Entrevista en Clarín

“La monarquía borbónica ha contado con una super protección penal”

Gerardo Pisarello

Por Marina Artusa. Clarín.com (Aquí)

“Lo que puede poner en riesgo la estabilidad del gobierno de España y la propia calidad de la democracia es que los políticos elegidos por la ciudadanía aparezcan como cómplices de la situación de privilegio de la monarquía que es cuestionada por la mayoría de los ciudadanos.”

Lo dice Gerardo Pisarello, el tucumano que hoy es diputado y secretario de la Mesa del Congreso español y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores.

El argentino, jurista y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, reflexiona sobre las diferencias entre los socios del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ante las investigaciones sobre supuestos manejos fraudulentos de dinero del rey emérito Juan Carlos de Borbón y su inquietante cambio de domicilio fuera de España.

El lunes 3 de agosto la Casa Real hizo pública una carta de Juan Carlos al rey Felipe VI, en el trono desde hace seis años cuando su padre abdicó, en la que le informaba que pensaba abandonar España. Sin revelar cuál sería la sede de su destierro, se especuló toda la semana sobre posibles moradas para el rey emérito. Ni la Casa Real ni el gobierno revelaron dónde estaba hasta que circuló una foto de Juan Carlos con barbijo y bajando de un avión privado en un aeropuerto de Abu Dhabi.

Hijo de Angel Pisarello, un abogado defensor de presos políticos que fue secuestrado y asesinado en el ’76, y nieto de republicanos andaluces que emigraron a Argentina, Pisarello lleva más de dos décadas en España, donde se doctoró en Derecho y, apañado por el ala catalana del partido de Pablo Iglesias, fue vicealcalde de Barcelona entre 2015 y 2019.

“Como hijo de desaparecido, no puedo olvidar que Juan Carlos I fue el primer jefe de Estado en visitar la dictadura de Videla en Argentina y la de Pinochet en Chile -dice Pisarello a Clarín-. Desde 1978 demostró que los objetivos comerciales y económicos tenían prioridad sobre cualquier otra consideración en materia de respeto por los derechos humanos.”

El jurista Gerardo Pisarello, nacido en la Argentina y ahora diputado en el Congreso de España. /EFE

Respecto de la Corona española, el argentino es tajante: “La Constitución española dice que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria y la monarquía restaurada después de 1978, en la práctica, no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”, dice Pisarello.

-¿Por qué?

-Porque no ha estado sometida al principio democrático, a principios elementales de transparencia y se le han ido reconociendo privilegios que han ido corrompiendo la propia institución. La monarquía borbónica ha contado con una súper protección penal que ha impedido que sea objeto de suficiente escrutinio público.

La de España “no ha funcionado nunca como una monarquía parlamentaria”.

-¿Cómo se llegó a eso?

-Se han censurado libros, periodistas, hay gente que ha terminado en la prisión por escribir canciones o artículos referidos a la monarquía y eso ha impedido que exista un control público y social suficiente sobre el rey. Por eso hizo falta un procedimiento en el extranjero, en Suiza, y que sea la prensa internacional la que denunciara algo que en España, a pesar de que era conocido, era imposible denunciar.

-Según el presidente Pedro Sánchez, la monarquía no está siendo cuestionada porque “se juzgan personas y no instituciones”. Para usted, si se comprobaran las presunciones, ¿estaríamos ante la corrupción de una persona o de la Corona?

-«y eso no sólo afecta a Juan Carlos. La gran pregunta es si el propio Felipe VI tenía conocimiento o estaba implicado en todo ese tipo de actuaciones. Hoy no lo sabemos. Se están conociendo actuaciones presuntamente delictivas de Juan Carlos y muchas tienen su origen en 2008. Felipe VI tenía 40 años. No era un niño que correteaba por el Palacio de la Zarzuela sin saber lo que ocurría. El principio de inviolabilidad del rey se utiliza en realidad como una carta blanca para delinquir incluso a través de actos privados en los que el rey no está cumpliendo ningún tipo de función pública.

“No es sólo la corrupción de Juan Carlos sino de toda una institución rodeada de privilegios y opacidad”.

-Si cometió delitos, ¿el rey emérito debería poder ser juzgado?

-Creo que el rey no sólo debe poder ser juzgado en los tribunales sino que debe poder ser investigado por las Cortes Generales. Me parece fundamental. Si es una monarquía parlamentaria, quiere decir que la monarquía es un elemento puramente simbólico y que el peso de la vida política debe estar en la sede principal de la soberana popular que es el Congreso. Si eso es así, que es lo que dice la Constitución, el rey emérito debería poder ser investigado por el Congreso. Y el rey actual, su hijo, Felipe VI, debería poder explicar en el Congreso todo lo que sabe sobre su padre.

-Desde lo penal, ¿se podría procesar a Juan Carlos a partir de 2014 es que cuándo deja de ser rey y pierde la inviolabilidad?

-La figura de la inviolabilidad penal tiene como objetivo garantizar la independencia de la institución. Los parlamentarios somos inviolables por declaraciones que hacemos en la Cámara para proteger nuestra libertad de expresión e ideológica. Si cualquier diputado cometiera un acto de corrupción, podría ser juzgado. Lo que hace presumir que, en el caso de la monarquía, el principio de inviolabilidad que figura en la Constitución funciona de manera similar. Es imposible pensar que la inviolabilidad sirve para cubrir delitos del rey en los que no cumple ninguna función institucional. Después de la abdicación, está clarísimo que eso no es más así. El debate es antes…

-¿Cuál es su postura?

-Cada vez hay más juristas que están diciendo que antes del 2014 el rey sólo es inviolable por actos que ejercía en funciones de rey, cumpliendo funciones instituciones, pero no por aquellos actos privados. Si al rey se le presenta un demanda de paternidad, por ejemplo, se le podría plantear. Si se le presenta una demanda por delitos que no tengan que ver con su actuación pública tiene que poder ser juzgado. Esa es mi posición. Por eso digo que hay una anomalía.

-¿Qué desafío presenta el debate sobre la monarquía para el gobierno de coalición, donde el PSOE se muestra más negociador y Podemos ve la oportunidad para plantear qué hacer con la Corona?

-Creo que después de la Transición en España hubo mucha gente republicana vinculada al Partido Socialista que aceptó la monarquía en la vida política porque consideraba que era el precio a pagar por la paz social y porque pensaba que el rey iba a cumplir un papel ejemplar y simbólico. Y creo que esa generación hoy se siente traicionada. El PSOE en este momento lo que está intentado plantear es que las investigaciones sobre Juan Carlos I han de producirse en el ámbito judicial y no en el propio Congreso. Para nosotros es un error. Y luego está intentando separar la figura de Juan Carlos de la de Felipe VI, pero yo creo que es un objetivo que difícilmente pueda prosperar. Aquí es donde el PSOE no está siendo, a mi juicio, lo suficientemente valiente y se equivoca.

-¿Este tema afecta la credibilidad del gobierno?

-El gobierno de coalición que existe ahora es importante para que en un momento de crisis haya una respuesta que permita proteger a la familia trabajadora, a las pequeñas y medianas empresas. Ese es el objetivo de un gobierno progresista, pero para que esos objetivos sociales sean posibles, no podemos lanzar a la ciudadanía un mensaje de que en cambio, mientras las ciudadanos de a pie tienen que pagar sus impuestos, hay una institución que es la monarquía que está blindada frente a eso y ni siquiera se la puede investigar cuando hay acusaciones tan grandes. Me parece que éste es un reto compartido con el Partido Socialista.

-¿Qué costo político puede tener este debate? ¿Puede poner en riesgo la Legislatura actual?

-Lo que genera más inestabilidad es pretender barrer debajo de la alfombra unas actuaciones por parte del rey emérito que tratándose en otras monarquías parlamentarias o en otros jefes de Estado serían absolutamente intolerables.

-¿Un referéndum sería el próximo paso?

-El problema de la monarquía es que es una institución sin legitimidad de origen. No ha sido votada, es hereditaria y tiene que construir su legitimidad. Normalmente la construyen con la ejemplaridad pública. Cuando no hay ejemplaridad, la crisis de legitimidad vuelve abrirse y, en un sistema democrático, debería resolverse a través de un referéndum.

-¿Qué sucederá con las investigaciones?

-No tengo muchas esperanzas respecto de la actuación del Tribunal Supremo. Tengo dudas de que vaya a hacer valer la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, incluso el ciudadano Juan Carlos de Borbón. Si las Cortes Generales no pueden investigar, estaríamos ante un intento fraudulento de desconocer la Constitución que establece la subordinación del principio monárquico al principio democrático.

-Hubo sin embargo intentos de crear comisiones en el Parlamento y no prosperaron…

-Diferentes fuerza políticas republicanas presentamos peticiones de investigación que hasta el momento fueron denegadas por la propia mesa del Congreso con argumentos jurídicamente poco fundados. Ahora mismo presentamos un recurso contra la denegación para que se abra una comisión de investigación sobre algo tan sencillo como las relaciones comerciales y diplomáticos que existían entre Arabia Saudita y el Reino de España.

Que la corrupción de la monarquía no corrompa la democracia.

Por Gerardo Pisarello

Leer en @publico.es

Según un viejo aforismo inglés, en la Monarquía parlamentaria británica el Rey no puede hacer el mal (the King can do not wrong). Este principio puede parecer un ingenuo y peligroso canto a la arbitrariedad. Sin embargo, para que sea admisible, debe complementarse con otro conforme al cual el Rey no puede actuar por su cuenta (the King can not act alone) a espaldas de la sociedad, sino que debe hacerlo con el visto bueno -el refrendo- de los ministros del Gobierno y bajo el escrutinio crítico de la opinión pública.

Si esto es así, resulta evidente que los turbios negocios de Juan Carlos I de Borbón en esta última década han estado claramente reñidos con lo que, en términos constitucionales, debería haber sido una Monarquía realmente parlamentaria. Pero no se trata solo de él. Se trata, como se está viendo, de un cúmulo de actuaciones que implican a diversos miembros de la Familia Real. De ahí que no se esté, como se ha dicho, ante la corrupción de una persona, sino ante la corrupción creciente de una institución. Una institución que ha funcionado sin controles, rodeada de privilegios, y que amenaza con golpear, una vez más, a la democracia y al Estado de derecho.

Un rey que actuaba (que delinquía) sin referendo

En su reciente anuncio de que abandona España por la «repercusión pública» de unos acontecimientos de su «vida privada», el propio Rey Emérito ha venido a confirmar esta impresión. Ninguna de las expresiones que utilizó es inocua. No lo es la alusión a la «repercusión pública», que en realidad es un eufemismo para referirse a las noticias, los procedimientos judiciales y las peticiones de investigación de sus actuaciones, tanto en España como en Europa. Solo eso, hace que la marcha sea leída directamente como huida, esto es, como una forma de eludir esas investigaciones, más que de contribuir a que se produzcan (algo que se vería confirmado si el destino es un país de otro continente como República Dominicana).

Tampoco es inocua la alusión a acontecimientos de su «vida privada». Porque si los cobros de comisiones, los blanqueos de capitales y los fraudes fiscales que se le imputan eran actos privados, ajenos a su función constitucional, hay buenas razones para sostener que no se encontraba amparado por la inviolabilidad contemplada en el artículo 56.3 de la Constitución.

Si el Rey emérito, en efecto, actuaba por su cuenta, como reconoce en la carta, en beneficio privado y de manera reiterada, quiere decir que no contaba con el refrendo de nadie. Por lo tanto, los artículos que deben aplicársele son el 9.2 y el 14 de la Constitución, que someten a todos los ciudadanos a la ley y al ordenamiento jurídico, sin distingos arbitrarios. Pero no el 56.3, porque la función de dicho precepto no es otorgar carta blanca para delinquir. Ni mucho menos para hacerlo de manera reiterada, burlando a la Hacienda Pública y comprometiendo la estabilidad y la reputación del Estado.

Por el contrario, el sentido de la inviolabilidad del Rey es protegerlo frente a maniobras arteras que pudieran poner en peligro su función constitucional. Esto ocurriría, por ejemplo, si alguien lo obligara a no sancionar y promulgar una ley aprobada por las Cortes, a no firmar un Tratado de Derechos Humanos consentido por el Gobierno y el Parlamento con la amenaza de sancionarlo jurídicamente. Pero nada indica que sea el caso. Que cuando el Emérito actuaba como presunto comisionista, fraguando desde la Zarzuela una «estructura para ocultar dinero a Hacienda», lo hiciera coaccionado por terceros.  Como él mismo admite, no actuaba en cumplimiento de su función constitucional. Actuaba como persona privada, no pública, y al hacerlo así, no podía, ni contar con el refrendo previsto, porque no existía o era directamente imposible, ni pretender no ser investigado y juzgado por dichos actos.

Un rey que actuaba solo (o no tanto)

Que el Emérito actuara «solo» en términos constitucionales, es decir, sin poder descargar su responsabilidad en otros actores, no significa que operara sin el conocimiento de otras personas. Algunas de ellas (como su ex amiga Corinna Larsen, el abogado suizo Dante Canónica, o el gestor de fortunas Arturo Fasana) ya han declarado de hecho como investigadas ante el Fiscal de Ginebra, Yves Bertossa.

Sin embargo, hay otra cuestión relevante: ¿conocía la propia Familia Real sus opacas operaciones financieras? Y de manera más directa: ¿las conocía su heredero en el trono, el Rey Felipe VI?

A comienzos de marzo de 2020, un día después de la declaración del Estado de Alarma por el Covid-19, la Casa Real decidió emitir un comunicado inédito e impactante. En él reconocía que un año atrás, Felipe VI había tenido conocimiento por un despacho de abogados británicos de su designación como beneficiario de la Fundación panameña Lucum, a través de la cual Juan Carlos I presuntamente blanqueaba comisiones recibidas del Rey de Arabia Saudita. En el mismo comunicado, se afirmaba que Felipe VI lo había informado de inmediato a las «autoridades competentes» y que un mes después había informado a su padre que no recibiría ningún beneficio de la misma, renunciando a su herencia personal.

La declaración fue un auténtico terremoto. Y aunque su objetivo evidente era construir la figura de un Rey «ejemplar y transparente», acabó generando lo contrario. Primero, por el momento en que se escogió para hacerla pública, el día después de la declaración de un Estado de Alarma. Segundo, porque en ella no se explicaba por qué Felipe VI había tardado tanto en dar a conocer unos hechos que, como mínimo, conocía desde hace un año. Tercero, porque la supuesta pretensión de renunciar a una herencia con su padre vivo, no tenía más valor que un gesto pour la galerie, que ningún notario podía aceptar, como explicaron varios especialistas en Derecho Civil. Cuarto, porque entre las «autoridades competentes» a las que había informado no figuraba la Fiscalía Anticorrupción, sin duda una de las primeras interesadas.

Todo esto deja abierto muchos interrogantes. La propia Fundación Lucum había sido creada en 2008, días antes que Juan Carlos recibiera un presunto «regalo» de 65 millones de euros del entonces rey saudí Abdullah, y disuelta en 2012, después de que Corinna Larsen recibiera una donación por esa cantidad. Durante esos 4 años, pues, se produjeron muchas de las operaciones que hoy son objeto de investigación judicial. Por ese entonces, Felipe VI no era un niño o un ingenuo adolescente. Era un hombre hecho y derecho, de más de 40 años, que sabía que sería Rey y que supuestamente había sido preparado para ello. Nada, pues, indica que un inminente Jefe de Estado no conociera estas operaciones de su padre, muchas de las cuales se gestaban en la misma Zarzuela. Y mucho menos parece creíble que no accediera a toda la información sobre ellas tras su proclamación como Rey en 2014, hace ahora 6 años.

Por eso, precisamente, la respuesta del Jefe del Estado a la última carta de su padre suena tan poco transparente. Porque su objetivo no parece ser informar sino ocultar información. Limitarse a expresar «agradecimiento» por la decisión del Emérito, pero sin informar sobre las razones de su marcha en plena investigación judicial. Destacar su «legado» y su «obra política y institucional de servicio a España y a la democracia», pero sin hacer mención alguna a los graves hechos de los que se le acusa y sin exigir siquiera que se haga justicia y que se respete el principio de igualdad ante la ley.

Una dinastía nada «respetable» y nada «ejemplar»

Todo esto vuelve más inexplicable e injustificable el comunicado de Moncloa mostrando «respeto» a la decisión del Emérito y valorando la «ejemplaridad» de Felipe VI. Porque ni la decisión de Juan Carlos de Borbón es «respetable», ya que parece pensada para sortear la justicia antes que para favorecer su tarea, ni la conducta del Rey actual ha sido la de un Jefe de Estado «ejemplar», comprometido con la justicia y con lucha contra la corrupción, sino más bien la de un hijo -la de un heredero- que busca proteger a su padre.

Por eso no estamos hablando de la corrupción de un individuo. Estamos hablando de la corrupción de una Familia (recordemos el caso Noos y tantos precedentes) y de una institución que ha actuado sin controles, rodeada de privilegios y sin aceptar el suficiente escrutinio público. Y el peligro, ahora, sería que la corrupción de la Monarquía corrompa, una vez más, a la propia democracia, forzándola una vez más a mirar hacia otro lado y a consentir esferas de opacidad y de impunidad impropias de un Estado de Derecho.

Nada de esto puede tolerarse. Y muchos menos en un contexto en el que desde el Gobierno se está exigiendo a familias, gente trabajadora, pequeñas y medianas empresas que subordinen sus intereses privados a la salud y al bienestar general, que cumplan con la legalidad, y que contribuyan en función de sus recursos a financiar las arcas públicas.

Por eso es fundamental que, más allá del propio Gobierno, sea Felipe VI, como Jefe de Estado y miembro preeminente de la Casa Real, quien informe sobre el paradero y las condiciones de vida de su padre, así como sobre las razones de su salida del país. Al mismo tiempo, es esencial, y propio de una Monarquía que se define constitucionalmente como parlamentaria, que el Rey comparezca ante las Cortes Generales, principal sede de la soberanía popular, para expresar su compromiso con la transparencia, con la investigación de los hechos y con la tarea de la justicia.

Mientras tanto, y dada la gravedad de las actuaciones que se imputan al Emérito, y que la propia Casa Real ha admitido, hay una serie de medidas elementales que deberían adoptarse cuanto antes. La primera, retirar a Juan Carlos I su condición Rey, facilitando así la actuación de los tribunales. La segunda, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y aprobar una Ley de regulación de la abdicación (constitucionalmente prevista) con el objetivo de limitar el alcance de la inviolabilidad regia y de dejar claro que esta no supone una carta blanca para defraudar y delinquir. La tercera, acabar con la abusiva criminalización de las críticas a la Monarquía, que a lo largo de estos años solo ha servido para crear un clima de impunidad, censura e intimidación, así como una conculcación reiterada de la libertad ideológica y de expresión. Finalmente, trabajar junto a la sociedad civil organizada para que, cuatro décadas después del referéndum sobre la Constitución de 1978, la ciudadanía, y sobre todo las generaciones más jóvenes, sean consultadas de forma soberana, democrática y libre, sobre la continuidad o no de la Monarquía.

Ciertamente, un mero cambio en la Jefatura del Estado no implicaría por si solo un progreso en todos los ámbitos de la vida social. Pero si algo facilitaría la forma de gobierno republicana y democrática es poner todos los poderes políticos a disposición de los ciudadanos. Mostrar que las instituciones son creaciones humanas que deben rendir cuentas ante la propia sociedad, y educar a sus miembros en el amor por la libertad, por la igualdad, y en el rechazo del privilegio y de los abusos de los poderosos.

LA CRISIS DE LEGITIMIDAD DE LA MONARQUÍA, LA HISTORIA RECURRENTE DE ESPAÑA

La impunidad de la Corona como freno al avance democrático. Un placer debatirlo con Javier Pérez Royo, Pura Sánchez y lo mejor del republicanismo y del feminismo andaluz. Mi agradecimiento al Ateneo Republicano de Andalucía por su invitación ¡Se necesitan más actos así!

https://www.facebook.com/ateneorepublicanoandalucia/

Comparto una buena crónica de Olivia Carballar (@ocarballar) para Lamarea.com

¿Qué esconde el rey emérito?

Si se sigue vedando al Parlamento el debate político de estos hechos, la exigencia de transparencia no hará sino crecer, y el cuestionamiento de Juan Carlos bien podría alcanzar, más temprano que tarde, al propio Felipe VI

Publicado en CTXT 9/03/2020

No lo ocultaré. Soy republicano. Mi abuelo Antonio, nacido en Granada, llevaba con orgullo en Argentina su carnet de republicano en el exilio, firmado por José Giral. También aprendí, de mi maestro Toni Domènech, que el republicanismo democrático es una filosofía política de la libertad, y que nadie es libre si tiene que pedir permiso a unos pocos privilegiados para subsistir dignamente. En ese rechazo del privilegio, de las prebendas odiosas, se fundamentan mis convicciones antimonárquicas. Unas convicciones que se han afirmado, en los últimos días, con las noticias publicadas por la prensa internacional sobre las presuntas comisiones ilegales al rey emérito Juan Carlos de Borbón. 

En otras monarquías parlamentarias el debate sobre los gravísimos hechos atribuidos al ex monarca habría transcurrido de manera diferente. Pero no es el caso del Reino de España, en el que la dinastía borbónica ha gozado históricamente de inmunidades y privilegios que le han permitido ocultar desmanes varios e innumerables casos de corrupción. No haber pasado por revoluciones antiabsolutistas, como la inglesa de 1648 o la francesa de 1789, se nota. Y deber la propia restauración a un régimen como el franquista, cuya pesada sombra se proyecta en parte de la Constitución e incluso en el poder legislativo y judicial, también. 

No cuesta imaginar el terremoto que hubiera supuesto en otros países la noticia de que un rey emérito habría recibido 100 millones de euros a cambios de favores de una dictadura

No cuesta, en efecto, imaginar el terremoto que hubiera supuesto en Suecia, en Noruega o en el propio Reino Unido la noticia de que un rey emérito habría recibido 100 millones de euros a cambios de favores de una dictadura acusada de violar derechos humanos de manera sistemática. Tampoco es difícil conjeturar el escándalo que habría suscitado saber que ese dinero podría haberse destinado a operaciones de blanqueo, fiscalmente fraudulentas, o que podría haberse donado a una señora que ha denunciado ante la justicia británica amenazas y coacciones que podrían implicar al mismísimo Centro Nacional de Inteligencia. 

But Spain is different. Y aquí el debate, por increíble que parezca, versa sobre la posibilidad de crear o no una Comisión parlamentaria para evaluar estas acusaciones con luces y taquígrafos y para que la opinión pública tenga información veraz sobre las mismas. El origen de este dislate tiene que ver con los propios privilegios jurídicos con los que se configuró la monarquía borbónica durante la Transición. El principal, una interpretación a todas luces desmedida de la inviolabilidad real establecida en el artículo 56.3 de la Constitución. 

En estos días, este precepto ha sido invocado como una jaculatoria para sostener que aunque los hechos que se imputan a Juan Carlos de Borbón sean ciertos, no podría ser juzgado ni investigado por ellos. Lo impediría la inviolabilidad regia, que se prolongaría en el tiempo como una regla inalterable.  

Ocurre, sin embargo, que esta interpretación no resiste un mínimo sentido común. De entrada, porque en una monarquía realmente parlamentaria, informada por el principio democrático y por la sujeción de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico, la inviolabilidad del rey solo puede aceptarse bajo una condición: que la responsabilidad política de sus actos como Jefe de Estado se traslade a quienes los refrendan, esto es, a los ministros o al propio Presidente de Gobierno.  

Esta condición no es ociosa. Tiene –como bien han señalado los juristas José Antonio Martín Pallín y José Luis Martí– dos consecuencias. La primera, que el refrendo o la cobertura política, por así decirlo, de los actos del rey solo se pueden atribuir a aquellos directa o indirectamente vinculados al ejercicio de sus funciones. Solo tiene sentido, en efecto, trasladar la responsabilidad regia a otros representantes públicos cuando se esté ante actos en los que el rey representa al Estado, pero no así en caso de actos ajenos a esas funciones, mucho menos si son susceptibles de constituir delitos. Sería absurdo –ni siquiera el propio Tribunal Constitucional se ha atrevido a decirlo así– que si el rey roba dinero, agrede sexualmente a una mujer, o como es el caso, se ve implicado en cobros de comisiones o en operaciones de fraude fiscal, se presuma su irresponsabilidad y sus actos queden totalmente impunes. 

Por otro lado, la inviolabilidad tampoco es eterna. Si el rey abdica, no hay razón alguna para no atribuirle los efectos de los actos que realiza, aun cuando estos hubieran comenzando en el momento en el que todavía era monarca. Esto es especialmente relevante en el supuesto de probables delitos fiscales como los denunciados por la prensa internacional. Si el rey blanqueó dinero o defraudó a Hacienda, aquellos actos que se iniciaron en el pasado siguen teniendo efectos en el presente y deberían poder ser investigados. 

Que existe un claro interés público en que estas actuaciones del rey emérito sean conocidas y discutidas en sede parlamentaria puede parecer obvio. Pero debe ser explicado precisamente porque el propio sistema ha hecho lo posible para dificultarlo. Otro jurista, Javier Pérez Royo, señalaba hace unos días que cuanto más se levanta el secretismo en torno a ciertas conductas de Juan Carlos de Borbón, mejor se entienden muchas cosas: por qué abdicó, la manera en que lo hizo y la obsesión por intentar prolongar en el tiempo su inviolabilidad material, confiando su custodia al Tribunal Supremo. 

Sin embargo, que se haya atribuido al Tribunal Supremo el juzgamiento de actos que afecten al ex monarca no debería excluir, en ningún caso, la investigación política, parlamentaria, de dichos actos. Que el rey sea penalmente inviolable no quiere decir que no sea criticable. Por el contrario, el propio Tribunal de Estrasburgo ha amonestado en más de una ocasión al Reino de España por utilizar los delitos de injurias contra la Corona para cercenar la crítica a una institución que, al igual que otras, no puede quedar exenta del escrutinio público.

Cuanto más se levanta el secretismo en torno a ciertas conductas de Juan Carlos mejor se entienden por qué abdicó, la manera en que lo hizo y la obsesión por intentar prolongar en el tiempo su inviolabilidad material

Si esto es así, también resulta evidente que la única manera de que la crítica pueda ejercerse con conocimiento de causa es que sea informada. Eso quiere decir que aunque Juan Carlos I no fuera encontrado culpable penalmente, pongamos por caso, en Suiza o en el Reino Unido, eso no le daría derecho a mantener sus actos en un ámbito puramente privado. Primero, porque la ciudadanía tiene derecho a saber lo que hacen sus representantes, comenzando por los que, no habiendo sido elegidos democráticamente, cuentan con una protección penal que resultaría inadmisible tratándose de otros cargos públicos. Segundo, porque estas acusaciones de enriquecimiento ilícito podrían no ser las únicas, si se tiene en cuenta las numerosas publicaciones –como la revista Forbes– que han atribuido al monarca una cuantiosa fortuna con la que no contaba al acceder al trono. 

De momento, los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados han informado negativamente todas las iniciativas parlamentarias destinadas a pedir información sobre la Casa Real o sobre actuaciones de la monarquía. Algunas de estas negativas han suscitado recursos frente al Tribunal Constitucional, que tampoco se ha atrevido a cerrar todas las vías de investigación, sobre todo tratándose del rey Emérito. Si las noticias que aparecen en los medios de comunicación se van confirmando y las causas sobre corrupción de Juan Carlos de Borbón se abren camino en otros países, no se entenderá que en España se sigan poniendo obstáculos a la investigación parlamentaria.

Exigir a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones legales, comenzando por las tributarias, y negarse a examinar la evidencia sobre graves acusaciones de corrupción que afectan a las magistraturas más altas, implicaría un serio debilitamiento de la democracia y de la legalidad que ninguna razón de Estado podría justificar.   

En 2011, mientras salían a la luz los delitos por los que fue condenado su yerno, Iñaki Urdangarín, fue el propio Juan Carlos de Borbón quien en un discurso de Navidad exigió ejemplaridad a todos los representantes públicos, incluido él mismo. Hoy esta ejemplaridad, como ya ocurrió con otros miembros de la dinastía borbónica a lo largo del siglo XIX y XX, está severamente puesta en duda. Si se persiste en la ley del silencio, si se sigue vedando al Parlamento el debate político de estos hechos, la exigencia de transparencia no hará sino crecer, y el cuestionamiento del rey emérito bien podría alcanzar, más temprano que tarde, al propio Felipe VI.