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Resistir sin perder la ofensiva, dentro y fuera de las instituciones

Cuesta concebir una política emancipadora que no asuma este triple desafío: actuar en el Estado, contra el Estado, y fuera y más allá de él. Esto es lo que hay que reinventar con urgencia. Y hacerlo colectivamente

Gerardo Pisarello 18/12/2023

El viernes 15 de diciembre, CTXT fue anfitriona de un debate en línea en el que Yayo Herrero, Amador Fernández-Savater y quien esto escribe, conversamos sobre el papel de las izquierdas y de los movimientos sociales frente al ascenso reaccionario global. Creo que fue un debate estimulante y muy necesario. Por la manera directa pero respetuosa con la que se plantearon acuerdos y desacuerdos. Por las reflexiones punzantes que suscitó entre quienes intervinieron desde sus casas. Por la modestia con la que se expresaron dudas e incertezas. Y sobre todo, porque nada de lo que se dijo abonaba el cinismo o la resignación frente a las injusticias de nuestro tiempo. Por el contrario, fue un debate pensado para sacudirnos y estar a la altura del contexto de emergencia en el que nos encontramos.

El disparador de la discusión fue un artículo publicado por Amador en CTXT, bajo el título Defender recreando (a propósito de la izquierda y la Constitución). En ese texto, Amador comentaba un acto organizado por el Grupo plurinacional de Sumar en el Congreso por los 45 años de la Constitución de 1978. En aquel acto breve, pensado más para la prensa que para el debate público, intervinimos tres personas, con coincidencias y también, creo, con matices personales. Lo cierto es que, tras seguir la transmisión, Amador detectó algunos problemas que son objeto de sus preocupaciones hace tiempo. El fundamental, una mirada demasiado defensiva sobre el papel de la Constitución y de ciertos cambios legales en la actual coyuntura de ascenso de la ultraderecha. El segundo, una mirada en exceso institucionalista, estatalista, que en su opinión se aleja de la de movimientos como el 15-M y refuerza una desafección que las derechas radicalizadas saben utilizar en su provecho.

Hay una mirada en exceso institucionalista, estatalista, que se aleja de la de movimientos como el 15-M

No todas las objeciones que Amador plantea fueron sostenidas realmente en el debate al que se refiere. Pero las dos señaladas tienen mucho de pertinentes y merecen una reflexión. Entre otras razones, porque forman parte de debates que están teniendo lugar no solo en el contexto hispano, sino también en otras latitudes. Ya que CTXT nos ha dado la oportunidad, aprovecho estas páginas para presentar tres ideas que intentan aclarar mi punto de vista y ofrecer algunos argumentos para continuar la discusión.

1. Hay que resistir sin renunciar ni a la autocrítica ni a un horizonte transformador.

Hay una primera cuestión, de fondo, que comparto plenamente con Amador. En un escenario internacional dominado por un capitalismo desembridado y por la irrupción de un fuerte movimiento reaccionario, tenemos que poder defendernos sin asumir una mirada defensiva.

Efectivamente, en un mundo en el que miles de activistas o colectivos en situación de vulnerabilidad por razones de clase, de género o de origen étnico, son amenazados, agredidos, e incluso asesinados, hay que poder defendernos y hay que poder protegernos. Con todo, es innegable que limitarnos a estabilizar las líneas defensivas puede convertirse en el camino más expedito para acabar perdiéndolo todo.

Esto es así por muchas razones. Primero, porque no toda situación de bienestar aparente o real es digna de ser defendida. Como lúcidamente señaló Yayo Herrero en el debate en línea de CTXT, hay muchos supuestos en los que resistir sería mantenernos anclados en prácticas insostenibles. Esto es evidente, por ejemplo, en un contexto de contracción del uso de energía y de materiales, en el que resistir no puede equivaler a conservar prácticas no generalizables que, por el contrario, deberían ser radicalmente revisadas. Pero hay una segunda razón por la que no podemos limitarnos a la resistencia. Porque mantener algunas regulaciones públicas y ciertas mejoras materiales en la vida de las personas no bastará para que éstas recuperen su fe en la política y en una democracia que no se comporta como tal.

Yo no desdeñaría lo que Amador parece considerar asuntos menores como pelear desde las instituciones para mejorar salarios, reforzar la sanidad pública, aumentar impuestos a las grandes fortunas, o evitar cortes de luz o subidas de alquileres. De entrada, porque como él mismo admite, son cuestiones vitales para quienes peor están y para quienes ya han perdido demasiado en estos años. Luego, porque no hay nada peor ni más desmovilizador que unas izquierdas incisivas en “el relato” pero incapaces de concretar sus consignas cuando tienen la oportunidad institucional de hacerlo.

Dicho esto, no puedo estar más de acuerdo con Amador en que la política no puede reducirse a simple gestión o a simple administración. Debe ser capaz de confrontar con la fatalidad distópica y plantear futuros alternativos y deseables. Obviamente, esto encierra un riesgo. El de empeñarse, como también apuntaba Yayo Herrero, en “ilusionar” a personas que acaban siendo tratadas como niños pequeños o como consumidores pasivos de un producto de marketing. El desafío es otro: repensar, lo más colectivamente posible, horizontes de transformación capaces de movilizar los deseos de la ciudadanía de apropiarse de la política. Muchos de estos horizontes: republicanos, feministas, antirracistas, poscapitalistas, pueden no aparecer como inmediatos. Pero deben ser pensados y anticipados en prácticas concretas, si no queremos que sean las derechas radicalizadas quienes acusen a las izquierdas de “castas” y se hagan con el imaginario contestatario y anticonservador.

2. Seguimos necesitando procesos constituyentes que habiliten transformaciones de fondo, pero mientras tanto, tenemos que poder disputar la legalidad existente.

Hay un segundo debate que suscita Amador en su artículo. Está vinculado al primero y tiene que ver con las mediaciones legales que permiten, no solo garantizar los “pequeños bienes” de los que habla Santi Alba Rico, sino abrir horizontes transformadores más amplios. En este punto, Amador lamenta que las izquierdas hayan abandonado la apelación a nuevos procesos constituyentes, como en tiempos del 15-M, y se resignen a disputar la Constitución de 1978 a las derechas radicalizadas.

Amador lamenta que las izquierdas hayan abandonado la apelación a nuevos procesos constituyentes

Comienzo, también aquí, por darle la razón. Yo mismo escribí en 2014, al calor de las movilizaciones indignadas y del auge del soberanismo catalán, un ensayo titulado Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática. Allí defendía la necesidad de aprovechar todas las grietas para impulsar lo que en países como Bolivia o Ecuador había dado lugar a nuevas Constituciones que habilitaban la conquista de nuevos marcos interpretativos y de pequeños y grandes bienes, tanto personales como colectivos.

Aunque quizás no fui lo suficientemente claro, en mi intervención en el Congreso insistí, como hago cada año que llega el aniversario de la Constitución, en que no podemos abandonar esa perspectiva constituyente. Incluso si no estamos en un momento “caliente” como el del 15-M, sigue siendo fundamental no renunciar a un horizonte radicalmente republicano, feminista, ecosocial, ni a propugnar lo que Xosé Manuel Beiras llama “un proceso de procesos constituyentes”.

Naturalmente, eso no nos exime, como en tantos otros ámbitos, de lidiar con el “mientras tanto”. Aquí, mi propuesta es doble. Por un lado, no dejarnos enzarzar en el debate estéril sobre la reforma de una Constitución –la de 1978– deliberadamente pensada para no ser reformada en sus aspectos sustanciales. Por otro, plantear, sin renunciar al horizonte constituyente, una interpretación garantista de los contenidos sociales y democráticos ya existentes y que las derechas radicalizadas pisotean o incumplen de manera sistemática.

Quiero aclarar que no estoy hablando de blandir el librito de la Constitución como si fuera un fetiche que contuviera todos nuestros anhelos. Simplemente, se trata de exigir, como hacía la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cuando salía a la calle con carteles que decían “Artículo 47”, que sus promesas sociales y democráticas se cumplan. Mucho más ahora, cuando tenemos unas derechas que las ignoran o las pisotean abiertamente mientras parecen suspirar por las Leyes Fundamentales de la dictadura. 

Llegados a este punto, planteé en el Congreso una cuestión acaso polémica, pero que me parecía importante abordar: distinguir la Constitución del 78 del Régimen del 78. En mi opinión, lo que llamamos el Régimen del 78 es un régimen de poder que tiene su origen en los pactos de la transición. Pero que cristaliza décadas después, con el Aznarato y con la contrarreforma del artículo 135 constitucional que consagra la prioridad del pago de la deuda sobre otros objetivos sociales.

En mi opinión, lo propio de ese Régimen bipartidista fue utilizar el Parlamento y un Tribunal Constitucional cada vez más conservador para desactivar los contenidos más avanzados que el antifranquismo había logrado imprimir en la Constitución y para estrechar los márgenes para una interpretación garantista de la misma. Esto explica que, con la eclosión del 15-M, muchos movimientos sociales comenzáramos a exigir un proceso constituyente que rompiera “con el candado del 78”.

Hoy, me parece, la situación se ha tornado más compleja. Porque ya no solo tenemos que cuestionar lo que fue el Régimen del 78, hoy parcialmente superado con los últimos gobiernos de coalición y con los cambios en la composición del propio Tribunal Constitucional. También nos toca enfrentarnos a unas derechas que en más de un extremo son pre-Régimen del 78. Para entendernos: nostálgicas del franquismo y negacionistas del derecho internacional de los derechos humanos y de los elementos más garantistas de una Constitución a la que ignoran cuando les conviene.

Insisto: nada de esto nos obliga a concebir la Constitución como el punto de llegada de todos nuestros deseos ni a ignorar los cepos que los herederos de la dictadura plantaron en ella. Simplemente nos exige disputar el sentido de su contenido más garantista para derogar la ley mordaza, para hacer viable la ILP de regularización de las personas migrantes o para descriminalizar los delitos contra la Corona y otros despropósitos punitivistas. Estas últimas medidas no exigen ni complejos procesos constituyentes previos ni reformas constitucionales quiméricas. Exigen fuerza social y voluntad política para aprobar leyes y en algunos casos decretos, no ya para “mejorar la vida de la gente”, sino para que sea la gente quien, en primera persona, se apropie de la política. 

3. Hay que pensar alternativas que puedan construirse desde, contra y fuera del Estado.

Llego así a un último punto que, como puede verse, conecta con los anteriores. En su artículo, Amador señala que los partidos políticos tienden a hacer propuestas que se solventan fundamentalmente en la esfera institucional. Y que esto, una vez más, no hace sino aumentar el malestar ente quienes sienten a las izquierdas ofrecer políticas “para la gente”, pero rara vez “con ella”.

Hay transformaciones que deben plantearse a través del Estado, otras contra él, y otras fuera y más allá de sus confines

Como acabo de decir, esta observación me parece pertinente y debería ser fuente de mayor autocrítica para todos los partidos de izquierda, verdes, o con pretensiones antisistémicas que con frecuencia actuamos, como dice Amador, como “productores masivos de desafección”.

Admitido esto, sigo pensando que la cuestión no puede resolverse, como parece sugerir Amador, simplemente a través de la desestatalización. Por lo que hace al Estado, en concreto, y a las instituciones públicas, soy partidario, otra vez, de plantear una manera más compleja de relacionarnos con ellos. En la práctica, esto supone asumir que hay transformaciones que deben plantearse a través del Estado, otras contra él, y otras, por fin, fuera y más allá de sus confines, propiciando la creación y recreación de nuevos espacios de autoorganización social.

Por su escala, hay algunas transformaciones inconcebibles sin mediaciones legales e institucionales, estatales o incluso supraestatales. Yugular fiscalmente a los grandes rentistas, a la banca o a las tecnológicas, o crear empresas públicas en sectores estratégicos, son un ejemplo de ello. No creo que valga, en este punto, la caricatura de Amador cuando reduce estos objetivos a poner “un impuestito aquí o una regulación más allá”. Tampoco su idea de que el propósito de embridar a los poderes capitalistas convierta a la izquierda en “autoritaria y moralizadora, regañona y puritana”.

Cosa diferente es exigir que estas políticas públicas no sean jerárquicas y que se tomen en serio la participación comunitaria en su diseño. Pero incluso en estas formas de regulación público-comunitarias, la dimensión estatal o institucional resulta imprescindible. 

Como en los puntos anteriores, la desestatalización que plantea Amador me parece fundamental cuando de lo que se trata es de combatir las inercias burocratizadoras y mercantilizadoras de las instituciones estatales realmente existentes. Y me parece decisivo, también, si se entiende como el impulso de procesos de organización y participación desde abajo sin los cuales las políticas institucionales se anquilosan y acaban siendo fácilmente capturadas por grandes poderes económicos. En cualquier caso, cuesta concebir una política emancipadora que no asuma hoy ese triple desafío: actuar en el Estado, contra el Estado, y fuera y más allá de él.  Esto es lo que hay que reinventar con urgencia. Y hacerlo colectivamente. Porque es la única manera, como bien apunta Amador en su provocadora y lúcida reflexión, de conservar lo que merece la pena.

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Aquí puedes ver el debate ¿Resistir y/o reinventarlo todo?

En la Comisión de Exteriores

En la Comisión de Exteriores, celebrada el 24 de septiembre, defendí la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Confederal Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia en Común, relativa a las capacidades y actuaciones de distintos países para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de reforzar el sistema de gobernanza multilateral con el fin de promover la defensa de los derechos humanos y la justicia global.

Un debate importante y una reflexión en la que por primera vez en mucho tiempo la humanidad aparece unida por un interés general mucho más vital que en el pasado: el interés en la superviviencia de la especie y en la habitabilidad del planeta.

Contra lo que afirman teorías negacionistas de toda laya, hoy nos encontramos frente a problemas globales que condicionan la supervivencia de la humanidad:

  • El incremento dramático del calentamiento climático.
  • El alarmante aumento armas de destrucción masiva y los peligros de conflictos nucleares
  • Un crecimiento obsceno de las desigualdades y de la concentración de riqueza en pocas manos, que trae como resultado la muerte cada año de millones de personas por falta de alimentación y medicamentos
  • El drama de centenares de miles de migrantes que huyen de estas catástrofes climáticas y de guerras por la apropiación de recursos.

La lista, siendo realistas, sería larga. Se trata de fenómenos que sin duda plantean la necesidad de actuaciones decididas en el ámbito local y estatal. Pero que también exigen actuaciones urgentes en el ámbito internacional.

No un gobierno mundial, seguramente indesesable y peligroso, pero sí una nueva gobernanza global, un nuevo internacionalismo y un nuevo multilateralismo capaz justamente de garantizar estos objetivos la supervivencia, en condiciones dignas, de todos los pueblos y gentes del mundo y la preservación del planeta como casa común de las especies que lo habitan.

Esta es la reflexión que llevamos al Congreso, justo cuando se cumplen 75 años de la creación de las Naciones Unidas.

Al igual que la Organización Mundial del Trabajo, un año antes, las Naciones Unidas nacieron como un intento, precisamente, de trazar un nunca más a un capitalismo voraz, desenfrenado, muy similar al de nuestro tiempo, que había acabado en dos guerras mundiales y en experiencias tremendas como el nazismo, el fascismo o el colonialismo.

Desde entonces, ese experimento civilizatorio ha permitido avances importantes y ha sufrido el sabotaje a menudo, de los grandes leviatanes de Estado y de Mercado.

A lo largo de estos 75 años, en efecto, hemos visto una y otra vez a las grandes potencias intentar sabotear una y otra vez el mandato de paz, de respeto entre los pueblos, de protección de los derechos de todos, establecidos en el corpus normativo de la ONU.

Uno de los ataques más abyectos a esos principios de Naciones Unidas ha sido el perpetrado por el presidente de Donald Trump, quien traicionando el compromiso internacionalista de algunos norteamericanos insignes -pienso en Walt Whitman, en Eleonor Roosevelt, en Martin Luther King- ha dedicado su Administración a minar política y económicamente a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos unilaterales y amenazando con actuaciones belicistas irresponsables y propias de un nuevo Nerón.

Pero los ataques perpetrados contra la ONU y en general, contra el derecho internacional de los derechos humanos, no solo han tenido como protagonistas a grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia o Israel. También han tenido como protagonistas a grandes corporaciones transnacionales que incluso durante esta pandemia no han dudado en colocar sus intereses privados por encima de la Declaración Universal de Derechos Humanos o de los grandes pactos de derechos civiles, políticos, sociales y ambientales.

A pocos días del 11 de septiembre, aniversario del golpe de Estado en Chile de 1973, todavía resuenan en nuestros oídos las palabras del presidente constitucional Salvador Allende en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York advirtiendo, precisamente, sobre el enorme peligro que para las libertades y la democracia suponía la concentración de poder en manos de unas pocas empresas transnacionales.

Pues bien, en ese mundo donde los poderes salvaje de Estado y de Mercado siguen campando a sus anchas, la defensa de un nuevo internacionalismo y de un nuevo multilateralismo respetuoso con la democracia y los derechos humanos tiene más sentido que nunca.

A pesar de sus numerosos incumplimientos, de los ultrajes sufridos, la Declaración de Derechos Humanos, los grandes Pactos de derechos civiles, políticos y sociales, la Convención contra la tortura, la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, la propia Agenda 2030, siguen siendo el embrión, como dice Luigi Ferrajoli, de lo que hoy podría ser una Constitución para el Planeta Tierra.

Como recordó el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, no se trata de defender un gobierno mundial. Se trata de defender una gobernanza diferente, multilateral, que contribuya al desarme y a frenar las guerras, que haga de los alimentos y medicamentos básicos derechos universales, y que convierta al agua, al aire, a los bosques, en bienes comunes de la humanidad.

Puede que tenga algo de utópico, pero es mucho más realista que el mundo de desigualdad, violencia y depredación ambiental que nos espera si no ponemos ya límites claros, locales y globlales, a la descarnada ley del más fuerte.   

También en la misma Comisión intervine para posicionar a nuestro grupo parlamentario en el debate de la Proposición no de Ley del Grupo Socialista sobre un nuevo impulso a la lucha contra el racismo tras
el homicidio de George Floyd.

✊🏿 George Floyd, Jacob Blake, Breonna Taylor, Rodney King, nombres que nos dicen que no habrá normalidad alguna, con o sin pandemia, mientras haya cientos de miles de personas asesinadas impunemente, víctimas de la brutalidad policial o del racismo neofascista solo por el color de su piel.

✅ Una Europa que se quiera solidaria no puede permanecer indiferente a los gritos de Minneapolis, de Nueva York y de tantas ciudades de Estados Unidos que han vuelto a hablar con la voz desgarrada y firme, de Nina Simone, de Angela Davis, para decir al Gobierno criminal de Trump que no se dejarán matar, que resistirán, como resistió Rosa Parks y que no habrá justicia social sin justicia racial y sin justicia de género.

🎥 Sobre las movilizaciones de #BlackLivesMatter

«¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?»

Bajo el título «¿Autoritarismo neoliberal o radicalización democrática?» participé en el segundo episodio del ciclo de entrevistas organizado por el Instituto Democracia y el Circuito Cultural JJ.

“Mi impresión es que sin los gobiernos progresistas populares esto hubiera sido un auténtico desastre. Uno tiene las pruebas porque hay gobiernos neoliberales y neofascistas que están actuando con un total desprecio por la vida humana. Sobre todo, por la vida humana de las clases populares, de la gente de mayor situación de vulnerabilidad a la que han enviado a la muerte de manera directa. Si uno observa la cifra de gente muerta en Brasil o en Estados Unidos, y además estudia eso desde una perspectiva de clase, verá que lo que ha habido es un elitismo despiadado y una absoluta indiferencia por la vida de la gente más humilde, por parte de esos gobiernos.”

🎥 Comparto la entrevista que me realizaron Andrea Vallejos y Ulises Bosia.

Diversas intervenciones en el Grupo de Trabajo de la UE, de la Comisión de Reconstrucción

Hoy en el Congreso han tenido lugar varias comparecencias ante el Grupo de trabajo UE, de la Comisión de Reconstrucción.

Más allá del nuevo escenario geopolítico peligrosamente en movimiento con personajes irresponsables como Trump y la voluntad política de las fuerzas progresistas del Sur de Europa para que esta crisis no repita los errores de la anterior, con medidas «austericidas», he querido recordar a los que más sufren: las personas que cruzan el Mediterráneo en búsqueda de una vida digna y que esa Europa, a la que se le llena la boca de derechos y bienestar, les da la espalda.

También he querido solidarizarme con la población estadounidense que se ha levantado, con rabia, contra la violencia policial, racista, en ese abismo de desigualdades que les golpea a diario.

Defendiendo el republicanismo de las cosas concretas, el republicanismo ilustrado, que se contrapone al egoísmo de las élites y sus defensores a ultranza, que no aceptaron una salida a la crisis social y ambientalmente justa.

Republicanismo democrático y procesos constituyentes, con Juan Pablo Sanhueza Tortella.

La Fundación Chile Movilizado me invitó el pasado 24 de mayo, al episodio #momentopopulista sobre republicanismo democrático y procesos constituyentes. Ha sido una hora larga de conversación con Juan Pablo Sanhueza Tortella, con el que he compartido ideas y reflexiones, con mucha complicidad en lo común y un gran afecto.

“La gran cuestión es quién paga esto: si la gente trabajadora o los que más tienen”.

Declaraciones en el programa Siempre es Hoy de Cítrica Radio con Daniel Tognetti @TognettiDaniel y Raúl Dellatorre @DellatorreRaul

El mundo que resultará de todo esto

Nueve retos para un tiempo de pandemias

Publicado en CTXT 9/04/2020

Los últimos datos de países como China, Italia o España, parecen anunciar una cierta estabilización de los índices de contagio de Covid-19. Mientras no haya una vacuna, estas tendencias no pueden considerarse irreversibles. Pero permiten vislumbrar una fase caracterizada por una mayor flexibilización de los confinamientos domiciliarios y una mayor reactivación de la actividad económica.

Este panorama está generando un debate inédito, propiciado por las redes sociales, sobre el mundo que resultará de las decisiones que se adopten hoy. Si será más igualitario o irremediablemente desigual. Si más libre o más autoritario. Si más o menos cooperativo. El objetivo de estas líneas es plantear nueve desafíos –nueve: el signo de la persistencia, la empatía y el sentido humanitario– que este nuevo tiempo de pandemias impone.

1) Reconstruir la economía para cuidar la vida

Si algo está poniendo de manifiesto el Covid-19 es la necesidad de una profunda revisión de las políticas de precarización, de recortes sociales y de crecimiento insostenible practicadas en las últimas décadas. Esto supone reconstruir la economía para preservar la salud y asegurar una vida digna. Y distinguir, para ello, las actividades económicas esenciales que deberían ser potenciadas, de aquellas que deberían reorganizarse o simplemente refrenarse.

Una de las primeras consecuencias de esta reflexión es la necesidad de priorizar las actividades productivas sostenibles sobre las depredadoras y especulativas. En poco tiempo, en efecto, se ha tomado conciencia del enorme error que ha supuesto el desmantelamiento y deslocalización de sectores industriales enteros y la importancia de su utilización para construir hospitales, para fabricar respiradores o para producir material de desinfección e incluso equipamientos de protección cuya escasez está dando lugar a fraudes y a subastas especulativas en el mercado internacional.

Nada de esto supone una evocación nostálgica de las chimeneas humeantes y contaminantes. Pero sí aceptar las ventajas que ofrece la digitalización –intercambio de prototipos en tiempo real, impresión 3D– para devolver a la industria un papel central en el despliegue de sectores clave para una mejora de la salud pública, desde la agroecología a la rehabilitación urbana.

La vida en el confinamiento, en efecto, está permitiendo comprobar lo que significaría vivir con menos contaminación y un aire más respirable. No es descartable que esta experiencia ayude a que la batalla contra la recesión provocada por la pandemia no se traduzca en un regreso al productivismo ciego y desbocado de los últimos años, sino en la construcción de una economía diferente: reindustrializada, pero orientada a sectores con alto impacto ecológico, como la reforestación, la fabricación de transporte público no contaminante o el despliegue de infraestructuras para energías renovables.

Mucho de esto tiene que ver con el despliegue de actividades y servicios vinculados a lo que el feminismo y el ecologismo denominan una economía que cuide la vida. De pronto, el confinamiento forzoso ha llevado a mucha gente –sobre todo hombres– a constatar la importancia del asistir y alimentar niños pequeños, personas mayores y familiares enfermos. Y lo mismo ha ocurrido con ciertos trabajos básicos –a menudo realizados personas pobres o migrantes en severas condiciones de precariedad- que suelen quedar fuera de las grandes reflexiones económicas: desde la recogida de fruta en el campo hasta la limpieza de las ciudades o la recolección y reciclaje de residuos.

Esta toma de conciencia respecto de lo que es esencial también afectará la percepción de lo que puede no serlo. El parón económico ha obligado a vivir sin casas de apuestas y sin fábricas de armamento, sin que hayan aparecido razones de peso para echarlo de menos. Igualmente, el confinamiento ha permitido descubrir que parte del trabajo o de los estudios –sobre todo en la educación superior– que hoy exigen grandes desplazamientos podrían realizarse telemáticamente con un impacto energético menor. Este mundo teleconectado se intensificará en el futuro. Pero si no quiere dejar nadie atrás, es crucial que venga acompañado de condiciones habitacionales dignas, programas de alfabetización digital y del acceso igualitario y energéticamente sostenible a dispositivos tecnológicos y a conexión de calidad.

Naturalmente, el encierro en las casas también ha servido para valorar actividades esenciales que no pueden satisfacerse entre cuatro paredes de manera virtual. Y que una vida sin escuelas donde los más pequeños convivan y se toquen, sin huertos comunitarios, sin espacios verdes para caminar o practicar deportes, sin librerías y teatros de barrio, sin ríos en los que poder bañarse, sin cafés, sin centros cívicos, sin conciertos y salas de baile, puede ser una vida lóbrega y amarga.

2) Revalorizar lo público, lo común.

La revalorización de lo esencial propiciada por la pandemia está trayendo consigo una revalorización de lo público, de lo que no es común. La conmoción provocada por la entrada súbita y extendida de la muerte en nuestras vidas, por ejemplo, ha mostrado que bienes básicos como la atención sanitaria no pueden quedar al albur del mercado. Y que es inadmisible que los poderes públicos permitan que se especule con otros como los servicios funerarios, la alimentación o las residencias de atención a personas mayores. 

Bajo ese ánimo de época, gobiernos de diferente signo político como el de Irlanda o Noruega, y grandes ciudades como Nueva York, han colocado bajo control público hospitales, hoteles, fábricas, y otros espacios de titularidad privada para hacer frente a la crisis socio-sanitaria.

Estas decisiones se han vinculado a la excepcionalidad de la pandemia. Pero bien podrían dar pie a fórmulas estables de economía mixta similares a las que tuvieron lugar durante la reconstrucción de posguerra del siglo pasado. No estamos hablando solo de un regreso a lo público estatal, sino de fórmulas de titularidad y  gestión muy diversas, que permitan asegurar con eficacia la alimentación de proximidad, la suficiencia energética o la soberanía tecnológica: desde nuevas empresas públicas regionales o municipales, hasta iniciativas económicas público-cooperativas o público-comunitarias.

3) Garantizar el derecho a la existencia

La perspectiva de un mundo expuesto a nuevas pandemias también está planteando de manera radical la cuestión de la supervivencia material de la especie. A estas alturas, en efecto, nada parece justificar que el derecho a la existencia, a una seguridad material mínima para satisfacer las necesidades y desarrollar los propios planes de vida, no tenga un estatus similar al del derecho de voto o a la educación básica.

Durante la pandemia, gobiernos de distinto signo están adoptando medidas sociales para intentar asegurarlo: desde la garantía de la totalidad o de parte del salario a trabajadoras y trabajadores confinados, hasta ayudas para personas desocupadas, para pequeñas y medianas empresas o para el pago de  alquileres o suministros.

El problema de muchas de estas ayudas es que suelen ser temporales, fragmentarias, y a menudo están condicionadas a rigurosas pruebas de falta de recursos. Esto pone entredicho su eficacia e incluso su capacidad para llegar sus destinatarios con la urgencia que la situación requiere. De ahí que en diferentes países del mundo se haya reabierto el debate sobre la necesidad de medidas más simples y menos burocráticas, como un ingreso mínimo garantizado a todas las personas que carezcan de uno o como una renta básica directamente universal.

Estas propuestas, en efecto, no son nuevas y existen en torno a ellas importantes debates: sobre su carácter incondicional o no, sobre su financiación, sobre la compatibilidad entre renta monetaria e ingresos en especie, o entre la garantía de ingresos y otras medidas imprescindibles, como la inversión en servicios públicos o la distribución del trabajo social y ambientalmente necesario. 

En todo caso, distan de ser utopías lejanas. Hong Kong, por ejemplo, acaba de anunciar la concesión durante 2020 de un pago único de unos 1145 euros a todos los mayores de 18 años. El propio Trump dijo a finales de marzo que aprobaría una renta de emergencia de 1200 dólares a cada estadounidense, y en un sentido similar se pronunció el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Habrá que ver en qué acaban estas propuestas. Pero lo cierto es que  en un horizonte de recesión, esta garantía de ingresos básicos está apareciendo no solo como una forma de asegurar el derecho a la existencia sino de sostener la propia economía.

4) Sortear las trampas de la deuda 

Naturalmente, la clave de estas medidas sociales e incluso de la apelación a nuevos Planes Marshall o a un New Deal similar al propuesto por Roosevelt en su tiempo, tiene que ver con su financiación. Abrir líneas de ayuda a cooperativas o a empresas innovadoras que apuesten por la reconversión energética, realizar expropiaciones de suelo para construir vivienda asequible, invertir en ciencia y alfabetización tecnológica, poner en marcha ayudas al alquiler o tarjetas de alimentos. Todo tiene un precio. Y exige saber quién lo asumirá.

En un contexto como el actual, una flexibilización razonable del déficit resulta indispensable para afrontar las ingentes inversiones que una economía dañada por una pandemia requiere. Sin embargo, esta herramienta no está igualmente disponible para aquellos países y territorios con soberanía monetaria –pensemos en el papel de la Reserva Federal en los Estados Unidos– que para quienes dependen en gran parte de los precios del mercado.

Es obvio, por ejemplo, que un endeudamiento sometido a intereses abusivos o condicionado a planes de austeridad como los impuestos a Grecia o a tantos países de América Latina, Asia y África, puede agravar aún más los problemas derivados de la emergencia sanitaria, social y económica. De ahí la necesidad de evitar las trampas de la deuda. Por ejemplo, a partir de la financiación directa por parte de los bancos centrales o de la mutualización de deudas, como están defendiendo algunas voces en Europa, con la férrea resistencia de los gobiernos de Holanda o Alemania.

Pero esto no es suficiente. En un momento en el que el volumen de deuda mundial triplica el PIB global, es fundamental plantear algún tipo de jubileo:  moratorias, quitas y condonaciones de deudas, sobre todo a los países que más necesitan ese dinero para hacer frente a una emergencia social y económica que viene de lejos y que la pandemia no ha hecho sino agravar.        

5) Impulsar una fiscalidad social y ambientalmente progresiva

Obviamente, resulta muy difícil pensar en una reconstrucción social y ambientalmente justa de la economía si el debate sobre la emisión de dinero o sobre la flexibilización del déficit no viene acompañado de un debate sobre una política fiscal alternativa.

Ya en 2019, el historiador y economista holandés Rutger Bregman recordó en Davos que la reactivación económica exigía hablar, no de filantropía de los millonarios, sino de impuestos progresivos. Y que ello suponía varias medidas impostergables: desde una batalla decidida contra la corrupción, la evasión y los paraísos fiscales, hasta el despliegue de medidas fiscales que no ahoguen a las clases populares y medias y que sean incisivas, en cambio, con las rentas más altas, las empresas tecnológicas, los fondos de inversión, los grandes tenedores de vivienda y, en general, el bloque de los grandes rentistas y especuladores.

En contra de lo que podría pensarse, estas propuestas de justicia fiscal están siendo impulsadas no solo por economistas progresistas como Thomas Piketty, sino por medios conservadores como el Financial Times, e incluso por millonarios como Georges Soros o William Buffet. Y no en vano algunos políticos de alta responsabilidad, como el presidente de Portugal, están recordando que los bancos deberían devolver a la sociedad el dinero con el que fueron rescatados tras la crisis financiera de 2008.  

6) Federar y democratizar las decisiones

La necesidad de tomar decisiones económicas y médicas urgentes durante la pandemia también ha venido justificando una concentración de funciones en los poderes ejecutivos de los estados. Esta concentración se ha presentado como una condición indispensable para la eficacia de las medidas adoptadas. Es innegable que este principio tiene algún sentido en un contexto de emergencia sanitaria. Sin embargo, existen múltiples razones para matizarlo.

La principal es que en situaciones de gran complejidad como las que implica una pandemia, la eficacia de una decisión está muy vinculada a la información de que se disponga. Es decir, a la posibilidad de contar con elementos suficientes para poder anticipar consecuencias sociales, económicas y políticas no previstas a simple vista.

Nada de esto puede ser realizado por un planificador central único. Por el contrario, oír opiniones disímiles y voces críticas, federar las decisiones y el intercambio de información con otras instancias gubernamentales –regionales, municipales, supraestatales– así como con diferentes actores sociales –gente del mundo de la ciencia, sindicatos, economistas, organizaciones de base– son básicos para minimizar errores.La democratización de los medios y la batalla contra las noticias deliberadamente falsas en las redes será fundamental en el mundo poscoronavirus

Se ha dicho –con razón– que el avance brutal del virus en el Brasil de Bolsonaro y en los Estados Unidos de Trump es la consecuencia del negacionismo abierto de estos gobiernos. Y que incluso algunas de las medidas drásticas adoptadas por China, tienen que ver con el intento inicial del gobierno de tapar el problema y de no oír las advertencias provenientes de las autoridades locales. Por eso, muchas de las críticas que reciben los poderes públicos pueden ser exageradas o inmerecidas, pero es mejor que existan y que se produzcan en un marco de auténtico pluralismo.

La democratización de los medios y la batalla contra las noticias deliberadamente falsas en las redes será fundamental en el mundo poscoronavirus. Para fiscalizar a los políticos, pero también para controlar y limitar a grandes monopolios y oligopolios privados que a menudo tienen más poder que los propios gobiernos y que se aseguran de que las únicas opiniones que circulen sean las que cuentan con la fuerza del dinero.  

7) Preservar las libertades y la privacidad digital

Lo que vale para la libertad de expresión y de crítica debería valer para otras libertades personales.

Es lógico que la irrupción de una pandemia suponga limitaciones a la libertad de movimiento. De hecho, en el caso del Covid-19, estas restricciones han asumido con frecuencia la forma de autolimitaciones que el grueso de la ciudadanía ha llevado adelante de manera ejemplar y responsable. Precisamente por eso, será central luchar para que las emergencias sanitarias no se utilicen para militarizar la vida cotidiana, para normalizar abusos y detenciones arbitrarias o para imponer sanciones económicas desproporcionadas.

Salvo en situaciones de riesgo extremo, en efecto, el confinamiento debería admitir variantes flexibles y sostenibles en el tiempo, como ha ocurrido en Suecia y otros países. Impedir un mínimo de actividad física al aire libre, obligar a una mujer que padece violencia sexista a convivir con su agresor, o prohibir que los niños o personas con autismo puedan caminar y airearse, puede ser más dañino para la salud física y mental que una epidemia vírica.

Es verdad que en una pandemia, la ausencia de vacuna obliga a combinar la flexibilización del confinamiento domiciliario con otras medidas de contención del contagio.

Además de aquellas de seguridad personal, como el uso de mascarillas o la higiene, y de la disposición de residencias y centros sanitarios de calidad, esto supone evaluar otras fórmulas como la geolocalización digital y el control público de datos personales. Pero debe hacerse con precaución, sobre todo en un tiempo donde los gigantes privados como Google o Facebook ya se han hecho con muchos de ellos, con nuestra propia aquiescencia. Es verdad que en países como Corea o Singapur la utilización del Big Data, debidamente anonimizado, ha permitido un equilibrio razonable entre la detección de infecciones y el respeto a la intimidad y a las libertades personales. Pero esto no debería ser un argumento para bajar la guardia o para aceptar brazaletes biométricos las 24 horas del día. Por el contrario, el uso de datos personales para objetivos de salud pública no debería justificar injerencias abusivas en la intimidad y en libertades personales que, cuando se resignan, difícilmente vuelven a recobrarse.

8) Afianzar el municipalismo y la solidaridad internacional

El miedo generado por el Covid-19 pandemia también está facilitando la aparición de discursos favorables al repliegue en un Estado fuerte. Sin embargo, en un momento en que la pandemia ha pulverizado nociones como la seguridad nacional, parece más realista y deseable pensar en fórmulas federales y confederales de toma de decisiones, que permitan combinar diferentes escalas, comenzando por las más pequeñas. 

No es casual que en diferentes rincones del mundo se haya valorado de manera positiva el papel de las instituciones locales en la gestión de la emergencia. La actuación de ciudades como Nueva York, Barcelona, Cádiz, Bilbao, Ciudad de México o Valparaíso, han demostrado que los gobiernos locales suelen detectar con más eficacia problemas concretos, cotidianos, que las instancias más altas no advierten o tardan en procesar.

Un municipalismo robusto, económicamente bien dotado, sería una herramienta fundamental de democratización política y económica y un elemento de prevención y reacción 

En muchos casos, esta posición privilegiada del mundo local para acometer situaciones de estas características contrasta con la falta de competencias y de financiación (en España, por ejemplo, la financiación del mundo local sigue siendo la misma que en el tardofranquismo). Sin embargo, un municipalismo robusto, económicamente bien dotado, sería una herramienta fundamental de democratización política y económica y un elemento de prevención y reacción eficaz frente a epidemias y otras  emergencias similares.  

Las redes municipales, en cualquier caso, no tienen por qué ser incompatibles con el desarrollo de otras escalas de coordinación más amplias. Por el contrario, partiendo del principio de subsidiariedad, pueden facilitar formas de articulación de abajo hacia arriba e insuflar nueva fuerza a redes estatales, regionales o internacionales ya existentes o que se están gestando.

Si algo está enseñando la crisis del Covid-19 es que médicas, científicas, sindicalistas, cooperativistas, gente del mundo de la empresa, agricultores de diferentes rincones del mundo, tienen mucho que aprender unos de otros. Que del mismo modo que después de la segundo guerra mundial se nacionalizaron industrias clave, hoy podrían universalizarse otras para compartir medicinas, prototipos replicables de equipamientos esenciales, programas agroecológicos y de gestión energética sostenible, y otros proyectos comunes.

9) Articular redes que nos transformen y que cambien el mundo   

Obviamente, los argumentos favorables a un mayor internacionalismo no acabarán por si solos con las desigualdades, el calentamiento global o los golpes y guerras por el control del petróleo, del litio o del cobre. Nada impide de hecho, que una pandemia como la que atravesamos no sea aprovechada por alternativas reaccionarias, autoritarias y excluyentes. Pero la historia está abierta. Como en otros momentos, lo decisivo será la movilización de todos aquellos que han entendido que el virus no es un agente exógeno que viene a invadirnos, sino el resultado interno de un capitalismo colonial, voraz, que hace tiempo se ha convertido en una amenaza para la biodiversidad en el planeta. 

Si bien la reclusión en nuestras casas nos ha aislado temporalmente, también nos ha permitido construir redes nuevas, impensables hasta hace muy poco. Esas redes desafían fronteras físicas que la propia noción de pandemia ha tornado artificiales e inútiles y podrían permitir organizarnos mejor. Habría que aprovechar esta tregua para tomar conciencia del enorme reto que tenemos por delante. Eso y asumir que los cambios que estamos experimentando en nuestras vidas podrían ser el motor de una transformación más amplia, en común, hacia un mundo más igualitario, libre y cooperativo.

«Reflexiones para vivir el encierro: Economía ante la pandemia».

Conversatorio con Alfonso Ramirez Cuellar, presidente del MORENA (Mex) e Itai Hagman, diputado nacional de Frente de Todos (Arg) en directo «Reflexiones para vivir el encierro: Economía ante la pandemia».

Debemos permanecer unidos, organizados y esperanzados frente esta crisis sanitaria y tejer con más fuerza las alianzas fraternales de la alternativa para superar la destructiva lógica neoliberal que nos ha conducido hasta aquí.

Podemos y debemos ser una referencia en la construcción de paz.

Intervención en la Comisión de Exteriores 20/02/20

Nuestro reto, en política exterior, sin duda, es alejarnos de esta agenda concentradora de poder e imponer agendas alternativas, que ayuden a distribuirlo. Y creo que hay que hacerlo con realismo, con valentía y con sentido de la urgencia al mismo tiempo. Fundamentalmente porque nos jugamos nuestro futuro como especie.

El más urgente de los retos es claro: podemos y debemos ser una referencia en la construcción de paz. Eso implica, de entrada, cuestionar sin ambages la ruptura unilateral, irresponsable, que Donald Trump está planteando de decenas de acuerdos que permitieron congelar el peligro nuclear durante la Guerra Fría. Y asumir al menos el camino que hace unos días nos marcaba la superviviente de Hiroshima y Premio Nobel de la Paz, Setsuko Thurlow: firmar y ratificar de una vez el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares de Naciones Unidas.

Y perseguir la paz no es solo romper la lógica suicida de la carrera armamentística. Es poder honrar en todos los ámbitos el mandato republicano de la Constitución de 1931 que habría que recuperar y que propugnaba la renuncia a la guerra como instrumento de política internacional. Es exigir, acabar con la gestión puramente militar, estigmatizadora, de las políticas migratorias.

Naturalmente, defender la paz podría ser una consigna hueca, vacía, si al mismo tiempo no se defienden las condiciones materiales que la pueden hacer hoy posible.

No por casualidad “War” y “Warning”, guerra y calentamiento, tienen la misma raíz en inglés. También precisan un mismo cambio de mentalidad para ser combatidos. Necesitamos que la diplomacia española sea también una diplomacia climática.

Hoy España puede tener un papel decisivo en la articulación de nuevas formas de cooperación entre los países del Sur de Europa, que han soportado de manera tremenda, dolorosa, injusta, la crisis de la deuda y que ahora deberían buscar juntos una salida a la altura de sus necesidades.

Se puede tener un papel decisivo en la articulación de nuevas relaciones con América Latina, que no puede consistir en permitir la bolsonarización del continente, como querría la Santa Alianza patrocinada por Steve Bannon, sino en plantear alianzas basadas en el diálogo, el respeto de trato y la defensa de la democracia y de los derechos humanos.

Y hoy España puede, por fin, asumir en sus propias relaciones internacionales, con orgullo, su realidad plurinacional. En la promisoria fase de diálogo que se está abriendo, una reorientación del proyecto España Global de acuerdo a estos valores, sería un paso importante y esperanzador.

Hace falta valentía para acometer estos cambios. Hace falta valentía y lucidez para mostrar que los vertiginosos cambios científicos y tecnológicos que se están produciendo frente a nuestros ojos pueden y no tienen por qué acabar en una distopía de vigilancia, de represión y de alienación. Y que por el contrario, pueden ser un factor de democratización de una gran potencia y una palanca fundamental en la lucha contra la emergencia social y climática.