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Riego contra los Borbones, 200 años después

El bicentenario del pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan podría servirnos para actualizar y llenar de vida y de futuro una tradición republicana, democrática y popular, imprescindible para alumbrar las tareas emancipatorias de nuestro tiempo

Por Gerardo Pisarello 8/10/2020. Publicado en CTXT

 “¿Cómo sufrís que un mortal […] se haya erigido en Rey absoluto y os domine y goce de vosotros como si para él fueseis creados?” Con estas palabras, y al mando de un pequeño batallón, el asturiano Rafael del Riego se levantaba en enero de 1820 contra Fernando VII en Las Cabezas de San Juan, Sevilla. Lo hacía en defensa de la Constitución de Cádiz de 1812, la más avanzada en la Europa de su tiempo, y la más incisiva en su propósito de embridar a la monarquía, de acotarle los espacios de discrecionalidad y de someterla a la legalidad. Aquella gesta, de la que se cumple el bicentenario, no solo puso en marcha lo que se conoció como el Trienio Liberal. Fue el antecedente más importante –y uno de los más olvidados– de una rica tradición republicana, democrática, que se extendió a lo largo de los últimos siglos y que vuelve a resonar en nuestros días, espoleada, una vez más, por la crisis que se cierne sobre la familia Borbón.   

1- Las primeras resistencias proto-republicanas a la Monarquía borbónica

Si hay algo que define la historia del republicanismo hispano en los siglos XIX y XX es la batalla contra la arrogancia y los abusos de una monarquía encarnada en una dinastía muy concreta: los Borbones. Fernando VII fue una de las figuras más reaccionarias de esta Casa. Esto le valió –como bien explica Emilio La Parra en su biografía definitiva sobre el “Rey felón”– irrumpir como “El Deseado” y acabar como “El Detestado”, algo que ocurriría con otros miembros de su familia. Por eso, precisamente, la tradición republicana, no solo en la Península sino del otro lado del Atlántico, no puede explicarse sin la oposición a un rey que hizo todo lo posible por librarse de cualquier atadura constitucional, persiguiendo con crueldad y alevosía a sus adversarios y decretando la necesidad de una “guerra a muerte” contra los movimientos por la independencia en América.

A pesar de sus límites, la Constitución de Cádiz era un eco de la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución francesa de 1791. Solo por eso fue uno de los mayores dolores de cabeza para la monarquía borbónica. En su articulado cabían tanto la primacía de la soberanía nacional como la defensa cerril de la religión católica. Pero en 1820, después de seis años de terror absolutista, y en una Europa cada vez más conservadora, representaba una suerte de estandarte protorepublicano contra un rey amparado por la una parte importante de la nobleza y del clero, que solo la había aceptado a regañadientes, con abierta falsedad, para abolirla en la primera ocasión que tuvo a mano.

Ese liberalismo no existía antes del siglo XIX. Y, sobre todo, no tenía nada que ver con lo que los neoliberales à la Esperanza Aguirre suelen entender como tal en el XXI

En Cádiz, de hecho, se fraguó el concepto “liberal” en su sentido político moderno. A pesar del uso anacrónico que suele hacerse del término, ese liberalismo no existía antes del siglo XIX. Y sobre todo, no tenía nada que ver con lo que los neoliberales à la Esperanza Aguirre suelen entender como tal en el XXI. El partido de los liberales nació para oponerse al de los serviles, partidarios del absolutismo. Y si bien no podía referenciarse directamente con el republicanismo francés, contaminado en 1812 por el imperialismo napoleónico, encarnaba muchos de sus ideales, al igual que los que inspiraban a la joven República norteamericana. De ahí que cuando el republicanismo democrático peninsular cobrara forma más clara, un par de décadas después, lo hiciera explícitamente ligado a lo más avanzado de las posiciones liberales y antiabsolutistas nacidas en la rebelde ciudad andaluza.

Ese singular liberalismo hispano tuvo muchos publicistas. Pero no hubiera podido quebrar la implacable resistencia absolutista sin enfrentarse a ella por la fuerza. No extraña, por eso, que las páginas más gloriosas de esta tradición fueran escritas por militares progresistas que precedieron a Riego en su pronunciamiento y que incluso fueron sus amigos: Francisco Espoz y Mina, Juan Díaz Porlier, Luis Lacy, José María Torrijos, Antonio Quiroga. Hoy es difícil imaginar al Ejército cumpliendo este papel progresista. Pero lo cierto es que la guerra contra Napoleón había implicado una pequeña revolución que lo cambió todo. Había desarticulado al Estado absolutista. Había reactivado las energías del municipalismo peninsular, acostumbrando a las ciudades y pueblos a actuar por su cuenta, a través de juntas celosas en la defensa de la descentralización y las libertades locales. Había animado a las mujeres –las “Amazonas de la libertad”, tan bien retratadas en el excelente libro de Pilar Garí y Juan Francisco Fuertes–, a romper el cerco de la vida doméstica y a asumir como propia la resistencia a Fernando VII. Y había alumbrado, también, guerrillas, milicias populares y ejércitos con jefes y oficiales progresistas, que se enfrentaron a los Borbones durante medio siglo, hasta que en 1868, de la mano de Joan Prim y de la Revolución Gloriosa, acabaron forzando su caída.

Por todas estas razones, cuando Riego se negó a embarcarse hacia América a aplastar las revueltas anticoloniales y se pronunció contra el absolutismo borbón invocando el respeto por la Constitución de Cádiz, el seísmo fue brutal. No solo en la península sino también más allá de sus confines. El poeta inglés Percy Shelley –influido por el republicanismo libertario de su suegro, William Godwin, y por el republicanismo feminista de su suegra, Mary Wollstonecraft– dedicó a la revolución de 1820-1823 su Oda a la Libertad. La Carta gaditana y la gesta de Riego también inspiraron revueltas en Nápoles, el Piamonte y Portugal. Lo mismo ocurrió en América, donde insuflaron nuevas fuerzas a los ejércitos de José de San Martín y Simón Bolívar y dejaron expedita la vía de la independencia a quienes, de manera infructuosa, habían intentado plantear durante años una relación igualitaria, federal, entre los territorios peninsulares y los territorios de ultramar.

2- La remoción de privilegios y las resistencias conservadoras y reaccionarias

El período que se abrió con el Trienio Liberal supuso una apertura inédita de la vida política en España. Las instituciones se llenaron de nuevos apellidos, diferentes a los que apoyaban al absolutismo, y la propia sociedad fue haciéndose rápidamente con los mecanismos de participación. Las Cortes liberales se sabían continuadoras de una labor que el golpe de Estado perpetrado por Fernando VII había interrumpido de manera brusca en 1814. El pronunciamiento de Riego, precisamente, había conseguido desarmar muchos de los objetivos de dicho golpe, permitiendo que se aboliera la Inquisición, se proclamara la libertad de prensa, se redujeran a la mitad los diezmos que los campesinos debían pagar a la Iglesia y se atacara, si bien tímidamente, a los sectores rentistas que controlaban “bienes de manos muertas”.

Los cambios fueron técnicamente lentos y no exentos de dificultades. Entre otras razones, porque los realistas, opuestos al sistema constitucional y partidarios de devolver al rey al centro del poder político, hicieron sentir su presión desde el primer momento. A ello hubo que sumarle las divisiones en el seno de los propios liberales, que operaron políticamente a través de dos tendencias: los moderados y los exaltados. Los primeros –con figuras destacadas como Agustín de Argüelles o el conde de Toreno– priorizaban la necesidad de consolidar jurídicamente los cambios desde las Cortes, y temían que la participación popular pudiera generar derivas demasiado radicales. Los exaltados, en cambio, planteaban una interpretación más social del liberalismo, y estaban convencidos que las transformaciones exigían una ciudadanía movilizada y la existencia de una fuerza pública capaz de defenderla.

Cuando Riego se negó a embarcarse hacia América a aplastar las revueltas y se pronunció contra el absolutismo invocando el respeto por la Constitución de Cádiz, el seísmo fue brutal

Obviamente, Riego fue una de las caras visibles de este último sector, junto a figuras como el también asturiano Álvaro Flórez Estrada, el aragonés Juan Romero Alpuente o José María Torrijos. Una parte importante del liberalismo exaltado terminó articulándose alrededor de sociedades patrióticas, tertulias de debate, nuevos periódicos, movilizaciones callejeras, milicias populares e incluso de nuevas agrupaciones como los comuneros, conocidos también como “los hijos de Padilla”.

No por casualidad, la acusación más dura que el conservadurismo y la reacción dirigían contra estos sectores avanzados del liberalismo era la de ser republicanos que querían ir más allá de la Monarquía constitucional y que defendían un programa de transformaciones demasiado radicales, no solo en términos políticos sino también económicos.

Las primeras Cortes, de mayoría moderada, hicieron todo lo posible por refrenar el crecimiento de este sector. Y una de las primeras decisiones que tomaron fue la de disolver el Ejército de la Isla a cuyo mando se encontraba Riego. La reacción de este fue airada. En sendos escritos dirigidos al Gobierno, al rey y a las Cortes, sugirió que esa decisión obedecía a “una mano enemiga del bien [que] dirige las operaciones del ministerio y con destreza conduce a su perdición a la Nación”. Poco después, se presentó en Madrid para exigir que la medida fuera revertida. Y si bien no lo consiguió, el recibimiento popular fue espectacular. Recibió homenajes, banquetes, y en una velada teatral en su honor, el público acabó entonando el ya popular “Himno de Riego” e incluso el “Trágala”, una canción dirigida a la monarquía que le exigía acatar sin rechistar la Constitución de Cádiz.

3- Las conspiraciones y “coletillas” del Rey Borbón

Obviamente, las resistencias más férreas a cualquier avance mínimamente democratizador provenían de la Casa Real. El levantamiento de Riego había obligado a Fernando VII a calzarse hipócritamente la máscara de la legalidad –“Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”– pero apenas pudo se trasladó con su familia a El Escorial. Desde allí, la Corte se convirtió en el centro de conspiraciones de todo tipo. El rey no dudó para ello en recabar la Santa Alianza, integrada por los gobiernos conservadores y reaccionarios de Rusia, Austria, Prusia y Francia.

Cada vez que Fernando VII se trasladaba a Madrid, sin embargo, debía aguantar críticas y gestos irreverentes por parte de la población. En una ocasión, la Guardia real llegó a arremeter con sus sables desenvainados contra paisanos desarmados que proferían críticas contra el monarca. El escándalo fue tal que provocó la disolución de este cuerpo armado, aunque la impresión generalizada fue que con Fernando de Borbón al frente, la idea de una monarquía constitucional constituía un auténtico oxímoron. 

En la apertura de la segunda legislatura ordinaria de Cortes, en marzo de 1821, el rey tuvo que pronunciar el discurso inaugural. El texto de su intervención, como era preceptivo, había sido preparado por Argüelles, presidente del Congreso, y ratificado por el resto de ministros. Sin embargo, el monarca no se limitó a leer el discurso que le habían redactado. Al final del escrito, introdujo un párrafo propio, la famosa “coletilla”, en el que denunciaba los constantes vejámenes cometidos contra su persona y la debilidad del ministerio en impedirlos y reprimirlos.

La acusación más dura que la reacción dirigía contra los sectores avanzados del liberalismo era la de ser republicanos que querían ir más allá de la Monarquía

Este tipo de movimientos no fue excepcional. A lo largo del Trienio, el rey no dejó de mandar mensajes de socorro a las cortes europeas, pintando para ello escenarios desesperados. “Esto va cada día peor –llegó a escribir– y se pone de peor aspecto: los republicanos adelantan descaradamente, sin rebozo y a pasos agigantados. De todas partes envían representaciones para que mude el Ministerio: todas ellas, a favor del pícaro de Riego. En Cádiz y Sevilla ya no quieren obedecer al Gobierno, ni recibir a las Autoridades que se envían allá, solo porque las envían los actuales ministros, a los que no conviene quitar ahora, pues si los revoltosos consiguieran esto mañana, se atreverían contra la Familia Real”.

Las nuevas Cortes elegidas en 1822 corroboraron sus peores temores. Los liberales moderados, partidarios de reformar la Constitución de Cádiz en un sentido conservador, perdieron peso, los exaltados crecieron y el propio Riego fue elegido presidente del Congreso. Cuando el Rey pronunció su discurso inaugural, dibujando un escenario casi idílico, el héroe de la Constitución no dudó en responder con una intervención que hacía referencia a “las maquinaciones repetidas de los enemigos de la libertad” y a la necesidad de preservar las reformas ya establecidas “apartando con mano fuerte los obstáculos que puedan oponérseles”.

4- El martirio de Riego y su legado republicano.

A pesar de estas palabras, y para desesperación de algunos de sus seguidores, Riego no se movió nunca de su papel de militar constitucional a la orden de sus superiores. Reyes menos canallas que Fernando VII, como Carlos I de Inglaterra o Luis XVI, acabaron subiendo al patíbulo. Pero ni Riego ni ninguno de los liberales de su generación se mostraron dispuestos a oficiar de Cromwell o de Robespierre. Dejaron que el rey y la mayoría del clero y la nobleza alentaran la guerra civil y conspiraran para que la intervención extranjera acabara con la Constitución y con los constitucionalistas. Y así ocurrió.

La Europa conservadora y reaccionaria estaba asustada, sobre todo Rusia y Austria. Bajo su presión, la Santa Alianza decidió en el Congreso de Verona acabar con una revolución que amenazaba con prender el fuego en toda Europa. Francia, de la mano de las tropas de los Cien Mil Hijos de San Luis, fue la encargada de estrangular al ensayo democratizador que supuso el Trienio Liberal. La resistencia fue importante en diferentes sitios del territorio. Pero las clases campesinas y el mismo artesanado que en 1808 se habían levantado en masa contra el ejército francés no vieron razones de peso, esta vez, para defender a unas políticas liberales que se habían despreocupado demasiado de ellas.

Con la caída del régimen constitucional, cayó también Riego, que fue trasladado a Madrid y fue ahorcado y decapitado en la Plaza de la Cebada, en un acto pavoroso propio del Santo Oficio de la Inquisición. Para que nada faltara, al día siguiente de su ejecución se publicaba en Madrid una supuesta retractación escrita y firmada por él antes de morir. Un intento postrero, e inútil, de evitar que el mito sobreviviera al personaje.

Como el propio Miguel de Unamuno escribiría años más tarde, “el suplicio de Riego supuso un golpe mortal para el absolutismo monárquico borbónico”. Y así fue. Contra lo que pretendían sus verdugos, desde el liberalismo progresista y el republicanismo del siglo XIX hasta el anarcosindicalismo, el socialismo y el comunismo del siglo XX, el héroe de Las Cabezas de San Juan nutriría un abigarrado universo de símbolos y sentimientos de indudable radicalidad democrática.

Ya en sus memorias, el novelista francés Alexandre Dumas dejó escrito: “Riego ha dejado un canto, de este canto nacerá una revolución, y de esta revolución, la república”. No se equivocó. El Himno de Riego fue declarado himno oficial durante la Primera República entre 1873 y 1874. Más tarde, con la llegada de la Segunda República, fue coreado en diversas ciudades de la península, junto a la Marsellesa y la Internacional. Incluso en el año 2000, la banda de rock madrileña Canallas se atrevió con su propia versión, adaptando la letra y manteniendo en pie las exigencias republicanas también para el nuevo siglo (“Si los Reyes de España supieran, lo poco que van a durar, a la calle saldrían gritando: ¡Libertad, libertad, libertad!”).

Que los 200 años del pronunciamiento de Las Cabezas de San Juan sirvan, pues, para honrar a quienes, horadando en dura roca, se atrevieron a abrir nuevos caminos de libertad, de igualdad y de fraternidad. Pero sobre todo que sirvan para actualizar, para llenar de vida y de futuro una tradición republicana, democrática, popular, imprescindible para alumbrar también las tareas emancipatorias de nuestro tiempo.

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Una Monarquia Patrimonial

Per Gerardo Pisarello

Publicat a l’Ara.cat

Al començament del segle XX, sota el títol Economia i societat, van veure la llum de manera pòstuma alguns dels escrits més penetrants del sociòleg alemany Max Weber. Weber hi distingia diferents formes de dominació en l’exercici del poder: la tradicional, la carismàtica, la burocràtica. Dins de la primera, n’evocava una a la qual no sempre s’ha parat esment: la patrimonial. El mateix Weber la vinculava a algunes formes d’estat, com la monarquia, i resulta molt actual en relació amb els actes de corrupció atribuïts a Joan Carles de Borbó.

Segons Weber, el poder patrimonial es caracteritzava per l’àmplia esfera d’arbitrarietat que s’atribuïa a qui l’exercia. L’abast d’aquest poder depenia almenys de dos factors. D’una banda, de la força i el “temor militar” que el monarca fos capaç de generar. De l’altra, de l’aparell administratiu que tingués darrere. Però hi havia alguna cosa més. Per a Weber, la dominació patrimonial del rei es basava en la seva autoritat domèstica. És a dir, era, a més de patrimonial, patriarcal. La funció de la família del monarca era donar cobertura organitzada a les seves necessitats sexuals i econòmiques per facilitar-ne la dominació. El rei, així, podia exigir la complaença de la seva pròpia família. Però també dels seus súbdits, la resta de membres lliures de la societat que, sense pertànyer a la seva família, estaven sota el seu domini polític. Amb una advertència. Només podia esperar la seva conformitat en “circumstàncies socialment favorables”.

Fins aquí, Weber. Aquests textos són d’inicis del segle XX. Però ressonen amb força indiscutible si s’analitza la realitat de la monarquia borbònica avui. Pensem en Joan Carles I, el paper del qual és indestriable de la força i del “temor militar” a què pot apel·lar. Investit pel dictador Francisco Franco, reconegut com a cap de les forces armades per la Constitució i reforçat com a màxima referència militar després del cop del 23-F de 1981, està lluny de ser un simple símbol sense capacitat d’actuació.

La concepció patrimonialista de la monarquia contradiu obertament la idea de monarquia parlamentària consagrada a la Constitució

Ben al contrari, aquest poder reafirmat després de la seva ascensió com a “salvador de la democràcia” és al cap i a la fi el que li va permetre utilitzar la institució en benefici propi. I, sobretot, el que li va permetre fer-ho envoltat de privilegis, al marge, sovint, de la ratificació dels representants de la voluntat popular, i a recer de l’escrutini públic.

És així com Joan Carles I es va acostumar a actuar com el cap d’una monarquia que deixava un marge ampli per als seus capricis i negocis privats. Aquesta concepció patrimonialista de la monarquia contradiu obertament la idea de monarquia parlamentària consagrada a la Constitució espanyola. I implica no sols el rei, sinó el conjunt de la família reial.

Una aproximació patrimonialista i patriarcal a l’anomenat joancarlisme ajuda a entendre millor els escàndols que van involucrar Iñaki Undargarin, gendre del rei, i la seva pròpia filla, Cristina de Borbó. O la increïble proximitat física a la Zarzuela de la mateixa Corinna Larsen, companya sentimental i de negocis de l’exmonarca durant més d’una dècada.

Moltes d’aquestes actuacions de la Casa del Rei van ser acceptades o tolerades mentre va haver-hi “circumstàncies socials favorables”, com advertia Weber. Tanmateix, l’aprofundiment de la crisi, amb els seus greus efectes econòmics, les ha tornat inacceptables per a la majoria de la població. Per molt que sàpiga greu a alguns, serà cada cop més difícil que la societat accepti les sancions desmesurades que el Codi Penal imposa a les crítiques a la Corona. O que s’admeti que la inviolabilitat del Rei s’utilitzi com a excusa per no investigar delictes greus que perjudiquen tercers. O simplement que es presenti com una mena de llicència per enriquir-se, valent-se d’informació privilegiada i dels avantatges socials que el càrrec comporta.

I el que resulta inacceptable tractant-se de Joan Carles I, també ho serà en relació amb Felip VI. El rei actual ja va començar malament intentant generar el seu propi “temor militar” amb el discurs del 3 d’octubre del 2017. Potser aquella intervenció li va permetre guanyar-se l’aplaudiment dels sectors més recalcitrants del nacionalisme espanyol. En canvi, li va alienar, de forma tal vegada irreversible, el suport d’una part considerable de la ciutadania a Catalunya, però també de fora de Catalunya. I no sols això. És ingenu pensar que el comunicat de la Casa del Rei reconeixent l’existència de negocis opacs de Joan Carles de Borbó eximeixi de sospites el rei actual. Els assumptes denunciats per la mateixa Zarzuela són tan greus que és impossible no preguntar-se si Felip VI estava al cas del que passava. Sobretot tenint en compte que els fets investigats es van produir quan l’actual monarca era un home madur, conscient que heretaria el tron, i no pas un jove que rondava pels passadissos del palau.

La pretensió de girar full amb l’argument que el tema genera “inestabilitat” tampoc no sembla realista. Davant una emergència econòmica i social sense precedents, el que seria veritablement desestabilitzador és no aclarir els fets ni adoptar mesures inequívoques perquè no tornin a passar. Consentir la impunitat no només suposaria normalitzar actes greus de corrupció comesos des de les més altes esferes de l’Estat. Seria avalar una concepció patrimonial de la monarquia que el mateix Weber, en bona lògica, situava més a prop de l’exercici despòtic del poder que de les monarquies considerades parlamentàries. Una raó suficient perquè, quaranta anys més tard, la ciutadania pugui pronunciar-se sobre la seva continuïtat.

Una Monarquía patrimonial

Por Gerardo Pisarello

Publicado en Ara.cat.

A comienzos del siglo XX, bajo el título Economía y Sociedad, vieron la luz de manera póstuma algunos de los escritos más penetrantes del sociólogo alemán Max Weber. En ellos, Weber distinguía diferentes formas de dominación en el ejercicio del poder: la tradicional, la carismática, la burocrática. Entre estas, evocaba una a la que no siempre se le ha prestado atención: la patrimonial. El propio Weber la vinculaba a algunas formas de Estado, como la Monarquía, y resulta muy actual en relación con los actos de corrupción atribuidos a Juan Carlos de Borbón.

Según Weber, el poder patrimonial se caracterizaba por la amplia esfera de arbitrariedad que se atribuía a quien lo ejercía. El alcance de este poder dependía al menos de dos factores. La fuerza y el “temor militar” que el monarca fuera capaz de generar, y el aparato administrativo que tuviera detrás. Pero había algo más. Para Weber, la dominación patrimonial del Rey radicaba en su autoridad doméstica. Es decir, era, además de patrimonial, patriarcal. La función de la familia del monarca era dar cobertura organizada a sus necesidades sexuales y económicas para facilitar su dominación. El Rey, así, podía exigir la complacencia de su familia. Pero también de sus súbditos, el resto de miembros libres de la sociedad que, sin pertenecer a su familia, se encontraban bajo su dominio político. Con una salvedad. Solo podía esperar su conformidad en “circunstancias socialmente favorables”.

Hasta aquí, Weber. Estos textos son de inicios del siglo XX. Pero resuenan con fuerza indiscutible si se cotejan con la realidad de la Monarquía borbónica hoy. Pensemos en Juan Carlos I, cuyo papel es inescindible de la fuerza y del “temor militar” a los que puede apelar. Investido por el dictador Francisco Franco, reconocido como Jefe de las Fuerzas Armadas por la Constitución, y reforzado como máxima referencia militar tras el 23-F de 1981, está lejos de ser un simple símbolo sin capacidad de actuación.

La concepción patrimonialista de la Monarquía contradice abiertamente la idea de Monarquía parlamentaria consagrada en la Constitución

Por el contrario, es ese poder reafirmado tras su encumbramiento como “salvador de la democracia” el que a la postre le permitiría utilizar la institución en beneficio propio. Y sobre todo, el que le permitiría hacerlo rodeado de privilegios, al margen, a menudo, del refrendo de los representantes de la voluntad popular, y a salvo del escrutinio público.

Es así como Juan Carlos I se acostumbró a actuar como el jefe de una Monarquía que dejaba amplio un margen para sus caprichos y negocios privados. Esta concepción patrimonialista de la Monarquía contradice abiertamente la idea de Monarquía parlamentaria consagrada en la Constitución española. E implica no solo al Rey, sino al conjunto de la Familia Real.

Una aproximación patrimonialista y patriarcal al llamado “juancarlismo” ayuda a entender mejor los escándalos que involucraron a Iñaki Undargarin, yerno del Rey, y a su propia hija, Elena de Borbón. O la increíble proximidad física a la Zarzuela de la propia Corinna Larsen, compañera sentimental y de negocios del ex monarca durante más de una década.

Muchas de estas actuaciones de la Casa Real fueron aceptadas o toleradas mientras hubo “circunstancias sociales favorables”, como diría Weber. Sin embargo, la profundización de la crisis, con sus graves efectos económicos, las ha vuelto inaceptables para la mayoría de la población. Aunque le pese a algunos, será cada vez más difícil que la sociedad acepte las sanciones desmesuradas que el Código Penal impone a las críticas a la Corona. O que se admita que la inviolabilidad del Rey se utilice como excusa para no investigar delitos graves que perjudican a terceros. O simplemente que se presente como una suerte de licencia para enriquecerse, valiéndose de información privilegiada y de las ventajas sociales que el cargo entraña.

Y lo que resulta inaceptable tratándose de Juan Carlos I, también lo será en relación con Felipe VI. El actual Rey ya comenzó mal intentando generar su propio “temor militar” con el discurso del 3 de octubre de 2017. Aquella intervención pudo granjearle el aplauso de los sectores más recalcitrantes del nacionalismo español. Pero le enajenó, de manera acaso irreversible, el apoyo de una parte considerable de la ciudadanía en Catalunya, pero también fuera de ella. Y no solo eso. Es ingenuo pensar que el comunicado de la Casa Real reconociendo la existencia de negocios opacos de Juan Carlos de Borbón vaya a eximir de sospechas al Rey actual. Por el contrario, los asuntos denunciados por la propia Zarzuela son tan graves que es imposible no preguntarse si Felipe VI estaba al tanto de lo que ocurría. Sobre todo, teniendo en cuenta que los actos hoy investigados se produjeron cuando el actual monarca era un hombre hecho y derecho, consciente de que heredaría el trono, y no un simple chiquillo que rondaba por los pasillos del Palacio Real.

La pretensión de echar un velo sobre el tema con el argumento de que genera “inestabilidad” tampoco parece realista. Ante una emergencia económica y social sin precedentes, lo verdaderamente desestabilizador sería no esclarecer lo ocurrido ni establecer medidas inequívocas para que no se repita. Consentir la impunidad no solo supondría normalizar graves actos de corrupción cometidos desde las más altas esferas del Estado. Sería avalar una concepción patrimonial de la Monarquía que el propio Weber, con buena lógica, situaba más cerca del ejercicio despótico del poder que de las monarquías consideradas parlamentarias. Razón suficiente para que, después de cuarenta años, la ciudadanía pueda pronunciarse sobre su continuidad.

¿Un nuevo Pacto de San Sebastián por la Tercera República? por Diego Díaz

Participo en el reportaje del historiador Diego Díaz (@DiegoDazAlonso1)para El Salto sobre el Pacto de San Sebastián.

Han transcurrido 90 años de aquel 17 de agosto de 1930, de ese encuentro informal que supuso una «alianza transversal» del republicanismo español, en todos sus acentos ideologicos, coincidiendo con el republicanismo gallego y catalán, configurando, lo que podriamos denominar el primer intento de un modelo de estado republicano democrático y plurinacional y el final del reinado de Alfonso XIII.

Junto con Xavi Domenech y el politólogo asturiano Xabel Vegas, reflexionamos acerca de este hecho histórico y sobre el actual contexto político.

Leer en El Salto Aquí

¿Un nuevo Pacto de San Sebastián por la Tercera República?

Se cumplen 90 años de la alianza entre partidos republicanos españoles, catalanes y gallegos que posibilitó el final del reinado de Alfonso XIII.

El verano transcurría plácido en San Sebastián, la ciudad más elegante y chic de la costa cantábrica, para quienes vivían al margen de la crisis terminal de la Restauración borbónica impuesta en 1874 tras el golpe militar del general Martínez Campos, y que la dictadura de Primo de Rivera había tratado de alargar con poca fortuna en una huida hacia delante que llegaría a su fin con el cambio de la década de los 20 a los 30. En enero de 1930, en mitad de una grave crisis económica, una nueva devaluación de la peseta, y con el ruido de fondo del crecimiento de la oposición a la Monarquía y la dictadura, Primo de Rivera, el “cirujano de hierro” que había regido durante siete años los destinos del país, presentaba su dimisión al rey Alfonso XIII.

El monarca encargaría a otro general, Damaso Berenguer, formar gobierno y pilotar una transición tranquila que condujera al restablecimiento del régimen constitucional suprimido en 1923 por el dictador con el apoyo del bisabuelo de Felipe VI. Ya era demasiado tarde. Lejos de satisfacer a los críticos con el régimen, el cambio de estrategia de Alfonso XIII para buscar la supervivencia de la Monarquía envalentonaría a la oposición, convencida de que la apuesta constitucional era una muestra de su debilidad.

Así, mientras los veraneantes disfrutaban de los baños y los paseos por la playa de la Concha, en el local de la Unión Republicana de San Sebastián, en una reunión presidida por el presidente del Círculo Republicano local, Fernando Sasiaín, posterior alcalde de la ciudad, el 17 de agosto de 1930 se escribía de manera colectiva, entre las principales corrientes del republicanismo, un capitulo fundamental en la historia contemporánea de España.

Al cónclave donostiarra asistirían tanto históricos líderes del republicanismo español y españolista, como Alejandro Lerroux, como nuevos valores emergentes entre los que se encontraba Manuel Azaña, fundador del Grupo de Acción Republicana, y recién llegados, Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora, cuya trayectoria política hasta la fundación de Derecha Liberal Republicana había estado ligada a la Monarquía y los partidos dinásticos.

No faltarían tampoco a la conspiración otros nuevos acentos políticos. Los del republicanismo gallego, representado por Santiago Casares Quiroga, que defendía además de la República el establecimiento de un estatuto de autonomía para Galicia y, sobre todo, los del separatismo catalán, representados por Estat Catalá. La confluencia del republicanismo catalán, el separatismo y el movimiento obrero había hecho de Catalunya el principal foco de oposición a la dictadura y al monarca.

El 17 de agosto de 1930 se escribía de manera colectiva, entre las principales corrientes del republicanismo, un capitulo fundamental en la historia contemporánea de España

Dentro de este magma diverso, las acciones armadas de Estat Catalá habían dado una enorme popularidad a este grupo nacionalista capitaneado por el exmilitar Francesc Maciá. Su presencia en San Sebastián representaba la voluntad de los separatistas catalanes de coordinarse con el republicanismo español si este garantizaba una futura República federal en la que Catalunya viera reconocida su soberanía.

El historiador Xavier Domènech señala en su último libro, Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017) que “la cuestión catalana fue central para llegar al pacto republicano”. Si bien no se levantaron actas de aquella histórica reunión, dando lugar después a todo clase de interpretaciones sobre lo que verdaderamente se acordó en Donostia, los delegados catalanes, en una nota publicada posteriormente en el diario La Publicitat, y consensuada con el resto de los asistentes, informaban que los republicanos españoles habían asumido en la reunión el “principio de autodeterminación, concretado en el proyecto de estatuto o constitución autónoma propuesto libremente por el pueblo de Cataluña”.

El partido socialista, dividido ante la situación política que vivía el país, sería el gran ausente del pacto. Acudiría sin embargo a titulo individual uno de sus dirigentes más perspicaces, Indalecio Prieto. Convencido de que el PSOE y la UGT no podían quedar al margen del movimiento republicano en marcha, Prieto lograría vencer las resistencias del ala derecha del partido, encabezada por Julián Besteiro, y sentar en octubre a los socialistas en la misma mesa que los partidos republicanos. Si bien los planes de los conspiradores de derrocar a Alfonso XIII con una combinación de huelga general y levantamiento armado fracasarían en la chapucera y descoordinada Sublevación de Jaca del 12 de diciembre de 1930, tanto el Pacto de San Sebastián como la ejecución de los militares republicanos sublevados, Fermín Galán y Ángel García, prepararían el terreno para la formación de las victoriosas candidaturas comunes de republicanos y socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931.

Pese a lo informal de una reunión, el imaginario del Pacto de San Sebastián rebrota en España con cada crisis de régimen. Su sombra planeó por momentos en la Transición, y nuevamente volvió a hablarse de él con motivo de la moción de censura que condujo a la presidencia de Pedro Sánchez. El jurista y diputado de Catalunya en Comú-Podem Gerardo Pisarello señala que el momento político hoy es muy diferente, marcado por la combinación de una crisis de la monarquía sin precedentes y la situación inédita de un gobierno de coalición compuesto por un partido socialista que apoya la Monarquía y un socio minoritario que es abiertamente republicano. “No hay ahora mismo un Indalecio Prieto en las filas del PSOE”, señala Pisarello.

No obstante, en los últimos días se han escuchado algunas voces republicanas en el socialismo periférico. Dos mujeres, la presidenta navarra, María Chivite, y la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, han abierto el debate, también un intento de sintonizar con unos votantes socialistas cada vez menos monárquicos. En una carta abierta a eldiario.es, la socialista valenciana ha pedido al PSOE modificar su postura: “Realineemos las ideas con las circunstancias, porque las circunstancias han cambiado. Porque [la monarquía] ni es necesaria, ni es esencial y cuarenta años después probablemente ya no sea útil”.

Si la posición oficial del PSOE es a día de hoy una de las grandes debilidades del republicanismo, la otra es la inexistencia de una derecha republicana como la que pudieron representar algunos sectores presentes en el Pacto de San Sebastián

¿Podría crecer esta corriente republicana dentro del PSOE en un contexto de auge del republicanismo? Para Xavier Domènech el PSOE “está condenado a elegir entre pactar con el PP o con los partidos republicanos y por tanto a aceptar que como más defensor de la monarquía sea, menos alternativa de gobierno real será. No parece que vayan a volver ni las grandes mayorías absolutas, ni que Ciudadanos vaya a ser una posibilidad solida con la que poder gobernar”.

Si la posición oficial del PSOE es a día de hoy una de las grandes debilidades del republicanismo, la otra es la inexistencia de una derecha republicana como la que pudieron representar algunos sectores presentes en el Pacto de San Sebastián. Al contrario que en sus años de esplendor, hoy el apoyo a la Monarquía ha dejado de ser transversal para escorarse claramente hacia la derecha, con los votantes del PP liderando el ranking de la identificación con la Casa Real.

El Pacto de San Sebastián

Para el polítólogo asturiano Xabel Vegas, “cualquier movimiento republicano serio y con una hoja de ruta a medio o largo plazo tiene la complicada tarea de seducir a personas significativas del centro-derecha español”. En su opinión, “hacen falta liderazgos plurales, que sean capaces de construir referentes políticos republicanos que vayan más allá de la tradición izquierdista”. Pisarello señala que aún no se ha producido una deserción masiva de “juancarlistas arrepentidos”, si bien considera que las críticas de Iñaki Gabilondo a la monarquía le han parecido de una honestidad brutal y una suerte de “arrepentimiento generacional” del que no existían precedentes.

El ex teniente de alcalde de Barcelona considera que el ensanchamiento del republicanismo, más allá de la izquierdas, puede empezar antes por partidos como el PNV o Junts per Catalunya, que vean en la República una oportunidad para lograr mejores encajes de sus respectivos territorios. No obstante, para Pisarello, “el reto es articular una coalición anticentralista” por la reforma del Estado, que no solo incluya a los distintos soberanistas, federalistas y confederalistas, sino también a los defensores de la España vaciada. Para él, la monarquía no es una cuestión ornamental, sino la clave de bóveda de un sistema estructuralmente corrupto de concentración del poder económico y territorial: “Cuando Juan Carlos I se dedicaba a cobrar comisiones Felipe no era un niño que correteaba por los pasillos de Zarzuela sino un señor hecho y derecho de 40 años”.

¿Se pueden lograr armonizar intereses y realidades tan distintos en un mismo movimiento republicano? ¿Aunar en una coalición común movimientos de la España interior empobrecida y despoblada con movimientos de las comunidades más prósperas y que aspiran a gestionar más impuestos recaudados en sus territorios? ¿Es compatible un republicanismo español moderado con unas izquierdas para las que República implica cambio social y con la exigencia del derecho a la autodeterminación de los soberanistas catalanes, vascos y gallegos, que precisamente emergen en aquellos territorios en los que el apoyo a la Monarquía es más débil?

Para el politólogo asturiano Xabel Vegas, “cualquier movimiento republicano serio y con una hoja de ruta a medio o largo plazo tiene la complicada tarea de seducir a personas significativas del centro-derecha español”

La excepcionalidad histórica del Pacto de San Sebastián fue lograr de algún modo juntar en torno a unos mínimos comunes a antiguos monárquicos de derechas, socialistas, republicanos de muy variado pelaje, autonomistas gallegos y separatistas catalanes. En fechas mucho más recientes, el Procés ha logrado aunar voluntades muy diversas y heterogéneas, cada vez más a medida que este iba creciendo y confrontando con el Estado. Desde independentistas de toda la vida a nuevos independentistas castellanoparlantes con raíces en Castilla, Murcia o Andalucía, y desde declarados neoliberales europeistas a sectores anticapitalistas partidarios de una República catalana fuera de la UE y de la OTAN.

¿Podría ser la exigencia de un referéndum y de un juicio a Juan Carlos I ese mínimo común denominador para levantar un nuevo movimiento republicano en España? En opinión de Pisarello, aún es pronto para hablar de “sincronizar los relojes” entre actores políticos diversos, pero ya se está dando una situación en la que “todo el mundo está mirando de reojo lo que marca el reloj del otro”.

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Entrevista en Clarín

“La monarquía borbónica ha contado con una super protección penal”

Gerardo Pisarello

Por Marina Artusa. Clarín.com (Aquí)

“Lo que puede poner en riesgo la estabilidad del gobierno de España y la propia calidad de la democracia es que los políticos elegidos por la ciudadanía aparezcan como cómplices de la situación de privilegio de la monarquía que es cuestionada por la mayoría de los ciudadanos.”

Lo dice Gerardo Pisarello, el tucumano que hoy es diputado y secretario de la Mesa del Congreso español y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores.

El argentino, jurista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, reflexiona sobre las diferencias entre los socios del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ante las investigaciones sobre supuestos manejos fraudulentos de dinero del rey emérito Juan Carlos de Borbón y su inquietante cambio de domicilio fuera de España.

El lunes 3 de agosto la Casa Real hizo pública una carta de Juan Carlos al rey Felipe VI, en el trono desde hace seis años cuando su padre abdicó, en la que le informaba que pensaba abandonar España. Sin revelar cuál sería la sede de su destierro, se especuló toda la semana sobre posibles moradas para el rey emérito. Ni la Casa Real ni el gobierno revelaron dónde estaba hasta que circuló una foto de Juan Carlos con barbijo y bajando de un avión privado en un aeropuerto de Abu Dhabi.

Hijo de Angel Pisarello, un abogado defensor de presos políticos que fue secuestrado y asesinado en el ’76, y nieto de republicanos andaluces que emigraron a Argentina, Pisarello lleva más de dos décadas en España, donde se doctoró en Derecho y, apañado por el ala catalana del partido de Pablo Iglesias, fue vicealcalde de Barcelona entre 2015 y 2019.

“Como hijo de desaparecido, no puedo olvidar que Juan Carlos I fue el primer jefe de Estado en visitar la dictadura de Videla en Argentina y la de Pinochet en Chile -dice Pisarello a Clarín-. Desde 1978 demostró que los objetivos comerciales y económicos tenían prioridad sobre cualquier otra consideración en materia de respeto por los derechos humanos.”

El jurista Gerardo Pisarello, nacido en la Argentina y ahora diputado en el Congreso de España. /EFE

Respecto de la Corona española, el argentino es tajante: “La Constitución española dice que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria y la monarquía restaurada después de 1978, en la práctica, no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”, dice Pisarello.

-¿Por qué?

-Porque no ha estado sometida al principio democrático, a principios elementales de transparencia y se le han ido reconociendo privilegios que han ido corrompiendo la propia institución. La monarquía borbónica ha contado con una súper protección penal que ha impedido que sea objeto de suficiente escrutinio público.

La de España “no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”.

-¿Cómo se llegó a eso?

-Se han censurado libros, periodistas, hay gente que ha terminado en la prisión por escribir canciones o artículos referidos a la monarquía y eso ha impedido que exista un control público y social suficiente sobre el rey. Por eso hizo falta un procedimiento en el extranjero, en Suiza, y que sea la prensa internacional la que denunciara algo que en España, a pesar de que era conocido, era imposible denunciar.

-Según el presidente Pedro Sánchez, la monarquía no está siendo cuestionada porque “se juzgan personas y no instituciones”. Para usted, si se comprobaran las presunciones, ¿estaríamos ante la corrupción de una persona o de la Corona?

-«y eso no sólo afecta a Juan Carlos. La gran pregunta es si el propio Felipe VI tenía conocimiento o estaba implicado en todo ese tipo de actuaciones. Hoy no lo sabemos. Se están conociendo actuaciones presuntamente delictivas de Juan Carlos y muchas tienen su origen en 2008. Felipe VI tenía 40 años. No era un niño que correteaba por el Palacio de la Zarzuela sin saber lo que ocurría. El principio de inviolabilidad del rey se utiliza en realidad como una carta blanca para delinquir incluso a través de actos privados en los que el rey no está cumpliendo ningún tipo de función pública.

“No es sólo la corrupción de Juan Carlos sino de toda una institución rodeada de privilegios y opacidad”.

-Si cometió delitos, ¿el rey emérito debería poder ser juzgado?

-Creo que el rey no sólo debe poder ser juzgado en los tribunales sino que debe poder ser investigado por las Cortes Generales. Me parece fundamental. Si es una monarquía parlamentaria, quiere decir que la monarquía es un elemento puramente simbólico y que el peso de la vida política debe estar en la sede principal de la soberana popular que es el Congreso. Si eso es así, que es lo que dice la Constitución, el rey emérito debería poder ser investigado por el Congreso. Y el rey actual, su hijo, Felipe VI, debería poder explicar en el Congreso todo lo que sabe sobre su padre.

-Desde lo penal, ¿se podría procesar a Juan Carlos a partir de 2014 es que cuándo deja de ser rey y pierde la inviolabilidad?

-La figura de la inviolabilidad penal tiene como objetivo garantizar la independencia de la institución. Los parlamentarios somos inviolables por declaraciones que hacemos en la Cámara para proteger nuestra libertad de expresión e ideológica. Si cualquier diputado cometiera un acto de corrupción, podría ser juzgado. Lo que hace presumir que, en el caso de la monarquía, el principio de inviolabilidad que figura en la Constitución funciona de manera similar. Es imposible pensar que la inviolabilidad sirve para cubrir delitos del rey en los que no cumple ninguna función institucional. Después de la abdicación, está clarísimo que eso no es más así. El debate es antes…

-¿Cuál es su postura?

-Cada vez hay más juristas que están diciendo que antes del 2014 el rey sólo es inviolable por actos que ejercía en funciones de rey, cumpliendo funciones instituciones, pero no por aquellos actos privados. Si al rey se le presenta un demanda de paternidad, por ejemplo, se le podría plantear. Si se le presenta una demanda por delitos que no tengan que ver con su actuación pública tiene que poder ser juzgado. Esa es mi posición. Por eso digo que hay una anomalía.

-¿Qué desafío presenta el debate sobre la monarquía para el gobierno de coalición, donde el PSOE se muestra más negociador y Podemos ve la oportunidad para plantear qué hacer con la Corona?

-Creo que después de la Transición en España hubo mucha gente republicana vinculada al Partido Socialista que aceptó la monarquía en la vida política porque consideraba que era el precio a pagar por la paz social y porque pensaba que el rey iba a cumplir un papel ejemplar y simbólico. Y creo que esa generación hoy se siente traicionada. El PSOE en este momento lo que está intentado plantear es que las investigaciones sobre Juan Carlos I han de producirse en el ámbito judicial y no en el propio Congreso. Para nosotros es un error. Y luego está intentando separar la figura de Juan Carlos de la de Felipe VI, pero yo creo que es un objetivo que difícilmente pueda prosperar. Aquí es donde el PSOE no está siendo, a mi juicio, lo suficientemente valiente y se equivoca.

-¿Este tema afecta la credibilidad del gobierno?

-El gobierno de coalición que existe ahora es importante para que en un momento de crisis haya una respuesta que permita proteger a la familia trabajadora, a las pequeñas y medianas empresas. Ese es el objetivo de un gobierno progresista, pero para que esos objetivos sociales sean posibles, no podemos lanzar a la ciudadanía un mensaje de que en cambio, mientras las ciudadanos de a pie tienen que pagar sus impuestos, hay una institución que es la monarquía que está blindada frente a eso y ni siquiera se la puede investigar cuando hay acusaciones tan grandes. Me parece que éste es un reto compartido con el Partido Socialista.

-¿Qué costo político puede tener este debate? ¿Puede poner en riesgo la Legislatura actual?

-Lo que genera más inestabilidad es pretender barrer debajo de la alfombra unas actuaciones por parte del rey emérito que tratándose en otras monarquías parlamentarias o en otros jefes de Estado serían absolutamente intolerables.

-¿Un referéndum sería el próximo paso?

-El problema de la monarquía es que es una institución sin legitimidad de origen. No ha sido votada, es hereditaria y tiene que construir su legitimidad. Normalmente la construyen con la ejemplaridad pública. Cuando no hay ejemplaridad, la crisis de legitimidad vuelve abrirse y, en un sistema democrático, debería resolverse a través de un referéndum.

-¿Qué sucederá con las investigaciones?

-No tengo muchas esperanzas respecto de la actuación del Tribunal Supremo. Tengo dudas de que vaya a hacer valer la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, incluso el ciudadano Juan Carlos de Borbón. Si las Cortes Generales no pueden investigar, estaríamos ante un intento fraudulento de desconocer la Constitución que establece la subordinación del principio monárquico al principio democrático.

-Hubo sin embargo intentos de crear comisiones en el Parlamento y no prosperaron…

-Diferentes fuerza políticas republicanas presentamos peticiones de investigación que hasta el momento fueron denegadas por la propia mesa del Congreso con argumentos jurídicamente poco fundados. Ahora mismo presentamos un recurso contra la denegación para que se abra una comisión de investigación sobre algo tan sencillo como las relaciones comerciales y diplomáticos que existían entre Arabia Saudita y el Reino de España.

Que la corrupción de la monarquía no corrompa la democracia.

Por Gerardo Pisarello

Leer en @publico.es

Según un viejo aforismo inglés, en la Monarquía parlamentaria británica el Rey no puede hacer el mal (the King can do not wrong). Este principio puede parecer un ingenuo y peligroso canto a la arbitrariedad. Sin embargo, para que sea admisible, debe complementarse con otro conforme al cual el Rey no puede actuar por su cuenta (the King can not act alone) a espaldas de la sociedad, sino que debe hacerlo con el visto bueno -el refrendo- de los ministros del Gobierno y bajo el escrutinio crítico de la opinión pública.

Si esto es así, resulta evidente que los turbios negocios de Juan Carlos I de Borbón en esta última década han estado claramente reñidos con lo que, en términos constitucionales, debería haber sido una Monarquía realmente parlamentaria. Pero no se trata solo de él. Se trata, como se está viendo, de un cúmulo de actuaciones que implican a diversos miembros de la Familia Real. De ahí que no se esté, como se ha dicho, ante la corrupción de una persona, sino ante la corrupción creciente de una institución. Una institución que ha funcionado sin controles, rodeada de privilegios, y que amenaza con golpear, una vez más, a la democracia y al Estado de derecho.

Un rey que actuaba (que delinquía) sin referendo

En su reciente anuncio de que abandona España por la «repercusión pública» de unos acontecimientos de su «vida privada», el propio Rey Emérito ha venido a confirmar esta impresión. Ninguna de las expresiones que utilizó es inocua. No lo es la alusión a la «repercusión pública», que en realidad es un eufemismo para referirse a las noticias, los procedimientos judiciales y las peticiones de investigación de sus actuaciones, tanto en España como en Europa. Solo eso, hace que la marcha sea leída directamente como huida, esto es, como una forma de eludir esas investigaciones, más que de contribuir a que se produzcan (algo que se vería confirmado si el destino es un país de otro continente como República Dominicana).

Tampoco es inocua la alusión a acontecimientos de su «vida privada». Porque si los cobros de comisiones, los blanqueos de capitales y los fraudes fiscales que se le imputan eran actos privados, ajenos a su función constitucional, hay buenas razones para sostener que no se encontraba amparado por la inviolabilidad contemplada en el artículo 56.3 de la Constitución.

Si el Rey emérito, en efecto, actuaba por su cuenta, como reconoce en la carta, en beneficio privado y de manera reiterada, quiere decir que no contaba con el refrendo de nadie. Por lo tanto, los artículos que deben aplicársele son el 9.2 y el 14 de la Constitución, que someten a todos los ciudadanos a la ley y al ordenamiento jurídico, sin distingos arbitrarios. Pero no el 56.3, porque la función de dicho precepto no es otorgar carta blanca para delinquir. Ni mucho menos para hacerlo de manera reiterada, burlando a la Hacienda Pública y comprometiendo la estabilidad y la reputación del Estado.

Por el contrario, el sentido de la inviolabilidad del Rey es protegerlo frente a maniobras arteras que pudieran poner en peligro su función constitucional. Esto ocurriría, por ejemplo, si alguien lo obligara a no sancionar y promulgar una ley aprobada por las Cortes, a no firmar un Tratado de Derechos Humanos consentido por el Gobierno y el Parlamento con la amenaza de sancionarlo jurídicamente. Pero nada indica que sea el caso. Que cuando el Emérito actuaba como presunto comisionista, fraguando desde la Zarzuela una «estructura para ocultar dinero a Hacienda», lo hiciera coaccionado por terceros.  Como él mismo admite, no actuaba en cumplimiento de su función constitucional. Actuaba como persona privada, no pública, y al hacerlo así, no podía, ni contar con el refrendo previsto, porque no existía o era directamente imposible, ni pretender no ser investigado y juzgado por dichos actos.

Un rey que actuaba solo (o no tanto)

Que el Emérito actuara «solo» en términos constitucionales, es decir, sin poder descargar su responsabilidad en otros actores, no significa que operara sin el conocimiento de otras personas. Algunas de ellas (como su ex amiga Corinna Larsen, el abogado suizo Dante Canónica, o el gestor de fortunas Arturo Fasana) ya han declarado de hecho como investigadas ante el Fiscal de Ginebra, Yves Bertossa.

Sin embargo, hay otra cuestión relevante: ¿conocía la propia Familia Real sus opacas operaciones financieras? Y de manera más directa: ¿las conocía su heredero en el trono, el Rey Felipe VI?

A comienzos de marzo de 2020, un día después de la declaración del Estado de Alarma por el Covid-19, la Casa Real decidió emitir un comunicado inédito e impactante. En él reconocía que un año atrás, Felipe VI había tenido conocimiento por un despacho de abogados británicos de su designación como beneficiario de la Fundación panameña Lucum, a través de la cual Juan Carlos I presuntamente blanqueaba comisiones recibidas del Rey de Arabia Saudita. En el mismo comunicado, se afirmaba que Felipe VI lo había informado de inmediato a las «autoridades competentes» y que un mes después había informado a su padre que no recibiría ningún beneficio de la misma, renunciando a su herencia personal.

La declaración fue un auténtico terremoto. Y aunque su objetivo evidente era construir la figura de un Rey «ejemplar y transparente», acabó generando lo contrario. Primero, por el momento en que se escogió para hacerla pública, el día después de la declaración de un Estado de Alarma. Segundo, porque en ella no se explicaba por qué Felipe VI había tardado tanto en dar a conocer unos hechos que, como mínimo, conocía desde hace un año. Tercero, porque la supuesta pretensión de renunciar a una herencia con su padre vivo, no tenía más valor que un gesto pour la galerie, que ningún notario podía aceptar, como explicaron varios especialistas en Derecho Civil. Cuarto, porque entre las «autoridades competentes» a las que había informado no figuraba la Fiscalía Anticorrupción, sin duda una de las primeras interesadas.

Todo esto deja abierto muchos interrogantes. La propia Fundación Lucum había sido creada en 2008, días antes que Juan Carlos recibiera un presunto «regalo» de 65 millones de euros del entonces rey saudí Abdullah, y disuelta en 2012, después de que Corinna Larsen recibiera una donación por esa cantidad. Durante esos 4 años, pues, se produjeron muchas de las operaciones que hoy son objeto de investigación judicial. Por ese entonces, Felipe VI no era un niño o un ingenuo adolescente. Era un hombre hecho y derecho, de más de 40 años, que sabía que sería Rey y que supuestamente había sido preparado para ello. Nada, pues, indica que un inminente Jefe de Estado no conociera estas operaciones de su padre, muchas de las cuales se gestaban en la misma Zarzuela. Y mucho menos parece creíble que no accediera a toda la información sobre ellas tras su proclamación como Rey en 2014, hace ahora 6 años.

Por eso, precisamente, la respuesta del Jefe del Estado a la última carta de su padre suena tan poco transparente. Porque su objetivo no parece ser informar sino ocultar información. Limitarse a expresar «agradecimiento» por la decisión del Emérito, pero sin informar sobre las razones de su marcha en plena investigación judicial. Destacar su «legado» y su «obra política y institucional de servicio a España y a la democracia», pero sin hacer mención alguna a los graves hechos de los que se le acusa y sin exigir siquiera que se haga justicia y que se respete el principio de igualdad ante la ley.

Una dinastía nada «respetable» y nada «ejemplar»

Todo esto vuelve más inexplicable e injustificable el comunicado de Moncloa mostrando «respeto» a la decisión del Emérito y valorando la «ejemplaridad» de Felipe VI. Porque ni la decisión de Juan Carlos de Borbón es «respetable», ya que parece pensada para sortear la justicia antes que para favorecer su tarea, ni la conducta del Rey actual ha sido la de un Jefe de Estado «ejemplar», comprometido con la justicia y con lucha contra la corrupción, sino más bien la de un hijo -la de un heredero- que busca proteger a su padre.

Por eso no estamos hablando de la corrupción de un individuo. Estamos hablando de la corrupción de una Familia (recordemos el caso Noos y tantos precedentes) y de una institución que ha actuado sin controles, rodeada de privilegios y sin aceptar el suficiente escrutinio público. Y el peligro, ahora, sería que la corrupción de la Monarquía corrompa, una vez más, a la propia democracia, forzándola una vez más a mirar hacia otro lado y a consentir esferas de opacidad y de impunidad impropias de un Estado de Derecho.

Nada de esto puede tolerarse. Y muchos menos en un contexto en el que desde el Gobierno se está exigiendo a familias, gente trabajadora, pequeñas y medianas empresas que subordinen sus intereses privados a la salud y al bienestar general, que cumplan con la legalidad, y que contribuyan en función de sus recursos a financiar las arcas públicas.

Por eso es fundamental que, más allá del propio Gobierno, sea Felipe VI, como Jefe de Estado y miembro preeminente de la Casa Real, quien informe sobre el paradero y las condiciones de vida de su padre, así como sobre las razones de su salida del país. Al mismo tiempo, es esencial, y propio de una Monarquía que se define constitucionalmente como parlamentaria, que el Rey comparezca ante las Cortes Generales, principal sede de la soberanía popular, para expresar su compromiso con la transparencia, con la investigación de los hechos y con la tarea de la justicia.

Mientras tanto, y dada la gravedad de las actuaciones que se imputan al Emérito, y que la propia Casa Real ha admitido, hay una serie de medidas elementales que deberían adoptarse cuanto antes. La primera, retirar a Juan Carlos I su condición Rey, facilitando así la actuación de los tribunales. La segunda, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y aprobar una Ley de regulación de la abdicación (constitucionalmente prevista) con el objetivo de limitar el alcance de la inviolabilidad regia y de dejar claro que esta no supone una carta blanca para defraudar y delinquir. La tercera, acabar con la abusiva criminalización de las críticas a la Monarquía, que a lo largo de estos años solo ha servido para crear un clima de impunidad, censura e intimidación, así como una conculcación reiterada de la libertad ideológica y de expresión. Finalmente, trabajar junto a la sociedad civil organizada para que, cuatro décadas después del referéndum sobre la Constitución de 1978, la ciudadanía, y sobre todo las generaciones más jóvenes, sean consultadas de forma soberana, democrática y libre, sobre la continuidad o no de la Monarquía.

Ciertamente, un mero cambio en la Jefatura del Estado no implicaría por si solo un progreso en todos los ámbitos de la vida social. Pero si algo facilitaría la forma de gobierno republicana y democrática es poner todos los poderes políticos a disposición de los ciudadanos. Mostrar que las instituciones son creaciones humanas que deben rendir cuentas ante la propia sociedad, y educar a sus miembros en el amor por la libertad, por la igualdad, y en el rechazo del privilegio y de los abusos de los poderosos.

LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DE LA MONARQUÍA, LA HISTORIA RECURRENTE DE ESPAÑA

La impunidad de la Corona como freno al avance democrático. Un placer debatirlo con Javier Pérez Royo, Pura Sánchez y lo mejor del republicanismo y del feminismo andaluz. Mi agradecimiento al Ateneo Republicano de Andalucía por su invitación ¡Se necesitan más actos así!

https://www.facebook.com/ateneorepublicanoandalucia/

Comparto una buena crónica de Olivia Carballar (@ocarballar) para Lamarea.com

¿Por qué los reyes están de gira? La historia que siempre se repite en España

¿Qué esconde el rey emérito?

Si se sigue vedando al Parlamento el debate político de estos hechos, la exigencia de transparencia no hará sino crecer, y el cuestionamiento de Juan Carlos bien podría alcanzar, más temprano que tarde, al propio Felipe VI

Publicado en CTXT 9/03/2020

No lo ocultaré. Soy republicano. Mi abuelo Antonio, nacido en Granada, llevaba con orgullo en Argentina su carnet de republicano en el exilio, firmado por José Giral. También aprendí, de mi maestro Toni Domènech, que el republicanismo democrático es una filosofía política de la libertad, y que nadie es libre si tiene que pedir permiso a unos pocos privilegiados para subsistir dignamente. En ese rechazo del privilegio, de las prebendas odiosas, se fundamentan mis convicciones antimonárquicas. Unas convicciones que se han afirmado, en los últimos días, con las noticias publicadas por la prensa internacional sobre las presuntas comisiones ilegales al rey emérito Juan Carlos de Borbón. 

En otras monarquías parlamentarias el debate sobre los gravísimos hechos atribuidos al ex monarca habría transcurrido de manera diferente. Pero no es el caso del Reino de España, en el que la dinastía borbónica ha gozado históricamente de inmunidades y privilegios que le han permitido ocultar desmanes varios e innumerables casos de corrupción. No haber pasado por revoluciones antiabsolutistas, como la inglesa de 1648 o la francesa de 1789, se nota. Y deber la propia restauración a un régimen como el franquista, cuya pesada sombra se proyecta en parte de la Constitución e incluso en el poder legislativo y judicial, también. 

No cuesta imaginar el terremoto que hubiera supuesto en otros países la noticia de que un rey emérito habría recibido 100 millones de euros a cambios de favores de una dictadura

No cuesta, en efecto, imaginar el terremoto que hubiera supuesto en Suecia, en Noruega o en el propio Reino Unido la noticia de que un rey emérito habría recibido 100 millones de euros a cambios de favores de una dictadura acusada de violar derechos humanos de manera sistemática. Tampoco es difícil conjeturar el escándalo que habría suscitado saber que ese dinero podría haberse destinado a operaciones de blanqueo, fiscalmente fraudulentas, o que podría haberse donado a una señora que ha denunciado ante la justicia británica amenazas y coacciones que podrían implicar al mismísimo Centro Nacional de Inteligencia. 

But Spain is different. Y aquí el debate, por increíble que parezca, versa sobre la posibilidad de crear o no una Comisión parlamentaria para evaluar estas acusaciones con luces y taquígrafos y para que la opinión pública tenga información veraz sobre las mismas. El origen de este dislate tiene que ver con los propios privilegios jurídicos con los que se configuró la monarquía borbónica durante la Transición. El principal, una interpretación a todas luces desmedida de la inviolabilidad real establecida en el artículo 56.3 de la Constitución. 

En estos días, este precepto ha sido invocado como una jaculatoria para sostener que aunque los hechos que se imputan a Juan Carlos de Borbón sean ciertos, no podría ser juzgado ni investigado por ellos. Lo impediría la inviolabilidad regia, que se prolongaría en el tiempo como una regla inalterable.  

Ocurre, sin embargo, que esta interpretación no resiste un mínimo sentido común. De entrada, porque en una monarquía realmente parlamentaria, informada por el principio democrático y por la sujeción de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico, la inviolabilidad del rey solo puede aceptarse bajo una condición: que la responsabilidad política de sus actos como Jefe de Estado se traslade a quienes los refrendan, esto es, a los ministros o al propio Presidente de Gobierno.  

Esta condición no es ociosa. Tiene –como bien han señalado los juristas José Antonio Martín Pallín y José Luis Martí– dos consecuencias. La primera, que el refrendo o la cobertura política, por así decirlo, de los actos del rey solo se pueden atribuir a aquellos directa o indirectamente vinculados al ejercicio de sus funciones. Solo tiene sentido, en efecto, trasladar la responsabilidad regia a otros representantes públicos cuando se esté ante actos en los que el rey representa al Estado, pero no así en caso de actos ajenos a esas funciones, mucho menos si son susceptibles de constituir delitos. Sería absurdo –ni siquiera el propio Tribunal Constitucional se ha atrevido a decirlo así– que si el rey roba dinero, agrede sexualmente a una mujer, o como es el caso, se ve implicado en cobros de comisiones o en operaciones de fraude fiscal, se presuma su irresponsabilidad y sus actos queden totalmente impunes. 

Por otro lado, la inviolabilidad tampoco es eterna. Si el rey abdica, no hay razón alguna para no atribuirle los efectos de los actos que realiza, aun cuando estos hubieran comenzando en el momento en el que todavía era monarca. Esto es especialmente relevante en el supuesto de probables delitos fiscales como los denunciados por la prensa internacional. Si el rey blanqueó dinero o defraudó a Hacienda, aquellos actos que se iniciaron en el pasado siguen teniendo efectos en el presente y deberían poder ser investigados. 

Que existe un claro interés público en que estas actuaciones del rey emérito sean conocidas y discutidas en sede parlamentaria puede parecer obvio. Pero debe ser explicado precisamente porque el propio sistema ha hecho lo posible para dificultarlo. Otro jurista, Javier Pérez Royo, señalaba hace unos días que cuanto más se levanta el secretismo en torno a ciertas conductas de Juan Carlos de Borbón, mejor se entienden muchas cosas: por qué abdicó, la manera en que lo hizo y la obsesión por intentar prolongar en el tiempo su inviolabilidad material, confiando su custodia al Tribunal Supremo. 

Sin embargo, que se haya atribuido al Tribunal Supremo el juzgamiento de actos que afecten al ex monarca no debería excluir, en ningún caso, la investigación política, parlamentaria, de dichos actos. Que el rey sea penalmente inviolable no quiere decir que no sea criticable. Por el contrario, el propio Tribunal de Estrasburgo ha amonestado en más de una ocasión al Reino de España por utilizar los delitos de injurias contra la Corona para cercenar la crítica a una institución que, al igual que otras, no puede quedar exenta del escrutinio público.

Cuanto más se levanta el secretismo en torno a ciertas conductas de Juan Carlos mejor se entienden por qué abdicó, la manera en que lo hizo y la obsesión por intentar prolongar en el tiempo su inviolabilidad material

Si esto es así, también resulta evidente que la única manera de que la crítica pueda ejercerse con conocimiento de causa es que sea informada. Eso quiere decir que aunque Juan Carlos I no fuera encontrado culpable penalmente, pongamos por caso, en Suiza o en el Reino Unido, eso no le daría derecho a mantener sus actos en un ámbito puramente privado. Primero, porque la ciudadanía tiene derecho a saber lo que hacen sus representantes, comenzando por los que, no habiendo sido elegidos democráticamente, cuentan con una protección penal que resultaría inadmisible tratándose de otros cargos públicos. Segundo, porque estas acusaciones de enriquecimiento ilícito podrían no ser las únicas, si se tiene en cuenta las numerosas publicaciones –como la revista Forbes– que han atribuido al monarca una cuantiosa fortuna con la que no contaba al acceder al trono. 

De momento, los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados han informado negativamente todas las iniciativas parlamentarias destinadas a pedir información sobre la Casa Real o sobre actuaciones de la monarquía. Algunas de estas negativas han suscitado recursos frente al Tribunal Constitucional, que tampoco se ha atrevido a cerrar todas las vías de investigación, sobre todo tratándose del rey Emérito. Si las noticias que aparecen en los medios de comunicación se van confirmando y las causas sobre corrupción de Juan Carlos de Borbón se abren camino en otros países, no se entenderá que en España se sigan poniendo obstáculos a la investigación parlamentaria.

Exigir a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones legales, comenzando por las tributarias, y negarse a examinar la evidencia sobre graves acusaciones de corrupción que afectan a las magistraturas más altas, implicaría un serio debilitamiento de la democracia y de la legalidad que ninguna razón de Estado podría justificar.   

En 2011, mientras salían a la luz los delitos por los que fue condenado su yerno, Iñaki Urdangarín, fue el propio Juan Carlos de Borbón quien en un discurso de Navidad exigió ejemplaridad a todos los representantes públicos, incluido él mismo. Hoy esta ejemplaridad, como ya ocurrió con otros miembros de la dinastía borbónica a lo largo del siglo XIX y XX, está severamente puesta en duda. Si se persiste en la ley del silencio, si se sigue vedando al Parlamento el debate político de estos hechos, la exigencia de transparencia no hará sino crecer, y el cuestionamiento del rey emérito bien podría alcanzar, más temprano que tarde, al propio Felipe VI.