dirigía contra los sectores avanzados del liberalismo era la de ser republicanos que querían ir más allá de la Monarquía

Este tipo de movimientos no fue excepcional. A lo largo del Trienio, el rey no dejó de mandar mensajes de socorro a las cortes europeas, pintando para ello escenarios desesperados. “Esto va cada día peor –llegó a escribir– y se pone de peor aspecto: los republicanos adelantan descaradamente, sin rebozo y a pasos agigantados. De todas partes envían representaciones para que mude el Ministerio: todas ellas, a favor del pícaro de Riego. En Cádiz y Sevilla ya no quieren obedecer al Gobierno, ni recibir a las Autoridades que se envían allá, solo porque las envían los actuales ministros, a los que no conviene quitar ahora, pues si los revoltosos consiguieran esto mañana, se atreverían contra la Familia Real”.

Las nuevas Cortes elegidas en 1822 corroboraron sus peores temores. Los liberales moderados, partidarios de reformar la Constitución de Cádiz en un sentido conservador, perdieron peso, los exaltados crecieron y el propio Riego fue elegido presidente del Congreso. Cuando el Rey pronunció su discurso inaugural, dibujando un escenario casi idílico, el héroe de la Constitución no dudó en responder con una intervención que hacía referencia a “las maquinaciones repetidas de los enemigos de la libertad” y a la necesidad de preservar las reformas ya establecidas “apartando con mano fuerte los obstáculos que puedan oponérseles”.

4- El martirio de Riego y su legado republicano.

A pesar de estas palabras, y para desesperación de algunos de sus seguidores, Riego no se movió nunca de su papel de militar constitucional a la orden de sus superiores. Reyes menos canallas que Fernando VII, como Carlos I de Inglaterra o Luis XVI, acabaron subiendo al patíbulo. Pero ni Riego ni ninguno de los liberales de su generación se mostraron dispuestos a oficiar de Cromwell o de Robespierre. Dejaron que el rey y la mayoría del clero y la nobleza alentaran la guerra civil y conspiraran para que la intervención extranjera acabara con la Constitución y con los constitucionalistas. Y así ocurrió.

La Europa conservadora y reaccionaria estaba asustada, sobre todo Rusia y Austria. Bajo su presión, la Santa Alianza decidió en el Congreso de Verona acabar con una revolución que amenazaba con prender el fuego en toda Europa. Francia, de la mano de las tropas de los Cien Mil Hijos de San Luis, fue la encargada de estrangular al ensayo democratizador que supuso el Trienio Liberal. La resistencia fue importante en diferentes sitios del territorio. Pero las clases campesinas y el mismo artesanado que en 1808 se habían levantado en masa contra el ejército francés no vieron razones de peso, esta vez, para defender a unas políticas liberales que se habían despreocupado demasiado de ellas.

Con la caída del régimen constitucional, cayó también Riego, que fue trasladado a Madrid y fue ahorcado y decapitado en la Plaza de la Cebada, en un acto pavoroso propio del Santo Oficio de la Inquisición. Para que nada faltara, al día siguiente de su ejecución se publicaba en Madrid una supuesta retractación escrita y firmada por él antes de morir. Un intento postrero, e inútil, de evitar que el mito sobreviviera al personaje.

Como el propio Miguel de Unamuno escribiría años más tarde, “el suplicio de Riego supuso un golpe mortal para el absolutismo monárquico borbónico”. Y así fue. Contra lo que pretendían sus verdugos, desde el liberalismo progresista y el republicanismo del siglo XIX hasta el anarcosindicalismo, el socialismo y el comunismo del siglo XX, el héroe de Las Cabezas de San Juan nutriría un abigarrado universo de símbolos y sentimientos de indudable radicalidad democrática.

Ya en sus memorias, el novelista francés Alexandre Dumas dejó escrito: “Riego ha dejado un canto, de este canto nacerá una revolución, y de esta revolución, la república”. No se equivocó. El Himno de Riego fue declarado himno oficial durante la Primera República entre 1873 y 1874. Más tarde, con la llegada de la Segunda República, fue coreado en diversas ciudades de la península, junto a la Marsellesa y la Internacional. Incluso en el año 2000, la banda de rock madrileña Canallas se atrevió con su propia versión, adaptando la letra y manteniendo en pie las exigencias republicanas también para el nuevo siglo (“Si los Reyes de España supieran, lo poco que van a durar, a la calle saldrían gritando: ¡Libertad, libertad, libertad!”).

Que los 200 años del pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan sirvan, pues, para honrar a quienes, horadando en dura roca, se atrevieron a abrir nuevos caminos de libertad, de igualdad y de fraternidad. Pero sobre todo que sirvan para actualizar, para llenar de vida y de futuro una tradición republicana, democrática, popular, imprescindible para alumbrar también las tareas emancipatorias de nuestro tiempo.

Desmontando a Vox, otra vez

Esta mañana, en mi comparecencia de los martes, he manifestado lo que nos parece la anunciada moción de censura de la ultraderecha.

☑️ Una moción de censura que tiene por objetivo, como ya he dicho en muchas ocasiones, impedir una salida a la crisis socialmente justa y con una mínima modernización de la economía.

☑️ Su patriotismo de trapo no debe impedirnos ver lo que representan, a los sectores más atrasados y especulativos.

Desmontando a Vox

En la Comisión de Hacienda, celebrada el 29 de septiembre, el Grupo parlamentario Vox, presentó una Proposición no de Ley en materia fiscal. A continuación comparto mi intervención.

Duros con la gente trabajadora, sumisos con los fondos buitre y los especuladores extranjeros. Mi respuesta a la xenofobia selectiva de Vox

Hace unos días me atacaron con palabras gruesas desde la cuenta  oficial de su Partido y su principal argumento era que yo era un extranjero que prácticamente encarnaba la anti España de la que le gustaba hablar a ese demócrata que ustedes tanto admiran que es Francisco Franco.

Y yo, viendo aquella exhibición tan ruda de nacionalismo y xenofobia, pensé que ustedes vendrían aquí con una propuesta que plantearía fulminar en términos fiscales a los grandes fondos buitres extranjeros que hoy esquilman a miles de familias del país.

Pensé que con ese tono marcial, intimidatorio, que gastan en las redes sociales, vendrían aquí a plantarse españolamente contra las grandes fortunas sin patria que especulan en nuestras ciudades o que vampirizan a la gente trabajadora para luego esconder su dinero pérfidamente en paraísos fiscales.

Pero la verdad es que no. No he encontrado ni una sola propuesta fiscal que sugiera que esta crisis la tengan que pagar ni los jeques árabes que hacen dudosos negocios en España o los fondos pirata de Blackstone que desahucian familias humildes de Vallecas o Torrejón.

Por el contrario, lo que ustedes nos dicen aquí es que los extranjeros, si son ricos, si son grandes especuladores o grandes especuladores, tienen que tener toda clase de privilegios y ventajas fiscales sobre las familias trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas del país.

Vaya estafa de propuesta fiscal, señores de Vox. Tanto presumir de duros, tanto patrioterismo digital contra los más débiles para acabar, una vez más, arrodillados y sumisos frente al 1% más privilegiado, más especulador y más improductivo.

Les prometo que he repasado una y otra vez su propuesta fiscal y no he dejado de sorprenderme ¿Cómo es posible que gente tan patriota, gente que lleva una bandera tan grande en la mascarilla, plantee que lo que hay que hacer es arrodillarnos fiscalmente frente a los fondos buitre extranjeros y castigar a la ciudadanía de a pie, que vive y trabaja en nuestros barrios?

Y luego llegué a la conclusión de que quizás sea porque ustedes se entienden bien con estos extranjeros VIP.

Después de todo ustedes ya se financiaron patrióticamente con fondos de iraníes ricos que figuraban en las listas del terrorismo internacional.

Y en 2019 viajaron a un barrio de Londres a reunirse con directivos de Goldman Sachs, Citi, UBS, HSBC y otros grandes bancos extranjeros precisamente para tranquilizarles y explicarles fuera de los focos que harían lo que vienen a hacer hoy a aquí.

A agitar la bandera pero a actuar, en la práctica, como el partido de los grandes fondos buitres internacionales y de la gran evasión fiscal.

A vociferar consignas nacionalistas pero a actuar, en la práctica, como los sumisos cortesanos de los grandes monarcas de los rentistas y especuladores de siempre.

¿Para conseguir qué? Para reventar la progresividad fiscal prevista en la Constitución y convertirla en abierta regresividad fiscal.

Para que una familia trabajadora con una peluquería o una pequeña y mediana empresa tengan que pagar más impuestos de sociedades que una gran superficie o que algunas grandes multinacionales.

Lo suyo señores de Vox, además de exhibicionismo patriotero ramplón, es desfachatez. Y tiene los días contados. Aunque se envuelvan en la bandera y aunque amenacen e insulten cobardemente por las redes.

Porque esa gente trabajadora, esa ciudadanía del común, autóctona o extranjera, que se ha jugado el tipo y a la que ustedes querrían cargar los costes de la pandemia y de la crisis, los va a poner en su sitio, denunciándolos como lo que son: una enorme estafa, hipócrita, al servicio sumiso, como el propio franquismo, del 1% más privilegiado.

En la Comisión de Exteriores

En la Comisión de Exteriores, celebrada el 24 de septiembre, defendí la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Confederal Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia en Común, relativa a las capacidades y actuaciones de distintos países para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de reforzar el sistema de gobernanza multilateral con el fin de promover la defensa de los derechos humanos y la justicia global.

Un debate importante y una reflexión en la que por primera vez en mucho tiempo la humanidad aparece unida por un interés general mucho más vital que en el pasado: el interés en la superviviencia de la especie y en la habitabilidad del planeta.

Contra lo que afirman teorías negacionistas de toda laya, hoy nos encontramos frente a problemas globales que condicionan la supervivencia de la humanidad:

  • El incremento dramático del calentamiento climático.
  • El alarmante aumento armas de destrucción masiva y los peligros de conflictos nucleares
  • Un crecimiento obsceno de las desigualdades y de la concentración de riqueza en pocas manos, que trae como resultado la muerte cada año de millones de personas por falta de alimentación y medicamentos
  • El drama de centenares de miles de migrantes que huyen de estas catástrofes climáticas y de guerras por la apropiación de recursos.

La lista, siendo realistas, sería larga. Se trata de fenómenos que sin duda plantean la necesidad de actuaciones decididas en el ámbito local y estatal. Pero que también exigen actuaciones urgentes en el ámbito internacional.

No un gobierno mundial, seguramente indesesable y peligroso, pero sí una nueva gobernanza global, un nuevo internacionalismo y un nuevo multilateralismo capaz justamente de garantizar estos objetivos la supervivencia, en condiciones dignas, de todos los pueblos y gentes del mundo y la preservación del planeta como casa común de las especies que lo habitan.

Esta es la reflexión que llevamos al Congreso, justo cuando se cumplen 75 años de la creación de las Naciones Unidas.

Al igual que la Organización Mundial del Trabajo, un año antes, las Naciones Unidas nacieron como un intento, precisamente, de trazar un nunca más a un capitalismo voraz, desenfrenado, muy similar al de nuestro tiempo, que había acabado en dos guerras mundiales y en experiencias tremendas como el nazismo, el fascismo o el colonialismo.

Desde entonces, ese experimento civilizatorio ha permitido avances importantes y ha sufrido el sabotaje a menudo, de los grandes leviatanes de Estado y de Mercado.

A lo largo de estos 75 años, en efecto, hemos visto una y otra vez a las grandes potencias intentar sabotear una y otra vez el mandato de paz, de respeto entre los pueblos, de protección de los derechos de todos, establecidos en el corpus normativo de la ONU.

Uno de los ataques más abyectos a esos principios de Naciones Unidas ha sido el perpetrado por el presidente de Donald Trump, quien traicionando el compromiso internacionalista de algunos norteamericanos insignes -pienso en Walt Whitman, en Eleonor Roosevelt, en Martin Luther King- ha dedicado su Administración a minar política y económicamente a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos unilaterales y amenazando con actuaciones belicistas irresponsables y propias de un nuevo Nerón.

Pero los ataques perpetrados contra la ONU y en general, contra el derecho internacional de los derechos humanos, no solo han tenido como protagonistas a grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia o Israel. También han tenido como protagonistas a grandes corporaciones transnacionales que incluso durante esta pandemia no han dudado en colocar sus intereses privados por encima de la Declaración Universal de Derechos Humanos o de los grandes pactos de derechos civiles, políticos, sociales y ambientales.

A pocos días del 11 de septiembre, aniversario del golpe de Estado en Chile de 1973, todavía resuenan en nuestros oídos las palabras del presidente constitucional Salvador Allende en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York advirtiendo, precisamente, sobre el enorme peligro que para las libertades y la democracia suponía la concentración de poder en manos de unas pocas empresas transnacionales.

Pues bien, en ese mundo donde los poderes salvaje de Estado y de Mercado siguen campando a sus anchas, la defensa de un nuevo internacionalismo y de un nuevo multilateralismo respetuoso con la democracia y los derechos humanos tiene más sentido que nunca.

A pesar de sus numerosos incumplimientos, de los ultrajes sufridos, la Declaración de Derechos Humanos, los grandes Pactos de derechos civiles, políticos y sociales, la Convención contra la tortura, la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, la propia Agenda 2030, siguen siendo el embrión, como dice Luigi Ferrajoli, de lo que hoy podría ser una Constitución para el Planeta Tierra.

Como recordó el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, no se trata de defender un gobierno mundial. Se trata de defender una gobernanza diferente, multilateral, que contribuya al desarme y a frenar las guerras, que haga de los alimentos y medicamentos básicos derechos universales, y que convierta al agua, al aire, a los bosques, en bienes comunes de la humanidad.

Puede que tenga algo de utópico, pero es mucho más realista que el mundo de desigualdad, violencia y depredación ambiental que nos espera si no ponemos ya límites claros, locales y globlales, a la descarnada ley del más fuerte.   

También en la misma Comisión intervine para posicionar a nuestro grupo parlamentario en el debate de la Proposición no de Ley del Grupo Socialista sobre un nuevo impulso a la lucha contra el racismo tras
el homicidio de George Floyd.

✊🏿 George Floyd, Jacob Blake, Breonna Taylor, Rodney King, nombres que nos dicen que no habrá normalidad alguna, con o sin pandemia, mientras haya cientos de miles de personas asesinadas impunemente, víctimas de la brutalidad policial o del racismo neofascista solo por el color de su piel.

✅ Una Europa que se quiera solidaria no puede permanecer indiferente a los gritos de Minneapolis, de Nueva York y de tantas ciudades de Estados Unidos que han vuelto a hablar con la voz desgarrada y firme, de Nina Simone, de Angela Davis, para decir al Gobierno criminal de Trump que no se dejarán matar, que resistirán, como resistió Rosa Parks y que no habrá justicia social sin justicia racial y sin justicia de género.

🎥 Sobre las movilizaciones de #BlackLivesMatter

Ley de Memoria Democrática: justicia y reparación.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un paso importante para acabar con el silencio impuesto durante los 40 años de franquismo y terminar con una impunidad intolerable.

Seguramente llega tarde, pero llega, y lo hace gracias a la persistencia de las entidades de memoria y en un momento de retrocesos democráticos, con demasiados voceros, también desde las instituciones democráticas y con potentes altavoces en los medios, intentando blanquear el franquismo y sus crímenes.

Una Ley que debe servir para reparar con la memoria a las víctimas y acompañar a sus familias, que llevan años buscando a sus desaparecidos en cunetas, prácticamente, sin ayuda.

Una Ley que permita retirar medallas y reconocimientos a torturadores y a los que han cometido delitos de lesa humanidad, para acabar con auténticas ignominias como la Fundación Francisco Franco.

Una Ley de memoria que anule sentencias que fueron farsas jurídicas, como las sufridas por Lluís Companys, Alexandre Bóveda, las Trece Rosas, Blas Infante, a miles de campesinas, trabajadores, poetas, maestras, artistas, académicos, que fueron condenados y asesinados de manera sumaria.

En nuestras consciencias y con la certeza que todavía falta mucho para remover una impunidad de décadas, hoy celebramos lo conseguido, algo que sería impensable sin aquellos y aquellas que nunca bajaron los brazos.

La Ley Montoro: una de las agresiones más escandalosas padecidas por el municipalismo en los últimos tiempos.

La Ministra de Hacienda en su comparecencia, a petición de los grupos parlamentarios, en la Comisión de Hacienda del Congreso, presentó las líneas generales del Decreto Ley de Medidas Financieras de Entidades Locales alcanzado con la FEMP y cuyo principal desacuerdo es sobre la fórmula presentada de uso de los remanentes municipales.

La democracia y la modernización económica avanzan cuando el municipalismo avanza. Hoy el municipalismo es un motor importante de cambio social y económico.

➡️ Es fundamental para la reconstrucción social y económica romper el corsé legal que hoy impide a los ayuntamientos atender la emergencia social, llegar allí donde nadie llega.

⬆️ Ya en 2017, impulsamos una Proposición de Ley que planteaba acabar con los elementos más lesivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP y fueron ellos con C’s, los que la bloquearon. Continuamos en nuestro empeño y por ello incluimos su modificación como un objetivo central en los acuerdos programáticos del Gobierno de Coalición.

➡️ En la Comisión de Hacienda, celebrada el lunes, 31 de agosto, defendí la necesidad de un nuevo Decreto Ley, que responda a un amplio acuerdo de consenso con el municipalismo y diálogo para revertir esta situación asfixiante que nos dejó el PP con la Ley Montoro en las finanzas de los gobiernos locales.

🎥 Mi intervención y la réplica 👇🏾

¿Un nuevo Pacto de San Sebastián por la Tercera República? por Diego Díaz

Participo en el reportaje del historiador Diego Díaz (@DiegoDazAlonso1)para El Salto sobre el Pacto de San Sebastián.

Han transcurrido 90 años de aquel 17 de agosto de 1930, de ese encuentro informal que supuso una “alianza transversal” del republicanismo español, en todos sus acentos ideologicos, coincidiendo con el republicanismo gallego y catalán, configurando, lo que podriamos denominar el primer intento de un modelo de estado republicano democrático y plurinacional y el final del reinado de Alfonso XIII.

Junto con Xavi Domenech y el politólogo asturiano Xabel Vegas, reflexionamos acerca de este hecho histórico y sobre el actual contexto político.

Leer en El Salto Aquí

¿Un nuevo Pacto de San Sebastián por la Tercera República?

Se cumplen 90 años de la alianza entre partidos republicanos españoles, catalanes y gallegos que posibilitó el final del reinado de Alfonso XIII.

El verano transcurría plácido en San Sebastián, la ciudad más elegante y chic de la costa cantábrica, para quienes vivían al margen de la crisis terminal de la Restauración borbónica impuesta en 1874 tras el golpe militar del general Martínez Campos, y que la dictadura de Primo de Rivera había tratado de alargar con poca fortuna en una huida hacia delante que llegaría a su fin con el cambio de la década de los 20 a los 30. En enero de 1930, en mitad de una grave crisis económica, una nueva devaluación de la peseta, y con el ruido de fondo del crecimiento de la oposición a la Monarquía y la dictadura, Primo de Rivera, el “cirujano de hierro” que había regido durante siete años los destinos del país, presentaba su dimisión al rey Alfonso XIII.

El monarca encargaría a otro general, Damaso Berenguer, formar gobierno y pilotar una transición tranquila que condujera al restablecimiento del régimen constitucional suprimido en 1923 por el dictador con el apoyo del bisabuelo de Felipe VI. Ya era demasiado tarde. Lejos de satisfacer a los críticos con el régimen, el cambio de estrategia de Alfonso XIII para buscar la supervivencia de la Monarquía envalentonaría a la oposición, convencida de que la apuesta constitucional era una muestra de su debilidad.

Así, mientras los veraneantes disfrutaban de los baños y los paseos por la playa de la Concha, en el local de la Unión Republicana de San Sebastián, en una reunión presidida por el presidente del Círculo Republicano local, Fernando Sasiaín, posterior alcalde de la ciudad, el 17 de agosto de 1930 se escribía de manera colectiva, entre las principales corrientes del republicanismo, un capitulo fundamental en la historia contemporánea de España.

Al cónclave donostiarra asistirían tanto históricos líderes del republicanismo español y españolista, como Alejandro Lerroux, como nuevos valores emergentes entre los que se encontraba Manuel Azaña, fundador del Grupo de Acción Republicana, y recién llegados, Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora, cuya trayectoria política hasta la fundación de Derecha Liberal Republicana había estado ligada a la Monarquía y los partidos dinásticos.

No faltarían tampoco a la conspiración otros nuevos acentos políticos. Los del republicanismo gallego, representado por Santiago Casares Quiroga, que defendía además de la República el establecimiento de un estatuto de autonomía para Galicia y, sobre todo, los del separatismo catalán, representados por Estat Catalá. La confluencia del republicanismo catalán, el separatismo y el movimiento obrero había hecho de Catalunya el principal foco de oposición a la dictadura y al monarca.

El 17 de agosto de 1930 se escribía de manera colectiva, entre las principales corrientes del republicanismo, un capitulo fundamental en la historia contemporánea de España

Dentro de este magma diverso, las acciones armadas de Estat Catalá habían dado una enorme popularidad a este grupo nacionalista capitaneado por el exmilitar Francesc Maciá. Su presencia en San Sebastián representaba la voluntad de los separatistas catalanes de coordinarse con el republicanismo español si este garantizaba una futura República federal en la que Catalunya viera reconocida su soberanía.

El historiador Xavier Domènech señala en su último libro, Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017) que “la cuestión catalana fue central para llegar al pacto republicano”. Si bien no se levantaron actas de aquella histórica reunión, dando lugar después a todo clase de interpretaciones sobre lo que verdaderamente se acordó en Donostia, los delegados catalanes, en una nota publicada posteriormente en el diario La Publicitat, y consensuada con el resto de los asistentes, informaban que los republicanos españoles habían asumido en la reunión el “principio de autodeterminación, concretado en el proyecto de estatuto o constitución autónoma propuesto libremente por el pueblo de Cataluña”.

El partido socialista, dividido ante la situación política que vivía el país, sería el gran ausente del pacto. Acudiría sin embargo a titulo individual uno de sus dirigentes más perspicaces, Indalecio Prieto. Convencido de que el PSOE y la UGT no podían quedar al margen del movimiento republicano en marcha, Prieto lograría vencer las resistencias del ala derecha del partido, encabezada por Julián Besteiro, y sentar en octubre a los socialistas en la misma mesa que los partidos republicanos. Si bien los planes de los conspiradores de derrocar a Alfonso XIII con una combinación de huelga general y levantamiento armado fracasarían en la chapucera y descoordinada Sublevación de Jaca del 12 de diciembre de 1930, tanto el Pacto de San Sebastián como la ejecución de los militares republicanos sublevados, Fermín Galán y Ángel García, prepararían el terreno para la formación de las victoriosas candidaturas comunes de republicanos y socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.

Pese a lo informal de una reunión, el imaginario del Pacto de San Sebastián rebrota en España con cada crisis de régimen. Su sombra planeó por momentos en la Transición, y nuevamente volvió a hablarse de él con motivo de la moción de censura que condujo a la presidencia de Pedro Sánchez. El jurista y diputado de Catalunya en Comú-Podem Gerardo Pisarello señala que el momento político hoy es muy diferente, marcado por la combinación de una crisis de la monarquía sin precedentes y la situación inédita de un gobierno de coalición compuesto por un partido socialista que apoya la Monarquía y un socio minoritario que es abiertamente republicano. “No hay ahora mismo un Indalecio Prieto en las filas del PSOE”, señala Pisarello.

No obstante, en los últimos días se han escuchado algunas voces republicanas en el socialismo periférico. Dos mujeres, la presidenta navarra, María Chivite, y la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, han abierto el debate, también un intento de sintonizar con unos votantes socialistas cada vez menos monárquicos. En una carta abierta a eldiario.es, la socialista valenciana ha pedido al PSOE modificar su postura: “Realineemos las ideas con las circunstancias, porque las circunstancias han cambiado. Porque [la monarquía] ni es necesaria, ni es esencial y cuarenta años después probablemente ya no sea útil”.

Si la posición oficial del PSOE es a día de hoy una de las grandes debilidades del republicanismo, la otra es la inexistencia de una derecha republicana como la que pudieron representar algunos sectores presentes en el Pacto de San Sebastián

¿Podría crecer esta corriente republicana dentro del PSOE en un contexto de auge del republicanismo? Para Xavier Domènech el PSOE “está condenado a elegir entre pactar con el PP o con los partidos republicanos y por tanto a aceptar que como más defensor de la monarquía sea, menos alternativa de gobierno real será. No parece que vayan a volver ni las grandes mayorías absolutas, ni que Ciudadanos vaya a ser una posibilidad solida con la que poder gobernar”.

Si la posición oficial del PSOE es a día de hoy una de las grandes debilidades del republicanismo, la otra es la inexistencia de una derecha republicana como la que pudieron representar algunos sectores presentes en el Pacto de San Sebastián. Al contrario que en sus años de esplendor, hoy el apoyo a la Monarquía ha dejado de ser transversal para escorarse claramente hacia la derecha, con los votantes del PP liderando el ranking de la identificación con la Casa Real.

El Pacto de San Sebastián

Para el polítólogo asturiano Xabel Vegas, “cualquier movimiento republicano serio y con una hoja de ruta a medio o largo plazo tiene la complicada tarea de seducir a personas significativas del centro-derecha español”. En su opinión, “hacen falta liderazgos plurales, que sean capaces de construir referentes políticos republicanos que vayan más allá de la tradición izquierdista”. Pisarello señala que aún no se ha producido una deserción masiva de “juancarlistas arrepentidos”, si bien considera que las críticas de Iñaki Gabilondo a la monarquía le han parecido de una honestidad brutal y una suerte de “arrepentimiento generacional” del que no existían precedentes.

El ex teniente de alcalde de Barcelona considera que el ensanchamiento del republicanismo, más allá de la izquierdas, puede empezar antes por partidos como el PNV o Junts per Catalunya, que vean en la República una oportunidad para lograr mejores encajes de sus respectivos territorios. No obstante, para Pisarello, “el reto es articular una coalición anticentralista” por la reforma del Estado, que no solo incluya a los distintos soberanistas, federalistas y confederalistas, sino también a los defensores de la España vaciada. Para él, la monarquía no es una cuestión ornamental, sino la clave de bóveda de un sistema estructuralmente corrupto de concentración del poder económico y territorial: “Cuando Juan Carlos I se dedicaba a cobrar comisiones Felipe no era un niño que correteaba por los pasillos de Zarzuela sino un señor hecho y derecho de 40 años”.

¿Se pueden lograr armonizar intereses y realidades tan distintos en un mismo movimiento republicano? ¿Aunar en una coalición común movimientos de la España interior empobrecida y despoblada con movimientos de las comunidades más prósperas y que aspiran a gestionar más impuestos recaudados en sus territorios? ¿Es compatible un republicanismo español moderado con unas izquierdas para las que República implica cambio social y con la exigencia del derecho a la autodeterminación de los soberanistas catalanes, vascos y gallegos, que precisamente emergen en aquellos territorios en los que el apoyo a la Monarquía es más débil?

Para el politólogo asturiano Xabel Vegas, “cualquier movimiento republicano serio y con una hoja de ruta a medio o largo plazo tiene la complicada tarea de seducir a personas significativas del centro-derecha español”

La excepcionalidad histórica del Pacto de San Sebastián fue lograr de algún modo juntar en torno a unos mínimos comunes a antiguos monárquicos de derechas, socialistas, republicanos de muy variado pelaje, autonomistas gallegos y separatistas catalanes. En fechas mucho más recientes, el Procés ha logrado aunar voluntades muy diversas y heterogéneas, cada vez más a medida que este iba creciendo y confrontando con el Estado. Desde independentistas de toda la vida a nuevos independentistas castellanoparlantes con raíces en Castilla, Murcia o Andalucía, y desde declarados neoliberales europeistas a sectores anticapitalistas partidarios de una República catalana fuera de la UE y de la OTAN.

¿Podría ser la exigencia de un referéndum y de un juicio a Juan Carlos I ese mínimo común denominador para levantar un nuevo movimiento republicano en España? En opinión de Pisarello, aún es pronto para hablar de “sincronizar los relojes” entre actores políticos diversos, pero ya se está dando una situación en la que “todo el mundo está mirando de reojo lo que marca el reloj del otro”.

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Entrevista en Clarín

“La monarquía borbónica ha contado con una super protección penal”

Gerardo Pisarello

Por Marina Artusa. Clarín.com (Aquí)

“Lo que puede poner en riesgo la estabilidad del gobierno de España y la propia calidad de la democracia es que los políticos elegidos por la ciudadanía aparezcan como cómplices de la situación de privilegio de la monarquía que es cuestionada por la mayoría de los ciudadanos.”

Lo dice Gerardo Pisarello, el tucumano que hoy es diputado y secretario de la Mesa del Congreso español y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores.

El argentino, jurista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, reflexiona sobre las diferencias entre los socios del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ante las investigaciones sobre supuestos manejos fraudulentos de dinero del rey emérito Juan Carlos de Borbón y su inquietante cambio de domicilio fuera de España.

El lunes 3 de agosto la Casa Real hizo pública una carta de Juan Carlos al rey Felipe VI, en el trono desde hace seis años cuando su padre abdicó, en la que le informaba que pensaba abandonar España. Sin revelar cuál sería la sede de su destierro, se especuló toda la semana sobre posibles moradas para el rey emérito. Ni la Casa Real ni el gobierno revelaron dónde estaba hasta que circuló una foto de Juan Carlos con barbijo y bajando de un avión privado en un aeropuerto de Abu Dhabi.

Hijo de Angel Pisarello, un abogado defensor de presos políticos que fue secuestrado y asesinado en el ’76, y nieto de republicanos andaluces que emigraron a Argentina, Pisarello lleva más de dos décadas en España, donde se doctoró en Derecho y, apañado por el ala catalana del partido de Pablo Iglesias, fue vicealcalde de Barcelona entre 2015 y 2019.

“Como hijo de desaparecido, no puedo olvidar que Juan Carlos I fue el primer jefe de Estado en visitar la dictadura de Videla en Argentina y la de Pinochet en Chile -dice Pisarello a Clarín-. Desde 1978 demostró que los objetivos comerciales y económicos tenían prioridad sobre cualquier otra consideración en materia de respeto por los derechos humanos.”

El jurista Gerardo Pisarello, nacido en la Argentina y ahora diputado en el Congreso de España. /EFE

Respecto de la Corona española, el argentino es tajante: “La Constitución española dice que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria y la monarquía restaurada después de 1978, en la práctica, no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”, dice Pisarello.

-¿Por qué?

-Porque no ha estado sometida al principio democrático, a principios elementales de transparencia y se le han ido reconociendo privilegios que han ido corrompiendo la propia institución. La monarquía borbónica ha contado con una súper protección penal que ha impedido que sea objeto de suficiente escrutinio público.

La de España “no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”.

-¿Cómo se llegó a eso?

-Se han censurado libros, periodistas, hay gente que ha terminado en la prisión por escribir canciones o artículos referidos a la monarquía y eso ha impedido que exista un control público y social suficiente sobre el rey. Por eso hizo falta un procedimiento en el extranjero, en Suiza, y que sea la prensa internacional la que denunciara algo que en España, a pesar de que era conocido, era imposible denunciar.

-Según el presidente Pedro Sánchez, la monarquía no está siendo cuestionada porque “se juzgan personas y no instituciones”. Para usted, si se comprobaran las presunciones, ¿estaríamos ante la corrupción de una persona o de la Corona?

-“y eso no sólo afecta a Juan Carlos. La gran pregunta es si el propio Felipe VI tenía conocimiento o estaba implicado en todo ese tipo de actuaciones. Hoy no lo sabemos. Se están conociendo actuaciones presuntamente delictivas de Juan Carlos y muchas tienen su origen en 2008. Felipe VI tenía 40 años. No era un niño que correteaba por el Palacio de la Zarzuela sin saber lo que ocurría. El principio de inviolabilidad del rey se utiliza en realidad como una carta blanca para delinquir incluso a través de actos privados en los que el rey no está cumpliendo ningún tipo de función pública.

“No es sólo la corrupción de Juan Carlos sino de toda una institución rodeada de privilegios y opacidad”.

-Si cometió delitos, ¿el rey emérito debería poder ser juzgado?

-Creo que el rey no sólo debe poder ser juzgado en los tribunales sino que debe poder ser investigado por las Cortes Generales. Me parece fundamental. Si es una monarquía parlamentaria, quiere decir que la monarquía es un elemento puramente simbólico y que el peso de la vida política debe estar en la sede principal de la soberana popular que es el Congreso. Si eso es así, que es lo que dice la Constitución, el rey emérito debería poder ser investigado por el Congreso. Y el rey actual, su hijo, Felipe VI, debería poder explicar en el Congreso todo lo que sabe sobre su padre.

-Desde lo penal, ¿se podría procesar a Juan Carlos a partir de 2014 es que cuándo deja de ser rey y pierde la inviolabilidad?

-La figura de la inviolabilidad penal tiene como objetivo garantizar la independencia de la institución. Los parlamentarios somos inviolables por declaraciones que hacemos en la Cámara para proteger nuestra libertad de expresión e ideológica. Si cualquier diputado cometiera un acto de corrupción, podría ser juzgado. Lo que hace presumir que, en el caso de la monarquía, el principio de inviolabilidad que figura en la Constitución funciona de manera similar. Es imposible pensar que la inviolabilidad sirve para cubrir delitos del rey en los que no cumple ninguna función institucional. Después de la abdicación, está clarísimo que eso no es más así. El debate es antes…

-¿Cuál es su postura?

-Cada vez hay más juristas que están diciendo que antes del 2014 el rey sólo es inviolable por actos que ejercía en funciones de rey, cumpliendo funciones instituciones, pero no por aquellos actos privados. Si al rey se le presenta un demanda de paternidad, por ejemplo, se le podría plantear. Si se le presenta una demanda por delitos que no tengan que ver con su actuación pública tiene que poder ser juzgado. Esa es mi posición. Por eso digo que hay una anomalía.

-¿Qué desafío presenta el debate sobre la monarquía para el gobierno de coalición, donde el PSOE se muestra más negociador y Podemos ve la oportunidad para plantear qué hacer con la Corona?

-Creo que después de la Transición en España hubo mucha gente republicana vinculada al Partido Socialista que aceptó la monarquía en la vida política porque consideraba que era el precio a pagar por la paz social y porque pensaba que el rey iba a cumplir un papel ejemplar y simbólico. Y creo que esa generación hoy se siente traicionada. El PSOE en este momento lo que está intentado plantear es que las investigaciones sobre Juan Carlos I han de producirse en el ámbito judicial y no en el propio Congreso. Para nosotros es un error. Y luego está intentando separar la figura de Juan Carlos de la de Felipe VI, pero yo creo que es un objetivo que difícilmente pueda prosperar. Aquí es donde el PSOE no está siendo, a mi juicio, lo suficientemente valiente y se equivoca.

-¿Este tema afecta la credibilidad del gobierno?

-El gobierno de coalición que existe ahora es importante para que en un momento de crisis haya una respuesta que permita proteger a la familia trabajadora, a las pequeñas y medianas empresas. Ese es el objetivo de un gobierno progresista, pero para que esos objetivos sociales sean posibles, no podemos lanzar a la ciudadanía un mensaje de que en cambio, mientras las ciudadanos de a pie tienen que pagar sus impuestos, hay una institución que es la monarquía que está blindada frente a eso y ni siquiera se la puede investigar cuando hay acusaciones tan grandes. Me parece que éste es un reto compartido con el Partido Socialista.

-¿Qué costo político puede tener este debate? ¿Puede poner en riesgo la Legislatura actual?

-Lo que genera más inestabilidad es pretender barrer debajo de la alfombra unas actuaciones por parte del rey emérito que tratándose en otras monarquías parlamentarias o en otros jefes de Estado serían absolutamente intolerables.

-¿Un referéndum sería el próximo paso?

-El problema de la monarquía es que es una institución sin legitimidad de origen. No ha sido votada, es hereditaria y tiene que construir su legitimidad. Normalmente la construyen con la ejemplaridad pública. Cuando no hay ejemplaridad, la crisis de legitimidad vuelve abrirse y, en un sistema democrático, debería resolverse a través de un referéndum.

-¿Qué sucederá con las investigaciones?

-No tengo muchas esperanzas respecto de la actuación del Tribunal Supremo. Tengo dudas de que vaya a hacer valer la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, incluso el ciudadano Juan Carlos de Borbón. Si las Cortes Generales no pueden investigar, estaríamos ante un intento fraudulento de desconocer la Constitución que establece la subordinación del principio monárquico al principio democrático.

-Hubo sin embargo intentos de crear comisiones en el Parlamento y no prosperaron…

-Diferentes fuerza políticas republicanas presentamos peticiones de investigación que hasta el momento fueron denegadas por la propia mesa del Congreso con argumentos jurídicamente poco fundados. Ahora mismo presentamos un recurso contra la denegación para que se abra una comisión de investigación sobre algo tan sencillo como las relaciones comerciales y diplomáticos que existían entre Arabia Saudita y el Reino de España.

Resptetar al municipalismo

Por Gerardo Pisarello y Carlos Sánchez Mato

Publicado en el Diario.es (Aquí)

A pesar del ahogo impuesto por la llamada Ley Montoro, el municipalismo demostró una incontestada solvencia y responsabilidad en materia de gestión. Mayor, sin dudas, que la del Estado o la de las propias autonomías

La rebelión municipalista que ha puesto en pie a centenares de ciudades y pequeños pueblos contra el Ministerio de Hacienda no es un capricho súbito. Expresa agravios que vienen de lejos y que el contexto de emergencia sanitaria, social y económica está convirtiendo en indignación. Las razones no son difíciles de entender. Es incomprensible que en una crisis que amenaza con empeorar, las instituciones más cercanas a la ciudadanía no cuenten con recursos suficientes para hacerle frente. Y menos que sean sistemáticamente desoídas o tratadas como menores de edad. No solo por la prepotencia que una actitud institucional de este tipo trasluce, sino porque deja entrever una idea demasiado pobre de la propia democracia.

Más de 40 años después de la transición, la financiación de los gobiernos locales es similar a la del tardofranquismo. De hecho, los avances sociales y económicos que se produjeron en el mundo municipal no se hicieron gracias a ese marco, sino a pesar suyo, con un enorme esfuerzo vecinal y de alcaldías en muchos casos asfixiadas. Todo esto empeoró tras la crisis de 2008. Primero, con la reforma del artículo 135 de la Constitución, que obligaba, también a los gobiernos locales, a priorizar el pago de la deuda sobre otras necesidades sociales. Luego, con la infausta Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, aprobada por el rodillo del PP aprovechando su mayoría absoluta y el apoyo de CiU, que impedía a los ayuntamientos disponer de sus ahorros y dedicarlos a inversiones prioritarias.

A pesar del ahogo impuesto por la llamada Ley Montoro, el municipalismo demostró una incontestada solvencia y responsabilidad en materia de gestión. Mayor, sin dudas, que la del Estado central o la de las propias Comunidades Autónomas. Al estallar la pandemia, esto fue reconocido por la propia ciudadanía, que en todas las encuestas premió a los ayuntamientos por su seriedad y sus esfuerzos a la hora de atender las necesidades ciudadanas.

Por eso, precisamente, cuando la Comisión Europea anunció que la emergencia sanitaria, socio-ambiental y económica obligaba a inyectar recursos y a levantar las restricciones draconianas sobre el gasto público impuestas en la crisis anterior, lo lógico era pensar que los ayuntamientos podrían, por fin, disponer de sus ahorros y contar con herramientas adecuadas para afrontar esta nueva crisis dentro de la crisis.

Este ha sido el criterio utilizado en Alemania y otros países europeos. Pero no en España. Incomprensiblemente, la prioridad del Ministerio de Hacienda no ha sido levantar el cepo establecido por la Ley de Estabilidad del PP, sino utilizarlo, una vez más, para drenar recursos municipales al propio Estado central.

La filosofía de fondo es tan inaceptable, tan poco respetuosa con el municipalismo, que todas las negociaciones dirigidas a mitigarla están acabando en fracaso y poniendo en evidencia al propio Ministerio de Hacienda. Primero, porque el Estado central ya dispone hoy de un margen amplio para obtener esos recursos en condiciones favorables en los mercados internacionales, con el respaldo del Banco Central Europeo. Segundo, y más importante, porque supone un desconocimiento flagrante de la autonomía local y de la suficiencia financiera municipal consagradas por la propia Constitución en los artículos 140 y 142.

La insistencia obcecada de Hacienda en que los ayuntamientos “presten” sus ahorros al Estado central para que este se los “devuelva” progresivamente hasta en 15 años se está revelando como un error sin paliativos. De entrada, ya se ha cobrado la credibilidad del presidente socialista de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que acabó desdiciéndose de su discurso a favor de la autonomía en la Comisión de Reconstrucción del Congreso para forzar una votación que ha dividido como nunca antes al mundo local. Pero sobre todo, ha generado una coalición contraria a la iniciativa tan amplia, que las posibilidades de que el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de agosto sea convalidado parlamentariamente son ahora mismo ínfimas.

Lo único que podría evitar este naufragio es un cambio radical de actitud por parte de Hacienda. Esto supondría, ante todo, aceptar de una vez que los ayuntamientos son mayores de edad y tienen derecho a disponer de recursos propios, estatales y europeos, para atender las necesidades vecinales. A partir de aquí, establecer compromisos de financiación concretos y calendarizados, y no simples promesas vagas, que conviertan a las corporaciones locales en un dique de contención efectivo para la emergencia social que se avecina. Y sobre todo, escuchar. Escuchar y mostrar respeto por el municipalismo, que es algo que se echa en falta desde hace demasiado tiempo.

Y tras el acuerdo europeo, ¿qué?

Por Gerardo Pisarello

Leer en CTXT

La noticia de la entrada en recesión de la economía española, tras una caída del PIB que ha superado los peores pronósticos –un 18,5% en el último trimestre–, exige moderar el optimismo en torno al Acuerdo europeo del pasado 21 de julio. No se trata de desconocer los logros negociadores de países como Italia o España, que tuvieron que lidiar con unas instituciones comunitarias no concebidas para asumir políticas anticíclicas y con el boicot cerril de sus propias derechas vernáculas. Pero sí de asumir que, con los datos de la recesión en la mano, el monto de las ayudas, el marco presupuestario pactado en Europa y la fiscalidad acordada para sufragarlo, se está muy lejos de las necesidades que la crisis en ciernes plantea. Afrontar sin autoengaños esta realidad es una condición imprescindible para impulsar una agenda de reformas que no cargue el colapso económico sobre quienes lo han perdido casi todo. Y también será clave si se pretende desactivar el discurso de odio xenófobo, machista y de clase que las derechas radicalizadas llevan alimentando hace tiempo. 

1. La fuerza (limitada) del Sur de Europa 

Si se comparan las políticas con que se está afrontando la crisis resultante de la pandemia y las que se impusieron tras el crack financiero de 2008, hay algunas diferencias que saltan a la vista. La primera, la que va de la soledad de los gobiernos del Sur de Europa a la hora de negociar alternativas a las políticas de recortes en 2011, o 2015, a la mayor firmeza y coordinación que han demostrado ahora. 

En buena medida, fue la debilidad interna de los gobiernos y la falta de alianzas externas las que facilitaron a la UE, bajo el liderazgo de Angela Merkel, imponer una serie de políticas de ajuste. Ocurrió en España con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a quien le costarían la presidencia y  la infausta reforma del artículo 135 de la Constitución que sacrificaba derechos y objetivos sociales al pago de la deuda a los grandes acreedores. Lo mismo sucedería poco después, cuando la propia Comisión Europea, con el concurso del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, infligieron drásticos recortes en Portugal y en Grecia. De hecho, el Gobierno de Syriza, liderado por Alexis Tspiras, acabó cayendo por eso, a pesar del histórico referéndum de julio del 2015 en el que un 61,31% de los votantes griegos se pronunció contra los recortes.

Fue la debilidad interna de los gobiernos y la falta de alianzas externas las que facilitaron a la UE, bajo el liderazgo de Merkel, imponer una serie de políticas de ajuste 

Hoy las cosas parecen diferentes. Las políticas de recortes aplicadas en la última década agudizaron el deterioro industrial y de los servicios públicos de los países del Sur (el drástico impacto de la covid-19 en países como España e Italia, de hecho, no puede deslindarse de las políticas de desindustrialización y de recortes en el sistema sanitario experimentados en los últimos años). Pero al mismo tiempo, sin embargo, también generaron protestas y movilizaciones inéditas contra esas políticas de austeridad: huelgas, mareas ciudadanas, movimientos como el 15-M o los vinculados a la Geraçao à Rasca, en Portugal. 

Tanto el deterioro objetivo de la economía, generado por las políticas neoliberales, como las movilizaciones contra la austeridad y los recortes son fundamentales para entender la caída de gobiernos de derechas como los del Partido Popular o el liderado por la Lega de Salvini en Italia y su reemplazo por gobiernos progresistas de diferente tipo. Asimismo, también son básicos para entender la puesta en marcha por parte de estos últimos de escudos sociales que, al menos temporalmente, han permitido proteger a sectores medios y populares que de otro modo habrían quedado expuestos a la más absoluta intemperie. 

Esta irrupción de una Europa del Sur, marcada por una década de movilizaciones contra la austeridad, permitió poner sobre la mesa de negociaciones temas inéditos. Así, por ejemplo, la necesidad de implementar fórmulas de endeudamiento europeo compartido que permitieran repartir los costes de la crisis. O la puesta en marcha de transferencias directas, a fondo perdido, para los países más afectados por la pandemia. O la necesidad de un salto en materia de fiscalidad europea que incluyera gravámenes a las grandes fortunas o a las multinacionales digitales y que permitiera unos presupuestos comunes que vayan más allá de un magro 1% del PIB (en los Estados Unidos, el presupuesto federal llega al 20% del PIB aproximadamente).

A diferencia de lo que ocurrió en 2008, estas exigencias, planteadas de manera nítida por los gobiernos de España, Italia y Portugal, fueron permeando la posición del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea e incluso de gobiernos como los de Francia o Alemania. Personajes como la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, o la propia Angela Merkel, inclementes en la imposición de políticas de recortes a los países del Sur tras la crisis de 2008, se mostraron públicamente como “capitalistas con rostro amable”, más receptivas a las exigencias de salidas comunes, o si se prefiere, como “capitalistas realistas”, conscientes de que un hundimiento de las economías del Sur pondría en peligro la supervivencia misma del mercado común. 

Todo ello, sumado al carácter global de la pandemia, fue generando las condiciones para una respuesta diferente a la de la crisis de 2008. Sin embargo, diferentes elementos han conspirado a la hora de su materialización. Por una parte, el veto feroz, incluso violento, de unas derechas crecientemente radicalizadas, que con el aval de la Administración Trump, convirtieron en casus bellis cualquier respuesta que supusiera una salida a la crisis con un mínimo de justicia social y ecológica. Por otro la propia existencia, dentro de las coaliciones progresistas, de sectores conservadores, a veces más papistas que los papas o las papisas de Bruselas en su ortodoxia fiscal. Todo esto ha hecho que el resultado final deje un regusto agridulce. Con algunas luces, pero con bastantes sombras, también. Sobre todo si se coteja, una vez más, con la envergadura del desplome económico y de la emergencia social que se avecinan y que se suman a años de recortes y de desinversión en servicios públicos básicos.  

2. Un momento hamiltoniano descafeinado   

En diversos círculos, el acuerdo alcanzado se describió como el producto de un “momento hamiltoniano”. La referencia, como es sabido, alude al programa federalista propuesto en 1790 por Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de George Washington, como vía para asumir la reconstrucción económica de los Estados Unidos una vez acabada la Guerra de independencia. Hamilton, representante de las oligarquías financieras e industriales de los estados del norte, sintetizó en su Informe sobre los fondos públicos las medidas que el gobierno federal debía adoptar para afrontar la crisis económica de posguerra. De entrada, la creación de una autoridad monetaria centralizada que asumiera las deudas de todos los estados federados. Segundo, la emisión, por parte de dicha autoridad de bonos canjeables por deuda. Tercero, la financiación de la misma a través de una fiscalidad federal, que Hamilton acabó concretando en un impuesto sobre el consumo de whisky. 

Uno de los opositores más notables de Hamilton fue Thomas Jefferson. Figura clave en la redacción de la Declaración de Independencia de 1776, Jefferson veía en Hamilton a un claro representante de la plutocracia del Norte. De su federalismo, entendido como proceso de superación de la confederación, y por tanto, de centralización de poder, le preocupaba, primero, que anulara el autogobierno local y colocara las economías de los estados bajo la soberanía de una única autoridad central. Dos, que el gobierno central utilizara su capacidad de endeudamiento en favor de grandes especuladores, otorgándoles demasiada influencia sobre la Federación. Tres, que la emisión de deuda común se financiara a través de impuestos que recayeran sobre los pobres y no sobre los ricos, sobre el sur antes que sobre el norte y sobre los agricultores empobrecidos antes que sobre los grandes especuladores.

Los recortes aplicados en la última década agudizaron el deterioro industrial y de los servicios públicos de los países del Sur, pero también generaron movilizaciones inéditas

Pues bien, si se atiende al resultado final del acuerdo europeo, lo que tenemos es una suerte de momento hamiltoniano, sí, pero descafeinado, sin la ambición federalista del Founding Father de los Estados Unidos, pero con algunos de los sesgos plutocráticos, antigualitarios, que preocupaban a republicanos democráticos como Jefferson. El acuerdo no es siquiera el que Merkel había imaginado: con un toque más social, más renano, o si se prefiere, más franco-alemán. De hecho, cuando parecía que el visto bueno de Macron y Merkel eran suficientes para llegar un pacto, irrumpió un actor no previsto, al menos por la diplomacia del Sur: la coalición antifederal y antisolidaria encabezada por figuras prominentes de la derecha centro-europea como el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rütte, o el canciller austríaco, Sebastian Kurz.

Esta coalición, con la ayuda inestimable de paraísos fiscales como Luxemburgo o Malta y de derechas como la española, no pudo frenar las exigencias de los gobiernos del sur de Europa, pero consiguió rebajar de manera notable su alcance. La versión final asume, en un momento en el que el brexit y el propio estallido de la covid-19 hacen temer lo peor, algunas herramientas imprescindibles para la construcción de una Europa social y solidaria. Pero lo hace en términos tímidos, escasamente contracíclicos y muy lejos de lo que debería ser un auténtico New Deal en tiempos de pandemia. Se consiente la mutualización de una parte de la deuda europea y el reconocimiento de transferencias a fondo perdido a los países con mayores dificultades económicas. Pero las cantidades, en relación al PIB de estos países, aparecen como claramente insuficientes. Y lo que es más grave, se consigue a cambio de algunos vetos inaceptables impuestos por los países ricos.   

Por un lado, los llamados “frugales” reciben un “cheque” que se incrementa en 1.124 millones de euros anuales y que les permite reducir notablemente su contribución al presupuesto europeo. Por otro, se les concede la posibilidad de “frenar” –esto es, vetar– dentro del Consejo Europeo, programas sociales y económicos que cuestionen la actual división de tareas entre países ricos y pobres dentro de la UE. Finalmente, se renuncia de momento a medidas clave como la imposición de tasas europeas a las grandes multinacionales digitales. Todo esto en detrimento del presupuesto común, que en la versión aprobada por el Consejo pasaría del 1,16% al 1,074% del PIB de la UE, con recortes sustantivos en materia de inversión sanitaria, investigación o transición ecológica.   

3. Los hombres de negro y la policía de Raymond Chandler 

Esta ofensiva del Partido rentista europeo –que es parte del gran Partido rentista del capitalismo financiarizado global– ha opacado algunas luces del momento hamiltoniano y ha ampliado sus zonas de sombra.  

No se insiste, como querría Vox, en las recetas de austeridad posteriores a la crisis de 2008. Pero tampoco se les cierra el paso. Se asumen algunos elementos imprescindibles para la construcción de una Europa social y solidaria,  pero se hace en términos tímidos y sin poner coto alguno a los grandes rentistas y a las oligarquías financieras que siguen campando a sus anchas. 

Es significativo que poco antes del acuerdo, Christine Lagarde haya decidido inyectar a la banca privada el mayor importe jamás repartido por el BCE

Es significativo, de hecho, que poco antes del acuerdo, la propia Christine Lagarde haya decidido inyectar a la banca privada el mayor importe jamás repartido por el Banco Central Europeo a través de sus operaciones de refinanciación: 1,4 billones de euros entre 742 entidades que devolverán el dinero con intereses negativos y sin las condicionalidades que se pretenden imponer a gobiernos elegidos por la ciudadanía.

Obviamente, esa dependencia de la banca privada será mucho más intensa entre los países del Sur de Europa que han privatizado o desmantelado las instituciones de crédito públicas y que, de hecho, ya están utilizando a los bancos privados como prestamistas a empresas y familias en situación de vulnerabilidad con el aval del Estado. https://e3892b3335bc5e8157166854ed9ccada.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Si se compara esta situación con la de países como Alemania o Francia, las diferencias son notables. La propia apuesta hamiltoniana de Merkel nunca dejó de priorizar los intereses de su país y de su economía. A lo largo de la pandemia, más de la mitad de las ayudas autorizadas por la UE fueron para Alemania, que invirtió un billón de euros en el refuerzo de su aparato industrial. Estas cantidades suponen mucho más de lo que Merkel estuvo dispuesta a asumir como créditos o transferencias directas a los países del Sur. Su propuesta, por tanto, no se dirigió ni a facilitar un Plan Marshall ni a promover la industrialización de la periferia, sino más bien a actuar como una capitalista pragmática. Preocupada por apuntalar la capacidad productiva y exportadora alemana, pero sin asfixiar del todo a economías importantes para el mantenimiento del mercado único, como la italiana o la española.

Lo que esto pueda significar para los países del Sur está por verse. Habrá que saber exactamente qué ayudas llegan, con qué condicionalidad y cuál es el peso del endeudamiento en todo ello. De momento, el Pacto de Estabilidad sigue suspendido y no se avizora ninguna troika en el horizonte inmediato. Pero no es aconsejable bajar la guardia: a los hombres de negro de la austeridad, como a la policía de las novelas de Raymond Chandler, nunca se les debe decir adiós.  

4. Batallas en el horizonte

Que el desequilibrio entre los fondos post pandemia y los recortes presupuestarios previstos para 2021-2027 constituye uno de los puntos ciegos del acuerdo lo ha dejado claro el propio Parlamento europeo. A los pocos días de su aprobación por parte de los ejecutivos estatales, los cinco principales grupos parlamentarios –conservadores, socialdemócratas, liberales, ecologistas e izquierda europea– aprobaron por 465 votos a favor, 150 en contra y 67 abstenciones una resolución conjunta exigiendo a los gobierno que mejoren las cuentas. 

Esta demanda transversal aparece como una cuestión de mínimos. En los últimos meses, el Parlamento ha aprobado resoluciones que se planteaban como objetivo alcanzar los 1,3 billones de euros para siete años.  La Comisión Europea rebajó esa cifra hasta 1,1 billones y los ejecutivos estatales, bajo la presión de los llamados “frugales”, la dejaron en 1,074 billones, más de 200.000 millones de euros menos. 

Se renuncia de momento a medidas clave como la imposición de tasas europeas a las grandes multinacionales digitales. Todo esto en detrimento del presupuesto común 

Esta batalla entre el Parlamento y el Consejo por la ampliación de recursos y la recuperación de fondos eliminados, como el de inversión sanitaria, tendrá un papel central en los próximos meses. Lo mismo ocurrirá con la asunción de la batalla contra las guaridas fiscales o a favor de gravar a gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Amazon o Apple, que ahora mismo están lejos de convencer a la Comisión antimonopolios del Congreso de Estados Unidos de que no son una amenaza para la supuesta libre concurrencia. 

Todas estas batallas europeas condicionarán, en parte, el comportamiento de los propios gobiernos estatales, sobre todo en aquellos, como los de España o Italia, que más dependen de las ayudas y fondos europeos para afrontar la reconstrucción social y económica. La percepción de que Europa –dominada por los ejecutivos estatales– no acabará de estar, tampoco esta vez, a la altura de las circunstancias, podría reforzar a quienes, dentro de los gobiernos progresistas, acaban siendo más ortodoxos que la propia ortodoxia neoliberal, y vetar cualquier política anticíclica con el argumento de que podría inquietar o convocar la furia de Bruselas, los Estados del Norte o los mercados financieros. 

Pero también podría ocurrir lo contrario. Que las limitaciones del acuerdo alcanzado, combinada con la gravedad de la recesión en curso, aliente posiciones reformistas más audaces e incisivas. Posiciones que aprovechen la suspensión del Pacto de Estabilidad para impulsar políticas antiausteridad que serían imposibles en otros contextos. O que entiendan que la única geometría variable aceptable es la que permita revertir privatizaciones y reforzar a los bienes públicos, proteger a las depauperadas clases trabajadoras y acompañar propuestas empresariales productivas e innovadoras, yugulando a los grandes rentistas a través de una política fiscal y ecológicamente incisiva. Eso implica asumir medidas valientes contra la precariedad y la temporalidad laboral, una política fiscal que grave a las grandes fortunas, bien a través de reformas al impuesto de sociedades o al IRPF, bien a través de nuevas figuras fiscales, así como la asignación de recursos extra a la sanidad pública, a la vivienda pública y a la educación pública.

A lo largo de la pandemia, más de la mitad de las ayudas autorizadas por la UE fueron para Alemania, que invirtió un billón de euros en el refuerzo de su aparato industrial 

Adentrarse por la senda de un reformismo audaz, modernizador, con clara conciencia social y ecológica, sería sin duda más justo y realista que un reformismo apocado y estrábico, empeñado en mirar simultáneamente a izquierda y derecha y en llegar a pactos con sectores contrarios y favorables a las políticas neoliberales de recortes y de austeridad. 

Por otro lado, solo un reformismo audaz, realista, tanto al interior de los Estados como a escala europea e internacional, podría frenar los planes populistas de una extrema derecha que lleva tiempo velando armas para intentar aprovecharse del miedo y de la irritación que una precarización generalizada de las condiciones de vida acabará provocando. 

Obviamente, nada de esto puede conseguirse simplemente a través de negociaciones diplomáticas o de cumbres gubernamentales. Exige construir, dentro y fuera de las instituciones, alianzas políticas, sociales, sindicales, vecinales, que hoy apenas se vislumbran. Estas redes, necesarias más que nunca en barrios, hospitales, universidades, centros de trabajo, deberán incluir formas presenciales que garanticen un mínimo de seguridad sanitaria. Pero deberán nutrirse también de otras redes telemáticas, locales e internacionales, que han experimentado un crecimiento exponencial durante la pandemia y que han llegado para quedarse. 

Como en tantas otras ocasiones, la historia es un campo abierto de posibilidades. Que sean las más cooperativas y creativas las que se abran camino depende de nuestra capacidad para leer la realidad críticamente. Sin autoengaños, con sentido de la complejidad, pero sin renunciar a la voluntad de actuar para hacer del mundo un sitio con más libertad, con más igualdad y con mucho menos sufrimiento evitable.