Repúblicas de abril

Cuando lo que se tiene enfrente es una pandemia que amenaza y enferma, es importante apelar a la alegría que solo proporcionan las empresas colectivas en defensa de lo que nos es común

Publicado en CTXT 30/4/2020

Abril es para el sur de Europa un mes republicano. En abril se proclamó, en decenas de ciudades y pueblos, la II República española. En abril fue liberada Roma del fascismo, abriendo paso al referéndum que poco después reduciría la monarquía a un fantasma del pasado. Y en abril, también, se desató la Revolución de los claveles portuguesa, mostrando que el oprobioso régimen levantado por Salazar era todo menos eterno.

Estas primaveras republicanas condensan un sinfín de imágenes de mundos alternativos –cooperativos, libertarios, de justicia social y de amistad cívica– que poco antes de ellas parecían imposibles. Algunas de estas visiones se hicieron realidad y otras se frustraron. Pero todavía hoy, desde los balcones, siguen enviando señales clave para pensar con ánimo transformador estos tiempos de pandemia.

El republicanismo de abril no nació de la casualidad ni obedeció a un diseño previo elaborado en un momento de calma histórica. Fue hijo del dolor, de injusticias flagrantes y de contextos internacionales convulsos. Se construyó con esos materiales, en condiciones de gran fragilidad. Y a pesar de eso, intentó levantar la mirada y plantear nuevos horizontes de futuro.

El joven republicanismo de abril se implicó a fondo en llevar equipamientos sanitarios, viviendas, escuelas, bibliotecas, a zonas urbanas y rurales que nunca habían tenido acceso a ellos. Mejoró la regulación de los contratos de trabajo y amplió la participación política. También se dotó de constituciones que preveían herramientas de control público, democrático, de la economía, necesarias para hacer frente a las emergencias sociales de entonces y también a las de hoy.

Por eso el republicanismo suscitó odios y concitó adhesiones que pasaron de generación en generación. Demócratas progresistas, revolucionarios, e incluso conservadores, vieron razonable que la Constitución española de 1931, la italiana de 1948 o la portuguesa de 1976, contemplaran la posibilidad de socializar la propiedad por causa de utilidad social, de intervenir industrias y empresas, de aplicar políticas fiscales progresivas, de nacionalizar servicios públicos y, en general, de subordinar la riqueza al interés general. Muchas de estas medidas no consiguieron materializarse, o lo hicieron de forma tardía e insuficiente. Pero la sola perspectiva de democratización económica que abrían las jóvenes repúblicas soliviantó contra ellas a rentistas y plutócratas de todo tipo.

A pesar de eso, los adversarios del republicanismo de abril no consiguieron borrar la huella de aquellos compromisos con la democracia política y económica. Tras décadas de dictaduras y de neoliberalismo rampante, las constituciones republicanas italiana y portuguesa siguen apareciendo como un escudo social para los más vulnerables y como un cortafuegos para las políticas de austeridad y privatizadoras más agresivas. Incluso la monárquica y menguante Constitución española de 1978 contiene en su texto incrustaciones republicanas, sociales, que los movimientos vecinales, obreros y antifranquistas consiguieron salvar del naufragio.

Los anhelos republicanos de aquellos meses de abril deberían inspirar una mejor protección de la vida y la salud común hoy. Consagrando los cuidados sanitarios y los servicios farmacéuticos, no como simples mercancías objeto de especulación, sino como bienes públicos accesibles a todas las personas. O recuperando lo mejor de la agenda social república: el impulso de la reforma agraria y urbana, la garantía del derecho material a la existencia, la imposición de límites a la acumulación de riqueza, o el impulso de la educación, la ciencia y el pensamiento crítico.

Hoy más que ayer, este mensaje debería proyectarse a otras escalas. A la propia Europa, que no puede permitirse volver a fallar a las poblaciones del sur para congraciarse con las grandes oligarquías financieras, como ya hiciera con Grecia. Y también a Naciones Unidas, que debería ser reformada y fortalecida en clave republicana, y no debilitada como pretende Trump, con un objetivo preciso: garantizar la protección de la salud, la soberanía alimentaria, la transición energética y el respeto por la biodiversidad, en el conjunto del planeta y no solo en un país o continente privilegiados. 

Si algo dejaron claro los movimientos republicanos de abril es que la peor de las pandemias es la pandemia del miedo, de la desconfianza civil y de la inhibición egoísta ante los asuntos públicos. Y que la única forma de superarlas es a través de la unión fraternal entre quienes se resisten a depender de un poderoso para vivir con dignidad. Precisamente por eso, aquellos movimientos democráticos de abril se trenzaron en lugares de encuentro: en comunidades campesinas, en barrios, en fábricas, en plazas. Y por eso, también, alumbraron grandes momentos de fraternidad y de sororidad.

El 14 de abril, las calles de Eibar, de Barcelona, de Madrid, de Valencia, se llenaron de mujeres de todas las edades que defendían causas hasta entonces impensables: el derecho al divorcio, a condiciones de trabajo dignas, a votar, a ocupar cargos públicos que les estaban vedados.

Igualmente impresionante fue el papel de las mujeres en la resistencia antifascista italiana. Las hubo de toda clase: obreras, campesinas, intelectuales. Todas partisanas, armadas y desarmadas, no creyentes e incluso católicas, como Tina Anselmi. Y lo mismo ocurrió en Portugal, donde a partir del gesto de Celeste Martins Caseiro –la camarera que entregó un clavel a un soldado– fueron centenares las que se plantaron delante de los fusiles y los tanques, mientras otras tantas ocupaban fábricas y tierras improductivas en diferentes zonas del país.

Cuando lo que se tiene enfrente es una pandemia que amenaza y enferma, es importante apelar a la alegría que solo proporcionan las empresas colectivas en defensa de lo que nos es común. Los aplausos desde los balcones a médicas, enfermeros, trabajadoras de la limpieza, cajeras de supermercados, expresan ese entusiasmo. Pero también la música y los cantos con los que se ha evocado al republicanismo de abril: desde el Grândola Vila Morena en todas sus versiones –la clásica de Zeca Alfonso o la punk de Reincidentes– hasta el Bella Ciao partisano, cantado en centenares de ciudades al son de palmas, acordeones, guitarras y violines.

Esta fuerza afectiva generada en el encierro está marcada por experiencias angustiantes. Pero también por otras que anuncian formas más sanas de producir, de consumir, de relacionarnos. A lo largo de estos meses, hemos vislumbrado lo que significaría salir del “progresismo fósil” y tener ciudades más respirables, ríos menos contaminados y bosques más biodiversos. También hemos constatado cómo, incluso en la peor de las emergencias, somos capaces de valiosos gestos altruistas: de cooperar para coser mascarillas, para distribuir alimentos a personas mayores, para ofrecer conciertos telemáticos gratuitos, para repartirnos los cuidados, para impulsar proyectos de ciencia abierta, compartida, o para construir respiradores en fábricas donde hasta hace dos días se montaban coches de lujo.   

Hay quien querría, en un contexto como el actual, reducir la condición humana al egoísmo desenfrenado, solo domesticable por vías autoritarias. Sin embargo, en miles de ciudades y pueblos de todo el mundo están teniendo lugar experiencias colaborativas, de ayuda mutua, que no pueden menospreciarse. Entre otras razones, porque prefiguran, de manera acaso imperfecta, lo que el poeta y activista ecosocialista Jorge Riechmann describe bellamente como una “república de la que formen parte plantas y animales (…) una república con bóvedas de tiempo y de silencio, acogedora con la mano, con el ala, con la garra, con la naranja y la menta; una república perfumada con la agilidad del trabajo y con el sudor de los amantes”.

Que esta visión, como la que nos ha legado el republicanismo de abril, forme parte del futuro, depende en gran medida de nosotros. De nuestra capacidad para salir de esta crisis con más consciencia de nuestra vulnerabilidad e interdependencia. Pero también con la voluntad decidida de hacer de este mundo un sitio más amable, menos cruel, para todos y cada uno de los que en él habitamos. 

Republicanismo desde los balcones

Publicado en Público 14/4/20

Al menos desde el siglo XIX, todos los procesos de democratización que España ha experimentado como Estado monárquico y colonial han tenido, de una u otra manera, una impronta republicana. Este impulso siempre tuvo en la batalla contra el privilegio y las desigualdades uno de sus principales desvelos. Y siempre se topó con parecidos obstáculos: contextos internacionales adversos, una reacción pugnaz de las elites políticas y económicas de la época y las propias desavenencias y titubeos de las fuerzas republicanas.

Hoy, miles de personas evocarán desde sus balcones, y en medio de una dolorosa pandemia, la mañana del 14 de abril que trajo la República en ciudades como Éibar, Valencia o Barcelona. Al hacerlo, el republicanismo de la calle y el de las instituciones recuperará muchas tareas pendientes y se impondrá otras nuevas. Deberá hacerlo con memoria, pero también con imaginación, coraje, y con sentido de la inédita emergencia social que tiene por delante.

El republicanismo y la defensa del buen gobierno

La historia del republicanismo peninsular es la historia de una larga lucha por la regeneración y la democratización política y social. Nació para defender libertades básicas y bienes comunes frente a los regímenes caciquistas y corruptos surgidos al amparo de la Monarquía borbónica.

Las primeras figuras del panteón republicano, de hecho, están vinculadas a esa batalla contra el mal gobierno. Aquí brillan, todavía hoy, desde el asturiano Rafael de Riego –no en vano la marcha de sus tropas se convertiría en himno no oficial de la II República– a la granadina Mariana Pineda, ambos mártires en la lucha contra el régimen «felón y canalla» de Fernando VII de Borbón.

Lo mismo puede decirse de los miles de republicanos y republicanas anónimas que se enfrentaron a la Monarquía y a las oligarquías de su tiempo para expandir esas libertades. Personalidades como la obrera textil catalana, Teresa Claramunt, anarquista e impulsora de la primera Sociedad Feminista española. O la abogada Clara Campoamor, pertinaz defensora en las Cortes constituyentes de 1931 del derecho al divorcio, a la no discriminación  por razón de sexo y al sufragio femenino.

La lucha republicana por las condiciones materiales de la libertad

El republicanismo democrático, en realidad, siempre entendió que la defensa de la libertad exigía la garantía igualitaria, a todas las personas, de las condiciones materiales de existencia.

Por eso, no solo se preocupó por ampliar el derecho de voto o la libertad de cultos, sino de garantizar, además, los elementos básicos del derecho a la existencia: el acceso a educación, sanidad y vivienda adecuadas, la garantía de un ingreso básico y de condiciones de trabajo decentes.

Hoy sorprende –pero no debería olvidarse–, que en su momento más avanzado el movimiento republicano hizo Ministro de Industria a un trabajador del vidrio, cooperativista, que había aprendido a leer a los veintidós años, como Joan Peiró. O que llevó al Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales a la primera ministra mujer en España, la anarquista Federica Montseny.

Muchas de estas batallas por la ampliación de derechos, todavía vigentes, se vieron frustradas o quedaron inconclusas. Pero hicieron evidente que la defensa de lo público, de lo común, no era posible sin la imposición de límites a la acumulación indiscriminada de riquezas.

Por eso, el republicanismo más igualitario del siglo XIX tuvo claro que la democracia económica exigía justicia fiscal y distribución equitativa de bienes, y que los usos especulativos o abiertamente abusivos de la gran propiedad privada no podían tolerarse.

El artículo 128 de la Constitución de 1978, que con razón se cita en estos tiempos de pandemia para exigir un mayor control público sobre clínicas y laboratorios privados, para evitar la especulación en materia de alquileres, alimentos, o residencias de personas mayores, tiene su antecedente en el artículo 44 de la Constitución republicana de 1931. Aquel artículo no solo establecía que «la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía». También permitía –al igual que las Constituciones republicanas de México y de Weimar– socializar la propiedad e incluso realizar expropiaciones forzosas mediante adecuada indemnización, «a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes».

La resistencia oligárquica al republicanismo democrático

Uno de los dramas del republicanismo fue tener que aplicar estos programas de reconstrucción en tiempos de crisis internacionales, así como en medio de una pugnaz resistencia de las oligarquías políticas y económicas de turno, comenzando por el bloque de los grandes rentistas (el gran «partido» agrario, en el siglo XIX, el poderoso «partido» inmobiliario-financiero, desde el siglo XX hasta ahora).

La I República llegó tras la derrota de la Comuna de París y en medio de la Gran Depresión de 1873. La II tuvo que batallar en medio del crack del año 30. Los movimientos republicanos que se enfrentaron el franquismo llegaron a gobernar ciudades importantes en los años 80. Pero tuvieron que hacerlo en el marco de la crisis del petróleo desatada unos años antes. Y lo mismo ocurrió con los movimientos municipalistas republicanos, nacidos del 15-M, que tuvieron que gestionar sobre la herencia dejada por otra crisis capitalistas mundial, la de 2008.

La mejor de la tradición republicana entendió que solo había una manera de vencer estos obstáculos y de ampliar la democracia política y económica: analizar con rigor la realidad y fortalecer la organización y participación popular, social, para conseguir que los cambios llegaran lo más lejos posible.

El municipalismo como principio republicano

Esa convicción de eficacia democrática llevó al republicanismo peninsular a asumir de manera extendida el municipalismo. El ámbito local, justamente, aparecía como el más idóneo para impulsar, sobre todo en tiempos de crisis, experiencias cooperativas, de autoorganización, que luego podían proyectarse a otras escalas más amplias.

La vida municipal republicana dio personalidades admirables e inspiradoras. Como la de Fermín Salvochea, alcalde del «Cantón de Cádiz» en 1873 y lector voraz de Tom Paine y de Piotr Kropotkin. O como la de maestra Natividad Yarza Planas, nacida en Valladolid y elegida primera alcaldesa por sufragio universal en una candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya en 1934. O como la del fino pensador galleguista, Ànxel Casal, editor de la Revista ‘Nos’ y alcalde de Santiago de Compostela hasta su asesinato por las fuerzas golpistas en 1936.

Ciertamente, en España hubo siempre un republicanismo unitarista o uniformista. Pero la mejor tradición republicana hispana fue la que de manera más clara entendió que la batalla por la democracia política y social era inescindible de la lucha por la democracia territorial y por el  reconocimiento de la pluralidad nacional y regional interna.

Un republicanismo plural, federal y confederal

La defensa de un republicanismo anticentralista, federal o confederal, comenzó a circular en la segunda mitad del siglo XIX de la mano de figuras como Joan Bautista Guardiola –»España no forma una sola nación, sino un haz de Naciones»– o como el Francesc Pi i Margall, autor de obras de una gran influencia en su tiempo como La reacción y la revolución, de 1854, o Las Nacionalidades, de 1882.

En realidad, basta con echar un vistazo a la historia de los siglos XIX y  XX, y a la breve del siglo XXI, para advertir que la tradición republicana democrática ibérica está atravesada por diversos republicanismos nacionales y regionales, con elementos singulares y comunes, todos ellos partidarios de fórmulas de articulación federales y confederales.

Esto puede advertirse en el republicanismo castellano, inspirado en la experiencia comunera de 1521 y con tener defensores tan relevantes como Anselmo Carretero, vinculado al PSOE. También es riquísima la historia del republicanismo andaluz, con expresiones notables como la Constitución de Antequera de 1883 o el pensamiento de Blas Infante. O la del republicanismo democrático vasco de la segunda mitad del siglo XIX, federal y fuerista, lleno de obreras y obreros que cantaban la Internacional junto al Guernikako Arbola. O la del republicanismo gallego, encarnado en artistas y pensadores universalistas y pacifistas, como Castelao. Y lo mismo podría decirse del poco conocido republicanismo mallorquí de un Francesc de Sales Aguiló, o de las diferentes tradiciones del republicanismo catalán como las que encarnaron Francesc Macià, Andreu Nin, Neus Català, Joan Lluhí i Vallescà o Lluís Companys (quien en 1934 llamaba a resistir conjuntamente a la extrema derecha y al fascismo desde «el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República federal libre y magnífica»)

Conocer, poner a dialogar y hacer crecer esta mirada municipalista, plurinacional, partidaria de articulaciones institucionales federales y confederales, es uno de los grandes retos del republicanismo de nuestro tiempo. Un republicanismo que debe estar atento para que la necesaria colaboración y coordinación que exige la actual emergencia socio-sanitaria no impida federar y compartir decisiones y no se resuelva en una recentralización que lesione el pluralismo y el principio democrático de autogobierno.

Un republicanismo no colonial, antirracista y antibelicista

De la misma manera, el republicanismo debería tomar nota de la necesidad de estrechar los lazos fraternales con los pueblos que también luchan por una mayor democracia política y económica.

Ya a comienzos del siglo XIX, el republicanismo peninsular estableció un estrecho vínculo de exilios y cooperación que se desplegó más allá de la península, sobre todo en los territorios del antiguo imperio. A partir de las revoluciones norteamericana y francesa y de la temprana revolución que en 1804 dio lugar a la República negra de Haití, el avance del republicanismo y de su impronta democratizadora en España y en Iberoamérica se retroalimentaron. Un Riego, un Pi Maragall, no solo luchaban por democratizar su tierra. También batallaban, indirectamente, por una nueva América. Del mismo modo que Bolívar, San Martín, y sus tropas de indígenas, criollos y mestizos, favorecían la irrupción de una nueva España, que rompiera con su herencia monárquica e imperial.

Desde entonces, este iberoamericanismo no colonial, fraternal, ha estado presente en algunas tradiciones republicanas peninsulares. El poeta republicano portugués Antero de Quental, por ejemplo, sostuvo en 1871 que la causa de la decadencia de los pueblos peninsulares eran la monarquía, la confrarreforma católica y la expansión ultramarina. Y como alternativa a ello, propuso un republicanismo ibérico municipalista, federal y anticolonial.

Estas ideas se han mantenido vivas, de un modo otro, con las diferentes corrientes de solidaridad que en América recibieron a exiliados del franquismo y de la dictadura de Salazar, o que más tarde, recibieron a perseguidas o víctimas de las dictaduras latinoamericanas de finales del siglo XX. Son las mismas redes republicanas que hoy siguen denunciando los desmanes belicistas de Donald Trump o los vínculos de Jair Bolsonaro, Iván Duque o Sebastián Piñera con las derechas neocoloniales españolas.

En realidad, el internacionalismo, el antirracismo y el anticolonialismo deberán ser principios irrenunciables del republicanismo democrático en este tiempo de pandemias. Para denunciar, una y otra vez, la falsedad y los privilegios mezquinos que esconden los discursos nacionalistas racistas, xenófobos y belicistas (el artículo 6 de la Constitución republicana de 1931 renunciaba a la guerra como instrumento de política exterior). Y también para mostrar que solo la cooperación internacional y el intercambio de saberes, información y recursos, pueden evitar la desaparición de la humanidad a causa de nuevos virus, de una emergencia climática irreversible o del uso de armas de destrucción cada vez más letales.

Recordar para construir un republicanismo del siglo XXI

Nada de esto puede darse por descontado. Hoy como ayer, el republicanismo democrático sigue teniendo al frente poderosos adversarios. Defender lo público, lo común; acabar con las prebendas fiscales de las grandes fortunas; garantizar ingresos básicos a todas las personas; avanzar en justicia social y ambiental; asumir sin retórica las exigencias del movimiento feminista; reforzar el municipalismo y el pluralismo nacional. Todo eso exige remover privilegios arraigados que no se ceden de la noche al día. Ni siquiera en tiempos de pandemia.

La falta de aliados internacionales, la respuesta mezquina de las élites europeas, siguen siendo obstáculos formidables. Y también la cerril oposición interna, que incluye a las empresas del IBEX, a los grandes rentistas y a derechas cerriles, capaces de contemporizar, aun hoy, con el pasado absolutista e imperial, o con la dictadura franquista.

Esta es la trama –en la que la Monarquía borbónica sigue siendo una pieza central– que las fuerzas republicanas deben deshacer. Con sentido de la responsabilidad y renunciando a un sectarismo que pondría las cosas fáciles a los nuevos heraldos del odio y del privilegio. Pero también con audacia, con valentía, con sentido autocrítico, conscientes de que no hacer lo suficiente, o llegar demasiado tarde, sería el camino directo a la propia tumba.

Que este 14 de abril sirva para aprender de los errores. Que sirva también para levantar, aunque sea en los balcones, los anhelos plurales del republicanismo democrático, del pasado y del futuro. Y que sirva –¡cómo no! – para recordar a los más jóvenes, como pedía Max Aub, que aquellas republicanas y republicanos que nos precedieron en su lucha «rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados en escapar», eran lo mejor del género humano.

¿Qué esconde el rey emérito?

Si se sigue vedando al Parlamento el debate político de estos hechos, la exigencia de transparencia no hará sino crecer, y el cuestionamiento de Juan Carlos bien podría alcanzar, más temprano que tarde, al propio Felipe VI

Publicado en CTXT 9/03/2020

No lo ocultaré. Soy republicano. Mi abuelo Antonio, nacido en Granada, llevaba con orgullo en Argentina su carnet de republicano en el exilio, firmado por José Giral. También aprendí, de mi maestro Toni Domènech, que el republicanismo democrático es una filosofía política de la libertad, y que nadie es libre si tiene que pedir permiso a unos pocos privilegiados para subsistir dignamente. En ese rechazo del privilegio, de las prebendas odiosas, se fundamentan mis convicciones antimonárquicas. Unas convicciones que se han afirmado, en los últimos días, con las noticias publicadas por la prensa internacional sobre las presuntas comisiones ilegales al rey emérito Juan Carlos de Borbón. 

En otras monarquías parlamentarias el debate sobre los gravísimos hechos atribuidos al ex monarca habría transcurrido de manera diferente. Pero no es el caso del Reino de España, en el que la dinastía borbónica ha gozado históricamente de inmunidades y privilegios que le han permitido ocultar desmanes varios e innumerables casos de corrupción. No haber pasado por revoluciones antiabsolutistas, como la inglesa de 1648 o la francesa de 1789, se nota. Y deber la propia restauración a un régimen como el franquista, cuya pesada sombra se proyecta en parte de la Constitución e incluso en el poder legislativo y judicial, también. 

No cuesta imaginar el terremoto que hubiera supuesto en otros países la noticia de que un rey emérito habría recibido 100 millones de euros a cambios de favores de una dictadura

No cuesta, en efecto, imaginar el terremoto que hubiera supuesto en Suecia, en Noruega o en el propio Reino Unido la noticia de que un rey emérito habría recibido 100 millones de euros a cambios de favores de una dictadura acusada de violar derechos humanos de manera sistemática. Tampoco es difícil conjeturar el escándalo que habría suscitado saber que ese dinero podría haberse destinado a operaciones de blanqueo, fiscalmente fraudulentas, o que podría haberse donado a una señora que ha denunciado ante la justicia británica amenazas y coacciones que podrían implicar al mismísimo Centro Nacional de Inteligencia. 

But Spain is different. Y aquí el debate, por increíble que parezca, versa sobre la posibilidad de crear o no una Comisión parlamentaria para evaluar estas acusaciones con luces y taquígrafos y para que la opinión pública tenga información veraz sobre las mismas. El origen de este dislate tiene que ver con los propios privilegios jurídicos con los que se configuró la monarquía borbónica durante la Transición. El principal, una interpretación a todas luces desmedida de la inviolabilidad real establecida en el artículo 56.3 de la Constitución. 

En estos días, este precepto ha sido invocado como una jaculatoria para sostener que aunque los hechos que se imputan a Juan Carlos de Borbón sean ciertos, no podría ser juzgado ni investigado por ellos. Lo impediría la inviolabilidad regia, que se prolongaría en el tiempo como una regla inalterable.  

Ocurre, sin embargo, que esta interpretación no resiste un mínimo sentido común. De entrada, porque en una monarquía realmente parlamentaria, informada por el principio democrático y por la sujeción de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico, la inviolabilidad del rey solo puede aceptarse bajo una condición: que la responsabilidad política de sus actos como Jefe de Estado se traslade a quienes los refrendan, esto es, a los ministros o al propio Presidente de Gobierno.  

Esta condición no es ociosa. Tiene –como bien han señalado los juristas José Antonio Martín Pallín y José Luis Martí– dos consecuencias. La primera, que el refrendo o la cobertura política, por así decirlo, de los actos del rey solo se pueden atribuir a aquellos directa o indirectamente vinculados al ejercicio de sus funciones. Solo tiene sentido, en efecto, trasladar la responsabilidad regia a otros representantes públicos cuando se esté ante actos en los que el rey representa al Estado, pero no así en caso de actos ajenos a esas funciones, mucho menos si son susceptibles de constituir delitos. Sería absurdo –ni siquiera el propio Tribunal Constitucional se ha atrevido a decirlo así– que si el rey roba dinero, agrede sexualmente a una mujer, o como es el caso, se ve implicado en cobros de comisiones o en operaciones de fraude fiscal, se presuma su irresponsabilidad y sus actos queden totalmente impunes. 

Por otro lado, la inviolabilidad tampoco es eterna. Si el rey abdica, no hay razón alguna para no atribuirle los efectos de los actos que realiza, aun cuando estos hubieran comenzando en el momento en el que todavía era monarca. Esto es especialmente relevante en el supuesto de probables delitos fiscales como los denunciados por la prensa internacional. Si el rey blanqueó dinero o defraudó a Hacienda, aquellos actos que se iniciaron en el pasado siguen teniendo efectos en el presente y deberían poder ser investigados. 

Que existe un claro interés público en que estas actuaciones del rey emérito sean conocidas y discutidas en sede parlamentaria puede parecer obvio. Pero debe ser explicado precisamente porque el propio sistema ha hecho lo posible para dificultarlo. Otro jurista, Javier Pérez Royo, señalaba hace unos días que cuanto más se levanta el secretismo en torno a ciertas conductas de Juan Carlos de Borbón, mejor se entienden muchas cosas: por qué abdicó, la manera en que lo hizo y la obsesión por intentar prolongar en el tiempo su inviolabilidad material, confiando su custodia al Tribunal Supremo. 

Sin embargo, que se haya atribuido al Tribunal Supremo el juzgamiento de actos que afecten al ex monarca no debería excluir, en ningún caso, la investigación política, parlamentaria, de dichos actos. Que el rey sea penalmente inviolable no quiere decir que no sea criticable. Por el contrario, el propio Tribunal de Estrasburgo ha amonestado en más de una ocasión al Reino de España por utilizar los delitos de injurias contra la Corona para cercenar la crítica a una institución que, al igual que otras, no puede quedar exenta del escrutinio público.

Cuanto más se levanta el secretismo en torno a ciertas conductas de Juan Carlos mejor se entienden por qué abdicó, la manera en que lo hizo y la obsesión por intentar prolongar en el tiempo su inviolabilidad material

Si esto es así, también resulta evidente que la única manera de que la crítica pueda ejercerse con conocimiento de causa es que sea informada. Eso quiere decir que aunque Juan Carlos I no fuera encontrado culpable penalmente, pongamos por caso, en Suiza o en el Reino Unido, eso no le daría derecho a mantener sus actos en un ámbito puramente privado. Primero, porque la ciudadanía tiene derecho a saber lo que hacen sus representantes, comenzando por los que, no habiendo sido elegidos democráticamente, cuentan con una protección penal que resultaría inadmisible tratándose de otros cargos públicos. Segundo, porque estas acusaciones de enriquecimiento ilícito podrían no ser las únicas, si se tiene en cuenta las numerosas publicaciones –como la revista Forbes– que han atribuido al monarca una cuantiosa fortuna con la que no contaba al acceder al trono. 

De momento, los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados han informado negativamente todas las iniciativas parlamentarias destinadas a pedir información sobre la Casa Real o sobre actuaciones de la monarquía. Algunas de estas negativas han suscitado recursos frente al Tribunal Constitucional, que tampoco se ha atrevido a cerrar todas las vías de investigación, sobre todo tratándose del rey Emérito. Si las noticias que aparecen en los medios de comunicación se van confirmando y las causas sobre corrupción de Juan Carlos de Borbón se abren camino en otros países, no se entenderá que en España se sigan poniendo obstáculos a la investigación parlamentaria.

Exigir a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones legales, comenzando por las tributarias, y negarse a examinar la evidencia sobre graves acusaciones de corrupción que afectan a las magistraturas más altas, implicaría un serio debilitamiento de la democracia y de la legalidad que ninguna razón de Estado podría justificar.   

En 2011, mientras salían a la luz los delitos por los que fue condenado su yerno, Iñaki Urdangarín, fue el propio Juan Carlos de Borbón quien en un discurso de Navidad exigió ejemplaridad a todos los representantes públicos, incluido él mismo. Hoy esta ejemplaridad, como ya ocurrió con otros miembros de la dinastía borbónica a lo largo del siglo XIX y XX, está severamente puesta en duda. Si se persiste en la ley del silencio, si se sigue vedando al Parlamento el debate político de estos hechos, la exigencia de transparencia no hará sino crecer, y el cuestionamiento del rey emérito bien podría alcanzar, más temprano que tarde, al propio Felipe VI.