¿Un nuevo Pacto de San Sebastián por la Tercera República? por Diego Díaz

Participo en el reportaje del historiador Diego Díaz (@DiegoDazAlonso1)para El Salto sobre el Pacto de San Sebastián.

Han transcurrido 90 años de aquel 17 de agosto de 1930, de ese encuentro informal que supuso una «alianza transversal» del republicanismo español, en todos sus acentos ideologicos, coincidiendo con el republicanismo gallego y catalán, configurando, lo que podriamos denominar el primer intento de un modelo de estado republicano democrático y plurinacional y el final del reinado de Alfonso XIII.

Junto con Xavi Domenech y el politólogo asturiano Xabel Vegas, reflexionamos acerca de este hecho histórico y sobre el actual contexto político.

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¿Un nuevo Pacto de San Sebastián por la Tercera República?

Se cumplen 90 años de la alianza entre partidos republicanos españoles, catalanes y gallegos que posibilitó el final del reinado de Alfonso XIII.

El verano transcurría plácido en San Sebastián, la ciudad más elegante y chic de la costa cantábrica, para quienes vivían al margen de la crisis terminal de la Restauración borbónica impuesta en 1874 tras el golpe militar del general Martínez Campos, y que la dictadura de Primo de Rivera había tratado de alargar con poca fortuna en una huida hacia delante que llegaría a su fin con el cambio de la década de los 20 a los 30. En enero de 1930, en mitad de una grave crisis económica, una nueva devaluación de la peseta, y con el ruido de fondo del crecimiento de la oposición a la Monarquía y la dictadura, Primo de Rivera, el “cirujano de hierro” que había regido durante siete años los destinos del país, presentaba su dimisión al rey Alfonso XIII.

El monarca encargaría a otro general, Damaso Berenguer, formar gobierno y pilotar una transición tranquila que condujera al restablecimiento del régimen constitucional suprimido en 1923 por el dictador con el apoyo del bisabuelo de Felipe VI. Ya era demasiado tarde. Lejos de satisfacer a los críticos con el régimen, el cambio de estrategia de Alfonso XIII para buscar la supervivencia de la Monarquía envalentonaría a la oposición, convencida de que la apuesta constitucional era una muestra de su debilidad.

Así, mientras los veraneantes disfrutaban de los baños y los paseos por la playa de la Concha, en el local de la Unión Republicana de San Sebastián, en una reunión presidida por el presidente del Círculo Republicano local, Fernando Sasiaín, posterior alcalde de la ciudad, el 17 de agosto de 1930 se escribía de manera colectiva, entre las principales corrientes del republicanismo, un capitulo fundamental en la historia contemporánea de España.

Al cónclave donostiarra asistirían tanto históricos líderes del republicanismo español y españolista, como Alejandro Lerroux, como nuevos valores emergentes entre los que se encontraba Manuel Azaña, fundador del Grupo de Acción Republicana, y recién llegados, Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora, cuya trayectoria política hasta la fundación de Derecha Liberal Republicana había estado ligada a la Monarquía y los partidos dinásticos.

No faltarían tampoco a la conspiración otros nuevos acentos políticos. Los del republicanismo gallego, representado por Santiago Casares Quiroga, que defendía además de la República el establecimiento de un estatuto de autonomía para Galicia y, sobre todo, los del separatismo catalán, representados por Estat Catalá. La confluencia del republicanismo catalán, el separatismo y el movimiento obrero había hecho de Catalunya el principal foco de oposición a la dictadura y al monarca.

El 17 de agosto de 1930 se escribía de manera colectiva, entre las principales corrientes del republicanismo, un capitulo fundamental en la historia contemporánea de España

Dentro de este magma diverso, las acciones armadas de Estat Catalá habían dado una enorme popularidad a este grupo nacionalista capitaneado por el exmilitar Francesc Maciá. Su presencia en San Sebastián representaba la voluntad de los separatistas catalanes de coordinarse con el republicanismo español si este garantizaba una futura República federal en la que Catalunya viera reconocida su soberanía.

El historiador Xavier Domènech señala en su último libro, Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017) que “la cuestión catalana fue central para llegar al pacto republicano”. Si bien no se levantaron actas de aquella histórica reunión, dando lugar después a todo clase de interpretaciones sobre lo que verdaderamente se acordó en Donostia, los delegados catalanes, en una nota publicada posteriormente en el diario La Publicitat, y consensuada con el resto de los asistentes, informaban que los republicanos españoles habían asumido en la reunión el “principio de autodeterminación, concretado en el proyecto de estatuto o constitución autónoma propuesto libremente por el pueblo de Cataluña”.

El partido socialista, dividido ante la situación política que vivía el país, sería el gran ausente del pacto. Acudiría sin embargo a titulo individual uno de sus dirigentes más perspicaces, Indalecio Prieto. Convencido de que el PSOE y la UGT no podían quedar al margen del movimiento republicano en marcha, Prieto lograría vencer las resistencias del ala derecha del partido, encabezada por Julián Besteiro, y sentar en octubre a los socialistas en la misma mesa que los partidos republicanos. Si bien los planes de los conspiradores de derrocar a Alfonso XIII con una combinación de huelga general y levantamiento armado fracasarían en la chapucera y descoordinada Sublevación de Jaca del 12 de diciembre de 1930, tanto el Pacto de San Sebastián como la ejecución de los militares republicanos sublevados, Fermín Galán y Ángel García, prepararían el terreno para la formación de las victoriosas candidaturas comunes de republicanos y socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.

Pese a lo informal de una reunión, el imaginario del Pacto de San Sebastián rebrota en España con cada crisis de régimen. Su sombra planeó por momentos en la Transición, y nuevamente volvió a hablarse de él con motivo de la moción de censura que condujo a la presidencia de Pedro Sánchez. El jurista y diputado de Catalunya en Comú-Podem Gerardo Pisarello señala que el momento político hoy es muy diferente, marcado por la combinación de una crisis de la monarquía sin precedentes y la situación inédita de un gobierno de coalición compuesto por un partido socialista que apoya la Monarquía y un socio minoritario que es abiertamente republicano. “No hay ahora mismo un Indalecio Prieto en las filas del PSOE”, señala Pisarello.

No obstante, en los últimos días se han escuchado algunas voces republicanas en el socialismo periférico. Dos mujeres, la presidenta navarra, María Chivite, y la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, han abierto el debate, también un intento de sintonizar con unos votantes socialistas cada vez menos monárquicos. En una carta abierta a eldiario.es, la socialista valenciana ha pedido al PSOE modificar su postura: “Realineemos las ideas con las circunstancias, porque las circunstancias han cambiado. Porque [la monarquía] ni es necesaria, ni es esencial y cuarenta años después probablemente ya no sea útil”.

Si la posición oficial del PSOE es a día de hoy una de las grandes debilidades del republicanismo, la otra es la inexistencia de una derecha republicana como la que pudieron representar algunos sectores presentes en el Pacto de San Sebastián

¿Podría crecer esta corriente republicana dentro del PSOE en un contexto de auge del republicanismo? Para Xavier Domènech el PSOE “está condenado a elegir entre pactar con el PP o con los partidos republicanos y por tanto a aceptar que como más defensor de la monarquía sea, menos alternativa de gobierno real será. No parece que vayan a volver ni las grandes mayorías absolutas, ni que Ciudadanos vaya a ser una posibilidad solida con la que poder gobernar”.

Si la posición oficial del PSOE es a día de hoy una de las grandes debilidades del republicanismo, la otra es la inexistencia de una derecha republicana como la que pudieron representar algunos sectores presentes en el Pacto de San Sebastián. Al contrario que en sus años de esplendor, hoy el apoyo a la Monarquía ha dejado de ser transversal para escorarse claramente hacia la derecha, con los votantes del PP liderando el ranking de la identificación con la Casa Real.

El Pacto de San Sebastián

Para el polítólogo asturiano Xabel Vegas, “cualquier movimiento republicano serio y con una hoja de ruta a medio o largo plazo tiene la complicada tarea de seducir a personas significativas del centro-derecha español”. En su opinión, “hacen falta liderazgos plurales, que sean capaces de construir referentes políticos republicanos que vayan más allá de la tradición izquierdista”. Pisarello señala que aún no se ha producido una deserción masiva de “juancarlistas arrepentidos”, si bien considera que las críticas de Iñaki Gabilondo a la monarquía le han parecido de una honestidad brutal y una suerte de “arrepentimiento generacional” del que no existían precedentes.

El ex teniente de alcalde de Barcelona considera que el ensanchamiento del republicanismo, más allá de la izquierdas, puede empezar antes por partidos como el PNV o Junts per Catalunya, que vean en la República una oportunidad para lograr mejores encajes de sus respectivos territorios. No obstante, para Pisarello, “el reto es articular una coalición anticentralista” por la reforma del Estado, que no solo incluya a los distintos soberanistas, federalistas y confederalistas, sino también a los defensores de la España vaciada. Para él, la monarquía no es una cuestión ornamental, sino la clave de bóveda de un sistema estructuralmente corrupto de concentración del poder económico y territorial: “Cuando Juan Carlos I se dedicaba a cobrar comisiones Felipe no era un niño que correteaba por los pasillos de Zarzuela sino un señor hecho y derecho de 40 años”.

¿Se pueden lograr armonizar intereses y realidades tan distintos en un mismo movimiento republicano? ¿Aunar en una coalición común movimientos de la España interior empobrecida y despoblada con movimientos de las comunidades más prósperas y que aspiran a gestionar más impuestos recaudados en sus territorios? ¿Es compatible un republicanismo español moderado con unas izquierdas para las que República implica cambio social y con la exigencia del derecho a la autodeterminación de los soberanistas catalanes, vascos y gallegos, que precisamente emergen en aquellos territorios en los que el apoyo a la Monarquía es más débil?

Para el politólogo asturiano Xabel Vegas, “cualquier movimiento republicano serio y con una hoja de ruta a medio o largo plazo tiene la complicada tarea de seducir a personas significativas del centro-derecha español”

La excepcionalidad histórica del Pacto de San Sebastián fue lograr de algún modo juntar en torno a unos mínimos comunes a antiguos monárquicos de derechas, socialistas, republicanos de muy variado pelaje, autonomistas gallegos y separatistas catalanes. En fechas mucho más recientes, el Procés ha logrado aunar voluntades muy diversas y heterogéneas, cada vez más a medida que este iba creciendo y confrontando con el Estado. Desde independentistas de toda la vida a nuevos independentistas castellanoparlantes con raíces en Castilla, Murcia o Andalucía, y desde declarados neoliberales europeistas a sectores anticapitalistas partidarios de una República catalana fuera de la UE y de la OTAN.

¿Podría ser la exigencia de un referéndum y de un juicio a Juan Carlos I ese mínimo común denominador para levantar un nuevo movimiento republicano en España? En opinión de Pisarello, aún es pronto para hablar de “sincronizar los relojes” entre actores políticos diversos, pero ya se está dando una situación en la que “todo el mundo está mirando de reojo lo que marca el reloj del otro”.

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Entrevista en Clarín

“La monarquía borbónica ha contado con una super protección penal”

Gerardo Pisarello

Por Marina Artusa. Clarín.com (Aquí)

“Lo que puede poner en riesgo la estabilidad del gobierno de España y la propia calidad de la democracia es que los políticos elegidos por la ciudadanía aparezcan como cómplices de la situación de privilegio de la monarquía que es cuestionada por la mayoría de los ciudadanos.”

Lo dice Gerardo Pisarello, el tucumano que hoy es diputado y secretario de la Mesa del Congreso español y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores.

El argentino, jurista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, reflexiona sobre las diferencias entre los socios del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ante las investigaciones sobre supuestos manejos fraudulentos de dinero del rey emérito Juan Carlos de Borbón y su inquietante cambio de domicilio fuera de España.

El lunes 3 de agosto la Casa Real hizo pública una carta de Juan Carlos al rey Felipe VI, en el trono desde hace seis años cuando su padre abdicó, en la que le informaba que pensaba abandonar España. Sin revelar cuál sería la sede de su destierro, se especuló toda la semana sobre posibles moradas para el rey emérito. Ni la Casa Real ni el gobierno revelaron dónde estaba hasta que circuló una foto de Juan Carlos con barbijo y bajando de un avión privado en un aeropuerto de Abu Dhabi.

Hijo de Angel Pisarello, un abogado defensor de presos políticos que fue secuestrado y asesinado en el ’76, y nieto de republicanos andaluces que emigraron a Argentina, Pisarello lleva más de dos décadas en España, donde se doctoró en Derecho y, apañado por el ala catalana del partido de Pablo Iglesias, fue vicealcalde de Barcelona entre 2015 y 2019.

“Como hijo de desaparecido, no puedo olvidar que Juan Carlos I fue el primer jefe de Estado en visitar la dictadura de Videla en Argentina y la de Pinochet en Chile -dice Pisarello a Clarín-. Desde 1978 demostró que los objetivos comerciales y económicos tenían prioridad sobre cualquier otra consideración en materia de respeto por los derechos humanos.”

El jurista Gerardo Pisarello, nacido en la Argentina y ahora diputado en el Congreso de España. /EFE

Respecto de la Corona española, el argentino es tajante: “La Constitución española dice que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria y la monarquía restaurada después de 1978, en la práctica, no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”, dice Pisarello.

-¿Por qué?

-Porque no ha estado sometida al principio democrático, a principios elementales de transparencia y se le han ido reconociendo privilegios que han ido corrompiendo la propia institución. La monarquía borbónica ha contado con una súper protección penal que ha impedido que sea objeto de suficiente escrutinio público.

La de España “no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”.

-¿Cómo se llegó a eso?

-Se han censurado libros, periodistas, hay gente que ha terminado en la prisión por escribir canciones o artículos referidos a la monarquía y eso ha impedido que exista un control público y social suficiente sobre el rey. Por eso hizo falta un procedimiento en el extranjero, en Suiza, y que sea la prensa internacional la que denunciara algo que en España, a pesar de que era conocido, era imposible denunciar.

-Según el presidente Pedro Sánchez, la monarquía no está siendo cuestionada porque “se juzgan personas y no instituciones”. Para usted, si se comprobaran las presunciones, ¿estaríamos ante la corrupción de una persona o de la Corona?

-«y eso no sólo afecta a Juan Carlos. La gran pregunta es si el propio Felipe VI tenía conocimiento o estaba implicado en todo ese tipo de actuaciones. Hoy no lo sabemos. Se están conociendo actuaciones presuntamente delictivas de Juan Carlos y muchas tienen su origen en 2008. Felipe VI tenía 40 años. No era un niño que correteaba por el Palacio de la Zarzuela sin saber lo que ocurría. El principio de inviolabilidad del rey se utiliza en realidad como una carta blanca para delinquir incluso a través de actos privados en los que el rey no está cumpliendo ningún tipo de función pública.

“No es sólo la corrupción de Juan Carlos sino de toda una institución rodeada de privilegios y opacidad”.

-Si cometió delitos, ¿el rey emérito debería poder ser juzgado?

-Creo que el rey no sólo debe poder ser juzgado en los tribunales sino que debe poder ser investigado por las Cortes Generales. Me parece fundamental. Si es una monarquía parlamentaria, quiere decir que la monarquía es un elemento puramente simbólico y que el peso de la vida política debe estar en la sede principal de la soberana popular que es el Congreso. Si eso es así, que es lo que dice la Constitución, el rey emérito debería poder ser investigado por el Congreso. Y el rey actual, su hijo, Felipe VI, debería poder explicar en el Congreso todo lo que sabe sobre su padre.

-Desde lo penal, ¿se podría procesar a Juan Carlos a partir de 2014 es que cuándo deja de ser rey y pierde la inviolabilidad?

-La figura de la inviolabilidad penal tiene como objetivo garantizar la independencia de la institución. Los parlamentarios somos inviolables por declaraciones que hacemos en la Cámara para proteger nuestra libertad de expresión e ideológica. Si cualquier diputado cometiera un acto de corrupción, podría ser juzgado. Lo que hace presumir que, en el caso de la monarquía, el principio de inviolabilidad que figura en la Constitución funciona de manera similar. Es imposible pensar que la inviolabilidad sirve para cubrir delitos del rey en los que no cumple ninguna función institucional. Después de la abdicación, está clarísimo que eso no es más así. El debate es antes…

-¿Cuál es su postura?

-Cada vez hay más juristas que están diciendo que antes del 2014 el rey sólo es inviolable por actos que ejercía en funciones de rey, cumpliendo funciones instituciones, pero no por aquellos actos privados. Si al rey se le presenta un demanda de paternidad, por ejemplo, se le podría plantear. Si se le presenta una demanda por delitos que no tengan que ver con su actuación pública tiene que poder ser juzgado. Esa es mi posición. Por eso digo que hay una anomalía.

-¿Qué desafío presenta el debate sobre la monarquía para el gobierno de coalición, donde el PSOE se muestra más negociador y Podemos ve la oportunidad para plantear qué hacer con la Corona?

-Creo que después de la Transición en España hubo mucha gente republicana vinculada al Partido Socialista que aceptó la monarquía en la vida política porque consideraba que era el precio a pagar por la paz social y porque pensaba que el rey iba a cumplir un papel ejemplar y simbólico. Y creo que esa generación hoy se siente traicionada. El PSOE en este momento lo que está intentado plantear es que las investigaciones sobre Juan Carlos I han de producirse en el ámbito judicial y no en el propio Congreso. Para nosotros es un error. Y luego está intentando separar la figura de Juan Carlos de la de Felipe VI, pero yo creo que es un objetivo que difícilmente pueda prosperar. Aquí es donde el PSOE no está siendo, a mi juicio, lo suficientemente valiente y se equivoca.

-¿Este tema afecta la credibilidad del gobierno?

-El gobierno de coalición que existe ahora es importante para que en un momento de crisis haya una respuesta que permita proteger a la familia trabajadora, a las pequeñas y medianas empresas. Ese es el objetivo de un gobierno progresista, pero para que esos objetivos sociales sean posibles, no podemos lanzar a la ciudadanía un mensaje de que en cambio, mientras las ciudadanos de a pie tienen que pagar sus impuestos, hay una institución que es la monarquía que está blindada frente a eso y ni siquiera se la puede investigar cuando hay acusaciones tan grandes. Me parece que éste es un reto compartido con el Partido Socialista.

-¿Qué costo político puede tener este debate? ¿Puede poner en riesgo la Legislatura actual?

-Lo que genera más inestabilidad es pretender barrer debajo de la alfombra unas actuaciones por parte del rey emérito que tratándose en otras monarquías parlamentarias o en otros jefes de Estado serían absolutamente intolerables.

-¿Un referéndum sería el próximo paso?

-El problema de la monarquía es que es una institución sin legitimidad de origen. No ha sido votada, es hereditaria y tiene que construir su legitimidad. Normalmente la construyen con la ejemplaridad pública. Cuando no hay ejemplaridad, la crisis de legitimidad vuelve abrirse y, en un sistema democrático, debería resolverse a través de un referéndum.

-¿Qué sucederá con las investigaciones?

-No tengo muchas esperanzas respecto de la actuación del Tribunal Supremo. Tengo dudas de que vaya a hacer valer la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, incluso el ciudadano Juan Carlos de Borbón. Si las Cortes Generales no pueden investigar, estaríamos ante un intento fraudulento de desconocer la Constitución que establece la subordinación del principio monárquico al principio democrático.

-Hubo sin embargo intentos de crear comisiones en el Parlamento y no prosperaron…

-Diferentes fuerza políticas republicanas presentamos peticiones de investigación que hasta el momento fueron denegadas por la propia mesa del Congreso con argumentos jurídicamente poco fundados. Ahora mismo presentamos un recurso contra la denegación para que se abra una comisión de investigación sobre algo tan sencillo como las relaciones comerciales y diplomáticos que existían entre Arabia Saudita y el Reino de España.

LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DE LA MONARQUÍA, LA HISTORIA RECURRENTE DE ESPAÑA

La impunidad de la Corona como freno al avance democrático. Un placer debatirlo con Javier Pérez Royo, Pura Sánchez y lo mejor del republicanismo y del feminismo andaluz. Mi agradecimiento al Ateneo Republicano de Andalucía por su invitación ¡Se necesitan más actos así!

https://www.facebook.com/ateneorepublicanoandalucia/

Comparto una buena crónica de Olivia Carballar (@ocarballar) para Lamarea.com

Republicanismo democrático y procesos constituyentes, con Juan Pablo Sanhueza Tortella.

La Fundación Chile Movilizado me invitó el pasado 24 de mayo, al episodio #momentopopulista sobre republicanismo democrático y procesos constituyentes. Ha sido una hora larga de conversación con Juan Pablo Sanhueza Tortella, con el que he compartido ideas y reflexiones, con mucha complicidad en lo común y un gran afecto.

¿Qué esconde el rey emérito?

Si se sigue vedando al Parlamento el debate político de estos hechos, la exigencia de transparencia no hará sino crecer, y el cuestionamiento de Juan Carlos bien podría alcanzar, más temprano que tarde, al propio Felipe VI

Publicado en CTXT 9/03/2020

No lo ocultaré. Soy republicano. Mi abuelo Antonio, nacido en Granada, llevaba con orgullo en Argentina su carnet de republicano en el exilio, firmado por José Giral. También aprendí, de mi maestro Toni Domènech, que el republicanismo democrático es una filosofía política de la libertad, y que nadie es libre si tiene que pedir permiso a unos pocos privilegiados para subsistir dignamente. En ese rechazo del privilegio, de las prebendas odiosas, se fundamentan mis convicciones antimonárquicas. Unas convicciones que se han afirmado, en los últimos días, con las noticias publicadas por la prensa internacional sobre las presuntas comisiones ilegales al rey emérito Juan Carlos de Borbón. 

En otras monarquías parlamentarias el debate sobre los gravísimos hechos atribuidos al ex monarca habría transcurrido de manera diferente. Pero no es el caso del Reino de España, en el que la dinastía borbónica ha gozado históricamente de inmunidades y privilegios que le han permitido ocultar desmanes varios e innumerables casos de corrupción. No haber pasado por revoluciones antiabsolutistas, como la inglesa de 1648 o la francesa de 1789, se nota. Y deber la propia restauración a un régimen como el franquista, cuya pesada sombra se proyecta en parte de la Constitución e incluso en el poder legislativo y judicial, también. 

No cuesta imaginar el terremoto que hubiera supuesto en otros países la noticia de que un rey emérito habría recibido 100 millones de euros a cambios de favores de una dictadura

No cuesta, en efecto, imaginar el terremoto que hubiera supuesto en Suecia, en Noruega o en el propio Reino Unido la noticia de que un rey emérito habría recibido 100 millones de euros a cambios de favores de una dictadura acusada de violar derechos humanos de manera sistemática. Tampoco es difícil conjeturar el escándalo que habría suscitado saber que ese dinero podría haberse destinado a operaciones de blanqueo, fiscalmente fraudulentas, o que podría haberse donado a una señora que ha denunciado ante la justicia británica amenazas y coacciones que podrían implicar al mismísimo Centro Nacional de Inteligencia. 

But Spain is different. Y aquí el debate, por increíble que parezca, versa sobre la posibilidad de crear o no una Comisión parlamentaria para evaluar estas acusaciones con luces y taquígrafos y para que la opinión pública tenga información veraz sobre las mismas. El origen de este dislate tiene que ver con los propios privilegios jurídicos con los que se configuró la monarquía borbónica durante la Transición. El principal, una interpretación a todas luces desmedida de la inviolabilidad real establecida en el artículo 56.3 de la Constitución. 

En estos días, este precepto ha sido invocado como una jaculatoria para sostener que aunque los hechos que se imputan a Juan Carlos de Borbón sean ciertos, no podría ser juzgado ni investigado por ellos. Lo impediría la inviolabilidad regia, que se prolongaría en el tiempo como una regla inalterable.  

Ocurre, sin embargo, que esta interpretación no resiste un mínimo sentido común. De entrada, porque en una monarquía realmente parlamentaria, informada por el principio democrático y por la sujeción de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico, la inviolabilidad del rey solo puede aceptarse bajo una condición: que la responsabilidad política de sus actos como Jefe de Estado se traslade a quienes los refrendan, esto es, a los ministros o al propio Presidente de Gobierno.  

Esta condición no es ociosa. Tiene –como bien han señalado los juristas José Antonio Martín Pallín y José Luis Martí– dos consecuencias. La primera, que el refrendo o la cobertura política, por así decirlo, de los actos del rey solo se pueden atribuir a aquellos directa o indirectamente vinculados al ejercicio de sus funciones. Solo tiene sentido, en efecto, trasladar la responsabilidad regia a otros representantes públicos cuando se esté ante actos en los que el rey representa al Estado, pero no así en caso de actos ajenos a esas funciones, mucho menos si son susceptibles de constituir delitos. Sería absurdo –ni siquiera el propio Tribunal Constitucional se ha atrevido a decirlo así– que si el rey roba dinero, agrede sexualmente a una mujer, o como es el caso, se ve implicado en cobros de comisiones o en operaciones de fraude fiscal, se presuma su irresponsabilidad y sus actos queden totalmente impunes. 

Por otro lado, la inviolabilidad tampoco es eterna. Si el rey abdica, no hay razón alguna para no atribuirle los efectos de los actos que realiza, aun cuando estos hubieran comenzando en el momento en el que todavía era monarca. Esto es especialmente relevante en el supuesto de probables delitos fiscales como los denunciados por la prensa internacional. Si el rey blanqueó dinero o defraudó a Hacienda, aquellos actos que se iniciaron en el pasado siguen teniendo efectos en el presente y deberían poder ser investigados. 

Que existe un claro interés público en que estas actuaciones del rey emérito sean conocidas y discutidas en sede parlamentaria puede parecer obvio. Pero debe ser explicado precisamente porque el propio sistema ha hecho lo posible para dificultarlo. Otro jurista, Javier Pérez Royo, señalaba hace unos días que cuanto más se levanta el secretismo en torno a ciertas conductas de Juan Carlos de Borbón, mejor se entienden muchas cosas: por qué abdicó, la manera en que lo hizo y la obsesión por intentar prolongar en el tiempo su inviolabilidad material, confiando su custodia al Tribunal Supremo. 

Sin embargo, que se haya atribuido al Tribunal Supremo el juzgamiento de actos que afecten al ex monarca no debería excluir, en ningún caso, la investigación política, parlamentaria, de dichos actos. Que el rey sea penalmente inviolable no quiere decir que no sea criticable. Por el contrario, el propio Tribunal de Estrasburgo ha amonestado en más de una ocasión al Reino de España por utilizar los delitos de injurias contra la Corona para cercenar la crítica a una institución que, al igual que otras, no puede quedar exenta del escrutinio público.

Cuanto más se levanta el secretismo en torno a ciertas conductas de Juan Carlos mejor se entienden por qué abdicó, la manera en que lo hizo y la obsesión por intentar prolongar en el tiempo su inviolabilidad material

Si esto es así, también resulta evidente que la única manera de que la crítica pueda ejercerse con conocimiento de causa es que sea informada. Eso quiere decir que aunque Juan Carlos I no fuera encontrado culpable penalmente, pongamos por caso, en Suiza o en el Reino Unido, eso no le daría derecho a mantener sus actos en un ámbito puramente privado. Primero, porque la ciudadanía tiene derecho a saber lo que hacen sus representantes, comenzando por los que, no habiendo sido elegidos democráticamente, cuentan con una protección penal que resultaría inadmisible tratándose de otros cargos públicos. Segundo, porque estas acusaciones de enriquecimiento ilícito podrían no ser las únicas, si se tiene en cuenta las numerosas publicaciones –como la revista Forbes– que han atribuido al monarca una cuantiosa fortuna con la que no contaba al acceder al trono. 

De momento, los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados han informado negativamente todas las iniciativas parlamentarias destinadas a pedir información sobre la Casa Real o sobre actuaciones de la monarquía. Algunas de estas negativas han suscitado recursos frente al Tribunal Constitucional, que tampoco se ha atrevido a cerrar todas las vías de investigación, sobre todo tratándose del rey Emérito. Si las noticias que aparecen en los medios de comunicación se van confirmando y las causas sobre corrupción de Juan Carlos de Borbón se abren camino en otros países, no se entenderá que en España se sigan poniendo obstáculos a la investigación parlamentaria.

Exigir a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones legales, comenzando por las tributarias, y negarse a examinar la evidencia sobre graves acusaciones de corrupción que afectan a las magistraturas más altas, implicaría un serio debilitamiento de la democracia y de la legalidad que ninguna razón de Estado podría justificar.   

En 2011, mientras salían a la luz los delitos por los que fue condenado su yerno, Iñaki Urdangarín, fue el propio Juan Carlos de Borbón quien en un discurso de Navidad exigió ejemplaridad a todos los representantes públicos, incluido él mismo. Hoy esta ejemplaridad, como ya ocurrió con otros miembros de la dinastía borbónica a lo largo del siglo XIX y XX, está severamente puesta en duda. Si se persiste en la ley del silencio, si se sigue vedando al Parlamento el debate político de estos hechos, la exigencia de transparencia no hará sino crecer, y el cuestionamiento del rey emérito bien podría alcanzar, más temprano que tarde, al propio Felipe VI.

Ustedes tienen de «constitucionalistas» lo que yo de escandinavo

Intervención en Pleno del Congreso (26/2/2020) sobre la financiación y las balanzas fiscales. Estoy cada vez más convencido que forma parte de un debate más amplio en la historia de España, marcado por una vieja tensión entre centralismo y descentralización, por un lado, y por solidaridad e insolidaridad por otro.

Está claro que el problema de fondo vuelve a ser que estamos ante unas derechas que levantan el dedo para acusar de insolidario al primero que pasa cuando la visión centralista, unitarista que defienden ha sido la máxima expresión histórica del egoísmo fiscal y del extractivismo económico.

Ese centralismo no es nuevo. Es un centralismo que entronca con la primera restauración borbónica y con la dictadura de Primo de Rivera, que entronca con el franquismo y que buena parte de la derecha viene predicando desde el segundo mandato de José María Aznar. Es esa, y no otra, la visión que hoy habla de insolidaridad, pero que con la excusa de la crisis y con el señor Montoro al frente, consintió el ahogo, no solo de Cataluña, sino del conjunto de las comunidades de España.

Es esa la visión que acusa de insolidaridad a diestra y siniestra pero que con la excusa de la crisis rescató a los bancos sin contrapartida alguna, maltrató a la pequeña y mediana empresa, y ahogó al municipalismo.

En la Comisión Constitucional

La ultraderecha se llena la boca de constitucionalismo. Pero lo suyo es PREconstitucional, pre Constitución de Cádiz, pre Revolución francesa.

El viejo discurso reaccionario que ora y embiste, como decía Machado. Y que solo se contrarresta con republicanismo y democracia.

🎥 Comisión Constitucional 12/02/2020

Libros

Autor de diversos libros sobre constitucionalismo, derechos humanos y derecho a la ciudad:

Procesos constituyentes. Caminos para la ruptura democrática. Trotta Editorial, 2014.

Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Trotta Editorial, 2011.

Los derechos sociales y sus garantías. Trotta Editorial, 2007.

Vivienda para todos. Un derecho en (de)construcción. Icaria Editorial, 2003.

Coautor de:

Pedrol, X.; Pisarello, G. La Constitució europea i els seus mites. Una crítica al Tractat Constitucional i arguments per a una altra Europa. En La Constitució europea i els seus mites. Una crítica al Tractat Constitucional i arguments per a una altra Europa.. Icaria editorial. 2005.

Asens, Jaume; Pisarello, Gerardo. No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis. Icaria Editorial, 2011.

Pisarello, G; Asens, Jaume. La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta. Los Libros de la Catarata, 2014.

Varoufakis, Yanis; Pisarello, Gerardo. Un plan para Europa. Editorial: Icaria Editorial, 2016. Colección: Más Madera.